Sentencia 2001-01936 de febrero 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Expediente 31395

Rad.: 05001-23-31-000-2001-01936-01

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actores: Ledis Rosa López Sotelo y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá, D. C., veinte de febrero de dos mil catorce.

EXTR ACTOS: «Consideraciones

7. Por ser la demandada una entidad estatal, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

8. La corporación tiene competencia para conocer del asunto en razón del recurso de apelación incoado por la parte demandada, en un proceso con vocación de segunda instancia en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, fijada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la solicitud de reparación de perjuicios materiales, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

9. La acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo es la procedente en este caso, por cuanto las súplicas de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por las acciones y omisiones que, según la parte actora, causaron la muerte del señor Baltazar Bravo Rodríguez y la destrucción parcial del vehículo de su propiedad.

10. Interesa recordar que, de acuerdo con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la Sala debe limitarse a analizar los aspectos de la sentencia de primera instancia que el impugnante cuestiona en el recurso de apelación(2) o todos aquellos que son “consecuenciales, accesorios o derivados del aspecto de la sentencia que fue recurrido”(3). Sobre este punto, la corporación ha considerado que el juez de segundo grado no puede determinar libremente lo desfavorable al recurrente ni enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso(4).

11. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, se probaron los lazos de parentesco y civiles entre el señor Baltazar Bravo Rodríguez y los demás demandantes en el presente caso(5). Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se comprueba que el daño invocado en la demanda proviene de actuaciones de la Policía Nacional, de manera que la Nación, representada por tal entidad, se tiene legitimada como parte demandada en este asunto.

12. En lo atinente a la caducidad de la acción, la Sala comprueba que en el presente caso no opera tal fenómeno, dado que los hechos dañinos —la muerte del señor Bravo Rodríguez y la destrucción de su vehículo— tuvieron lugar el 11 de enero de 2001 y la demanda se interpuso el 15 de junio de 2001, es decir, dentro del término legal de dos años que señala para tal efecto el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

II. Problema jurídico

13. La Sala debe determinar si la muerte de Baltazar Bravo Rodríguez y la destrucción del vehículo de su propiedad son hechos imputables jurídica o fácticamente a la entidad demandada, o si, como sostiene esta última, debe exonerársele de responsabilidad por la concurrencia del hecho exclusivo y determinante de la víctima. En caso de establecerse dicha responsabilidad, se procederá a hacer la respectiva liquidación de los perjuicios a indemnizar a los familiares del directamente afectado.

III. Validez de los medios de prueba

14. Según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

14.1. En este caso, la parte actora solicitó expresamente en el escrito de demanda que se oficiara a la Fiscalía Seccional de Apartadó, Antioquia, al Juzgado 167 de instrucción penal militar y al comandante de policía de esa localidad para que remitieran copias de las investigaciones penal y disciplinaria seguidas por la muerte del señor Bravo Rodríguez (fls. 57-58, c. 1). La entidad demandada, al contestar el libelo introductorio, se adhirió a las pruebas solicitadas por la parte actora “por considerarlas suficientes para desvirtuar los hechos de la demanda” (fl. 70, c. 1).

14.2. En atención a estas solicitudes, el tribunal decretó las pruebas (fls. 77-78, c. 1) y exhortó a las autoridades requeridas para la remisión de los procesos mencionados (fls. 103, 118, c. 1). En cumplimiento de esta orden, la Fiscalía 150 Penal Militar y el comandante del Departamento de Policía de Urabá remitieron copias de los procesos penal y disciplinario seguidos por la muerte del señor Bravo Rodríguez (fls. 1-194, c. 2; fls. 1-207, c. 3).

14.3. Las pruebas recogidas por la Fiscalía 150 Penal Militar, el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar y el Departamento de Policía de Urabá serán valoradas debido a que fueron remitidas en copia auténtica(6) y a que las partes las solicitaron de común acuerdo. Además, los despachos que las practicaron pertenecen al Ministerio de Defensa, al igual que la entidad demandada en este caso, de modo que se asume que esta última intervino activamente en su práctica.

15. Las declaraciones de Edilberto Mendoza Hernández (fl. 112, c. 1), Javier Herrera Salazar (fls. 112-113, c. 1), Arelis Esther López González (fls. 113-114, c. 1) y Franky Ailer Giraldo Gaviria (fl. 114, c. 1), rendidas bajo la gravedad de juramento, serán valoradas dado que se surtieron ante el Juzgado Civil Municipal de Apartadó en atención al despacho comisorio Nº 517 dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia (fl. 117, c. 1).

16. Las declaraciones de Ledis Rosa López Sotelo (fls. 36-37, c. 2; fls. 94-95, c. 3) y Ana Luisa Bravo Olivares (fls. 54-55, c. 2; fls. 112-113, c. 3), rendidas ante el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar y el Departamento de Policía de Urabá, no podrán ser valoradas por la Sala, debido a que se trata de declaraciones de quienes son parte demandante en esta controversia y no fueron requeridas por la entidad demandada a rendir interrogatorio de parte, de acuerdo con el artículo 203 del Código de Procedimiento Civil.

17. La indagatoria del agente de policía Álvaro Luis Palencia Mejía que obra en el proceso penal militar seguido en su contra (fls. 18-23, c. 2), al igual que la versión libre vertida en el marco del proceso disciplinario (fls. 53-33, c. 3), no podrán ser valoradas debido a que la indagatoria y la versión libre son medios de defensa del procesado y la veracidad de su contenido, influida sin duda por la necesidad de la exculpación, no es susceptible de verificación. Además, carecen de la formalidad prevista para la práctica de testimonios, a saber, la de rendirse bajo la gravedad del juramento.

IV. Hechos probados

18. De acuerdo con las pruebas incorporadas a este expediente, están acreditados en el proceso los siguientes hechos relevantes:

18.1. El 11 de enero de 2001, aproximadamente a las ocho y veinte de la mañana, en la carretera que conduce del municipio de Turbo, Antioquia, a la población de Chigorodó, a la altura del kilómetro 27, el señor Baltazar Bravo Rodríguez conducía la motocicleta de su propiedad, cuando fue arrollado por detrás por un vehículo de propiedad de la Policía Nacional (informe de accidente —fls. 108-109, c. 1—; acta de inspección de cadáver —fls. 1-3, c. 2—).

18.2. El accidente antes mencionado le produjo al señor Baltazar Bravo Rodríguez un trauma en la médula espinal y diversas lesiones corporales que finalmente le causaron la muerte (protocolo de necropsia —fls. 95-97, c. 1—; registro civil de defunción —fl. 15, c. 1—; certificado legal de defunción —fl. 16, c. 1—; álbum fotográfico suscrito por el Cuerpo Técnico de Investigación —fls. 140-144, c. 2—).

18.3. La motocicleta marca Yamaha, tipo DT-125, de placas KPN-42, de propiedad de Baltazar Bravo Rodríguez (licencia de tránsito —fl. 41, c. 1—; tarjeta de propiedad —fl. 68, c. 2—), sufrió diversas averías mecánicas con ocasión del accidente (inspección judicial —fl. 40, c. 2—; examen técnico-mecánico —fl. 70, c. 2—).

18.4. El vehículo marca Nissan Patrol, tipo camioneta, de placas OKJ-745, color blanco, era propiedad del Departamento de Policía de Urabá (oficio del comandante del Departamento de Policía de Urabá —fl. 41, c. 1—; certificación de la distribuidora Nissan —fls. 42-43, c. 2—; acta de inspección judicial —fls. 39-40, 89-92, c. 2—), que al momento del accidente era conducida por el agente Álvaro Luis Palencia Mejía (registro de salida de bienes —fl. 30, c. 3—; acta de entrega de vehículo —fl. 32, c. 3—), miembro activo de la Policía Nacional (extracto de hoja de vida —fls. 108-109, c. 2—), quien se encontraba cumpliendo una misión oficial (declaración del coronel Jorge Reimundo Pinto Blanco —fl. 11, c. 2—; minuta de guardia —fls. 27-28, c. 3—).

18.5. Con ocasión de estos hechos, la Fiscalía 150 Penal Militar abrió investigación penal contra el agente de policía Álvaro Luis Palencia Mejía por el delito de homicidio culposo. Mediante auto de 1º de junio de 2001, el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar resolvió su situación jurídica y se abstuvo de imponer en su contra medida de aseguramiento, luego de constatar la existencia de un “caso fortuito”, a saber, la imprudencia de la víctima (auto que resuelve la situación jurídica del procesado —fls. 115-126, c. 2—).

18.6. Por su parte, la Policía Nacional inició investigación disciplinaria contra el agente Álvaro Luis Palencia Mejía por posibles infracciones al reglamento de disciplina y ética de dicha institución (auto de apertura de investigación —fls. 14-15, c. 3—). Mediante decisión del 14 de mayo de 2001, el comandante del Departamento de Policía de Urabá formuló pliego de cargos contra el agente Palencia Mejía, luego de encontrar que este pudo haber evitado el accidente si hubiera obrado con mayor prudencia (auto de formulación de pliego de cargos —fls. 174-178, c. 3—). Finalmente, el secretario de asuntos disciplinarios del Departamento de Policía de Urabá absolvió de todos los cargos al mencionado agente, al considerar que se presentó el hecho exclusivo de la propia víctima (absolución de cargos —fls. 198-203, c. 3—).

V. Análisis de la Sala

19. En el presente asunto, la Sala encuentra acreditado el daño, pues la muerte del señor Baltazar Bravo Rodríguez, ocurrida el 11 de enero de 2001 en la vía que conduce del municipio de Apartadó, Antioquia, a la localidad de Turbo, a la altura de la vereda “Bajo del Oso”, con ocasión del accidente de tránsito que sufrió luego de que la motocicleta en que se transportaba colisionara con una patrulla de policía, es un hecho que está plenamente demostrado en el proceso.

19.1. En el informe de necropsia Nº 2001-006 levantado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, seccional Apartadó, se describen las heridas sufridas por el señor Bravo Rodríguez y se concluye que su muerte se produjo debido a “trauma raquimedular por contusiones en accidente de tránsito” (fls. 95-96, c. 1):

Examen exterior del cadáver: cadáver de hombre adulto, 42 años de edad, tez morena, contextura media, talla 169 cm, cabello ensortijado negro con algunas canas, frente amplia, nariz recta, ojos cafés, dientes con fractura antigua de la pieza Nº 22, labios gruesos, boca grande, orejas medianas, bigote, mentón cuadrado con hoyuelo y barba escasa. Señas particulares: cicatriz en lado izquierdo del abdomen, cicatriz en muslo izquierdo. Historia: accidente de tránsito al desplazarse en una motocicleta y ser atropellado por un vehículo de la policía. (...)

Diagnóstico macroscópico: Hombre adulto, se desplazaba en una motocicleta y fue colisionado por un vehículo en movimiento; recibió atención intrahospitalaria; hay una persona sindicada en el accidente. Presenta lesiones por contusiones en el accidente de tránsito, fracturas costovertebrales dorsales, hemoperitoneo, hematomas en riñones, fisura en el bazo, hematoma en encéfalo, canal medular hemorrágico, hematoma en cara posterior del estómago, lesiones vasculares de vasos de pequeño calibre.

Conclusión: La muerte de quien en vida respondía al nombre de Baltazar Bravo Rodríguez fue consecuencia natural y directa de trauma raquimedular por contusiones en accidente de tránsito, de naturaleza simplemente mortal.

19.2. Así mismo, en el informe de accidente de tránsito levantado por la Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre Automotor (fls. 108-109, c. 1), como en el acta de inspección de cadáver (fl. 1-3, c. 2) y el álbum fotográfico (fls. 140-144, c. 2) emanados del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, se reporta que el señor Baltazar Bravo Rodríguez falleció como consecuencia del accidente de tránsito ya mencionado.

20. Igualmente, está demostrado que la motocicleta de propiedad del señor Baltazar Bravo Rodríguez sufrió averías como consecuencia de la colisión con la patrulla de policía. Sobre este punto, se dejó constancia en la diligencia de inspección judicial al vehículo realizada por el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar, en estos términos (fl. 40, c. 2):

Motocicleta marca Yamaha, línea DT-125, de placa KPN-42, modelo 1990; clase de vehículo: motocicleta; color blanco; motor Nº 3TL004121; chasis Nº 3TL004121. Seguidamente, se procede a establecer los daños que presenta, para tal efecto el perito experto en motocicletas manifiesta que presenta los siguientes daños: el chasis torcido y reventado en la parte trasera por cuatro partes; el corenaje reventado; el aro de la farola torcido; un direccional delantero del lado izquierdo reventado; la manija de freno delantero del lado derecho reventada; la manija del closs (sic) del lado izquierdo reventada; la barra telescópica de suspensión delantera torcida; la caja de filtro de aire reventada; el rin trasero torcido y reventados los radios; la llanta trasera, referencia 4.10x18, rajada; el tarro de aceite de dos tiempos reventado; las direccionales traseras reventadas; el stop trasero reventado; el guardabarros trasero reventado; el portaplaca reventado; la tijera trasera torcida; el guardacadena reventado; expresando el perito que la moto recibió impacto en la parte trasera del lado derecho, que le torció y reventó el chasis. (...) El avalúo de los daños descritos que presenta la motocicleta tiene un valor de dos millones trescientos mil pesos ($2.300.000).

21. Ahora bien, con el fin de establecer si estos daños son imputables a la entidad demandada, o si, por el contrario, se presenta alguna causal eximente de responsabilidad, es necesario esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el hecho, a partir del material probatorio obrante en el expediente.

21.1. En primer lugar, está demostrado que el vehículo que colisionó con la motocicleta del señor Bravo Rodríguez, conducido por el agente de policía Álvaro Palencia Mejía, era propiedad de la Policía Nacional. Así se evidencia en el informe de accidente de tránsito (fl. 108, c. 1), en el acta de diligencia de inspección judicial (fls. 39-40, 89-92, c. 2), en el oficio suscrito por el comandante del Departamento de Policía de Urabá (fl. 41, c. 1), en la declaración del coronel Jorge Pinto Blanco (fl. 11, c. 2) y en la certificación de la distribuidora Nissan (fls. 42-43, c. 2), entre otros elementos de prueba.

21.2. En cuanto a la forma en que ocurrieron los hechos, el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar hizo el siguiente recuento de los mismos en la decisión que resolvió la situación jurídica del agente de policía Álvaro Luis Palencia Mejía (fl. 115, c. 2):

De las constancias procesales que obran en autos, se sabe que el carabinero de la Policía Nacional Palencia Mejía Álvaro Luis, orgánico del Departamento de Policía de Urabá y adscrito como conductor al comando del Departamento de Policía de Urabá, en horas de la mañana del día jueves once (11) del mes de enero del año dos mil uno (2001), se desplazaba por la carretera que del municipio de Apartadó conduce al municipio de Turbo, conduciendo la camioneta de placas OKJ-745, marca Nissan Patrol, color blanco, modelo 1997, con el fin de recoger allí al señor teniente coronel Jorge Reimundo Pinto Blanco, comandante del Departamento de Policía de Urabá. Igualmente, por la misma vía y desde el mismo municipio se movilizaba hacia el corregimiento Nueva Colonia el señor Baltazar Bravo Rodríguez, quien conducía la motocicleta de placas KPN-42, marca Yamaha, color blanco, modelo 1990, y cuando ambos vehículos transitaban a la altura del sitio conocido como “Bajo del Oso”, área rural del municipio de Apartadó, el motociclista quiso sobrepasar la camioneta al movilizarse del carril izquierdo hacia el carril derecho por donde aquella se desplazaba, y en ese instante se presenta la colisión de los vehículos, en la cual el carabinero Palencia Mejía golpea con el guardachoque delantero de la camioneta a la motocicleta en la parte trasera, lado derecho, y como consecuencia de la colisión los dos vehículos resultaron con daños, mientras que el señor Baltazar Bravo Rodríguez cayó sobre el capó de la camioneta y al ser frenada esta por el carabinero Palencia, dicho señor cayó al pavimento, de donde fue recogido por el policial y trasladado al Hospital Antonio Roldán Betancur de Apartadó para que recibiera atención médica, y allí se produjo su deceso; estableciéndose que la muerte del señor Baltazar Bravo Rodríguez fue consecuencia natural y directa de trauma raquimedular por contusiones en accidente de tránsito de naturaleza simplemente mortal, a la vez que el occiso no llevaba casco protector al momento del accidente.

21.3. En la parte considerativa de esta decisión, se señala como causa del accidente “la imprudencia del conductor de la motocicleta” y se aclara que la acción precipitada del señor Bravo Rodríguez constituyó un hecho imprevisible para el agente de policía y, en esa medida, un “caso fortuito” que lo exime de responsabilidad, aún a título de culpa. Afirma el juzgado de conocimiento (fls. 123-125, c. 2):

En la injurada rendida por el carabinero Palencia Mejía Álvaro Luis, este plantea un caso fortuito o accidente, caso en el cual no existe lugar a responsabilidad por estar frente a una causal que es imposible de prevenir el hecho. Por lo tanto, no puede hablarse de culpa. (...)

La confesión que hace el sindicado carabinero Palencia Mejía Álvaro Luis en su injurada no fue desvirtuada; por el contrario, es corroborada por el testimonio rendido por el señor Carlos Arturo Gaviria Berrío, por lo que en consideración del despacho, atendiendo a los planteamientos expuestos anteriormente, el acriminado se vio enfrentado ante un caso fortuito, no siendo el caso proferir en su contra medida de aseguramiento.

21.4. Por su parte, el comandante del Departamento de Policía de Urabá decidió formular pliego de cargos contra el agente Palencia Mejía porque, a su juicio, el carabinero debió haber obrado con mayor precaución, no solo porque la conducción de vehículos es una actividad peligrosa, sino porque se enfrentaba a ciertos riesgos, esto es, que la carretera estaba mojada y presentaba un alto flujo de vehículos pesados (fl. 177, c. 3):

Cuando ocurrió el accidente la vía estaba mojada porque había llovido, dice el disciplinado que debió orillarse a la línea blanca de la carretera porque un camión grande que venía en sentido contrario lo hacía por todo el centro de la vía y que por ello debió reducir la velocidad, que oscilaba entre 60 y 70 kilómetros por hora, y que llevaba el vehículo en tercera velocidad, en cuyo caso y ante la eventualidad que se le presentó, si hubiera actuado de manera diligente y presumiendo siempre que algún improvisto se le podía presentar, entendiendo que esta presunción es producto de la representación que siempre se debe hacer la persona que realiza una actividad peligrosa como lo es la conducción de vehículos. Como conductor que ha recibido una adecuada capacitación, ya que en el plenario existe título de idoneidad como conductor expedido por la Escuela de Enseñanza Automovilística, debió conducir a la defensiva, previendo todos los resultados previsibles que su profesión le puede representar en determinado momento; no lo hizo pudiéndolo haber hecho (sic), si verdaderamente iba despacio como sostiene en sus testimonios. Por ello considera este despacho que la actuación del disciplinado fue culposa porque habiendo podido prever el resultado, aunque no lo quiso, lo habría podido evitar. En ese orden tenemos que actuó sin voluntad dañosa pero desafortunadamente el resultado acabó con la vida de una persona porque, de acuerdo con la necropsia, la muerte del señor Bravo Rodríguez es producto de las lesiones recibidas en el accidente que nos ocupa.

21.5. No obstante lo anterior, el secretario de asuntos disciplinarios del Departamento de Policía de Urabá, en la decisión que absolvió de todos los cargos al mencionado agente de policía, consideró que el señor Bravo Rodríguez, al intentar cambiar de carril intempestivamente, sin percatarse del riesgo que esa maniobra implicaba, actuó de manera imprudente y propició el accidente en el que infortunadamente perdió la vida. Agregó que para el agente fue imposible esquivar la motocicleta debido a que el conductor giró de manera intempestiva (fls. 201-203, c. 3):

A la luz de las evidencias se puede concluir que, habiendo conjugado el verbo rector de la infracción, su comportamiento se encuentra amparado por la eximente de inculpabilidad del caso fortuito, pues el acaecimiento de estos hechos tuvo como origen la imprudencia del motociclista al salir a la carretera sin cerciorarse que la vía no estaba despejada para hacerlo y es así como invade el carril que llevaban los vehículos que transitaban en sentido Apartadó - Turbo sin alcanzarle las maniobras que realizó para lograr efectivamente el objetivo, en cuyo trance lo arrolla el vehículo de propiedad de la institución policial, conducido por el carabinero Palencia Mejía, cuyo desenlace fue la muerte subsecuente del referido particular. (...)

Aunque el caso era previsible, resultó inevitable toda vez que el occiso, al abordar la vía por la que transitaba el institucional, lo hizo de manera intempestiva, saliéndose del psiquismo del sujeto agente y del campo de su previsibilidad la maniobra ligera e imprudente realizada por la víctima. Contario a lo afirmado por los dolientes del occiso, pruebas como la inspección judicial y la revisión realizada por el tránsito municipal de Apartadó a los vehículos comprometidos en el evento, permiten conocer que la motocicleta recibió el golpe en la parte posterior derecha y no por detrás, como afirman la esposa y hermana del señor Baltazar Bravo, de lo cual se colige que efectivamente, como sostiene el testigo presencial Carlos Arturo Gaviria, el señor Bravo salió a la vía de repente, tanto así que la motocicleta no recibió el impacto de frente por detrás, sino en la parte posterior pero al lado derecho del sillín.

22. Como puede observarse, la investigación penal adelantada por la muerte del señor Bravo Rodríguez culminó con decisión de abstención de medida de aseguramiento a favor del agente Palencia Mejía, al constatar la presencia de un “caso fortuito”, pues, según el juzgado, la imprudencia del motociclista provocó el accidente en que perdió la vida. Por la misma razón, el comandante del Departamento de Policía de Urabá absolvió de todos los cargos al carabinero implicado en el suceso fatal.

23. Claro está que las decisiones adoptadas en los procesos penal y disciplinario no son un obstáculo para que esta corporación examine la responsabilidad de la administración en la muerte de Baltazar Bravo a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, según el cual el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus autoridades.

23.1. Se debe recordar que, de acuerdo con los pronunciamientos de la Sección Tercera de esta corporación, el hecho de la absolución penal de los agentes estatales involucrados en la producción del daño, o el cierre definitivo de la indagación por ausencia de pruebas, no implica en modo alguno que el trámite contencioso deba concluir de la misma forma. Sobre este punto, la Subsección ha señalado:

La Sala reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual la sentencia penal que se profiera en el proceso penal que se adelante contra el servidor estatal, sea ésta condenatoria o absolutoria, no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación que se adelante contra el Estado por esos mismos hechos, porque, conforme se ha sostenido en las providencias en las que se ha acogido dicho criterio: (i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de responsabilidad que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio.

Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular.

Y, finalmente, si bien la sentencia penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación directa, no puede desconocerse el valor probatorio que la misma pueda tener en este proceso; por lo tanto, la sentencia penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando constituya la única prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la cual se infieran los demás elementos de la responsabilidad estatal, como lo son el hecho, la autoría del agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se insiste, ese valor de la sentencia penal no surge del hecho de que la misma produzca efectos de cosa juzgada sobre la acción de reparación sino porque esa sentencia constituye una prueba documental para el proceso, que bien puede brindar al juez contencioso certeza sobre los elementos de responsabilidad(7).

23.2. Así las cosas, ninguna incidencia tiene en el presente proceso el hecho de que se hayan cerrado las investigaciones penal y disciplinaria, pues es claro que estos procesos difieren del contencioso administrativo en cuanto a las partes, el objeto, la causa, los principios y normas que los rigen y el tipo de responsabilidad que se debate. De manera que la Sala asume el deber de determinar si existe o no responsabilidad del Estado en la muerte de dicha persona y en la destrucción parcial de su vehículo.

24. Con este propósito, se examinarán las decisiones que pusieron fin a las investigaciones aludidas con la absolución del agente implicado, a la luz de los medios de prueba que obran en el expediente.

24.1. En el informe de accidente de tránsito levantado por la Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre Automotor se indica, sobre las características de la vía, que esta tenía una sola calzada de asfalto y era recta, plana, con dos carriles, de doble sentido y en buen estado; con respecto a las condiciones del lugar, que hacía tiempo seco y que la zona carecía de iluminación artificial (a las ocho y veinte de la mañana) (fl. 108, c. 1). En igual sentido, el guardia de tránsito Luis Enrique Carvajal indicó (fl. 77, c. 2):

Es una vía recta, sin aceras, estaba seca en el momento del accidente porque no estaba lloviendo, pero cuando yo llegué ya había llovido, prácticamente estrecha, en buen estado, solo tiene la demarcación de línea central, pavimentada o asfaltada, hay casas en el “Bajo del Oso” en el lado izquierdo, en el sentido sur-norte, al lado derecho queda la entrada de la finca “Santa Marta”.

24.2. En lo relativo al accidente, el informe aclara que se produjo en la vía Turbo - Chigorodó, kilómetro 27, entre una motocicleta marca Yamaha, tipo DT-125, con placas KPN-42, conducida por el señor Baltazar Bravo Rodríguez, y un vehículo marca Nissan Patrol, de placas OKJ-745, tipo camioneta, de propiedad del Departamento de Policía de Urabá. Como causa probable del suceso se señala: “Cond. Nº 1. Cambio de carril sin indicación”. Además, como “observación” quedó registrada la siguiente declaración del conductor del vehículo oficial: “Voy derecho, él va por la orilla contraria y de pronto se mete al carril derecho, freno pero le doy” (fls. 108-109, c. 1).

24.3. En el acta de inspección de cadáver, el CTI relató el accidente de acuerdo con la versión ofrecida por el agente que conducía la patrulla de policía, esto es, que el motociclista sobrepasó el vehículo policial por el lado izquierdo de la vía y al virar súbitamente al carril derecho provocó la colisión de la patrulla con la parte trasera de la motocicleta (fls. 1-2, c. 2):

En la fecha presente, siendo las 9:30 horas aproximadamente, según versión del señor agente de policía Álvaro Luis Palencia Mejía, identificado con la cédula 78.758.321 de Lorica, Córdoba, labora actualmente en el comando DEURA, vereda El Reposo, este se desplazaba hacia la localidad de Turbo a recoger al coronel Pinto Blanco y, a la altura del lugar conocido como “Bajo del Oso”, un motociclista en una DT blanca le sobrepasó al lado izquierdo del otro carril, es decir, en contravía y totalmente afuera del asfalto, y se desplazó súbitamente al carril del carro por él conducido, en ese momento fue cuando colisionó el vehículo Nissan Patrol con la parte trasera de la moto, lado derecho. Agregó el entrevistado e imputado que al lugar del accidente llegó personal del tránsito y realizó trámites de su competencia.

24.4. En la entrevista que los funcionarios de la policía judicial Gustavo Mora Parra y Julián Valencia López le hicieron al agente Palencia Mejía, se concluyó que la motocicleta, que transitaba en el mismo sentido que la patrulla de policía pero al lado izquierdo de la vía, al advertir un camión en sentido contrario debió virar hacia el carril derecho, provocando así el accidente en que perdió la vida el señor Bravo Rodríguez (fl. 79, c. 2):

Se entrevistó al señor patrullero Álvaro Luis Palencia Mejía (...) quien, al preguntarle por los hechos ocurridos el día 11 01 2001, respondió que él ese día iba para el municipio de Turbo en el vehículo Nissan de color blanco del comando, a recoger al teniente coronel Jorge Reimundo Pinto Blanco, comandante del departamento, y también iba el señor agente Díaz Solin en el carro Montero Mitsubishi de color rojo. Antes de llegar al sitio conocido como “Bajo del Oso”, venía hacia el municipio de Apartadó un camión cargado de banano, el cual pasó muy pegado a su carril y lo obligó a abrirse un poco más a su derecha, cuando observó que enseguida venía otro camión y fue cuando se le atravesó una motocicleta que estaba adelantando y al frenar el carro alcanzó a golpearla, el motociclista cayó sobre el capó.

24.5. En tal sentido, el guarda de tránsito Luis Enrique Carvajal explicó la versión del agente que iba de conductor y dio su propio concepto sobre los hechos, según el cual el motociclista Bravo Rodríguez pasó del carril izquierdo al derecho sin tomar las precauciones necesarias (fls. 76-78, c. 2):

El señor Álvaro Luis Palencia Mejía (...) me dijo que él transitaba en sentido sur-norte, como quien va para Turbo y que la moto también transitaba en el mismo sentido pero iba por la orilla izquierda del mismo sentido y de repente se le cruzó a tomar el carril derecho, él frenó pero le alcanzó a dar, lo recogió y lo llevó hasta el hospital y luego volvió y colocó el carro en el lugar donde había quedado. (...)

Según la versión del agente conductor, el vehículo se le cruzó repentinamente del carril izquierdo hacia la derecha, por eso la motocicleta presenta golpes en la parte de atrás y sobre el lado derecho, y el carro en la parte frontal inclinado hacia el lado izquierdo, lo cual parece ser que el conductor de la motocicleta estaba incursionando al carril derecho sin tomar las precauciones respectivas, es decir, pienso que si los dos estaban en la vía debió haber esperado que pasara el carro e incursionar al carril después de que este pasara.

24.6. El señor Carlos Arturo Gaviria Berrío, habitante de la citada zona y testigo presencial de los hechos, manifestó que el motociclista se pasó intempestivamente al lado derecho de la carretera y golpeó a la patrulla de policía que iba justo detrás suyo (fl. 97, c. 2):

El día no lo recuerdo, la hora sería como las siete y media de la mañana, estaba esperando carro y el carro del oficial venía o iba para Turbo y el señor venía saliendo de la parte del “Bajo del Oso”, venía saliendo a mano izquierda, en ese momento iban pasando algunos carros por ahí y estaba muy mojado, la moto iba saliendo y saliendo al lado izquierdo para tomar la vía derecha como quien va para los lados de Turbo, apareció el carro blanco, la Nissan blanca del policía, él iba por su vía normal, cuando vio la moto le sacó el zigzag a la derecha y le dio el golpe a la moto, el carro frenó, el terreno estaba muy mojado y no logró esquivarle mucho porque se iba para la bananera, ahí fue cuando el carro impactó la moto, el carro después del accidente frenó, el señor quedó con la cabeza en el pavimento y parte del cuerpo fuera del pavimento como en un canal que había allí, yo corrí a auxiliar al señor, apagué la moto que estaba encendida, la camioneta dio una vuelta y se regresó, el agente me dijo que le ayudara a subir al señor a la camioneta y lo subimos, salimos para el hospital a llevar al señor (...). Las causas del accidente fueron parte de la imprudencia del señor de la moto porque en ese momento pasaban carros y no esperó a que se despajara la vía y también que el terreno estaba húmedo.

24.7. Finalmente, Franky Ailer Giraldo Gaviria, testigo de los hechos, afirmó que la camioneta de la policía impactó la motocicleta por detrás, precisamente por la alta velocidad a la que se desplazaba (fl. 114, c. 1):

Eso fue más o menos el día 10 u 11 de enero del año 2001, yo estaba trabajando en la finca “La Esmeralda” en “Bajo del Oso”, estaba laborando en un despunte de sigatoka y vi cuando el hombre venía de acá de Apartadó hacia Turbo, iba en una moto DT-125 blanca y azul, y directamente al frente donde yo estaba vi que un carro Nissan blanco, el carro de la policía, vi que le dio por detrás a la moto donde iba el señor y lo mandó al lado de la bananera, él cayó en la bananera, yo lo ayudé a montar al carro y cuando llegó acá al hospital ya estaba muerto, ya está muerto, cuando lo subimos no alcancé a prestarle auxilio, él iba por su vía y el carro de la policía iba volado, incluso que no alcanzó a parar ahí mismo, sino que por la velocidad como cuarenta y cinco o cincuenta metros, le pongo yo (sic). Yo de velocidad no sé pero sí lo vi que iba muy rápido, iba era volado en esa camioneta el que iba manejando el carro de la policía que atropelló. (...) Era una camioneta blanca, una Nissan cuatro puertas, la placa no recuerdo, color blanco, ellos estaban de civil pero los conozco porque los carros de la policía o la ley se conocen, y uno los saca donde sea, era el carro de la policía.

25. El análisis conjunto de los medios de prueba que se registran en el plenario le permite a la Sala concluir que, si bien está acreditado el daño —pues, como se dijo, la muerte del señor Bravo Rodríguez y la avería de su vehículo son hechos probados—, este daño no puede serle imputado a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional porque no se evidencia falla en el servicio alguna que habilite a la corporación para proceder de tal forma.

25.1. En primer lugar, está probado que el vehículo oficial presentaba buenas condiciones de funcionamiento, pues así lo acreditó la Secretaría de Transporte y Tránsito del municipio de Apartadó al realizar la revisión técnica e inspeccionar el sistema eléctrico, los frenos, la dirección y el sistema de suspensión (fl. 73, c. 2). Si bien en el acta de entrega del mismo se describen unas “fallas en el encendido” (fl. 32, c. 3), se ignora en qué consisten tales fallas y si, de existir, tienen incidencia alguna en el manejo del vehículo. Al parecer, no es el caso, pues de lo contrario así se habría indicado en la inspección técnico - mecánica antes descrita.

25.2. Igualmente, se demostró que el carabinero Palencia Mejía estaba capacitado para la conducción de vehículos, tal como se desprende del certificado expedido por la Escuela de Enseñanza Automovilística (fl. 164, c. 3) y de los resultados del examen de conducción, en los que obtuvo la máxima calificación (fl. 165, c. 3). Cabe añadir que la prueba de alcoholemia practicada al agente de policía dio resultados negativos (fls. 8-9, c. 3).

26. Ahora bien, la parte actora radica la supuesta falla en el servicio en tres situaciones (fls. 140-141, c. 4): (i) sostiene que el señor Bravo Rodríguez no intentó sobrepasar a un camión sino que trató de esquivar un hueco en la vía, por lo que perdió el equilibrio; (ii) alega que el conductor de la patrulla de policía no guardó la distancia necesaria con respecto a la motocicleta, por lo que provocó el accidente; y (iii) afirma que el vehículo policial transitaba con una celeridad excesiva, pues de haber respetado los límites de velocidad habría alcanzado a frenar.

26.1. Con respecto al primer argumento, basta con señalar que no se pudo establecer que, en efecto, el motociclista haya intentado esquivar un hueco en la vía, pues ni las pruebas documentales registran la presencia de baches en el tramo del accidente, ni los testimonios apuntan en ese sentido. Por el contrario, en el informe de accidente de tránsito se dejó constancia de que la carretera se encontraba en buen estado (fl. 108, c. 1).

26.2. A pesar del alegato de la parte actora, las pruebas son indicativas de que la causa adecuada(8) del accidente de tránsito en que perdió la vida el señor Bravo Rodríguez, fue su propia imprudencia en el manejo de la motocicleta. El motociclista transitaba en la misma dirección en que lo hacía la patrulla de policía pero decidió invadir el carril izquierdo de la vía para adelantar al vehículo oficial. Luego, al virar súbitamente hacia el carril derecho —para evadir un vehículo pesado que se le aproximaba— provocó una colisión con la camioneta policial. Las averías que presentan los vehículos comprueban esta hipótesis: mientras que la motocicleta resultó destruida en la parte posterior derecha a la altura del sillín, la patrulla fue afectada en la parte izquierda del parachoques y del vidrio panorámico, como se evidencia en el examen técnico - mecánico, en la inspección judicial de los vehículos y en el álbum fotográfico.

26.3. Esta es precisamente la explicación que los deponentes presentan como la causa del accidente: el testigo Carlos Arturo Gaviria sostuvo que el hecho fatídico fue propiciado por “la imprudencia del señor de la moto porque en ese momento pasaban carros y no esperó a que se despajara la vía” (fl. 97, c. 2), y el guardia de tránsito Luis Enrique Carvajal consideró que “el conductor de la motocicleta estaba incursionando al carril derecho sin tomar las precauciones respectivas” y señaló que “si los dos estaban en la vía debió haber esperado que pasara el carro e incursionar al carril después de que este pasara” (fl. 78, c. 2).

26.4. Así las cosas, es claro que al invadir el extremo izquierdo de la vía con el fin de sobrepasar un vehículo que transitaba por el carril derecho, sin advertir el peligro de la maniobra, el señor Bravo Rodríguez no solo actuó de manera imprudente, sino que infringió las normas de tránsito vigentes para la época de los hechos.

26.5. Al respecto, el Código Nacional de Tránsito y Transporte entonces en vigor, el Decreto 1344 de 1970, establecía en el artículo 130.2 que en las carreteras de doble sentido de tránsito, con dos carriles, “los vehículos transitarán por el carril de su derecha y utilizarán el carril de su izquierda para maniobras de adelantamiento”. Con relación al adelantamiento de vehículos, el artículo 135 de ese mismo decreto precisaba las normas de precaución que debían seguir los conductores:

Todo conductor antes de efectuar un adelantamiento o cruce de una calzada a otra debe observar: que ningún conductor que le siga haya empezado la maniobra para adelantarlo, que el carril izquierdo esté libre, calcular una longitud suficiente para pasar de acuerdo con su velocidad y a la de los demás vehículos que vaya a adelantar, que la maniobra no entorpezca el tránsito y anunciar su intención por medio de las luces direccionales y señales ópticas o audibles.

25.7. Sumado a lo anterior, el artículo 136.7 del mismo estatuto prohibía adelantar un vehículo “en general, cuando la maniobra ofrezca peligro”, y el artículo 156 señalaba reglas de tránsito específicas para la conducción de motocicletas y bicicletas, en estos términos:

ART. 156.—Los ciclistas y motociclistas estarán sujetos a las siguientes normas:

1. Transitar por la derecha de las vías, a distancia no mayor de un metro de la acera u orilla y procurarán no utilizar las vías de los buses y busetas. (...)

6. Queda prohibido adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por sus respectivos carriles.

26.6. Examinada la conducta del señor Baltazar Bravo, se concluye que este intentó una maniobra de adelantamiento de la patrulla de policía que tenía justo delante suyo, bien sin medir con prudencia la distancia entre este vehículo y el camión que se aproximaba por el carril izquierdo, o bien tratando de pasar la motocicleta entre ambos automotores. En cualquier caso, es evidente que el peligro que ofrecía la maniobra fue desdeñado por el motociclista, de tal modo que asumió por voluntad propia un riesgo que desafortunadamente se concretó, con los resultados ya conocidos.

26.7. A esta imprudencia del señor Bravo Rodríguez se suma la de no portar un casco protector, como una medida de seguridad que podría haber evitado que las lesiones se tornaran fatales. Al respecto, el testigo Carlos Arturo Gaviria dijo: “Él llevaba un casco pero no lo llevaba puesto” (fl. 98, c. 2), y el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar concluyó que “el occiso no llevaba casco protector al momento del accidente” (fl. 115, c. 2).

26.8. Sobre el segundo argumento, es decir, que el agente de policía no guardó una distancia prudente entre la patrulla y la motocicleta, con lo que habría podido evitar la colisión, la Sala considera que no tiene cabida porque no está demostrado que el vehículo oficial transitara detrás de la motocicleta por el mismo carril, como se ha alegado, de tal suerte que le fuera exigible guardar con respecto a aquella cierta distancia. Contrario a lo afirmado por los demandantes, las pruebas indican que el motociclista trató de adelantar a la patrulla de policía y que, al regresar súbitamente al carril derecho, por el que esta transitaba, chocó contra el carro de policía, causando así el mencionado suceso.

26.9. Con respecto a la velocidad a la que transitaba el vehículo oficial, que la parte actora alega como excesiva, se debe reconocer que no se tiene prueba de ello. Si bien el testigo Franky Ailer Giraldo señaló que el conductor “iba muy rápido, iba era volado en esa camioneta” (fl. 114, c. 1), esta aseveración carece de otro medio de prueba que la sustente. Sobre este aspecto, la Secretaría de Transporte y Tránsito de Apartadó, en el informe de revisión técnica de los vehículos, aclaró que “[la velocidad] no se puede precisar para este caso, porque no hubo huella de frenado” (fl. 74, c. 2). Por su parte, el guardia de tránsito Luis Enrique Carvajal precisó que al arribar al lugar del suceso “no había huellas de frenadas ya que después del accidente cayó un chaparrón corto de agua” (fl. 77, c. 2). A su vez, el testigo Carlos Arturo Gaviria, al responder sobre la velocidad de los vehículos en mención, dijo: “iban normal, iban suave” (fl. 99, c. 2). Ante la contradicción entre los testimonios y la falta de certeza en los informes oficiales, no es posible para la Sala concluir que la camioneta estatal se desplazaba por fuera de los límites legales de velocidad, de manera que no puede dar por probado este hecho alegado en el escrito de apelación.

27. Ahora bien, la parte actora considera además que en el presente caso existe por lo menos una “responsabilidad compartida” debido a que el agente de policía estaba desempeñando una actividad peligrosa —la conducción de un vehículo automotor— en medio de la cual le ocasionó un daño a un particular que no estaba en la obligación jurídica de soportar.

27.1. Al respecto cabe precisar que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, frente a la ausencia de circunstancias específicas que desplacen el análisis de responsabilidad a otra perspectiva —por ejemplo, la falla en el servicio—, los daños causados con ocasión del manejo de vehículos automotores deben examinarse a través del lente del régimen objetivo de responsabilidad del riesgo excepcional por el ejercicio de una actividad esencialmente peligrosa. En este marco de análisis, a la parte demandante le basta con demostrar que la actividad peligrosa fue la fuente real del daño cuyo resarcimiento solicita, mientras que la entidad demandada debe acreditar la existencia de una causa extraña —el hecho exclusivo de la víctima, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la fuerza mayor— para exonerarse de responsabilidad(9).

27.2. No obstante, en el presente caso se observa que tanto el agente de policía como el particular afectado ejercían una actividad esencialmente peligrosa, esto es, la conducción de vehículos automotores, por lo cual la posible responsabilidad estatal debe analizarse desde el punto de vista del régimen de la falla en el servicio, como lo insinúa la demanda y como se hizo a lo largo de esta providencia.

27.3. Al respecto, esta corporación ha señalado que en aquellos asuntos en los cuales la actividad peligrosa es desarrollada por el vehículo oficial y por el particular, la actividad se “neutraliza”, de manera que no podría gobernarse bajo el régimen de responsabilidad objetiva en el entendido de que ambas actividades son equivalentes. En concreto ha señalado:

No obstante, cuando se presente la colisión de vehículos en movimiento, existe una concurrencia en el ejercicio de la actividad peligrosa y por lo tanto se creó un riesgo para los dos, en tales circunstancias el criterio objetivo de imputación se presenta inoperante y surge la necesidad de establecer la causa del accidente, para determinar si se presentó alguna actuación irregular por parte del conductor oficial o alguna circunstancia constitutiva de falla del servicio”(10).

27.4. Cabe reconocer que esta postura ha sido matizada en el sentido de aclararse que la concurrencia del particular y del agente en el ejercicio de la actividad peligrosa no implica, per se, una mutación automática hacia el régimen de falla en el servicio, pues en cada caso deberán valorarse las circunstancias particulares que rodearon los hechos y, sobre todo, deberá analizarse cuál de las dos actividades riesgosas fue la que, en términos causales o fácticos, concretó el riesgo y desencadenó el daño, pues solo así se podrá fijarse la imputación. Al respecto se ha establecido:

Al establecer la causación del daño, en sede de imputación fáctica, es posible que entren en juego factores subjetivos vinculados con la trasgresión de reglamentos; el desconocimiento del principio de confianza; la posición de garante; la vulneración al deber objetivo de cuidado, o el desconocimiento del ordenamiento, entre otros, sin embargo los mismos no enmarcan la controversia en el plano de la falla del servicio, sino que serán útiles a efectos de establecer el grado de participación de cada agente en la producción del daño y, por lo tanto, si es posible imputarlo objetivamente a uno de los intervinientes o, si por el contrario, debe graduarse proporcionalmente su participación.

En esa medida, lo fundamental al momento de establecer la imputación en este tipo de escenarios, es determinar cuál de las dos actividades riesgosas concurrentes fue la que, en términos causales o fácticos, desencadenó el daño, es decir, desde un análisis de imputación objetiva concluir a quién de los participantes en las actividades peligrosas le es atribuible la generación o producción del daño.

Por consiguiente, en aras de fijar la imputación del daño en estos supuestos, no resulta relevante determinar el volumen, peso o potencia de los vehículos automotores, así como tampoco el grado de subjetividad con que obró cada uno de los sujetos participantes en el proceso causal, sino, precisamente, cuál de las dos actividades riesgosas que estaban en ejercicio fue la que materialmente concretó el riesgo y, por lo tanto, el daño antijurídico”(11).

27.5. Así las cosas, ante el ejercicio concurrente de la actividad peligrosa por parte del señor Bravo Rodríguez y del agente Palencia Mejía, se debe reconocer que la conducta que concretó el riesgo y, por tanto, determinó el daño fue la del primero, quien desplegó un comportamiento imprudente al hacer una maniobra para sobrepasar un vehículo sin las precauciones necesarias, sin advertir el peligro que esto entrañaba y, en general, sin atender a las normas de tránsito vigentes para la época de los hechos.

27.6. En esa medida, aún si se abordara el asunto desde la perspectiva del régimen objetivo del riesgo excepcional, la conclusión sería la misma, pues se configuraría una causal eximente de responsabilidad a favor de la entidad demandada, esto es, el hecho exclusivo y determinante de la víctima como causa adecuada del daño. Por consiguiente, se confirmará la sentencia de primer grado que denegó las súplicas de la demanda.

VI. Costas

28. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que se condenará en costas a la parte que haya actuado de forma temeraria. En el presente caso, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes, por lo que no condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia dictada el 10 de diciembre de 2004 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión.

2. Sin condena en costas.

En firme este fallo, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

(1) En la demanda presentada el 15 de junio de 2001, la pretensión de mayor valor, correspondiente a la solicitud de reparación del perjuicio material en la modalidad del lucro cesante, fue estimada en $78.526.875 para la señora Ledis Rosa López Sotelo (fls. 53, 60, c. 1). Por estar vigente en la fecha de interposición del recurso de apelación, se aplica en este punto el artículo 2º del Decreto 597 de 1988, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo y que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en 2001 fuera de doble instancia, debía ser superior a $26.390.000.

(2) El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil establece: “el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 9 de febrero de 2012, Expediente 20104, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de junio de 2012, Expediente 21507, C. P. Danilo Rojas Betancourth.

(5) Está demostrado que Baltazar Bravo Rodríguez era compañero permanente de Ledis Rosa López Sotelo (declaraciones de Edilberto Mendoza Hernández —fl. 112, c. 1—, Javier Herrera Salazar —fls. 112-113, c. 1— y Arelis Esther López González —fls. 113-114, c. 1—), padre de Elis Johana Bravo López (registro civil de nacimiento —fl. 20, c. 1—), hermano de Luz Marina Bravo Olivares, Ana Luisa Bravo Olivares, Jhon Jet Bravo Olivares, Yilmar Custodio Bravo Olivarez, Blas Bravo Guevara, Rosiris Bravo Guevara y José de la Cruz Rodríguez (registros civiles de nacimiento —fls. 21-27, 30-35, c. 1—), hijo de crianza de Carolina Guevara López (registro civil de matrimonio —fl. 28, c. 1—; partida eclesiástica de matrimonio —fl. 29, c. 1—; declaraciones de Edilberto Mendoza Hernández —fl. 112, c. 1—, Javier Herrera Salazar —fls. 112-113, c. 1— y Arelis Esther López González —fls. 113-114, c. 1—) y nieto de Ángel Custodio Bravo Escobar y Clementina Medina Chiquillo (partida eclesiástica de matrimonio de Blas Bravo y Carolina Guevara —fl. 29, c. 1—).

(6) Sin perjuicio de la reciente decisión de unificación de la Sala Plena de esta Sección, según la cual los medios de prueba documentales traídos en copia simple al proceso serán valorados sin mayores formalidades, siempre que no se haya cuestionado su autenticidad a través de la tacha de falsedad. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2013, Expediente 25022, C. P. Enrique Gil Botero.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, Expediente 16533, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 6 de diciembre de 2013, Expediente 26669, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 29 de octubre de 2012, Expediente 19062, C. P. Danilo Rojas Betancourth.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio del 2010, Expediente 18078, C. P. (E) Gladys Agudelo Ordóñez. “La causalidad adecuada (...) parte de un supuesto similar al expuesto por la teoría de la equivalencia de las condiciones, en la medida en que las condiciones adquieren la connotación de causas, sin embargo preconiza que del conjunto de condiciones es posible llegar a establecer una de ellas que constituye la causa adecuada en la producción del daño, se trata de buscar en abstracto la probabilidad de que esa condición sea la causa concreta del daño, de manera que la condiciones se ubicarán en una escala, por decirlo, jerárquica, y la más relevante será la que se tome como productora del daño, por esa razón la determinación de la causa a la luz de esta teoría parte del supuesto de establecer en primer lugar las posibles condiciones que intervinieron en la producción del hecho dañino (saber ontológico) y en segundo lugar de la indagación generalizada acerca de qué causas han podido incidir en la producción del fenómeno (saber nomológico) con apego a las leyes de la naturaleza, de suerte que sólo tendrá la virtualidad de constituir la causa aquella condición que ha sido conocida previamente por el agente productor del daño”.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio del 2010, Expediente 19007, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 3 de diciembre del 2007, Expediente 20008, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 31 de agosto del 2006, Expediente 14868, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; entre otras.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de mayo de 2007, Expediente 16180, C. P. Ramiro Saavedra Becerra. En el mismo sentido se pueden consultar: sentencia de 11 de mayo de 2006, Expediente 14694, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 26 de marzo de 2008, Expediente 14780, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 23 de junio de 2010, Expediente 18376, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2010, Expediente 19007, C. P. Enrique Gil Botero.