CONSEJO DE ESTADO

 

Sentencia 2001-01825/34349 de septiembre 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 250002326000200101825 02

Exp.: 34.349

Actor: Ana Daisy Forero de Garzón

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Bogotá, D.C., catorce de septiembre de dos mil dieciséis

«EXTRACTOS: II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

2.1.1. La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 10 de mayo de 2007 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, comoquiera que la demanda se presentó el 10 de agosto de 2001 y la pretensión mayor se estimó en la suma de $ 200.000.000 por concepto de indemnización de lucro cesante a favor de la madre de la víctima directa, monto que supera el exigido —$ 143.000.000(17)—, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación(18).

2.1.2. En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, según se indicó, su ejercicio tuvo por origen la muerte del señor Jaime Hernando Garzón Forero ocurrida el 13 de agosto de 1999, de manera tal que, por haberse interpuesto la demanda el 10 de agosto de 2001, se impone concluir que se interpuso dentro de los 2 años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

2.2. Acerca de las pruebas trasladadas del proceso penal.

En los cuadernos 3 a 10 se aprecian copias de varias piezas del proceso penal(19) tramitado por la Fiscalía General de la Nación, adelantado con ocasión de la muerte del periodista Jaime Humberto Garzón Forero ocurrida el 13 de agosto de 1999 en la ciudad de Bogotá D.C., pruebas que fueron decretadas y debidamente incorporadas al expediente, no obstante lo cual, habida cuenta que fueron solicitadas única y exclusivamente por la parte demandante(20), no cumplirían con la regla de traslado contenida en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil (21) por lo que, en principio, de dicha actuación sólo sería posible valorar la prueba de tipo documental que contuviera. Sin embargo, la Sala advierte que se está frente a un caso de violación grave de derechos humanos y que, por ello, la valoración probatoria debe ser más flexible dadas las circunstancias de indefensión en que se encuentran las víctimas en este tipo de eventos y la renuencia que ha exhibido en este asunto la parte demandada para permitir la acreditación los hechos, razones por las cuales la Sala, en acatamiento a los principios de justicia material y de acceso a la Administración de Justicia, dará valor probatorio a la totalidad de los elementos de convicción que obran en dicho encuadernamiento, lo que hace con estricto apego a lo precisado por la jurisprudencia del Consejo de Estado(22), en la que se ha razonado sobre estos aspectos de la siguiente manera:

Flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios probatorios frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En la gran mayoría de casos, las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia, cometidas en el marco del conflicto armado interno, han acaecido en zonas alejadas de los grandes centros urbanos y en contextos de impunidad. Lo anterior ha producido que las víctimas, como sujetos de debilidad manifiesta, queden en muchos casos en la imposibilidad fáctica de acreditar estas afrentas a su dignidad humana. Más aun, cuando no se ha llevado una investigación seria por parte de las autoridades competentes, como en este caso, lo cual se traduce en una expresa denegación de justicia.

Por tal razón, el juez administrativo, consciente de esa inexorable realidad, deberá acudir a criterios flexibles, privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las personas afectadas.

Lo anterior resulta razonable y justificado, ya que en graves violaciones de derechos humamos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se rompe el principio de la dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las partes acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues en estos eventos las víctimas quedan en una relación diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas circunstancias imponen al juez de daños la necesidad de ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar los estándares probatorios. (…).

Bajo esos mismos presupuestos, en tratándose de casos de desaparición forzada y ejecuciones sumarias, comprendidos como violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana ha manifestado que por el hecho de que el Estado haya consentido tales eventos, el estándar probatorio le es más exigente, y por ello, le asiste una carga probatoria mayor: ‘La Corte no puede ignorar la gravedad especial que tiene la atribución a un Estado Parte en la Convención del cargo de haber ejecutado o tolerado en su territorio una práctica de desapariciones. Ello obliga a la Corte a aplicar una valoración de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que, sin perjuicio de lo ya dicho, sea capaz de crear la convicción de la verdad de los hechos alegados’(23).

En consideración a los criterios de valoración expuestos, la Sala, teniendo en cuenta que el caso presente trata de graves violaciones a los derechos humanos, adecuará los criterios de valoración probatoria a los estándares establecidos por los instrumentos internacionales en aras de garantizar una justicia efectiva”(24) (negrillas originales).

Así las cosas, se tendrá en cuenta para la resolución del presente caso la totalidad de los medios de convicción que en el proceso penal se encuentran contenidos, así como las copias simples(25) de las providencias dictadas dentro de ese mismo proceso por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá y por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, las cuales, si bien fueron allegadas por la parte actora después de fenecida la oportunidad para pedir y/o aportar pruebas, lo cierto es que hacen parte del mismo encuadernamiento penal que solicitó en primera instancia, por lo que se les dará acogida en este proceso en estricto apego de la aplicación de los principios de flexibilización en la apreciación y valoración de los medios probatorios frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario a que se ha hecho referencia(26).

2.3. Los hechos probados.

A partir de los elementos de convicción arrimados al proceso en legal forma, la Sala tiene por establecidos los siguientes hechos:

2.3.1. Que durante su vida el señor Jaime Hernando Garzón Forero se desempeñó como un reconocido periodista y humorista en diferentes medios de comunicación a nivel nacional y que gozaba de la simpatía de la comunidad en general, motivo por el que su muerte generó una gran conmoción en el país(27), hechos éstos que han de considerarse como notorios(28).

2.3.2. Que el señor Jaime Garzón Forero participó en actividades humanitarias relacionadas con asesoramiento a entidades estatales en negociación del conflicto armado interno con grupos subversivos, tal es el caso del contrato de servicios profesionales Nº 43 suscrito el 5 de octubre de 1998 con la Gobernación de Cundinamarca, cuyo objeto consistió en: “[a]sesorar en la política de paz al Departamento de Cundinamarca, propiciando acercamientos con los representantes de las organizaciones alzadas en armas, brindando recomendaciones para que se lleven a efecto reuniones entre los representantes del Gobernador y de la sociedad civil que tomarán parte en diálogos regionales (…), y proponiendo al señor Gobernador la adopción de aquellas medidas útiles para generar un clima de paz y convivencia”(29).

De igual forma, mediante oficio fechado el 18 de diciembre de 1998 el Secretario Privado del Gobernador de Cundinamarca hizo constar que “recibió a satisfacción el servicio prestado por el señor Jaime Garzón Forero, en el periodo comprendido entre el 19 de noviembre al 18 de diciembre de 1998 de conformidad con el contrato 43/98”(30).

2.3.3. Que el señor Jaime Garzón Forero participó en diferentes labores de intermediación humanitaria para lograr la liberación de personas secuestradas por grupos subversivos, las cuales se realizaron bajo la coordinación del Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal. En ese sentido, se tiene que a través de oficio del 17 de febrero de 1999, el Director de ese programa le solicitó al señor Garzón Forero “su intervención para que con fines humanitarios actúe como mediador, en el intento de conseguir la liberación del señor Gerardo Zambrano Guio, víctima de secuestro”(31).

Mediante oficios dirigidos al señor Jaime Garzón el 9 de abril y 10 de mayo de 1999, el Director del Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal le comunicó que “no es necesario un pronunciamiento previo escrito para colaborar e intervenir en la solución negociada de un secuestro o de una extorsión”; no obstante lo cual, le indicó que debía reportar a esa misma entidad “su intención de adelantar tal gestión y mantenerla informada de los avances de la misma, al menos una vez al mes”. Asimismo, le señaló que en relación con la mediación en los secuestros de los señores Marco Alirio Riveros, Marcela Ujueta y Leonardo Alfredo Valencia Rincón, que su labor “deberá se adelantada con fines exclusivamente humanitarios y desprovista de cualquier interés económico o provecho personal o institucional”(32).

2.3.4. Que por razón de tales labores humanitarias de asesoramiento en temas de conflicto armado y rescate de personas secuestradas por la guerrilla, el señor Jaime Garzón Forero fue objeto de amenazas contra su vida e integridad, tal y como lo manifestaron los testimonios rendidos ante el Tribunal de primera instancia por los señores Fernando Brito y Piedad Córdoba Ruiz, quienes eran amigos del hoy occiso, los cuales coincidieron en señalar que días antes de su muerte, les había comentado que estaba muy asustado por las amenazas que contra su vida había hecho el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, por cuanto —según se indicó—, lo consideraba un “auxiliador de la guerrilla”, razón por la cual, quería reunirse con Carlos Castaño lo antes posible para explicarle el alcance de su participación en tales labores humanitarias, situación que motivó que se dirigiera a la Cárcel Modelo de Bogotá para buscar la intermediación con un paramilitar recluido en esa prisión, sin que tuvieran conocimiento preciso del resultado de esa visita.

Finalmente, tales deponentes indicaron que no les constaba que el señor Jaime Garzón Forero hubiera puesto en conocimiento de las autoridades competentes tales amenazas, así como tampoco que hubiera solicitado protección especial(33).

2.3.5. Que en relación con la muerte del señor Jaime Garzón Forero, se tiene que a las 5:45 a.m. del 13 de agosto de 1999, cuando el señor Jaime Hernando Garzón Forero se desplazaba en un automóvil con rumbo a la emisora radial donde trabajaba, en momentos en que hizo un pare en un semáforo, fue interceptado por dos hombres armados que se desplazaban en una motocicleta, quienes le propinaron varios disparos que le ocasionaron la muerte de forma instantánea(34).

El protocolo de necropsia practicado al cadáver de la referida persona concluyó que se trataba de un hombre de 38 años de edad, “quien presenta cinco heridas en cabeza que penetran al macizo facial y a cavidad craneana, produciendo la muerte rápidamente por descerebración”. Asimismo, el informe de balística concluyó que los disparos que originaron tales lesiones fueron realizados a corta distancia, en un rango que oscila entre 20 a 50 cms. comprendidos entre la boca de fuego del arma y las zonas impactadas(35).

2.3.6. Que en virtud de tales hechos se adelantó el correspondiente proceso penal, dentro del cual, el Juzgado Séptimo Penal Especializado de Bogotá a través de sentencia proferida el 10 de marzo de 2004 condenó al señor Carlos Castaño Gil a la pena principal de treinta y ocho (38) años de prisión, como coautor intelectual responsable del delito de homicidio agravado —por la situación de indefensión de la víctima y por la finalidad terrorista del hecho—, al tiempo que decidió absolver a los presuntos autores materiales, señores Juan Pablo Ortiz Agudelo alias “Bochas” y Edilberto Antonio Sierra Ayala, alias “Toño”.

Respecto del móvil del homicidio, la instancia penal en comento concluyó que el señor Jaime Garzón días antes de su muerte había sido amenazado por el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, quien lo declaró objetivo militar porque, supuestamente, era “colaborador de la guerrilla”, debido a su gestión humanitaria para la liberación de personas secuestradas. En ese sentido, respecto de la responsabilidad penal del jefe paramilitar Carlos Castaño, concluyó el referido juez de primera instancia lo siguiente (se trascribe de forma literal)(36):

“… Desde luego, ninguna persona de las que declararon en el expediente dijo haber sido testigo presencial y directo de las amenazas de muerte que le hizo Carlos Castaño a Jaime Garzón; sin embargo, lo cierto es que Jaime Garzón se enteró de ello personalmente, pocos días antes de su muerte, a través de fuentes fidedignas, y éste se lo hizo saber a sus familiares y amigos cercanos, y aunque luchó infructuosamente contra esa absurda, censurable e injusta orden de ajusticiamiento, desafortunadamente bajó la guardia, debido a que adicionalmente fue engañado por Carlos Castaño, quien a través de una conversación radial o telefónica directa le hizo creer que había suspendido la orden de matarlo, mientras sostenían un encuentro personal para aclarar las divergencias que tenían.

En efecto, fueron muchas las personas que dieron cuenta de la precitada situación, como es el caso de Gloria Cecilia Hernández Prieto, compañera permanente del obitado Jaime Hernando Garzón Forero, quien afirmó que tres meses antes de ser asesinado, éste la enteró sobre la amenaza de muerte que le había proferido Carlos Castaño Gil. Dijo la testigo que inicialmente Jaime Garzón no le dio importancia a ello y continuó su vida normal, por cuanto se trataba de simples rumores no confirmados y no había recibido amenazas directas ni tangibles a través de cartas, llamadas o medio similar que lo preocupara.

La misma testigo dijo, que posteriormente, más exactamente, en la noche del jueves 12 de agosto de 1999, volvieron a tocar el tema, pero en esta ocasión sí vio seriamente preocupado a Jaime Garzón, quien le comentó que el martes anterior (12 de agosto) le habían confirmado que Carlos Castaño lo había declarado ‘objetivo militar’, que lo iba a matar, que de esa semana ‘no pasaba’.

Agregó, que en esa ocasión Jaime Garzón ‘se sintió seriamente amenazado’, y por ello, el mismo martes 10 de agosto se desplazó hasta la cárcel Nacional Modelo a entrevistarse con Ángel Gaitán Mahecha para que le sirviera de enlace o puente con Carlos castaño, y efectivamente dicho interno, posiblemente a través de un teléfono celular, lo comunicó con Carlos Castaño Gil en horas de la mañana, oportunidad ésta en la que éste lo insultó, lo señaló como gestor o colaborador de la guerrilla y lo tildó de ser ‘intermediador de secuestros’.

Que ante esa situación, Jaime Garzón le expuso brevemente sus razones y le pidió una entrevista personal para ponerle la cara y aclarar el asunto; propuesta frente a la cual Carlos Castaño le dijo que más tarde le daría respuesta por intermedio del mismo Gaitán Mahecha, y fue así como a eso de las 4 de la tarde, Carlos Castaño se comunicó con Jaime Garzón para decirle que aceptaba el encuentro, instruyéndolo para que el sábado siguiente (14 de agosto) se desplazara a Montería, donde le enviaría un helicóptero para que lo recogiera.

Que por ese motivo, Jaime Garzón le expresó su propósito de viajar ese sábado 14 de agosto a Montería a cumplir la cita con Carlos Castaño; sin embargo dicho viaje se frustró por cuanto el día anterior (viernes 13 de agosto) fue asesinado”.

“(…).

“Por manera que, aunque Carlos Castaño Gil públicamente ha negado en forma reiterada que mandó a asesinar a Jaime Garzón y hasta que lo amenazó y declaró objetivo militar, que tenía concertada con éste una cita en Córdoba para el día siguiente al que ocurrió el homicidio con el fin de tratar lo relacionado con su intermediación en la liberación de secuestrados, lo cierto es que tales circunstancias se encuentran suficientemente demostradas dentro del expediente con la pluralidad de medios de prueba reseñados en precedencia, sin que emerja duda alguna sobre el particular, pues Jaime Garzón no tenía razón alguna para mentir o para inventarse lo que les contó a sus familiares y amigos acerca del plan que descubrió para asesinarlo; amén que a Jaime Garzón le fue segada la vida en la forma y dentro del plazo que había fijado con antelación Carlos Castaño.

“(…).

En síntesis, las amenazas de muerte que Carlos Castaño Gil profirió a Jaime Garzón Forero se encuentran fehacientemente probadas en el expediente, a través de los múltiples medios de prueba señalados en precedencia, y sobre el particular no emerge duda alguna, en la medida que a más de los comentarios que sobre el particular le hizo Jaime Garzón a sus familiares y amigos, adicionalmente, alias El Águila, conocido jefe de las autodefensas, ratificó que Carlos Castaño declaró a Jaime Garzón como ‘objetivo militar’, de dicha organización, por su mediación en la liberación de secuestrados.

“Ahora, esas circunstancias, unidas al hecho, también probado que Jaime Garzón fue asesinado en la forma y dentro del plazo que Carlos Castaño había anunciado, permiten inferir con certeza que éste cumplió son sus amenazas, pues adicionalmente debe tenerse en cuenta que fue una de las personas inicialmente contratada como sicario, quien al sentirse incapaz de cometer tan reprochable conducta, enteró a Jaime Garzón de ese hecho y le confirmó que Carlos Castaño era quien había impartido la orden de segarle la vida”(37) (negrillas adicionales).

Por otra parte, respecto de la responsabilidad penal de los señores Juan Pablo Ortiz Agudelo y Edilberto Antonio Sierra Ayala, en la muerte del reconocido periodista, los cuales fueron señalados como autores materiales del homicidio del periodista, el referido Juez Penal de primera instancia los absolvió de responsabilidad, pues consideró que, la única prueba sobre su participación y/o culpabilidad era el dicho de una testigo que se identificó como María Amparo Arroyave, quien afirmó haber visto a los dos sujetos que dispararon contra el hoy occiso, al tiempo que elaboró un retrato hablado de las características morfológicas de cada uno de ellos. No obstante lo cual, el juez penal, luego de realizar la correspondiente valoración probatoria restó absoluta credibilidad a la referida testigo, tras evidenciar graves inconsistencias en su relato. Sobre el particular se manifestó en los siguientes términos (se transcribe textualmente)(38):

“… resulta inverosímil que en tan sólo contados segundos que dice haber visto a los homicidas, logró detallarlos y describirlos con lujo de detalles; situación que no ocurrió con ninguno de los 9 testigos presenciales, quienes a pesar de haber visto más de cerca y por mucho más tiempo a tales sujetos, y de saber que se trataba de unos homicidas, no pudieron percibir ni siquiera facciones generales o aproximadas de sus rostros.

Desde luego que al observar a una persona en tan sólo fracciones de segundo, transitando en una moto a alta velocidad desde un cuarto piso, a las 6 de la mañana, cuando ni siquiera exista claridad total, resulta físicamente imposible calcular su edad y estatura, detallarles sus labios y boca; comprobar que no tenía lunares, precisar las características de la moto en las que se desplazaban, las prendas que vestía, el arma que llevaban, la marca de las botas que calzaban y hasta los movimientos que hicieron, por cuanto esta testigo también afirmó que se dio cuenta que el parrillero miró tres veces hacia atrás y que llevaba el arma en sus manos. Prueba de lo anterior es que ninguno de los nueve (9) testigos presenciales del hecho pudo dar cuenta de ese conjunto de circunstancias, pues como es natural y obvio, sólo pudieron concentrar su atención en algunos de esos aspectos en forma vaga.

En ese orden de ideas, la versión de la testigo María Amparo Arroyabe ninguna credibilidad merece, por cuanto a más de lo anterior, ésta desapareció para no enfrentar los contrainterrogatorios de los sujetos procesales”.

Adicionalmente, destaca la Sala que el Juez Penal concluyó que el señalamiento de los señores Juan Pablo Ortiz Agudelo y Edilberto Antonio Sierra, como autores materiales de la muerte de Jaime Garzón “obedeció a un burdo montaje para desviar la investigación y procurar la impunidad de los verdaderos autores materiales”. En ese sentido, el fallador penal sostuvo (se transcribe textualmente)(39):

La aludida farsa se inició con el Informe Nº 3409 del DAS de Medellín, de fecha 24 de septiembre de 1999, en el que se indica que dos sujetos conocidos como ‘Bochas’ y ‘Toño, pertenecientes a una banda delictiva que opera en el barrio San Javier-El Socorro de la ciudad de Medellín, amenazaron a Maribel Jiménez Montoya y Wilson Raúl Ramírez Muñoz para que ocultaran las armas que pudieron ser utilizadas en Bogotá el 13 de agosto de 1999 para cegarle la vida a Jaime Garzón (…). Del simple análisis y cotejo de las versiones de los tres aludidos testigos de cargo se puede apreciar que éstos faltaron a la verdad y se pusieron de acuerdo para declarar. Las precitadas circunstancias de por sí solas impiden asignarle credibilidad a tales deponentes, por lo absurdo e inverosímil que resultan sus pueriles argumentaciones, situación que unida a la contundente y clara retractación de Wilson Raúl Ramírez Muñoz y de Bernardo Quintero Moya, no dejan ninguna duda acerca de la falacia en que incurrieron tales declaraciones.

“(…).

“La retractación de Bernardo Quintero Moya y Wilson Raúl Ramírez Muñoz, pues éste en versión rendida el 15 de agosto de 2000 adujo que todo cuanto dijo en sus versiones iniciales acusando a Juan Pablo Ortiz Agudelo y Edilberto Antonio Sierra era mentira, y todo obedeció a la farsa ideada por Wilson Javier Llano Caballero, alias ‘El Profe’, quien lo presionó y amenazó para que declarara en contra de ‘El Bochas’, y otros jóvenes del barrio, a quienes quería ver en la cárcel para adueñarse del barrio y de paso ganarse la recompensa ofrecida por delatar a los homicidas de Jaime Garzón.

Aseveró, que alias ‘El Profe’ no solo lo amenazó a él para que inicialmente mintiera e involucrara falsamente a alias ‘Bochas’, en el crimen de Jaime Garzón, sino que hizo lo propio con Maribel Montoya, a quien le ofreció dinero y prometió comprarle a cambio de su falsa versión, llevándolos inclusive a ambos hasta las instalaciones del DAS donde se entrevistaron con el doctor Emiro Rojas” (se ha resaltado y subrayado).

Finalmente, el Juez Penal decidió compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la comisión del delito de falso testimonio en que habrían incurrido los señores María Amparo Arroyabe Montoya, Maribel Jiménez Montoya, Wilson Raúl Ramírez Muñoz, Bernardo Quintero Montoya y Wilson Javier Llano Caballero, alias “El Profe”, así como también ordenó “investigar la conducta de los funcionarios del DAS y demás personas que de alguna forma pudieron haber intervenido en la desviación de la investigación y en la farsa orquestada por alias El Profe(40).

2.3.7. Que en contra de la decisión consistente en absolver a los presuntos autores materiales del homicidio del periodista y humorista Jaime Garzón Forero, la Fiscalía Delegada formuló recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, a través de sentencia proferida el 19 de diciembre de 2005, en el sentido de confirmar íntegramente la sentencia impugnada, luego de concluir que,

“… [A] juicio de esta Colegiatura, coincidiendo plenamente con el razonamiento de la primera instancia, no viene demostrada la responsabilidad penal de los encartados Ortiz Agudelo y Sierra Ayala en los hechos materia del presente proceso, mostrándose por el contrario, todo un ardid enderezado a lograr su incriminación y a desviar de esa manera la investigación; no empero, como se explicó en precedencia, tal aspiración no logró concretarse, por lo que se imponía como lógica consecuencia la absolución de los mismos, más no en aplicación del instituto del in dubio pro reo, de ahí que la sentencia será confirmada, pero conforme a las razones aquí expuestas”(41) (se ha resaltado y subrayado).

2.3.8. Que luego de haberse proferido las anteriores sentencias, la Fiscalía General de la Nación continuó con la investigación tendiente a lograr la identificación y sanción de todos los autores materiales e intelectuales involucrados en el homicidio del reconocido periodista Jaime Garzón.

Dentro de la referida investigación penal se recibieron las declaraciones de varios excomandantes del grupo paramilitar denominado Autodefensas Unidas de Colombia, quienes coincidieron en manifestar que el señor José Miguel Narváez Martínez, quien se desempeñaba como oficial de reserva y catedrático de la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Militares, había persuadido al máximo jefe del grupo paramilitar Carlos Castaño Gil, para que ordenara la muerte del señor Jaime Garzón Forero, dados sus presuntos vínculos y el favorecimiento a grupos subversivos.

En ese sentido, obra la declaración rendida bajo juramento el 27 de enero de 2009 por el señor Juan Rodrigo García Fernández ante la Unidad de Fiscalías de Derechos Humanos, de la cual resulta pertinente transcribir los siguientes apartes:

En el año 1998 conocí en Bogotá al señor José Miguel Narváez Martínez, quien me fue presentado por el General Rito Alejo del Río, en el Comando de la Brigada 13, en una reunión en la que acudí para solicitar información sobre minas anti personas en Colombia. En ese momento, el doctor Narváez supo que yo coordinaba un seminario de la Universidad de Antioquia y me manifestó que a través de una ONG que él dirigía y que pertenecía a la Brigada 20 de Inteligencia estaba apoyando dicho seminario. (…). La segunda ocasión en que hablé con el doctor Narváez Martínez fue en el primer semestre de 1999 en una conferencia para empresarios en el Hotel Intercontinental de Medellín en la cual los doctores Narváez Martínez y Carlos Diez, quien era el Presidente de la Asociación Nacional de Cooperativas Convivir, promocionaban la formación de dichas cooperativas en el Departamento de Antioquia. (…). La siguiente vez que vi al señor Narváez fue en la finca la 21 entre San pablo y Valencia, unos dos o tres días después del asesinato de Jaime Garzón, en esta ocasión recuerdo que cuando llegué el señor Castaño se encontraba en el kiosco con un grupo de personas entre quienes pude distinguir al doctor Narváez quien me saludó muy cortésmente. La primera pregunta que me hizo Carlos Castaño fue qué pensaba yo de la muerte de Jaime Garzón, yo le dije que aunque a mí no me gustaba el humor del señor Garzón si eso habían sido ellos había sido su mayor estupidez y que si yo hubiera hecho una cosa como esa jamás en la vida tendría el descaro de decir que yo la había hecho. En ese momento el Comandante Carlos Castaño inmediatamente miró al doctor Narváez quien argumentó que el señor Garzón era un guerrillero, que el señor Garzón se beneficiaba de los secuestros en los que mediaba. (…). Preguntado: Después del homicidio de Jaime Garzón y de la reunión que se llevó a cabo tres días después a este hecho. Tocó Usted el tema del homicidio de Jaime Garzón con Carlos Castaño, sobre sus autores o sobre la responsabilidad que éste pudiera tener en el hecho. Contestó: Sobre ese tema Carlos Castaño públicamente nunca reconoció su responsabilidad, pero en alguna ocasión en las muchas conversaciones que tuvimos me manifestó que sí lo habían ordenado las autodefensas y que lo había ejecutado la gente de Don Berna, esto último se hizo de público conocimiento ya en el proceso de Justicia y Paz con posterioridad a la muerte de Carlos Castaño. Él no me llegó a decir la razón concreta o quién determinó este crimen y entre nosotros quedó entendido que había sido justificado y advierto que no lo digo en el sentido de que yo lo justifique, sino en el sentido de que así lo sentía justificado Carlos Castaño por las informaciones que había recibido acerca de las actividades del señor Garzón. (…). Preguntado: Retomando al señor Narváez, usted manifestó que para la época en que lo conoció trabajaba con el Ejército. Se enteró usted en concreto qué actividad cumplía y en dónde. Contestó: El doctor Narváez me fue presentado por el General Rito Alejo del Río como instructor en la Escuela Superior de Guerra, concretamente en los temas de geopolítica y según me manifestó alguna vez mi hermano Carlos Mauricio el doctor Narváez Martínez era un hombre de mucha influencia en el Ejército, pues nadie que no pasase por su filtro en la Escuela Superior de Guerra podía llegar a ser General, lo cual resulta lógico si era profesor de una materia del curso avanzado de defensa nacional que deben aprobar todos los oficiales antes de ascender a generales. El mismo doctor Narváez fue quien me dijo que la Fundación u Organización RMB que él dirigía pertenecía a la Brigada 20 de Inteligencia de la cual por consiguiente se daba por entendido que él era un miembro. (…). Supe por algunas personas de las autodefensas que el doctor Narváez influenció mucho a Carlos Castaño y a otros miembros de esa organización puesto que en ocasiones llegaba hasta sus campamentos con maletas llenas de libros que extendía sobre una mesa queriendo presentar como pruebas irrebatibles de la verdad de sus aseveraciones y luego de lo cual tras largas jornadas de adoctrinamiento cuentan que ordenaba sacar papel y lápiz y anotar listas de personas como colectivos de abogados, justicia y paz, CINEP, Comisión Colombiana de Juristas, y a otros entes a los que él señalaba como parte de lo que él en sus discursos afirmaba era el terreno donde las instituciones estaban perdiendo la guerra frente a la subversión que era la que denominaba guerra política(42) (negrillas y subrayas adicionales).

2.3.9. En cuanto a la información suministrada por miembros de los organismos de inteligencia y seguridad del Estado al grupo de autodefensas, obra también la declaración bajo juramento del señor Iván Roberto Duque Gaviria, alias “Ernesto Báez”, rendida ante la Fiscalía Nacional de Derechos Humanos, quien respecto de ese punto informó:

“No tengo en este caso concreto [se refiere al homicidio de Jaime Garzón], noticia sobre grabaciones o personas que se las facilitaran a Carlos. Debo decirle a la Fiscalía que era el arma predilecta de él, lo de las interceptaciones telefónicas para hacerle seguimiento a las personas, esto lo digo porque él tuvo en sus manos grabaciones de las conversaciones de la doctora Piedad Córdoba con los guerrilleros que están aquí en Itagüí, con Galán, y él mismo decía que esas grabaciones le llegaban a él directamente por los organismos de inteligencia del Estado(43) (negrillas adicionales).

2.3.10. En similar sentido, el señor Jorge Iván Laverde Zapata alias “El Iguano”, en su declaración bajo juramento ante el referido ente investigador:

“Preguntado: Usted hizo referencia a unos casetes en su versión libre, estos casetes que contenido tienen y a que hacen referencia: Contestó: Esos casetes son una grabación donde habla la doctora Piedad Córdoba, se sabe que es con Galán porque ella le dice Pachito o Francisco y ella se manifiesta allí sobre Carlos Castaño, hablando con palabras de grueso calibre contra él de que es un bandido, etc. casetes que fueron conocidos también por el político Báez. Yo los escuché pero no todos, solamente un pedazo y eso fue para el mismo tiempo, finales de 1999. Preguntado: Cómo llegaron estas grabaciones a manos de Carlos Castaño. Contestó: El, Carlos Castaño, vino a hablar de esos casetes después que ya habían liberado a la senadora, y él mismo fue quien comentó que Narváez se los había llevado. Porque me di cuenta yo de eso?, porque sé que para esa fecha él sacó como diez copias para repartirlas, haciendo alusión de que Piedad Córdoba con ese vocabulario se parecía a la nena Jiménez, humorista colombiana. Preguntado: Sabe cuándo Narváez le llevó esas grabaciones. Contestó: No tengo conocimiento”(44) (negrillas adicionales).

2.3.11. Los anteriores testimonios concuerdan también con el testimonio rendido por la exsenadora Piedad Córdoba Ruíz de Castro ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación el 18 de noviembre de 1999, en la cual manifestó que durante el período que estuvo secuestrada por el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, tuvo conocimiento de conversaciones telefónicas interceptadas y entregadas a ese grupo ilegal. Sobre el particular señaló lo siguiente:

“Durante la conversación que yo tuve con Carlos Castaño se refirió primero a Jaime con el alias de Betún, y aclaro que era Jaime Garzón porque yo no sabía a quién se estaba refiriendo, decía ‘el hijuetantas humorista ese…’ lo sindicó de pertenecer al ELN de ser diplomático de la guerrilla como yo, y tenía la grabación de una conversación alrededor de una reunión que se llevó a cabo en la casa de Garzón y que tenía que ver con la liberación de los secuestrados del avión de Avianca. Según lo que observé y escuché, sus llamadas telefónicas eran interceptadas y transcritas, yo observé las transcripciones, y Carlos Castaño inclusive me leyó un pedazo de una conversación. (…). Era una conversación larga, insisto en que eran varias grabaciones porque él también tenía las mías y daba la sensación de que Jaime hablaba con alguien de la guerrilla. No recuerdo de qué hablaban, primero porque eran las cuatro de la mañana, habíamos tenido una conversación demasiado acalorada con Carlos Castaño, fuera de eso yo estaba muy indignada por darme cuenta que él tenía las conversaciones mías, de Jaime y mencionó los nombres de otras personas pero no conversaciones como Serpa, Rodrigo Pardo, Alfredo Molano y María Ema Mejía. (…). En ningún momento me dijo que lo iba a matar, pero los términos en los que se refirió a él eran muy malos. Nunca me dijo que lo iba a matar, pero todo el tiempo se refirió a él con un odio espantoso. Insistía en que Garzón era de la guerrilla y que para él era un hampón. La actitud de él era como tratando de exponerme que tenía pruebas contra mí y contra Jaime Garzón(45) (negrillas adicionales).

Destaca la Sala que la anterior declaración rendida en el proceso penal por la señora Piedad Córdoba de Castro, resulta similar al testimonio que rindió ante el a quo dentro del presente proceso contencioso administrativo el 15 de diciembre de 2003, específicamente, en esta ocasión resaltó que, mientras estuvo secuestrada por el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, observó en su poder varias comunicaciones telefónicas transcritas tanto de Jaime Garzón como de ella(46).

2.3.12. En desarrollo de esa investigación penal, la Fiscalía Trece de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a través de resolución del 28 de septiembre de 2009 ordenó la apertura de la instrucción con la consecuente vinculación mediante diligencia de indagatoria en contra del señor José Miguel Narváez Martínez(47).

Posteriormente, el 17 de junio de 2011, esa misma Fiscalía profirió resolución de acusación en contra del señor Narváez Martínez, como determinador del delito de homicidio agravado en contra de Jaime Garzón Forero. Decisión que se fundamentó en las siguientes consideraciones (se transcribe de forma literal):

Sobre la responsabilidad que frente a estos hechos [se refiere al homicidio de Jaime Garzón Forero] le asiste al señor José Miguel Narváez Martínez, obra dentro del plexo procesal prueba testimonial que da cuenta no sólo de sus vínculos con el máximo comandante de las autodefensas de aquélla época, señor Carlos Castaño, condenado como autor intelectual de la muerte de Jaime Garzón Forero, sino de su participación en el fatídico acontecimiento a título de determinador.

“(…).

Según prueba testimonial, el señor Narváez era una persona que manejaba información sobre personas y organizaciones que consideraba vinculadas con la guerrilla o con pensamiento de izquierda, de las cuales obtenía datos a través de seguimientos, búsqueda en bases de datos e interceptaciones; misma que al parecer, era utilizada para entregarla a sus alumnos en los campamentos de la organización al margen de la ley de las Autodefensas Campesinas de Colombia. (…). Concatenando los medios probatorios en precedencia, se puede deducir que el comportamiento endilgado por los integrantes de las autodefensas a José Miguel Narváez de ser la persona que para el año 1997 llevó a una capacitación nombre y datos de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, acusadas de tener vínculos con la guerrilla y que para 1999, entregó en audio transliteradas unas conversaciones sostenidas por Piedad Córdoba con un miembro del ELN, guarda consonancia con el proceder que le achacaban para 2003 funcionarios del DAS, en cuanto a que era él quien ordenaba los blancos que serían objeto de seguimientos e interceptaciones, los cuales no eran otros que organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, opositoras del gobierno nacional y señaladas de servir a la guerrilla.

“(…).

“Entonces, si para aquel momento Carlos Castaño tenía transliteradas conversaciones tanto de Piedad Córdoba con Francisco Galán, como de Jaime Garzón, si de acuerdo con los dichos de las personas cercanas a Carlos Castaño, esas conversaciones transliteradas y en audio, le fueron llevadas por José Miguel Narváez, la misma persona que se refirió al periodista como un guerrillero que se beneficiaba de los secuestros en que mediaba —según el testimonio de Juan Rodrigo García—, la que le llevaba información a Carlos Castaño, proveniente de organismos de seguridad del Estado y la que en sus charlas frente a la comandancia sobre inteligencia militar según lo manifestado por Iván Duque les hacía consignar en el papel los nombres e información general de personas calificadas por él como guerrilleros que tenían que ser asesinados como lo relató Fredy Rendón Herrera, y que acompañaba esos señalamientos con pruebas documentales, es dable inferir que fue José Miguel Narváez quien le suministró a Carlos Castaño la información sobre sus actividades en el campo de la intermediación de secuestros.

“(…).

“Se encuentra plenamente acreditado mediante prueba testimonial aducida por los paramilitares Diego Fernando Murillo Bejarano alias Don Berna, Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez; entre otros, y por los mismos integrantes de la Banda la Terraza, quienes atribuyeron su participación en los hechos investigados, reconociendo no sólo su responsabilidad como autores materiales del abominable homicidio en la humanidad del periodista y humorista Jaime Garzón Forero, sino la participación del Ejército, haciéndole estudio de inteligencia porque lo vincularon a la guerrilla ya que él tenía que ver con los secuestros y estaba ganando dinero; razón por la cual, según el vocero de la Banda La Terraza, el Ejército dio la orden a Carlos Castaño y éste a su vez, a ellos a través de Elkin para llevar a Cabo el plan criminal. (…).

“Adicionalmente, de lo informado por los miembros de la Terraza se aduce la vinculación existente para el momento de los hechos entre la organización armada ilegal liderada por Carlos Castaño con altos mandos militares del Ejército Nacional, dejándose entrever el apoyo brindado por organismos del Estado al suministrar información a las autodefensas sobre personajes que han sentado su posición frente al gobierno; quienes han sido perseguidos, ese precisamente fue el caso de Jaime Garzón, personaje muy querido por todos los colombianos, quien se dedicó a gestionar una labor humanitaria relacionada con la intermediación ante la guerrilla para liberar a plagiados, circunstancia que le costó la vida.

Aunado a lo anterior, advierte el despacho la estrecha relación que coexistió entre el señor José Miguel Narváez Martínez, aquí procesado, con la cúpula militar del Ejército Nacional, estableciéndose, sin lugar a dudas, que fue el oficial de la reserva del Ejército, catedrático de la Escuela Superior de Guerra, profesor en varias escuelas de formación militar para el ascenso de oficiales y suboficiales, contaba con un curso integral de Defensa Nacional en ese mismo establecimiento, al que sólo accede un grupo privilegiado de personas y dictaba cátedra de ideologías políticas en la Escuela de Inteligencia, sin descontar que daba charlas sobre el Partido Comunista Clandestino Colombiano, el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia de las FARC y otros temas de Seguridad Nacional y Defensa Nacional.

Estas relaciones y su formación académica y profesional bien podían ser interpretadas por los testigos, como señal de una persona con vínculos estrechos con las Fuerzas Armadas de Colombia e influyente en ese medio, máxime cuando en el año 2002 hizo parte del equipo de empalme para el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el DAS.

“(…).

Así las cosas, dentro de la presente actuación se estableció la presencia frecuente de José Miguel Narváez, catedrático de las Fuerzas Militares, en los campamentos paramilitares, suministrando instrucciones precisas y poniendo en evidencia su ideología, difundiéndola a las cabecillas de esa agrupación ilegal, y especialmente al máximo líder de las Autodefensas Carlos Castaño, con quien mantuvo excelentes lazos de amistad, llegando a convertirse en aliado y depositario de una gran confianza, hasta el punto que le dio a conocer documentos e información que resultaban de gran utilidad para los propósitos y fines de la organización armada ilegal.

El vínculo significativo que ostentaba José Miguel Narváez, hombre influyente y de gran prestigio en las fuerzas militares frente al líder de la agrupación armada ilegal Carlos Castaño, la confianza que le tenía, su función como asesor y el contenido de sus charlas de adoctrinamiento, le permitía instigarlo, inducirlo, aconsejarlo, transmitirle la idea de eliminar a personas que les incomodaban frente a sus finalidades e intereses; tal es el caso de Jaime Garzón quien fuera tildado como guerrillero, comoquiera que estaba desarrollando una gestión como intermediario en los casos de secuestros cometidos por la guerrilla en esa zona del país, y en verdad lo consiguió, pues con voluntad y consciencia Carlos Castaño Gil ordenó su muerte a la Banda La Terraza.

Es más, no puede pasar desapercibido que dentro del proceso penal adelantado por la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia contra el señor José Miguel Narváez Martínez por el delito de concierto para delinquir, por hechos ocurridos al interior del DAS, cuando un grupo de servidores de esa institución se concertaron para perpetrar conductas en contra de organizaciones defensoras de derechos humanos, políticos, periodistas y personalidades que en sentir de los concertados eran opositores al gobierno nacional.

Los testigos se han referido al aquí procesado como la persona bajo cuyas órdenes iba a funcionar el Grupo G-3, quien además seleccionó las ONGs que serían blanco del grupo y encargó obtener información sobre las mismas, grupo que hacía seguimientos ilegales e interceptaciones telefónicas, conducta última que se compadece con el señalamiento que se hiciera a José Miguel Narváez de llevar información a Carlos Castaño de personas consideradas guerrilleras y de haberle entregado los casetes con las conversaciones de Piedad Córdoba. (…).

Lógico es concluir, que si el aquí sindicado le entregó semejante información a Carlos Castaño, reconocido por su temperamento irritable y por su odio profundo a la sociedad, sentimiento que le inspiraba el inmolado periodista y humorista Jaime Garzón —según lo referido en prueba testimonial—, lo hizo con el dolo, conocimiento y voluntad a efectos que tomara la decisión de eliminarlo del camino, como ciertamente ocurrió. (…).

Los elementos de juicio nos permiten afirmar que José Miguel Narváez Martínez de manera dolosa, alimentó en el máximo comandante de las Autodefensas la idea de eliminar a Jaime Garzón, por quien de hecho sentía animadversión, pues lo tildaba de ser guerrillero y que negociaba secuestros, incidiendo en Carlos Castaño con el fin de que surgiera en él la decisión de ordenar su muerte(48) (negrillas y subrayas adicionales).

2.3.13. La anterior decisión fue confirmada íntegramente por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., a través de proveído del 31 de agosto de 2011, del cual resulta pertinente y conducente citar los siguientes apartes:

“El señor Narváez se ha mostrado siempre ajeno no sólo a la participación en estos hechos, sino que ha rechazado rotundamente haber tenido nexos o conocer siquiera a Carlos Castaño, situación que con las declaraciones obrantes en el proceso, se encuentra plenamente desvirtuada, pero además afirmó nunca haber tenido relación alguna o cercanía con el DAS o con alguna otra entidad que le permitiera acceder a interceptaciones telefónicas o procedimientos de esta clase, por lo que no es coincidencia, que obre prueba documental a folio 270 y siguientes del cuaderno 26, en la que se observa que dentro del contrato que José Miguel Narváez Martínez suscribió con el Ministerio de Defensa a través de Fondelibertad, la cláusula sexta del contrato reza: ‘… Prestar asesoría organizacional y administrativa en la implementación de los contratos y vigilancia en el cumplimiento de los mismos para los proyectos de creación de una Sala Técnica de Interceptación Telefónica Móvil PCS’ y en la cláusula séptima se estipuló: ‘… Prestar asesoría en la recopilación de toda la información disponible en el país acerca de las posibilidades de interceptación táctica de sistemas de telefonía móvil que pueda ser usada por los Gaulas, de donde sin temor a equivocarnos se puede afirmar que el señor Narváez faltó a la verdad en sus manifestaciones, pues entre otros ha indicado que su única labor al servicio del Estado fue durante los 4 meses y 25 días que prestó sus servicios al DAS, olvidando que desde antes de vincularse formalmente ya prestaba una asesoría externa en esa misma entidad y que tal y como se expuso en precedencia, también prestó sus servicios al Ministerio de Defensa Nacional a través de Fondelibertad, estructurándose con esto y con la prueba testimonial recaudada, el indicio de mentira.

“(…).

“Igualmente, en lo atinente a la relación que entre su cliente y el Ejército Nacional hubo, obra constancia expedida por el entonces Director de la Escuela Superior de Guerra, quien certificó que en el año 1999, el sindicado dictó en total 11 horas de clase en esa institución, situación que explica el conocimiento que sobre este aspecto tenían los jefes paramilitares que aquí declararon y quienes indicaron que el señor Narváez también dictaba cátedra a los mandos militares(49) (negrillas y subrayas adicionales).

2.3.14. De igual forma, resulta necesario tener en cuenta que la Fiscalía Novena Adscrita a la Dirección de Análisis y Contextos, profirió resolución de acusación el 29 de septiembre de 2014 en contra del señor José Miguel Narváez, por el delito de tortura agravada de la que fue víctima la periodista Claudia Julieta Duque Orrego, quien entre los años 2001 y 2004 se encontraba, precisamente, realizando una investigación por el homicidio del periodista Jaime Garzón. De la referida decisión resulta pertinente transcribir los siguientes apartes, a efectos de determinar la relación de esa investigación con la presente acción indemnizatoria (se transcribe de forma literal):

“Como se desprende de la prueba documental y testimonial antes refrendada, se estableció que la señora Claudia Julieta Duque comunicadora social y periodista, (…). Así mismo, para la época de los hechos ejercía como periodista, era persona cercana al dr. Alirio Uribe Muñoz, parte civil dentro de la actuación que se surtió por el homicidio del también periodista Jaime Garzón Forero, desarrolló una labor investigativa independiente en este caso, tal y como lo expresa el profesional del derecho en diligencia de declaración, como obra en el documental del programa Contravía transmitido el 17 y 24 de septiembre del año 2003, en el que concluyó que la investigación que se adelantó en contra de los posibles autores materiales fue un montaje del DAS, tesis que fue expuesta en el juicio que se siguió ante el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá; para el año 2003 hizo parte como periodista investigativa en casos de homicidios a periodistas y en violaciones a los derechos humanos y al DIH. Asesoró al colectivo de abogados José Alvear Restrepo CCAJAR, que fue uno de los blancos u objetivos de interés del grupo especial de inteligencia 3 o “G3” al interior del DAS, en la operación Transmilenio, tal y como se establece de la prueba documental y testimonial enunciada en precedencia, circunstancias por las que fue torturada psíquicamente.

“(…).

“Es de resaltar, que para inicios del año 2003, y dentro de la línea de tiempo, se debe ubicar como un hecho relevante la creación al interior del DAS del grupo especial de inteligencia 3 o “G3”, (según se deprende de lo vertido por Ovalle Olaz), donde entre otras operaciones, llevaban a cabo la “Transmilenio” y la “Filtración”. La primera de ellas, tenía como finalidad verificar los posibles vínculos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo (del que hizo parte la víctima), con grupos subversivos, entre estos, las FARC y el ELN; mientras que la segunda hace referencia a las interceptaciones de correos electrónicos, llamadas intimidantes, seguimientos, actividades de infiltración y vigilancias hacia la periodista, defensora de derechos humanos y ex miembro del citado colectivo señora Claudia Julieta Duque Orrego; entonces la hoy víctima, ya no solamente sería blanco de interés de esa institución, por haber participado activamente en el caso Garzón Forero, sino también, por ser miembro de la citada ONG.

Para este periodo Narváez Martínez, tal y como se evidencia en prueba testimonial, fue uno de los gestores y permanente asesor del grupo especial de inteligencia 3, “G3” obrando de esa manera como agente externo del DAS contratado única y específicamente para orientar la naciente estructura ilegal, y en tal calidad y con beneplácito del director del citado departamento, ejerció un papel preponderante al interior del mismo, con amplias facultades, entre estas, la de sugerir o nombrar al líder de esta colectividad Jaime Fernando Ovalle Olaz, y la de decidir sobre los blancos de interés de este grupo, que incluían a la víctima.

Se presenta un segundo periodo que data desde mediados del 2003 y el año 2004, en el cual la víctima continua con su investigación periodística sobre el caso de Jaime Garzón Forero, documental que fue presentado en trasmisiones del programa Contravía dirigido por Hollman Morris los días 17 y 24 de agosto del año 2003, evento que ocasionó la intensificación de los actos de tortura en su contra, reflejados en amenazas, seguimientos, vigilancias, interceptaciones de correos electrónicos, llamadas intimidantes y hostigamientos, como por ejemplo, el ramo de flores enterrado con el tallo por fuera que fue dejado en la portería de su apartamento. (…).

Por lo anterior, considera la delegada que la circunstancia en precedencia originó que la hoy víctima fuera incluida como un objetivo del DAS, no solamente por el caso Garzón Forero en particular, o como miembro del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, sino además como ‘traficante de Derechos Humanos’, al ser escuchada en una conversación que se registró en un abonado fijo interceptado en una actuación en la que se investigaban posibles nexos con grupos armados al margen de la ley.

Al igual que en el año 2003, José Miguel Narváez no se encuentra vinculado oficialmente al Departamento Administrativo de Seguridad DAS; sin embargo, en declaraciones de funcionarios de la época, como se indicará más adelante, lo señalan y reconocen en calidad de asesor externo del despacho del director del departamento, como asesor de la estructura ilegal del “G3” y como fuente humana al servicio de dicha institución; entonces, es una inferencia lógica afirmar que Narváez Martínez en su rol de asesor de las actividades encaminadas a obtener la información requerida por la citada estructura, y en el análisis de la misma, debió tener conocimiento pleno del accionar desplegado en contra de la comunicadora social, y por lo consiguiente desempeñaría un papel de vital importancia en los fines propuestos no solamente al interior de esta colectividad ilícita, sino también en altas esferas del departamento.

“(…).

“De lo anterior se infiere el rol de Narváez Martínez dentro del precitado grupo, y no solo como un determinador de las tareas del mismo, sino igualmente como un ejecutor, o coordinador de la ejecución de las actividades de inteligencia allí adelantadas. Así entiende este despacho la aclaración que hace el testigo al indicar que quien: ‘de manera específica trabajaba con nosotros era el doctor José Miguel Narváez’, desde la creación del cuestionado grupo especial de análisis de inteligencia ‘G3’.

“(…).

Sumado a lo anterior, no podemos pasar por alto los supuestos vínculos de Narváez Martínez con grupos al margen de la ley concretamente con las Autodefensas Unidas de Colombia, que se han detallado, a través de declaraciones de comandantes de estas organizaciones en versiones brindadas ante la unidad nacional para la justicia y paz, y en el marco de procesos, adelantados en las actuaciones por los homicidios del senador Manuel Cepeda Vargas y el humorista y periodista Jaime Garzón Forero, así como en el secuestro de la ex senadora de la república Piedad Córdoba; entre estos, tenemos a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, quien dijo que Narváez era ‘miembro orgánico’ de las autodefensas, y comenta sobre la orientación ideológica otorgada por el citado sindicado a dicha colectividad; Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’, que informa sobre conferencias a las que citaba Carlos Castaño, y que contaban con Narváez como expositor: ‘…solo tuve contacto con él [Narváez] cuando dio la conferencia a las convivir y en las conferencias, que fueron de varios días’; Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’ que refiere que Narváez visitaba frecuentemente a Carlos Castaño, que eran amigos, y que en una oportunidad lo vio portando una o dos maletas dentro de las cuales traía documentos, casetes y videos y manifiesta que ‘… para Carlos Castaño, Miguel Narváez era un dios, él llevaba listas a Carlos de los enemigos de la democracia, era enormemente influyente, la recepción que le hacía Carlos era grande ya que era un hombre muy respetado por las Fuerzas Armadas, él se quedaba, en las fincas de Carlos atendido a sus anchas’. Rodrigo Pérez Álzate, alias ‘Julián Bolívar’, quien de oídas señala a José Miguel Narváez, como una persona muy cercana al paramilitarismo, al respecto dice: ‘…era un hombre muy allegado a Carlos Castaño, que era uno de sus asesores o consejeros, que hacía parte del grupo que él llamaba el grupo de los seis, inclusive dicen los comentarios que el señor Narváez dictaba charlas de política antimarxista y lucha antisubversiva…’. Igualmente y respecto del papel de conferencista de los grupos paramilitares habló Jesús Emiro Pereira Rivera, escolta personal de Carlos Castaño, mencionando que recuerda haberlo visto a Narváez en 1998, cumpliendo tareas de adoctrinamiento y formación política de miembros de los grupos paramilitares.

“Entonces es una inferencia lógica el afirmar que el amplio conocimiento que ostentaba José Miguel Narváez en temas de inteligencia, que le permitió ejercer sus asesorías al Ministerio de Defensa (Junta de Inteligencia Conjunta), a las Fuerzas Militares, a la Presidencia Ejecutiva de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), amén de su desempeño como docente en diferentes instancias educativas adscritas a las Fuerzas Armadas, aunado a sus muy probables relaciones con los grupos paramilitares a altas instancias, le permitió ser tenido en cuenta como pilar de experiencia y conocimiento en la gestación, funcionamiento y asesoría del trabajo clandestino llevado a cabo por el famoso grupo especial de inteligencia ‘G3’, que a la postre desencadeno actividades ilegales que atentaron no solamente contra la seguridad pública, sino también, contra el derecho a la autonomía como se evidencia en el presente caso en el que se torturó gravemente a Claudia Julieta Duque Orrego, periodista, defensora de derechos humanos y ex miembro del colectivo de abogados José Alvear Restrepo”(50) (negrillas adicionales).

2.3.15. Finalmente, cabe destacar que el Juzgado Sexto Especializado del Circuito de Bogotá a través de sentencia proferida el pasado 26 de julio de la presente anualidad, condenó al señor José Miguel Narváez Martínez a la pena de ocho (8) años de cárcel, por hallarlo responsable del delito de concierto para delinquir e interceptación ilegal de comunicaciones durante el período 2003 a 2005, mientras prestaba sus servicios al hoy extinto DAS, hechos de los cuales fueron víctimas defensores de derechos humanos, ONGs, jueces, magistrados, periodistas y, en general, personas que pudieran representar oposición frente al gobierno nacional de la época(51).

En relación con las dos decisiones antes referidas, debe señalarse que si bien no fueron aportadas al proceso, lo cierto es que de dichas decisiones están referidas en varias oportunidades en el proceso penal adelantado por el homicidio del periodista Jaime Garzón Forero, razón por la cual, la Sala con base en el principio de flexibilización de estándares probatorios en materia de violaciones graves a derechos humanos, valorará dicha prueba documental consultada a través de internet, amén de que dicha información es de público conocimiento y está relacionada directamente con el presente caso.

2.3.16. Que dentro de la investigación tendiente a lograr la identificación y sanción de los responsables materiales e intelectuales del homicidio del reconocido periodista Jaime Garzón Forero, la misma Fiscalía Trece de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a través de resolución de 13 de agosto de 2012, dispuso decretar la vinculación procesal del señor Coronel (R) Jorge Eliécer Plazas Acevedo(52). Asimismo, una vez culminada la etapa instructiva, la referida fiscalía profirió resolución de acusación el 17 de julio de 2014 en contra del señor Plazas Acevedo como coautor del delito de homicidio agravado, por considerar que en su calidad de Jefe de la Sección de Inteligencia ordenó seguimientos ilegales en contra del periodista Jaime Garzón, informaciones éstas que fueron posteriormente suministradas a las Autodefensas, como parte de un plan para quitarle la vida, como en efecto ocurrió.

Los argumentos que sirvieron de apoyo a la instancia en comento para adoptar la referida decisión fueron, en lo sustancial, los siguientes:

“En virtud de la prueba recopilada dentro del plexo procesal, es evidente que Jaime Garzón Forero fue señalado objetivo militar por parte del extinto comandante paramilitar Carlos Castaño, tildándolo como subversivo en razón de su labor humanitaria como intermediario para la liberación de secuestrados por parte de la guerrilla y las familias de éstos; además se encuentra generosamente acreditada la relación que existió entre las Autodefensas Unidas de Colombia e Inteligencia Militar, en cabeza del hoy vinculado coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, hasta el punto de disponer su hostigamiento, infiriendo lógicamente que esta acción se realizó con el propósito de ejecutarlo, como en efecto ocurrió. (…).

“En similar sentido, se encuentra establecido que el señor Jorge Eliécer Plazas Acevedo, se desempeñó como Jefe de la Sección de Inteligencia de la Brigada XIII, desde el mes de agosto de 1998, trasladado de la Brigada 17 con Sede en Carepa, perteneciendo al arma de inteligencia en la ciudad de Bogotá hasta el 20 de agosto de 1999, cuando fue llamado a calificar servicios.

“(…).

“Obran suficientes elementos materiales probatorios de carácter testimonial y documental, apuntalando que la gestión humanitaria desarrollada por el inmolado Jaime Garzón Forero, respaldada por la oficina del Zar antisecuestro para intervenir en temas relacionados con el conflicto; tales como la intermediación de víctimas del secuestro por parte de la guerrilla y sus familias, para lograr su liberación, le ocasionó amenazas de muerte, proferidas concretamente por Carlos Castaño Gil, máximo comandante de las AUC, quien lo catalogó como ‘diplomático de la guerrilla’, siendo declarado objetivo militar; sin soslayar que este suceso suscitó críticas de altos mandos militares. (…). Evidenciándose sin lugar a dudas que su homicidio tuvo como propósito causar temor y zozobra a la ciudadanía, emitiendo una recomendación a quienes ejercían similar trabajo, así como a los familiares de los secuestrados, en el sentido que éste procedimiento no era aceptable.

“(…).

“Se encuentra acreditado dentro del plexo procesal, mediante prueba testimonial aducida por los paramilitares Diego Fernando Murillo Bejarano alias Don Berna, Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez que los ejecutores materiales del homicidio de Jaime Garzón Forero fueron integrantes de la Banda La Terraza, cumpliendo órdenes de Carlos Castaño Gil, siendo ellos mismos quienes reconocieron su responsabilidad como autores materiales, así como la participación del Ejército en estos hechos; afirmando que le hicieron estudio de inteligencia, porque lo habían vinculado a la guerrilla, ya que él tenía que ver con los secuestros y estaba ganando dinero, según lo manifestado por el vocero de esta agrupación criminal.

“De lo anterior, se infiere la relación existente entre la organización armada ilegal liderada por Carlos Castaño Gil con miembros de inteligencia adscritos al Ejército Nacional de Colombia, dejándose entrever el apoyo brindado por organismos del Estado al suministrar información a las autodefensas sobre personajes que han sentado una posición frente al gobierno; ese precisamente fue el caso de Jaime Garzón, brillante periodista y humorista, querido y recordado por todos los colombianos de bien.

“La persecución y hostigamiento de que fue objeto Jaime Garzón Forero cobra fuerza con el allanamiento realizado el 6 de febrero de 2001 a la residencia del ex militar e informante del Ejército para el año 99, Evangelista Basto Bernal, donde se hallaron documentos e informes de inteligencia de los seguimientos que éste realizaba a supuestos miembros de la subversión, estableciéndose que entre las personas vigiladas por inteligencia militar, se encontraba el periodista Jaime Garzón Forero. 

“(…).

“Nótese que los graves señalamientos realizados por el postulado, hoy vinculado procesalmente a la investigación, Diego Fernando Murillo alias Don Berna, en contra del hoy sindicado, demuestran sin lugar a dudas la responsabilidad penal que le asiste al coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, en calidad de Jefe de la Sección de Inteligencia adscrita a la Brigada XII del Ejército Nacional de Colombia, en los acontecimientos sub examine, pues emanan de una persona muy cercana al extinto comandante paramilitar Carlos Castaño Gil, condenado por estos hechos, amén que Don Berna para la época lideraba la Banda La Terraza, a órdenes de su comandante, conociendo todas las actividades delictuales previstas y fraguadas dentro de la empresa criminal, las cuales eran coordinadas con inteligencia militar del Ejército Nacional, en cabeza del señor Coronel (r) Plazas alias Don Diego, vinculado al secuestro y homicidio de un industrial judío; evento que se encuentra probado dentro de las diligencias.

“Adicionalmente, menciona al señor acusado Narváez Martínez, profesor de la Escuela Superior de Guerra, quien entregó a Carlos Castaño información relacionada con el periodista Jaime Garzón referente a su labor como facilitador de secuestros; razón por la cual Carlos Castaño ordenó la ejecución del comunicador social, encomendando para esta labor a los miembros de la temible banda La Terraza, quienes viajan a Bogotá y con ayuda de inteligencia militar perpetran el homicidio del periodista; atestación que ofrece gran grado de credibilidad a este operador judicial, no sólo porque coincide íntegramente con la hipótesis delictiva de la investigación, sino porque concuerda con todos los elementos materiales probatorios descritos a lo largo de este pronunciamiento”(53) (negrillas y subrayas adicionales).

2.3.17. Resalta la Sala que al presente proceso se allegó copia de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2002 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, a través de la cual se condenó al Coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo a la pena de cuarenta (40) años de prisión como autor responsable de los delitos de homicidio y secuestro extorsivo —agravados— y concierto para delinquir para el secuestro, delitos de los que resultó víctima el empresario Benjamín Khoudari Rubén, entre el 30 de octubre de 1998 y el 1º de enero de 1999, cuando fue ultimado por sus captores. De acuerdo con dicha sentencia, el señor Plazas Acevedo valiéndose de su condición de Jefe de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército Nacional con sede en Bogotá, planeó y ejecutó en compañía de algunos subalternos los referidos delitos, para lo cual, utilizaron medios de comunicación de la institución militar para interceptar las conversaciones de su víctima, así como también utilizaron armas, uniformes y vehículos de esa misma institución castrense(54).

Finalmente, estima la Sala necesario advertir respecto de las anteriores pruebas penales, que, aún cuando el proceso penal adelantado por el homicidio de Jaime Garzón frente a los señores Narváez Martínez y Plazas Acevedo no ha terminado, ello no es óbice para valorar las pruebas recopiladas en dicho proceso penal, ya que como esta Sección del Consejo de Estado ha expuesto en reiteradas oportunidades, se trata de procesos diferentes y autónomos entre sí, de allí que, la decisión adoptada en uno no condiciona la de los demás, en razón a que versan sobre tipologías de responsabilidades diferentes. Así, el proceso penal se refiere a la responsabilidad personal del agente, mientras que el contencioso administrativo recae sobre la responsabilidad del Estado(55).

De igual forma, respecto de las providencias citadas anteriormente, cabe precisar que si bien tales decisiones no tienen efectos de cosa juzgada en la acción de reparación directa, máxime porque algunas de ellas son apenas resoluciones de acusación, lo cierto es que de acuerdo con lo dicho por esta Sección del Consejo de Estado(56), ello no obsta para desconocer el valor probatorio que las mismas puedan tener en este proceso; por lo tanto, las providencias penales pueden servir de apoyo de la decisión de reparación, dado que al igual que las demás probanzas del proceso constituyen pruebas de las circunstancias de ocurrencia del hecho dañoso, amén de que de ellas también se pueden inferir los demás elementos de la responsabilidad estatal, como lo son el hecho, la autoría del agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se insiste, ese valor de las providencias penales no surge del hecho de que las mismas produzcan efectos de cosa juzgada sobre la acción de reparación, sino porque esas decisiones constituyen una prueba documental para el proceso, que al igual que las demás probanzas, al ser analizadas en conjunto, pueden brindar al juez contencioso convencimiento sobre los elementos de responsabilidad.

2.4. Contenido y alcance de la prueba indiciaria en casos de violaciones graves de derechos humanos(57). 

Los jueces pueden encontrar acreditados los supuestos de hecho de una demanda por vía de medios probatorios indirectos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que dicho análisis exige. Sobre tal proceso de inferencia lógica la Corte Suprema de Justicia ha precisado que,

“El indicio es un medio de prueba crítico, lógico e indirecto, estructurado por el juzgador a partir de encontrar acreditado por otros medios autorizados por la ley, un hecho del cual razonadamente, y según las reglas de la experiencia, se infiera la existencia de otro hasta ahora desconocido que interesa al objeto del proceso, el cual puede recaer sobre los hechos, o sobre su agente, o sobre la manera como se realizaron, cuya importancia deviene de su conexión con otros acaecimientos fácticos que, estando debidamente demostrados y dentro de determinadas circunstancias, permite establecer, de modo más o menos probable, la realidad de lo acontecido”(58).

En similares términos, la jurisprudencia de esta Sección respecto de la prueba indiciaria ha precisado que,

“… en hechos en los que en principio no resulta posible identificar a sus autores materiales, la prueba indiciaria resulta idónea y única para determinar la responsabilidad, pues aquélla compagina elementos debidamente comprobados para arribar con ellos a la certeza de otros y así mismo endilgar responsabilidad a los inculpados.

“Se trata de un medio de prueba permitido que demanda la demostración del hecho indicador, para así tener como probado el inferido(59). En este escenario, la existencia de una serie de hechos acreditados por cualquiera de los medios probatorios previstos por la ley, estrechamente vinculados con el ilícito, conducen necesariamente a la imputación de la responsabilidad(60). Los indicios se constituyen en la prueba indirecta por excelencia, pues a partir de un hecho conocido y en virtud de una operación apoyada en las reglas de la lógica y en las máximas de la experiencia, se establece la existencia de un hecho desconocido”(61).

En casos similares a los analizados en el presente asunto, en los cuales se ha utilizado la prueba y/o razonamiento indiciario para derivar responsabilidad al Estado por la ejecución extrajudicial de personas, la jurisprudencia de esta Sección ha discurrido de la siguiente forma:

“… La muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon (sic) Jairo Quintero Olarte fue una ejecución extrajudicial, causada por agentes de la Policía Nacional (hecho indicado). Esa conclusión se impone dada la fuerza y contundencia de los hechos indicadores los cuales llevan a la lógica conclusión de que en la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte, tuvieron participación activa miembros de la Policía Nacional, en el marco de una serie de ejecuciones extrajudiciales que se llevaron a cabo en el municipio de Yarumal a partir del mes de junio de 1993.

“En efecto, resalta la Sala que si bien el material probatorio analizado es escaso, el mismo resulta suficiente para tener como ciertos los hechos que indican la conclusión a la que ha arribado la Sala, los cuales en síntesis son: (i) los homicidios selectivos que desde junio de 1993 se presentaban en el municipio de Yarumal, Antioquia, acerca de los cuales la comunidad acusaba a miembros del Ejército y de la Policía Nacional como partícipes; (ii) las vainillas recuperadas en la diligencia de levantamiento de los cadáveres de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte, fueron percutidas en el fusil Galil asignado al Teniente Juan Carlos Meneses Quintero, en calidad de comandante de la Estación de Policía de Yarumal y, (iii) en el proceso disciplinario que adelantó el Ministerio Público, por la situación de ‘limpieza social’ que se presentó en Yarumal, se concluyó que existía el suficiente material probatorio para responsabilizar por tales hechos, catalogados como ejecuciones extrajudiciales, a los agentes investigados.

“Demostrado indiciariamente que la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte fue producto de una ejecución extrajudicial en la que participaron miembros de la Policía Nacional, quienes de forma activa colaboraban con un grupo de ‘limpieza social’ que operaba en el municipio de Yarumal desde junio de 1993, resulta comprometida la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada, a la cual se le imputa el daño sufrido por los miembros de la parte actora, a título de falla del servicio”(62).

Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencia C-578/2002, a través de la cual analizó la exequibilidad del Estatuto de Roma, reconoció que “[l]a connotación de estos hechos implica que no se pueden investigar aisladamente, sino que se hace necesario hacer una revisión generalizada y contextualizada de dichos actos, pues precisamente esto es lo que singulariza a los delitos de lesa humanidad(63).

En similar sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de la prueba indiciaria en casos de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, ha precisado que cada caso debe analizarse dentro del contexto en que se produjeron tales vulneraciones, razón por la cual, “[e]l análisis de los hechos ocurridos no puede aislarse del medio en el que dichos hechos ocurrieron, ni se puede determinar las consecuencias jurídicas en el vacío propio de la descontextualización(64) (resaltado fuera de texto).

Así, pues, relacionadas las pruebas del proceso y esbozados los requisitos y elementos de la prueba o razonamiento indiciario, procede la Sala a realizar en el presente asunto los procesos lógicos que permiten establecer las circunstancias en las cuales se produjo la muerte del periodista y humorista Jaime Garzón Forero, así como la responsabilidad del Estado respecto de ese hecho.

2.5. Análisis de la Sala.

2.5.1. El daño antijurídico en el presente caso es constitutivo de una vulneración grave y sistemática de derechos humanos.

En cuanto tiene que ver con el homicidio del señor Jaime Hernando Garzón Forero en las circunstancias antes descritas, resulta claro para la Sala que ese hecho constituyó una vulneración grave de derechos humanos, habida consideración que, de acuerdo con la sentencia penal, la víctima se encontraba en situación de indefensión cuando se perpetró su ejecución y, adicionalmente, su muerte tuvo una finalidad terrorista, tal como lo estableció la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través de proveído del 22 de octubre de 2002, cuando al definir un conflicto de competencias, concluyó que,

“… Jaime Garzón era un conocido personaje de la vida nacional y que valiéndose de esa condición había mediado y estaba mediando en la liberación de numerosas personas secuestradas por la guerrilla, lo que no era del agrado del grupo armado irregular antagónico al de los secuestradores, por estimar que esa conducta propiciaba y facilitaba el atentado contra la libertad individual, y que su muerte tuvo como propósito producir escarmiento, infundir temor y llevar el claro mensaje a los intermediarios y a los familiares de los secuestrados que tal procedimiento les era inaceptable, se concluirá que el homicidio tuvo un fin terrorista(65) (negrillas adicionales).

Ciertamente, las circunstancias que rodearon la muerte del señor Jaime Garzón Forero, tal y como quedaron plasmadas, avala la calificación que del hecho se hace como constitutivo de una ejecución extrajudicial(66), amén de que —como se verá—, ese hecho se produjo en medio de un ataque generalizado y sistemático propiciado y/o auspiciado desde la institucionalidad estatal, en contra de un grupo determinado de individuos con características políticas comunes, es decir, personas que pudieran tener algún tipo de vínculo con grupos subversivos (ONGs, defensores de derechos humanos, periodistas, etc.).

Resulta claro para la Sala, de acuerdo con el material probatorio recaudado, que en la época de los hechos se presentaron actos de la más alta gravedad, en los que miembros de las fuerzas regulares del Estado se aliaron con grupos al margen de la ley —paramilitares—, para permitir y colaborar con la actividad delictiva de estos últimos. Así ocurrió en el crimen del reconocido periodista Jaime Garzón, cuya ejecución —como se verá— fue coadyuvada por miembros del Ejército Nacional.

Para la Sala es inadmisible y censurable la existencia de este tipo de relaciones entre la Fuerza Pública y grupos al margen de la ley, que nacieron con un fin vengativo para con la guerrilla, y extendieron esa pasión y odio a todos los que consideraban sospechosos de participar en actividades subversivas, sospechas que marcaron la comisión de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y derecho internacional humanitario —desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, masacres, etc.— en las que en muchas ocasiones resultaron victimas personas ajenas al conflicto(67). Por tal motivo, concluye la Sala que la ejecución extrajudicial del periodista Jaime Hernando Garzón Forero, ocurrida en ese contexto de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, es constitutiva de un crimen de lesa humanidad(68).

Pues bien, visto que el hecho que da origen a la presente acción configura conductas que en el ordenamiento internacional de derechos humanos tienen la connotación de graves violaciones a los derechos humanos y de lesa humanidad, corresponde ahora a la Sala la tarea de abordar el análisis de imputación a partir del concepto de responsabilidad agravada del Estado.

2.5.2. La responsabilidad agravada del Estado colombiano por violaciones graves de derechos humanos(69). 

Mediante sentencia proferida el 27 de abril de la presente anualidad, la Sala que integra esta Subsección del Consejo de Estado precisó que, en aquellos casos sometidos al conocimiento del juez contencioso administrativo, en los cuales se encuentren configuradas violaciones graves o sistemáticas a derechos humanos o al derecho internacional humanitario, específicamente, delitos de lesa humanidad(70) y crímenes de guerra(71), resulta procedente —y en los términos de la Convención Americana, obligada— la declaratoria de la “responsabilidad agravada del estado colombiano”, habida consideración de la naturaleza de las normas imperativas de ius cogens que resulten vulneradas(72), amén de que la Corte IDH ha realizado un desarrollo jurisprudencial en tal sentido que resulta vinculante para los jueces colombianos(73).

En relación con el contenido y alcance del concepto de responsabilidad agravada del Estado, la Sala en sentencia del 27 de abril de la presente anualidad, precisó lo siguiente:

“El juez de lo contencioso administrativo es, a su vez, juez de convencionalidad en el ordenamiento interno, es decir un juez que integra la normatividad interna con los estándares y reglas de protección del SIDH y que, por lo mismo, tiene como deber no sólo verificar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos por parte de las autoridades públicas internas, sino, también, fundamentar, a partir de esa clase de normas supraconstitucionales, el juicio de responsabilidad estatal, cuando se produzca un daño antijurídico derivado de la vulneración grave y sistemática de derechos humanos.

“(…). En línea con el anterior razonamiento, viene a ser claro que en un determinado caso, en el cual se acrediten violaciones graves a derechos humanos que impliquen la infracción flagrante y sistemática de normas ius cogens, (delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra), los jueces colombianos pueden y deben, por una parte, llevar a cabo un análisis de convencionalidad sobre la conducta del Estado, de lo cual se podría concluir por un lado, un quebrantamiento normativo internacional, y por otro lado, tienen la posibilidad de declarar en esos eventos al igual que lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la configuración de la responsabilidad internacional agravada.

En este punto, la Sala estima necesario precisar a efecto de resaltar que no en todo caso de violación de derechos humanos viene a ser procedente una declaración como la que acaba de indicarse, toda vez que una declaratoria de responsabilidad de esa índole sólo resulta procedente en aquellos casos en los cuales concurran los siguientes elementos:

— Que las acciones/omisiones que hayan generado el daño constituyan violaciones graves o flagrantes de normas imperativas de derecho internacional de ius cogens, específicamente, delitos de lesa humanidad y/o crímenes de guerra y;

— Que tales violaciones sean atribuibles o imputables, según las normas del derecho interno e internacional, al Estado colombiano”(74).

Así, pues, la Sala ha concluido sobre la necesidad de establecer una diferenciación entre las denominadas fallas o faltas administrativas a partir del examen de la naturaleza misma de las normas o derechos infringidos, pues, a pesar que desde el punto de vista del título de imputación —falla del servicio—, el juicio de responsabilidad tendría un mismo fundamento jurídico —el desconocimiento de un deber jurídico—, lo cierto es que tales violaciones graves a derechos humanos o al derecho internacional humanitario merecen, como es natural entenderlo, un juicio de recriminación más riguroso que aquel que pueda hacerse respecto de casos relacionados con otro tipo de hechos que no tengan esa connotación(75).

2.6. Imputación del daño antijurídico al Estado.

En primer lugar, debe precisarse que si bien el señor Jaime Garzón Forero, en razón de su ejercicio como periodista y colaborador en labores humanitarias relacionadas con la liberación de personas secuestradas por la guerrilla y con el asesoramiento en temas de desescalamiento de conflicto armado, había recibido amenazas contra su vida por parte del jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, las pruebas allegadas no otorgan certeza de que, en efecto, la víctima hubiera solicitado alguna medida especial de protección para él o su familia ante los entes públicos demandados. Sin embargo, en el presente caso se probó con suficiencia la configuración de una aberrante falla del servicio a cargo del Estado, la cual determinó la muerte del mencionado ciudadano.

Las pruebas del proceso dan cuenta de que la muerte del señor Jaime Garzón Forero fue determinada por el entonces máximo jefe del grupo ilegal denominado Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño Gil, quien ordenó a miembros de la banda criminal denominada “La Terraza” cometer el crimen. También está probado que por razón de ese delito fue condenado a pena privativa de la libertad de 38 años de prisión, hecho con base en el cual las demandadas han alegado la eximente de responsabilidad al atribuir a ese tercero la responsabilidad por el daño que originó la presente acción.

No obstante, es claro para la Sala, de acuerdo con el material probatorio recaudado, que en la época y el lugar de los hechos se presentaron actos de la más alta gravedad, en los que miembros de las fuerzas regulares del Estado se aliaron con grupos al margen de la ley, paramilitares, para permitir y coadyuvar la actividad delictual de estos últimos. Así ocurrió en el crimen del periodista Jaime Garzón, cuya ejecución —como se verá— fue coadyuvada por miembros del Ejército Nacional y del Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—.

Así, pues, para la Sala es claro que la muerte del señor Jaime Garzón Forero no fue consecuencia de un acto impulsivo o de venganza personal del autor intelectual del hecho, sino que estuvo secundada por miembros de la Fuerza Pública, quienes intervinieron para perpetrar ese hecho, razón por la cual, no resultaría razonable concluir que ocurrió por el hecho exclusivo de un tercero en el presente caso.

En efecto, resalta la Sala que si bien el material probatorio analizado no es completamente claro —circunstancia propia del tipo de hechos que se examinan, los cuales involucran la vulneración de derechos humanos por parte de agentes del Estado—, tales probanzas entrañan una pluralidad simétrica y resultan categóricas para tener por acreditada la responsabilidad patrimonial del Estado, a partir de los siguientes hechos indicadores:

2.6.1. Seguimientos e interceptación ilegal de conversaciones por parte de miembros de inteligencia de la Fuerza Pública en contra del señor Jaime Garzón Forero.

Se tiene probado que el hoy occiso Jaime Garzón Forero, días antes de su deceso, le comunicó a sus amigos Piedad Córdoba Ruiz y a Fernando Brito que era objeto de amenazas por parte del jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, por razón de sus actividades humanitarias para liberar personas secuestradas por la guerrilla de las FARC. De igual forma, en su declaración, la referida exsenadora manifestó que mientras estuvo secuestrada por el referido jefe paramilitar Carlos Castaño, pudo observar que éste tenía en su poder varias conversaciones transcritas entre Jaime Garzón y personal de las FARC y que, por esa razón, el referido jefe paramilitar lo consideraba “auxiliador de la guerrilla”.

En este punto cabe destacar que en la resolución de acusación proferida por la Fiscalía Trece de la Unidad de Derechos Humanos en contra del coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, se hizo referencia a una diligencia de allanamiento realizada el 6 de febrero de 2001 en la residencia del ex militar e informante del Ejército, señor Evangelista Basto Bernal, en la cual se hallaron documentos e informes de inteligencia militar sobre seguimientos a supuestos miembros de la subversión, “estableciéndose que entre las personas vigiladas por inteligencia militar, se encontraba el periodista Jaime Garzón Forero”.

En ese mismo sentido, los testimonios de los ex miembros del grupo paramilitar, señores Iván Roberto Duque Gaviria alias “Ernesto Báez” y Jorge Iván Laverde Zapata alias “El Iguano”, coincidieron en señalar que Carlos Castaño Gil recibía información de inteligencia e interceptación de comunicaciones realizada a varias personas, entre ellas, a la exsenadora Piedad Córdoba y al señor Jaime Garzón Forero, la cual era suministrada directamente por organismos de seguridad del Estado; específicamente, señalaron que recibía dicha información de personas adscritas a organismos de inteligencia del Estado, como el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien tenía el alias de “Don Diego” dentro de esa organización criminal, el cual se desempeñaba para la fecha de la muerte de Jaime Garzón como director de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército Nacional.

En efecto, el señor Iván Roberto Duque Gaviria, alias “Ernesto Báez” manifestó en su declaración que el entonces jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, personalmente le había manifestado que tales grabaciones interceptadas “le llegaban a él directamente por los organismos de inteligencia del Estado”. Por su parte, el señor Jorge Iván Laverde Zapata alias “El Iguano”, sostuvo en su declaración que el referido Jefe paramilitar le informó que dichas conversaciones interceptadas habían sido llevadas a él directamente por el señor José Miguel Narváez.

De igual forma, tales deponentes señalaron al señor José Miguel Narváez Martínez como una de las personas de confianza de Carlos Castaño Gil, de quien recibía información de inteligencia militar sobre personas presuntamente pertenecientes a la subversión. Agréguese que, para la época de la muerte del señor Garzón Forero, el señor Narváez Martínez se desempañaba como oficial de reserva y profesor catedrático de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Nacional; asimismo, para el 2002 el señor Narváez Martínez hizo parte del equipo de empalme para el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el DAS; posteriormente, fue asesor del DAS para la implementación de una oficina de Inteligencia tecnológica denominada “G3” y, más adelante, Subdirector de inteligencia de ese Departamento Administrativo, de todo lo cual se infiere que el señor Narváez Martínez desde antes de su vinculación formal al DAS, era una persona con gran influencia en la cúpula militar del Ejército Nacional, así como en los organismos de inteligencia del Estado, con poder suficiente para ordenar seguimientos e interceptaciones a personas con presuntos vínculos con la subversión.

Igualmente, se tiene acreditado que en contra del señor Narváez Martínez se han adelantado procesos por el delito de interceptación ilegal de conversaciones en contra de personas sospechosas de tener alguna relación con grupos subversivos o, que hubieren sido considerados como opositores del gobierno nacional. En uno de tales procesos la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo condenó por ese delito, mientras que en otro proceso penal, la Fiscalía Trece Delegada de Derechos Humanos profirió resolución de acusación en su contra por ser presunto responsable del delito de tortura psicológica frente a la periodista Claudia Julieta Duque Orrego, quien para el año 2001 a 2004 se encontraba realizando un reportaje investigativo sobre la muerte del periodista Jaime Garzón Forero.

A partir de tales hechos probados, concluye la Sala que las actividades de seguimiento contra el hoy occiso Jaime Garzón Forero, fueron ordenadas por las mencionadas personas que ocupaban mandos superiores dentro del Ejército Nacional, por considerar que el hoy occiso tenía vínculos con grupos subversivos o, que era “auxiliador de la guerrilla”, información que fue suministrada al jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, quien posteriormente ordenó su muerte, precisamente, por endilgarle tales vínculos con la subversión.

2.6.2. Cooperación y apoyo por parte de miembros de inteligencia de la Fuerza Pública al grupo paramilitar para ejecutar actividades delictivas.

A partir del suministro de información de inteligencia a paramilitares respecto de personas y organizaciones relacionadas con actividades humanitarias y de defensa de derechos humanos, se puede concluir sobre la existencia de relaciones de cooperación y apoyo entre el grupo ilegal y miembros de inteligencia del Ejército Nacional, cuya finalidad no era otra que la de combatir un enemigo común: la subversión y personas sospechosas de apoyar a tales grupos ilegales.

En efecto, según los testimonios de los referidos comandantes paramilitares (Juan Rodrigo García Fernández, Iván Roberto Duque Gaviria alias “Ernesto Báez” y Jorge Iván Laverde Zapata alias “El Iguano”), el entonces oficial de reserva y catedrático de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Nacional, José Miguel Narváez Martínez, tenía una estrecha relación de confianza con el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, al tiempo que indicaron que éste dictaba conferencias a comandantes y miembros de ese grupo ilegal sobre temas de instrucción militar e ideología antisubversiva.

Esos mismos declarantes también manifestaron que el señor Narváez Martínez en medio de esas conferencias mencionaba nombres de personas que presuntamente tendrían vínculos con la subversión, afirmaciones éstas que eran respaldadas con pruebas documentales recolectadas a través de seguimientos e interceptaciones realizadas por miembros de inteligencia militar.

De igual forma, en relación con el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien era el jefe de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército Nacional con sede en Bogotá, se tiene que de acuerdo con el testimonio de los referidos ex comandantes paramilitares, éste también suministraba información a mandos superiores de ese grupo paramilitar sobre personas que presuntamente tenían algún vínculo con la subversión, como era el caso del señor Jaime Garzón Forero, quien estaba siendo vigilado por esa Unidad de Inteligencia Militar.

Así las cosas, para la Sala se encuentra acreditada la entrega de documentos de inteligencia por parte de los referidos altos mandos de inteligencia del Ejército Nacional al señor Carlos Castaño Gil respecto del señor Jaime Garzón Forero, informaciones que apuntarían a vincular a éste último como colaborador de la subversión.

2.6.3. El homicidio del periodista Jaime Garzón Forero fue ordenado por el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil con el apoyo de miembros de inteligencia del Ejército Nacional.

Con base en los vínculos de colaboración y apoyo en actividades ilícitas establecidos entre miembros de inteligencia del Ejército Nacional y el grupo paramilitar para la época de los hechos, se infiere que, dadas las calidades que ostentaban los señores Narváez Martínez y Plazas Acevedo —uno como oficial de reserva y catedrático de la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Armadas y el otro como jefe de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército Nacional—, fueron aliados del jefe paramilitar Carlos Castaño Gil en la “lucha antisubversiva” y, en virtud de esa alianza criminal, tenían la potestad de trasmitirle, no sólo la información de inteligencia sobre personas u organizaciones con vínculos con la guerrilla, sino también la idea de eliminar a tales individuos, dados sus presuntos vínculos con la guerrilla, como ocurrió con el señor Jaime Garzón Forero, quien había sido amenazado por Carlos Castaño por ser, precisamente, “auxiliador de la guerrilla”, afirmación que éste hizo con base en conversaciones interceptadas por parte de los organismos de seguridad del Estado, de los cuales tales sujetos hacían parte.

En suma, para la Sala son evidentes los nexos que por la época de los hechos existieron entre el señor José Miguel Narváez Martínez y el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo con el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, e innegable la participación de los primeros en el execrable crimen cometido en contra del periodista Jaime Garzón Forero, el que facilitaron al suministrar información de sus conversaciones y movimientos.

2.6.4. Ejecución de hechos por parte de miembros del DAS para ocultar la verdad material del caso.

Ciertamente, las sentencias dictadas en el proceso penal por el Juzgado Séptimo Especializado del Circuito de Bogotá el 10 de marzo de 2004, y por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena el 19 de diciembre de 2005, concluyeron que respecto de la autoría intelectual en la muerte del periodista Jaime Garzón no había discusión alguna, esto es, que fue ordenada por el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil.

Sin embargo, los presuntos autores materiales que fueron procesados por tales hechos, señores Juan Pablo Ortiz Agudelo y Edilberto Antonio Sierra, fueron absueltos de los cargos que les fueron imputados, luego de casi cinco (5) años después del hecho, por considerar que todo el proceso en su contra “obedeció a un burdo montaje para desviar la investigación y perpetuar la impunidad de los verdaderos autores materiales”.

De acuerdo a esas mismas providencias, ese artificio se inició con el “informe Nº 3409 del DAS de Medellín de fecha 24 de septiembre de 1999”, a través del cual esa entidad de inteligencia del Estado incriminó falazmente a tales personas. Por esa razón, el Juez Penal ordenó investigar la conducta de los funcionarios del DAS y demás personas que pudieron intervenir en la desviación de la investigación, sin que hasta el momento se tenga conocimiento del cumplimiento de dicha orden.

Adicionalmente, cabe reiterar el hecho de que en contra del señor José Miguel Narváez la Fiscalía Trece Delegada ante la Unidad de Derechos Humanos profirió resolución de acusación por ser presunto responsable del delito de tortura psicológica frente a la periodista Claudia Julieta Duque Orrego, quien para el año 2001 a 2004 se encontraba realizando un reportaje investigativo sobre la muerte del periodista Jaime Garzón Forero. En dicho proveído se indicó que el sindicado, en calidad de asesor del DAS, específicamente como gestor del grupo de interceptación “G3”, ordenó el seguimiento y la amedrentación de la periodista a fin de que abandonara tales investigaciones que se encontraba realizando.

Así, pues, a partir de la acreditación de dichas circunstancias se puede deducir el afán de ocultar evidencias y desviar la investigación penal por parte de miembros del DAS, así como que la verdad material no salga a la luz, amén de que de tal comportamiento se infiere que se ha pretendido ocultar los móviles y finalidades del homicidio del señor Jaime Garzón Forero por parte de esa entidad demandada.

Adicionalmente, advierte la Sala y, así debe señalarlo, que las entidades demandadas Ejército Nacional y el hoy extinto DAS, no adelantaron investigación disciplinaria alguna —pues la misma no se allegó—, encaminada exclusivamente a esclarecer la participación de sus agentes en la muerte del periodista Jaime Garzón Forero, teniendo la facultad y el deber de hacerlo, máxime teniendo en cuenta que en esos graves hechos estaban involucrados un oficial —el Coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo— y el que posteriormente sería el Subdirector de inteligencia del DAS, sobre los cuales desde los años 2011 y 2014, se dictó resolución de acusación por ser presuntos responsables del homicidio del reconocido periodista.

2.6.5. Para la época de los hechos y, aún con posterioridad a la muerte del señor Jaime Garzón, se presentaron varias irregularidades dentro de las entidades de inteligencia de la Fuerza Pública, específicamente, hechos delictivos en los que estuvieron involucrados los señores Narváez Martínez y Plazas Acevedo.

En este punto, debe resaltarse que las mencionadas providencias dictadas en contra de los señores Narváez Martínez y Plazas Acevedo, por su participación en delitos perpetrados con la utilización de medios de comunicación y elementos de dotación oficial, permite a la Sala inferir una conducta delictiva reiterada que se realizaba desde las instituciones a las cuales prestaban sus servicios en calidad de director de inteligencia de la XII Brigada del Ejército Nacional —Jorge Eliécer Plazas Acevedo— y como asesor de inteligencia —José Miguel Narváez Martínez—.

En efecto, la anterior circunstancia fáctica revela una falta de control y extraordinaria permisividad por parte de las entidades demandadas —Ejército Nacional y DAS—, sobre las conductas delictivas que se estaban realizando por parte de tales sujetos dentro de las señaladas entidades, por lo que puede entenderse que se configuró una falla del servicio frente al control de personal e instrumentos de dotación oficial, los cuales eran utilizados en la comisión de actividades delictivas, situación que facilitó la perpetración del crimen del periodista Jaime Garzón Forero el 13 de agosto de 1999. Bajo dicha perspectiva, ha de concluir la Sala que dicha falla del servicio imputable a las entidades demandadas, tuvo incidencia necesariamente en el homicidio del señor Garzón Forero. En efecto, resulta menester destacar que la muerte del periodista Jaime Garzón Forero no se trató de un hecho aislado, sino que hizo parte de una cadena de hechos delictivos cometidos durante meses e, incluso años, por parte de tales personas, sin que hubiese existido algún tipo de control efectivo por parte de la institución demandada.

Así las cosas, los anteriores razonamientos llevan a la Sala a concluir que existen indicios graves de responsabilidad contra la Administración en la muerte del periodista Jaime Garzón Forero. Afirmar lo contrario, sería patrocinar las graves irregularidades que revelan la situación, es decir, el que pertenecieran a las Fuerzas Militares individuos como Plazas Acevedo, alias “Don Diego”, y José Miguel Narváez, de los que se tiene certeza estaban delinquiendo y, que estaban utilizando los equipos tecnológicos e instrumentos de dotación oficial, para ejecutar de actos criminales. Ciertamente, la impunidad que ha mostrado hasta la fecha no implica la absolución de las entidades a las que pertenecían, dadas las graves fallas del servicio(76).

2.6.6. Conclusión sobre la imputación del daño al Estado.

Los anteriores hechos indicadores analizados en conjunto llevan a la Sala a concluir con nitidez que la ejecución extrajudicial del señor Jaime Hernando Garzón Forero fue planeada y perpetrada por el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, con la colaboración de los señores José Miguel Narváez Martínez y Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quienes eran miembros de la División de Inteligencia del Ejército Nacional, y en desarrollo de sus labores de Inteligencia contrainsurgente, tuvieron conocimiento previo de los presuntos vínculos con grupos subversivos por parte del hoy occiso Jaime Garzón Forero, informaciones que fueron suministradas directamente por tales personas al jefe paramilitar Carlos Castaño, lo cual motivó a ejecutarlo, por esa misma razón o circunstancia de habérsele imputado cercanía con elementos de la guerrilla.

En este punto, debe reiterar y resaltar la Sala que siendo función del Estado a través de las fuerzas militares salvaguardar la vida de los ciudadanos, se torna inconcebible e infame que sus propios agentes establezcan alianzas con grupos ilegales con el fin de permitirles la comisión de delitos y facilitar su presencia y acción. Cuando así actuaron, bajo su investidura de militares, no sólo desconocieron el marco jurídico que regula su acción, sino que trascendieron al ámbito penal mediante la ejecución de conductas dolosas, que sin duda comprometieron la responsabilidad del Estado. Al ejercer la función pública encomendada de la mano con actores armados ilegales, incurrieron en una aberrante falla del servicio.

2.7. Relación de condenas contra el Estado colombiano por nexos entre miembros de la Fuerza Pública con grupos paramilitares.

Preocupa profundamente a la Sala el crecido número de condenas contra el Estado colombiano proferidas en casos en los cuales se ha acreditado que miembros de la Fuerza Pública han mantenido relaciones de apoyo y colaboración con grupos paramilitares para la comisión de graves crímenes, por lo cual, debe decirse que tales nexos constituyen una práctica sistemática y generalizada en materia de violaciones graves a derechos humanos.

En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha debido condenar en diversas ocasiones a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por tales vínculos criminales. De estas situaciones fácticas se ha derivado la responsabilidad del Estado bajo el título jurídico de imputación de falla del servicio por las violaciones a deberes funcionales de origen convencional, constitucional y legal.

Así por ejemplo, en sentencia del 21 de noviembre de 2013(77), la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó al Estado por la desaparición forzada de ocho (8) personas en el municipio de San Roque, Antioquia. En esta decisión se precisó:

“La Sala reitera que en estos eventos la responsabilidad del Estado se ve comprometida de forma especial y particular, toda vez que, precisamente, la administración pública —y especialmente en el departamento de Antioquia— fomentó la creación y constitución de grupos armados denominados “Convivir” cuya finalidad era dotar de aparente legalidad y legitimidad a un fenómeno de paramilitarismo cuyo objetivo era exterminar los grupos subversivos.

Por tal motivo, los daños antijurídicos irrogados por esos grupos ilegales son imputables al Estado no sólo por la vía de la comisión por omisión (posición de garante), sino, de igual forma, en virtud de un riesgo que la misma organización estatal promovió, comoquiera que en un Estado que se dice Social de Derecho el manejo de las armas y de la defensa de la soberanía sólo está a cargo de las Fuerza Pública; fue precisamente esa comportamiento permisivo de la administración pública lo que permitió que se cometieran y perpetuaran actos execrables que atentaron contra los bienes e intereses jurídicos más esenciales de la población, en una punible y reprochable connivencia entre las autoridades públicas y los grupos armados ilegales” (negrillas adicionales).

En otra decisión, fechada a 7 de febrero de 2013(78), la Subsección C de la Sección Tercera declaró la responsabilidad patrimonial del Estado y condenó a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por la ejecución extrajudicial de un investigador del CTI en el municipio de Betulia, Santander, por parte de paramilitares con la participación de miembros del Ejército Nacional. En aquella oportunidad se dijo:

En el plenario se acreditó que dichos militares no sólo eran aliados de grupos paramilitares de esa región, sino que hacían parte de los mismos y asesinaron de manera premeditada a los agentes estatales para evitar que cumplieran con su deber de materializar la captura de Vesga Cobos. Por tal razón fueron condenados a pena privativa de la libertad por el Juzgado Regional de Cúcuta, decisión que fue confirmada por el Tribunal Nacional, en dicha decisión se determinó que el Teniente Acosta Tarazona participó como determinador y los demás miembros de la fuerza pública fueron los encargados de la consumación del hecho punible.

De modo que, para la Sala no existe duda que la muerte del señor Antonio Contreras Calderón es imputable a la entidad demandada, Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a título de falla del servicio, puesto que sus miembros en servicio activo, en un claro desconocimiento de sus deberes constitucionales y legales en franca connivencia con grupos al margen de la ley, dieron muerte a unos funcionarios públicos, que en desarrollo de sus obligaciones pretendían dar captura a una persona requerida por la autoridad” (negrillas adicionales).

Así mismo, en decisión del 12 de diciembre de 2014(79), la Subsección A condenó patrimonialmente al Ejército Nacional por la muerte de 32 personas en el lapso de 45 días, en el municipio de Urrao, Antioquia, por parte de paramilitares que contaron con el apoyo de la Fuerza pública. Entonces se discurrió como sigue:

“En consideración a lo expuesto, no queda sino concluir que la Nación - Ministerio de Defensa Ejército Nacional y Policía Nacional deberá responder por el daño antijurídico ocasionado a los demandantes. Lo anterior, si se considera que no obstante la notoriedad del accionar de los grupos paramilitares en el municipio de Urrao y, particularmente, la ejecución sistemática y permanente de homicidios entre los meses de mayo a junio del 2000, las autoridades no repelieron estas acciones, acreditándose, además, que tampoco fueron iniciadas investigaciones de ningún tipo, sin perjuicio de la cercanía de los uniformados con el grupo al margen de la ley y su evidente y clara tolerancia de sus acciones.

Investigaciones estas que debieron adelantarse, en consideración a que en la zona había cerca de doscientos treinta y tres (233) miembros del Ejército Nacional que permanecieron en el municipio de Urrao en el periodo en el que se presentaron las muertes violentas, preparados y obligados a proteger a la población civil, de donde se echa de menos su interés por defender la vida de los habitantes de la región (ver párr. 2.2.3), aunado a que su presencia en la zona coincidió plenamente con el periodo en el que aumentaron los homicidios en el municipio, motivos que debieron ser suficientes para verificar las acciones y omisiones por parte de los agentes estatales” (negrillas adicionales).

Más recientemente, la Subsección B de la Sección Tercera en sentencia del 29 de octubre de 2015(80) condenó al Estado por la muerte del periodista Efraín Alberto Varela Noriega, quien fue asesinado por integrantes de un grupo de autodefensas en el municipio de Arauca el 28 de junio de 2002 en zona cercana a la sede de la Décimo Octava Brigada del Ejército Nacional. Entonces afirmó:

En suma, para la Sala son evidentes los nexos que por la época de los hechos existieron entre integrantes de la Brigada XVIII del departamento de Arauca y el frente paramilitar denominado Vencedores de Arauca e innegable la participación de los primeros en el execrable crimen cometido en contra del señor Efraín Alberto Varela Noriega, el que facilitaron al permitir el paso tranquilo del grupo armado ilegal, lo que permitió la comisión del punible; se verifica cómo, siendo conocedores de la presencia paramilitar en el momento y lugar exacto de los hechos, no sólo no actuaron en defensa de la vida e integridad de la víctima, con lo que omitieron los deberes de protección que la Constitución y la ley les imponen, sino que fungieron como partícipes en el ilícito al despejar el camino que permitiría su tranquila ejecución, de forma tal que incluso les dio tiempo a los criminales de infligir dolor a la víctima antes de ultimarla. (…).

Es claro para la Sala que la actuación del coronel Ortiz y de los demás miembros de la tropa, quienes obedecieron su irregular orden, tuvo relación directa con el servicio público a su cargo, pues el primero la impartió prevalido de su rango y funciones en la institución, al tiempo que los demás la acataron, lo que significó que dejaran de ejercer las funciones que en materia de seguridad les fueron encomendadas, con el fin de permitir, a sabiendas, la presencia y acción de grupos armados ilegales el día de los lamentables sucesos” (negrillas adicionales).

En similar sentido, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han sido numerosas las condenas proferidas contra el Estado colombiano por violaciones graves a derechos humanos en casos en los que se ha probado la alianza criminal entre la Fuerza Pública y grupos paramilitares. Así por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso denominado 19 comerciantes(81), puntualizó:

“Relación entre el grupo ‘paramilitar’ y las fuerzas de seguridad:

a) Las investigaciones realizadas por el Poder Judicial y la Procuraduría General de la Nación han demostrado, en un número significativo de casos, la participación activa de miembros de las fuerzas de seguridad en los llamados grupos ‘paramilitares’. En diversas oportunidades el Estado ha aplicado sanciones administrativas y penales a miembros de la Fuerza Pública por su vinculación con grupos ‘paramilitares’(82).

b) En la época de los hechos de este caso, el referido grupo ‘paramilitar’ que operaba en la región del Magdalena Medio actuaba con la colaboración y apoyo de diversas autoridades militares de los batallones de dicha zona. Los ‘paramilitares’ contaron con el apoyo de los altos mandos militares en los actos que antecedieron a la detención de las presuntas víctimas y en la comisión de los delitos en perjuicio de éstas(83).

c) A pesar de que en la época de los hechos las autoridades de la Fuerza Pública de Puerto Boyacá tenían conocimiento de que el grupo ‘paramilitar’ que operaba en esa zona tenía gran control sobre ésta y actuaba en contravención de la ley, ‘les dejaron [tomar] ventaja y descuidaron su control y vigilancia’(84).

Cabe destacar que la Corte Interamericana en varias oportunidades ha declarado la responsabilidad agravada del Estado Colombiano y, para tal efecto, ha tenido en consideración el hecho de que el Estado había propiciado la creación de grupos paramilitares a través de la legislación interna, además de hallar probada una estrecha relación y colaboración de dichos grupos con la Fuerza Pública, a lo que añadió que la impunidad por tales crímenes resultaba el común denominador. Sobre el particular, la Corte en el caso la Masacre de Pueblo Bello(85), concluyó que,

Al haber propiciado la creación de estos grupos el Estado creó objetivamente una situación de riesgo para sus habitantes y no adoptó todas las medidas necesarias ni suficientes para evitar que éstos puedan seguir cometiendo hechos como los del presente caso. La declaratoria de ilegalidad de éstos debía traducirse en la adopción de medidas suficientes y efectivas para evitar las consecuencias del riesgo creado. Esta situación, mientras subsista, acentúa los deberes especiales de prevención y protección a cargo del Estado en las zonas en que exista presencia de grupos paramilitares, así como la obligación de investigar con toda diligencia actos u omisiones de agentes estatales y de particulares que atenten contra la población civil” (negrillas adicionales).

En el Caso de la Masacre de Mapiripán(86), la Corte hizo referencia a los trágicos sucesos acaecidos en julio de 1997 en los que fueron asesinadas 49 personas por grupos de autodefensa en colaboración con agentes del Estado, actos de barbarie que constituyeron, entre otras violaciones, la privación de la libertad, la tortura y el posterior asesinato de las víctimas. En este caso sostuvo la Corte:

“La Corte observa que, si bien los hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en Mapiripán fueron cometidos por miembros de grupos paramilitares, la preparación y ejecución de la masacre no habría podido perpetrarse sin la colaboración, aquiescencia y tolerancia, manifestadas en varias acciones y omisiones, de miembros de las Fuerzas Armadas del Estado, inclusive de altos funcionarios de éstas de las zonas. Ciertamente no existen pruebas documentales ante este Tribunal que demuestren que el Estado dirigiera directamente la ejecución de la masacre o que existiese una relación de dependencia entre el Ejército y los grupos paramilitares o una delegación de funciones públicas de aquél a éstos. No obstante, al analizar los hechos reconocidos por el Estado, surge claramente que tanto las conductas de sus propios agentes como las de los miembros de grupos paramilitares son atribuibles a Colombia en la medida en que éstos actuaron de hecho en una situación y en zonas que estaban bajo el control del Estado. En efecto, la incursión de los paramilitares en Mapiripán fue un acto planeado desde varios meses antes de julio de 1997, ejecutado con pleno conocimiento, previsiones logísticas y la colaboración de las Fuerzas Armadas, quienes facilitaron la salida de los paramilitares desde Apartadó y Neclocí y su traslado hasta Mapiripán en zonas que se encontraban bajo su control y dejaron desprotegida a la población civil durante los días de la masacre mediante el traslado injustificado de las tropas a otras localidades (supra párrs. 96.30 a 96.39, 96.43 y 116).

“La colaboración de miembros de las fuerzas armadas con los paramilitares se manifestó en un conjunto de graves acciones y omisiones destinadas a permitir la realización de la masacre y a encubrir los hechos para procurar la impunidad de los responsables. En otras palabras, las autoridades estatales que conocieron las intenciones del grupo paramilitar de realizar una masacre para infundir temor en la población, no sólo colaboraron en la preparación para que dicho grupo pudiera llevar a cabo estos actos delictuosos, sino también hicieron parecer ante la opinión pública que la masacre fue perpetrada por el grupo paramilitar sin su conocimiento, participación y tolerancia, situaciones que están en contradicción con lo ya acreditado en los hechos probados y reconocidos por el Estado. (…).

“… las violaciones declaradas a los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida de las víctimas (párr. 139), resultan agravadas como consecuencia de las faltas al deber de protección y al deber de investigar los hechos, como consecuencia de la falta de mecanismos judiciales efectivos para dichos efectos y para sancionar a todos los responsables de la masacre de Mapiripan”.

De igual forma, en el caso del homicidio del senador Manuel Cepeda Vargas(87), la Corte IDH puso de presente dicha alianza criminal entre la Fuerza Pública y grupos paramilitares en el siguiente tenor literal:

“En este sentido, la Corte estima que, en el contexto en que fue perpetrado y por haber sido cometido por miembros del Ejército, es decir, desde el Estado mismo, y en conjunto con miembros de grupos paramilitares, la ejecución del Senador Cepeda Vargas requirió una compleja organización, lo que se ha expresado también en la dificultad para develar a la totalidad de sus perpetradores, tanto intelectuales como materiales. En casos como éste es, precisamente, la división de tareas entre perpetradores intelectuales y materiales lo que dificulta el esclarecimiento de los vínculos entre ellos y, asimismo, las características de la planeación y ejecución del crimen tienden a dificultar la conexión entre los dos niveles de perpetradores”.

El anterior cúmulo de casos sobre crímenes perpetrados por paramilitares con la colaboración de miembros de la Fuerza Pública, pone de presente una falla sistemática y estructural relacionada con la comisión graves violaciones a los derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario por parte de la Fuerza Pública del Estado colombiano, aunada a la ausencia de un riguroso control dentro de la institución militar, falencias éstas que debilitan la institución militar y que dificultan su adecuado accionar en pos de cumplir con el cometido que le es propio, de paso, se pierde legitimidad y se compromete la estabilidad misma del Estado y de la sociedad(88).

Frente a episodios de naturaleza similar a los debatidos en el presente caso, los que nunca se deberían haber dado y menos repetido, esta corporación ha reflexionado desde una perspectiva humanística y jurídica, que bien vale la pena recordar, reprochando la perpetración de este tipo de delitos de lesa humanidad, como conductas que no deben ocurrir bajo ninguna noción de legitimidad:

“La fuerza pública, tanto más quienes asumen la defensa judicial de sus actos, deben eliminar el discurso maniqueísta que clasifica a los muertos en buenos y malos, para justificar la muerte de los segundos con el argumento de la defensa social o del bien que se hace a la comunidad con la desaparición física de determinadas personas. El derecho a la vida no puede ser reivindicado según el destinatario, pues su respeto debe ser absoluto. Tal vez la única vulneración tolerable sea aquella que ocurre en ejercicio de las causales de justificación o de inculpabilidad que las normas penales consagran, a pesar de lo cual en algunas de esas ocasiones la no responsabilidad del agente no libera a su vez de responsabilidad al Estado.

“En numerosas oportunidades la Sala ha hecho una verdadera apología de la vida, exaltando las hermosas palabras del inmolado Tómas y Valiente: “No hay nada en la creación más importante ni más valioso que el hombre, que todo hombre, que cualquier hombre”. Y lo seguirá haciendo, cada vez que encuentre, como en el presente caso, que se sigue aplicando en el país la pena de muerte, proscrita por la Carta Fundamental desde hace más de un siglo”(89).

Con fundamento en todo lo anterior, se hace imperiosa la revocatoria de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar la responsabilidad agravada del Estado colombiano representado por el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional(90), dada la violación grave de derechos humanos que constituyó la ejecución extrajudicial del señor Jaime Hernando Garzón Forero.

2.8. Reparación integral del daño antijurídico.

Estima la Sala necesario precisar que si bien mediante sentencia proferida el 10 de marzo de 2004 el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró la responsabilidad penal frente al señor Carlos Castaño Gil por la comisión del delito antes referido, lo cierto es que en esa misma sentencia se dejó constancia que los familiares del señor Jaime Garzón no tenían deseo de promover incidente alguno de reparación integral dentro del proceso penal, pero que acudirían a la jurisdicción de lo contencioso administrativa para reclamar la indemnización correspondiente, por manera que la Sala procederá a establecer en esta oportunidad la reparación integral de los demandantes.

2.8.1. Perjuicios morales.

Acerca de los daños causados por la muerte de una persona, resulta necesario precisar que con la simple acreditación de la relación de parentesco mediante los respectivos registros civiles de nacimiento, se presume que los parientes cercanos de una víctima fatal han sufrido un perjuicio de orden moral; en efecto, la acreditación de tal circunstancia, para eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos hubiere fallecido o sufrido una lesión, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(91) y de las máximas de la experiencia, resulta posible inferir que el peticionario ha sufrido el perjuicio por cuya reparación demanda.

Agréguese a lo anterior que resulta apenas natural y evidente que los seres humanos sientan desolación, depresión, zozobra, miedo y otras afecciones cuando se produce la muerte de un ser querido de forma violenta; asimismo, la tasación de tal perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, razón por lo cual, corresponde al juzgador, con fundamento en su prudente juicio, establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para cuyo propósito debe tenerse en cuenta la naturaleza y gravedad de la aflicción y de sus secuelas, todo ello de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso y lo que la experiencia humana indique.

Sin embargo, en reciente pronunciamiento(92) la Sala Plena de esta Sección precisó, con fines de unificación jurisprudencial, que en casos excepcionales, como los de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre otros, podrá otorgarse una indemnización mayor de la señalada en los eventos descritos en la sentencia de unificación antes citada, cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral, sin que en tales casos el monto total de la indemnización pueda incluso fijarse en el triple de los montos indemnizatorios fijados en dicha sentencia. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño.

En este caso particular, teniendo en cuenta i) las condiciones en que fue asesinada la víctima directa —Jaime Garzón Forero—, quien fue ultimado mientras se encontraba en una situación de indefensión con varios disparos realizados a corta distancia y, ii) el móvil terrorista del crimen, el cual tuvo como propósito producir escarmiento e infundir temor a las personas que realizaban labores de intermediación humanitaria para el rescate de personas secuestradas, hechos que constituyen sin duda una grave violación a los derechos humanos, lo cual permite a la Sala inferir que la congoja y aflicción de sus familiares cobró en este caso particular la mayor intensidad, máxime cuando se declara —como en este caso—, la responsabilidad agravada del Estado derivada de la violación grave a derechos humanos. Por consiguiente, hay lugar a aplicar la regla de excepción contemplada por en el referido fallo de unificación y reconocer a título de daño moral una indemnización con fundamento en un tope correspondiente al doble del que en forma genérica se reconoce en casos de muerte(93).

Así las cosas, se impone acceder al reconocimiento de una indemnización equivalente al valor de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta providencia en favor de su madre, así como se reconocerán cien (100) SMLMV a favor de cada uno de sus hermanos.

Finalmente, debe advertirse que obran en original y copia auténtica los respectivos registros civiles nacimiento de los demandantes, los cuales dan cuenta de la relación de parentesco existente entre el señor Jaime Hernando Garzón Forero y quienes acudieron al proceso en calidad de su madre Ana Daisy Forero Viuda de Garzón, y sus hermanos María Soledad Garzón Forero y Manuel Alfredo Garzón Forero(94).

2.8.2. Perjuicios materiales.

— Daño emergente

En cuanto hace al reconocimiento indemnizatorio por este concepto, se tiene que en la demanda se solicitó que se condenara al pago de la suma de $ 5.000.000 por concepto de gastos funerarios y por honorarios de abogado que debieron sufragar los demandantes para que los representara dentro del proceso penal adelantado por la muerte del señor Jaime Garzón Forero.

Resulta pertinente en este punto recordar que el artículo 1614 del Código Civil define el daño emergente como “el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento”. En tal virtud, como lo ha sostenido reiteradamente la Sección, la cuantificación de este tipo de perjuicios se traduce en las pérdidas económicas que se causan con ocasión de un hecho, acción, omisión u operación administrativa imputable a la entidad demandada que origina el derecho a la reparación y que, en consideración al principio de reparación integral del daño, consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, se concreta que solamente pueden indemnizarse a título de daño emergente los valores que efectivamente empobrecieron a la víctima o que éstos debieron sufragar como consecuencia de la ocurrencia del hecho dañoso y del daño mismo.

En el presente caso se advierte que no obra prueba alguna respecto de que la parte actora efectivamente se hubiera pagado sumas de dinero por dichos conceptos de gastos fúnebres u honorarios profesionales dentro del proceso penal en el cual intervinieron como víctimas, razón por la cual, la Sala negará el reconocimiento de dicho perjuicio material.

— Lucro cesante

Respecto de la solicitud de indemnización de perjuicios correspondiente al lucro cesante a favor de la madre de la víctima directa, la Sala estima que dicho reconocimiento se estima procedente, en consideración a que en el proceso se encuentra acreditada la actividad productiva del periodista y humorista Jaime Garzón Forero. Ahora bien, en relación con los ingresos percibidos por la referida persona se allegaron los siguientes documentos:

— Certificación expedida el 16 de octubre de 1999 por la Tesorera General de la Secretaria de Hacienda Departamental de Cundinamarca, en la cual hizo constar que entre los meses de noviembre de 1998 a marzo de 1999 se le pagó al señor Jaime Hernando Garzón Forero la suma de $ 15.000.000 como honorarios por la ejecución del contrato 043 de 1998, el cual terminó por cumplimiento del objeto contractual y vencimiento del plazo(95).

— Contrato de prestación de servicios artísticos celebrado entre la Cadena Hispanoamericana de Radio S.A. (CHR) y el señor Jaime Garzón Forero el 20 de enero de 1997 por el término de un año; por concepto de honorarios se pactó la suma total de $ 5.763.935(96).

— Certificación expedida el 5 de marzo de 2004 por el representante legal de CM& Televisión Ltda., en la cual se hizo constar que el señor Jaime Garzón Forero celebró un contrato de prestación de servicios con esa sociedad, cuyo objeto fue “creatividad y elaboración de libreto para el personaje Eriberto de La Calle”, por el período comprendido entre 12 de mayo a 12 de octubre de 1998. El precio total del contrato fue $ 28.000.000(97).

— Certificación expedida el 10 de abril de 2002 por el Vicepresidente de la Emisora Caracol Radio, mediante la cual se informó que el señor Garzón Forero prestó sus servicios a esa empresa durante el período comprendido entre el 20 de enero de 1997 y el 13 de agosto de 1999 —fecha de su muerte—. Asimismo, se hizo contar que para el año 1999, el periodista Jaime Garzón Forero recibió las siguientes sumas por los siguientes conceptos: “Sueldo: $ 19.673.472; Honorarios: $ 36.634.500””.

— Contrato individual de trabajo a término indefinido celebrado entre la Cadena Hispanoamericana de Radio S.A. (CHR) y el señor Jaime Garzón Forero para la labor de “presentador”. La fecha de inicio se pactó desde el 10 de junio de 1997, como remuneración mensual se estableció la suma de $ 2.236.065(98).

De acuerdo con las anteriores certificaciones se tiene que para el momento de la muerte del reconocido periodista y humorista Jaime Garzón Forero, tenía vigentes dos (2) contratos, uno con la emisora Caracol Radio y otro con la Cadena Hispanoamericana de Radio S.A. (CHR).

Así, pues, para liquidar el lucro cesante se deberá precisar el valor de la remuneración mensual, para lo cual se dividirá el monto total percibido por el referido periodista en la emisora Caracol Radio para el año 1999, esto es $ 56.307.972 entre doce (12) meses, lo cual arroja una suma mensual de $ 4.692.331. A dicho monto se debe adicionar el valor del salario mensual que percibía en la Cadena Hispanoamericana de Radio S.A. ($ 2.236.065). Todo lo cual arroja el rubro mensual equivalente a $ 6.928.396, esto es, el sueldo promedio mensual que percibía el periodista Jaime Garzón Forero.

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación de dicha indemnización del perjuicio. Entonces:

Ingresos de la víctima al momento de su muerte: $ 6.928.396.

Expectativa de vida total de la madre de la víctima: 4.64 años(99) (55,6 meses)(100)

Período consolidado: 204 meses

Período futuro: 55,6 meses

Índice final: julio de 2016 —último conocido— (133,27)

Índice inicial: agosto de 1999(101): 56.04

No obstante lo anterior, la Sala advierte que la parte demandante limitó el quantum indemnizatorio en la demanda a la suma de $ 200.000.000, por tal razón, la Sala, con fundamento en el principio de congruencia de la sentencia(102), sólo actualizará dicha suma a valor presente.

Actualización de la base:

RA =$ 200.000.000 VH ind final (133.27)
————————
ind inicial (56.04)

R = $ 6.928.396 x 2,3781 = RA $ 475.620.000

Total perjuicios materiales para la señora Ana Daisy Forero de Garzón: cuatrocientos setenta y cinco millones seiscientos veinte mil pesos ($ 475.620.000).

2.8.3. Perjuicios inmateriales derivados de la vulneración a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

Esta Sección del Consejo de Estado, a través de sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014(103) precisó que el daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tiene las siguientes características: i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial. ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales. iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular. iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.

Ahora bien, en cuanto hace a las consecuencias de la declaratoria de responsabilidad agravada del Estado, la sentencia del 27 de abril de 2016(104) precisó que, lo que se pretende mediante dicha declaratoria de responsabilidad agravada —además de realizar un juicio de reproche más severo al actuar del Estado en esos casos de vulneración a normas ius cogens—, es permitirle al juez de la administración la adopción de medidas de reparación integral del daño antijurídico, ello con el fin de garantizar que tales conductas constitutivas de vulneraciones graves a derechos humanos o al derecho internacional humanitario no se vuelvan a producir. Así lo señaló la Sala:

“… Así las cosas, siempre que se produzca la declaratoria de la responsabilidad agravada del Estado, se deberá otorgar, además de las indemnizaciones correspondientes en cada caso, una indemnización adicional por concepto de daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados a favor de las víctimas en cada caso, así como también se deberán adoptar medidas de reparación integral que resulten pertinentes y necesarias, dado que las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, tienen efectos expansivos y universales, es decir, no solamente están destinadas a tener incidencia concreta en la víctima y su núcleo familiar cercano, sino a todos los afectados y a incidir más allá de las fronteras del proceso: a la sociedad en su conjunto y al Estado, amén de propender porque dichas conductas lesivas no se vuelvan a producir, es decir, que se propende por su no repetición”(105).

En cuanto al reconocimiento de dicho perjuicio inmaterial, la sentencia unificación de 28 de agosto de 2014 precisó que podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa del daño antijurídico, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV, si fuere el caso(106).

Para el caso concreto, se tiene que tal y como se dejó establecido en el capítulo precedente de esta sentencia, el señor Jaime Garzón Forero, como consecuencia de la falla del servicio por parte de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército y Policía Nacional, fue víctima de ejecución extrajudicial, lo cual significó la afectación grave de sus derechos a la vida, dignidad humana, intimidad y debido proceso.

Ciertamente, para la Sala es claro que el señor Jaime Garzón Forero sufrió los padecimientos propios de una ejecución extrajudicial facilitada por miembros de inteligencia del Ejército Nacional, pues fue objeto de seguimientos e interceptación de llamadas, amén de que fue ultimado cuando se encontraba en situación de indefensión.

No obstante lo anterior, comoquiera que la citada persona falleció el 13 de agosto de 1999 como consecuencia de los hechos antes examinados, surge como imposible garantizar la restitución integral y la adopción de medidas de satisfacción de tales derechos en favor de la citada víctima directa, razón por la cual se decretará una indemnización a favor de la sucesión del señor Jaime Garzón Forero, medida pecuniaria de carácter oficioso que también resulta idónea para garantizar la reparación integral para el presente caso.

Sobre la transmisibilidad mortis causa del derecho a la reparación de los daños inmateriales, cuando su titular fallece sin haber ejercido la acción indemnizatoria, la Sala ha precisado que el derecho a obtener la reparación de los perjuicios morales es de carácter patrimonial y como tal se transmite a los herederos, habida consideración de que en el ordenamiento jurídico nacional no existe disposición que prohíba dicha transmisión; por el contrario, la regla general es que todos los activos, derechos y acciones de carácter patrimonial forman parte de la masa herencial y, además, el reconocimiento de ese derecho guarda armonía con los principios informadores del ordenamiento jurídico en materia de daño resarcible y, en especial, con las normas constitucionales que establecen el derecho a la indemnización por todos los daños antijurídicos sufridos (art. 90) y el derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 13), que no puede ser vulnerado impunemente(107).

Así las cosas, comoquiera que en el presente caso —como ya se dijo—, se vulneraron de forma grave los derechos a la vida, dignidad humana, intimidad y debido proceso del señor Jaime Garzón Forero, como consecuencia de la ejecución extrajudicial de la cual fue víctima, se impone la necesidad de reconocer medidas de reparación tanto no pecuniarias, como también de naturaleza indemnizatoria; sin embargo, dado que la citada víctima directa falleció el 13 de agosto de 1999, se decretará una indemnización a favor de la sucesión del señor Jaime Garzón Forero la suma equivalente a 100 SMLMV.

2.8.3.1. Medidas de reparación integral no pecuniarias.

Tal y como se consideró anteriormente, una violación grave a derechos humanos —como la que se presentó en el sub examine—, trasciende la esfera individual y subjetiva del titular de tales derechos, pues se ha reconocido que también contienen un plano axiológico u objetivo que está dirigido o encaminado a impedir que dichas transgresiones se vuelvan a producir, razón por la cual es preciso disponer, además de las medidas indemnizatorias, otras acciones adicionales de protección, dirigidas a mejorar la prestación del servicio estatal respectivo.

Con fundamento en lo anterior, la considera que en eventos como el presente —en los cuales se ha declarado la responsabilidad agravada del Estado por violaciones graves a derechos humanos—, el juez contencioso administrativo debe decretar además de la indemnización por afectación a bienes constitucionales y convencionales, las medidas de reparación integral incluidas aquellas que eviten la producción de hechos similares.

En el caso concreto, según se probó, fue una alianza criminal entre miembros de inteligencia del Ejército Nacional con paramilitares, lo que facilitó la ejecución extrajudicial del señor Jaime Hernando Garzón Forero, todo lo cual deviene en una grave violación de Derechos Humanos, lo cual afectó, de manera substancial, la dimensión objetiva de tales derechos, razón por la cual en la parte resolutiva del fallo se dispondrá la adopción de las siguientes medidas:

i) Tanto comandante del Ejército Nacional como el Director General de la Policía Nacional, dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia realizarán un acto solemne de presentación de excusas públicas a los familiares de la víctima directa del presente caso, el cual deberá contener, además, un reconocimiento expreso de responsabilidad agravada por los hechos que dieron origen a la presente acción; para la realización de dicho acto solemne se deberá citar con prudente anticipación a distintos medios de comunicación nacional (radio, prensa, televisión, etc.).

ii) El Ministerio de Defensa Nacional establecerá un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. La entidad demandada, en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de seis (6) meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución.

iii) De conformidad con la Ley 1448 de 2011(108) —mediante la cual se dictaron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno—, y teniendo en consideración que en el presente caso se infringieron obligaciones convencionales de protección de los derechos humanos, se enviará al Director del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Archivo General de la Nación, copia de la presente sentencia con el fin de que haga parte de su registro, y contribuya a la construcción documental del país que busca preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia, en este caso particular en relación con la nefasta vinculación de algunos miembros del Ejército Nacional con grupos de autodefensas.

Por último, se remitirá copia de esta sentencia con destino a la Procuraduría General de la Nación para que, en atención al artículo 24 del Decreto 262 de 2000, vigile el cumplimiento de lo resuelto.

2.9. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 10 de mayo de 2007.

2. Como consecuencia de lo anterior, DECLÁRASE la responsabilidad agravada de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército y Policía Nacional, por las violaciones graves a los derechos humanos que significó el homicidio del periodista y humorista Jaime Hernando Garzón Forero.

3. En consecuencia, CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional, a pagar las siguientes sumas de dinero:

3.1. Por concepto de indemnización de perjuicios morales por la muerte del señor Jaime Hernando Garzón Forero, la cantidad de 200 SMLMV para la señora Ana Daisy Forero Viuda de Garzón, y la suma de 100 SMLMV a favor de los señores María Soledad Garzón Forero y Manuel Alfredo Garzón Forero.

3.2. Por concepto de indemnización de perjuicios por la violación grave a bienes o intereses constitucionales, la suma equivalente a 100 SMLMV a favor de la sucesión del señor Jaime Hernando Garzón Forero.

3.3. Por concepto de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante para la señora Daisy Forero de Garzón, la suma de cuatrocientos setenta y cinco millones seiscientos veinte mil pesos ($ 475.620.000).

3.4. Como medidas de reparación integral se ordena a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional, a adoptar las siguientes medidas de naturaleza no pecuniaria:

3.4.1. Tanto el Comandante General del Ejército Nacional como el Director General de la Policía Nacional, dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia realizarán un acto solemne de presentación de excusas públicas a los familiares de la víctima directa del presente caso, el cual deberá contener, además, un reconocimiento expreso de responsabilidad agravada por los hechos que dieron origen a la presente acción; para la realización de dicho acto solemne se deberá citar con prudente anticipación a distintos medios de comunicación nacional.

3.4.2. El Ministerio de Defensa Nacional establecerá un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. La entidad demandada, en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de seis (6) meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución.

3.4.3. Remítase al Director del Centro Nacional de Memoria Histórica y al Archivo General de la Nación, copia de la presente sentencia con el fin de que haga parte de su registro, y contribuya a la construcción documental del país que busca preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia.

3.4.4. Remítase copia de esta sentencia con destino a la Procuraduría General de la Nación para que, en atención al artículo 24 del Decreto 262 de 2000, vigile el cumplimiento de lo aquí resuelto.

4. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Sin condena en costas.

7. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento; expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil».

17 Equivalentes a 500 SMLMV al momento de presentación de la demanda.

18 Artículo 40, Ley 446 de 1998.

19 Se aclara que las copias simples gozan de mérito probatorio conforme a lo decidido por el pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25.022, M.P. Enrique Gil Botero.

20 “Lo anterior, como quiera que la prueba trasladada, en los términos definidos por la jurisprudencia de esta Sala, sólo es susceptible de valoración, en la medida en que las mismas hayan sido practicadas con presencia de la parte contra quien se pretenden hacer valer (principio de contradicción), o que sean ratificadas en el proceso contencioso administrativo. Es posible, además, tenerlas en cuenta, si existe ratificación tácita, esto es que la demandada las haya solicitado, al igual que el demandante; lo anterior conforme al principio de lealtad procesal, como quiera que no resulta viable que si se deprecan (…) con posterioridad, esa parte se sustraiga frente a los posibles efectos desfavorables que le acarree el acervo probatorio”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de junio de 2008, exp. 16174. De igual manera se pueden consultar las sentencias de 20 de febrero de 1992, expediente 6514 y de 30 de mayo de 2002, expediente 13476.

21 A cuyo tenor: “Las pruebas prácticas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”.

22 Ver también: Sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el día 28 de agosto de 2014, dentro del proceso Nº 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988), M.P. Ramiro De Jesús Pazos Guerrero.

23 Sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 135.

24 Sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el día 28 de agosto de 2014, dentro del proceso Nº 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988), M.P. Ramiro De Jesús Pazos Guerrero.

25 Se aclara que las copias simples gozan de mérito probatorio conforme a lo decidido por el pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25.022, M.P. Enrique Gil Botero.

26 En similar sentido consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de julio de 2016, exp. 35.029.

27 Al proceso se allegaron múltiples recortes de periódicos sobre la trayectoria profesional y sobre la muerte del destacado periodista, hecho que fue registrado por medios masivos de comunicación a nivel nacional (fls. 4 a 45 y 75 a 86, cdno. 2). Sobre la utilidad de dichos medios de prueba esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que: “Es necesario dilucidar qué valor probatorio le otorga la Sala a la información de prensa, ya que el principal problema para su valoración es la necesidad de cuestionar la verosimilitud que pueda ofrecer de la ocurrencia de los hechos. Más aún, es necesario considerar racionalmente su valor probatorio como prueba de una realidad de la que el juez no puede ausentarse, ni puede obviar en atención a reglas procesales excesivamente rígidas. De acuerdo con los anteriores argumentos, la Sala tendrá en cuenta la información consignada en tales informes de prensa”. Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de octubre de 2015, exp. 34.677.

28 En cuanto tiene que ver con el concepto de “hecho notorio”, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que “el hecho notorio además de ser cierto, es público, y sabido del juez y del común de las personas que tienen una cultura media. Y según las voces del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil el hecho notorio no requiere prueba; basta que se conozca que un hecho tiene determinadas dimensiones y repercusiones suficientemente conocidas por gran parte del común de las personas que tiene una mediana cultura, para que sea notorio”. Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 27 de noviembre de 1995, exp. 8045, C.P. Diego Younes Moreno. En idéntica dirección, el profesor Hernando Devis Echandía existe notoriedad de un determinado hecho y por lo tanto se debe eximir de prueba a aquél hecho “cuando en un medio social donde existe o tuvo ocurrencia y en el momento de su apreciación por el juez, sea conocido generalmente por las personas de cultura media en la rama del ser humano a que corresponda, siempre que el juez pueda conocer esa general o especial divulgación de la certeza del hecho, en forma de que no le deje dudas sobre su existencia presente o pasada” En Hernando Devis Echandía, “Teoría General de la Prueba Judicial”, T. I, ed. Víctor de Zabalía, Buenos Aires, 1970, p. 231.

29 Folios. 117 a 121, cdno. 1.

30 Folios. 204 a 205, cdno. 2.

31 Folios. 94 a 95, cdno. 2.

32 Folios. 89 a 93, cdno. 2.

33 Folios. 115 a 117 y 121 a 124, cdno. 2.

34 Comoquiera que al presente proceso no se allegó el respectivo registro civil de defunción de la citada persona, la Sala tendrá demostrado ese hecho a partir de la información contenida en las sentencias proferidas por el Juzgado Séptimo Especializado del Circuito de Bogotá, el 10 de marzo de 2004 y por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena el 19 de diciembre de 2005 (fls. 193 a 253 y 268 a 296 cdno. 9).

35 Idem.

36 Con relación al alcance probatorio de este tipo de decisiones, la Sala ha precisado que “… si bien la sentencia penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación directa, no puede desconocerse el valor probatorio que la misma pueda tener en este proceso; por lo tanto, la sentencia penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando constituya la única prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la cual se infieran los demás elementos de la responsabilidad estatal, como lo son el hecho, la autoría del agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se insiste, ese valor de la sentencia penal no surge del hecho de que la misma produzca efectos de cosa juzgada sobre la acción de reparación, sino porque esa sentencia constituye una prueba documental para el proceso, que bien puede brindar al juez contencioso certeza sobre los elementos de responsabilidad” (negrillas adicionales). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, exp. 16.533, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, y del 28 de enero de 2009, exp. 30.340, M.P. Enrique Gil Botero.

37 Folios. 193 a 254, cdno. 9.

38 Con relación al alcance probatorio de este tipo de decisiones, la Sala ha precisado que “… si bien la sentencia penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación directa, no puede desconocerse el valor probatorio que la misma pueda tener en este proceso; por lo tanto, la sentencia penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando constituya la única prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la cual se infieran los demás elementos de la responsabilidad estatal, como lo son el hecho, la autoría del agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se insiste, ese valor de la sentencia penal no surge del hecho de que la misma produzca efectos de cosa juzgada sobre la acción de reparación, sino porque esa sentencia constituye una prueba documental para el proceso, que bien puede brindar al juez contencioso certeza sobre los elementos de responsabilidad” (negrillas adicionales). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, exp. 16.533, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, y del 28 de enero de 2009, exp. 30.340, M.P. Enrique Gil Botero.

39 Con relación al alcance probatorio de este tipo de decisiones, la Sala ha precisado que “… si bien la sentencia penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación directa, no puede desconocerse el valor probatorio que la misma pueda tener en este proceso; por lo tanto, la sentencia penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando constituya la única prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la cual se infieran los demás elementos de la responsabilidad estatal, como lo son el hecho, la autoría del agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se insiste, ese valor de la sentencia penal no surge del hecho de que la misma produzca efectos de cosa juzgada sobre la acción de reparación, sino porque esa sentencia constituye una prueba documental para el proceso, que bien puede brindar al juez contencioso certeza sobre los elementos de responsabilidad” (negrillas adicionales). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, exp. 16.533, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, y del 28 de enero de 2009, exp. 30.340, M.P. Enrique Gil Botero.

40 Folios 193 a 254, cdno. 9.

41 Folios 9 a 74, cdno. 9.

42 Folios 23 a 64, cdno. 3.

43 Folios 65 a 70, cdno. 3.

44 Folios 17 a 33, cdno. 3.

45 Folios 172 a 177, cdno. 2.

46 Folios 115 a 117, cdno. 2.

47 Folio 580, cdno. ppal.

48 Folios 579 a 675, cdno. ppal.

49 Folios 676 a 693, cdno. ppal.

50 Providencia disponible en file:///C:/Users/P_U1S310/Desktop/caso%20julieta%20duque.html.

51 Consultar: file:///C:/Users/P_U1S310/Desktop/caso%20julieta%20duque.html; http://www.eltiempo.com/politica/justicia/condena-a-jose-miguel-narvaez-por-chuzadas-del-das/16654493.

52 Información relacionada en la providencia del 17 de julio de 2014 a través de la cual se profirió resolución de acusación en contra del señor Jorge Eliécer Plazas Acevedo (fl. 725, cdno. ppal.).

53 Folios 729 a 780, cdno. ppal.

54 Folios 78 a 101, cdno. 8.

55 Al respecto, sostuvo esta Sección en sentencia del 13 de agosto de 2008: “La Sala reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual la sentencia penal que se profiera en el proceso penal que se adelante contra el servidor estatal, sea ésta condenatoria o absolutoria, no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación que se adelante contra el Estado por esos mismos hechos, porque, conforme se ha sostenido en las providencias en las que se ha acogido dicho criterio: (i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de responsabilidad que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio.// “Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular. (…).// “En consecuencia, aunque en el caso concreto se hubiera proferido en el proceso penal decisión definitiva, favorable a los intereses del servidor público, dicha decisión no impide que se valore esa misma conducta para establecer si la misma fue o no constitutiva de falla del servicio, es decir, que a pesar de que para el juez penal el servidor estatal no fue penalmente responsable del daño, podrán valorarse las pruebas que obren en este proceso, incluida esa decisión, para establecer si el daño sufrido por los demandantes es imputable al departamento de Caldas y si, además, el título de imputación es el de falla del servicio” (exp. 16.533, M.P. Ruth Stella Correa Palacio).

56 Ibídem.

57 En similares términos consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de abril de 2013, exp. 27.067.

58 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 26 de octubre de 2000, exp. 15610.

59 “En la prueba por indicios necesariamente intervienen tres elementos: un hecho, el que indica; otro hecho, el indicado y una relación de causalidad, concomitancia o conexión entre aquél y éste. El indicio parte de un hecho conocido, establecido en el proceso por cualquier medio de prueba distinto del mismo indicio, esto es, que todos los medios de prueba permiten el hecho indicador. El hecho indicado debe ser el resultado lógico crítico de la inferencia entre el primero y el segundo hecho, de donde la integración de los tres elementos anotados, permiten la existencia del indicio” (Cabrera Acosta, Benigno Humberto, Teoría General del Proceso y de la Prueba, Quinta Edición, ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, pp. 458 y ss.).

60 Al respecto se puede consultar la sentencia de 11 de febrero de 2009, M.P. Miriam Guerrero de Escobar, exp. 16.337.

61 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 2012, exp. 21.521, M.P. Ruth Stella Correa, ver también sentencia del 29 de octubre de 2012, exp. 21.806, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

62 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 2012, exp. 21.521, M.P. Ruth Stella Correa. Ver también, sentencia de esta Subsección del 2 de abril de 2013, exp. 27.067.

63 Corte Constitucional, sentencia del 30 de julio de 2002, M.P. Manuel Cepeda Espinoza.

64 Corte IDH, Caso la Masacre de la Rochela vs. Colombia, sentencia del 11 de mayo de 2007, párr. Nº 76. Ver también, Corte IDH, sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 135, entre otras.

65 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 22 de octubre de 2002, exp. 20.015.

66 Respecto del concepto de ejecución extrajudicial de personas, según la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se configura bajo el siguiente tenor (se transcribe de forma literal): “Norma básica 9. (…). El concepto de ejecución extrajudicial se compone de varios elementos importantes: es un acto deliberado, no accidental, infringe leyes nacionales como las que prohíben el asesinato, o las normas internacionales que prohíben la privación arbitraria de la vida, o ambas. Su carácter extrajudicial es lo que la distingue de: - un homicidio justificado en defensa propia, - una muerte causada por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que han empleado la fuerza con arreglo a las normas internacionales.// En lo referente al homicidio perpetrado por agentes del Estado colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, es de precisar que esta conducta se identifica con lo que en el derecho internacional de los derechos humanos recibe el nombre de ejecución extrajudicial. // También hay ejecución extrajudicial cuando individuos cuya actuación compromete la responsabilidad internacional del Estado matan a una persona en acto que representa los rasgos característicos de una privación ilegítima de la vida. Por lo tanto, para que con rigor pueda hablarse de este crimen internacional la muerte de la víctima ha de ser deliberada e injustificada” (negrillas adicionales). Ver: CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2011, OEA/Ser. L/V/II., Doc. 69, 30 diciembre 2011, Capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2010, OEA/Ser. L/V/II., 7 marzo 2011, Capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009, OEA/Ser. L/V/ II, 30 diciembre 2009, Capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008, OEA/Ser. L/V/II.134, 25 febrero 2009, Capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2007, OEA/Ser. L/V/II.130, 29 diciembre 2007, Capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2006, OEA/Ser. L/V/II.127, 3 marzo 2007, Capítulo IV. Colombia.

67 En términos similares consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C, sentencia del 21 de noviembre de 2013, exp. 27.964, M.P. Enrique Gil Botero.

68 Al respecto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en Auto Interlocutorio Nº 0687 de 10 de junio de 2014, precisó que “Cuando nos referimos a los crímenes de lesa humanidad, hablamos de infracciones graves al derecho internacional de los derechos humanos, que ofenden la conciencia ética de la humanidad y niegan la vigencia de las normas indispensables para la coexistencia humana. En ese sentido, el efecto del delito de lesa humanidad tiene dos dimensiones: por un lado inflige un daño directo a un grupo de personas o a un colectivo con características étnicas, religiosas o políticas y, por otro lado, causa un daño por la vía de la representación a toda la humanidad. // En la segunda dimensión, la naturaleza del acto lesivo es de tal magnitud, que la humanidad se hace una representación del daño, evocando el dolor y el sufrimiento que provocaron dicho tipo de actos a otros seres humanos, presumiéndose que esos hechos socavan la dignidad misma de los individuos por la sola circunstancia de ejecutarse a pesar de que no estén involucrados directamente los nacionales de otros países. Así entonces, el daño que produce el delito de lesa humanidad se traslada, por representación, a toda la comunidad internacional, constituyéndose en el límite de lo soportable para la humanidad y el ser humano”. En: Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Auto de 21 de septiembre de 2009, expediente 32022. Igualmente véase: sentencia de 3 de diciembre de 2009, expediente 32672 caso Salvador Arana; auto de 13 de mayo de 2010, expediente 33118 caso Masacre de Segovia y auto de 16 de diciembre de 2010, expediente 33.039.

69 Sobre el particular consultar las consideraciones expuestas en la sentencia proferida por esta misma Sala el 27 de abril de 2016, exp. 50.231 y en la sentencia del 14 de julio de 2016, exp. 35.029.

70 De acuerdo con el artículo 7º del Estatuto de Roma, “se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

71 De conformidad con el literal c) del artículo 8º del Estatuto de Roma, constituyen crímenes de guerra: “las violaciones graves del artículo 3º común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa: i) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ii) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; iii) La toma de rehenes; iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”.

72 Gabriel Ernesto Figueroa Bastidas, “La responsabilidad internacional agravada del Estado colombiano”. Colección textos de jurisprudencia, ed. Universidad del Rosario, Bogotá D.C., 2016, p. 146.

73 Al precisar el concepto de la responsabilidad agravada, la Corte IDH ha dicho que “[e]l Estado incurre en ‘Responsabilidad Internacional Agravada’ cuando la violación concreta al derecho de la víctima se suscita en el marco de una práctica sistemática vulneratoria de normas jus cogens, que constituyen crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra”. CrIDH, Caso Myrna Mack Chang v. Guatemala, sentencia de 25 de noviembre de 2003, párr. 140; Caso de la Masacre de Plan de Sánchez v. Guatemala, sentencia de 29 de abril de 2005, párr. 51; Caso Goiburú y otros v. Paraguay, sentencia de 22 de septiembre de 2006, párr. 122; Caso la Cantuta v. Perú, sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr. 115; Caso la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr. 241, entre otras sentencias.

74 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia proferida el 27 de abril de 2016, exp. 50.231, reiterada en sentencia del 14 de julio de 2016, exp. 35.029.

75 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de abril de 2016, exp. 50.231 y sentencia del 14 de julio de 2016, exp. 35.029.

76 En casos similares en los cuales se ha declarado la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de los deberes control respecto del personal y los instrumentos de dotación oficial, la Sala que integra esta Subsección del Consejo de Estado ha precisado que “la Fuerza Pública ostenta la custodia y resguardo respecto de los hombres e instrumentos destinados a la prestación del servicio a ella encomendado en la Constitución Política y en el ordenamiento jurídico, por tal razón, debe existir un grado notable de disciplina y control estricto sobre sus agentes, su armamento y sus vehículos automotores, ello con el fin de impedir que tales instrumentos los cuales per se comportan un riesgo, sean utilizados para causar daños a los particulares y, más aún, que se destinen a la comisión de actividades delictivas, todo lo cual lleva a deducir, como se indicó, la configuración de una falla en la vigilancia sobre los hombres e instrumentos a cargo de la Policía Nacional, falla que está relacionada directamente con el hecho dañoso por cuya indemnización se demandó. En Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A, sentencia del 9 de septiembre de 2015, exp. 35.574. en ese mismo sentido consultar sentencia de 24 de julio de 2013, exp. 23.958. De igual forma en sentencia del 27 de marzo de 2014, exp. 27.193.

77 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de noviembre de 2013, exp. 29.764, M.P. Enrique Gil Botero.

78 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de febrero de 2013, exp. 21.541, M.P. Olga Mélida Valle De De La Hoz.

79 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de diciembre de 2014, exp. 29.715, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

80 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de octubre de 2015, exp. 34.507, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

81 Corte IDH, caso 19 Comerciantes vs. Colombia, sentencia del 19 de julio de 2004, párr. 147 y ss.

82 Cfr. copia del expediente ante la Fiscalía de la Unidad Nacional de Derechos Humanos en la causa contra Jairo Iván Galvis Brochero, Robinson Gutiérrez de la Cruz, Waldo Patiño García y otros por los delitos de “secuestro extorsivo, homicidio agravado […]” en perjuicio de “Alvaro Lobo Pacheco y 18 comerciantes más”, radicado 087-DH (prueba para mejor resolver presentada por el Estado el 26 de mayo de 2004, la cual fue solicitada siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte - párrafo 68 de la demanda); copia del expediente ante el Juzgado Regional de Cúcuta en la causa Nº 1728 contra Alonso de Jesús Baquero Agudelo por los delitos de secuestro extorsivo y homicidio agravado en perjuicio de “Alvaro Pacheco y 18 comerciantes más”, “Radicado Fiscalía Regional 087-DH” (prueba para mejor resolver presentada por el Estado el 26 de mayo de 2004, la cual fue solicitada siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte -párrafo 68 de la demanda); e informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias sobre la visita a Colombia realizada del 11 al 20 de octubre de 1989, E/CN.4/1990/22/Add.1 de 24 de enero de 1990 (expediente de anexos a la demanda, tomo II, anexo B9, fls. 968 y 991).

83 Cfr. sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil el 19 de octubre de 2001; sentencia emitida por el Juez Único Especializado de San Gil el 23 de marzo de 2001; sentencia emitida por el Juez Regional de Cúcuta el 28 de mayo de 1997 (expediente de prueba presentada por el Estado el 18 de abril de 2002, la cual fue solicitada siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte —párrafo 68 de la demanda—, tomo I, anexos 2, 3 y 4, folios 1045, 1142 y 1203); sentencia emitida por el Tribunal Nacional el 14 de abril de 1998; sentencia emitida por el Tribunal Superior Militar el 17 de marzo de 1998 (expediente de prueba presentada por el Estado el 18 de abril de 2002, la cual fue solicitada siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte —párrafo 68 de la demanda—, tomo II, anexos 5 y 9, folios 1264, 1276, 1279 y 1465 a 1468); resolución emitida por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación el 29 de mayo de 1996; resolución emitida por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación el 8 de agosto de 1996; resolución emitida por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación el 13 de septiembre de 1996 (expediente de prueba aportada por la Comisión Interamericana durante la audiencia pública sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas el 22 de abril de 2004, tomo II, anexos 45, 47 y 51, folios 2681, 2683, 2710, 2773 y 2775); testimonio del señor Salomón Flórez Contreras rendido ante la Corte el 21 de abril de 2004; testimonio del señor Jorge Corzo Vargas rendido ante la Corte el 21 de abril de 2004; informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias sobre la visita a Colombia realizada del 11 al 20 de octubre de 1989, E/CN.4/1990/22/Add.1 de 24 de enero de 1990 (expediente de anexos a la demanda, tomo II, anexo B9, folios 968 y 992); informe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de 15 de marzo de 1989; e informe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de 13 de febrero de 1990 titulado “Información adicional sobre la masacre de 19 comerciantes en jurisdicción de Puerto Boyacá” (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexos B3 y B4, folios 667 y 688).

84 Cfr. sentencia emitida por el Juzgado Militar de Primera Instancia el 18 de junio de 1997 (prueba para mejor resolver presentada por el Estado el 26 de mayo de 2004, la cual fue solicitada siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte —párrafo 68 de la demanda—); y sentencia emitida por el Tribunal Superior Militar el 17 de marzo de 1998 (expediente de prueba presentada por el Estado el 18 de abril de 2002, la cual fue solicitada siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte —párrafo 68 de la demanda—, tomo II, anexo 9, folios 1425, 1428 y 1429).

85 CrIDH, Caso la Masacre de Pueblo Bello v. Colombia, sentencia del 31 de enero de 2006, párr. 126.

86 CrIDH, Caso la Masacre de Mapiripan v. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr. 120 y ss.

87 CrIDH, Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, sentencia de 26 de mayo de 2010, párr. 215.

88 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia proferida el 27 de abril del 2016, exp. 50.231.

89 Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 10 de abril de 1997, exp. 10.138.

90 Debe precisarse que a través de proveído del 11 de septiembre de 2014, se aceptó como sucesor procesal del Departamento Administrativo de Seguridad DAS —hoy suprimido— a la Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Ley 4057 de 2011 (fls. 716 a 721, cdno. ppal.).

91 “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

92 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de Sala Plena de 28 de agosto de 2014, exp. 32.988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

93 Cfr. Ibídem. En caso de una ejecución extrajudicial que conllevó también la desaparición forzada de las víctimas, la Sala reconoció el triple de los mencionados topes indemnizatorios.

94 Folios 1 a 4, cdno. 2.

95 Cuyo objeto consistió en: “[a]sesorar en la política de paz al Departamento de Cundinamarca, propiciando acercamientos con los representantes de las organizaciones alzadas en armas, brindando recomendaciones para que se lleven a efecto reuniones entre los representantes del Gobernador y de la sociedad civil que tomarán parte en diálogos regionales (…), y proponiendo al señor Gobernador la adopción de aquellas medidas útiles para generar un clima de paz y convivencia” (fls. 117 a 122, cdno. 2).

96 Folios 183 a 188, cdno. 2.

97 Folios 157 y 168, cdno. 2.

98 Folios 189 a 192, cdno. 2.

99 El período de la expectativa de vida se calcula desde el momento de la presente sentencia por el resto de la vida probable de acuerdo con base en la tabla de mortalidad establecida en la Resolución 497 de 20 de mayo de 1997, expedida por la Superintendencia Bancaria (fls. 46 a 52, cdno. 2).

100 De conformidad con la copia de la cédula de la referida persona, se tiene que nació el 27 de febrero de 1927 (fl. 4, cdno. 2).

101 Fecha de muerte de la víctima directa.

102 De acuerdo con el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.// No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta. // Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último” (resalta la Sala).

En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de julio de 2007, exp. 20.077, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 1º de abril de 2009, exp. 32.800, M.P. Magistrado Ruth Stella Correa Palacio y la sentencia proferida por esta Subsección el 28 de enero de 2015, exp. 28.117, entre otras.

103 Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto del 2014, exp. 32.988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

104 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de abril de 2016, exp. 50.231.

105 Ídem.

106 Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto del 2014, exp. 32.988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

107 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de marzo de 2005, exp. 16.346, M.P. Alier Hernández Enríquez.

108 ART. 144.—“Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, el centro de memoria histórica, diseñará, creará e implementará un programa de derechos humanos y memoria histórica, el cual tendrá como principales funciones las de acopio, preservación y custodia de los materiales que recoja o de manera voluntaria sean entregados por personas naturales o jurídicas, que se refieran o documenten todos los temas relacionados con las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, así como con la respuesta estatal ante tales violaciones. // Los archivos judiciales estarán a cargo de la Rama Judicial, la cual en ejercicio de su autonomía podrá optar, cuando lo considere pertinente y oportuno a fin de fortalecer la memoria histórica en los términos de la presente ley, encomendar su custodia al Archivo General de la Nación o a los archivos de los entes territoriales […]”.