Sentencia 2001-01830 de noviembre 20 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Exp. 27742

Rad. 250002326000200101830 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Carlos Julio Maldonado y otros

Demandados: Departamento Administrativo de Seguridad

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá, D.C., veinte de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

9. El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en razón del recurso de apelación incoado por la parte actora y la entidad demandada, en un proceso con vocación de segunda instancia en los términos del Decreto 597 de 1988, debido a que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la solicitud de compensación de los perjuicios morales, supera la exigida por la norma para el efecto(2).

II. Validez de los medios de prueba

10. En el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento contencioso en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, es indica que las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin mayores formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

10.1. En este caso, la parte actora solicitó expresamente en el escrito de demanda que se oficiara a la Fiscalía 285 Delegada ante los juzgados penales municipales para que remitiera copia del Proceso 599562, seguido por las lesiones inferidas al señor Carlos Julio Maldonado, y que se le ordenara a la oficina de control disciplinario del DAS la remisión del proceso disciplinario 673/99, adelantado contra agentes de la entidad por las heridas causadas al señor Maldonado (fl. 7, cdno. 1).

10.2. En atención a dicha solicitud, el tribunal decretó las pruebas (fl. 34, cdno. 1), e instó a las autoridades requeridas para que remitieran los citados procesos (fls. 39-40, cdno. 1). La Fiscalía no cumplió con el deber de remitir el proceso mencionado, falencia que suplió la parte actora en memorial del 25 de enero de 2006, en el que allegó, entre otras pruebas, la resolución de acusación proferida contra José David Pardo Vallejo por las lesiones causadas al señor Carlos Julio Maldonado (fls. 157-158, cdno. 3). Esta prueba, sin embargo, fue negada por esta corporación en auto de 22 de mayo de 2006, al considerar que su incorporación al expediente no es posible por no satisfacerse los parámetros del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo (fls. 192-193, cdno. 3). En esa medida, no podrá ser apreciada(3).

10.3. En el caso del DAS, ante la negativa en cumplir la orden dada por el a quo, esta corporación lo requirió nuevamente para que allegara la Resolución 4, en la que sancionó a un agente suyo responsable de las lesiones causadas al señor Carlos Julio Maldonado (fls. 127-128, cdno. 3). La entidad, por su parte, remitió la resolución solicitada (fls. 130-149, cdno. 3).

10.4. Las pruebas recaudadas en el proceso disciplinario serán valoradas en virtud del traslado solicitado por el tribunal. Las de carácter testimonial serán apreciadas ya que estuvieron a disposición de la parte demandada, por lo que tuvo la oportunidad procesal de conocerlas y de controvertirlas.

11. En cuanto al valor probatorio de los recortes de prensa aportados por la parte actora junto con el escrito de demanda (fl. 7, cdno. 1; fl. 31, cdno. 2), la Sala debe hacer algunas precisiones.

11.1. La corporación señaló inicialmente que la información consignada en las notas de prensa no podía ser admitida dentro del proceso como una prueba testimonial, dado que carece de los requisitos esenciales que identifican el medio probatorio, en especial porque no fue rendida ante un funcionario judicial bajo la solemnidad del juramento, ni el comunicador dio cuenta de su dicho (CPC, art. 227)(4). Por tanto, tales notas periodísticas podrían ser apreciadas como prueba documental de la existencia de la información y de la forma como fue publicada la noticia, pero no de la veracidad de su contenido(5).

11.2. Posteriormente, la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado admitió que tales documentos podían apreciarse como un indicio contingente si, al valorarse racional, ponderada y conjuntamente con la totalidad del acervo probatorio, resultaban indicativos de la veracidad de la ocurrencia de los hechos(6).

11.3. Finalmente, la Sala Plena de la corporación, en sentencia de 29 de mayo de 2012(7), señaló que los informes de prensa no tienen, por sí solos, la entidad suficiente para probar la existencia y veracidad de la situación que narran y/o describen, por lo que su eficacia probatoria depende de su conexidad y coincidencia con otros medios de prueba que obren en el expediente. Por tanto, “cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos”(8).

11.4. Esta postura resulta coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al respecto ha determinado que los documentos de prensa aportados por las partes pueden ser apreciados “cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, no rectificadas, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso y acreditados por otros medios”(9).

11.5. En virtud de lo anterior, la Sala acogerá el precedente trazado por la Sala Plena de la corporación y, en consecuencia, dará valor probatorio al recorte de prensa allegado por la parte actora junto con el escrito de demanda y expedido por el medio que lo publicó, dado que los hechos que allí se presentan guardan correspondencia con las demás pruebas documentales y testimoniales aportadas al proceso.

12. Las fotografías aportadas por la parte actora (fls. 27-30, cdno. 2) serán valoradas por la Sala en la medida en que tienen relación con los demás medios de prueba obrantes en el plenario(10), en especial con el informe de medicina legal que describe así la herida sufrida por el señor Maldonado: “presenta hernia supraumbilical consecuencia de una cirugía abdominal posterior al trauma por la herida de proyectil de arma de fuego perforante en abdomen” (fls. 159-160, cdno. 3). Además, la entidad demandada no impugnó el valor probatorio de las fotografías.

13. Finalmente, el demandante solicitó en varias oportunidades —el 21 de agosto de 2001 y el 25 de febrero de 2005— que se allegara el acta de la Junta de Calificación de Invalidez (fl. 7, cdno. 1; fl. 107, cdno. 3). No obstante, esta solo se allegó hasta el 3 de marzo de 2005 (fls. 123-126, cdno. 3), es decir, luego de proferida la sentencia de primera instancia. Esta prueba será valorada por la Sala porque fue pedida oportunamente y no se allegó en el curso del proceso por razones ajenas a la voluntad de quien la requirió. Por otra parte, el dictamen estuvo a disposición de la entidad demandada, por lo que se respetó el principio de contradicción de la prueba.

III. Hechos probados

14. De acuerdo con las pruebas incorporadas al expediente, están acreditados en el proceso los siguientes hechos relevantes:

14.1. El 21 de agosto de 1999, un grupo de agentes del DAS adelantó un operativo de registro y allanamiento de inmuebles en la carrera 14, entre las calles 48 y 50 de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con el plan operativo 23 de 1999, con el propósito de verificar la existencia de una banda perteneciente a la guerrilla de las FARC que, según información de inteligencia, delinquía en la zona y había participado en el homicidio del periodista Jaime Garzón Forero (Res. 4 de la oficina de control disciplinario interno del DAS —fls. 132-133, cdno. 3—; plan operativo 23 de la dirección general de investigaciones del DAS —fls. 161-168, cdno. 3—).

14.2. Alrededor de las 4:30 a.m. del mismo día, los detectives del DAS notaron la presencia de una motocicleta que se dirigía hacia ellos, en la cual iban dos personas, y luego de hacer el llamado de alto procedieron a disparar contra el vehículo, lo que generó un intercambio de disparos, en el cual resultó herido el señor Carlos Julio Maldonado, que se encontraba repartiendo el periódico, que era su trabajo, en el inmueble ubicado en la calle 47 Sur 14B-03 (Res. 4 de la oficina de control disciplinario interno del DAS —fls. 132-133, cdno. 3—).

14.3. Carlos Julio Maldonado ingresó a la Clínica San Pedro Claver con una lesión causada por arma de fuego, por lo que fue sometido a cirugía debido a una herida en el colon descendente de la cavidad abdominal. (Res. 4 de la oficina de control disciplinario del DAS —fl. 145, cdno. 3—).

14.4. Con ocasión de estos hechos, el DAS, a través de la oficina de control disciplinario interno, inició una investigación que culminó con la sanción del agente José David Pardo Vallejo, al encontrar que este había sido imprudente y negligente en la conducción del operativo y, de esta forma, había desconocido lo dispuesto en la Ley 200 de 1995 (Res. 4 de la oficina de control disciplinario interno del DAS —fls. 131-148, cdno. 3—; oficio de la Defensoría del Pueblo, regional Bogotá —fl. 18, cdno. 2—).

14.5. El 8 de septiembre de 1999, el periódico El Tiempo publicó la nota de prensa que a continuación se transcribe (nota de prensa —fl. 14, cdno. 2—):

“Piden investigar a agentes del DAS

Carlos Julio Maldonado estaba todavía bajo los efectos de la anestesia que le aplicaron para extraerle una bala, cuando, según él, un hombre y una mujer que se identificaron como miembros del DAS, llegaron hasta la sala de recuperación, en la Clínica San Pedro Claver, para pedirle que no perjudicara a la patrulla que había disparado. El distribuidor de El Tiempo desde hace 18 años, fue herido en el estómago el 21 de agosto, pasadas las cuatro de la mañana, cuando dejaba el periódico en la casa 14B-03, de la calle 47 sur.

La bala, que finalmente lo dejó sin intestino grueso, fue disparada, de acuerdo con Maldonado, desde una patrulla blanca, que se encontraba en una de las esquinas de la dirección mencionada.

La mujer que me visitó en la clínica me dijo que lo que querían era que yo no perjudicara a la patrulla y que desistiera de denunciarlo, cuenta el distribuidor, que permanece hoy convaleciente. Asegura también que la mujer revisó el proyectil que le extrajeron a él y reconoció que era de los que usaban en la institución.

Al ser consultado sobre el caso, el director del DAS, coronel Germán Jaramillo, manifestó que efectivamente varios agentes de la institución realizaban un allanamiento en el sur, el día que el distribuidor resultó herido.

Explicó que los agentes dispararon para responder a dos hombres que empezaron a dispararles desde una motocicleta y afirmó que el proyectil extraído a Maldonado es de una pistola nueve milímetros y que los miembros del organismo de seguridad solo usan revólveres.

Para aclarar los hechos, Maldonado pidió a la Procuraduría General de la Nación que se investigue a los agentes y el incidente que lo dejó a él herido”.

14.6. Las lesiones sufridas por Carlos Julio Maldonado le generaron una deformidad física y la perturbación funcional de órgano de excreción fecal de carácter transitorio (dictamen del grupo de clínica forense de medicina legal —fls. 159-160, cdno. 3—). Además sufrió la pérdida del 27,02% de capacidad laboral, que corresponde a la suma de los porcentajes de deficiencia (16,72%), discapacidad (2,80%) y minusvalía (7,50%) (acta de la Junta de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca —fls. 124-126, cdno. 3—).

IV. Problema jurídico

15. La Sala debe determinar, en primer lugar, si las señoras Dora Inés Maldonado, María Vidalia Torres, Claudia Patricia Maldonado y Rosalbina Maldonado están legitimadas para actuar como parte demandante en el presente asunto. Así mismo, debe establecer si el daño causado al señor Carlos Julio Maldonado es imputable jurídica o materialmente a la entidad demandada o si, por el contrario, se presenta el hecho exclusivo de la víctima o de un tercero como causales eximentes de responsabilidad. De constatarse la responsabilidad estatal, se fijará el valor de los perjuicios a reparar, de acuerdo con los parámetros trazados por esta corporación.

V. Análisis de la Sala

16. En el presente asunto, el juicio se hará desde la perspectiva del régimen de responsabilidad que invoca el actor, es decir, el subjetivo, si bien es dado estudiar la responsabilidad estatal bajo un régimen objetivo si los elementos del mismo están configurados y acreditados(11). Aunque en los casos de daños causados con armas de dotación oficial el régimen de responsabilidad usualmente aplicable es el objetivo —por la realización de una actividad peligrosa— y, en esa medida, basta con que se acredite el daño y su relación causal con la prestación del servicio, en asuntos en los que la Sala advierte la existencia de una falla en el servicio, está en el deber de declararla, pues este es el título de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado(12).

17. Para que se establezca que existió una falla en el servicio, se debe demostrar: (i) una conducta irregular o anormal de la administración por acción u omisión, consistente en un incumplimiento de los deberes a su cargo; (ii) un daño antijurídico; y (iii) una relación de causalidad entre la conducta y el daño.

18. En el sub judice, la Sala encuentra acreditado el daño, pues está demostrado que el señor Carlos Julio Maldonado sufrió una herida en el abdomen que afectó su función excretora, por lo que se le practicó una colostomía. Se debe determinar, entonces, si este daño le es imputable a la entidad demandada.

19. En cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el daño, se tiene demostrado que el 21 de agosto de 1999, a las 4:30 de la mañana, aproximadamente, el señor Carlos Julio Maldonado se hallaba en la calle 47 Sur 14B-03 de Bogotá, cuando recibió un disparo proveniente de un agente del DAS que adelantaba un operativo.

20. Así se comprueba en la resolución de la oficina de control interno disciplinario del DAS que encontró responsable a un agente de la entidad de haber violado las normas de precaución y prudencia en el manejo de las armas bajo su control (fls. 131-148, cdno. 3):

“El día 21 de agosto de 1999, funcionarios de la dirección general de investigaciones del DAS efectuaron un operativo de policía judicial en coordinación con la unidad de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación, procedimientos policivos consistentes en allanar y registrar inmuebles ubicados en la carrera 14 bis 48-57 de Bogotá, según el plan operativo 23 del 20 de agosto de 1999, para verificar la existencia de una organización delictiva que hacía parte de las milicias bolivarianas de las FARC, y que según informaciones de inteligencia eran los autores materiales del homicidio del periodista y humorista Jaime Garzón Forero.

En el procedimiento en comento se requirieron 95 unidades de la dirección general de investigaciones, las cuales se distribuyeron en 14 patrullas, a cada una de ellas se le asignó una tarea específica, para las ocho (8) primeras la orden consistía en velar por la seguridad externa del perímetro donde se iban a realizar los allanamientos.

A la patrulla identificada con el código 8 integrada por los funcionarios Germán Duarte Rodríguez, José David Pardo Vallejo, Nelson Enrique García Córdoba, Luis Carlos Rubio Urrea y Oscar Javier Medina Bautista quienes se identificaban con chalecos y cachuchas distintivas del DAS, se les asignó el sector de la carrera 14ª con calle 47 sur.

Siendo aproximadamente las 4:30 de la madrugada del 21 de agosto de 1999, observaron una motocicleta a gran velocidad que se dirigía hacia ellos en contra vía la cual estaba ocupada por dos individuos, los cuales omitieron la voz preventiva de alerta emitida por parte de los funcionarios de la institución, y según declaraciones procedieron a disparar en contra de los mismos lo que conllevó un intercambio de disparos entre los individuos de la motocicleta y las unidades del DAS. Momentos siguientes se percataron los funcionarios del DAS que había una persona herida de nombre Carlos Julio Maldonado, repartidor del diario “El Tiempo” el cual estaba entregando el periódico en el inmueble con la nomenclatura 14B-03, barrio Marco Fidel Suárez.

(...) Es evidente pues, que en el intercambio de disparos resultó herido por arma de fuego a la altura del colon, anotación descrita en la historia clínica número 11251814 emitida por la Clínica San Pedro Claver, según oficio remisorio del 9 de septiembre de 1999.

Sobre este punto se probó que el arma de fuego que le ocasionó la herida y que por consiguiente la destrucción del intestino a la altura del colon al señor Carlos Julio Maldonado, fue la accionada y por ende disparada por el funcionario de la institución señor José David Pardo Vallejo, detective 208-06, quien tenía a su cargo el día de los hechos motivo de la investigación, la pistola Pietro Beretta serie F4655Z, según Oficio 013 del 21 de febrero de 2000, suscrito por el señor Guillermo Guevara Molina, coordinador administrativo del DAS.

Aseveración fáctica, probada y demostrada a través del dictamen emitido por el Instituto de Medicina Legal - laboratorio de balística forense, visto a folios 216 a 219 del proceso, donde se conceptualiza en sus conclusiones lo siguiente:

5.1. Con base en lo anterior, se determina que el arma de fuego tipo pistola marca Pietro Beretta identificada con el número de serie F4655Z, descrita en el numeral 1.1. del presente estudio, se encuentra apta para la ejecución de disparos.

5.2. El proyectil calibre 9mm Parabellum descrito en el numeral 1.2. del presente experticio, fue disparado por el arma de fuego tipo pistola de igual calibre y estriado, marca Pietro Beretta identificada con el número de serie F4655Z.

Así pues, es evidente que José David Pardo Vallejo, ante la presencia de una motocicleta en el área donde se realizaba el operativo, no fue lo suficientemente diligente y cuidadoso, por haber tenido presente que al disparar su arma de dotación oficial en contra de los ocupantes de automotor, podría causarle daños o lesiones a terceras personas que circulaban por el sector, como así ocurrió, lesionando al señor Carlos Julio Maldonado, voceador del periódico El Tiempo.

(...) La conducta desplegada por José David Pardo Vallejo, en las condiciones y circunstancias que se han relatado y de las que dan cuenta las pruebas allegadas a este proceso, fue descuidada e imprudente, pues sin atender o sin haber prestado atención a las recomendaciones que se le hicieron, respecto de la imprudencia en el desarrollo del operativo y la deficiente actitud en el uso de su arma de fuego, causaron una lesión al señor Carlos Julio Maldonado. Quien requirió una intervención quirúrgica urgente por la herida a nivel del colon descendente de la cavidad abdominal.

En consecuencia de ello,

Resuelve:

Primero: Sancionar con multa de quince (15) días de la asignación básica mensual para agosto de 1999, al disciplinado José David Pardo Vallejo, detective 208-06 (...) al hallarlo responsable de haber infringido la Ley 200 de 1995, en sus artículos 40 numeral 2º, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.

21. El proceso disciplinario seguido contra los detectives del DAS que se hallaban en el lugar de los hechos, permite comprobar con claridad que miembros del DAS dispararon contra el señor Carlos Julio Maldonado mientras repelían el ataque de unos motociclistas que les disparaban, con lo cual se configura el segundo elemento de la falla en el servicio: una conducta irregular de la administración.

22. Es evidente que los agentes del DAS, al dispararle a una persona indefensa, que nada tenía que ver con los hechos delictivos y que no representaba ninguna amenaza, incurrieron en una actuación contraria a las funciones constitucionales y legales asignadas a la institución y, de esta forma, desconocieron su deber general de protección de la vida y la integridad de las personas.

22.1. Con respecto a las medidas de policía, la Corte Constitucional, al interpretar el artículo 2º de la Constitución Política, ha indicado que estas “deben ser proporcionales y razonables en atención a las circunstancias y al fin perseguido: debe entonces evitarse todo exceso innecesario. Así pues, los principios de proporcionalidad y razonabilidad que rigen todas las actuaciones de la administración adquieren particular trascendencia en materia de policía”(13).

22.2. Sobre la proporcionalidad y razonabilidad en el uso de la fuerza, el artículo 30 del Decreto 1355 de 1970, modificado por el artículo 109 del Decreto 522 de 1971, Código Nacional de Policía, indica: “Para preservar el orden público la Policía empleará solo medios autorizados por ley o reglamento y escogerá siempre entre los más eficaces, aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes”.

22.3. En el presente caso, es claro que los detectives del DAS hicieron un uso de la fuerza completamente irrazonable y desproporcionado, pues abrieron fuego contra un ciudadano que, se reitera, se encontraba en el lugar en el que al parecer se producía un operativo, pero no representaba peligro o amenaza alguna y, por el contrario, era una persona dedicada a la distribución de diarios, a bordo de una bicicleta, que portaba chalecos reflectivos del periódico en donde laboraba.

23. En cuanto al nexo causal entre el daño padecido por el actor y la conducta anormal del DAS, se tiene acreditado que es precisamente el disparo con un arma de fuego por parte de los detectives de la institución la causa de la lesión del señor Carlos Julio Maldonado.

23.1. En el informe del laboratorio de balística forense de medicina legal, se describieron así los orificios encontrados en las prendas de la víctima (fls. 186-191, cdno. 3):

“Hallazgos, análisis y resultado

La chaqueta presenta tres orificios en los cuales se observan las siguientes características morfológicas:

En los orificios marcados en el estudio con los números 1 y 2 se aprecian los bordes regulares, no se evidencia anillo de limpieza; microscópicamente se observan hilos de nylon periorificiales constitutivos de la prenda los cuales se encuentran quemados.

El orificio marcado con el número 3 presenta los orificios existe la posibilidad que hayan sido producto por proyectil arma de fuego que incidió en la prenda de forma tangencial, o que el orificio se haya generado por el paso del proyectil en un (...) de la prenda.

(...) Por lo anterior, se determina que los orificios encontrados en la prenda son compatibles por lo producidos por proyectil arma de fuego.

Siendo así considerado, estos fueron originados por un disparo efectuado a una distancia mayor de 1.20 metros, siempre y cuando no haya existido superficie interpuesta entre la boca de fuego del arma y el blanco”.

23.2. Además, en el informe del grupo clínico forense de medicina legal se detallaron así las heridas infligidas al señor Maldonado y la afectación funcional que le produjo el ataque en su contra (fl. 160, cdno. 3):

“Paciente examinado nuevamente hoy (abr. 26/2000), presenta cicatriz queloide hipercrómica abdominal, longitudinal, mediana de 25 cm. por 1 cm. de ancho en la parte supraumbilical. Cicatriz normocrómica de 4x2 cm. toraco-abdominal izquierda. Cicatriz queloide, hipercrómica, estrellada, ostensible de 8x6 cm., con estigmas de puntos de sutura, que corresponde al cierre de una colostomía, ubicada en el flanco izquierdo del abdomen.

Con base en el reconocimiento anterior 9909070084 y en el examen físico actual, ratificamos incapacidad de treinta y cinco (35) días como definitiva.

Como secuelas se dictamina:

1) Deformidad física que afecta el cuerpo por las cicatrices descritas, de carácter permanente.

2) Perturbación funcional del órgano de la excreción fecal de carácter transitorio”.

24. En síntesis, se encuentra probada la falla en el servicio en cabeza de la entidad demandada, pues el daño ocasionado al señor Carlos Julio Maldonado tuvo su origen en una actuación irregular de la administración, consistente en el uso inadecuado de las armas que le fueron confiadas, por lo que debe asumir su responsabilidad administrativa y patrimonial.

25. Por último, se reconocerá personería jurídica en el presente asunto a la abogada Laidy Liliana Ariza Galvis, como apoderada de la entidad demandada, el Departamento Administrativo de Seguridad.

VI. Liquidación de perjuicios

26. Antes de fijar el valor correspondiente a los perjuicios morales, la Sala advierte que a pesar de que las pretensiones de la demanda se definen en gramos oro, la condena se proferirá en el valor equivalente a salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV)(14).

26.1. El daño moral se refiere a aquel generado en el plano psíquico de la persona, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos con ocasión de la lesión de un bien. Este daño tiene una existencia autónoma y se configura una vez satisfechos los criterios generales del mismo: que sea particular, determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga una relación con un bien jurídicamente tutelado.

26.2. En el presente caso, el señor Carlos Julio Maldonado presenta deformidad física permanente por la presencia de cicatriz en el abdomen y perturbación funcional de carácter transitoria del órgano de excreción fecal, lo que sin duda produce una afectación de naturaleza moral. Por concepto de compensación del perjuicio moral, se confirmará la decisión del tribunal, que le otorgó 50 SMLMV, al encontrar esta tasación razonable y ajustada a los parámetros de esta corporación.

26.3. Ahora bien, esta Sala ha expresado que el daño moral producto de lesiones puede configurarse tanto en la persona que sufre la lesión, a la que se conoce como víctima directa, como en sus parientes o personas cercanas, que son las víctimas indirectas(15). En concreto, ha dicho que el parentesco constituye indicio suficiente de la existencia, entre miembros de una misma familia, de una relación de afecto profunda y, por ende, del sufrimiento que experimentan unos con el padecimiento de otros(16).

26.4. En el presente caso, está probado que Carlos Julio Maldonado es cónyuge de Argenis Trujillo Poveda (registro civil de matrimonio —fl. 35, cdno. 2—; acta de matrimonio —fl. 38, cdno. 2—), padre de Oscar Fabián, Juan Carlos y Yuri Liseth Maldonado Trujillo (registros civiles de nacimiento —fls. 32-34, cdno. 2—), hijo de María Vidalia Maldonado Torres (acta de matrimonio(17) —fl. 38, cdno. 2—), hermano de Claudia Patricia Rey Maldonado y Dora Inés Maldonado (registro civil de nacimiento —fl. 36, 42, cdno. 2—) y sobrino de Rosalbina Maldonado Torres (partidas de bautismo(18) —fls. 119-120, cdno. 3—).

26.5. Para la compensación del daño moral causado a su cónyuge y sus hijos, la Sala confirmará lo decidido por el tribunal en este punto, esto es, reconocer a la primera el valor equivalente a 50 SMLMV y a los segundos la suma de 25 SMLMV para cada uno. Además, al encontrar demostrado el parentesco del señor Carlos Maldonado con los demás demandantes, se reconocerá: a favor de su madre, el valor correspondiente a 25 SMLMV; a favor de sus hermanos, la suma de 15 SMLMV para cada uno; y a favor de su tía, el monto de 10 SMLMV.

27. La Sala estima pertinente recordar que en reciente jurisprudencia de la corporación se aclaró que si los daños relacionados con el goce de la vida provienen de una alteración de la salud de la persona, ya no es preciso referirse al “perjuicio fisiológico”, al “daño a la vida de relación” o a las “alteraciones graves en las condiciones de existencia”, sino que se debe referir una nueva tipología de perjuicio llamada daño a la salud(19).

27.1. Para la tasación del monto a indemnizar por tal concepto, se deben tener en cuenta dos criterios: (i) el objetivo, tasado de conformidad con el porcentaje de invalidez de la víctima y su edad; y (ii) el subjetivo, que permite acrecentar el primer valor según las consecuencias particulares del daño en la vida de la persona(20).

27.2. En este caso, se debe anotar, en lo relativo al criterio objetivo, que el señor Maldonado tenía 44 años al momento de sufrir la lesión y que sufrió una pérdida de capacidad laboral del 27,02%. En cuanto al criterio subjetivo, la Sala advierte que, según el dictamen del grupo de clínica forense de medicina legal, Carlos Julio Maldonado padece como secuela una “deformidad física que afecta el cuerpo por las cicatrices descritas, de carácter permanente” y “perturbación funcional del órgano de la excreción fecal de carácter transitorio” (fl. 160, cdno. 3).

27.3. En esa medida, la Sala estima razonable otorgar una reparación a su favor por un valor correspondiente a 30 SMLMV.

28. Para la reparación de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la Sala encuentra probado que Carlos Julio Maldonado trabajaba como distribuidor para el diario El Tiempo para la fecha de los hechos, actividad de la cual derivaba mensualmente la suma de $ 385 210 (certificado laboral expedido por el periódico “El Tiempo” —fls. 24-25, cdno. 2—), y que se desempeñaba igualmente como mensajero de cobranza en una fábrica de confecciones, con un salario fijo mensual de $ 300 000 (certificado laboral expedido por Confecciones Farpez —fl. 26, cdno. 2—), para unos ingresos mensuales totales de $ 685 210.

28.1. Para la actualización de esta suma se aplicará la fórmula Va x IPC final / IPC inicial, siendo Va el valor a actualizar ($ 685 210), IPC final el índice de la serie de empalme del mes anterior a la liquidación (114, 22)(21) y el IPC inicial o histórico el índice de la serie de empalme de la fecha de ocurrencia de los hechos (56,05)(22). El salario devengado mensualmente por Carlos Julio Maldonado, en valores actualizados, es de $ 1 396 337.

28.2. La Sala comprueba que debido a las lesiones sufridas por el señor Maldonado y los procedimientos médicos y quirúrgicos a los que se vio abocado, el Instituto de Seguros Sociales le expidió varios certificados de incapacidad laboral:

Certificado de incapacidadFechaDías de incapacidadCuaderno expediente
8749663 de septiembre de 1999Treinta (30) días(fl. 9, cdno. 2)
87498020 de septiembre de 1999Treinta (30) días(fl. 9, cdno. 2)
5202449 de octubre de 1999Treinta (30) días(fl. 10, cdno. 2)
65067422 de noviembre de 1999Diez (10) días(fl. 10, cdno. 2)
8749969 de diciembre de 1999Treinta (30) días(fl. 11, cdno. 2)
20469828 de enero de 2000Treinta (30) días(fl. 12, cdno. 2)
28542119 de febrero de 2000Treinta (30) días(fl. 13, cdno. 2)
28544520 de marzo de 2000Treinta (30) días(fl. 13, cdno. 2)

28.3. Estos documentos permiten constatar que el señor Maldonado dejó de trabajar durante siete meses y diecisiete días —del 3 de septiembre de 1999 al 20 de abril de 2000, cuando terminó la última incapacidad laboral que le fue expedida—. Al valor de los ingresos percibidos ($ 1 396 337) se le aplicará un interés mensual de 0,004867, por el tiempo en que cesó la actividad productiva del demandante.

La fórmula se aplicará así:

F11830
 

28.4. Además, se constata que, de acuerdo con la Junta de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, el señor Carlos Julio Maldonado sufrió una pérdida del 27,02% de su capacidad laboral (fls. 124-126, cdno. 3). Esto implica que mensualmente deja de percibir la suma de $ 377 290.

28.5. El lucro cesante consolidado se cuantificará desde la fecha en que terminó la última incapacidad laboral (abr./2000), por ser el momento en que el señor Maldonado debió reanudar sus actividades productivas, hasta la fecha de esta sentencia (oct./2013), es decir, durante un periodo de 162 meses.

La fórmula se aplicará así:

F21830
 

28.6. El lucro cesante futuro se cuantificará desde la fecha de este fallo y durante el resto de la vida probable(23) de Carlos Julio Maldonado (33,07 años o 396,84 meses), quien tenía 44 años al momento de los hechos(24), dado que la lesión que lo incapacita es permanente.

La fórmula se aplicará así:

F31830
 

28.7. En consecuencia, la entidad debe indemnizar por concepto de lucro cesante, a favor de Carlos Julio Maldonado, la suma de $ 169 655 313.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia de 31 de marzo de 2004, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y en su lugar dispone:

1. DECLARAR la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación - Departamento Administrativo de Seguridad por las lesiones ocasionadas al señor Carlos Julio Maldonado el 21 de agosto de 1999, como consecuencia de la manipulación imprudente de un arma de fuego por parte de uno de sus agentes.

2. CONDENAR a la Nación - Departamento Administrativo de Seguridad a pagar por concepto de compensación de perjuicios morales: a favor de Carlos Julio Maldonado y Argenis Trujillo Poveda, el valor de 50 SMLMV para cada uno; a favor de Oscar Fabián Maldonado Trujillo, Juan Carlos Maldonado Trujillo, Yuri Liseth Maldonado Trujillo y María Vidalia Maldonado Torres, la suma de 25 SMLMV para cada uno; a favor de Claudia Patricia Rey Maldonado y Dora Inés Maldonado, el monto de 15 SMLMV para cada uno; a favor de Rosalbina Maldonado Torres, el valor de 10 SMLMV.

3. CONDENAR a la Nación - Departamento Administrativo de Seguridad a pagar a favor de Carlos Julio Maldonado, por concepto de reparación del daño a la salud, el valor correspondiente a 30 SMLMV.

4. CONDENAR a la Nación - Departamento Administrativo de Seguridad a pagar a favor de Carlos Julio Maldonado, por concepto de reparación de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma total de $ 169 655 313.

5. RECONOCER personería jurídica a la abogada Laidy Liliana Ariza Galvis como apoderada de la entidad demandada, el Departamento Administrativo de Seguridad.

6. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

7. Aplicar lo establecido en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

8. Expedir por secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha actuado como apoderado judicial.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

(2) En la demanda presentada el 21 de agosto de 2001, la pretensión de mayor valor, correspondiente a la solicitud de reparación del perjuicio moral causado a Carlos Julio Maldonado, fue estimada en $ 40 000 000. Por estar vigente al momento de presentación de la demanda, se aplica el artículo 2° del Decreto 597 de 1988, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en el año 2001 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 26 390 000.

(3) En todo caso, no se trata de una prueba imprescindible, pues el proceso disciplinario interno seguido contra agentes del DAS por las heridas causadas al señor Maldonado (fls. 130-149, cdno. 3), permite constatar la ocurrencia del hecho y el daño.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de junio de 2007, Exp. 25627, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia de 10 de junio de 2009, Exp. 18108, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 10 de marzo de 2011, Exp. 20099, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, entre otras.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de agosto de 2011, Exp. 20325, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2011, Exp. 19434, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 19 de octubre de 2011, Exp. 20861, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 15 de febrero de 2012, Exp. 20880, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.

(7) Consejo de Estado, Sección Quinta, Exp. 110010315000201101378-00, C.P. Susana Buitrago Valencia.

(8) Este planteamiento acerca del valor indiciario de los recortes de prensa fue objeto de una aclaración de voto expresada en los siguientes términos por los magistrados Stella Conto Díaz del Castillo y Danilo Rojas Betancourth: “Centralmente debe advertirse que, en determinados eventos, atendiendo, verbi gratia, la naturaleza de la noticia, el espectro de difusión y la calidad de los medios que la comunicaron, puede el juez considerar que se trata de un hecho notorio que no requiere prueba adicional, pues las notas periodísticas otorgan esa naturaleza. Es que, por ejemplo, casos como desastres naturales de repercusión nacional que son registrados en detalle por todos los medios de comunicación no podrían recibir el mismo trato, ni tampoco debería aplicarse la jurisprudencia vigente para hechos que impactan al colectivo en general y por lo mismo son registrados por la opinión pública hasta convertirse en temas de discusión en cualquier foro social. Por tanto, el llamado de la presente aclaración tiene por objeto morigerar el precedente vigente para que en cada caso el juez, orientado por su sana crítica, pueda darle a las notas e informaciones periodísticas un alcance superior al de la simple veracidad de su sola difusión y pueda, dependiendo del sub judice, tener el hecho como notorio y por lo mismo relevarlo de cualquier exigencia de prueba adicional, estimando entonces cierto el contenido que a nivel nacional registren los medios de comunicación, atendiendo también a su grado de credibilidad social. Además, no puede desconocerse que la publicación de determinada información, puede tenerse como un indicio que, apoyado con otras pruebas, permita alcanzar un grado de convencimiento sobre la certeza del hecho noticioso, esto a partir de su confiabilidad”.

(9) Esta fue la postura asumida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las siguientes sentencias: 4 de julio de 2007, caso Escué Zapata vs. Colombia, párr. 28, y 11 de mayo de 2007, caso Bueno Alves vs. Argentina, párr. 46. Sin embargo, cabe señalar que en fallos anteriores la Corte impuso menos condicionamientos para la valoración de estos documentos. Así, en varias sentencias proferidas en 2006 (entre otras, la de nov. 29/2006, caso La Cantuta vs. Perú, párr. 65; de jul. 4/2006, caso Ximenes Lopes vs. Brasil, párr. 55; de jul. 1º/2006, caso de las masacres de Ituango vs. Colombia, párr. 122) indicó que los documentos de prensa aportados por las partes podrían ser apreciados “cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso”. Previamente, en la sentencia de 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, había señalado que los recortes de prensa tienen valor probatorio “en cuanto reproducen textualmente declaraciones públicas, especialmente de altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, del gobierno o de la propia Corte Suprema de Justicia de Honduras, como algunas emanadas del Presidente de esta última; [mientras que] otros tienen importancia en su conjunto en la medida en que corroboran los testimonios recibidos en el proceso respecto de las desapariciones y la atribución de esos hechos a las autoridades militares o policiales de este país” (párr. 146).

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de septiembre de 2012, Exp. 22670, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de noviembre de 2002, Exp. 13090, C.P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 18 de mayo de 2004, Exp. 14338, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de agosto de 2004, Exp. 15791, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. “Por regla general, la imputación de responsabilidad patrimonial al Estado derivada de los daños antijurídicos producidos con ocasión de la utilización de armas de dotación oficial, por tratarse de una actividad peligrosa, se hace con fundamento en el régimen del riesgo excepcional, en el cual basta con acreditar la existencia del daño y su nexo de causalidad con el servicio sin necesidad de entrar a determinar o calificar la conducta de quien produjo el daño, como culposa o no; sin embargo, en el presente asunto resulta evidente la existencia de una falla del servicio, constituida por las lesiones causadas a uno de los demandantes, miembro de la Policía Nacional, con arma de dotación oficial accionada por otro miembro de esta entidad, que estando también en servicio, obró imprudentemente”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de marzo de 2005, Exp. 14808, C.P. Germán Rodríguez Villamizar: “Los daños originados con instrumentos o medios peligrosos encuadran en el título de imputación por riesgo excepcional, siempre que no se advierta alguna falta o falla en el manejo o cuidado de esos instrumentos, porque, de lo contrario se hablaría de otra forma de imputación como fuente del daño. Ahora bien en el caso objeto de estudio la responsabilidad de la administración se basa en la falla del servicio, originada porque los miembros de la Fuerza Pública dispararon contra la víctima sin que en verdad se justificara dicha conducta, toda vez que el occiso ni intentó agredir, ni atacó a los uniformados, por lo que no se puede admitir que estos obraron adecuadamente para controlar la situación que se presentó”.

(13) Corte Constitucional, Sentencia C-179 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de septiembre de 2001, Exp. 13232-15646, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de junio de 2011, Exp. 19836, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de julio de 2013, Exp. 30452, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 31 de mayo de 2013, Exp. 30522, C.P. (e) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 10 de marzo de 2005, Exp. 14808, C.P. Germán Rodríguez.

(17) Si bien no figura en el expediente el registro civil de nacimiento del señor Carlos Julio Maldonado para saber quién es su madre, en el acta de matrimonio de aquel y Argenis Trujillo Poveda aparece la señora María Vidalia Maldonado como madre del primero.

(18) En las partidas de bautismo de las señoras María Vidalia Maldonado Torres (fl. 119, cdno. 3) y Rosalbina Maldonado Torres (fl. 120, cdno. 3) figuran como padres de estas Narciso Maldonado y Ascensión Torres, lo que permite concluir que son hermanas y, por tanto, que Rosalbina Maldonado es tía de Carlos Julio Maldonado. Estas partidas se valoran, sin necesidad de requerir registros civiles, porque registran nacimientos ocurridos el 20 de enero de 1931 y el 28 de junio de 1928, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 92 de 1938.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 14 de septiembre de 2011, Exp. 38222, C.P. Enrique Gil Botero.

(20) Ibídem.

(21) IPC de septiembre de 2013.

(22) IPC de agosto de 1999.

(23) Se acude a la Resolución 497 de 1997 de la Superintendencia Bancaria, que modificó la Resolución 585 de 1994, por ser la tabla de mortalidad de rentistas válidos vigente al momento de los hechos.

(24) El proceso no cuenta con el registro civil de nacimiento de Carlos Julio Maldonado. A pesar de ello, en el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez se indica que este nació el 13 de marzo de 1955 (124, cdno. 3), esto es, que al momento de ser herido, el 21 de agosto de 1999, tenía 44 años.