Sentencia 2001-01992/36561 de agosto 8 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 08001-23-31-000-2001-01992-01(36561)

Actor: F.T.L. y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Ref.: Acción de reparación directa (apelación sentencia)

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Sánchez Luque

Bogotá D.C., ocho de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

I. Presupuestos procesales.

Jurisdicción y competencia.

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 19962.

Acción procedente.

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo3, en este caso por hechos imputables a la administración de justicia (C.N., art. 90 y CCA, art. 86).

Caducidad

3. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos de privación injusta de la libertad, la Sección Tercera ha sostenido que el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia absolutoria, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuricidad del daño4.

La demanda se interpuso en tiempo —24 de enero de 2001— porque el demandante tuvo conocimiento de la antijuricidad del daño reclamado desde el 13 de abril de 1999, fecha en la que quedó ejecutoriada la providencia que lo absolvió [hecho probado 7.6].

Legitimación en la causa

4. F.T.L., C.T.D.y Y.L.C. son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que el primero es el sujeto pasivo del proceso penal y las demás conforman su grupo familiar [hecho probado 7.7].

La Nación-Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por pasiva, pues fue la entidad encargada de la investigación penal.

II. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si la absolución con fundamento en que el delito no existió, torna en injusta la privación de la libertad.

Análisis de la Sala.

5. Como la sentencia fue recurrida por la parte demandante, la Sala estudiará el asunto, de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación5, consideró que tenían mérito probatorio.

7. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

7.1. El 7 de abril de 1997, miembros de la Policía capturaron a F.T.L. por la comisión de los delitos de amenaza y vinculación a grupos armados ilegales, según da cuenta copia auténtica del informe que deja a disposición (fls. 94-97 cdno. 2) y original del certificado de reclusión expedido por el Departamento de Policía del Magdalena (fl. 20 cdno. 1).

7.2. El 17 de abril de 1997, F.T.L. rindió indagatoria ante la Fiscalía 34 de Santa Marta por la comisión de los delitos de amenaza y vinculación a grupos armados ilegales, según da cuenta copia auténtica del acta de la audiencia (fls. 98-102 cdno. 2).

7.3. El 5 de mayo de 1997, la Fiscalía Regional de Barranquilla impuso medida de aseguramiento en contra de F.T.L. por la comisión de los delitos de amenaza y vinculación a grupos armados ilegales, según da cuenta copia auténtica del oficio dirigido a la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional (fls. 142-143 cdno. 1).

7.4. El 12 de diciembre de 1997, la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Regionales de Barranquilla precluyó la investigación de F.T.L., según da cuenta copia auténtica de la providencia (fls. 179-195 cdno. 2).

7.5. El 12 de diciembre de 1997, F.T.L. recuperó efectivamente su libertad, según da cuenta certificado original expedido por el Departamento de Policía del Magdalena (fl. 20 cdno. 1).

7.6. El 13 de abril de 1999, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, en sede de Consulta confirmó la preclusión de la investigación de F.T.L., según da cuenta copia auténtica de la providencia (fls. 238-241 cdno. 2). El artículo 197 del Decreto 2700 de 1991 establecía que las providencias que decidían el recurso de apelación quedaban ejecutoriadas el día en que fueran suscritas. Como la sentencia fue proferida en grado jurisdiccional de consulta, en el expediente no obra copia indicativa de trámite de recurso de casación y se ordenó el archivo de la actuación, el 13 de abril de 1999 la providencia quedó ejecutoriada (fls. 238-241 y 243 cdno. 2).

7.7. F.T.L. es cónyuge de Y.L.C. y padre de C.T.D. y según dan cuenta copias auténticas de los registros civiles de nacimiento (fls. 257-258 cdno. 1).

La privación de la libertad fue injusta porque el delito no existió.

8. El daño antijurídico está demostrado porque F.T.L. estuvo privado de su derecho fundamental a la libertad personal, desde el 7 de abril de 1997 hasta el 12 de diciembre de 1997 [hechos probados 7.1 y 7.5]. Es claro que la lesión al derecho de la libertad personal genera perjuicios que los demandantes no estaban en la obligación de soportar.

9. La privación injusta de la libertad como escenario de responsabilidad está regulada en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, en el artículo 68 que establece que quien haya sido privado de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

La jurisprudencia6 tiene determinado, a partir de una interpretación del artículo 90 de la Constitución Política, que cuando una persona privada de la libertad sea absuelta (i) porque el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, o (iii) la conducta no constituía hecho punible, se configura un evento de detención injusta en virtud del título de imputación de daño especial, por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas. A estas hipótesis, la Sala agregó la aplicación del principio in dubio pro reo,7 con fundamento en la misma cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado del artículo 90 CN8.

La privación de la libertad en estos casos se da con pleno acatamiento de las exigencias legales, pero la expedición de una providencia absolutoria, pone en evidencia que la medida de aseguramiento fue injusta y la persona no estaba obligada a soportarla.

Si el procesado es exonerado por cualquier causa distinta de las mencionadas, la reparación solo procederá cuando se acredite que existió una falla del servicio al momento de decretarse la medida de aseguramiento, es decir, que no se cumplían los requisitos legales para la restricción de la libertad9.

La Sala ha sostenido que en todos los casos es posible que el Estado se exonere con la acreditación de que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

10. La Fiscalía Regional de Barranquilla impuso medida de aseguramiento a F.T.L. [hecho probado 7.3], con fundamento en la denuncia de la víctima y en unos testimonios que lo señalaron como una de las personas que amenazó de muerte al presidente del Concejo Municipal de Aracataca.

Sin embargo, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de Barranquilla precluyó la investigación porque el delito de amenaza no existió y porque el procesado no pertenecía a ningún grupo armado al margen de la ley [hecho probado 7.4]. Concluyó que el presidente del Concejo Municipal no fue amenazado y mucho menos por causa del procesado F.T. y que el mismo denunciante manifestó no conocer, ni haber recibido amenazas de su parte. Así lo puso de relieve la providencia al indicar:

Ahora bien, el mismo denunciante afirma que nunca ha sido amenazado no el por el señor G.B., ni por el procesado F.T., a quien no conoce […] cuando se le preguntó al procesado si conocía al señor M. y al señor B., sostiene que a ninguna de esas personas las conoce, ni sabe a qué se dedican, surgiendo de esta manera la inexistencia de este presunto hecho punible […]. (fls. 180-181; 189-190 cdno. 2).

La Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, al resolver el grado jurisdiccional de consulta [hecho probado 7.6], ratificó los argumentos de la primera instancia, a los que agregó que lo ocurrido obedece a sospecha y rumores que no tuvieron la entidad de conducir a la verdad y que no podía catalogarse como amenaza un simple miedo a un ataque: “El a quo en juicioso proveído hizo un estudio minucioso de las diferentes versiones allegadas, llegando a comprobarse que el concejal de Aracataca (Magdalena) A.M.M.M. no se ha sentido amenazado por el sindicado F.T.L. […]”. (fl. 240 cdno. 2).

Así las cosas, como la absolución del demandante se fundamentó en el que el delito de amenaza no existió y en que el sindicado no cometió el delito de vinculación grupos armados ilegales, el título de imputación aplicable es el objetivo de daño especial, lo que torna en injusta la privación de su libertad.

11. La Nación-Fiscalía General de la Nación también propuso como excepción el hecho exclusivo y determinante de un tercero, porque varias declaraciones y la denuncia de la víctima originaron la investigación.

La Fiscalía General de la Nación es la entidad titular de la acción penal y le corresponde realizar la investigación de las conductas punibles, en los términos del artículo 250 de la Constitución Nacional. Como en principio, el ente investigador debe recaudar, analizar y verificar la pertinencia y veracidad de las pruebas sobre los posibles delitos, no prosperará esta excepción de hecho exclusivo y determinante de un tercero.

En tal virtud, el daño es imputable a la Nación-Fiscalía General de la Nación y, por ello, se revocará la sentencia apelada.

Indemnización de perjuicio

12. La demanda solicitó el reconocimiento de 1.000 gramos oro a cada una de las partes, por perjuicios morales.

Recientemente, la Sección Tercera unificó sus criterios de indemnización de perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad10. En esta providencia se trazaron unos parámetros de guía para su tasación de acuerdo a factores como la duración de la privación de la libertad y el grado de parentesco de los demandantes en relación con la víctima directa. Estos derroteros quedaron consignados en el siguiente cuadro:

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 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del porcentaje de la víctima directa35% del porcentaje de la víctima directa25% del porcentaje de la víctima directa15% del porcentaje de la víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 9 e inferior a 128040282012
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Cuando se demuestra que el demandante es padre, hermano, hijo o cónyuge de la víctima el perjuicio moral se infiere del vínculo parental o marital existente entre los demandantes y la persona víctima del hecho11.

F.T.L. fue privado de la libertad durante un periodo de 8,16 meses [hechos probados 7.1, 7.5] y está acreditado que es cónyuge de Y.L.C. y padre de C.T.D. y [hecho probado 7.7].

Demostrada la relación de parentesco y el sufrimiento padecido por los demandantes, con base en los criterios arriba expuestos, el monto de los perjuicios morales será de 70 SMLMV la víctima directa, su cónyuge y para su hija.

13. La demanda solicitó el reconocimiento del lucro cesante, a favor de F.T.L., por los dineros dejados de percibir durante el tiempo de reclusión. La demanda afirmó que F.T.L. tenía una actividad laboral, pues se encontraba vinculado a la Policía Nacional.

Para la época de la privación injusta de la libertad, F.T.L. laboraba al servicio de la Policía Nacional en el cargo de suboficial, y que prestó su servicio entre el año 1993 y el 2004, momento en el que salió por retiro voluntario, según da cuenta el extracto de la hoja de vida del Grupo de Archivo General de la Policía acreditó que, (fls. 381-382 cdno. 2).

El artículo 1º del Decreto 574 de 1995, vigente para la época de la detención del demandante, preveía la figura de la suspensión de funciones y atribuciones a los miembros de la Policía Nacional, previa solicitud de la jurisdicción ordinaria o penal militar.

En el caso de que la solicitud fuera hecha por la Justicia Penal Militar, el suspendido tenía derecho a percibir el 50% de su salario, junto con las primas y subsidios a que hubiere lugar, y el 50% retenido se le restituía luego del levantamiento de la suspensión porque había sido absuelto, a través de sentencia o su equivalente. Ahora bien, conforme al parágrafo segundo de ese mismo artículo, si la solicitud de suspensión de funciones se originaba en la jurisdicción ordinaria, el miembro de la Policía no tenía derecho a percibir salarios durante el tiempo que durara la medida.

En el expediente no obra prueba que acredite que F.T.L. hubiere sido suspendido en el cargo de suboficial de la policía que desempeñaba, no hay prueba del acto de suspensión, ni de la notificación o comunicación de esta situación; por el contrario, para el mes de septiembre de 1997 (fecha en la que se encontraba privado de la libertad) el demandante devengó su sueldo en condiciones normales, según da cuenta certificado original de la Tesorería del Departamento de Policía del Magdalena (fl. 364 cdno. 1). Así las cosas, no se le reconocerá el lucro cesante pretendido.

13. La demanda solicitó 3.000 gramos oro a la víctima directa, por daño al buen nombre. Adujo que se afectó el buen nombre y la dignidad de F.T.L., pues muchas personas perdieron la confianza en él, por haberse alejado de su familia y por la estigmatización y etiquetamiento social.

En sentencias de unificación12 se recogieron las clasificaciones conceptuales enmarcadas bajo las denominaciones de daño a la vida de relación, alteración a las condiciones de existencia o perjuicios fisiológicos. En esa oportunidad la Sala sostuvo que podrían indemnizarse los perjuicios ocasionados a bienes jurídicamente tutelados, siempre que tal circunstancia se acreditara en el proceso y no se enmarcaran en las demás tipologías de perjuicios reconocidas por la jurisprudencia13.

De modo que quienes sufren estos perjuicios tienen derecho a su reparación integral mediante la adopción de medidas no pecuniarias a favor de la víctima directa y sus familiares más cercanos y, excepcionalmente, cuando dicha medida no sea procedente, al reconocimiento de una indemnización de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes exclusivamente a favor de la víctima directa14.

Como no está acreditada la afectación de otros bienes jurídicamente tutelados que amerite reparación a través de medidas no pecuniarias, el perjuicio no será reconocido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 8 de abril de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico y en su lugar dispone:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación- Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de F.T.L.

2. CONDÉNASE a la Nación-Fiscalía General de la Nación-Rama Judicial a pagar a F.T.L., Y.L.C. y C.T.D., la suma equivalente en pesos a setenta (70) SMLMV, para cada uno.

3. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

4. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. En firme este fallo DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias pertinentes conforme a la ley.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 El Consejero Ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencial de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad 34.985 [fundamento jurídico 3], con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta Corporación conoce siempre en segunda instancia de estos procesos, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146 [fundamento jurídico 1].

3 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3].

4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de febrero de 1996, Rad. 11.425.

5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad se encuentran consignados en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Rad. 15.463 [fundamento jurídico 2.2.2].

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 diciembre de 2006, Rad. 13.168 [fundamento jurídico 5] y sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, Rad. 23.354 [fundamento jurídico 2.3.2].

8 El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146 [fundamento jurídico 3].

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, Rad. 18.960 [fundamento jurídico 3.3].

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 36.149 [fundamento jurídico 7.1].

11 Cfr. Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia del 17 de julio de 1992, Rad. 6.750.

12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 14 de septiembre de 2011, Rad. 19.031 [fundamento jurídico 7.4] y 38.222 [fundamento jurídico 4.3].

13 El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y lo acoge. Los argumentos de la disidencia se encuentran consignados en la aclaración de voto a la sentencia de 15 de octubre de 2015, Rad. 34.952 [fundamento jurídico 2].

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 26251 [fundamento jurídico 6,3]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y lo acoge. Los argumentos de la disidencia se encuentran consignados en la aclaración de voto a la sentencia de 1 de febrero de 2016, Rad. 48.842 [fundamento jurídico 9].