Sentencia 2001-01995/29715 de diciembre 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 050012331000200101995 01 (29.715)

Consejera Ponente:

Dr. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Luz Dary Montoya Ramírez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional

Proceso: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., doce de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS:«II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por el extremo demandante, en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tal como lo dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, habida cuenta que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988 para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia(1). Así mismo, para pronunciarse respecto del fondo de la litis, en los términos del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

2. Análisis del caso.

2.1. El daño.

Se encuentra debidamente acreditado que los señores Jhon Jairo Laverde Argáez y María Graciela Argáez Montoya fallecieron el 20 de junio del año 2000, conforme indican los registros civiles de defunción expedidos por la Notaría Única de Urrao (Antioquia), allegados al proceso por la parte demandante (fl. 19 y 27, cdno. 1). Igualmente, según los mismos documentos las muertes fueron violentas.

Así mismo, está acreditado que el señor John Jairo Laverde Argáez era: (i) cónyuge de Luz Dary Montoya Ramírez, (ii) padre de Xiomara Fazury, Yainer Sulay y John de Jesús Laverde Montoya y (iii) hermano de Rodolfo Elpidio, Luz Mery, Marbe Luz, César Augusto y Fabio Nelson Laverde Argáez; así mismo, se tiene por demostrado que la señora María Graciela Argáez Montoya era: (i) madre de Rodolfo Elpidio, Luz Mery, Marbe Luz, César Augusto y Fabio Nelson Laverde Argáez y (ii) hermana de María Cruzana, Ana Rita, María Luz Mila, Laura Rosa, Elpidio y Ángel José Argáez Montoya. Las víctimas eran madre e hijo entre sí (registros civiles de matrimonio y nacimiento -fl. 18-40, cdno. 1).

Por tanto, dado que se encuentra demostrado el daño alegado por la parte actora, pasa la Sala a analizar si el mismo es imputable a las demandadas y, en consecuencia, a determinar si es menester revocar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

2.2. Imputación.

Análisis probatorio

2.2.1. Dentro de las pruebas allegadas al plenario, se encuentra una certificación remitida por la Defensoría del Pueblo, mediante la cual se indica que del 3 de mayo al 21 de junio del 2000, en el municipio de Urrao, Antioquia, fueron asesinadas 32 personas, dentro de las que se encuentran los señores Jhon Jairo Laverde Argáez y María Graciela Argáez Montoya (fl. 98, cdno. 1).

2.2.2. Ahora bien, como sustento de la responsabilidad del Estado en la muerte de estos últimos, se tienen las declaraciones de los señores José María Rueda Herrera, Jesús Alberto Madrigal Álzate, Gladys Elena Urrego Serna y Luz Dary Vargas (fls. 143-146, cdno. 1)(2), los que comprometen a uniformados del Ejército y la Policía Nacional. Sostuvo el primero de ellos:

“(...) Preguntado. Dígale al despacho bajo la gravedad de juramento, lo que sepa y le conste de los hechos ocurridos el pasado 20 de junio de 2000, donde fallecieron los señores (...) Contestó. A ellos los mataron juntos en esa fecha, eso fue por la noche, los mató un grupo llamado Los Alacranes, por comentarios ese grupo mató a otra gente acá en el pueblo, andaban por aquí por todo el pueblo, uniformados, entraban al comando, hacían lo que les daba la gana, andaban en un carro rojo (...)”.

Por su parte, contestó el señor Jesús Alberto Madrigal Álzate:

“(...) Yo no estaba acá en el pueblo pero me di cuenta de la muerte de ellos al otro día, que los habían matado unos uniformados conocidos como Los Alacranes que son del Ejército, que para esa época andaban por acá por el pueblo, iban mucho al Comando, (...) andaban uniformados, tenían una camioneta roja, hacían requisas, pedían documentos, portaban armas largas (...)”.

En un mismo sentido, la declaración de Gladys Elena Urrego Serna:

“(...) Eso fue como un martes, no recuerdo bien el día, me llamaron a las 9:00 de la noche a decirme que habían matado a doña Graciela y a su hijo y en ese momento no pude hacer nada porque vivía lejos del lugar de los hechos y por la situación de orden público a cualquiera le daba miedo salir a ver qué pasaba, ya hasta el otro día en la mañana que logré bajar y fue muy triste encontrar esa situación (...) Preguntado. Sírvase decir usted si sabe a quién se le atribuye la muerte de las personas antes citadas. Contestó. En ese tiempo estaba aquí el grupo armado de los paramilitares, les decían Los Alacranes, eso es sin explicación, esos hechos nosotros le atribuimos esa a muerte a ese grupo; ellos andaban vestidos de militar y andaban por todas partes aquí en el pueblo, en las veredas, utilizaban una camioneta roja para movilizarse. Preguntado. Díganos si las personas que conformaban el grupo conocido como Los Alacranes, hacían presencia en oficinas públicas, en los puestos de policía del área urbana de este municipio. Contestó. Sí me consta que estuvieron en el comando de Policía de acá ubicado en el parque principal de Urrao (...) ese grupo Los Alacranes andaban por toda la calle, hacían retenes, pedían documentos, quitaban cédulas (...) todos los días se podía decir que mataban gente (...) cuando se llevaron al grupo de Los Alacranes que es una compañía del Ejército aquí ya no han vuelto a ocurrir tantas masacres (...)”(3).

Finalmente, la declaración de Luz Dary Vargas:

“(...) Vivo a dos cuadras de donde ocurrieron los hechos, en las horas de la noche, la hora exacta no la recuerdo, escuché disparos por los lados de la variante, al escuchar los disparos nos levantamos varios y miramos por la ventana y vimos dos motos que pasaron rápido por la calle, realmente lo que había pasado esa noche con relación a lo que había pasado (sic) no nos dimos cuenta, hasta el otro día que la misma señora Rosa Argáez me dijo que habían matado a Graciela y al hijo de ella o sea a John Jairo (...) Preguntado. Sabe usted a quién se le atribuye la muerte de la señora María Graciela Argáez y su hijo. Contestó. A los mismos que se le atribuyen tantas muertes en Urrao, al grupo Los Alacranes, es algo difícil de describir, unas veces los ve uno uniformados y otras veces andan uniformados con el Ejército y el Ejército dice que no son la misma fuerza, pero también tuvimos la oportunidad de verlos en retenes (...) Que me haya enterado que le dieron muerte a varias personas sí, asesinaron a mucha gente (...)”.

2.2.3 De otro lado, se destaca el informe rendido por el técnico investigador, José Fernando Toledo Perdomo, de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, Seccional Antioquia, de la Procuraduría General de la Nación; en dicho informe se recomienda abrir nuevamente la investigación, archivada, con ocasión de los hechos violentos ocurridos en el municipio de Urrao, en los que presuntamente estuvieron vinculados miembros de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional quienes, se asegura, guardan estrechos vínculos con las autodefensas. Se transcriben los apartes pertinentes (fls. 181-223, cdno. ppal.):

“(...) Se pudo establecer que en el periodo de tiempo comprendido entre el 1º de mayo al 30 de junio de 2000, hicieron presencia en el municipio de Urrao-Antioquia, los miembros del Ejército Nacional, Cuarta Brigada, Batallón de Infantería número 11, Cacique Nutibara, Compañía A, Pelotones: Alacrán 1 (0-4-36), Alacrán 2 (1-4-33), Alacrán 3 (1-3-34), Alacrán 4 (0-4-35); Compañía C. Pelotones Coraza 1 (0-6-35) y Coraza 2 (1-4-32).

6.3.2 Obran dentro del expediente los rangos y nombres de los Doscientos treinta y tres (233) miembros del Ejército Nacional que permanecieron en el Municipio de Urrao dentro del periodo de tiempo comprendido entre el 1º de mayo de 2000 al 30 de junio de 2000.

(...).

Se debe estudiar la posibilidad de que el Procurador General de la Nación solicite la revocatoria directa del auto del 11 de diciembre de 2000, suscrito por el brigadier general Eduardo Herrera Verbel, comandante de la Cuarta Brigada, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 37 del artículo 7º del Decreto 262 de 200, por la causal contenida en el numeral 1º del artículo 111 de la Ley 200 de 1995, que preceptúa: cuando se manifiesta su oposición a la Constitución Política o la ley.

(...).

Las razones son las siguientes: está plenamente demostrado que en el municipio de Urrao en el periodo comprendido entre el 1º de mayo y el 30 de junio de 2000, se sucedieron 38 homicidios, equivalente al 48% de los homicidios de esa anualidad, cuando hacían presencia más de 240 efectivos del Ejército Nacional, batallón Cacique Nutibara, lo que nos lleva a concluir que la conducta si existió y hay prueba de ello (...)”.

2.2.4. Ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, se presentó demanda con ocasión del deceso del señor Arbey Cartagena Flórez, muerto el 4 de mayo del 2000 en el municipio de Urrao, Antioquia(4).

En esa oportunidad, la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional llamó en garantía al cabo primero Guillermo Augusto Mazo González, alias “alacrán” (fl. 74, cdno. copias Tribunal), como responsable de la muerte. El llamado no compareció al trámite.

En ese asunto, el Tribunal determinó a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional responsable por el deceso del señor Arbey Cartagena Flórez, ocurrido el 4 de mayo del 2000 (fl. 221-258, cdno. copias Tribunal). Al efecto tuvo en cuenta la inobservancia del deber de protección a cargo del Estado pues, a pesar de que Aldides de Jesús Durango, alias René, jefe del bloque del suroeste antioqueño de las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC, confesó que los homicidios perpetrados en Urrao para la época comprendida entre mayo y junio de 2000 fueron cometidos por sus hombres (ver párr. 2.2.5), la Policía Nacional no ofreció una respuesta adecuada a la petición de protección de la población, asumiendo una posición negligente y omisiva.

2.2.5. En consideración a los homicidios perpetrados en Urrao, entre enero y junio del 2000, dentro de los que se cuentan los de los señores Jhon Jairo Laverde Argáez y María Graciela Argáez Montoya, la Fiscalía General de la Nación inició investigación en contra del señor Aldides de Jesús Durango, alias René, remitida en copia a este asunto(5).

Ahora, los homicidios en número de 32, referidos en el expediente allegado al trámite, todos ocurrieron en la localidad de Urrao, entre mayo y junio del 2000, coinciden en que sujetos encapuchados o vestidos de civil irrumpían en las viviendas en búsqueda de personas específicas por las que indagaron para, establecida la identidad, proceder a darles muerte en presencia de sus familiares y abandonar el lugar. Homicidios sobre los que, a la fecha, de acuerdo con las pruebas allegadas al plenario, no se ha dictado sentencia de fondo.

En indagatoria(6) rendida el 10 de enero de 2008 ante la Fiscalía Veintinueve Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Medellín y Antioquia, que fuera ampliada en oportunidades posteriores, el nombrado Durango, alias René, reconoció su condición de jefe del bloque del suroeste antioqueño de las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC. Explicó que la finalidad de la organización era contener el accionar de las FARC en la región, eliminando a sus simpatizantes y colaboradores, con incursiones en los municipios que le fueron asignados por la Casa Castaño(7), entre estos Urrao. De modo que se hizo responsable por todos los delitos que por razones de su militancia se hubieran cometido para la época, acogiéndose a sentencia anticipada, entre estos, el perpetrado en contra de los señores Jhon Jairo Laverde Argáez y María Graciela Argáez Montoya (fls. 170-172, 179-185, cdno. 1 190-191, 194-196, cdno. 6 copias Fiscalía).

2.2.5.1. Dentro de la investigación adelantada por el deceso de los señores Jhon Jairo Laverde Argáez y María Graciela Argáez Montoya, se determinó que habían sido víctimas de homicidio el 20 de junio del 2000, que tenían 28 y 51 años respectivamente y que fueron ultimados por desconocidos en la primera habitación de su residencia (fls. 270-272, cdno. 5 copias Fiscalía).

La necropsia practicada al cuerpo de la señora Argáez Montoya reveló que recibió un impacto de bala en la región torácica anterior a 2 cm de la reja costal derecha, sin orificio de salida. El proyectil no pudo ser recuperado, pues quedó incrustado entre las vértebras L3 y L4 (fls. 276-279, cdno. 5 copias Fiscalía).

El mismo examen, practicado al cuerpo del señor Laverde Argáez, indicó que fue herido mortalmente por dos disparos, el primero, en el pabellón auricular derecho con ahumamiento, con salida por el temporal izquierdo, con exposición de masa encefálica. El segundo, con entrada por el borde inferior de la escápula izquierda y con salida por la región torácica anterior a 3 cm de la articulación del hombro. Al nivel de la región cervical derecha, el cuerpo “(...) presenta bandeletas de contusión con tatuaje y múltiples quemaduras de pólvora” (fls. 280-282, cdno. 5 copias Fiscalía).

2.2.5.2. Con ocasión de los múltiples homicidios ejecutados en el municipio de Urrao, el 10 de julio del 2000, el Director Seccional de Fiscalías de Medellín envió un informe al Director Seccional del CTI Antioquia, en el que se indica que la Personera Municipal narró que “(...) ha habido un incremento en las muertes violentas en Urrao, desde el día 3 de mayo/2000 y coincide con el cambio de la Compañía del Ejército ‘Alacranes’ asimismo que estos asesinatos se han realizado en el casco urbano del municipio y han sido en contra de campesinos desplazados de las veredas La Encarnación y La manga, donde hay presencia guerrillera, así como contra drogadictos, expendedores y gente testigo de otros (sic) muertes; dice conocer de atropellos y abusos de autoridad pero que la ciudadanía no denuncia”. La funcionaria aportó un listado de las personas asesinadas (36), entre ellos los señores Jhon Jairo Laverde Argáez y María Graciela Argáez Montoya.

También fue entrevistada una líder del barrio 20 de julio, quien indicó que los homicidios en la localidad aumentaron desde que llegó a la zona la compañía del Ejército “Alacranes”; por su parte, la madre del señor Gustavo de Jesús Herrera, asesinado el 15 de junio del 2000, indicó que el autor de los crímenes era un sujeto apodado “el alacrán”, quien previamente se había presentado a su casa con otro grupo de uniformados, diciendo que era quien los comandaba.

Como conclusión del informe puso de presente el conocimiento generalizado sobre “que en la zona del Suroeste antioqueño operan dos grupos de Autodefensas divididos en el Bloque Metro y Bloque Alacrán. Coincide de manera notoria que en el municipio de Urrao haga presencia una compañía de contraguerrillas del Ejército Nacional que se identifique con el nombre de ‘Alacrán’ y al mismo tiempo un grupo de Autodefensas que también utilizan la misma clave(8). /De las múltiples entrevistas realizadas en ese municipio se puede deducir que para la época de los homicidios existían dos alacranes en la zona, uno que hace parte del Ejército Nacional de nombre William Ocampo Trujillo con el grado de Cabo Primero y otro sin identificar que posiblemente es cabo retirado del Ejército. (...) La gran mayoría de los fallecidos, eran residentes del barrio 20 de julio del municipio de Urrao y según información de las autoridades de allí, tenían vínculos con la guerrilla, eran drogadictos o expendedores de vicio (...)” (fls. 328-335, cdno. 5 copias Fiscalía).

2.2.5.3 En vista de que el procesado, Aldides de Jesús Durango, alias René, confesó la comisión de los homicidios perpetrados en el suroeste antioqueño por hombres que estaban bajo su mando, asumiendo la consecuente responsabilidad(9), la Fiscalía Delegada Nº 8 ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Medellín, mediante providencia del 24 de noviembre de 2010 definió la situación jurídica del mencionado, con medida de aseguramiento en su contra, sin beneficio de excarcelación, por el delito de homicidio agravado, en la modalidad de concurso (cdno. 6 copias Fiscalía —sin foliación—).

Posteriormente, el mismo despacho le formuló cargos al encartado, quien los aceptó y solicitó que le fuera dictada sentencia anticipada. En la providencia se plasmó (cdno. 6 copias Fiscalía —sin foliación—):

“(...) Lo omnipresente en estas diligencias es que se hable de la presencia de Hombres Armados que sacaron a sus víctimas de sus residencias a horas del día y de la noche, como también que fueron interceptadas en sus medios de transporte; que a veces, llevaban brazaletes de las AUC, y en la gran mayoría de ellas, vestidos con uniformes de uso privativo de las Fuerzas Armadas y portaban armas largas (...)”

2.2.6 Pues bien, revisados los medios probatorios allegados al trámite, la Sala encuentra acreditados los actos violentos perpetrados por las Autodefensas en el municipio de Urrao, Antioquia, en el año 2000. Se conoce el homicidio de más de 30 personas en los meses de mayo y junio, a manos del grupo nominado Los Alacranes, nombre que coincidía con el de una de las Compañías del Batallón Nº 11 Cacique Nutibara, recientemente trasladado a la zona.

También se encuentra acreditado, por medio de los testimonios de los pobladores (ver párr. 2.2.2), que estos grupos estaban integrados por personas que vestían de civil o con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, además, que, para la época, había incursiones por parte de grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia, comandadas por Aldides de Jesús Durango, alias René, y que el grupo transitaba libremente por el pueblo, ejerciendo actos de autoridad consistentes en requisas, intimidaban a los residentes en el municipio, con gran notoriedad, de donde no tendrían que haber pasado desapercibidos para los miembros del Ejército y de la Policía Nacional, comando que los insurgentes visitaban con frecuencia, aunado a que compartían sin recato con los efectivos.

Por lo anterior, al margen de que quien reconoció haber dado muerte a los señores Jhon Jairo Laverde Argáez y María Graciela Argáez Montoya no pertenecía al Ejército y tampoco a la Policía Nacional, lo cierto es que era conocido por los habitantes de Urrao y por ende por los integrantes de las fuerzas del orden lo que acontecía en el lugar, esto es, la presencia de un grupo de personas dedicado al exterminio de aquellos que los mismos consideraban simpatizantes y colaboradores de las FARC, ELN y ERG(10). Quienes actuaban libremente, sin que se conozca de acción alguna para impedir lo que ocurría.

Sea del caso anotar que, en casos como en presente, la prueba indiciaria comporta la manera en la que, por excelencia, puede llegarse a la convicción sobre la ocurrencia de un hecho. Sobre el particular, en oportunidad anterior esta Corporación precisó(11):

“(...) en hechos en los que en principio no resulta posible identificar a sus autores materiales, la prueba indiciaria resulta idónea y única para determinar la responsabilidad, pues aquella compagina elementos debidamente comprobados para arribar con ellos a la certeza de otros y así mismo endilgar responsabilidad a los inculpados.

(...).

Se trata de un medio de prueba permitido que demanda la demostración del hecho indicador, para así tener como probado el inferido(12). En este escenario, la existencia de una serie de hechos acreditados por cualquiera de los medios probatorios previstos por la ley, estrechamente vinculados con el ilícito, conducen necesariamente a la imputación de la responsabilidad(13). Los indicios se constituyen en la prueba indirecta por excelencia, pues a partir de un hecho conocido y en virtud de una operación apoyada en las reglas de la lógica y en las máximas de la experiencia, se establece la existencia de un hecho desconocido.

Al analizar un caso concreto, el operador jurídico puede verse enfrentado a la necesidad de hacer inducciones a partir de hechos probados. Al respecto, Michele Taruffo da cuenta de que ‘(...) no toda inferencia que vaya de un ‘hecho conocido’ al ‘hecho ignorado’ ofrece la prueba de este último, dado que pueden existir inferencias dudosas, vagas, contradictorias o, en todo caso, tan ‘débiles’ como para no ser suficientes a ese efecto; en cambio, es concebible que la prueba se obtenga cuando las inferencias formuladas por el juez sean suficientemente ‘seguras’ y ‘fuertes’ para deducir el margen de error y de inaceptabilidad del razonamiento presuntivo (...)’(14).

Las máximas de experiencia permiten concluir que casos similares pueden compartir elementos comunes, como el que ahora se estudia.

El Código de Procedimiento Civil establece que los indicios deberán ser apreciados en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en consideración su gravedad, concordancia, convergencia y su relación con los demás medios de prueba que obren en la actuación procesal(15). Así mismo, para que un hecho pueda considerarse como indicio, deberá estar debidamente probado en el proceso y el juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes (arts. 248 a 250)”.

En consideración a lo expuesto, no queda sino concluir que la Nación - Ministerio de Defensa Ejército Nacional y Policía Nacional deberá responder por el daño antijurídico ocasionado a los demandantes. Lo anterior, si se considera que no obstante la notoriedad del accionar de los grupos paramilitares en el municipio de Urrao y, particularmente, la ejecución sistemática y permanente de homicidios entre los meses de mayo a junio del 2000, las autoridades no repelieron estas acciones, acreditándose, además, que tampoco fueron iniciadas investigaciones de ningún tipo, sin perjuicio de la cercanía de los uniformados con el grupo al margen de la ley y su evidente y clara tolerancia de sus acciones.

Investigaciones estas que debieron adelantarse, en consideración a que en la zona había cerca de doscientos treinta y tres (233) miembros del Ejército Nacional que permanecieron en el municipio de Urrao en el periodo en el que se presentaron las muertes violentas, preparados y obligados a proteger a la población civil, de donde se echa de menos su interés por defender la vida de los habitantes de la región (ver párr. 2.2.3), aunado a que su presencia en la zona coincidió plenamente con el periodo en el que aumentaron los homicidios en el municipio (ver párr. 2.2.5.2), motivos que debieron ser suficientes para verificar las acciones y omisiones por parte de los agentes estatales.

Siendo de este modo las cosas, se tiene que, sin perjuicio de la confesión del señor Aldides de Jesús Durango, alias René, sobre que el grupo bajo su mando perpetró los homicidios, lo cierto tiene que ver con la responsabilidad de la administración por la actitud pasiva y sin duda complaciente de los miembros del Batallón Nº 11 Cacique Nutibara que se encontraba en la zona, tal como lo aseguraron los testigos (ver párr. 2.2.2). Siendo así, es claro para la Sala que el daño se concretó, además, por la negligencia de las autoridades en el cumplimiento de la obligación de proteger real y efectivamente la vida de los señores Jhon Jairo Laverde Argáez y su madre, la señora María Graciela Argáez Montoya. En este sentido, para un caso similar, indicó esta Corporación(16):

“Se observa como en esa región del país, y en esa época, se afianzó la comisión de ilícitos de ese tipo, delitos de lesa humanidad cuyos autores justificaban con el argumento de aniquilar a los movimientos guerrilleros y a sus colaboradores, asunto que bien conocían las fuerzas militares de la zona; y que aun conociéndose, se tornó en estéril la labor protectora, pues siguieron ocurriendo crímenes de esa naturaleza como el que hoy nos ocupa. En otras palabras, el momento histórico marcó la necesidad de un refuerzo en presencia militar, y que esa presencia significara extrema vigilancia y protección para con la población afectada, lo que no sucedió en el caso sub examine, pues lo que tuvo lugar fue un incumplimiento obligacional de vigilancia (...)

Este tema del contexto como creador de una obligación de reforzar la labor de vigilancia y protección, es un asunto que ha tenido trascendencia a nivel nacional, e internacional, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos —para el caso latinoamericano—. Este organismo supranacional ha considerado que, en determinados eventos en los que existe un conocimiento público de un riesgo —riesgo que se puede concretar en la comisión de diferentes ilícitos—, marca un deber afianzado de protección por parte del Estado, garante positivo de la vida de sus asociados(17). En esa línea de pensamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos —en cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos(18)—, ha considerado que la responsabilidad del Estado frente a cualquier hecho de particulares se encuentra condicionada al conocimiento cierto de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades reales o razonables de prevenir o evitar ese riesgo(19).

En consonancia con la jurisprudencia citada, esta Corporación ha dicho lo que concierne a la responsabilidad del Estado por los hechos de terceros, en eventos en los que, si bien, los agentes estatales no participan de forma directa en la causación del daño, en tanto no han sido autores, ni figuran como partícipes, con su omisión, propiciaron o permitieron que personas ajenas a la administración lo causaran. Este tipo de situaciones tienen lugar cuando una persona se encuentra amenazada, y da el aviso de rigor ante las autoridades; no obstante, estas no la protegen, o adoptan unas medidas de protección precarias e insuficientes(20); o cuando, si bien, la persona no comunicó la situación de riesgo a la autoridad, la notoriedad y el público conocimiento del peligro que afrontaba hacían imperativa la intervención estatal para protegerla (...)”.

En estos términos, se tiene que la omisión por parte de la administración en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, propició el escenario para que los alzados en armas concretaran sus objetivos, mediante la ejecución sistemática de homicidios sobre varios de los habitantes de Urrao, lo que es evidente, dada la inoperancia e inactividad de los uniformados, que no demostraron haber ejercido acciones encaminadas a detener los actos delincuenciales en los que a más de treinta personas les arrebataron violentamente la vida.

Sobre el conocimiento por parte de las autoridades sobre las incursiones de grupos armados al margen de la ley, ha sostenido esta Corporación(21):

“Para la Sala, es inadmisible y censurable la existencia de este tipo de grupos al margen de la Ley, que nacieron con un fin vengativo para con la guerrilla, y extendieron esa pasión y odio a todos los que consideraban sospechosos de participar en actividades subversivas, sospechas que marcaron la comisión de cantidades de delitos —desapariciones, muertes, secuestros, masacres— en las que resultaron victimas personas ajenas al conflicto. Y esta situación se afianzó en determinados sectores del país, como ocurrió en esta zona del Departamento de Sucre(22).

Lo anterior, refleja una situación evidente de violencia extrema para la década de los noventa, que se afianzó con la consolidación de grupos ilegalmente armados en algunas zonas del país. Asunto que no era desconocido por el Estado, pues la comisión reiterada de delitos bajo las mismas modalidades en un territorio determinado configuró el contexto de violencia, y con ello, el conocimiento del riesgo por parte de las autoridades llamadas a proteger a los asociados en condición de inminencia de ser víctimas, generándose una posición de garantía, y por ello era el Estado el obligado a asumir ese rol de garante de los derechos de quienes estaban expuestos a ese tipo de ilícitos.

Acerca del contenido y alcance del concepto de posición de garante, la Sección Tercera de esta Corporación, ha puntualizado:

Por posición de garante debe entenderse aquella situación en que coloca el ordenamiento jurídico a un determinado sujeto de derecho, en relación con el cumplimiento de una específica obligación de intervención, de tal suerte que cualquier desconocimiento de ella acarrea las mismas y diferentes consecuencias, obligaciones y sanciones que repercuten para el autor material y directo del hecho.

‘Así las cosas, la posición de garante halla su fundamento en el deber objetivo de cuidado que la misma ley —en sentido material— atribuye, en específicos y concretos supuestos, a ciertas personas para que tras la configuración material de un daño, estas tengan que asumir las derivaciones de dicha conducta, siempre y cuando se compruebe fáctica y jurídicamente que la obligación de diligencia, cuidado y protección fue desconocida’”(23) (negrillas de la Sala).

Es así que, en el presente caso, no fue demostrado por parte de la Policía o el Ejército Nacional que se hayan desplegado acciones afirmativas encaminadas a neutralizar la amenaza, sino que, por el contrario, resulta evidente la tolerancia respecto de los actos delictivos y la omisión por parte de los agentes estatales, en los términos del artículo 90 constitucional, por lo que es forzoso concluir que la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Ejército Nacional serán declaradas responsables.

Medidas de reparación integral.

Por todo lo anteriormente reseñado, la Sala advierte la pertinencia de la aplicación de medidas de reparación integral dada la flagrante vulneración de derechos fundamentales concretada, por lo tanto, condenará a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército y Policía Nacional, mediante el Ministro, a ofrecer excusas a los demandantes en una ceremonia privada que deberá efectuarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de este fallo, siempre que los mismos así lo consientan, repudiando clara y categóricamente la violación de los derechos humanos, con el compromiso claro y contundente de tomar los correctivos para que lo acontecido no vuelva a suceder, y a establecer un link en sus páginas web con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia.

Adicionalmente, la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército y Policía Nacional implementarán políticas tendientes a crear conciencia sobre sus deberes de protección respecto de la sociedad, en el marco de la garantía de sus derechos fundamentales.

3. Valoración del daño.

Perjuicios morales.

En lo concerniente a los perjuicios morales, de conformidad con la reciente jurisprudencia unificatoria de la Corporación(24), se han establecido cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño o causante y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas; así:

“Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno - filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1º grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.

Nivel 2. Se refiere a la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (hermanos, abuelos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel 3. Abarca la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

La siguiente tabla recoge lo expuesto:

Reparación del daño moral en caso de muerte
 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Regla general en el caso de muerteRelación afectiva conyugal y paterno - filialRelación afectiva del 2º de consanguinidad o civil Relación afectiva del 3er de consanguinidad o civil Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil.Relación afectiva no familiar (terceros damnificados)
Porcentaje 100%50%35%25%15%
Equivalencia en salarios mínimos10050352515

Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5, deberá ser probada la relación afectiva”.

Pues bien, dado que en este asunto se encuentra acreditado el parentesco de los demandantes con las víctimas, la indemnización por perjuicios morales se hará así:

• Luz Dary Montoya, Xiomara, Yainer Sulay y Jhon de Jesús Laverde Montoya (esposa e hijos de Jhon Jairo Laverde Argáez) 100 SMLMV cada uno.

• María Cruzana, Ana Rita, María Luz, Laura Rosa, Elpidio y Ángel José Argáez Montoya (hermanos de María Graciela Argáez Montoya) 50 SMLMV cada uno.

En este punto cabe anotar que algunos de los demandantes, además de tener la calidad de hermanos, eran también hijos de otra de las víctimas.

En otras oportunidades se ha pronunciado esta Sección en lo que concierne al monto indemnizatorio de los perjuicios morales; así, mediante sentencia del 25 de septiembre de 2013, con ponencia del Consejero Enrique Gil Botero (Exp. 36.460), se precisó:

“(...) la valoración del perjuicio estará determinada por las circunstancias modales en las que se produjo el hecho y por la magnitud del daño, con lo cual es posible superar el criterio trazado en la sentencia proferida en el año 2001, como en efecto lo ha ordenado esta Sección, por ejemplo, en sentencia del 14 de abril de 2010(25), en la que se decretó una condena por perjuicios morales, en un caso de privación injusta de la libertad, por valor de 150 SMMLV(26)”.

En otro pronunciamiento se indicó también por la Corporación(27):

“Además se advierte que la Sala ha admitido la acumulación de indemnización por perjuicios morales en cabeza de un mismo demandante cuando se trata de personas afectadas por la muerte o lesiones de dos o más familiares cercanos, como el cónyuge, los padres, los hijos, los abuelos o los hermanos, o de quienes acrediten debidamente su afectación moral, en razón a que no puede desconocerse que el impacto sentimental o emocional es mayor cuando son varias las víctimas que cuando se trata de una sola persona, pero dicho incremento no puede obedecer a una suma matemática de estos perjuicios por cada una de ellas”.

En el caso de autos, se encuentra que los decesos de los señores María Graciela Argáez Montoya y su hijo Jhon Jairo Laverde Argáez se dieron con ocasión de una incursión paramilitar, tolerada por la Policía y el Ejército Nacional, en el municipio de Urrao, durante el periodo comprendido entre mayo y junio del 2000. Es así que la constante zozobra a la que estaban sometidos los pobladores y la llegada intempestiva de hombres armados a la morada de las víctimas era el anuncio de los lamentables hechos ocurridos el 20 de junio del 2000, en los que dos miembros de la familia Laverde Montoya fueron ultimados, lo que supuso mayor pesadumbre y congoja para aquellos quienes tenían lazos con los dos fallecidos.

En atención a lo anterior, considera la Sala que en este caso la indemnización no debe sujetarse al derrotero de los cien (100) SMLMV, para el caso de aquellos quienes sufrieron la pérdida en calidad de hijos, hermanos y nietos de las víctimas, sino que habrá de incrementarse así:

• A favor de los señores Rodolfo, Luz Mery, Matrbe Luz, César Augusto y Fabio Nelson Laverde Argáez (hijos y hermanos), la suma equivalente a 180 SMLMV para cada uno(28).

Perjuicios materiales.

Los perjuicios materiales fueron reclamados únicamente por la esposa y los hijos del señor Jhon Jairo Laverde Argáez, quienes dependían económicamente de él. En la medida en que no se halla prueba de los ingresos mensuales del mencionado, que en razón de su edad -28 años-, se encontraba en edad productiva, se condenará por el valor del salario mínimo ($ 616.000) incrementado en el monto de las prestaciones sociales —25%— y disminuido en el porcentaje que la víctima invertiría en su manutención —25%— (por lo cual la renta actualizada asciende a $ 577.500).

El lucro cesante para los hijos del occiso se reconocerá hasta que cumplan 25 años, edad en la que, de acuerdo con las reglas de la experiencia y la jurisprudencia de esta Corporación(29), se ha considerado que se deja la casa materna para organizar el hogar propio:

Ra= $ 577.500

• $ 577.500 / 2 (esposa —50%— y tres hijos —50%—) = $ 288.500

Esposa = $ 288.500

Hijos = $ 96.167 cada uno.

Indemnización debida:

F12001-01995
 

A favor de la esposa:

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir $ 288.500
I=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
N=Número de meses transcurridos desde el momento en que ocurrieron los hechos —20 de junio del 2000— hasta la fecha de aprobación de la presente sentencia —diciembre de 2014—, es decir, 174 meses.

F22001-01995
 

A favor de los hijos

F32001-01995
 

Lo anterior, dado que ninguno de los hijos de la víctima, a la fecha de esta sentencia, ha cumplido 25 años.

Indemnización futura:

El señor Jhon Jairo Laverde Argáez nació el 10 de julio de 1971, de manera que para la fecha en que ocurrieron los hechos (junio del 2000) contaba con 28 años de edad y, por ende, tenía un período de vida probable o esperanza de vida igual a 48,16 años, equivalentes a 577,92 meses(30).

• A favor de la esposa

Para el efecto, se descontará el número de meses que fueron liquidados en el período consolidado (174) del total de su expectativa de vida, para un total de meses a indemnizar de 407,92.

F412001-01995
 

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir $ 288.500
I=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
N=Número de meses de vida probable del señor Jhon Jairo Laverde Argáez, menos el tiempo consolidado, es decir, 403,92 meses.
1=Es una constante.

F52001-01995
 

$ 50’936.395 a favor de la cónyuge.

• A favor de Xiomara Laverde Montoya

En el caso de la joven Xiomara Laverde Montoya, solo pueden contarse los meses que le quedan hasta cumplir 25 años, lo que ocurrirá el 2 de noviembre del 2015. De diciembre de 2014 —sentencia— a noviembre de 2015 hay 11 meses, entonces, se tiene:

F62001-01995
 

• A favor de Yainer Sulay Laverde Montoya

En el caso de la joven Yainer Sulay Laverde Montoya, solo pueden contarse los meses que le quedan hasta cumplir 25 años, lo que ocurrirá el 29 de julio de 2018. De diciembre de 2014 —sentencia— a julio de 2018 hay 43 meses, entonces, se tiene:

F72001-01995
 

• A favor de Jhon de Jesús Laverde Montoya

En el caso del joven Jhon de Jesús Laverde Montoya, solo pueden contarse los meses que le quedan hasta cumplir 25 años, lo que ocurrirá el 9 de junio del 2025. De diciembre de 2014 —sentencia— a junio de 2025 hay 126 meses, entonces, se tiene:

F82001-01995
 

Totales

• A favor de la cónyuge:

Indemnización debida:Indemnización futura:Total lucro cesante:
$ 78’691.157$ 50’936.395$ 129’627.552

• A favor de Xiomara Laverde Montoya:

Indemnización debida:Indemnización futura:Total lucro cesante:
$ 26’230.477$1’027.587$ 27’258.064

• A favor de Yanier Sulay Laverde Montoya:

Indemnización debida:Indemnización futura:Total lucro cesante:
$ 26’230.477$ 3’723.006$ 29’534.483

• A favor de Jhon de Jesús Laverde Montoya:

Indemnización debida:Indemnización futura:Total lucro cesante:
$ 26’230.477$ 9’041.745$ 35’727.222

6. Costas.

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento de este tipo en las actuaciones de los intervinientes dentro del proceso, razón por la cual no se impondrá condena al respecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. Falla

REVOCAR la sentencia del 2 de septiembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión, mediante la cual se negaron las pretensiones.

1. DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Ejército Nacional de los perjuicios sufridos por los demandantes, con ocasión de la muerte de los señores María Graciela Argáez Montoya y Jhon Jairo Laverde Argáez.

2. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, por concepto de reparación de perjuicios morales:

• Luz Dary Montoya, Xiomara, Yainer Sulay y Jhon de Jesús Laverde Montoya (esposa e hijos de Jhon Jairo Laverde Argáez) 100 SMLMV cada uno.

• María Cruzana, Ana Rita, María Luz, Laura Rosa, Elpidio y Ángel José Argáez Montoya (hermanos de María Graciela Argáez Montoya) 50 SMLMV cada uno.

• A favor de los señores Rodolfo, Luz Mery, Matrbe Luz, César Augusto y Fabio Nelson Laverde Argáez (hermanos e hijos de las víctimas) la suma equivalente a 180 SMLMV para cada uno.

3. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Ejército Nacional a pagar, por concepto de reparación de los daños materiales en la modalidad de lucro cesante, del siguiente modo:

• A favor de Luz Dary Montoya $ 129’627.552

• A favor de Xiomara Laverde Montoya $ 27’258.064

• A favor de Yanier Sulay Laverde Montoya $ 29’534.483

• A favor de Jhon de Jesús Laverde Montoya $ 35’727.222

4. ORDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército y Policía Nacional, mediante el Ministro, a ofrecer excusas a los demandantes en una ceremonia privada que deberá efectuarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de este fallo, siempre que los mismos así lo consientan, repudiando clara y categóricamente la violación de los derechos humanos, con el compromiso claro y contundente de tomar los correctivos para que lo acontecido no vuelva a suceder.

5. ORDENAR a la Nación - Ministerio del Interior y a la Nación - Ministerio de Defensa-Policía Nacional establecer un link en sus páginas web con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia.

6. ORDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército y Policía Nacional diseñar políticas institucionales tendientes a crear conciencia sobre sus deberes de protección respecto de la sociedad, en el marco de la garantía de sus derechos fundamentales.

7. Las demandadas darán cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

9. Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo.

10. En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Para la época en la que se interpuso la demanda —15 de junio de 2001—, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 26’390.000 —artículos 129 y 132 del C.C.A. subrogados por el Decreto 597 de 1988—. En este caso, la pretensión de mayor valor corresponde a la indemnización por perjuicios materiales a favor de la señora Luz Dary Montoya Ramírez ($ 33’373.125), de lo que se colige que se cumple con el requisito descrito.

2 En el mismo sentido se declaró por el señor Martín Emilio Sánchez Zapata, quien dentro del proceso seguido ante el Tribunal Administrativo de Antioquia (ver párr. 2.2.4) manifestó: “(...) a él [Arbey Cartagena Flórez] lo asesinaron un grupo que llaman los alacranes, eso fue a la madrugada a las dos de la mañana, esa gente eran del Ejército, porque ellos andaban en la población vestidos de uniforme y a ellos nadie les decía nada (...) Sí se ocurrieron muchas muertes, en esos días murieron a manos de ese grupo del ejército 35 personas. Y en esta población todo el mundo decía que eran los Alacranes, porque ellos se fueron y se acabó el problema (...) ellos se veían en toda parte, en el comando, en el parque principal” (fls. 129-131, cdno. copias Tribunal).

3 La testigo también hizo referencia a un episodio en el que el grupo de los Alacranes llevó al Hospital a su señora madre y, durante el trayecto, saludaron a un agente de la Policía Nacional, con el que, además, conversaron.

4 Proceso 2001-0739, demandante: María Rocío Monsalve y otros. El Tribunal remitió copia del expediente por haberse decretado esta prueba de oficio, mediante auto del 29 de mayo de 2014.

5 Instrucción Nº 1015443. Prueba de oficio, auto del 29 de mayo de 2014.

6 Comoquiera que se trata de un medio de prueba distinto al testimonio, ya que en este se requiere que su deponente declare bajo la gravedad de juramento, en los términos del inciso final del artículo 175 del CPC, la versión preliminar y la indagatoria se tienen en cuenta y son analizadas por su relevancia y en conjunto, a fin de crear convencimiento sobre los hechos acaecidos de los que trata este asunto. Sobre la valoración de las indagatorias, véase Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia P.I. 11001-03-15-000-2011-00125-00(PI), demandado: Néstor Iván Moreno Rojas. En sentido contrario, Sección Tercera, sentencia de 4 de febrero de 2010, expediente 18109, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y Subsección A sentencia de 8 de febrero de 2012, expediente 22943, C.P. Hernán Andrade Rincón.

7 “Caramanta, Támesis, Jericó, Pueblo Rico, Tarso, Fredonia, Venecia, Jardín, Andes, Hispania, Betania, Ciudad Bolívar, Concordia, Betulia, Urrao, Salgar e incursionaba en Carmen de Atrato (...)” (fl. 179, cdno. 6 copias Fiscalía).

8 Los testigos entrevistados indicaron que Alacrán eran el nombre de la compañía contraguerrilla cuyo indicativo por radio era Alacranes (cdno. 6 copias Fiscalía). En ampliación de indagatoria rendida por el señor Rodolfo Gómez Rubidez, alias Chorizo o Cementerio, reconoció su labor de campanero y al tiempo indicó que el grupo operaba en áreas urbanas. Sostuvo que no perteneció a la compañía Alacrán y que, alias Roque quien, al parecer, estaría muerto, la comandaba (fls. 139-142, cdno. 6 copias Fiscalía).

9 Por el caso del deceso de los señores Jhon Jairo Laverde Argáez y María Graciela Argáez Montoya, el señor Durango aseguró que fueron asesinados por ser colaboradores de la guerrilla.

10 Fls. 179-180, cdno. 6 copias Fiscalía. Ver párr. 2.2.5.

11 Sentencia del 29 de octubre de 2012. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Rad.: 05001-23-25-000-1995-01407-01(21806)

12 “En la prueba por indicios necesariamente intervienen tres elementos: un hecho, el que indica; otro hecho, el indicado y una relación de causalidad, concomitancia o conexión entre aquel y este. El indicio parte de un hecho conocido, establecido en el proceso por cualquier medio de prueba distinto del mismo indicio, esto es, que todos los medios de prueba permiten el hecho indicador. El hecho indicado debe ser el resultado lógico crítico de la inferencia entre el primero y el segundo hecho, de donde la integración de los tres elementos anotados, permiten la existencia del indicio” (Cabrera Acosta, Benigno Humberto, Teoría General del Proceso y de la Prueba, Quinta Edición, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, págs. 458 y ss.).

13 Al respecto se puede consultar la sentencia de 11 de febrero de 2009, M.P. Miriam Guerrero de Escobar, Exp. 16337.

14 Ibídem.

15 “La gravedad es el requisito que mira al efecto serio y ponderado que los indicios produzcan en el ánimo del juzgador; la precisión dice relación al carácter de indicio que conduce a algo inequívoco como consecuencia y la conexidad o concordancia, a que lleven a una misma conclusión o inferencia todos los hechos indicativos” (Notas de Oscar Eduardo Henao Carrasquilla, Código de Procedimiento Civil, Editorial Leyer).

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de julio de 2014, C.P. Enrique Gil Botero, Rad.: 70001-23-31-000-1998-00808-01(44333).

17 Constitución Política de Colombia. “ART. 2º—Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

18 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Osman vs. Reino Unido, demanda Nº 87/1997/871/1083, sentencia de 28 de octubre de 1998, párr. 115 y 116; Caso Kiliç vs. Turquía, demanda Nº 22492/93, sentencia de 28 de marzo de 2000, párr. 62 y 63; Caso Öneryildiz vs. Turquía, demanda Nº 48939/99, sentencia de 30 de noviembre de 2004, párr. 93.

19 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, serie C Nº 140, párr. 123-124; Caso Castillo González y otros vs. Venezuela, sentencia de 27 de noviembre de 2012, serie C Nº 256, párr. 128-129; Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008, serie C Nº 192, párr. 78.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de junio de 1997. Exp. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández.

21 Ver nota 16 de esta providencia.

22 Esta Sala en sentencia del 21 de noviembre de 2013, tuvo la oportunidad de pronunciarse en los mismos términos. Rad. Interno 27.964, M.P. Enrique Gil Botero.

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de octubre de 2007, Exp. 15567. En el mismo sentido sentencias del 4 de diciembre de 2007, Exp. 16.894 y del 20 de febrero de 2008, Exp. 16.996, C.P. Enrique Gil Botero.

24 Sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 27.709, con ponencia del Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, Exp. 18.960.

26 De otro lado, resulta pertinente destacar la providencia del 2 de septiembre de 2013, Exp. 33566, oportunidad en la que se reconoció a favor de la víctima de una privación injusta de la libertad, la suma de 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por concepto de perjuicios morales dada la gravedad y magnitud de la lesión, al haber sido privado de su libertad por más de once años. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, M.P. Hernán Andrade Rincón.

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de julio del 2000, Exp. 12788, actor: Ofelmina Mejía Villa, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Reiterado en sentencia del 26 de julio de 2012, C. P. Danilo Rojas Betancourth, Exp. 23995.

28 Para esta determinación se tuvo en cuenta que estos criterios fueron aplicados en sentencia del 26 de junio de 2014, con ponencia de quien sustancia este fallo, dentro del Exp. 180012331000199800200 02 (29.617).

29 Cfr. Sentencia de 26 de octubre de 2011, Exp. 22700, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

30 Cfr. Resolución 497 de 1997 de la Superintendencia Bancaria.