Sentencia 2001-01887 de septiembre 18 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

Expediente: 13001-23-31-000-2001-01887-01

Ref.: 2385-2011

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Edgar José Angulo Hernández

Autoridades distritales

Bogotá, D. C., dieciocho de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico:

Le corresponde a la Sala establecer si el actor, quien prestó los servicios como médico del servicio social obligatorio en la entidad demandada, tiene derecho al reconocimiento y pago de la asignación salarial y prestaciones sociales en igualdad de condiciones de un médico general de planta del Departamento Administrativo Distrital de Salud del Distrito de Cartagena.

2. Acto demandado:

La demanda se dirige a obtener la nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo respecto a la petición presentada el 2 de diciembre de 1999(1) a través de la cual el demandante solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales existentes entre lo devengado como médico del servicio social obligatorio y lo que debió devengar.

3. Análisis de la Sala.

Previamente a abordar el estudio de fondo sobre la controversia planteada y teniendo en cuenta que el tribunal se inhibió de fallar el asunto por inexistencia del acto acusado, le corresponde a la Sala establecer si dentro del proceso se presentó un silencio administrativo negativo respecto a la petición de 2 de diciembre de 1999 anexada con la demanda y si se configuró la existencia del acto administrativo ficto o presunto cuya nulidad se demanda.

— De la petición de 19 de noviembre de 1999 anexada con la demanda.

Con la demanda, el actor anexó la petición de 19 de noviembre de 1999, radicada ante la alcaldía de Cartagena el 2 de diciembre de 1999 visible a folios 39 a 45 del expediente, a través de la cual varios médicos y odontólogos del servicio social obligatorio, entre los que se relaciona el nombre del actor, solicitaron el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales por los servicios prestados, documento del cual se desprende que si bien el señor Edgar José Angulo Hernández fue relacionado en la petición, no la suscribió ni realizó presentación personal de la misma como sí lo hicieron varios de los peticionarios cuyos nombres se relacionaron en la referida petición, razón por la cual tal documento no permite establecer con certeza que el actor haya presentado la petición de 2 de diciembre de 1999 de la cual pretende derivar los efectos del artículo 40 del Código Contencioso Administrativo sobre la ocurrencia del silencio administrativo.

De acuerdo con el numeral 6º del artículo 5º del Código Contencioso Administrativo uno de los requisitos del derecho de petición es la firma del peticionario cuando fuere el caso(2), formalidad que permite verificar la autenticidad del documento y la voluntad de presentarlo ante la administración. De otra parte, se tiene que de acuerdo con el artículo 40 del Código Contencioso Administrativo, quien pretenda invocar la ocurrencia del silencio administrativo deberá demostrar la presentación de la petición y el transcurso del término de tres (3) meses sin recibir notificación de la decisión que la resuelva.

Al respecto, en la sentencia impugnada sostuvo el tribunal que el demandante no suscribió la petición elevada en sede gubernativa el 2 de diciembre de 1999 y por lo tanto no agotó la vía gubernativa, razón por la cual se inhibió de fallar el fondo del asunto; anotó el a quo que “a folios 42 a 45 donde se hallan los firmantes de la petición, no aparece el actor de este proceso, en consecuencia al no haberse agotado vía gubernativa por parte del señor Edgar José Angulo Hernández en este asunto, la Sala carece de competencia para el mismo y por tanto debe declarase inhibida para resolver”.

Más adelante, expresó que “… el documento contentivo de la petición de ajuste salarial que acompaña a la demanda y en virtud del cual se quería demostrar que se había configurado un acto administrativo ficto o presunto, no fue suscrito por el actor, por consiguiente no queda otra alternativa por no tenerse demostrado que el actor si realizó alguna petición a la administración demandada, en consecuencia no hay el acto presunto negativo que anular y por tanto prospera de oficio la excepción “inexistencia del acto acusado”, motivando de esta forma la decisión de inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda.

En efecto, observa la Sala que el actor no realizó la presentación de la petición de 2 de diciembre de 1999 de la cual pretendió derivar la existencia de un acto ficto o presunto, motivo por el cual no acreditó el presupuesto previsto en el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo para acudir a esta jurisdicción en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

— De las otras peticiones elevadas por el actor (28 de abril de 1997 y 2 de diciembre de 1999):

En el recurso de apelación manifiesta la apoderada del actor que a folios 135 a 139(3) del expediente allegó otra petición elevada al alcalde de Cartagena por conducto de “agente oficiosa”, el 2 de diciembre de 1999, que fue ratificada por el actor en el escrito de 18 de enero de 2000 allegado al folio 139, hecho con el que considera desvirtuada la falta de agotamiento de la vía gubernativa, pues en su criterio, con tal documento se demuestra que si realizó gestiones previas ante la administración para reclamar las pretensiones con el fin de poder acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa.

Sobre el particular, la Sala observa que mediante escrito presentado el 11 de mayo de 2009 (fls. 107 a 125), la apoderada del actor aportó algunos documentos al expediente entre los cuales se destacan (i) la petición de 28 de abril de 1997 presentada por el actor, por conducto de apoderado, ante el departamento administrativo de salud, a través de la cual solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias en los salarios y prestaciones dejados de recibir por los servicios prestados como médico del servicio social obligatorio, y (ii) la petición presentada el 2 de diciembre de 1999 por la abogada Ivette Martínez Gálvez, como agente oficiosa del demandante ante el alcalde de Cartagena en la que solicita el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales dejadas de recibir por los servicios prestados como médico del servicio social obligatorio.

En primer lugar, dirá la Sala que tales documentos no pueden ser apreciados toda vez que fueron aportados extemporáneamente por la parte actora(4), esto es, por fuera de la oportunidad probatoria que le correspondía al demandante —la demanda, su adición o reforma, de conformidad con los artículos 137, 139 y 168 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 183 del Código de Procedimiento Civil—; sin perjuicio de lo anterior, llama la atención de la Sala que el actor tampoco integró al petitum de la demanda los actos administrativos que resolvieron las peticiones referidas, o en su defecto, no invocó la ocurrencia del silencio administrativo negativo, incumpliendo con la exigencia del numeral 2º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 138 ibídem, que imponen al actor determinar con claridad y precisión lo que se demanda, tratándose de actos administrativos, estos deben individualizarse con toda precisión, si lo alegado es el silencio administrativo, debió acompañar a la demanda las pruebas que demostraran su ocurrencia, sin embargo el actor no hizo alusión en su demanda, ni mediante adición de la misma, a la existencia de las referidas peticiones, ni mucho menos, integró en las pretensiones los actos administrativos —expresos o fictos— que les dieron respuesta.

Sin lugar a dudas, el incumplimiento de tal exigencia torna inepta la demanda e impide realizar un control de legalidad toda vez que no se demandaron los actos administrativos que resolvieron las distintas peticiones elevadas por el actor en sede administrativa, es más, la Sala desconoce si respecto a las referidas peticiones la administración se pronunció o guardó silencio y si existen actos administrativos —expresos o fictos— que las hayan resuelto, evento en el cual debieron demandarse pero que sin embargo el actor no los integró a su demanda ni tampoco procuró la adición de la misma.

En consecuencia, estima la Sala que en el presente caso no es posible emitir pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda, como lo sostuvo el tribunal, toda vez que, por una parte, no se demostró la existencia del acto ficto negativo demandado ya que el actor no presentó la petición de 2 de diciembre de 1999 anexada con la demanda para acreditar el efecto jurídico previsto en el artículo 40 del Código Contencioso Administrativo; por otra parte, respecto de las peticiones elevadas el 28 de abril de 1997 (fls. 126 a 133) y el 2 de diciembre de 1999 (fls. 135 a 139), la parte actora no integró al petitum de la demanda los actos administrativos que le dieron respuesta, faltando a la exigencia del artículo 138 del Código Contencioso Administrativo que le impide a la Sala estudiar la legalidad de los mismos.

Por lo anterior, la sentencia apelada amerita ser confirmada porque en el presente caso la demanda es inepta toda vez que parte actora no cumplió con el presupuesto mínimo procesal para trabar la Litis(5) relacionado con la precisa individualización del acto demandado, incluyendo aquellos que lo confirmen o modifiquen como consecuencia del agotamiento de la vía gubernativa(6) y la demostración de la ocurrencia del silencio administrativo. La situación anterior inhibe a la Sala de emitir pronunciamiento sobre las pretensiones de la demanda relacionadas con el derecho del actor al reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales en igualdad de condiciones que un médico general de planta del departamento administrativo distrital de salud.

Por último, atendiendo la manifestación de voluntad expresada por la parte demandada mediante poder allegado a folio 363 del expediente y anexos obrantes a folios 342 a 363, procederá la Sala a reconocer personería a la nueva apoderada del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, por reunir los requisitos del artículo 76 del Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 13 de mayo de 2011, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, declaró probada la excepción de inexistencia del acto acusado presunto y en consecuencia se inhibió de emitir pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda instaurada por Edgar José Angulo Hernández contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.

2. RECONÓCESE personería a la abogada Isela Berocal Llorente, identificada con la cédula de ciudanía Nº 45.757.757 de Cartagena, y portadora de la tarjeta profesional Nº 113.090 del Corte Suprema de Justicia, para actuar en representación del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, en los términos del poder visible al folio 363 del expediente.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(1) Folios 39 a 45.

(2) La norma se refiere a los casos de las peticiones escritas como el presente.

(3) Ver escrito presentado el 11 de mayo de 2009 por la apoderada del actor mediante el cual aporta nuevos documentos al expediente.

(4) Fueron allegados el 11 de mayo de 2009 y la demanda fue presentada el 23 de noviembre de 2001.

(5) Decreto 01 de 1984 (CCA), artículo 137. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:

1. La designación de las partes y de sus representantes.

2. Lo que se demanda.

3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción.

4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.

5. La petición de pruebas que el demandante pretende hacer valer.

6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.

(6) Decreto 01 de 1984 (CCA), artículo 138. Modificado por el artículo 24, Decreto Nacional 2304 de 1989. Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión. Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda. Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero sí fue revocado, solo procede demandar la última decisión. Si se alega el silencio administrativo a la demanda deberán acompañarse las pruebas que lo demuestren.