Sentencia 2001-01785 de febrero 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 250002326000200101785 01 (28.949)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Ref.: acción de reparación directa

Actor: Jorge Enrique Osorio Reyes

Demandado: Ministerio de Defensa Nacional

Bogotá, D.C., doce de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado ni caducidad(1), procede la subsección a resolver el asunto sometido a su consideración a través del siguiente esquema: 1) la competencia de la subsección; 2) las pruebas relevantes para adoptar la decisión, 3) el caso concreto y 4) la condena en costas.

2.1. La competencia de la subsección.

El artículo 40 de la Ley 153 de 1887 establece que la competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto contra sentencias proferidas durante el trámite en primera instancia, se determina mediante las reglas generales de asignación de competencia que se encuentran señaladas en la norma vigente al momento en que se interpone el recurso.

Para determinar el juez competente para conocer del recurso, se debe establecer la cuantía del proceso, la cual debe estar estimada desde la presentación de la demanda y no puede ser modificada ni por el juez ni por las partes.

Al respecto, el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, aplicable para la fecha de interposición del recurso, dispone:

“La cuantía se determinará así: (...)

“2. Por el valor de la pretensión mayor, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones”.

Por su parte, el artículo 137, numeral 6º, del Código Contencioso Administrativo señala:

“Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá: (...)

“6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia”.

Ahora bien, en cuanto a la determinación de competencias con base en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, esta corporación ha reiterado en varias oportunidades que de acuerdo con la norma legal citada, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía del proceso deberá ser fijada por el valor de la pretensión mayor formulada por cada uno de los demandantes.

Por ello, en las acciones de esa naturaleza no es procedente la sumatoria de diferentes clases de perjuicios con el fin de determinar la cuantía del proceso, dado que las pretensiones encaminadas a obtener la indemnización, por ejemplo, de perjuicios de orden material (daño emergente y lucro cesante) e inmaterial (moral o daño a la vida de relación) entre otras, frente a cada actor, constituyen pretensiones autónomas que se derivan de una fuente distinta y que, por lo tanto, su sumatoria, con el fin de estimar la cuantía del proceso, resulta improcedente.

En este caso la pretensión mayor de la demanda equivale a 2.000 gramos de oro fino por concepto de perjuicios morales valor que a la fecha de presentación de la demanda —ago. 8/2001— correspondía a la suma de $ 39.267.240, en razón a que el valor del gramo de oro fino era de $ 19.633,62.

Ahora bien, en la fecha de presentación del recurso —sep. 2/2004— se encontraban vigentes las disposiciones contenidas en el Decreto 597 de 1988, según las cuales, para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en el año 2001 tuviera vocación de doble instancia, la pretensión mayor de la demanda debía superar la cuantía exigida para el efecto, estimada en $ 26.390.000.

Lo anterior, permite a la Sala concluir que a la fecha de presentación de la demanda, se superó el valor necesario para que el asunto fuera de doble instancia(2).

2.2. Pruebas relevantes para adoptar la decisión.

Para adoptar la decisión en el presente proceso resultan relevantes las siguientes pruebas:

— Copia de la solicitud de restablecimiento de pensión elevada ante el Ministerio de Defensa Nacional el 22 de abril de 1999 por el doctor Jorge Enrique Osorio Reyes en nombre de los señores Fabio de Jesús López Duque y Esther María Navarro, con los respectivos poderes (fls. 1-6, cdno. de pruebas 2).

— Oficio 0061121 del 6 de julio de 1999, mediante el cual el jefe del área de reconocimientos del Ministerio de Defensa Nacional informa de la apertura del Expediente 1066 de 1999 (fl. 7, cdno. de pruebas 2).

— Copia del oficio del 22 de junio de 1999 mediante el cual el jefe del reconocimientos grupo de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa, informa el restablecimiento a favor de los señores Fabio de Jesús López y Esther María Navarro de la pensión de beneficiarios en porcentaje del 50% para cada uno (fl. 8, cdno. de pruebas 2).

— Copia del oficio 000220 MDLPD-712 del 3 de marzo de 2000 mediante el cual se le cita al demandante a notificarse de la Resolución 220 del 3 de marzo de 2000 (fl. 9, cdno. de pruebas 2).

— Copia de la Resolución 220 del 3 de marzo de 2000, mediante la cual se restablece una sustitución pensional, con fundamento en el Expediente MDN 1066 de 1999 y en la que se dispone el pago favor de los señores Fabio de Jesús López y Esther María Navarro a través de su apoderado legal el doctor Jorge Enrique Osorio Reyes (fls. 10-12, cdno. de pruebas 2).

— Copia autenticada de los contratos de prestación de servicios profesionales celebrado entre los señores Fabio de Jesús López Duque, Esther María Navarro García y el demandante (fls. 10-12, cdno. de pruebas 2).

— Copia del oficio 004426 del 15 de mayo de 2001, mediante el cual el coordinador del grupo de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa Nacional le informa el demandante el trámite surtido frente a la solicitud de pago realizada por el demandante (fls. 38-39, cdno. de pruebas 2).

— Fotocopia autenticada del expediente prestacional originario de la Resolución 220 del 3 de marzo de 2000, remitido mediante oficio 2868 MDACE-114 del 30 de abril de 2003 (fls. 60-180, cdno. de pruebas 2).

2.3. El caso concreto.

En el caso bajo estudio, debe resolverse si se encuentra demostrado el daño alegado por el abogado Jorge Enrique Osorio Reyes relacionado con la omisión consistente en el desconocimiento por parte del Ministerio de Defensa de la validez de los poderes a él conferidos por los señores Fabio de Jesús López Duque y Esther María Navarro García para lograr ante el grupo de prestaciones el reconocimiento y pago de la pensión como beneficiarios del soldado fallecido Fabián de Jesús López Navarro, trámite que dio origen al expediente administrativo radicado bajo el número 1066 de 1999, cancelado las mesadas retroactivas en cuantía de $ 6.091.616,88 directamente a cada uno de sus poderdantes.

Ahora bien, tenemos que el demandante narra en su escrito de demanda una serie de hechos relacionados con la gestión profesional adelantada ante el grupo de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa, las cuales iniciaron el 22 de abril de 1999, con la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión a los padres beneficiarios del soldado fallecido Fabián de Jesús López Navarro, posteriormente fue informado el 6 de julio de 1999 que con radicado 1066 de 1999 se abrió el expediente administrativo por concepto de restablecimiento de la pensión a nombre de López Navarro Fabián de Jesús.

Igualmente narró en su libelo introductorio que quince días después “... El veintidós (22) de 1999, ignorando por completo el poder que me fue conferido, el mismo capitán Jose Julián Fernandez Restrepo (sic), jefe del area (sic) de reconocimientos del grupo de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa Nacional y la profesional universitaria, asesora jurídica, Martha Nelly Ramírez (sic), elaboraron un escrito en el que dispusieron que: “... el grupo de prestaciones sociales de la división logística del Ministerio de Defensa Nacional, restablecerá a favor de los señores Fabio de Jesús López Duque, C.C. 5,424.859 y Esther María Navarro García (sic), C.C. 22.379.798 la pensión de beneficiarios en porcentaje del 50% para cada uno y que fuera suspendida por el área de pensionados de conformidad con la Resolución 4740 del 14 de mayo de 1993”. Y más adelante afirmó: “4. En cumplimiento de la “orden” contenida en el oficio del veintidós (22) de julio de 1999, las mesadas retroactivas que ascendían a doce millones ciento ochenta y tres mil doscientos veintitrés pesos con 76/100 ($ 12,183.233,76) m/cte., fueron incluidas en la nómina 90040 de agosto de 1999 y giradas y pagadas directamente en cuantía de seis millones noventa y un mil seiscientos dieciséis pesos con 88/100 ($ 6,091.616,88) m/cte., para cada uno de mis poderdantes, pasando por alto los poderes que me fueron conferidos y que aún hoy se encuentran vigentes...” ... “7. Como consecuencia de las actuaciones ilegales e irregulares iniciadas por el capitán Fernandez (sic) Restrepo, me vi impedido de tener acceso a los honorarios pactados con mis poderdantes y terminé perdiéndolos” (fls. 4-5, cdno. 2C).

Así mismo, ratificó dichas consideraciones en los alegatos de conclusión de primera instancia al afirmar: “... En el caso planteado la falla del servicio se inició al dictar el oficio 61621 de 1999, firmado por el capitán Jose Julián Fernandez Restrepo (sic), acusando recibo de la petición de restablecimiento pensional y asegurándome que una vez se tomara una decisión se me informaría sobre la misma.

“La conducta irregular del citado funcionario continuó escasos quince (15) días después, con el oficio del veintidós (22) de julio de 1999 firmado por el mismo capitán Jose Julián Fernández Restrepo, “ordenando” internamente el restablecimiento pensional e ignorándome como apoderado y terminó con la inclusión de las mesadas retroactivas en la nómina 90040 de agosto de 1999 y con el posterior pago de la totalidad de las mismas directamente a mis poderdantes.

“Dichas conductas claramente omisivas y negligentes del grupo de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa Nacional, constituyen la falla del servicio que dio origen a este proceso y una afrenta, une burla y un total desprecio del ejercicio de mi profesión como abogado litigante” (fl. 109, cdno. 2C).

Conforme a los supuestos fácticos planteados en la demanda y del material probatorio obrante en el expediente, estima la Sala que el daño alegado por el actor no se encuentra probado, pues tal como lo afirma el mismo demandado los titulares del derecho al restablecimiento de la pensión eran los señores Fabio de Jesús López Navarro y la señora Esther María Navarro García en su calidad de padres del soldado fallecido Fabián de Jesús López Navarro y es precisamente a su padre a quien se dirige el coordinador del área de reconocimientos del Ministerio de Defensa Nacional mediante oficio 006121 del 6 de julio de 1999 para informarle el inicio del trámite por concepto de restablecimiento de dicha pensión.

De igual manera, la Resolución 220 del 3 de marzo de 2000 dispuso en su parte resolutiva: “(...) ART. 2º—Ordenar pagar a favor de los señores Fabio de Jesús López Duque (sic), C.C. 5.424.859 y Esther María Navarro García (sic), C.C. 22.379.798, respectivamente, a través de su apoderado legal doctor Jorge Enrique Osorio Reyes tarjeta profesional 28.187 del Consejo Superior de la Judicatura, C.C. 19.295, en forma vitalicia, la pensión restablecida en el artículo anterior, a partir del 1º de febrero de 1997, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. PAR.—Expresar que la pensión aquí restablecida se pagará directamente a los beneficiarios una vez se incluyan en nómina”. Resaltado fuera de texto (fls. 11-12, cdno de pruebas 2).

En este orden de ideas, no se encuentra probado que se haya ocasionado daño alguno al demandante con el pago directo realizado por el Ministerio de Defensa a los beneficiarios de la pensión, pues a ellos es a quienes les correspondía recibir las mesadas retroactivas que fueron incluidas en la nómina 90040 de agosto de 1999, al ser los beneficiarios de ella como ha quedado expresado en líneas anteriores.

Sobre la ausencia del daño antijurídico, la Sala, en reciente pronunciamiento, consideró:

“(...).

“El daño antijurídico a efectos de que sea resarcible, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, se torna imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente —que no se limite a una mera conjetura—, y que suponga una lesión a un derecho, bien o interés legítimo que se encuentre protegido en el ordenamiento jurídico, y iii) que sea personal, es decir, que sea padecido por quien lo depreca, en tanto se cuente con la legitimación en la causa para reclamar o debatir el interés que se debate en el proceso, bien a través de un derecho que le es propio o uno que le deviene por la vía hereditaria.

“La antijuricidad del daño va encaminada a que no solo se constate la materialidad y certidumbre de una lesión a un bien o interés amparado por la ley, sino que, precisamente, se determine que la vulneración o afectación de ese derecho contravenga el ordenamiento jurídico, en tanto no exista el deber jurídico de tolerarlo.

“Como se aprecia, el daño antijurídico es el principal elemento sobre el cual se estructura la responsabilidad patrimonial de la administración pública, a la luz del artículo 90 de la Carta Política, entidad jurídica que requiere para su configuración de dos ingredientes: i) uno material o sustancial, que representa el núcleo interior y que consiste en el hecho o fenómeno físico o material (v.gr. la desaparición de una persona, la muerte, la lesión, etc.) y ii) otro formal que proviene de la norma jurídica, en nuestro caso de la disposición constitucional mencionada(3).

“En ese orden, el daño antijurídico no puede ser entendido como un concepto puramente óntico, al imbricarse en su estructuración un elemento fáctico y uno jurídico; se transforma para convenirse en una institución deontológica, pues solo la lesión antijurídica es resarcible integralmente en términos normativos (L. 446/98, art. 16) y, por lo tanto, solo respecto de la misma es posible predicar consecuencias en el ordenamiento jurídico.

“De allí que, solo habrá daño antijurídico cuando se verifique una modificación o alteración negativa fáctica o material respecto de un derecho, bien o interés legítimo que es personal y cierto frente a la persona que lo reclama, y que desde el punto de vista formal es antijurídico, es decir no está en la obligación de soportar porque la normativa no le impone esa carga...”(4).

Sobre la prueba del daño tenemos que el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, ha sido enfático en afirmar “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen...”, no es suficiente que en la demanda se hagan afirmaciones sobre la existencia del daño, porque “el demandante no puede limitarse, si quiere sacar avante su pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo probatorio”(5). Así las cosas, del material probatorio allegado al expediente no fue posible establecer con certeza la existencia del daño y su cuantía.

Finalmente, respecto de la afirmación hecha por el demandante relacionada con que: “... los señores Fabio de Jesús López Duque y María Esther Navarro García, se habían comprometido mediante sendos contratos escritos... a pagarme a título de honorarios profesionales, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor a que ascendieran las mesadas retroactivas de la pensión de beneficiarios” y “... como consecuencia de las actuaciones ilegales e irregulares iniciadas por el capitán Fernandez (sic) Restrepo, me vi impedido de tener acceso a los honorarios pactados con mis poderdantes y terminé perdiéndolos”.

La Sala considera, que la controversia derivada del mandato judicial suscrito entre el abogado y sus poderdantes debió ser resuelta por la jurisdicción ordinaria laboral(6) bien por medio de un proceso ejecutivo laboral o por un proceso ordinario, según el caso, ya que es allí la vía adecuada para ventilar la inconformidad suscitada por el presunto no pago de sus honorarios profesionales y no pretender que fuera la jurisdicción contenciosa administrativa la encargada de resolver una supuesta omisión endilgada al ente demandado por haber pagado en forma directa a los beneficiarios de un derecho pensional presuntamente en detrimento de sus intereses profesionales aspecto que no fue probado por el demandante.

En consecuencia, se impone revocar la decisión proferida por el a quo y en su lugar negar las pretensiones de la demanda ante la ausencia de prueba de uno de los elementos de la responsabilidad, esto es el daño antijurídico.

2.4. La condena en costas.

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la subsección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de los expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revóquese la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión el veinticuatro (24) de agosto de 2004, la cual quedará así:

1. Niéguense las súplicas de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La actuación administrativa de la cual el demandante alega le ocasionó el perjuicio culminó con la Resolución 220 del 3 de marzo de 2000 y la demanda se presentó el 8 de agosto de 2001, razón por la cual no hay caducidad de la acción.

(2) El artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, referido a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia, dice: “El Consejo de Estado en la sala contenciosa administrativa conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales (...)”. Así, la corporación es competente para conocer del asunto, en virtud del recurso de apelación interpuesto por las partes, en proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado.

(3) Cf. De Cupis, Adriano. “El daño”, Ed. Bosch, Barcelona, 2ª edición, 1970, pág. 82.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 1º de febrero de 2012, Expediente 21.466.

(5) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 6 de febrero de 1992. Expediente 6030.

(6) El Código de Procedimiento Laboral y de Seguridad Social en su artículo 2º modificado por la Ley 712 de 2001, numeral 6º dispone: “Los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive”.