Sentencia 2001-01791/28019 de abril 29 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Exp.: 25000-23-26-000-2001-01791-01 (28.019)

Actor: Luis Fernando Llano Narváez y otros

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Acción: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. La competencia

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 27 de abril de 2004 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera - Sala de Descongestión, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, dado que la demanda se presentó el 6 de agosto de 2001(19), y la cuantía procesal se estimó en $460.000.000 por concepto de perjuicios materiales(20), mientras que el monto exigido en ese año para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $26.390.000.(21)

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984(22), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

La responsabilidad administrativa que se reclama se origina en una falla en el servicio derivada de una supuesta aprehensión ilegal de mercancías por parte de la DIAN, retención que cesó con ocasión de lo dispuesto en la Resolución 6580000095 del 5 de agosto de 1999, por medio de la cual se ordenó la continuación del proceso de importación, por lo que al haberse radicado la demanda el 6 de agosto de 2001, resulta evidente que se acudió a la jurisdicción dentro del término previsto por la ley.

3. Los hechos probados en el proceso.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, se tiene debidamente acreditado lo siguiente:

• Que el señor Luis Fernando Llano Narváez se desempeñaba como comerciante independiente y desarrollaba su actividad a través de la sociedad Fernando Llano & Cía. Ltda., según se establece con el correspondiente certificado de existencia y representación legal(23) y la matrícula mercantil de la referida sociedad(24).

• Que el 24 de agosto de 1998, la Sociedad Fernando Llano & Cía. Ltda., celebró con la Fuerza Aérea los Contratos No. 98479(25), 98483(26), 98486(27) y 98485(28), para el suministro de palas bordadas de grado para oficial, cordones de mando, corbatines blancos y negros, alas bordadas de especialidad con blasón metálico y pompones para oficial y suboficial, los cuales disponían que los elementos objeto de los contratos debían ser entregados, a más tardar, el día 17 de Noviembre de ese mismo año. Adicional a ello la sociedad referida celebró los contratos modificatorios 98479(29), 98483(30) y 98485(31), mediante los cuales se amplió el término de duración de dichos contratos.

• Que el Comandante de la Décimo Tercera Brigada del Ejército Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0938 de 1998, profirió la Autorización 4218 de 2 de junio de 1999(32), para que la Sociedad Fernando Llano & Cía. Ltda., realizara la importación de palas bordadas de grado, alas bordadas de especialidad, alas pompón para oficial y suboficial y cordón de mando, elementos dirigidos exclusivamente a la Fuerza Aérea Colombiana.

• Que la Sociedad Fernando Llano & Cía. Ltda., compró unas mercancías a Widelinks INC(33), para lo cual realizó el correspondiente trámite de importación legal de mercancía(34) mediante declaración de importación inicial 13141010706086 del 4 de marzo de 1999(35), corregida con las declaraciones No. 0719303000116-3 del 4 de marzo (36) y 2326103050529-1 del 6 de marzo de la misma anualidad(37).

• Que el día 3 de marzo de 1999, se realizó la inspección de la mercancía importada con las declaraciones mencionadas, tal como consta en el certificado de inspección 03080/1/900002/2, donde figura como exportador Widelinks INC y como importador Fernando Llano & Cía. Ltda.(38), negando los funcionarios Manuel Forero y Ximena Castiblanco el levante de la misma(39), por considerar que existían inconsistencias en la clasificación arancelaria y no cumplirse con los requisitos de la Resolución 2934 de 1996, sobre descripciones mínimas de las mercancías a importar. Así mismo, que se realizó la aprehensión de la mercancía el día 9 de marzo de 1999(40) mediante acta de aprehensión No. 239485(41) y se inició el proceso de definición jurídica con la apertura del expediente AO 9999004615(42).

• Que una vez agotado el trámite de definición jurídica, mediante Resolución 658-000095 de 5 de agosto de 1999(43), proferida por el Jefe de la División de Fiscalización Aduanera de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá, se definió la situación jurídica de la mercancía aprehendida, oportunidad en la cual se ordenó la continuación del proceso de importación y se tasó su valor en la suma de $19.513.175. Como argumentos que soportaron la decisión, se presentaron, entre otros, los siguientes:

“(…) Es por ello que analizados en su conjunto dichos documentos, se demuestra que el importador arancelariamente clasificó en debida forma la mercancía aprendida (sic); por tal razón si respecto de la mencionada clasificación existía alguna inconsistencia, era el funcionario de la División Técnica quien durante la práctica de la diligencia de inspección debió reclasificar la mercancía asignándole una nueva sub partida arancelaria, si consideraba que la declarada no era la aplicable para ese caso particular y que de ello ha debido dejar constancia tanto en el acta de inspección 0239485 del 9 de marzo de 1999 y en el acta de aprehensión 239485 del 9 de marzo de 1999.

Como consecuencia de lo anterior se evidencia que en manera alguna el importador pretendió cambiar la descripción de la mercancía, tal como erróneamente pretende hacerlo ver el inspector de la División Técnica en el acta de aprehensión 239485 del 9 de marzo de 1999, ni supone pagar menores tributos a los que le corresponden a la mercancía.

(…)

Como consecuencia de lo anterior, considera este despacho que la situación presentada respecto de la mercancía aprehendida sobre el error en descripción al pretender exigirle descripciones mínimas, no da lugar a que se considere que esta no se encuentra amparada en la declaración de importación tal como se afirma por parte del inspector y mucho menos existía mérito para su aprehensión (…)”.

• Que la mercancía permaneció aprehendida entre el 9 de marzo —fecha del acta de aprehensión 239485— y el 5 de agosto de 1999, cuando se dispuso continuar con el trámite del proceso de importación mediante la Resolución 658-000095, es decir, por un espacio de 4 meses y 27 días.

• Que mediante escrito suscrito por el señor Luis Fernando Llano Narváez el 30 de septiembre de 1999(44), se informó al Jefe de la División de Fiscalización Aduanera de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá, que se había procedido a la nacionalización de la mercancía aprehendida a través del Acta 239485 de 9 de marzo de 1999.

• Que a través de Auto 1148 de 23 de febrero de 2000, la DIAN ordenó el archivo del expediente administrativo AO 9999004615(45).

Con fundamento en los hechos que vienen de señalarse se encuentra probado que, el 9 de marzo de 1999, la DIAN aprehendió una mercancía de propiedad de la Sociedad demandante por considerar, en su momento, que existían inconsistencias en su clasificación arancelaria y no cumplir con los requisitos de la Resolución 2934 de 1996, sobre descripciones mínimas de las mercancías a importar, sometiendo a la hoy demandante a un proceso administrativo durante 4 meses y 27 días que culminó con la Resolución 658-000095 de 5 de agosto de 1999, por medio de la cual se ordenó continuar con el trámite de nacionalización de la mercancía aprehendida, lapso durante el cual no pudo disponer de los elementos destinados a cumplir con unos contratos de suministro suscritos con la Fuerza Aérea Colombiana, lo cual ocasionó un daño antijurídico que no estaba en la obligación de soportar, pues, como se expresó en la Resolución de 5 de agosto de 1999, no existía mérito para la aprehensión que, en efecto, se realizó.

Se tiene que entre las funciones que le competen a la DIAN se encuentra la dirección y administración de la gestión aduanera, entendiendo como tal el servicio y apoyo a las operaciones de comercio exterior, la aprehensión, decomiso o declaración en abandono de mercancías a favor de la Nación, su administración, control y disposición(46).

A pesar de lo anterior, aunque la entidad demandada en ejercicio de sus funciones legales realizó la aprehensión de la mercancía que estaba importando la sociedad demandante, lo cierto es que en la resolución que ordenó continuar con el trámite de la importación se reconoció expresamente que no existía mérito para realizar dicha aprehensión, comoquiera que ante la supuesta inconsistencia en la clasificación arancelaria, recaía sobre el funcionario inspector, el deber de “reclasificar la mercancía asignándole una nueva sub partida arancelaria”. En ese sentido vale recordar lo expuesto en la citada Resolución 658-000095 de 5 de agosto de 1999:

“(…) si respecto de la mencionada clasificación existía alguna inconsistencia, era el funcionario de la División Técnica quien durante la práctica de la diligencia de inspección debió reclasificar la mercancía asignándole una nueva sub partida arancelaria, si consideraba que la declarada no era la aplicable para ese caso particular y que de ello ha debido dejar constancia tanto en el acta de inspección 0239485 del 9 de marzo de 1999 y en el acta de aprehensión 239485 del 9 de marzo de 1999.

Como consecuencia de lo anterior se evidencia que en manera alguna el importador pretendió cambiar la descripción de la mercancía, tal como erróneamente pretende hacerlo ver el inspector de la división técnica en el acta de aprehensión 239485 del 9 de marzo de 1999, ni supone pagar menores tributos a los que le corresponden a la mercancía.

(…).

Como consecuencia de lo anterior, considera este despacho que la situación presentada respecto de la mercancía aprehendida sobre el error en descripción al pretender exigirle descripciones mínimas, no da lugar a que se considere que esta no se encuentra amparada en la declaración de importación tal como se afirma por parte del inspector y mucho menos existía mérito para su aprehensión (…)”. (se destaca)

Todo lo anterior denota que la entidad demandada incurrió en una falla del servicio desde el mismo momento en que negó el levante y ordenó la aprehensión de la mercancía, pues, para el caso concreto no eran exigibles las descripciones mínimas reclamadas por los Inspectores y, ante la existencia de supuestas inconsistencias en la clasificación arancelaria, les correspondía a los mismos funcionarios realizar la correspondiente reclasificación, de manera que la conducta ajustada a derecho que debió asumir la entidad era continuar con la legalización y no someter a la ahora demandante a un trámite administrativo para concluir que desde el primer momento no existía mérito para la aprehensión de la mercancía.

La falla del servicio que de tal manera vino a configurarse en este caso, afectó injustamente a la Sociedad ahora demandante, por lo que forzoso resulta concluir de todo lo anterior que se encuentra acreditada la existencia de un daño antijurídico y la mencionada falla en el servicio que lo produjo, de manera que la sentencia apelada habrá de ser revocada para, en su lugar, condenar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a indemnizar a favor de la parte actora los perjuicios que aparezcan debidamente acreditados en tanto hayan sido ocasionados por la aprehensión de la mercancía.

4. La indemnización de perjuicios.

4.1. Perjuicios morales.

En relación con este tipo de perjuicio se expuso en la demanda que se ocasionó una afectación al nombre comercial de la Sociedad Fernando Llano & Cía. Ltda., empresa que gozaba de una inmejorable reputación en el área comercial que explotaba.

El reconocimiento de perjuicios morales a favor de las personas jurídicas ha sido aspecto que la jurisprudencia de esta Corporación ha tenido ocasión de abordar en diversas ocasiones. Así, en providencia proferida por la Sección Tercera en 1992, la Sala contempló la posibilidad de que fuera reconocida indemnización por la causación de perjuicios morales a favor de personas jurídicas. Se dijo entonces:

“No se pueden compartir los términos absolutos de la afirmación del Tribunal que declara a las personas jurídicas como no ‘susceptibles’ de sufrir perjuicios morales; es cierto que dichas personas, no pueden ser víctimas (llamado ‘daño moral subjetivo’), por cuanto su propia naturaleza las coloca al margen del dolor o de los padecimientos físicos o psicológicos que constituyen.

Pero si se considera el daño moral en la extensión que le es propia, es decir, como el menoscabo de derechos o de bienes extrapatrimoniales jurídicamente protegidos, es indudable que las personas jurídicas pueden constituirse en sus víctimas; así su reparación no consista, de modo necesario, en una indemnización pecuniaria. Se robustece esta afirmación al amparo del precepto de la nueva Constitución Política que reconoce a ‘todas las personas’ el derecho ‘a su buen nombre’ y atribuye al estado el deber de "respetarlos y hacerlos respetar" (art. 15), entre otros que podrían citarse como ejemplo.

Asunto diverso es que en el caso que examina la Sala este daño no se haya probado y que, por lo tanto, deba denegarse”(47).

Luego en providencia proferida el 20 de agosto de 1993, la Sala afirmó:

“En principio, estima la Sala que en el caso presente, la Compañía de Jesús como persona jurídica que es no tiene derecho a reclamar indemnización por el dolor o afección sufrida por la pérdida de su compañero de comunidad y labores’, según lo expresa en las peticiones de la demanda. Se precisa lo anterior por cuanto no es unánime ni preciso el criterio doctrinario y jurisprudencial en torno de si las personas jurídicas son susceptibles de sufrir o no daño moral. De ahí la necesidad de que el juzgador al conocer esta clase de controversias relacionadas con los perjuicios morales de las personas jurídicas deba analizar cada caso en particular, especialmente en lo relacionado con la esencia y naturaleza del daño no patrimonial alegado.

“Para una parte de la doctrina las personas jurídicas sí pueden sufrir perjuicios morales en cuanto éstos se refieran al campo del honor, el buen nombre, las consideraciones sociales, tomando tales conceptos con un criterio generalizador. Entre quienes respaldan esta posición de la doctrina se encuentra el profesor Adriano de Cupis, quien en su obra “El Daño”, hace sobre el particular las siguientes observaciones:

‘Verdaderamente al distinguir el daño privado en patrimonial y no patrimonial, su esfera de actuación se divide en dos zonas que cubren, en su conjunto, el íntegro ámbito del daño privado; y los sufrimientos morales, las sensaciones dolorosas, no abrazan todos los daños que no son perjuicios patrimoniales, ya que, por ejemplo, la disminución del prestigio y de la reputación pública, constituye un daño no patrimonial independientemente del dolor o amargura del sujeto que la sufre. Por consiguiente, si se quiere dar de los daños no patrimoniales una noción lógica y completa no puede limitarse al campo de los sufrimientos físicos o morales, sin concebirlos de forma que puedan integrarse todos los daños que no se comprenden en el otro grupo, en el de los daños, patrimoniales, con otras palabras, que su noción no puede ser en el momento actual más que meramente negativa.

‘En consecuencia, sujeto pasivo del daño no patrimonial puede ser también la persona jurídica. Esto se produce cuando se compromete el beneficio que ella —independientemente por supuesto de un sentimiento de bienestar— puede experimentar en alguno de aquellos bienes no patrimoniales de los que ostenta la titularidad. Así, una sociedad mercantil, una institución de beneficencia, etcétera, pueden alcanzar un daño no patrimonial, valga decir a título de ejemplo, con una campaña difamatoria, por la violación del secreto de correspondencia, etc. El argumento de que la persona jurídica es incapaz de sufrimientos físicos o morales no es decisivo, dada la posibilidad de configurar también un daño no patrimonial distinto del dolor. La persona jurídica, ciertamente, no puede percibir el sentimiento de la propia dignidad y de aquí que no sufra por la lesión de su honor - pero sufre, comúnmente, el daño que incide en su reputación en la cual se refleja su mismo honor. De análoga forma no puede tener el sentimiento celoso de la propia reserva y, por tanto, no puede experimentar la congruente lesión; pero no menos sufre el daño derivado de la divulgación de aquello comprendido en la esfera de lo íntimo, por la violación de sus secretos’.

“En similar sentido los profesores Henry y León Mazeaud y André Tunc, en su Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil, en lo pertinente, sostienen al referirse al perjuicio moral de las personas colectivas.

'No obstante, se impone una observación de orden general. El perjuicio material no es el único que está en juego. Una agrupación, al igual que una persona física, posee un patrimonio extrapecuniario, que puede ser, lesionado. Es capaz de sufrir un perjuicio moral, con exclusión tan sólo de una ofensa a los sentimientos efectivos. Si una persona moral no tiene corazón, posee un honor y una consideración, si éstos reciben un ultraje, la agrupación sufre un perjuicio moral’.

“Posición encontrada respecto de las anteriores concepciones es la asumida por el profesor Renato Scognamiglio en su ensayo sobre El daño moral, traducido, por el doctor Fernando Hinestrosa Forero y publicado por el Externado de Colombia, donde al cuestionar la posibilidad de que la persona jurídica sea susceptible de sufrir perjuicios morales, afirma:

‘Parece que la doctrina se preocupa sobre todo por otorgar a las personas jurídicas una protección adecuada que llevaría a compensarles el perjuicio recibido en su honor, en su prestigio y atributos similares. Pero aquí vuelve a aflorar la habitual confusión entre el daño infligido a los bienes de la personalidad y el daño moral; que viene a superarse si se considera que la ofensa al honor, etc., es resarcible de suyo. Si además de esta consideración se tiene firme la noción técnica y más segura del daño moral, como sensación aflictiva con ciertos agravios, ya desde el vistazo se muestra imposible la concepción de un moral a la persona jurídica, que careciendo de personalidad sicofísica, ciertamente no podría sufrir dolor por cualquier ofensa a su reputación’.

“Frente a las concepciones doctrinarias anteriormente transcritas, más se acerca la Sala a las dos iniciales en el sentido de considerar que si bien por regla general la indemnización por perjuicios morales va acorde con la aflicción, la pena, el abatimiento y amargura sufridos por la persona como consecuencia del daño recibido, tal gama de sentimientos angustiosos es inherente al ser humano sensitivamente capaz de recibirlos, de tal forma que la persona jurídica incapacitada e inhabilitado por su propia naturaleza para experimentar tales sensaciones, queda exenta de pretender indemnizaciones de índole moral cuando la causa del daño como en el presente caso, es el fallecimiento de uno de los miembros adscritos de esa persona moral. Se ha considerado que la base del perjuicio moral subjetivo estriba en la aflicción, tristeza o angustia nacidas del amor, el afecto, la amistad que sienten los demandantes por la víctima, sentimientos que unidos al parentesco, en la mayoría de los casos, permiten presumir el dolor que la desaparición les causa y cuya compensación en dinero se procura.

“Obviamente los sentimientos de aflicción por la muerte de un ser querido no pueden predicarse de una persona jurídica, así ésta se encuentre en las especiales condiciones de integración y solidaridad que testimonialmente se quieren mostrar respecto de la comunidad demandante en el proceso. La realidad continúa siendo la misma: de esa persona jurídica no puede predicarse el daño moral por cuanto carece de la capacidad afectiva y sentimental sobre la cual recaiga el perjuicio moral, sin que en estos casos haya lugar a identificar la situación de la persona jurídica con la de sus integrantes, pues para todos los efectos son diferentes. Estos, bien pudieron ser víctimas, individualmente considerados, del perjuicio moral narrado, pero así no se demandó.

“No significa lo anterior, según se advirtió, que las personas jurídicas se encuentren totalmente impedidas para acceder judicialmente a reclamar indemnización por perjuicios de orden moral. De ninguna manera. Las consideraciones antecedentes son aplicables para casos como el presente donde el perjuicio moral va indiscutiblemente ligado con los sentimientos propios del afecto y amor de un ser humano. Otra cosa puede ser, cuando el daño moral no presente esa directa y exclusiva comunicación sentimental, en cuyo caso, bien puede eventualmente pensarse en indemnizar por tal concepto a las personas jurídicas”(48).

Esta Sección mediante sentencia de 2008, afirmó:

“De modo que, la jurisprudencia, tras negar rotundamente el reconocimiento de perjuicios morales a las personas jurídicas, ha abierto esa posibilidad, haciendo recaer en el juzgador esa decisión con base en el conocimiento de la controversia en cada caso en particular, especialmente en lo relacionado con la esencia y naturaleza del daño no patrimonial alegado y si está ligado o no a aspectos sentimentales y afectivos propios de la condición del ser humano y representados en una aflicción, tristeza o congoja que sólo son propios de éste, y que no se concibe que pueda padecer una persona jurídica.

“Es decir, resulta claro que las personas jurídicas no sufren perjuicios morales subjetivos (pretium doloris), porque no pueden experimentar dolor o sufrimiento y menos aún por agresiones a bienes jurídicos extrapatrimoniales que parten de esa subjetividad del individuo físico (la vida, la integridad corporal, o la honestidad, entre otros); sin embargo, a ellas se les reconoce una subjetividad jurídica, gozan de atributos propios de la personalidad y, por ende, son titulares de derechos que pueden considerarse en sentido objetivo como morales y de carácter extrapatrimonial (reputación, el buen nombre, la probidad), los cuales si en alguna manera se les menoscaba, corresponde indemnizar, en cuanto resulten demostrados en el respectivo proceso.

“En efecto, cuando se atenta, por ejemplo, contra la reputación o prestigio de la persona jurídica, en menoscabo de la credibilidad de su nombre y de la imagen sobre su modo de ser como sujeto en el tráfico jurídico, sería viable de indemnizar como un perjuicio moral, porque aunque esos valores están al servicio de su objeto y fines económicos, ciertamente trascienden la esfera meramente patrimonial. Igualmente, repárese que el “buen nombre” es un derecho fundamental de la personalidad sin importar si se trata de una persona natural o de una persona jurídica, cuya protección, por tanto, se encuentra garantizada en el orden constitucional; en efecto, el artículo 15 de la Constitución Política garantiza a todas las personas, sin distingo, el derecho a su buen nombre, el cual el Estado se encuentra en el deber de respetar y hacerlo respetar”(49).

En conclusión, de manera general los daños al buen nombre o good will deben incluirse en el concepto de perjuicios materiales, por cuanto dichos derechos, aunque pertenezcan a la órbita de lo intangible, constituyen parte del acervo patrimonial de la persona jurídica, de ahí que si el daño producido por la entidad demandada generó un detrimento en aquellos bienes inmateriales que constituyen la noción de establecimiento de comercio, la condena deberá resarcir tanto el daño emergente, cuya tasación depende de los gastos en los que haya incurrido la persona jurídica para restablecer su buen nombre o good will, como el lucro cesante, enmarcado en lo que la persona jurídica afectada por la actuación de la entidad demandada haya dejado de percibir por el hecho dañino; sin embargo, lo anterior no obsta para que el juez reconozca la existencia de perjuicios morales a favor de personas jurídicas, siempre y cuando, dichos perjuicios se encuentren debidamente probados en el acervo probatorio obrante en el proceso(50).

La Sala no accederá a la pretensión propuesta por la Sociedad Fernando Llano & Cía. Ltda., pues en el expediente no existen pruebas que permitan acreditar la ocurrencia del referido perjuicio en los términos alegados en la demanda, es decir, no se encuentran elementos probatorios que acrediten de manera fehaciente alguna afectación del buen nombre comercial que a la postre le hubiere generado una pérdida de su clientela o una desventaja en el mercado, perjuicios que, se reitera, son de carácter material y no moral.

En cuanto al señor Luis Fernando Llano Narváez, se afirmó en la demanda que sufrió un perjuicio moral derivado de la aprehensión de la mercancía, “el cual le causó detrimento en su salud y relaciones de familia, pues jamás un miembro de la familia Llano Narváez se había visto involucrado en deudas, embargos y mala conducta comercial”. Se alegó igualmente que existió un perjuicio al nombre comercial de Luis Fernando Llano Narváez, a tal punto que algunos funcionarios se referían a él como sinónimo de incumplimiento, por lo que se estimó la indemnización en $200.000.000.

No obstante lo aseverado en la demanda, tampoco existe ningún elemento probatorio en el expediente que acredite la causación del perjuicio en estudio, por lo que, de igual manera, no hay lugar a reconocer la indemnización reclamada.

4.2. Perjuicios materiales.

Se pidió en la demanda el reconocimiento de una indemnización por concepto de perjuicios materiales, en la suma de $460.000.000, sin que se indicaran los conceptos que permitan establecer tal monto, no obstante, en el acápite de los hechos se afirmó que se frustraron contratos por $60.000.000 para el año 1999, ya que se había emitido una resolución de incumplimiento de un contrato de suministro con la Armada Nacional, lo que conllevó una moratoria en los créditos bancarios por valor aproximado de $50.000.000.

Se dijo, además, que se incurrió en cesación de pagos de obligaciones bancarias y extrabancarias, incumplimiento de contratos de arrendamiento de la oficina y un local comercial, servicios públicos y otros, perjuicio que estimó en la suma de $30.000.000.

Previo al estudio sobre la demostración de los perjuicios alegados, resulta pertinente señalar que, a la luz de lo previsto en nuestro ordenamiento legal, la sociedad es una persona jurídica independiente y distinta de cada uno los socios, tal como se registra en el artículo 98 del Código de Comercio, según el cual:

“Por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”(51).

La norma citada prevé, por un lado, la posibilidad que tienen dos o más personas para conformar una entidad jurídica en ejercicio del derecho de libre asociación y, por otro, que una vez constituida legalmente, la sociedad forma una persona jurídica distinta de cada uno de los socios que la integran, esto es, una persona jurídica autónoma sujeto de derechos y obligaciones, con atributos puntuales, como son el nombre(52), domicilio(53), capacidad(54), nacionalidad(55) y patrimonio propio(56).

Si bien es cierto, el patrimonio de la sociedad se encuentra constituido por los aportes de los socios para conformar el capital social, los bienes de la sociedad no son parte de propiedad de cada socio, ni siquiera de manera parcial(57), por lo que no es dable confundir los perjuicios materiales eventualmente ocasionados al patrimonio de la sociedad y al de los socios como si se tratara de una misma unidad jurídica que abra la posibilidad de ser reclamados indistintamente, sin que importe quien los haya sufrido.

Así las cosas, la Sala procederá al análisis de las pruebas que permitan determinar la existencia de los perjuicios materiales alegados en la demanda.

Según los datos consignados en el certificado de inscripción, clasificación y calificación en el Registro de Proponentes(58), la Sociedad Fernando Llano & Cía. Ltda., incumplió con el contrato 1/99-FRA(59), suscrito con la Armada Nacional, entidad que le impuso una multa por valor de 8.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes a través de la Resolución 77 de 1° de julio de 1999(60), sin embargo, de la motivación consignada en dicho acto administrativo se desprende que el contratista pretendió justificar su incumplimiento en el cambio de las tallas inicialmente programadas, una grave situación económica derivada de las demoras en la facturación por parte de las diferentes entidades con destino al Banco Ganadero y la aprehensión indebida de una mercancía por parte de la Aduana.

Dichas razones fueron refutadas por la entidad al manifestar, en lo que atañe al presente caso, que el contratista nunca informó sobre la ocurrencia de dicha aprehensión, pues, por el contrario, expresó que “la razón única por la que no hemos podido dar cumplimiento a la entrega de las 559 gorras de acuerdo a la fecha de prórroga es de carácter económico”, en consecuencia, no existe ningún elemento de juicio, distinto de las afirmaciones realizadas en la demanda, que permita establecer de manera fehaciente que dicho incumplimiento tuviera origen en la aprehensión de la mercancía realizada por la demandada —elementos que, vale recordarlo, estaban dirigidos a la Fuerza Aérea Colombiana—, consideraciones que se hacen extensivas al Oficio 001151 DIFRA-SOFRA-ADFRA-023 de 3 de junio de 1999(61), en donde se expuso que la Junta de Adquisiciones y Licitaciones del Fondo Rotatorio de la Armada Nacional había recomendado declarar desierto el objeto de la invitación a cotizar 009/99-FRA, teniendo en cuenta que la Sociedad Fernando Llano & Cía. Ltda., fue la única en presentar oferta y tenía vencido el plazo para el cumplimiento del contrato 1/99-FRA, pues, no está acreditado que el aludido incumplimiento fuera consecuencia obligada y exclusiva de la pluricitada aprehensión dispuesta por la DIAN.

De igual manera, obra en el expediente el Oficio de 28 de diciembre de 1999, suscrito por la gerente del Banco de Occidente, sucursal La Soledad(62), mediante el cual se le manifiesta al señor Luis Fernando Llano Narváez la decisión de terminar el contrato de cuenta corriente firmado con la entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 1389 del Código de Comercio.

La norma señalada dispone lo siguiente:

“ART. 1389.—Terminación del contrato de cuenta corriente. Cada una de las partes podrá poner término al contrato en cualquier tiempo, en cuyo caso el cuentacorrentista estará obligado a devolver al banco los formularios de cheques no utilizados.

En el caso de que el banco termine unilateralmente el contrato, deberá, sin embargo, pagar los cheques girados mientras exista provisión de fondos”.

A la luz de la norma en cita, no es posible establecer nada diferente a la existencia de una prerrogativa legal en cabeza de las partes, para terminar en cualquier tiempo el contrato de cuenta corriente, sin que, para el caso concreto, pueda inferirse nada más allá de la potestad que ejerció la entidad bancaria, lo cual no tiene relación alguna con lo afirmado en la demanda sobre el desmedro de la situación económica del señor Llano Narváez, supuestamente generada como consecuencia obligada de la aprehensión de la mercancía de marras.

Se allegaron al plenario copias de dos demandas ejecutivas, la primera dirigida en contra de los señores Luis Fernando Llano Narváez, Rosa Cristina Llano Narváez, Martha Lucía Llano Narváez, Jaime Mauricio Llano Narváez, Alba Constanza Llano Narváez y Ligia Narváez de Llano(63); la segunda en contra del señor Jerónimo Pimentel Gómez(64). No obstante lo anterior, no aparece demostrado en el expediente que dichas demandas hubieran sido efectivamente radicadas ante los jueces competentes o que se hubiera librado algún mandamiento de pago con base en lo expuesto en dichos documentos, como tampoco que lo expuesto en tales minutas tuviera origen directo en la aprehensión de la mercancía importada por Fernando Llano & Cía. Ltda., realizada por la DIAN. Vale señalar que en las minutas de las demandas aparecen involucradas personas que no tenían la calidad de asociados de Fernando Llano & Cía. Ltda.(65).

Obra así mismo, un estado de cuenta del Banco Davivienda, respecto de la señora Martha Lucía Llano Narváez, frente al cual debe señalarse que si bien aparece acreditada su condición de socia de la Sociedad Fernando Llano & Cía. Ltda.(66), la mencionada señora no tiene la condición de parte del presente proceso, por lo que no puede entenderse subsumido su eventual interés con el de la persona jurídica que si ostenta la calidad de parte en este asunto, comoquiera que se trata de dos sujetos de derecho totalmente diferentes, tal como se expuso en precedencia.

Aparece un oficio fechado el 20 de mayo de 1999, suscrito por la gerente de la sucursal Country del Banco Ganadero(67), dirigido al Director General del Fondo Rotatorio de la Armada Nacional, en donde, a petición de la Sociedad Fernando Llano & Cía. Ltda., le informan que la entidad no otorgaría nuevas operaciones de crédito, dada la existencia de obligaciones vencidas por parte de la mencionada Sociedad, frente a lo cual encuentra la Sala que tampoco puede inferirse de su contenido alguna relación con la aprehensión efectuada por la DIAN, tan solo que dicha comunicación se llevó a cabo a petición del señor Llano Narváez.

Se arrimó al expediente un certificado del Banco Ganadero Sucursal Country(68), respecto de los giros financiados que al 24 de septiembre de 1999 presentaba la Sociedad Fernando Llano & Cía. Ltda., los cuales ascendían a la suma de US$50.534.55. De igual manera, un certificado de 2 de febrero de 2000, suscrito por el subgerente de gestión operativa del Banco Ganadero, sucursal Country(69), en donde se manifiesta que la Sociedad Fernando Llano y Cía. Ltda., era titular de un crédito de comercio y a la fecha adeudaba un valor de $94.411.300,44, documentos que no acreditan la supuesta incidencia que tuvo la aprehensión de la mercancía en la situación patrimonial de la Sociedad y que esto tuviera repercusión en el pago de las obligaciones detalladas por la entidad financiera.

De otra parte, obra el acta de una diligencia de secuestro de inmueble, adelantada por la Inspección Primera Distrital de Policía, en cumplimiento del despacho comisorio emanado del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso adelantado por el Banco Ganadero en contra de Ana Rosa Cristina Llano Narváez y otros(70), frente a lo cual debe señalarse que la mencionada señora Ana Rosa Cristina Llano Narváez no es parte de este proceso y tampoco tiene la calidad de asociada de Fernando Llano & Cía. Ltda.; además, si bien la diligencia fue atendida por el señor Luis Fernando Llano Narváez, éste no hizo ninguna manifestación, por lo que la afirmación consignada en el hecho 10.7 de la demanda carece de respaldo, ya que no se encuentra demostrado que el inmueble se hubiera “perdido” como consecuencia de alguna decisión adoptada en un proceso del cual no se conoce su naturaleza —declarativo, ejecutivo, de restitución de inmueble, entre otros—, así como no se demostró quién o quiénes eran sus propietarios.

Aparece igualmente un requerimiento efectuado por la firma Cobranzas Comerciales Ltda., en donde se invita al señor Luis Fernando Llano Narváez a llegar a un acuerdo amistoso respecto del pago de obligaciones suscritas por él con el Banco de Crédito, representadas en una tarjeta de crédito(71), sin que sea posible establecer la causa de la mora en el pago, como tampoco que se tratara de una tarjeta de crédito a cargo de la Sociedad, por lo que no se puede inferir que las obligaciones insolutas tuvieran origen en la alegada falta de liquidez de la Sociedad Fernando Llano & Cía. Ltda., sino que se trataba de una obligación personal del señor Luis Fernando Llano Narváez.

Como se expuso inicialmente, unas son las obligaciones de la sociedad y otras las de sus socios, pues no puede perderse de vista que se trata de sujetos de derecho con patrimonios independientes, por lo que no es posible considerar que las deudas de los asociados le pertenezcan a la sociedad, de manera que la alegada falta de liquidez derivada de la aprehensión de mercancía, que a su vez pospuso el cumplimiento de los contratos suscritos con la Fuerza Aérea Colombiana, no tiene una relación obligada con la mora de los asociados en sus obligaciones particulares, pues no aparece demostrado en el expediente que la Sociedad tuviera el compromiso de asumirlas con cargo a sus propios recursos.

Finalmente, en cuanto a las Declaraciones de Renta de la Sociedad Fernando Llano & Cía. Ltda.(72), la formulación de cargos por informar en forma extemporánea sobre el endeudamiento externo de unas importaciones realizadas en 1998 y 1999(73) y los mandamientos de pago librados por concepto de impuesto a las ventas adeudado por las vigencias fiscales 1995 y 1996, se tiene que no generan ninguna convicción respecto de las afirmaciones realizadas en la demanda sobre la situación económica de la sociedad, pues, como ya se ha señalado, de tales probanzas no se desprende que la aprehensión de la mercancía de marras en el año 1999 tuviera alguna incidencia, por ejemplo, en el pago del impuesto a las ventas de los años 1995 y 1996, o que fuera la causa que llevó a la sociedad a informar por fuera de término sobre el endeudamiento externo de unas importaciones efectuadas en los años 1998 y 1999, omisión que no tiene relación alguna con los hechos que dieron origen al presente proceso.

A pesar de lo anterior considera la Sala que hay lugar a reconocer un interés del 6% anual, sobre el valor de la mercancía por el tiempo que duró la aprehensión, suma que una vez calculada será actualizada desde esa fecha hasta la fecha de esta providencia, para lo cual se tomará el valor avaluado por la DIAN en la Resolución 658-000095 de 5 de agosto de 1999(74), en la suma de $19.513.175, habida cuenta que no fue objeto de discusión por parte de la Sociedad interesada.

Habrá lugar a realizar el reconocimiento de intereses porque la aprehensión de la mercancía produjo en la sociedad actora el perjuicio de no poder lucrarse con las ganancias que este dinero le habría podido reportar si no se hubiese decretado, lo anterior teniendo en cuenta que los intereses buscan compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital y, en consecuencia, hacen parte de la indemnización integral y son compatibles con la indexación(75).

La fórmula aplicable, aceptada por la jurisprudencia de esta corporación es la siguiente:

S2001-016611188 FORMULA C
 

En donde:

I: corresponde al interés liquidado;

C: es el capital, esto es, $19.513.175;

R: es la rata mensual (0.5%)

T: es el tiempo o número de meses, que en el presente caso abarca desde la fecha de la fecha de aprehensión —9 de marzo de 1999— hasta la fecha de la Resolución 658-000095, que ordenó continuar con el trámite de nacionalización de la mercancía —5 de agosto de 1999—, 4 meses y 27 días, es decir, 4.9 meses.

Reemplazando se tiene:

S2001-01791CE A
 

Se procederá a la actualización de la suma correspondiente a los intereses desde la fecha de la Resolución 658-000095 -5 de agosto de 1999-, hasta la fecha de esta sentencia, de acuerdo con la siguiente fórmula:

S2001-01791 B
 

En donde:

Ra: Renta actualizada a establecer;

Rh: Renta histórica que se va a actualizar: $478.073.

Ipc (f): Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el último conocido a la fecha en que se realiza la actualización: 120.98.

Ipc (i): Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el correspondiente a la fecha de la Resolución 658-000095: (ago./99) 56.05.

Reemplazando se tiene:

S2001-01791 CC
 

6. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Decreto 1 de 1984, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia proferida el 27 de abril de 2004 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Sala de Descongestión, la cual quedará así:

1. Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por los perjuicios ocasionados a la Sociedad Fernando Llano & Cía. Ltda., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Condenar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a pagar una indemnización por concepto de perjuicios materiales a la Sociedad Fernando Llano & Cía. Ltda., la suma de un millón treinta y un mil ochocientos ochenta y siete pesos m/cte. ($1.031.887).

3. Negar las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas.

5. La Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo (D.L. 1/84).

6. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

7. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(16) Folios 223 y 224 del cuaderno de segunda instancia.

(17) Obrante a folios 256 a 264 del cuaderno de segunda instancia.

(18) Obrante a folios 227 a 230 del cuaderno de segunda instancia.

(19) Obrante a folios 1 a 18 del cuaderno principal 1.

(20) Según la estimación razonada de la cuantía realizada a folio 14 del cuaderno principal 1.

(21) Decreto 597 de 1988.

(22) Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(23) Folios 26 a 28 del cuaderno de pruebas.

(24) Según el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, obrante de folios 153 a 157 del cuaderno de pruebas.

(25) Obrante a folios 49-50 del cuaderno de pruebas.

(26) Obrante a folio 51 del cuaderno de pruebas.

(27) Obrante a folios 84-85 del cuaderno de pruebas.

(28) Obrante a folios 90 del cuaderno de pruebas.

(29) Primer contrato modificatorio obrante a folios 98- 99 con fecha límite 31 de mayo de 1999 y tercer contrato modificatorio obrante a folios 100-102 30 con fecha límite 30 de julio de 1999.

(30) Segundo contrato modificatorio obrante a folios 107- 108 con fecha límite 31 de mayo de 1999 y tercer contrato modificatorio obrante a folios 109-111 30 con fecha límite 30 de julio de 1999.

(31) Primer contrato modificatorio obrante a folios 116- 117 con fecha límite 31 de mayo de 1999 y tercer contrato modificatorio obrante a folios 118-120 30 con fecha límite 30 de julio de 1999.

(32) Obrante de folios 37 a 39 del cuaderno de pruebas.

(33) Dicha mercancía consistía en palas bordadas, alas bordadas y alas pompón bordadas, tal como se aprecia en la factura obrante a folio 20 del cuaderno de pruebas.

(34) Obrante a folios 20 a 23 del cuaderno de pruebas, donde se evidencia que la importación de la mercancía fue por valor total de US$ 13.357.50.

(35) Obrante a folio 13 del cuaderno de pruebas.

(36) Obrante a folio 10 del cuaderno de pruebas.

(37) Obrante a folio 9 del cuaderno de pruebas.

(38) Obrante a folio 24 del cuaderno de pruebas.

(39) Actas obrantes a folios 8 y 32 del cuaderno de pruebas.

(40) Según acta de aprehensión obrante a folio 7 del cuaderno de pruebas, por medio de la cual se consideró que no era procedente otorgar el levante y se procedió a la aprehensión de la mercancía importada por Fernando Llano & Cía. Ltda.

(41) Obrante a folio 8 del cuaderno de pruebas.

(42) Folio 4 del cuaderno de pruebas.

(43) Obrante de folios 56 a 75 del cuaderno de pruebas, acto por medio del cual la entidad demandada revocó el anterior acto administrativo y ordenó la continuación del proceso de importación de la mercancía aprehendida.

(44) Obrante a folios 92 y 93 del cuaderno de pruebas.

(45) Folios 78 y 79 del cuaderno de pruebas.

(46) El artículo 5º del Decreto 1271 de 1999 dispone: “Competencia. A la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le competen las siguientes funciones: La administración de los impuestos de renta y complementarios, de timbre nacional y sobre las ventas; los derechos de aduana y los demás impuestos internos del orden nacional cuya competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, bien se trate de impuestos internos o al comercio exterior; así como la dirección y administración de la gestión aduanera, incluyendo la aprehensión, decomiso o declaración en abandono a favor de la Nación de mercancías y su administración y disposición.
(…).
La dirección y administración de la gestión aduanera comprende el servicio y apoyo a las operaciones de comercio exterior, la aprehensión, decomiso o declaración en abandono de mercancías a favor de la Nación, su administración, control y disposición”.

(47) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de agosto de 1992, Expediente 6221, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.

(48) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de agosto de 1993, Expediente 7881, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(49) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008, Expediente 17031, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(50) Dicho criterio fue reiterado por esta Subsección en sentencia de 29 de mayo de 2013, expediente 27.140.

(51) Esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-486 de 28 de octubre de 1993.

(52) La designación del nombre social puede corresponder de acuerdo a la tipología societaria a una razón social o denominación social. Entiéndase por razón social la inclusión del nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los socios para identificar a la sociedad, seguido de las expresiones que se exijan para cada tipo societario. En cambio la denominación social, corresponde no a la indicación de los nombres de los asociados sino de las actividades de explotación económica previstas en el objeto social.

(53) Dice el artículo 110 del Código de Comercio: “La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresará: (...) 3. El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución”.

(54) Dispone el artículo 99 del estatuto mercantil: “La capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad”.

(55) Determina el artículo 469 del mismo ordenamiento comercial: “Son extranjeras las sociedades constituidas conforme a la ley de otro país y con domicilio principal en el exterior”.

(56) Distintas normas del Código de Comercio reconocen al patrimonio como atributo de la personalidad de las sociedades. Así, por ejemplo, en las sociedades anónimas se dispone como causal de disolución, la reducción del “patrimonio neto” por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito (C.Co. art. 457-2).

(57) En este sentido, consultar la Sentencia C-533 de 2001, Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería.

(58) Folios 153 y 154 del cuaderno de pruebas y 17 y 18 del cuaderno de segunda instancia.

(59) Folios 13 a 16 del cuaderno de segunda instancia.

(60) Acto administrativo visible de folios 30 a 34 del cuaderno de segunda instancia.

(61) Folio 65 del cuaderno de segunda instancia.

(62) Folio 158 del cuaderno de pruebas.

(63) Folios 159 a 161 del cuaderno de pruebas.

(64) Folios 162 a 164 del cuaderno de pruebas.

(65) De conformidad con el certificado de existencia y representación de la Sociedad Fernando Llano y Cía. Ltda., visible a folios 26 a 28 y 155 a 156 del cuaderno de pruebas, sus socios eran los señores Luis Fernando Llano Narváez, Ligia Narváez de Llano y Martha Lucía Llano Narváez.

(66) De conformidad con el certificado de existencia y representación de la Sociedad Fernando Llano & Cía. Ltda., antes señalado.

(67) Folio 167 del cuaderno de pruebas y 12 del cuaderno de segunda instancia.

(68) Folio 168 del cuaderno de pruebas.

(69) Folio 169 del cuaderno de pruebas.

(70) Folio 170 del cuaderno de pruebas.

(71) Folio 172 del cuaderno de pruebas y 41 del cuaderno de segunda instancia.

(72) Folios 36 a 40 del cuaderno de segunda instancia.

(73) Folios 42 a 63 del cuaderno de segunda instancia.

(74) Obrante de folios 56 a 75 del cuaderno de pruebas, acto por medio del cual la entidad demandada revocó el anterior acto administrativo y ordenó la continuación del proceso de importación de la mercancía aprehendida.

(75) En sentencia del 7 de marzo de 1990, expediente 5322, dijo la Sala: “Ha entendido la doctrina que si un crédito reajustado en función de la depreciación sufrida entre la fecha en que se causó la obligación y el pago, se le suman intereses corrientes bancarios, se originaría un enriquecimiento sin causa, porque, esta clase de intereses incluye un ‘plus’ destinado a recomponer el capital. No se excluyen entre si los rubros de devaluación e intereses puros puesto que tienen causas diferentes: los intereses buscan compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital (lucro cesante), en tanto que la compensación por depreciación monetaria se dirige a mantener indemne el patrimonio del acreedor que sufriría menoscabo si recibiese como reparación el monto del daño originado en signo monetario envilecido (daño emergente). Se habla de intereses puros porque los bancarios corrientes llevan en su seno una parte que busca compensar la incidencia del fenómeno inflacionario. Por eso no sería equitativo evaluar y cobrar esta clase de intereses. De allí que comparte la Sala que si se realizan reajustes del crédito, el interés debe ser un interés puro exclusivamente retributivo del precio del uso del capital que es lo que ha dejado de ganar el acreedor por la falta de inversión de sus fondos excluyendo el plus del interés que tiene otra función. Toda indemnización debe ser integral y completa, de modo que compense para su acreedor el daño que se le produce con el no pago oportuno de la obligación. Así, debe comprender no sólo el rendimiento que dejó de percibir, traducido ordinariamente en intereses, sino también la pérdida del valor adquisitivo de la moneda con la que pretende pagar. En este orden de ideas el equilibrio o la justeza de la indemnización debe mostrar ésta o similar ecuación: indemnización debida igual a deuda en la fecha del perjuicio, más intereses hasta que el pago se efectúe, más devaluación”. Este criterio fue reiterado por esta Subsección en sentencia de 29 de mayo de 2013, expediente 27.140.