Sentencia 2001-01952 de julio 24 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-2001-01952-01(29719)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Bertha Coronado y otros

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EXTRACTOS: « II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 30 de septiembre de 2004, en proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación, pues la pretensión mayor se estimó en la demanda en cuarenta y seis millones trescientos setenta y ocho mil quinientos cuarenta y cuatro pesos ($ 46.378.544), mientras que el monto exigido en el año 2001 para que un proceso, adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tuviera vocación de doble instancia era de $ 26.390.000 (D. 597/88).

2. El ejercicio oportuno de la acción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”.

En el presente caso la pretensión resarcitoria se origina en los perjuicios sufridos por los actores derivados de la muerte del Henry Peña Coronado el día 5 de septiembre de 1999 por lo que, habiéndose presentado la demanda el día 4 de septiembre de 2001, es evidente que se formuló dentro del término previsto por la ley.

3. Objeto del recurso de apelación.

En vista de que se trata de una sentencia condenatoria apelada únicamente por la parte demandada, encuentra la Sala que la competencia al momento de resolver se limita a los aspectos por ella expuestos en el recurso de alzada, sin que pueda en forma alguna empeorarse la condena impuesta en su contra de conformidad con el principio de la no reformatio in pejus.

En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia, como el principio dispositivo(12).

Así las cosas, comoquiera que la sentencia de instancia absolvió de responsabilidad a la demandada frente a las pretensiones entabladas por Giovanny Maya Coronado y Diana Marcela Rincón, ninguna consideración efectuará la Sala respecto de estos demandantes.

En conclusión, la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, procederá a examinar y a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en lo circunscrito al objeto de éste, que, para el caso concreto, se circunscribe a la improcedencia de las pretensiones expuestas en la demanda por la señora Bertha Coronado, tanto por no existir responsabilidad de la demandada por los hechos acaecidos, como por la inexistencia de prueba que acredite la calidad de madre de esta demandante respecto del señor Bertha Coronado.

4. Las pruebas allegadas al proceso.

Como pruebas relevantes, con el cumplimiento de los requisitos legales, se allegaron al expediente las siguientes:

Pruebas documentales, en original o copia auténtica.

Registro civil de nacimiento del señor Henry Peña Coronado, asentado el 13 de diciembre de 1999, y en el cual aparecen señalados como padres los señores Josue Peña y Bertha Coronado(13).

Registro civil de defunción del señor Henry Peña Coronado, según el cual su deceso obedeció a “homicidio (arma de fuego)”(14).

Registros civiles de nacimiento de Giovanny Maya Coronado y Diana Marcela Rincon Coronado según los cuales son hijos de los señores Josue Peña y Bertha Coronado(15).

Constancia suscrita por la Funeraria Santa Bárbara en la cual se informó que la señora Bertha Coronado canceló la suma de $ 740.000 pesos por los gastos funerarios de Henry Peña Coronado(16).

Carpeta que contiene los documentos correspondientes al Peña Coronado durante su estancia en el centro carcelario “Modelo” de la ciudad de Bogotá, de la cual se destacan los siguientes elementos: tarjeta decadactilar, certificados de conducta y providencia por la cual se da inicio a investigación disciplinaria interna por la muerte del interno mencionado(17).

Proceso penal adelantado en contra del señor Henry Peña Coronado por el delito de hurto calificado y agravado(18), que motivó su detención y que culminó en sentencia condenatoria de 24 de julio de 1998, confirmada en segunda instancia, en proveído de 10 de septiembre del mismo año(19).

Se aportó al expediente, copia auténtica del proceso penal adelantado por la muerte del señor Henry Peña Coronado(20). De él se destacan los siguientes elementos:

Acta de inspección practicada al cadáver de Henry Peña Coronado por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación(21).

Protocolo de necropsia correspondiente al cuerpo del señor Henry Peña Coronado en el que se consignó que la causa de muerte obedeció a un disparo de arma de fuego que impactó en el cráneo de la víctima(22).

Prueba de absorción atómica practicada a Peña Coronado con resultados negativos para ambas manos(23).

Prueba de alcoholemia y presencia de estupefacientes practicada al cuerpo de Henry Peña Coronado con resultados negativos(24).

Informe rendido por funcionario investigador de la Sijin en el cual manifiesta la imposibilidad de recaudar información sobre las circunstancias en las cuales se dio el fallecimiento Henry Peña Coronado(25).

Providencia de 9 de agosto de 2000 mediante la cual se ordenó la suspensión y archivo de la investigación como quiera que había transcurrido más de 180 días desde el inicio de la indagación sin que hubiera sido posible identificar e individualizar a los presuntos responsables(26).

Pruebas testimoniales

Declaraciones rendidas por los señoras María Elena Lopez de Gómez, Teodolinda Martínez de Villamil, Blanca Cecilia Sierra Ayala, quienes, en síntesis, señalaron las excelentes relaciones que tenía el señor Peña Coronado con su núcleo familiar y las afectaciones que sufrieron por su encarcelamiento y su posterior deceso(27).

5. Responsabilidad del Estado frente a los daños sufridos por las personas privadas de la libertad.

En relación con las personas que se encuentran privadas de la libertad, quienes deben soportar tanto la limitación en el ejercicio de sus derechos y libertades como, igualmente, la reducción o eliminación de las posibilidades de ejercer su propia defensa con miras a repeler las agresiones de agentes estatales o de terceros respecto de quienes puedan ser víctimas al interior del establecimiento carcelario, el Estado debe garantizar la seguridad de los internos y asumir los riesgos que lleguen a presentarse en virtud de dicha circunstancia, razón por la cual la Sala que integra esta Sección del Consejo de Estado ha precisado que en estos casos, entre las personas detenidas y el Estado existen o se configuran “relaciones especiales de sujeción”(28).

Al respecto, la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia ha definido el contenido y alcance de tales relaciones; así, por ejemplo, mediante Sentencia T-687 del 8 de agosto de 2003, señaló:

“Doctrina constitucional acerca de las relaciones de especial sujeción.

“De la existencia, identificación y régimen de las llamadas “relaciones especiales de sujeción”(29) entre los reclusos y el Estado (las autoridades penitenciarias), la Corte ha extraído importantes consecuencias jurídicas que la Sala procederá a reiterar en función de la ilustración del caso bajo estudio.

“De la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala identifica seis elementos característicos que procederá a relacionar así: las relaciones de especial sujeción implican (i) la subordinación(30) de una parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) esta subordinación se concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial(31) (controles disciplinarios(32) y administrativos(33) especiales y posibilidad de limitar(34) el ejercicio de derechos, incluso fundamentales). (iii) Este régimen en cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la limitación de los derechos fundamentales debe estar autorizado(35) por la Constitución y la ley. (iv) La finalidad(36) del ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la resocialización). (v) Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos especiales(37) (relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos, salud) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser(38) especialmente garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe garantizar(39) de manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas activas).

“Como lo puede apreciar la Sala, entre las consecuencias jurídicas más importantes de la existencia de las relaciones especiales de sujeción, están: (i) la posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo, educación). (ii) La imposibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros). (iii) El deber positivo(40) en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los demás, debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran los reclusos. (iv) El deber positivo(41) en cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias(42) que permitan a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización(43) de los reclusos.

“En este sentido, del perfeccionamiento de la “relación de especial sujeción” entre los reclusos y el Estado, surgen verdaderos deberes jurídicos positivos del Estado. Tales deberes se encuentran estrechamente ligados a la garantía de la funcionalidad del sistema penal, que viene dada por la posibilidad real de la resocialización de los reclusos, a partir del aislamiento en condiciones cualificadas de seguridad y de existencia vital de la población carcelaria. Deberes positivos de cuyo cumplimiento depende la legitimidad del sistema penal y, ante cuya inadvertencia, este último resulta convertido en una mera sombra de los valores y principios propios del Estado social de derecho(44)(45).

En ese mismo sentido, la Corte Constitucional, en Sentencia T-1190 de 4 de diciembre de 2003, respecto del deber de protección del derecho a la vida de las personas privadas de la libertad, razonó como sigue:

“(...) La privación de la libertad de una persona la coloca en una situación de indefensión, que genera obligaciones de protección por parte de quien adopta la medida o acción restrictiva de la libertad. No importa que se trate de particulares o del Estado, y que la restricción sea lícita o ilícita.

“Esta particular condición de indefensión, en la medida en que impide por completo la satisfacción de las necesidades del privado de libertad por los medios a su disposición en condiciones de generalidad, implica que las obligaciones de protección no necesariamente son de medio(46). En este sentido, la responsabilidad no se deriva de una relación causal naturalística entre la privación de la libertad y los daños o peligros a los que se ve sometida la persona, sino que tiene como base el mero deber de custodia y protección que se desprende de colocar a la persona en una situación restrictiva de su libertad.

“Lo anterior implica que el custodio tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el mayor disfrute posible de los derechos constitucionales de la persona privada de la libertad. Tratándose del Estado, supone la obligación de garantizar condiciones de dignidad del recluso. Garantía que únicamente se cumple si tales condiciones son efectivamente realizadas; es decir, no basta la adopción de medidas programáticas, sino que han de traducirse en realidad. Así, tal como lo ha señalado esta corporación, no pueden aducirse problemas presupuestales, sino que el Estado tiene la obligación de realizar el trato digno. Se trata pues, de una obligación de respeto.

“(...).

“En relación con el derecho a la vida del recluso, el Estado tiene la obligación de impedir que otros reclusos o terceros particulares (obligación de protección), así como el personal Estatal sea personal penitenciario o de otra naturaleza (obligación de respeto) amenacen contra la vida del interno(47). Dicha obligación apareja la de verificar y, si es del caso, enfrentar efectivamente las amenazas contra la vida de los reclusos(48). Esto apareja la obligación de adoptar medidas generales de seguridad interna dentro del centro de reclusión, así como la de trasladar a los internos cuando resulta imprescindible para proteger su vida. Empero, cuandoquiera que se supera el umbral de riesgo ordinario para el derecho a la vida de los reclusos y se presentan situaciones de amenaza contra determinados grupos de reclusos, el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias que aseguren que dichas amenazas no se hagan efectivas. Se trata, por lo tanto, de obligaciones de resultado(49)” (Se ha subrayado y resaltado).

El anterior criterio jurisprudencial resulta coincidente con lo que al respecto ha sostenido la Sala al ocuparse de explicar el fundamento de la responsabilidad patrimonial de la administración, cuando se trata de daños causados a personas detenidas:

“En determinados eventos, sin embargo, el Estado asume una obligación específica de protección y seguridad, en virtud de la cual se hace responsable de los perjuicios que sufren las personas. Es el caso de los retenidos, quienes por encontrarse en una situación de particular sujeción frente al Estado en virtud de la cual ven limitados sus derechos y libertades y la autonomía para responder por su propia integridad, deben gozar del pleno amparo de las autoridades frente a los posibles daños y peligros que los amenacen.

“Las obligaciones que asumen las autoridades de la República frente a los retenidos son de dos clases: 1) de hacer, esto es, de prever y controlar los peligros que pueda sufrir una persona retenida desde el momento mismo en que se produce la privación material de la libertad, hasta el momento en que ella es devuelta a la sociedad y 2) de no hacer, referida a la abstención de cualquier conducta que pueda vulnerar o poner en peligro los derechos que no hayan sido limitados con la medida cautelar.

“(...).

“En este orden de ideas, considera la Sala que las obligaciones de abstenerse de causar cualquier limitación a los derechos de las personas que no estén implicados dentro de la medida cautelar, así como las de prever y controlar cualquier acto que redunde en perjuicio de los retenidos son de resultado, pues la probabilidad de lograr la eficacia en el cumplimiento de la obligación es alta.

“Lo anterior significa que si el Estado no devuelve al ciudadano en las mismas condiciones en que lo retuvo, debe responder patrimonialmente por los perjuicios que éste haya sufrido durante el tiempo de la retención, aunque haya puesto en funcionamiento todos los recursos de que dispone para proteger al retenido y evitarle la causación de cualquier daño, salvo que haya intervenido una causa extraña, pues frente al retenido la obligación del Estado no es un comportamiento sino la realización efectiva de un resultado determinado(50)” (Negrillas adicionales).

La misma consideración ha realizado la Sala al señalar la absoluta compatibilidad entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de las llamadas relaciones de especial sujeción entre el Estado y las personas privadas de la libertad. Así, en sentencia del 20 de febrero de 2008, se precisó:

“De acuerdo con lo dicho hasta el momento, las relaciones de especial sujeción que nacen entre las personas privadas de la libertad y el Estado, implican que algunos de sus derechos queden sometidos a ciertas restricciones. Sin embargo, otros derechos fundamentales no pueden ser limitados ni suspendidos; el total sometimiento al Estado, que la Corte Constitucional ha identificado como un estado de indefensión o debilidad manifiesto, implica que el Estado tiene el deber de respetarlos y garantizarlos plenamente; es decir, que todo agente estatal debe abstenerse de conducta alguna que los vulnere y debe prevenir o evitar que terceros ajenos a dicha relación lo hagan.

“En efecto, el carácter particular de esta situación implica que corresponde al Estado garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad y la asunción de todos los riesgos que, en esa precisa materia, se creen como consecuencia de tal circunstancia. Bajo esta óptica, demostrada la existencia de un daño antijurídico causado, en su vida o en su integridad corporal, a quien se encuentra privado de la libertad puede concluirse que aquél es imputable al Estado(51)” (negrillas adicionales).

Con fundamento en lo anterior se concluye que la privación de la libertad de una persona conlleva, de manera necesaria, una subordinación del recluso frente al Estado, amén de colocarlo en condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta, razón por la cual se genera entre tales sujetos una relación jurídica especial y, en virtud de ello, el Estado tiene la facultad constitucional y legal de restringirles, limitarles o modularles algunos derechos fundamentales, de acuerdo con los fines de resocialización de los internos y con las necesidades de orden y seguridad propias de los centros de reclusión; sin embargo, tal relación implica también que otros derechos fundamentales de los reclusos como la vida e integridad personal no puedan ser limitados o suspendidos de forma alguna, sino que deban serles respetados y garantizados plenamente por las autoridades, pues según se consideró anteriormente, la seguridad de los internos depende de la administración pública.

Así pues, cuando se encuentre acreditado un daño antijurídico causado en la integridad psicofísica del recluso o detenido, la Sala ha manifestado que el mismo resulta imputable al Estado, bajo un régimen objetivo de responsabilidad, teniendo en cuenta las condiciones especiales en las cuales se encuentra y con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política; sin embargo, lo anterior no obsta para que la Sala declare, si hay lugar a ello, la configuración de una falla, en el caso de encontrarla probada luego de valorar las pruebas obrantes en el proceso.

Asimismo, debe precisarse que en materia de daños causados a detenidos o condenados, la causa extraña tiene plena operancia en sus diversas modalidades como causal exonerativa de responsabilidad, casos en los cuales, como resulta apenas natural, la acreditación de la eximente deberá fundarse en la demostración de todos y cada uno de los elementos constitutivos de la que en cada caso se alegue: fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima o hecho exclusivo de un tercero, según corresponda; por consiguiente, no es procedente afirmar de manera simple y llana que la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como origen o fuente material o fenomenológica respecto de los daños ocasionados a reclusos, resulte suficiente para que estos puedan considerarse como no atribuibles —por acción u omisión(52)— a la administración pública(53).

Así pues, en cada caso concreto, en el cual se invoque la existencia de una causa extraña por parte de la entidad demandada, deberán analizarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se hubiere producido el daño, por cuanto es posible que el Estado haya contribuido causalmente a la generación del mismo.

En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que tales eximentes de responsabilidad tengan plenos efectos liberadores respecto de la responsabilidad estatal, resulta necesario que la causa extraña sea la causa exclusiva, esto es única, del daño y que, por tanto, constituya la raíz determinante del mismo.

Bajo dicha perspectiva, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por la muerte del señor Henry Peña Coronado.

6. Valoración probatoria. Se encuentra probado que la muerte del señor Henry Peña Coronado fue causada con arma de fuego percutida en el interior de un establecimiento carcelario. Al no aparecer prueba que demuestre la forma en la cual ocurrieron los hechos, no resultan acreditadas las eximentes de responsabilidad alegadas por la demandada.

Se allegaron al proceso según ya se dijo, el registro civil de defunción, el acta de levantamiento del cadáver y el protocolo de necropsia del señor Henry Peña Coronado, documentos en los cuales se señala que éste falleció el día 5 de septiembre de 1999, como consecuencia de un disparo con arma de fuego(54).

Respecto de la trayectoria del proyectil y la naturaleza de las heridas sufridas, en el protocolo de necropsia se describió que la bala penetró por la región cigomática derecha, lesionó varios órganos vitales y salió por la región parietal derecha. En efecto, así se expuso(55):

“1.1. Orificio de entrada de 0.5 x 0.5 cm a 11 cm del vértice y a 6 cm de la línea anterior, localizado en región cigomática derecha. Con tatuaje macroscópico de 12 x 10 cm.

“1.2. Orificio de salida de 2 x 1 cm a 3 cm del vértice y a 7 cm de la línea media anterior; localizado en región parietal izquierda.

“1.3. Lesiones: A su paso el proyectil perfora piel de región cigomática derecha, lesiona musculo temporal derecho, perfora ala menor del hueso esfenoides derecho donde hace un orificio con craterización interna, perfora meninges ingresando a cráneo por pared lateral de fosa media derecha, penetra a cerebro por la convexidad del lóbulo temporal derecho, se dirige hacia la línea media lesionando núcleos basales, cruza la línea media y penetra a hemisferio cerebral izquierdo por cara interna de lóbulo temporal izquierdo y sale por convexidad de lóbulo parietal izquierdo, posteriormente penetra meninges, perfora hueso parietal izquierdo donde hace un orificio con craterización externa, finalmente sale por cuerpo cabelludo de región parietal...

“…1.4. Trayectoria anatómica: antero posterior, ínfero superior, derecha-izquierda.

“Análisis del caso.

“Se trata de un hombre de 27 años de apariencia descuidada, al parecer se encontraba recluido en la Carcel Modelo y en circunstancias no precisas sufre herida por proyectil de arma de fuego que le ocasionó laceraciones cerebrales y contusiones mesenfalicas que lo llevaron a la muerte. Por el hallazago macroscópico de tatuaje perilesional y el resultado de análisis químico se determinó que el proyectil que causó la lesión fue disparado a una distancia que oscila entre 30 y 10 cms entre la boca de fuego del arma y la parte afectada…”.

En lo que concierne a la determinación de la autoría de la muerte del señor Henry Peña Coronado, ha de señalarse que son pocos los elementos allegados al expediente con tal fin y ninguno señaló las circunstancias fácticas que rodearon el deceso. En tal sentido, en el protocolo de necropsia, atrás referenciado, se consignó el siguiente “Resumen de los hechos y datos de la escena”:

“Al momento de realizar la necropsia no se cuenta con información de cómo ocurrieron los hechos, debido a la ley del silencio que impera en la cárcel donde sucedieron los hechos”.

En similar sentido, aparece, dentro de la investigación penal adelantada, el Informe rendido por un funcionario investigador de la Sijin, de fecha 12 de octubre de 1999, en el cual explicó que ninguna de las personas entrevistadas afirmó conocer la forma en la cual sucedieron los hechos. Así lo explicó(56):

“Se indagó con personas que laboran en la Cárcel Modelo sobre si se tenía conocimiento sobre qué persona o personas pudieron causar la muerte al señor Peña Colorado Henry y manifestaron no tener conocimiento al respecto, ya que los compañeros de patio manifiestan no saber nada al respecto, lo cual sucede siempre que asesinan a alguien de la Cárcel Modelo

“Dentro de las funciones que ejerce el Inpec en relación a Policía Judicial, en razones de su competencia, manifestaron que se están adelantando preliminares para el esclarecimiento de este hecho, pero que no tienen ninguna información en concreto, por lo cual cualquier novedad que se tenga de este caso será informado oportunamente a ese despacho”.

En cuanto a la Investigación interna adelantada por el Inpec con el fin de esclarecer los hechos, encuentra la Sala que aparece el informe rendido por el dragoneante Óscar Rodríguez Páez en el que tampoco se refieren las circunstancias en las cuales fue herido el señor Peña. Estos son los términos del mencionado documento(57):

“Siendo aproximadamente las 06:30 horas del día de hoy, y encontrándome de servicio en el Pabellón Quinto bajaron unos internos con un herido, el cual fue llevado a la sección de sanidad en donde el enfermero de turno manifestó que presentaba una herida al parecer con arma de fuego a la altura de la cabeza quien posteriormente fue remitido al hospital.

“El mencionado interno responde al nombre de Henry Peña Colorado (sic) TD 277523, de lo anterior se le informó al sr. comandante de guardia interna y comandante de compañía sr. insp. jefe. Moreno Clodomiro quien ordenó rendir el presente informe.

“Se rinde el presente informe para su conocimiento y fines pertinentes”.

Posterior a tal documento en la investigación interna del Inpec, sólo obra la providencia de 16 de septiembre de 1999 por medio de la cual se ordenó la práctica de pruebas con el fin de esclarecer lo sucedido. Sin embargo se desconoce qué acciones se realizaron con posterioridad a tal determinación, pese a que la carpeta contentiva de la actuación fue remitida al proceso contencioso casi tres años después, en fecha 9 de julio de 2002.

Así las cosas, del material probatorio allegado viene a ser evidente que la muerte del señor Henry Peña Coronado ocurrió con arma de fuego cuando se encontraba recluido en la penitenciaría “Modelo” de Bogotá, bajo la custodia y vigilancia de los directivos de dicho establecimiento carcelario y el personal de oficiales, suboficiales y guardianes al servicio de él y por cuenta del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

De conformidad con lo anterior, ha de entenderse, se encuentra acreditada la imputación jurídica del daño al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, habida cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 65 de 1993, este organismo tiene a su cargo la creación, dirección, administración, sostenimiento y vigilancia de los establecimientos carcelarios de orden nacional, como la penitenciaría “Modelo” de la ciudad de Bogotá, en la cual se encontraba recluido el señor Peña Coronado el día de su deceso.

Es claro que en relación con las personas que se encuentran privadas de la libertad, quienes deben soportar no sólo la limitación en el ejercicio de sus derechos y libertades sino, igualmente, la reducción o eliminación de las posibilidades de ejercer su propia defensa frente a las agresiones de que puedan ser víctimas en el interior del establecimiento carcelario, el Estado asume la obligación de brindarles la protección que requieran, para lo cual debe cumplir con las obligaciones de custodia y vigilancia, que permitan garantizar la seguridad de los internos. Cuando el Estado falta a esos deberes, incumple también el deber de seguridad de los retenidos y, por ello, es responsable de los daños que aquellos puedan sufrir, como sucede en los eventos en que por acción u omisión de las autoridades carcelarias se permita el ingreso de armas a la institución carcelaria con las que se le puedan inferir daños a las personas que se encuentran recluidas en dichas instituciones.

En estas condiciones, se tiene que la muerte del señor Peña Coronado causada con arma de fuego, evidencia el incumplimiento del Estado de los deberes de custodia y seguridad frente a los reclusos para garantizar su vida, honra e integridad física(58), y la falta de vigilancia y control del centro carcelario, configurándose la aludida falla del servicio que, en este caso, permite imputar el daño a la entidad para derivar su responsabilidad patrimonial.

En cuanto a las causales eximentes de responsabilidad alegadas por la parte actora hecho exclusivo de la víctima o de un tercero, derivadas de una supuesta participación activa del actor en una riña con internos del penal, la Sala encuentra que no existen en el proceso, elementos indicativos que permitan inferir su configuración como quiera que, se reitera, se desconocen las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos y, por el contrario, las escasas pruebas obrantes, tales como las de absorción atómica, alcoholemia y estupefacientes(59)practicadas al señor Coronado, apuntan a descartar cualquier comportamiento anómalo o irregular de su parte al momento de los hechos.

Por todo lo anterior, resultó acertada la decisión del tribunal al declarar la existencia de responsabilidad del ente demandada por la muerte del señor Henry Peña Coronado y, en consecuencia, procede la Sala a analizar el otro motivo de inconformidad de la apelación, esto es, la improcedencia de reconocimiento de perjuicios a la señora Bertha Coronado.

7. Procedencia del reconocimiento de perjuicios a favor de la señora Bertha Coronado como quiera que está demostrada su afectación con la muerte de su hijo Henry Peña Coronado.

Consideró la parte recurrente que no le asistía derecho a reclamar indemnización a la señora Bertha Coronado al estimar que esta demandante no tenía un fuerte lazo de amor con su hijo, a punto que previo a su detención no vivía con él y una vez recluido lo visitó pocas veces en la cárcel. De igual manera, el Inpec adujo que el propio tribunal de instancia había reconocido que ella no había logrado demostrar su parentesco de madre con el occiso, “con el único instrumento para tal condición”, en tanto la inscripción del registro civil de nacimiento de Henry Peña Coronado se hizo con posterioridad a su muerte, con lo cual se demostraba la improcedencia de la indemnización reclamada.

Al respecto, la Sala encuentra que fue equivocada la decisión del tribunal al no valorar el registro civil de nacimiento de Henry Peña Coronado, puesto que si bien su asentamiento fue posterior a su deceso, tal circunstancia no permitía al fallador desconocer las anotaciones del respectivo documento, toda vez que dicho documento se presume haber sido realizado con el lleno de las formalidades exigidas para la inscripción. Tal situación ya ha sido tratada por la Sección Tercera en pronunciamiento anterior, en caso muy similar al presente, que dada su pertinencia se transcribe en extenso(60):

“Para llegar a esa conclusión la Sala reiterará su posición jurisprudencial relativa a que cuando una mujer figure como madre en un registro civil de nacimiento es porque ella lo fue; la ley tiene como madre a la persona que figura como tal en el registro de nacimiento del hijo, debido a que con la prueba del hecho del parto la autoridad respectiva asienta el registro.

“En sentencia proferida el 26 de agosto de 1999, al rectificar la jurisprudencia, se dijo:

“Para tal conclusión, la Sala tiene en cuenta el Decreto Ley 1260 de 1970, Estatuto del Registro Civil de las personas.

“En efecto:

“Ese decreto ley otorgó al registro civil de las personas, de la presunción de autenticidad (art. 103).

“De manera que si la práctica de los notarios, en cuanto el asentamiento de los registros, puede calificarse de omisiva frente a los requisitos de ley, esa conducta no quita la fuerza que tiene el documento.

“Si el registro civil, de nacimiento en que figura como madre natural determinada persona, se asienta sin los requisitos de ley, hay acciones frente a aquél; pero mientras no se demuestre la invalidez o falta de requisitos para su asentamiento, el registro tiene oponibilidad plena y por tanto prueba el estado civil de la persona.

“El estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad; determina la capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones; es indivisible; indisponible e imprescriptible (art. 1º).

“Cuando en un acta de registro civil de nacimiento se asienta como madre natural determinada mujer, se presume que el notario conoce las pruebas sobre el hecho del parto (arts. 29, 32, 37, 39, 49, 50, 53).

“Lo anterior porque, el nacimiento de una personas se acredita ante el funcionario encargado de llevar el registro del estado civil, mediante certificado del médico o enfermera que haya asistido a la madre en el parto y en defecto de aquél, con dos testigos hábiles, que deben concurrir a la inscripción del estado civil ( D.L. 1260/70, art. 49).

“Cuando en el registro civil una persona inscribe a otra como hijo natural de tal mujer, se presume la verdad de la anotación, pues la ley impone al funcionario encargado de llevar el registro, que se le acredite el hecho del parto antes de la anotación (arts. 53 y 54 ibídem).

“El derecho ha distinguido desde siempre la condición de madre de la condición de padre. Éste para que se tenga como tal debe acreditar una de las siguientes situaciones: ser el cónyuge de la mujer que es madre de una determinada persona, porque aparece casado con ella; en el caso del hijo extramatrimonial, haber reconocido al hijo por uno de los medios explícitos que la ley prevé, o haber sido declarado judicialmente en tal predicado.

“El documento de registro del estado civil prueba el estado civil y los hechos o los actos que el contiene, incluida, claro está, la condición de madre de una persona, por que él sirve para probar el parto y todos los hechos que se consignan en el mismo documento, por que así lo prevé la ley.

“Cuando el funcionario encargado de llevar el registro civil de las personas tenga duda sobre la maternidad natural, sólo inscribirá esos hechos cuando defina legalmente esas situaciones (art. 60 ibídem).

“Las inscripciones del estado civil una vez autorizadas no podrán ser alteradas sino en virtud de decisión judicial en firme y excepcionalmente, por disposición de los interesados o de la oficina central, en los casos, del modo y con las formalidades dispuestas en el presente estatuto (art. 89 ibídem).

“Cuando el notario o funcionario encargado de llevar el registro tuviere indicio grave de que se ha cometido o intentado cometer un fraude, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente, para que adelante la investigación penal del caso (art. 33 ibídem).

“Cuando la ley alude a la validez del registro civil de las personas cuando se haga con el lleno de los requisitos legales, no significa que cuando el particular considera que aquel no lo es, pueda restársele oponibilidad aquel, simplemente. Le corresponde al interesado adelantar las acciones legales, administrativas o judiciales, según el caso, para lograr su corrección o la anulación (arts. 102 ibídem y los anteriores citados).

“La ley prevé el rechazo de la presunción de autenticidad y pureza de las inscripciones cuando éstas no han sido hechas en debida forma, cuando hay falta de identidad personal, esto es, el hecho de no ser una misma la persona a que se refieren la inscripción o los documentos en que ésta se fundó y la persona a que quien se pretende aplicar (art. 103 ibídem).

“El estado civil de las personas sólo puede establecerse con la prueba única del registro civil y además que de no darle ese crédito al registro civil, se atentaría contra las disposiciones antes citadas.

“Se concluye entonces, que cuando en un registro civil de nacimiento aparece como madre determinada mujer, ésta se tiene como tal; se presume que el funcionario encargado de llevar el registro, antes del asentamiento de la partida nacimiento de determinada persona que es hijo extramatrimonial, tuvo en sus manos las pruebas, indicadas por la ley, para hacerlo(61).

“De acuerdo con lo anterior se concluye, en el caso concreto, que Epifania Riascos es la madre de Elida Revolledo Riascos, Hever Riascos víctima por muerte , Luis Carlos Riascos y Dina Isnora García Riascos.

“Cabe resaltar el hecho atinente a que la partida de nacimiento del señor Hever Riascos se asentó después de los tres años de producido el deceso. Sin embargo la ley no sanciona el asentamiento tardío del hecho del nacimiento con su ineficacia. Por el contrario dispone, en forma generalizada, que todo registro civil se presume legal, salvo cuando se demuestre su ilegalidad, mediante los mecanismos legales previstos para tal efecto.

“Además la ley establece la eficacia de la demostración de hechos relativos al estado civil, con el registro; enseña:

“ART. 106.Ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y a la capacidad de las personas, sujetos a registro hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro” (D. 1260/70).

“Desde otro punto de vista aunque el registro civil mencionado fue tardío, lo único que la demora ocasionó fue la indeterminación de su estado civil durante el tiempo en que careció de registro. No otra interpretación puede caber sobre el artículo 107 del Decreto Ley 1260 de 1970. Su contenido es el siguiente:

“Por regla general ningún hecho, acto o providencia relativos al estado civil o la capacidad de las personas, y sujeto a registro, surtirá efecto respecto de terceros, sino desde la fecha del registro o inscripción”.

“El profesor Arturo Valencia Zea, al comentar ese artículo, en su obra de Derecho Civil dice:

“Por la misma época en que se redactaba el nuevo estatuto del registro civil, o sea el Decreto Ley 1260 de 1970, se elaboraba Decreto 1250 de 1970 como estatuto del registro de instrumentos públicos. Este estatuto dice en su artículo 44 ‘Por regla general ningún título o instrumento sujeto a registro o inscripción surtirá efectos respecto de terceros, sino desde la fecha de aquel.

“Fácilmente se cae en la cuenta de que los redactores del estatuto del registro de estado civil de las personas quisieron darle a la inscripción el mismo y los mismos efectos que es necesario dar a la transmisión de la propiedad inmueble o a sus gravámenes (hipoteca, usufructo, etc.). Pero sucede que al estado civil no se le puede dar el mismo tratamiento que se le da al régimen jurídico de un inmueble, especialmente en cuanto a los efectos de la inscripción. Cuando el registrador de instrumentos públicos registra una escritura de compraventa de un inmueble, se verifica a partir de ese momento la tradición del inmueble; pero cuando el funcionario del registro civil inscribe un nacimiento, en manera alguna puede afirmarse que el inscrito solo nace a partir de la inscripción.

“Los estados civiles o sus alteraciones que se llevan al registro civil se dividen en dos clases (en lo relativo a precisar los efectos): unos tienen naturaleza simplemente declarativa; otros tienen efecto constitutivo.

“Cuando la inscripción es de índole declarativa, los efectos del respectivo estado civil se producen desde la constitución del hecho que engendra ese estado, como sucede con los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimiento de los hijos extramatrimoniales, sentencias judiciales que declaran la paternidad extramatrimonial. En semejante caso la inscripción en el registro es preponderantemente un medio de prueba, pero los efectos se han producido desde época anterior, o sea desde cuando se realizó el hecho generador del respectivo estado civil.

“Cuando la inscripción tiene carácter constitutivo, sus efectos se producen desde su ingreso en el registro civil, como sucede principalmente con las sentencias judiciales que tienen carácter atributivo: adopciones, interdicciones judiciales, nulidad del matrimonio, separación de cuerpos, separaciones de bienes, declaraciones de ausencia, etc.

“De donde se deduce que el artículo 107 ha debido redactarse teniendo en cuenta estas dos clases de efectos; y mejor hubiera sido guardar silencio sobre el particular a fin de que la doctrina y la jurisprudencia con la debida lógica, resolvieran en cada caso la cuestión”(62).

“De acuerdo con todo lo anterior se deduce, de una parte, que la señora Epifania Riascos si demostró su condición de madre respecto de la víctima directa del hecho dañino demandado, señor Hever Riascos y de los señores Elida Revolledo Riascos, Luis Carlos Riascos y Dina Isnora García Riascos”

En consecuencia, la Sala encuentra acreditado que la señora Bertha Coronado es madre de Henry Peña Coronado toda vez que el registro civil de nacimiento de la víctima así lo indica y no hay ninguna prueba que demuestre la falsedad del documento allegado.

Sin embargo, el recurso de alzada, paralelo al ataque al mencionado registro, también dirigió su inconformidad basado en la inexistencia de una relación filial entre la demandante y el occiso como quiera que eran muy pocas las veces que lo visitaba en la cárcel y antes de su detención “ni siquiera convivía con él”.

En esta oportunidad la Sala encuentra procedente reiterar su jurisprudencia en el sentido de indicar que el reconocimiento de perjuicios se desprende de la condición personal de damnificado con el daño sufrido, y que el parentesco resulta ser tan sólo un elemento probatorio que indica la existencia de una relación familiar consolidada. Este aspecto fue precisado por la sección en sentencia proferida el 1º de noviembre de 1991, así:

“Ha dicho la jurisprudencia, en forma reiterada, que en estos procesos de responsabilidad la indemnización de perjuicios la piden o solicitan los damnificados de la persona fallecida o herida por causa de la falla del servicio, no en su carácter de herederos de ésta, sino por el perjuicio que les causó esa muerte o esas lesiones, con prescindencia del mismo vínculo parental que gobierna el régimen sucesoral. En otras palabras, la parte demanda porque fue damnificada y no porque es heredera.

“Tan cierto es esto que con alguna frecuencia se niega en estos procesos indemnización al padre, al cónyuge, a los hijos o hermanos, pese a la demostración del parentesco, porque por otros medios se acredita que no sufrieron daño alguno. El caso, por ejemplo, del padre o madre que abandona a sus hijos desde chicos; o del hijo que abandona a sus padres estando estos enfermos o en condiciones de no subsistir por sus propios medios.

En otros términos, lo que se debe probar siempre es el hecho de ser damnificada la persona (porque el hecho perjudicial afectó sus condiciones normales de subsistencia, bien en su esfera patrimonial o moral) y no su carácter de heredera.

“El equívoco se creó cuando la jurisprudencia aceptó, para facilitar un tanto las cosas, que el interés de la persona damnificada resultaba demostrado con la prueba del vínculo de parentesco existente entre la víctima y el presunto damnificado.

“Esta idea, de por sí bastante clara, creó el equívoco, hasta el punto de que se confundió el interés del damnificado con el del heredero.

“Lo anterior hizo que los demandantes se contentaran simplemente con acompañar al proceso las pruebas del parentesco. Y esto, en la mayoría de los casos es suficiente porque la jurisprudencia, por contera, terminó aceptando la presunción de hombre o judicial de que entre padres e hijos o cónyuges entre sí se presume el perjuicio por el sólo hecho del parentesco.

“Pero fuera de que se han limitado a esas pruebas del estado civil, las han practicado mal o en forma incompleta, lo que ha impedido en muchos eventos reconocer el derecho pretendido porque no se acreditó bien el interés en la pretensión”(63). (negrillas fuera de texto)

Concordante con lo anterior, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación ha entendido que únicamente resulta posible acudir al régimen probatorio del “Estatuto del Registro del Estado Civil de las Personas”, cuando es precisamente ese estado civil, la fuente de las obligaciones, tal como en el caso de los herederos, siendo que en los demás eventos es posible acudir a cualquiera de los medios de prueba previstos en el Código de Procedimiento Civil. Así lo señaló en sentencia del 22 de enero del 2008(64):

“…, cuando el estado civil se aduce como fuente de derechos y de obligaciones (D. 1260/70, art. 1º) es necesario acudir a su régimen probatorio establecido en los artículos 101 y siguientes del Decreto 1260 de 1970, mientras que cuando se aduce una relación parental, o simplemente parentesco para deducir consecuencias jurídicas distintas a la esfera propia del estado civil, como las concernientes a inhabilidades o incompatibilidades electorales, el parentesco de que se trate puede demostrarse con la prueba del estado civil si lo hay o mediante cualquiera de los medios probatorios legales, previstos en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil” (negrillas fuera de texto).

De todo lo anterior se sigue que cuando se demanda la responsabilidad extracontractual del Estado, la demostración del parentesco no constituye en forma alguna una manera de legitimación en la causa por activa de los demandantes, toda vez que, se insiste, la legitimación nace del carácter de perjudicado o damnificado con el hecho dañoso, y que el vínculo parental demostrado a través del registro civil, lo único que permite es facilitar a las víctimas la demostración del perjuicio sufrido.

Lo anterior significa que la valoración probatoria que debe hacer el juez para acceder al reconocimiento de los perjuicios en acciones como la presente, no puede entenderse en forma alguna como una simple verificación de la relación de parentesco de los demandantes, sino que es deber del fallador hacer acopio de todos los elementos probatorios obrantes de manera que verifique la existencia de criterios o referentes objetivos para su cuantificación tales como: “las características mismas del daño, su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada persona, vale decir, el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que enmarca la situación del demandante afectado, para, por vía del análisis de conjunto, debidamente razonado, llegar a concretar un monto indemnizatorio determinado…”(65).

Precisado lo anterior considera la Sala que se encuentra debidamente demostrada la calidad de madre de la señora Bertha Coronado, respecto de Henry Peña Coronado, como quiera que el registro civil de nacimiento así lo indica y, además, no se logró demostrar la inexistencia de las relaciones de afecto y vínculo familiar entre la demandante y su hijo, toda vez que al proceso se allegaron las declaraciones de los señores María Elena Lopez de Flórez, Teodolinda Martínez de Villamil y Blanca Cecilia Sierra Amaya quienes afirmaron conocer de la relación familiar del señor Henry Peña Coronado con su madre y las afectaciones sufridas por la actora con posterioridad a la muerte de aquel.

Ahora bien, estas últimas declaraciones, fueron desestimadas por el tribunal a quo al encontrarlas contradictorias con la declaración rendida por la señora Bertha Coronado en el proceso penal, de la cual que dedujo que Diana Marcela Rincón Coronado Giovanny Maya Coronado no visitaban al señor Peña Coronado durante su estancia en el centro carcelario y que su madre lo hacía pero de forma ocasional. Sin embargo debe decir la Sala que tal declaración no debió ser valorada por el a quo y no lo puede ser en esta instancia, toda vez que proviene de uno de los demandantes y, por ende, la jurisprudencia de la Sección ha entendido que su estudio resulta improcedente.

Significa lo que se deja dicho que las afirmaciones realizadas en el recurso, tendientes a señalar la inexistencia de un vínculo familiar consolidado entre Henry Peña Coronado y Bertha Coronado no tienen vocación de prosperidad, pues se basaron en una prueba indebidamente acercada al proceso y, aún si llegara a valorarse, se llegaría a verificar que lo que la demandante refirió no era cosa diferente a que visitó en pocas ocasiones al señor Peña Coronado durante su estancia en la cárcel, de lo cual no puede colegirse la ausencia de un vínculo de afecto, como hizo el tribunal.

En cuanto al reconocimiento del daño emergente realizado por el a quo, la Sala encuentra que tuvo como fundamento la constancia suscrita por la Funeraria Santa Barbara(66), que da cuenta que los gastos funerarios a que dio lugar la muerte de Peña Coronado fueron asumidos por la señora Bertha Coronado, elemento adicional para demostrar el vínculo de afecto que la unía al occiso, amén de permitir la demostración de la afectación patrimonial por la cual reclama, imponiéndose en consecuencia la confirmación de la providencia apelada, como en efecto se hará.

8. Actualización de la condena.

Finalmente es del caso realizar la actualización de la condena reconocida en primera instancia para lo cual se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:

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9. Costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia de 30 de septiembre de 2004 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y, en su lugar, se dispone.

Primero. Declarar que Giovanni Maya Coronado y Diana Marcela Rincón Coronado carecen de legitimación en la causa por activa en relación con las pretensiones de la demanda.

Segundo. Declarar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, administrativa y patrimonialmente responsable por la muerte de Henry Peña Coronado, ocurrida el 5 de septiembre de 1999, como consecuencia de la herida que con arma de fuego le fue ocasionada dentro de las instalaciones de la Cárcel Nacional Modelo.

Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, condenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, a pagar las siguientes sumas de dinero:

“a. Por concepto de perjuicios morales:

“A Bertha Coronado, el equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes en su condición de madre de la víctima.

El salario mínimo será el vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

“b. Por concepto de perjuicios materiales:

“A Bertha Coronado la suma de un millón ochocientos veinte mil doscientos sesenta y un pesos con cuarenta y nueve centavos m/cte (1.820.261,49) por concepto de perjuicio material, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

“Cuarto. Para el cumplimiento de la sentencia se dará aplicación a lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del Códiog Contencioso Administrativo.

“Quinto. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

“Sexto. Sin condena en costas”.

Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese y devuélvase».

(12) Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice Couture, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso.” (Negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106.

(13) Folio 10 cuaderno de pruebas.

(14) Folio 11 cuaderno de pruebas.

(15) Folios 12-13 cuaderno de pruebas.

(16) Folio 25 cuaderno de pruebas.

(17) Folios 97-138 cuaderno de pruebas.

(18) Elemento probatorio que será valorado, únicamente en lo que a su parte documental se refiere, de conformidad con las pautas sostenidas por la sección respecto de la prueba trasladada.

(19) Folios 141-438 cuaderno de pruebas.

(20) Actuación que, como se dijo en pie de página precedente, sólo resulta susceptible de ser valorada en cuanto a la prueba documental que contiene.

(21) Folios 42-46 cuaderno de pruebas.

(22) Folios 70-74 cuaderno de pruebas.

(23) Folio 76 cuaderno de pruebas.

(24) Folio 77 cuaderno de pruebas.

(25) Folios 78-79 cuaderno de pruebas.

(26) Folio 89 cuaderno de pruebas.

(27) Folios 439-451 cuaderno de pruebas.

(28) Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 27 abril del 2006, Exp. 21138 y del 27 de noviembre de 2002, Exp. 13760, ambas con ponencia del doctor Alier Hernández Enríquez.

(29) Esta expresión en el contexto de las relaciones entre autoridades penitenciarias y personas privadas de la libertad, fue utilizada por primera vez en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la Sentencia T-596 de 1992. Así mismo, entre los pronunciamientos más importantes al respecto, Cfr. Sentencias T-705 de 1996 y T-153 de 1998.

(30) La subordinación tiene su fundamento en la obligación especial de la persona recluida consistente en el deber de “cumplir una medida de aseguramiento, dada su vinculación a un proceso penal, o una pena debido a que es responsable de la comisión de un hecho punible”. Cfr. Sentencia T-065 de 1995. O también es vista como el resultado de la “inserción” del administrado en la organización administrativa penitenciaria por lo cual queda “sometido a un régimen jurídico especial”. Así en Sentencia T-705 de 1996.

(31) Desde los primeros pronunciamientos sobre el tema, la Corte identificó la existencia de un “régimen jurídico especial al que se encuentran sometidos los internos”, el cual incluye la suspensión y la limitación de algunos derechos fundamentales, en este sentido Cfr. Sentencia T-422 de 1992.

(32) Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de implantar un régimen disciplinario para los reclusos, así en Sentencia T-596 de 1992.

(33) Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de implantar un régimen especial de visitas, así en Sentencia T-065 de 1995.

(34) Sobre los tres regímenes de los derechos fundamentales de los reclusos, según la posibilidad de la suspensión, limitación y goce pleno, ver entre otras las sentencias T-222 de 1993, T-065 de 1995 y T-705 de 1996.

(35) En este sentido véase la Sentencia C-318 de 1995. La potestad administrativa para limitar o restringir derechos fundamentales en el contexto de las relaciones especiales de sujeción, “debe estar expresamente autorizada en la ley que regule su ejercicio”, así en la Sentencia T-705 de 1996.

(36) Sobre la finalidad de la limitación a los derechos fundamentales en el contexto de las relaciones especiales de sujeción, véase especialmente la Sentencia T-705 de 1996. Sobre su relación con la posibilidad real de la resocialización véase la Sentencia T-714 de 1996.

(37) Entre los especiales derechos de los presos y su correlato, los deberes del Estado, como consecuencia del establecimiento de una relación especial de sujeción, se encuentran “el deber de trato humano y digno, del deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario, utensilios de higiene, lugar de habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el deber de asistencia médica, y el derecho al descanso nocturno, entre otros”, citada de la Sentencia T-596 de 1992.

(38) Sobre los deberes especiales del Estado ver la Sentencia T-966 de 2000.

(39) Para la Corte esta garantía debe ser reforzada, ya que el recluso al estar sometido a una relación especial de sujeción, tiene limitado su derecho a escoger opciones y le es imposible autoabastecerse, en este sentido ver la Sentencia T-522 de 1992, además se encuentra en un estado de “vulnerabilidad” por lo cual la actividad del Estado en procura de la eficacia de los derechos fundamentales debe ser activa y no solo pasiva, en este sentido ver la Sentencia T-388 de 1993, y en el mismo sentido la Sentencia T-420 de 1994. Ya que el recluso está en imposibilidad de procurarse en forma autónoma los beneficios propios de las condiciones mínimas de una existencia digna, así en la Sentencia T-714 de 1995, o se encuentra en estado de indefensión frente a terceros, así en la Sentencia T-435 de 1997.

(40) Sobre el contenido de este deber positivo ver la sentencia T-153 de 1998.

(41) Sobre el énfasis en el deber positivo en cabeza del Estado, véase las sentencias T-714 de 1996 y T-153 de 1998.

(42) Responsabilidad del Estado que se concreta en la obligación de velar por la seguridad de los reclusos en el perímetro carcelario y en la obligación de garantizar condiciones de vida adecuadas a los reclusos, así en la Sentencia T-522 de 1992.

(43) La posibilidad de reinserción social depende en buena medida de la eficacia del derecho de los reclusos a contar con centros carcelarios adecuados, este derecho encuentra el fundamento de su validez en el derecho a la dignidad y en el principio del Estado social de derecho, así en Sentencia T-153 de 1998.

(44) Sobre la síntesis de la doctrina constitucional de las relaciones de especial sujeción, en idénticos términos Cfr., Sentencia T-881 de 2002.

(45) En el mismo sentido ver las sentencias: T-596/92, T-065/95, C-318/95, T-705/96, T-1190/03, T-490/04, T-881/02 y T-134/05.

(46) Sentencia T-590 de 1998.

(47) Sentencia T-265 de 1999.

(48) Idem. En igual sentido T-208 de 1999.

(49) Corte Constitucional, Sentencia T-590 de 1998.

(50) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 12 de febrero de 2004, expediente 14.955. Sentencia del 24 de junio de 2004, exp 14.950. Sentencia del 24 de junio de 1998, exp: 14.406. Sentencia del 20 de febrero de 2008. exp. 16.996.

(51) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, exp. 20.125, Consejero ponente: Alier Hernández Enríquez. Sentencia de 20 de febrero de 2008. exp. 16996. Consejero ponente: Enrique Gil Botero, posición jurisprudencial reiterada en la sentencia del 29 de enero del 2009, Exp. 16975.

(52) Si se tiene en cuenta que la comprensión mayoritaria —aunque deba darse cuenta de la existencia de pareceres discrepantes— niega que las omisiones puedan ser causa, en un sentido estrictamente naturalístico u ontológico, de un resultado, como lo han señalado, por vía de ejemplo, MIR PUIG y JESCHECK, de la siguiente manera: “resulta imposible sostener que un resultado positivo pueda haber sido causado, en el sentido de las ciencias de la naturaleza, por un puro no hacer (ex nihilo nihil fit)” (énfasis en el texto original), sostiene aquél; “La causalidad, como categoría del ser, requiere una fuente real de energía que sea capaz de conllevar un despliegue de fuerzas, y ello falta precisamente en la omisión (“ex nihilo nihil fit)”, afirma éste. Cfr. MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal. Parte General, 5ª edición, Reppertor, Barcelona, 1998, p. 318 y JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal. Parte General, Bosch, Barcelona, 1981, p. 852, apud MIR PUIGPELAT, Oriol, La responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, cit., pp. 241-242.

Sin embargo, la tantas veces aludida distinción categorial entre causalidad e imputación permite explicar, precisamente, de forma mucho más coherente que si no se parte de la anotada diferenciación, la naturaleza del razonamiento que está llamado a efectuar el juez de lo contencioso administrativo cuando se le llama a dilucidar si la responsabilidad del Estado debe quedar comprometida como secuela no ya de una actuación positiva, sino como consecuencia de una omisión de la entidad demandada, pues aunque se admita que dicha conducta omisiva fenomenológicamente no puede dar lugar a la producción de un resultado positivo —de un daño—, ello no significa, automáticamente, que no pueda generar responsabilidad extracontractual que deba ser asumida por el omitente. Pero esa cuestión constituirá un asunto no de causalidad, sino de imputación.

Y es que en los eventos en los cuales la conducta examinada es una acción, para que proceda la declaratoria de responsabilidad resulta menester que exista relación de causalidad entre ella y el resultado, lo cual no es suficiente porque debe añadirse que éste sea jurídicamente atribuible o imputable a aquélla; pero, como señala MIR PUIGPELAT,

“… cuando la conducta es, en cambio, una omisión, la relación de causalidad no es sólo insuficiente, sino, incluso, innecesaria (...) Y existirá imputación del resultado cuando el omitente tenía el deber jurídico de evitar el resultado lesivo, poseyendo la acción —debida— omitida capacidad para evitarlo. En el momento de comprobar esta última cuestión (la capacidad evitadora de la acción omitida) se examina si existe relación de causalidad entre la acción omitida y el resultado producido. Pero obsérvese bien: no es una relación de causalidad entre la omisión y el resultado, sino entre la acción (que, a diferencia de la omisión, sí tiene eficacia causal) no realizada y el resultado; y, además, es una causalidad meramente hipotética, entre una acción imaginada que no ha llegado a producirse y un resultado efectivamente acontecido. Los problemas fundamentales que se plantean, pues, en sede de omisión (y que son problemas de imputación), son la determinación de cuándo existe el deber jurídico de evitar el resultado (en definitiva, la determinación de cuándo se encuentra la administración en posición de garante de la víctima) y la concreción del grado de capacidad evitadora del resultado que exigimos a la acción omitida, partiendo de valoraciones normativas, para imputar el resultado a la omisión”. Cfr. MIR PUIGPELAT, Oriol, La responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, cit., pp. 242-244.

(53) Cf. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008. Exp. 18586. M.P. Enrique Gil Botero.

(54) Fls 11, 42-46, 70-74 cuaderno de pruebas

(55) Ídem.

(56) Folios 78-79 cuaderno principal.

(57) Folio 131 cuaderno de pruebas.

(58) Artículo 2º de la Carta Política.

(59) Folios 76-77 cuaderno de pruebas.

(60) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de marzo de 2000. Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez. Exp 11945.

(61) Cita original del fallo “Agosto 26 de 1999. Expediente 13.041. Demandante: Nurys González y otros. Demandados: Nación (Ministerio de Defensa Policía Nacional)”.

(62)[1] Cita original del fallo. “Tomo I parte General y Personas Duodécima Edición Temis página 331”.

(63) Expediente 6469; actor: Ferney Londoño Gaviria y otros, criterio que fue igualmente reiterado en sentencia de 24 de mayo de 2.001, Expediente 12.819, Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo.

(64) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 22 de enero de 2008, expediente 2007-00163-00. M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

(65) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 23 de agosto de 2012. Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón. Exp 24392.

(66) Folio 25 cuaderno de pruebas.