Sentencia 2001-01932 de julio 11 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 680012315000200101932 01 (34.435)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Luis Felipe López Guerrero y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Asunto: Acción de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D.C., once de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia

La corporación es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 9 de mayo de 2007 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander,(22) mediante la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

Ahora bien, comoquiera que la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación tuvieron lugar para el año 2007, la norma aplicable, a efectos de determinar la segunda instancia, es el la Ley 446 de 1998, el cual señalaba que la cuantía mínima para que un proceso en acción de reparación directa fuere susceptible del recurso de apelación era de 500 smlv, la cual se determina por el valor de las pretensiones sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad al libelo introductorio. En el caso concreto la suma de las pretensiones arroja un valor superior a los 500 smlv.

2. Sustento fáctico y objeto del recurso de apelación.

Resulta necesario precisar, ab initio, que el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante hizo recaer sus inconformidades exclusivamente sobre el numeral tercero de la parte resolutiva, es decir, sobre el cálculo del perjuicio material, reconocido a título de lucro cesante, frente al cual consideró que su tasación debía abarcar el periodo de tiempo comprendido entre la fecha de fallecimiento de la víctima, es decir entre el 30 de agosto de 1999,(23) y la fecha de vida probable de la misma víctima, cuyo señalamiento lo efectúo teniendo en cuenta que para el momento de la muerte el señor Luis Armando López Mejía tenía 20 años, por lo que estimó su vida probable en 60.65 años.

Adicionalmente, la parte actora razonó que la tasación del perjuicio material, reconocido a título de lucro cesante, debió fijarse teniendo en cuenta la capacidad laboral y económica que tenía Luis Armando López Mejía (QEPD), antes de ingresar a prestar el servicio militar obligatorio en el año 1998, cuando devengaba, como mayordomo de la finca El Ruby de la vereda Morro Negro del municipio de Landazuri (Santander), la suma mensual de $ 1.000.000, según consta en los testimonios rendidos por Hernando Nieves Escamilla, Eduardo Díaz Arias e Hilda Nieves Escamilla, lo que según el dicho del apelante no fueron valorados por el a quo.

Al respecto es preciso resaltar que:

“Para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo”,(24) razón por la cual se ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”(25).

Lo anterior obliga a destacar que el recurso de apelación se encuentra limitado a los aspectos indicados por la apelante, por lo cual, en principio, los demás asuntos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia(26) de la sentencia como el principio dispositivo(27)(28)..

En este sentido la Sala Plena de la corporación, en reciente pronunciamiento reiteró que mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones o apreciaciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Lo anterior lo sostuvo de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(29).

Dicho lo anterior, la Sala, previendo que la alzada se destinó al ataque de los criterios bajo los cuales el juez de primera instancia calculó o cuantificó el perjuicio material - lucro cesante y el valor probatorio de los testimonios allegados para su demostración, limitará su estudio a esclarecer tales conceptos.

3. Reformatio in Pejus.

Al respecto, observa la Sala que la parte actora fue la única que presentó y sustentó el recurso de apelación contra la sentencia proferida el día 9 de mayo de 2007 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander y, en consecuencia, en el sub judice la parte demandante obra en calidad de apelante único, de manera que en aplicación del principio de la non reformatio in pejus, por regla general,(30) no puede agravarse su situación, pues esta garantía constitucional(31) ampara el derecho individual de la parte que resultó parcialmente vencida en el proceso, consistente en que, si apela, no puede ser modificado lo que le fue favorable porque la contraparte, al no recurrir, consintió en lo que se decidió en su contra, luego, quien consiente en lo desfavorable de un fallo, dispone de su interés al someterse inmediatamente a él, no obstante tener la posibilidad legal de alzarse contra la decisión mediante la interposición del recurso y sustentación de la apelación.

Entonces, el principio de la non reformatio in pejus muestra en el trasfondo la protección de un interés individual que se ampara precisamente porque la otra parte dispuso del suyo al no recurrir lo que le fue desfavorable, evento en el cual las facultades del juez se restringen para proteger el derecho individual del apelante único.

4. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante - valor probatorio de los testimonios para su reconocimiento y tasación.

En cuanto al lucro cesante esta corporación ha sostenido reiteradamente, que se trata de la ganancia frustrada o el provecho económico que deja de reportarse y que, de no producirse el daño, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de los perjudicados o víctimas indirectas. Pero que como todo perjuicio, para que proceda su indemnización, debe ser cierto, comoquiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a reparación alguna(32). Así las cosas, este perjuicio, como cualquier otro, si se prueba, debe indemnizarse en lo causado.

Ahora bien, en el caso de autos, debe tenerse en cuenta que cuando se trata del fallecimiento de los hijos, respecto de los padres, la jurisprudencia de la corporación ha entendido que el hijo soltero contribuye al sostenimiento de su casa materna hasta la edad de 25 años, pues se presume que a partir de la misma forma su propio hogar, “realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas de otros frentes familiares”, esa presunción puede ser desvirtuada cuando ha existido certeza de que el hijo prestaba auxilio económico a sus padres y se han encontrado reunidos otros elementos indiciarios como la vida modesta de la familia o “la voluntad reiterada, por actos sucesivos, de asumir el auxilio económico” y particularmente, cuando el hijo no había formado su propia familia y continuaba en la casa paterna(33).

Es así, que la Sala reiteró:

“En relación con el reconocimiento del lucro cesante a favor de los padres, la jurisprudencia ha dicho que se presume que los hijos ayudan a sus padres hasta la edad de veinticinco años, en consideración “al hecho social de que a esa edad es normal que los colombianos hayan formado su propio hogar, realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas en otros frentes familiares”. Además, se ha considerado que cuando se prueba que los padres recibían ayuda económica de sus hijos antes del fallecimiento de estos, la privación de esta tendría un carácter cierto y se ha presumido que la misma habría de prolongarse en el tiempo, más allá de la edad referida de los hijos, a condición de que se reúnan algunas circunstancias que permitieran afirmar tal presunción como la necesidad de los padres, su situación de invalidez, su condición de hijo único(34).

Entonces, forzoso es concluir que como límite temporal o periodo de tiempo a indemnizar, se tiene en cuenta el momento en el cual el hijo habría cumplido 25 años de edad, se itera, porque según las reglas de la experiencia, ese es el momento hasta el cual los padres pueden esperar ayuda económica de los hijos -salvo prueba en contrario-por estimarse que a esa edad estos últimos se emancipan del seno familiar y conforman su propia familia(35).

No obstante, previendo que el señalado supuesto conforma una presunción de carácter jurisprudencial, frente a la cual cabe afirmar, por supuesto, que ella admite prueba en contrario, la Sala ha contemplado eventos en los cuales el límite para el reconocimiento del perjuicio material - lucro cesante no se haya en los 25 años de edad, por cuanto la víctima fallecida, al momento de la muerte, superaba tal edad y, pese a ello, el material probatorio allegado o recaudado en el plenario demuestra la existencia de una relación de dependencia económica de sus progenitores, caso en el cual la liquidación se extiende al tiempo de vida probable de los padres(36).

Dicho lo anterior, debe anotarse que en el sub judice el a quo reconoció la indemnización por lucro cesante solicitada por la parte demandante en las cuantías anotadas ad initio de esta providencia, considerando, en primer lugar, que para tal efecto los actores solicitaron acoger como base de liquidación “un salario mensual de un millón de pesos, suma que devengaba el fallecido antes de su ingreso a la Policía Nacional”, y el término de vida probable de la víctima, frente a lo cual la primera instancia expuso los siguientes criterios de juicio:

i) Que aun cuando está probado que Luis Armando López Mejía, antes de entrar a prestar el servicio militar, se dedicaba a trabajar en el campo como mayordomo en la Finca el Ruby, no ofrece credibilidad la cuantía indicada por los testigos como ingresos mensuales de la víctima, considerando su edad en el momento referido y el cargo que este desempeñaba.

ii) De igual forma encontró acreditado que la víctima ayudaba al mantenimiento de su casa y, particularmente, colaboraba con sus padres.

iii) En consecuencia, en aplicación del criterio jurisprudencial relativo a que ningún trabajador colombiano puede devengar menos del salario mínimo legal, consideró el vigente para el año 1999, el cual, luego de su actualización, arrojó un valor inferior ($ 387.021) al mínimo legal vigente en el año 2007, fecha de la sentencia, el cual correspondía a la suma de $ 433.700, por lo que tomó este último valor para liquidar la condena.

Asimismo, en aplicación de las fórmulas acogidas por la jurisprudencia, adicionó la suma indicada en un 25% correspondiente al valor de las prestaciones sociales, para un total de $ 542.125, valor que a su vez se redujo en un porcentaje equivalente al 50% que se presume utilizaba la víctima para su propio sostenimiento, para un total de $ 271.062,5 pesos como base de liquidación.

iv) Para el efecto, también tuvo en cuenta el a quo que a la fecha de los hechos (ago. 30/99), la víctima contaba con una edad de 20 años, 4 meses y 13 días, por cuanto su fecha de nacimiento fue 17 de abril de 1979(37).

v) Finalmente, para calcular el lucro cesante en el caso de autos, el tribunal recordó la presunción del Consejo de Estado según la cual “la ayuda dada por el hijo a sus padres se da hasta los 25 años de este” por lo cual concluyó que el lucro cesante se encuentra comprendido por el lapso que le faltaba cumplir a Luis Armando López Mejía para alcanzar los 25 años de edad.

Fue, entonces, bajo los supuestos anotados que se calculó la indemnización debida por concepto de lucro cesante a favor de los demandantes, y frente a los cuales se plantearon las inconformidades del apelante, las que pasa la Sala a resolver.

En primer lugar, los actores sostienen que la tasación del lucro cesante debió abarcar el periodo de tiempo comprendido entre la fecha de fallecimiento de la víctima, es decir entre el 30 de agosto de 1999,(38) y la fecha de vida probable de la misma víctima, súplica que la Sala debe despachar desfavorablemente, entre tanto que encuentra acertados los argumentos expuestos por el a quo, ya que, teniendo en cuenta la edad de la víctima al momento de los hechos (20 años, 4 meses y 13 días) le era predicable la presunción según la cual los hijos aportan a la manutención de sus padres hasta los 25 años de edad, sin que obre dentro del plenario material probatorio que desvirtúe tal afirmación.

En el mismo sentido, la parte actora sostuvo que la tasación del lucro cesante, debió fijarse teniendo en cuenta los ingresos señalados en los testimonios rendidos por Hernando Nieves Escamilla, Eduardo Díaz Arias e Hilda Nieves Escamilla.

Al respecto, la Sala considera valorar el contenido de los testimonios citados por el actor:

1. Testimonio de Hilda Leonor Escamilla, rendido el día 18 de agosto de 2005, quien manifestó haber conocido desde niño a Luis Armando López Mejía porque eran vecinos y con relación a los hechos sostuvo(39):

“(...) Preguntando: ¿conoce usted a los padres del señor Luis Armando López Mejía, los señores Luis Felipe López Guerrero y la señora Nieves Mejía Lamus? Si su respuesta es afirmativa cuéntele a este despacho en razón de qué. Contestó: los conozco porque aun cuando nací en Jesús María pero prácticamente viví toda mi vida en Landázuri (Sic), los conozco porque eran mis vecinos y las dos familias compartíamos juntas. Preguntando: sírvase decirle a este despacho si conocía de manera cercana al señor Luis Armando López Mejía y cuéntenos cuáles eran las cualidades humanas de dicho señor. Contestó: bueno, lo conocía muy buen era un joven que iba mucho a mi casa incluso yo fui una de las personas que le ayude para que el ingresara a la Policía, puedo describirlo como un joven correcto, bondadoso con mucha calidad humana, era un joven muy respetuoso. Preguntando: sírvase decirle al despacho si tiene usted conocimiento de la manera en que la muerte del señor Luis Armando López afectó a sus padres y hermanos. Contestó: los afectó en todo sentido aún ellos no se han podido reponer de la pérdida de su hijo, pues ellos tenían muchas esperanzas en él. (...) Preguntando: indíquele al despacho si todos los miembros de la familia López Mejía anteriormente mencionados han vivido siempre bajo un mismo techo. Contestó: sí, pues ellos son un hogar de gente muy humilde en donde todavía la unidad familiar (Sic), me consta que han vivido siempre juntos. Preguntando: precísele al despacho cómo fueron las relaciones familiares de la familia López Mejía durante el tiempo en que usted fue vecina de ellos en el municipio de Landázuri. Contestó: fue una relación muy buena puesto que siempre primaba el dialogo, el cariño, el respeto que había en todos ellos. Preguntando: ¿sabe usted a qué se dedicaba el auxiliar regular de la Policía Luis Armando López Mejía antes de ingresar a la Policía Nacional y a cuánto ascendían sus ingresos mensuales? Contestó: trabajaba de mayordomo en la finca el Rubí y devengaba un millón de pesos mensuales según me comento la misma mamá. Preguntando: sabe usted si de los ingresos mensuales que percibía el señor Luis Armando López Mejía como mayordomo de la finca el Rubí (sic), sí este ayudaba a sus padres y hermanos y de qué manera lo hacía. Contestó: sé que les pagaba los servicios, les ayudaba con mercado y además era muy bueno con las hermanas (...)”.

2. Testimonio de Eduardo Díaz Arias, rendido el día 18 de agosto de 2005, quien manifestó haber conocido desde niño a Luis Armando López Mejía y a su familia porque eran vecinos y con relación a los hechos sostuvo(40):

“(...) Preguntando: sírvase decirle a este despacho si usted tuvo trato cercano con el señor Luis Armando López Mejía, si su respuesta es afirmativa cuéntenos sobre las cualidades humanas de dicho señor. Contestó: tuve trato con el señor Luis Armando con frecuencia ya que éramos vecinos de nuestras viviendas, en cuanto a las cualidades humanas le puedo nombrar muchas, por ejemplo él era una persona muy inteligente, emprendedor, muy juicioso, hogareño y muy respetuoso de sus padres, familiares y amigos, muy colaborador y de muchas aspiraciones. Preguntando: sírvase decirle a este despacho si tiene usted conocimiento de la manera en que la muerte del señor Luis Armando López Mejía afecto (sic) a sus padres y familiares. Contestó: sí, eso afecto (sic) enormemente, primero era una familia supremamente unida, don Luis Armando era un joven muy inteligente lleno de virtudes y bondades, por todas razones los hermanos (sic) y sus padres lo querían demasiado y en cierto modo era como el guía y el eje de las misma (sic) familia de sus hermanos, de sus papás, por tal motivo fue una pérdida irreparable para esa familia. Tan es así que todavía ellos no se han podido adaptar a ese vacío que les dejó ese muchacho, uno ve que la mamá y familiares al recordarlo todavía lo lloran pues para uno como amigo de la familia siente está perdida (...). Preguntando: precísele al despacho cómo han sido las relaciones familiares de la familia López Mejía. Contestó: es una familia que ha vivido siempre con mucha armonía, comprensión entre sí mismos y una gran colaboración mutua dentro de la familia. Preguntando: ¿sabe usted a qué se dedicaba el auxiliar regular de la Policía Luis Armando López Mejía antes de ingresar a la Policía Nacional y a cuánto ascendían sus ingresos mensuales? Contestó: una vez el terminó su bachillerato fue contratado para administrar una finca como mayordomo de la finca y según me comentaba Luis Armando era que él se ganaba más o menos un millón de pesos. Preguntando: ¿sabe usted si de los ingresos mensuales que percibía el señor Luis Armando López Mejía como mayordomo o administrador de una finca de propiedad del señor Hernando Nieves Escamilla ayudaba a sus padres y hermanos y de qué manera lo hacía? Contestó: como conversábamos con doña Nieves a señora (sic) madre de Luis Armando ella me comentaba que Luis les ayudaba a las hermanas en la cuestión de los estudios en la compra de elementos, uniformes, pagaba los servicios de agua, de luz, los servicios de la casa, ayudaba con el mercado”.

3. Testimonio de Hernando Nieves Escamilla, rendido el día 18 de agosto de 2005, quien manifestó haber conocido a Luis Armando López Mejía desde hace unos 35 años puesto que tenía una finca ubicada en la vereda Chorolo y además porque eran vecinos en Morronegro y en Landázuri toda vez que el señor Luis Armando López trabajó en su finca durante unos 10 meses y con relación a los hechos sostuvo(41):

“(...) Preguntando: sírvase decirle a este despacho cómo fue el desempeño laboral del señor Luis Armando López Mejía durante el tiempo que estuvo a su servicio y qué puede usted decir de sus cualidades humanas. Contestó: el desempeño laboral fue muy bueno, era una persona muy trabajadora, era muy cumplido y muy honrado. Respecto de sus cualidades como persona era un ser humano excelente. (...) Preguntando: sírvase decirle al despacho si tiene usted conocimiento de la manera en que la muerte del señor Luis Armando López Mejía afectó a su madre y familiares. Contestó: sí, profundamente, fue un sentimiento de mucha tristeza, era el hijo que a querían (sic), él era muy buen estudiante, eso los afectó tremendamente, todavía no se han repuesto del impase. (...) Preguntando: indíquele al despacho si todos los miembros de la familia López Mejía anteriormente mencionados han vivido siempre bajo el mismo techo. Contestó: sí, han vivido bajo el mismo techo, es una familia muy unida. Preguntando: indíquele al despacho cómo han sido las relaciones familiares de la familia López Mejía. Contestó: pues muy buenas, son muy unidos, todos viven en unión, comparten muchas cosas, viven en una unidad familiar muy buena. Preguntando: dígale al despacho a cuánto ascendían los ingresos mensuales de Luis Armando López Mejía como administrador de una de sus fincas. Contestó: él tenía un sueldo de un millón de pesos porque era experto en ganadería, manejaba muy bien la lechería, ganado (Sic) y el cacao. Preguntando: ¿sabe usted si los ingresos mensuales que percibía el señor Luis Armando López Mejía ayudaba a sus padres y hermanos y de qué manera lo hacía? Contestó: sí, ayudaba con mercado y pago de servicios y a los hermanos también les colaboraba con dinero (...)”.

De manera que es con fundamento en los testimonios citados que la parte actora argumenta que debe reconocerse a favor de los padres de la víctima la indemnización por lucro cesante sobre la base de $ 1.000.000 que devengaba antes de formar parte de la Policía Nacional bajo el régimen de los conscriptos(42).

Ahora bien, sobre el valor probatorio de los testimonios, la Sala observa que de acuerdo con lo dispuesto en la codificación civil procesal título XIII - capítulo IV, el testimonio es aquel medio de prueba que reside en la declaración o relato que hace un tercero, sometido a interrogatorio, de los hechos que se le pregunten y de los que le consten o tenga conocimiento, previa identificación y bajo la exigencia de jurar no faltar a la verdad so pena de incurrir en las sanciones penales que por el punible de falso testimonio contempla el Código Penal, y con las excepciones previstas en la ley(43).

En relación con este medio de prueba, el tratadista Hernán Fabio Lopez Blanco ha sostenido que esta es una modalidad probatoria denominada “declaración de terceros”:

“Es una especie del género que se llama “declaración” o interrogatorio, pues es lo cierto que son muchos los elementos comunes que existen con la “declaración de parte”, porque de lo que se trata es de que personas naturales que no son parte dentro del proceso ilustren con sus relatos referentes a hechos que interesan al mismo, para efectos de llevar certeza al juez acerca de las circunstancia que constituyen el objeto del proceso”(44).

Ahora bien, como el testimonio es aquel medio probatorio de mayor usanza en los juicios de responsabilidad civil, debe tenerse en cuenta que, aun cuando no se trate de un testigo mentiroso, el testimonio dependerá del convencimiento que este tiene de su propia verdad, de su edad, sexo, nivel de educación, salud (5 sentidos), su ubicación en el lugar de los hechos, sus perjuicios, las condiciones ambientales del momento y, en general, de la representación mental que el testigo se haga de la situación fáctica que percibe y las condiciones que lo rodeen, de manera que cada persona tendrá su propia percepción de los hechos(45).

Adicionalmente, debe preverse que dicha percepción puede ser directa, porque el testigo presenció los hechos y los aprehendió mediante el uso de sus sentidos, generalmente, sus 5 sentidos, o puede tratarse del conocimiento que el testigo tiene de los hechos por lo que le escuchó decir a otro, de manera que el declarante carece de percepción directa y narra en sus propios términos el dicho de otra persona o lo que oyó sobre lo que otros dijeron, en cuyo caso se acentúan las dificultades del testimonio, anteriormente enunciadas.

Ahora bien, en cuanto al testimonio sospechoso, el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil definió como sospechosos a aquellos testigos que se encuentren en circunstancias que puedan afectar su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencia, sentimientos o intereses que tengan con las partes o sus apoderados, de sus antecedentes personales u otras causas que, en todo caso, dependerán del concepto del juez, por cuanto la sola circunstancia de que los testigos sean parientes de una de las partes o tengan algún sentimiento o interés, no conduce necesariamente a deducir que ellos inmediatamente falten a la verdad, circunstancia de más para justificar que el juez se encuentre obligado a recepcionar el testimonio aunque el testigo sea tachado de sospechoso.

Adicionalmente, el operador judicial debe observar que la valoración probatoria es la actividad intelectual desplegada por el juzgador frente a los medios probatorios, para establecer la fuerza de convicción o de certeza que representan cada uno de ellos dentro de determinado proceso.

Para el desarrollo de la apreciación de las pruebas, la doctrina jurídica procesal ha identificado diferentes sistemas dentro de los cuales se encuentran el de la íntima convicción o de conciencia o de libre convicción,(46) el sistema de la tarifa legal o prueba tasada(47) y el régimen de la sana crítica o persuasión racional, consagrado en los códigos modernos, entre ellos el Código de Procedimiento Civil Colombiano que dispone en su artículo 187 que el juzgador debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la sana critica, es decir de la lógica, la ciencia y la experiencia:

“ART. 187.—Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.

El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.

De modo tal que dicha norma consagra, como sistema de valoración de la prueba el de la sana critica que requiere la expresión de las razones que el juzgador ha tenido para determinar el valor de las mismas, mediante la observancia de las citadas reglas.

“Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas.

El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento”(48).

Así, la valoración mediante la sana crítica, requiere, además, el análisis en conjunto de las pruebas y un ejercicio de ponderación de las mismas, exponiendo razonadamente el valor que atribuye a cada una, desechando solo aquellas que encuentre ilegales, indebidas o inoportunamente allegadas al proceso.

Entonces, en relación con el testimonio, su valoración y ponderación, requiere del juez, como en todos los casos, determinar el valor de convicción del mismo y su real dimensión, se itera, bajo su apreciación en conjunto y con aplicación de las reglas de la sana crítica, ejercicio cuya complejidad se acentúa en tratándose de testimonios de oídas o aquellos calificados como sospechosos, los cuales, según se infiere de lo dicho en líneas anteriores, no pueden ser desechados de plano sino que rigidizan su valoración de cara al restante material probatorio, por cuanto serán examinados con mayor severidad.

Debe entenderse, entonces, que son, precisamente, las reglas de la sana crítica las que aconsejan que tanto el testigo sospechoso como el ex audito, se aprecie con mayor rigor, se someta a un tamiz más denso de aquel por el que deben pasar las declaraciones libres de sospecha o cuya percepción fue directa o se subvaloren. Pero sin que puedan desecharse bajo el argumento del parentesco, interés o falta de percepción directa, sino porque confrontados con el restante material probatorio resultan contradictorios o mentirosos, o porque por cualquier circunstancia, a criterio del juez, merezca su exclusión o subvaloración.

Bajo esta filosofía, el ordenamiento procesal, artículo 218, inciso final, determinó que el juez apreciara los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso y al igual que las tachas sus motivos y pruebas fueran valoradas en la sentencia, ocurriendo lo propio con el testimonio de oídas.

Visto lo anterior, la Sala considera que, aun cuando de los testimonios citados por el apoderado judicial de la parte actora puede derivarse la existencia de la relación de familiaridad y de la actividad económica de la víctima, no puede el juzgador pasar por alto la relación de amistad y cercanía que se vislumbra entre los demandantes y los aquí declarantes, frente a lo cual se encuentra justificada la actuación del a quo, quien no les atribuyó completa credibilidad en tanto consideró que de acuerdo con la época del empleo (1998), la edad de Luis Armando López (1998) y a la actividad laboral por este desempeñada (mayordomo de la “finca el Ruby”) no podía tomarse el valor por ellos señalado como ingreso mensual de la víctima, en razón a lo cual acudió al salario mínimo legal mensual vigente.

Al respecto, la Sala acude en calidad de criterio auxiliar para iluminar su razonamiento, a verificar el ingreso promedio mensual en pesos constantes, reportado por el DANE, para las principales posiciones ocupaciones del país, comprendidas entre los años 1991 a 1998,(49) en la cual se apreció que para el mes de junio de 1998 el salario de un obrero o trabajador particular ascendió a la suma de $ 465.936, el correspondiente a un obrero empleado del gobierno $ 762.410, a un empleado domestico de $ 236.161, el de un trabajador por cuenta propia $ 354.944 y el asignado al patrono o empleador estaba en $ 1.056.163, criterio suficiente para desestimar la cuantía señalada por los testigos, como lo hizo el tribunal, y acudir a las regla general adoptada por la jurisprudencia de la corporación, según la cual cuando no se establece certeramente a cuánto ascendían los ingresos mensuales de la víctima, para la tasación del lucro cesante se acude al salario mínimo legal mensual vigente.

Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por cuanto ninguno de los cargos propuestos por el apelante prosperaron, sin entrar a hacer consideraciones adicionales, en tanto se encuentra limitada por el objeto de la apelación y el principio de la no reformatio in pejus.

En vista de lo anterior, simplemente se actualizarán los valores reconocidos por el a quo, lo anterior con usanza de la siguiente fórmula:

RA= V * (IPC final / IPC inicial) =

IPC final: 113.48 (fecha de esta providencia – mayo/2013)

IPC inicial: 91.76 (mayo/2007)

IPC final / IPC inicial: 1,236704446381866

V: $ 8.622.623.13 * 1,236704446381866

RA: $ 10.663.636,4

En conclusión, corresponde a cada uno de los demandantes, Luis Felipe López Guerrero (padre) y Nieves Mejía Lamus (madre), la suma de $ 10.663.636,4, por concepto de lucro cesante.

Frente a los perjuicios morales, la Sala considera conveniente recordar que, aunque la parte resolutiva contiene cifras exactas en pesos, debe preverse que esas cifras obedecen a los salarios mínimos señalados en la parte motiva de la providencia.

5. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia de 9 de mayo de 2007 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander, y en consecuencia:

1. DECLÁRESE administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por los hechos ocurridos el día 30 de agosto de 1999 en la Seccional de Policía Carabineros del municipio de Vélez (Santander) a raíz de los cuales se produjo el fallecimiento del conscripto - auxiliar de la policía Luis Armando López Mejía.

2. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa Policía Nacional a reconocer y pagar a los demandantes Nieves Mejía Lamus, la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; Luis Felipe López Guerrero, la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; Edilma López Mejía, la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes; Maribel López Mejía, la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes Ribeiro López Mejía, la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes; Aura López Mejía, la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes; Eliades López Vargas, la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes; Jorge Luis López Vargas, la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y; Gladys Ramos Mejía, la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de perjuicios morales.

3. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a reconocer y pagar a los demandantes Nieves Mejía Lamus, la suma de diez millones seiscientos sesenta y tres mil seiscientos treinta y seis pesos con cuatro centavos ($ 10.663.636,4) y Luis Felipe López Guerrero, la suma de diez millones seiscientos sesenta y tres mil seiscientos treinta y seis pesos con cuatro centavos ($ 10.663.636,4) por concepto de perjuicios materiales.

4. NIÉGANSE las demás pretensiones.

5. La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, dará cumplimiento a este fallo en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo”.

6. Sin condena en costas.

7. DEVUÉLVASE inmediatamente el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(22) Folios 94-118 del cuaderno 2.

(23) Obra en el expediente copia autentica del registro civil de defunción en el que consta que el día 30 de agosto de 1999 murió Luis Armando López Mejía en Tunja-Boyacá (fl. 15, cdno. 1).

(24) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 1º de abril de 2009. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Radicado 32800”.De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, solo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.

(25) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 10 de febrero de 2010. C.P. Hernán Andrade Rincón. Radicado 16306. Cfr. Corte Constitucional C-583 de 1997.

(26) En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación puede consultarse el pronunciamiento efectuado recientemente por la Sala, mediante providencia fechada en abril 1º de 2009, dentro del Expediente 32.800, con ponencia de la señora magistrada Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó: “De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, solo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.

(27) Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice Couture, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso” “Son características de esta regla las siguientes: “(...). El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, p. 106.

(28) Consejo de Estado - Sección Tercera - Sala Plena, sentencia de 9 de febrero de 2012, Expediente 21.060.

(29) Consejo de Estado - Sala Plana de Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2012, Expediente 21060.

(30) Este principio admite como excepción, que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella y los casos en que debe surtirse el grado jurisdiccional de consulta en favor de la parte que no apeló (Consejo de Estado, sent. de mar. 24/2011, Exp. 18118).

(31) El artículo 31 superior, al consagrar el principio de la doble instancia, impone como una limitación a la actividad del juez, el agravar la condición de quien comparece como apelante único en segunda instancia.

(32) Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 21 de mayo de 2007. C.P. Mauricio Fajardo, Expediente 15989 y de 1º de marzo de 2006. Expediente 17256. M.P. María Elena Gómez Giraldo.

(33) Consejo de Estado, sentencia de 20 de febrero de 2003, Expediente 14.515.

(34) Consejo de Estado, sentencia de 9 de junio de 2005, Expediente 15.129.

(35) Consejo de Estado, sentencia de 6 de junio de 2007, Expediente 16.064.

(36) Nota de Relatoría: Ver entre otras, sentencias del 12 de julio de 1990, Expediente 5666 y del 19 de marzo de 1998, Expediente 10.754.

(37) Copia autentica del registro civil de nacimiento en el que consta que el día 17 de abril de 1979 en el municipio de Landázuri-Santander nació Luis Armando López Mejía, hijo de Luis Felipe López Guerrero y Nieves Mejía Lamus (fl. 7, cdno. 1).

(38) Obra en el expediente copia autentica del registro civil de defunción en el que consta que el día 30 de agosto de 1999 murió Luis Armando López Mejía en Tunja-Boyacá (fl. 15, cdno. 1).

(39) Folios 77-78 del cuaderno 1.

(40) Folios 79-80 del cuaderno 1.

(41) Folios 81-82 del cuaderno 1.

(42) Certificación expedida por la Dirección Nacional de Policía “General Santander” - Seccional Carabineros de la Provincia de Vélez y en la que se da cuenta que el auxiliar Regular de Policía Luis Armando López Mejía (QEPD) para el día 30 de agosto de 1999 se encontraba prestando su servicio militar obligatorio (fl. 17, cdno. 1).

(43) En el caso de los impúberes ellos están exentos de la gravedad del juramento, así como las excepciones contempladas por el principio de no autoincriminación.

(44) Lopez Blanco, Hernán Fabio, Procedimiento Civil - Tomo 3 - Pruebas, 2ª edición 2008. Dupre Editores, p. 181.

(45) Obra en cita, p. 182.

(46) En el sistema de la libre convicción solo se exige certeza moral en el juzgador y no se requiere una motivación de su decisión. Es el sistema que se aplica en la institución de los llamados jurados de conciencia o jueces de hecho.

(47) En este sistema, la ley establece taxativamente el medio de prueba exigido para acreditar determinados hechos o actos y el valor de las pruebas, de manera que el juez solo aplica la ley sin que se requiera un razonamiento diferente al realizado por el legislador

(48) Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 622 de 4 de noviembre de 1998.

(49) http://www.eclac.cl/deype/mecovi/docs/TALLER2/7.pdf