Sentencia 2001-02126 de mayo 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 250002326000200102126 01

Exp.: 28.397

Actor: Beneficiencia de Cundinamarca

Demandado: Fundación Instituto de Adaptación Laboral Ideal y José Álvaro Sánchez Ortega

Bogota, D.C., doce de mayo de dosmil catorce.

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 4 de mayo de 2004 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, la cual, en su parte resolutiva, dispuso:

“Primero: Declarar probada la caducidad de la acción contractual, según lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

Segundo: Sin condena en costas” (fls. 227-242, c. 4).

1. Antecedentes.

1.1. Lo que se demanda.

Por medio de escrito presentado el día 24 de septiembre de 2001 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Beneficencia de Cundinamarca, en ejercicio de la acción de controversias contractuales consagrada en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo —CCA.—, demandó al Instituto de Adaptación Laboral —Ideal— y al señor José Álvaro Sánchez Ortega, con el propósito de que se disponga —primera pretensión de la demanda— la resolución del contrato de compraventa celebrado entre el establecimiento público demandante y el Ideal, contenido en la Escritura Pública Nº 2281 otorgada el 19 de junio de 1968 ante la notaría segunda del Círculo de Bogotá, negocio jurídico cuyo objeto material estuvo integrado por el lote de terreno, junto con las casas en él construidas, situado en la calle sexta números 10-48/58/66/76/84 y 86 de la nomenclatura urbana de la ciudad de Bogotá, inmueble al cual corresponde el folio de matrícula inmobiliaria Nº 050-0390626 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, zona centro.

Como segunda pretensión, formulada subsidiariamente respecto de la anterior, la parte actora deprecó la declaratoria de nulidad del contrato de compraventa celebrado entre el Ideal y el señor José Álvaro Sánchez Ortega, mediante Escritura Pública Nº 7441 del 22 de diciembre de 1995 otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá, respecto del mismo bien inmueble mencionado en el párrafo anterior; como tercera pretensión elevada en el libelo introductorio del litigio, la Beneficencia de Cundinamarca solicitó “consecuencialmente decretar la nulidad de la Escritura Pública Nº 6063 de 29 de diciembre de 2000, otorgada ante la notaría segunda del Círculo de Bogotá, mediante la cual se levantó la condición resolutoria que gravaba el bien inmueble enunciado en la primera pretensión de esta demanda”.

Finalmente, como cuarto pedimento elevado en el escrito inicial del proceso, el establecimiento público actor solicitó “condenar a los demandados al pago de los perjuicios de orden moral y material causados a la Beneficencia de Cundinamarca con su conducta antijurídica y el incumplimiento del contrato en cuanto a la condición resolutoria se refiere”.

(sic) 1.1. Los hechos.

La demanda dio cuenta de que la Beneficencia de Cundinamarca, mediante contrato de compraventa contenido en la Escritura Pública Nº 2281 del 19 de junio de 1968, transfirió a título de venta al Ideal el bien inmueble mencionado en el acápite anterior de este pronunciamiento, por un precio de $ 625.040; en la cláusula octava de dicho contrato las partes estipularon que el Ideal destinaría dicho inmueble o la edificación que en ese sitio levantara posteriormente, “en forma exclusiva y permanente a la función social de rehabilitación y adaptación laboral de inválidos adultos”, como complemento de lo cual, en la cláusula novena del mismo negocio jurídico, las partes acordaron que “si Ideal no destinare los inmuebles que son objeto de esta venta, en forma exclusiva y permanente a la función social de rehabilitación y adaptación laboral de inválidos adultos, la Beneficencia de Cundinamarca o quien represente sus derechos, sin necesidad de requerimiento alguno, privado o judicial, podrá pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios”.

Sin embargo, prosiguió el recuento fáctico efectuado en la demanda, mediante Escritura Pública Nº 7441 del 22 de diciembre de 1995, el Ideal vendió el inmueble en comento al señor José Álvaro Sánchez Ortega por la suma de $ 21'600.000, haciendo caso omiso de la condición resolutoria antes aludida; de otro lado, la Beneficencia de Cundinamarca, en un acto unilateral y mediante Escritura Pública Nº 6063 del 29 de diciembre de 2000, levantó la condición resolutoria que pesaba sobre el bien, pero según se expresó en el libelo introductorio del litigio, “tal acto está viciado por cuanto el representante de la entidad se extralimitó en sus funciones al proceder sin la autorización de la Junta Directiva”, a lo cual debe sumarse que la venta se había realizado más de cinco años atrás.

A su vez, el señor José Álvaro Sánchez Ortega prometió en venta el varias veces mencionado inmueble al Instituto de Desarrollo Urbano —IDU—, por un valor de $ 645'136.700, según se desprende de la oferta de compra inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá el día 22 de junio de 1999; de hecho, entre el IDU y José Álvaro Sánchez Ortega —según lo expresó el establecimiento público actor— se celebró un contrato de promesa de compraventa sobre el bien objeto material del presente litigio, “el cual no se ha perfeccionado hasta la fecha de presentación de esta demanda”.

Lo expuesto evidencia, en el sentir de la entidad demandante, que el Ideal incurrió en la causal de resolución del contrato prevista en la cláusula novena del mismo, pues sobre el inmueble recaía la condición resolutoria que impedía transferir el derecho de dominio respecto de él a un particular “sin imponerle la obligación social a que se comprometió en su título de adquisición, estando vigente la misma y no poniendo de presente la limitación dentro de la Escritura mediante la cual se protocolizaba el contrato en mención”, por manera que “Ideal y José Álvaro Sánchez Ortega incumplieron lo pactado en los respectivos contratos respecto a la destinación social de rehabilitación y adaptación que se le debería dar al bien”, de suerte que, atendiendo a lo normado por el artículo 1546 del Código Civil, el Ideal debe resarcir los perjuicios de orden tanto material como moral que con el referido incumplimiento le ocasionó a la Beneficencia de Cundinamarca, pues la privó de atender a los inválidos adultos al no poder esta entidad destinar el bien en mención a la rehabilitación y a la adaptación laboral de tales personas.

En similar situación, según lo expresa la parte actora, se encontraría el señor José Álvaro Sánchez Ortega, “quien adquirió el bien a un precio irrisorio, a sabiendas de que sobre el mismo pesaba una condición resolutoria y por tanto debe indemnizar solidariamente los perjuicios ocasionados a mi mandante”; además, en criterio de la parte actora, el contrato de compraventa celebrado entre el Ideal y el señor Sánchez Ortega se encuentra viciado de nulidad por ilicitud de la causa, comoquiera que “un tercero se vio económicamente beneficiado, en menoscabo de los intereses de la Beneficencia de Cundinamarca y de los inválidos adultos a quienes se había destinado dicho inmueble” y que el señor Sánchez Ortega, a pesar de que conocía de la existencia de la tantas veces mencionada condición resolutoria que afectaba el bien, no lo destinó al objeto social al cual este se encontraba llamado a servir.

1.2. Trámite de la primera instancia.

1.2.1. La demanda fue admitida a trámite mediante auto calendado el 22 de octubre de 2001 (fl. 10, c. 1); el Ideal la contestó oportunamente mediante memorial en el cual se opuso a la totalidad de las pretensiones elevadas por la Beneficencia de Cundinamarca; reconoció como ciertos algunos de los hechos narrados en el libelo introductorio del litigio y catalogó como apartados de la realidad o matizó el alcance que la demandante le atribuyó a los presupuestos fácticos restantes. Además de solicitar “que el fallador declare probadas las excepciones que aunque no se mencionen expresamente, aparezcan acreditadas en desarrollo del proceso”, la entidad sin ánimo de lucro demandad(1) propuso las siguientes excepciones:

a. “Caducidad”, toda vez que el artículo 136-10 del Código Contencioso Administrativo —CCA— preceptúa que las acciones relativas a contratos caducan una vez transcurrido un término de dos años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que sustenten el ejercicio de la acción y que esta debe instaurarse, tratándose de los contratos de ejecución instantánea, dentro de los dos años siguientes a la fecha en la cual se haya cumplido o debido cumplir el contrato; asimismo, señala la disposición en cita que la nulidad absoluta o relativa del contrato puede ser alegada dentro de los dos años siguientes a su perfeccionamiento. De acuerdo con lo normado en este precepto —según lo expresa el apoderado del Ideal—, si el contrato de compraventa celebrado entre el Ideal y la parte actora se perfeccionó el 19 de junio de 1968 mediante Escritura Pública Nº 2281 de la Notaría Segunda de Bogotá y, a su turno, si el contrato igualmente de compraventa del cual fueron partes el Ideal y el señor José Álvaro Sánchez Ortega, amén de constituir un negocio jurídico “de carácter estrictamente privado”, se perfeccionó el 22 de diciembre de 1995 —fecha en la cual se otorgó la Escritura Pública Nº 7441 en la Notaría Segunda de Bogotá—, lo cierto es que “ha caducado la acción para pedir tanto la nulidad relativa como la nulidad absoluta por parte de la demandante, por el transcurso del término previsto en la normatividad reseñada”.

b. “Falta de jurisdicción”, comoquiera que —en sentir de la parte demandada— no puede el Juez de lo Contencioso Administrativo conocer de asuntos que por su naturaleza son privados, razón por la cual no se entiende cómo la parte actora pretende que esta Jurisdicción “entre a determinar la eficacia del contrato de compraventa celebrado entre Instituto de Adaptación Laboral —Ideal— y Jose Álvaro Sánchez Ortega, personas, jurídica la primera y natural la segunda, absolutamente ajenas a toda noción de estatal”, por fuera de la categoría de entidades estatales consagrada en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, razón por la cual el contrato en mención carece de la condición de estatal y, consecuentemente, al Juez Administrativo no le asiste jurisdicción para tramitar el presente litigio.

c. “Falta de competencia”, habida cuenta de que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del Código Contencioso Administrativo, no existe razón para que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo asuma el trámite de un proceso cuya finalidad es la declaratoria de nulidad de un contrato celebrado entre particulares, como es el caso de aquel de compraventa en el cual fueron partes el ideal y José Álvaro Sánchez Ortega.

d. “Indebida acumulación de pretensiones”, comoquiera que:

“[E]n su confuso aparte de pretensiones, intenta la actora se declare nulo un contrato celebrado entre una entidad privada y una estatal; se declare nulo un contrato subsiguiente suscrito entre dos entidades particulares; y, adicionalmente, se decrete la nulidad de un acto administrativo proferido por ella misma, todo esto, no solo en un mismo proceso ante la jurisdicción administrativa, sino también, bajo el ejercicio de una única acción ordinaria de mayor cuantía.

Desconoce la actora, así, las diferencias que existen entre una acción contractual y una de nulidad, al tiempo que obvia las facultades de competencia del juez administrativo y de contera la jurisdicción atribuida al mismo”.

e. “Ausencia de nulidad absoluta”, en consideración a que ni una sola de las causales de nulidad absoluta de los actos jurídicos que enuncia de manera taxativa el artículo 1741 del Código Civil —esto es la omisión de algún requisito formal previsto en la ley para la celebración del negocio, la condición de incapaz de cualquiera de las partes en el mismo o la ilicitud de su objeto o de su causa— concurre en alguno de los contratos impugnados por la entidad demandante.

f. “Prescripción”, si se tiene en cuenta que la operatividad de dicha figura como elemento conducente a la estabilización de las situaciones jurídicas precisa de la concurrencia de tres requisitos: “la inacción del acreedor, el transcurso del tiempo y que la ley no impida su extinción por prescripción”; en ese orden de ideas, habida cuenta de que el plazo máximo de prescripción es de veinte años, si ha transcurrido —como acontece en el asunto sub judice, en el cual se pretende “cuestionar la eficacia de un acto perfeccionado hace más de 32 años”— tan amplio término, mal puede incoarse con éxito acción alguna encaminada a revertir los efectos de actos celebrados con anterioridad al inicio del cómputo del mismo.

g. “No cumplimiento de la condición resolutoria”, toda vez que si bien es verdad que el Ideal asumió el compromiso de destinar el inmueble que le fue vendido por la Beneficencia de Cundinamarca al desarrollo del objeto social de la fundación demandada, no es menos cierto que esta dio cabal cumplimiento a dicha obligación contractual y, consecuencialmente, no tuvo ocurrencia el hecho constitutivo de la condición resolutoria invocada por la entidad estatal demandante como fundamento de sus pretensiones (fls. 18-27, c. 1).

1.2.2. El también demandado, señor José Álvaro Sánchez Ortega, contestó igualmente la demanda dentro de la oportunidad legal mediante escrito en el que se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones en ella elevadas; admitió la veracidad de algunos de los hechos que en la misma fueron relacionados y cuestionó la de otros de tales presupuestos fácticos. Expresó que durante el mes de mayo de 1971 el Ideal, por conducto de su representante legal, solicitó a la Junta Directiva de la Beneficencia de Cundinamarca permiso para vender los lotes que aquélla Fundación adquirió de esta entidad comoquiera que las casas habían sido demolidas y, adicionalmente, levantada la condición resolutoria a la cual se ha hecho referencia precedentemente en este proveído; expresó el demandado que la Junta Directiva de la Beneficencia de Cundinamarca, en su sesión del 21 de noviembre de 1972, en el punto cuarto del orden del día, aceptó las referidas solicitudes —como consta en el acta correspondiente— siempre y cuando el Ideal pagara las deudas que para aquél entonces había contraído con la entidad aquí demandante y el saldo de la venta del inmueble lo destinara a continuar con la rehabilitación de inválidos adultos; estas decisiones de la junta directiva fueron dadas a conocer al Ideal por parte del señor gerente general de la Beneficencia de Cundinamarca, el día 22 de noviembre de 1972. Adicionalmente, expresó el apoderado del señor José Álvaro Sánchez Ortega que:

“(...) la venta de Ideal al señor José Álvaro Sanchez Ortega se hizo en enero de 1976 por la suma ochocientos veinticinco mil pesos ($ 825.000) m/cte. Otra cosa es que la escritura pública se haya hecho por valor de $ 21'600.000 solo hasta el 22 de diciembre de 1995 mediante la Escritura Nº 7441 de la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá D.C. Todo lo anterior se encuentra debidamente aclarado en la Escritura Pública Nº 6063 del 29 de diciembre del 2000 de la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá D.C.”.

Expresó el apoderado del señor Sánchez Ortega que no se configuró incumplimiento alguno en relación con las obligaciones contraídas por el Ideal en el contrato de compraventa del inmueble de marras que celebró con la Beneficencia de Cundinamarca y que la única omisión en la cual realmente se incurrió fue aquella consistente en no convocar a esta última a la firma de la Escritura Pública de compra de dicho inmueble por parte del señor José Álvaro Sánchez Ortega, “lo cual se hizo posteriormente mediante la Escritura Pública Nº 6063 del 29 de diciembre del año 2000 en la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá D.C.”; subrayó que el señor Sánchez Ortega, en todo caso, obró como comprador de buena fe y que él “ha tenido el predio por más de veinticinco años, aunque la correspondiente escritura pública se hubiere hecho solo hasta el año de 1995”. Por lo demás, indicó la parte demandada que “en cuanto a lo del precio irrisorio, del cual se habla en la demanda, me gustaría que la parte demandante hiciera un análisis para saber a cuánto dinero de hoy corresponde la suma de ochocientos veinticinco mil pesos del año 1976, fecha en la cual se compró y se pagó este predio”, más aún si tiene en cuenta que:

“(...) nada más en el año de mil novecientos noventa y cinco, cuando se hizo la escritura de legalización de la compra a Ideal, estos lotes no eran comprables por nadie, pues allí existía y aún existe, en el pedazo que queda por construir de parque, aquello que hemos conocido como la “olla” más grande que ha tenido el centro de la ciudad (el Cartucho) durante toda su existencia. Esto fue lo que obligó a la alcaldía de la época a terminar con esta “olla” y determinar que allí se debía construir un parque el cual se denominó Tercer Milenio”.

Agregó la contestación de la demanda a la cual se viene haciendo referencia, que en el año 1968 el Ideal compró el convento de las Hermanas de la Asunción en el barrio Modelo del Norte, ubicado en la carrera 46 Nº 68-13, lugar en el cual mantiene su sede la referida Fundación y en el cual continúa desarrollando su actividad de rehabilitación de inválidos adultos, bajo la supervisión de la Secretaría de Salud de Bogotá, D.C.; en la compra en mención el Ideal invirtió el valor de la venta de los lotes de la calle 6, incluida la utilidad de $ 200.000 que este último negocio le reportó y además canceló la hipoteca que sobre dicho predio recaía, con lo cual dio cumplimiento a lo ordenado por la Junta Directiva de la Beneficencia de Cundinamarca en el acta 39 del 21 de noviembre de 1972; posteriormente, en el año 1998, el Distrito Capital declaró de utilidad pública la zona comprendida entre la avenida sexta y la avenida Jiménez, desde la carrera décima hasta la avenida Caracas, con el propósito de construir el Parque Tercer Milenio, por manera que obligó al propietario del predio objeto del presente litigio, señor José Álvaro Sánchez Ortega, a venderlo al IDU, lo cual hizo necesario sanear el título mediante el levantamiento de la restricción derivada de la cláusula novena del contrato de compraventa de la Beneficencia de Cundinamarca al Ideal, propósito para el cual la Beneficencia otorgó la Escritura Pública Nº 6063 del 29 de diciembre de 2000, en la notaría segunda de Bogotá.

Señaló el apoderado del señor José Álvaro Sánchez Ortega que en reunión de la junta directiva de la Beneficencia de Cundinamarca llevada a cabo el día 18 de diciembre de 2000, según consta en el Acta 9 de ese año, se ratificó la autorización que dicha Entidad había otorgado al Ideal, en reunión de la misma Junta llevada a cabo el 21 de noviembre de 1972, para enajenar el bien inmueble motivo de la presente controversia; así pues, “a principios del año 2001 el propietario del lote, Dr. José Álvaro Sánchez Ortega, hizo entrega del predio al Parque Tercer Milenio, de conformidad con la promesa de compraventa suscrita con anterioridad y después de sanear legalmente todos los inconvenientes presentados”. Este proceder pone de presente —en el sentir del referido demandado— que el señor Sánchez Ortega nunca ha tratado de obtener alguna clase de provecho ilícito o de actuar a espaldas de la Beneficencia de Cundinamarca, por manera que lo que no se entiende es:

“(...) cómo la Beneficencia de Cundinamarca, después de que dos juntas directivas, totalmente diferentes, han autorizado el levantamiento de la famosa cláusula restrictiva de la Escritura Pública Nº 2281 del 19 de julio de 1968, hoy demanda y pide la nulidad de unos actos debidamente legalizados y previamente autorizados por las juntas directivas, como consta en las Escrituras respectivas, las cuales se adjuntaron a la demanda por ellos mismos. Entonces cuál extralimitación de funciones del gerente de la entidad si estaba total y plenamente autorizado para firmar el levantamiento de la famosa cláusula restrictiva, o será que los señores de la beneficencia quieren actualmente desconocer lo ordenado por sus juntas directivas con anterioridad y desconocer aquel principio que el derecho ha denominado la seguridad juridica (...)” (fls. 49-60, c. 1).

1.2.3. Mediante proveído fechado el 16 de julio de 1999 se abrió el proceso a pruebas (fls. 108-109, c. 1); una vez expirado el término fijado para la recolección de las mismas y teniendo en cuenta que la audiencia de conciliación resultó fallida (fl. 161, ídem), a través de auto calendado el 26 de marzo de 2001 se corrió traslado tanto a las partes para alegar de conclusión como al Ministerio Público para rendir concepto de fondo en la primera instancia (fl. 162, ibídem). Sin embargo, comoquiera que constató que no se había recaudado aún la prueba pericial cuya práctica fue oportunamente decretada dentro del proceso, el tribunal administrativo a quo revocó el último proveído en mención y dispuso, a través de auto del 21 de mayo de 2003 (fl. 182, ejusdem), requerir a los peritos para que remitieran la experticia encomendada; recibido el dictamen pericial respectivo, se corrió nuevamente traslado a las partes para alegar de conclusión mediante proveído fechado el 27 de agosto de 2003 (fl. 194, c. 1). Dentro de esta oportunidad solamente se pronunció el señor José Álvaro Sánchez Ortega, mientras que los demás sujetos procesales guardaron silencio.

El señor Sánchez Ortega reiteró que su oposición a las pretensiones de la demanda se fundamenta en que los artículos 2535 y siguientes del Código Civil establecen “máximo un lapso de veinte años para iniciar una acción ordinaria, la cual se encuentra totalmente vencida, pues los hechos como son conocidos se llevaron a cabo en el año 1968”, cuando tuvo lugar la compra del inmueble objeto material del presente litigio por parte del Ideal a la Beneficencia de Cundinamarca; además, en 1972 aquél solicitó a esta autorización para vender el lote y la obtuvo, de suerte que con fundamento en dicha manifestación de aquiescencia enajenó el predio en favor del señor José Álvaro Sánchez Ortega en 1976, aún cuando la Escritura Pública respectiva solamente se otorgó en 1995, “fecha esta última que no se puede tener en cuenta para contar la prescripción, pues los hechos sucedieron hace mucho más de veinte años”. A ello debe sumarse que la Beneficencia sí levantó la condición resolutoria que pesaba sobre el inmueble, en dos ocasiones, durante los años 1972 y 1995, lo cual descarta la alegada causación de perjuicios materiales o morales a la entidad pública actora, pues ella recibió el pago acordado con el Ideal, levantó la hipoteca que recaía sobre el predio y dio por terminada la negociación con la fundación demandada,

“(...) [P]ero aparece la posible negociación con el IDU para la construcción del Parque Tercer Milenio en el lugar y cuatro años después de ordenarse su realización, se demanda a quienes han estado poseyendo por más de treinta años el mencionado predio. Esto solo se puede tener como oportunismo, sin justificación legal, para tratar de enredar como se hizo la negociación entre el IDU y José Álvaro Sánchez Ortega, comprador del predio a Ideal.

(...)

Pero con todo lo demostrado aquí podemos establecer que el único perjudicado ha sido el señor José Álvaro Sánchez Ortega, pues a pesar de haber firmado una promesa de compraventa con el IDU, la cual no fue potestativa de él sino impuesta por haber sido declarado el predio de utilidad pública, no pudo firmar la escritura en diciembre del año 2001, por la inscripción de la presente demanda en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria, con los perjuicios causados como pago de los siguientes años de impuesto predial hasta tanto se firme la escritura y como consecuencia el no recibir el saldo del dinero que le adeudaba el IDU, la suma de ciento treinta millones de pesos, los intereses dejados de percibir durante todo este tiempo y los daños materiales y morales que se causen con la demanda que le ha instaurado el IDU por el incumplimiento de la firma de la escritura, expropiación del predio, todo ello a causa de la presente demanda interpuesta por la Beneficencia de Cundinamarca, sin haber medido las consecuencias de que mi defendido ha sido, es y seguirá siendo un comprador de buena fe, a quien nunca se le habló ni se le dijo nada acerca de alguna clase de cláusula restrictiva” (fls. 195-199, c. 1).

1.3. La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, después de relacionar y de valorar las evidencias allegadas y controvertidas en el proceso, así como de analizar los argumentos jurídicos planteados por las partes, negó prosperidad a todas las pretensiones elevadas en la demanda. Para arribar a dicha conclusión, el a quo inició su análisis con el examen de las excepciones propuestas por el Ideal, la primera de las cuales fue la de caducidad de la acción de controversias contractuales impetrada por la entidad pública demandante, medio exceptivo que el sentenciador de primera instancia consideró con la virtualidad de enervar las pretensiones del establecimiento público actor en el sub lite, comoquiera que los contratos de compraventa cuya anulación se solicitó fueron perfeccionados mediante escrituras públicas otorgadas en los días 19 de junio de 1968 y 22 de diciembre de 1995, razón por la cual concluyó que el libelo introductor de este litigio, presentado el 24 de septiembre de 2001, fue radicado con el término de caducidad de dos años al cual alude el artículo 136 CCA, completamente vencido.

A ese respecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el fallo apelado, aseguró que:

“[C]on relación al tema de la caducidad, bien se hace necesario resaltar la posición jurisprudencial del H. Consejo de Estado, en el sentido de que tratándose del ejercicio de la acción contractual con el objetivo de que se declare la nulidad del contrato del Estado, opera la regla general de los 2 años prevista en el artículo 136 del CCA que es bien diferente de la acción civil derivada de las acciones y decisiones de que tratan los artículos 50 a 53 de la Ley 80 de 1993, relacionados con la prescripción de la acción, aplicable a los asuntos relacionados con la responsabilidad patrimonial de las partes o la responsabilidad civil de los servidores públicos, que cuenta con un término de 20 años. Eventos que no se discuten en el presente asunto en el que se pretende como quedó expuesto inicialmente, la declaratoria de nulidad de los contratos aludidos.

(...)

Es por lo anterior, que la Sala declarará probada la excepción de caducidad propuesta por la demandada, sin que encuentre necesario analizar los demás medios exceptivos” (fls. 227-242, c. 4).

1.4. El recurso de apelación.

Inconforme con la decisión proferida en los términos descritos en el acápite anterior, la parte demandante interpuso y sustentó el recurso de apelación —fls. 244-245, c. 4—; el medio de impugnación impetrado se fundamentó en que si bien es cierto que la primera de las pretensiones elevadas en la demanda busca la resolución del contrato de compraventa celebrado entre la actora y el Ideal el día 19 de junio de 1968, no resulta menos verídico que en el segundo de los pedimentos elevados en el libelo introductorio del proceso, de manera subsidiaria respecto del primero antes referido, se solicitó la declaratoria de nulidad del contrato contenido en la Escritura Pública Nº 7441 del 22 de diciembre de 1995 de la notaría segunda de Bogotá, el cual se encuentra en “estrecha relación” con el de 19 de junio de 1968 mencionado; adicionalmente, expuso el apelante que aunque “el contrato de compraventa cuya nulidad se solicitó en subsidio, se suscribió el día 22 de diciembre de 1995, el levantamiento de la condición resolutoria que lo afectaba solamente se produjo el día 29 de diciembre de 2000”, por manera que al haber sido instaurada la demanda el día 24 de septiembre de 2001, la misma se habría impetrado dentro del término de caducidad de dos años previsto en el artículo 136 CCA, para eventos como el sub judice.

En este sentido sostuvo que el 29 de diciembre de 2000, fecha en la cual se otorgó la Escritura Pública Nº 6063, debe ser tomado como referencia para computar el término de caducidad, toda vez que “fue a partir de ese momento que verdaderamente se extinguió el derecho, conforme lo dispone el artículo 1536 del C.C., puesto que la Beneficencia de Cundinamarca fue lesionada patrimonialmente, al levantarse la condición resolutoria sin que se cumpliera lo pactado en la cláusula novena del contrato primigenio de compraventa”; en criterio del apelante, habida cuenta de que la condición resolutoria inicialmente pactada permaneció vigente hasta el 29 de diciembre de 2000, “resultaba ilógico pretender que se demandara por parte de la Beneficencia de Cundinamarca la resolución del contrato con antelación a tal fecha”, más aún si se tiene en cuenta que en el presente caso “hay que entrelazar los contratos y actos contenidos en las tres escrituras públicas mencionadas, para establecer una secuencia lógica de los negocios jurídicos celebrados sobre el mismo inmueble, con una condición resolutoria vigente y permanente hasta el día 29 de diciembre de 2000, fecha desde la cual empezó a correr el término de caducidad de la acción contractual”, la cual, entonces, fue presentada oportunamente, por manera que se impone revocar la sentencia recurrida y despachar favorablemente las pretensiones de la demanda.

1.5. Trámite de la segunda instancia.

A través de providencia calendada el 1 de octubre de 2004, el ad quem admitió el recurso de apelación (fl. 262, c. 4); posteriormente, mediante proveído del 29 de octubre de 2004, se corrió traslado tanto al Ministerio Público para rendir concepto de fondo, como a las partes para alegar de conclusión en la segunda instancia (fl. 264, ídem); dentro de este lapso se pronunciaron el Ideal y la Beneficencia de Cundinamarca, mientras que los demás sujetos procesales guardaron silencio.

La apoderada del Ideal reiteró en su mayor parte, ahora a manera de alegaciones, los argumentos en los cuales sustentó las excepciones que propuso al dar contestación al libelo inicial del proceso; en ese orden de ideas, insistió en que la acción impetrada por la parte actora se encuentra caducada debido a que los contratos cuya resolución y/o nulidad se depreca fueron celebrados con mucha mayor antelación a los dos años anteriores a la presentación de la demanda, de conformidad con lo normado por el artículo 136 CCA; reiteró que los jueces de lo Contencioso Administrativo carecen tanto de jurisdicción como de competencia para pronunciarse sobre pretensiones de anulación elevadas respecto de contratos celebrados entre particulares; reafirmó que en la demanda se acumularon indebidamente pretensiones de declaratoria de nulidad absoluta de contratos —algunos de ellos celebrados sin intervención de entidad estatal alguna— con pedimentos de anulación de actos administrativos, lo cual resulta abiertamente improcedente.

También señaló nuevamente la apoderada del Ideal que respecto de los negocios jurídicos cuya validez fue puesta en tela de juicio en el presente litigio no se configuró vicio alguno que determine su nulidad, comoquiera que la prueba tanto documental como testimonial recaudada en el plenario evidencia que el Ideal solicitó oportunamente y obtuvo la autorización de la Junta Directiva de la Beneficencia de Cundinamarca para enajenar el bien inmueble que constituye objeto material del presente proceso e igualmente que —la persona jurídica demandada— le dio cumplimiento a las obligaciones que asumió en el contrato de compraventa que acerca de dicho predio celebró con la entidad aquí demandante, de la cual afirmó, además, que carece de legitimación en la causa para pedir la anulación del contrato —también de compraventa— celebrado entre el Ideal y el señor José Álvaro Sánchez Ortega.

Añadió el Ideal en su intervención que en el presente caso ha operado claramente la figura de la prescripción extintiva o liberatoria de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2535 del Código Civil y que los derechos que hubiere tenido la Beneficencia de Cundinamarca respecto de los inmuebles en liza en la presente controversia, “prescribieron por el simple transcurso de los años”; finalizó su argumentación, esta integrante de la parte demandada, reiterando que el material acreditativo allegado al encuadernamiento resulta suficiente para tener por demostrado que no acontecieron los supuestos fácticos necesarios para permitir a la Beneficencia de Cundinamarca entender que se cumplió la condición resolutoria introducida en el contrato de compraventa que ese establecimiento público celebró con el Ideal mediante escritura pública del 19 de junio de 1968. Por todo lo anterior, la apoderada del Ideal solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia (fls. 265-279, c. 4).

A su turno, la parte actora reiteró lo expuesto en la sustentación del recurso de alzada y reafirmó que, por las razones allí expuestas, el término de caducidad para instaurar la acción de controversias contractuales en el presente asunto debe contarse a partir del día del otorgamiento de la Escritura Pública Nº 6063, mediante la cual se levantó la condición resolutoria que afectaba al inmueble objeto material de la controversia sub examine, esto es a partir del 29 de diciembre de 2000, lo cual fuerza concluir que la demanda que dio origen al presente proceso se presentó oportunamente; agregó que el acto jurídico mediante el cual el entonces gerente de la Beneficencia de Cundinamarca levantó la condición resolutoria en mención no se realizó de conformidad con la autorización conferida por la junta directiva de dicha entidad, razón por la cual se trata de un acto nulo que no afecta la vigencia de la varias veces mencionada condición resolutoria, la cual se mantiene en vigor.

De otro lado, expresó el apoderado de la parte actora que mal podría exigirse a la Beneficencia de Cundinamarca que solicitara con anterioridad al momento en el cual lo hizo “la nulidad de los actos enunciados, pues solo tuvo conocimiento oficial de los mismos cuando se inscribió el levantamiento de la condición resolutoria de dominio ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C., y solamente a partir de tal día puede contarse válidamente el término de caducidad invocado por la demandada (...)” (fls. 280-281, c. 4).

En este estado del proceso y sin que se observe la configuración de causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a proferir sentencia, previo lo cual efectuará las siguientes

2. Consideraciones.

2.1. Lo que se debate.

Teniendo en cuenta el panorama que se ha dejado expuesto, estima la Sala que para resolver el asunto que se somete a su consideración por razón del recurso de apelación impetrado por la parte demandante contra la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del presente proceso, (i) previa relación del material probatorio acopiado en el plenario y examen tanto respecto de (ii) la competencia de la Sala para pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda como en relación con (iii) la idoneidad del cauce procesal elegido por la entidad demandante para ventilar el presente litigio, (iv) se hace necesario estudiar si procede declarar demostrada, como lo hizo el tribunal administrativo a quo, la excepción de caducidad de la acción y, por consiguiente, si cuentan con vocación de prosperidad, o no, las pretensiones elevadas en el libelo introductorio del litigio.

2.2 El caudal probatorio obrante en el expediente.

A continuación se relacionan los elementos acreditativos que se han aportado al presente proceso, cuya valoración debe llevarse a cabo con el propósito de dilucidar si le asiste vocación de prosperidad a las pretensiones formuladas por la Beneficencia de Cundinamarca en la demanda que dio origen al mismo.

a. Copia auténtica de la Escritura Pública Nº 2281 del 19 de junio de 1968 otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá, mediante la cual la Beneficencia de Cundinamarca transfirió a título de venta el derecho de dominio y la posesión respecto de los inmuebles distinguidos con los números 10-48/58/66/76/84/86 de la avenida sexta de la ciudad de Bogotá, al Instituto de Adaptación Laboral “Ideal”; de acuerdo con lo pactado en la cláusula cuarta del mencionado contrato, el precio de la venta ascendió a la suma de seiscientos veinticinco mil cuarenta pesos ($ 625.040); en la cláusula quinta, a su vez, se estipuló que “para seguridad de todas las obligaciones que por medio de esta escritura contrae Ideal, esta constituye hipoteca a favor de la junta general de la beneficencia, sobre los inmuebles objeto de esta venta”.

De otro lado, en las cláusulas octava y novena del negocio jurídico en mención, las partes convinieron lo siguiente:

“Octavo. Ideal destinará los inmuebles que son objeto de este contrato o la edificación que en este sitio levante Ideal posteriormente, en forma exclusiva y permanente a la función social de rehabilitación y adaptación laboral de inválidos adultos.

Noveno. Expresa e independiente de cualquiera otra causal de resolución de este contrato que pudiera alegar la entidad vendedora, se estipula que si Ideal no destinare los inmuebles que son objeto de esta venta, en forma exclusiva y permanente a la función social de rehabilitación y adaptación laboral de inválidos adultos, la Beneficencia de Cundinamarca o quien represente sus derechos, sin necesidad de requerimiento alguno, privado o judicial, podrá pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios” (fls. 8-11, cdno. 2).

b. Copia auténtica de la escritura pública 7441 del 22 de diciembre de 1995, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá, mediante la cual el Ideal transfirió a título de venta en favor del señor José Álvaro Sánchez Ortega el derecho de dominio y la posesión respecto del “inmueble distinguido como calle sexta (Cl. 6a.) número diez cuarenta y ocho y diez ochenta y seis (Nº 10-48/86) de la ciudad de Santafé de Bogotá, Distrito Capital”; de acuerdo con lo expresado en la cláusula segunda de dicho negocio jurídico, el precio acordado por las partes fue la suma de veintiún millones seiscientos mil pesos ($ 21'600.000). Asimismo, en las cláusulas cuarta y quinta del referido contrato se dejó expresado lo siguiente:

“Cuarto. Que desde hoy el vendedor hace entrega real y material del predio a su comprador, por su cabida, linderos, anexidades, usos, costumbres, servidumbres legales y sin reserva alguna, así mismo lo entrega a paz y salvo por contribuciones e impuestos causados a la fecha, haciendo claridad que la entrega física del inmueble descrito fue realizada a su comprador desde enero de mil novecientos setenta y dos (1972), por parte de Ideal, en cabeza de su representante legal, fecha desde la cual el comprador declara haber recibido a su entera satisfacción el predio y de haber levantado en el mismo las construcciones que se encuentran hoy en día, de la misma manera el comprador declara que desde la misma fecha viene poseyendo el bien de manera quieta, pacífica e ininterrumpida.

Quinto. Si bien es cierto que el precio real pactado por las partes comprador-vendedor, fue la suma de ochocientos veinticinco mil pesos ($ 825.000) moneda (sic) suma que fue cancelada por parte del comprador oportunamente a su vendedor, hoy se fija la suma de veintiún millones seiscientos mil pesos ($ 21'600.000) M/CTE, como valor nominal para efectos de tasaciones legales, impositivas y demás” (énfasis añadido; fls. 12-15, cdno. 2).

c. Copia auténtica de la escritura pública 6063 del 29 de diciembre de 2000 otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá, en la cual se consignó que el gerente general de la Beneficencia de Cundinamarca compareció con el propósito de expresar —apartado primero— que esta entidad vendió al ideal, mediante escritura pública Nº 2281 de 1968, el inmueble sobre el cual versa el presente litigio y que en la mencionada escritura —apartado segundo— se incluyó la condición resolutoria a la cual se hizo referencia en la letra a) del presente apartado de este pronunciamiento; adicionalmente, en la escritura Nº 6063 en comento se dejó plasmada la siguiente información:

“Tercero. Que en mayo de mil novecientos setenta y uno (1971) ideal solicitó permiso a la Beneficencia de Cundinamarca para vender los lotes de la calle sexta (Cl. 6a.), los mismos que había comprado en junio de mil novecientos sesenta y ocho (1968), previa explicación del por qué se tomaba esa decisión. Dicha respuesta fue afirmativa y contestada por oficio de la gerencia general, con fecha: veintidós (22) de noviembre del mil novecientos setenta y dos (1972), en la cual se decía que la Junta General de la Beneficencia de Cundinamarca había estudiado la solicitud formulada en la sesión del día veintiuno (21) de noviembre de mil novecientos setenta y dos (1972) (Acta Nº 39) y había impartido su aprobación, siempre que se cancelara la totalidad del precio y se otorgara una garantía específica para que la suma que exceda el valor de la adquisición sea aplicada exclusivamente al objeto social de Ideal y para estos efectos concurriría a la firma de la escritura de venta a un tercero, levantando en esta forma la cláusula restrictiva contemplada en el punto noveno (9º) de la mencionada escritura.

Se anexan fotocopias de estos dos (2) documentos para su protocolización.

Cuarto. En enero de mil novecientos setenta y seis (1976) ideal vende al señor José Álvaro Sánchez Ortega los lotes de la calle sexta (Cl. 6a.) número diez cuarenta y ocho y diez ochenta y seis (Nº 10-48/86) y le firma la escritura número siete mil cuatrocientos cuarenta y uno (7.441) del veintidós (22) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) de la Notaría Segunda (2a.) de Bogotá D.C., por un valor de ochocientos veinticinco mil pesos ($ 825.000) m/cte, es decir, una diferencia de doscientos mil pesos ($ 200.000) m/cte., sobre el precio de compra, omitiendo citar a la Beneficencia de Cundinamarca para que concurriera a firmarla de conformidad con lo ordenado por la Junta de la Beneficencia desde noviembre de 1972.

Quinto. Que en mil novecientos setenta y ocho (1978) Ideal compra el convento de las Hermanas de la Asunción en el Barrio Modelo del Norte, con nomenclatura urbana carrera cuarenta y seis (Cra. 46) número sesenta y ocho trece (Nº 68-13), en donde aún funciona y que además allí ha continuado hasta la fecha presente con su labor de rehabilitación y adaptación de inválidos adultos, vigilado por la Secretaría de Salud de Bogotá, D.C.; en esta compra y en desarrollo de esta actividad de asistencia social ideal ha invertido el valor de la venta de los lotes de la calle sexta (cl. 6a.) incluida la utilidad de los doscientos mil pesos ($ 200.000) m/cte., y, además, ha cancelado la deuda con la Beneficencia de Cundinamarca.

En esta forma ideal dio cumplimiento a lo ordenado por la junta de la Beneficencia de Cundinamarca en el Acta 39 del 21 de noviembre de 1.972.

Sexto. Desde mil novecientos noventa y ocho (1998) el Distrito Capital de Bogotá declaró la zona de la Avenida Sexta (6a.) hasta la Avenida Jiménez y de la carrera décima (10a.) a la Avenida Caracas, zona de utilidad pública, para allí construir el denominado “Parque tercer milenio” de esta ciudad, obligando a su actual propietario a vender su predio al Instituto De Desarrollo Urbano “IDU”, lo cual hace necesario sanear el título levantando la restricción de la cláusula novena (9a.) de la escritura de venta de la Beneficencia de Cundinamarca a Ideal.

Séptimo. Que por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento del punto IV del Acta 39 del 21 de noviembre de 1972, Efraín Méndez Castillo en su calidad de gerente general de la Beneficencia de Cundinamarca, levanta totalmente las restricciones que existen en las cláusulas novena (9a.) y once (11), literal “D” de la escritura dos mil doscientos ochenta y uno (2.281) de mil novecientos sesenta y ocho (1968) de la Notaría Segunda (2a.) de Bogotá D.C., dando así cumplimiento a lo ordenado por la Junta General de la Beneficencia en la sesión de esa fecha, toda vez que IDEAL ha cumplido con lo exigido por dicha junta. En esta forma, los lotes de la calle sexta (Cl. 6a.) números diez cuarenta y ocho y diez ochenta y seis (Nº 10-48/86) de la ciudad de Bogotá D.C., quedan totalmente exentos de la restricción que aparece en las cláusulas nueve (9) y once (11) literal “D” atrás mencionadas” (énfasis añadido; fls. 16-20, cdno. 2).

d. Oficio 32802 del 12 de diciembre de 2001 suscrito por un abogado calificador de la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, Zona Centro, dirigido al presente proceso, mediante el cual se informa que fue registrado el Oficio 5824 del 14 de noviembre de 2001; a la primera de las comunicaciones en mención se adjuntó, de un lado, copia del segundo escrito en referencia, mediante el cual la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dando cumplimiento a lo ordenado dentro del presente encuadernamiento a través del auto del 22 de octubre de 2001, solicitó a la oficina de registro de instrumentos públicos aludida la inscripción de la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria Nº 50C-390626 y, de otro, una constancia de que la anotación equerida se consignó en el referido folio de matrícula inmobiliaria (fls. 20-23, cdno. 2).

e. Copia auténtica de la escritura pública Nº 605 otorgada en la Notaría Sexta del Círculo de Bogotá el día 28 de febrero de 1978, mediante la cual la “Comunidad Hermanitas de la Asunción” transfirió a título de venta, al Ideal, el derecho de dominio y la posesión respecto de un edificio de dos plantas junto con el lote sobre el cual se encuentra construido, ubicado en la carrera 46 número 67 A 19 de la nomenclatura urbana de Bogotá; el precio de la venta, de acuerdo con lo expresado en la cláusula cuarta del mencionado negocio jurídico, ascendió a la suma de cuatro millones de pesos que la compradora pagaría así: un millón de pesos a la firma de la escritura en mención y el saldo —tres millones de pesos— en un plazo de cuatro años a partir de la fecha de la misma escritura, saldo que, según lo previsto en la estipulación aludida, “queda garantizado por la entidad compradora a la entidad vendedora con hipoteca de primer grado constituida sobre el mismo inmueble” (fls. 25-30, cdno. 2).

f. Acta de la diligencia de exhibición de documentos practicada dentro del presente proceso, en la cual se dejó consignada la siguiente información:

“Siendo la hora señalada se hicieron presentes (...) y el doctor Orlando Zea Mora, apoderado de la parte demandante, quien procederá a realizar la exhibición de los respectivos documentos (...) Pongo a disposición del despacho fotocopia de las actas 39 y 40 las cuales fueron extraídas de los originales que reposan en el archivo de la Beneficencia de Cundinamarca que es la misma Nº 39 que reposa a folio 61 del expediente. Respecto de la carta que se me pone de presente y obra a folio 72 manifiesta (sic) que no se encontró en el archivo de la Beneficencia pero no se desconoce” (destacadas añadidas; fl. 34, cdno. 2).

En la mencionada acta 39 de la junta general de la Beneficencia de Cundinamarca, de fecha 21 de noviembre de 1972, puede leerse lo siguiente:

“Orden del día.

— Acta.

— Cambio de local de la lotería.

(...)

Solicitud instituto de adaptación laboral “Ideal”.

(...).

Solicitud de “ideal”.

El Instituto de Adaptación Laboral Ideal que tiene personería jurídica según Resolución 1435 de 1962, publicada en el Diario Oficial (...)(2) de fecha 4 de agosto del mismo año, en el año de 1968 adquirió en compra (...) 2281 de 19 de junio, otorgada en la Notaría Segunda de este Distrito, 6- (...) en la avenida 6ª con carrera 10, marcadas con los números 10-58 a (...) la suma de $ 625.040, pagaderos a un plazo de diez años (...) de los primeros se consideran muertos y en los siguientes el comprador (...) una cuota semestral de $ 62.504 e intereses del 6%. En dicha (...) aparece consignada una condición resolutoria, en virtud de la cual la (...) compradora se compromete a destinar exclusivamente y permanentemente (...) inmuebles adquiridos a los fines sociales de la misma. La junta, en consideración a las razones (...) por su representante legal doctor Escallón Villa, impartió su aprobación (...) solicitud siempre que se cancele la totalidad del precio y se otorgue (...) garantía específica para que la suma que exceda del valor de la adquisición (...) exclusivamente al objetivo social de Ideal, para estos efectos (...) la beneficencia a la firma de la escritura de venta a un tercero, de (...) relacionados en la escritura arriba mencionada” (se deja destacado; fls. 61-64, cdno. 1).

La carta que obra a folio 72 —cuaderno 1— del expediente y a la cual se hizo referencia en el acta de la diligencia de exhibición de documentos que se acaba de mencionar, corresponde a un oficio cuyo número aparece ilegible, fechado el 22 de noviembre de 1972, dirigido por el entonces gerente general de la Beneficencia de Cundinamarca, al Instituto de Adaptación Laboral Ideal, en el cual se expresó cuanto a continuación se deja transcrito:

“Señores

Instituto de adaptación laboral Ideal

Atención: Doctor Álvaro Escallón Villa

(...).

Muy apreciados señores:

Nuestra junta general, en su sesión del 21 de los corrientes, estudió la solicitud formulada por ustedes para que se les autorizara vender los inmuebles que fueron materia de la compraventa según consta en la escritura pública 2281 otorgada el 19 de junio de 1968 en la Notaría 2a. de este circuito, y en consideración a las razones por ustedes expuestas, ha impartido su aprobación a tal solicitud.

Nuestra junta, al mismo tiempo, ha decidido que como al tenor de sus comunicaciones sobre este particular, ustedes se comprometerían a cancelar a la Beneficencia la totalidad del precio de dichos inmuebles y, a la vez, a otorgar a esta entidad las garantías necesarias para que la suma que excediere de dicho precio fuere aplicada exclusivamente a los fines del instituto de adaptación laboral, en el caso de que la venta que ustedes proyectan se realizare, la Beneficencia concurriría a la firma de la correspondiente escritura pública a efecto de recibir directamente del comprador el valor que ese Instituto le adeuda. Por otra parte, estudiaría en su oportunidad las fórmulas pertinentes para contar con la seguridad de la inversión del excedente del precio, para cuyo efecto, muy atentamente les sugiero presentarnos un memorando sobre el particular.

Quedo a la espera de sus noticias a este respecto y me complazco en despedirme de ustedes como su atento, seguro servidor,

Gustavo Medina Ordóñez

Gerente general” (se deja destacado; fl. 72, cdno. 1).

g. Copia auténtica del paz y salvo número 33, de agosto (sin día) de 1978, expedido por la Sección de Cobranzas de la Beneficencia de Cundinamarca, en cuyo texto aparece lo siguiente:

“Beneficencia de Cundinamarca.

Dependencia Cobranzas

Paz y salvo

Nombre del comprador: Instituto de Adaptación Laboral “Ideal”

Ciudad: Bogotá.

Inmueble: 6 casas llamadas “La capilla de las cruces”

Dirección: (...)

1. La casa Nº 10-48 de la Avenida 6a.

2. La casa Nº 10-58 de la Avenida 6a.

3. La casa Nº 10-66 de la Avenida 6a.

4. La casa Nº 10-76 de la Avenida 6a.

5. La casa Nº 10-84 de la Avenida 6a.

6. La casa Nº 10-86 de la Avenida 6a.

6 casas bajas como consta en la escritura Nº 2281 del 19 de junio de 1968, de la notaría 2ª del circuito de Bogotá.

Valor total: $ 625.040.

Último recibo de pago: Nº 2542 de dic. 5 de 1977.

Sección de cobranzas” (fl. 30, cdno. 1)”.

h. Copia auténtica del Acta 9 de la Junta General de la Beneficencia de Cundinamarca, correspondiente a la sesión de dicha Junta realizada el día 18 de diciembre de 2000, documento en el cual se dejó consignado cuanto se procede a transcribir:

“Noveno: Proposiciones y varios.

(...).

b) Ideal: El doctor Efraín Méndez solicita a la Junta se le ratifique una autorización emitida por la junta general de la Beneficencia de Cundinamarca el 21 de noviembre de 1972, contenida en el Acta 39, en el sentido de levantar la condición resolutoria existente en la cláusula novena de la escritura pública 2281 del 19 de junio de 1968, en virtud de la cual la entidad compradora se comprometía a destinar exclusivamente y permanentemente los inmuebles adquiridos a los fines sociales de la misma.

El gerente ilustra a los asistentes sobre los antecedentes de esta solicitud e informa: que el Instituto de Adaptación Laboral “Ideal” en el año 1968 adquirió en compra seis casas situadas en la avenida sexta con carrera décima, marcadas con los números 10-58 a 10-66 por la suma de $ 625.040, pagaderos a un plazo de diez años. En el año 72 Ideal solicitó permiso para vender estos inmuebles y pagarlos de contado y transfirió a título de venta al señor Álvaro Sánchez Ortega quien ha presentado documentos con el fin de acreditar el cumplimiento de esas condiciones. La junta manifiesta haberse dado por enterada y dice que la entidad haga lo que sea jurídicamente viable y financieramente conveniente y favorable para la beneficencia, según el concepto de la oficina jurídica de la beneficencia quien deberá pronunciarse por escrito al respecto” (fls. 83-74, cdno. 1).

i. Concepto emitido por la oficina jurídica de la Beneficencia de Cundinamarca, calendado el 5 de diciembre de 2000, en el cual se expresó lo siguiente:

“Memorando

Para: Dr. Efraín Méndez Castillo - Gerente General.

De: Gustavo Roa Avendaño - Director Oficina Jurídica.

Asunto: Concepto de la Oficina Jurídica con relación al derecho de petición presentado por la doctora Sofía E. Gomez R. y doctora José Álvaro Sánchez Ortega. Instituto de Adaptación Laboral Ideal y firma de la escritura pública que se aprobó para el levantamiento de la cláusula restrictiva de la escritura pública 2281 del 19 de junio de 1968.

(...).

Si bien esta oficina jurídica manifestó su opinión inicialmente a través de los oficios de 18 de septiembre y 20 de octubre de 2000, dirigidos ambos al doctora José Álvaro Sánchez Ortega, en el cual se señalaba que esta entidad [beneficencia de Cundanamarca] (sic) no interferiría en la negociación que se lleve a cabo entre el doctora José Álvaro Sánchez Ortega y el IDU [Parque Tercer Milenio], pero se reservaba el derecho de actuar contra el Instituto de Adaptación Laboral Ideal, por la cláusula restrictiva de la escritura pública 2281 del 19 de junio de 1968, protocolizada en la Notaría 2ª del Círculo de Bogotá, también es cierto que esta dirección ignoraba que existía una sesión de la junta directiva general de la Beneficencia de Cundinamarca que se realizó el 21 de noviembre de 1972 en la cual los miembros de la misma por unanimidad le dieron viabilidad o visto bueno a la solicitud presentada por el Instituto de Adaptación Laboral Ideal para vender los inmuebles relacionados y pagarlos de contado, en concordancia con la cláusula 9ª de la escritura pública antes citada.

Es así como la honorable junta general de la Beneficencia de Cundinamarca en sesión de la fecha señalada (21 de noviembre 72, Acta 39), en consideración a las razones expuestas por su representante legal, doctor Escallón Villa, impartió su aprobación a esta solicitud, siempre que se cancele la totalidad del precio y se otorgue una garantía específica para que la suma que exceda del valor de adquisición sea aplicada exclusivamente al objeto social del Instituto de Adaptación Laboral Ideal, para estos efectos si (sic) concurriría la Beneficencia de Cundinamarca a la firma de la escritura pública de venta a un tercero, de los inmuebles relacionados en la escritura pública antes mencionada.

Debemos tener en cuenta que anexo al derecho de petición presentado a la gerencia general el 1º de diciembre de 2000, por la doctora Sofía E. Gómez R. y el doctor José Álvaro Sánchez Ortega, viene copia auténtica del Acta 39 del 21 de noviembre de 1972 debidamente autenticada por nuestra secretaria general actual, doctora Clementina del Pilar González Pulido dando fe de que efectivamente existe el Acta 39, que la solicitud del Instituto de Adaptación Laboral Ideal estuvo dentro de los temas relacionados en el orden del día de esa sesión de Junta General, y que efectivamente se autorizó la venta de los inmuebles relacionados y que se levanta en esta sesión de junta la cláusula restrictiva de la escritura pública 2281 del 19 de junio de 1968, protocolizada en la notaría segunda del Círculo de Santafé de Bogotá.

En este orden de ideas esta dirección jurídica no encuentra objeción ni impedimento alguno para que el señor gerente general de la entidad concurra a la firma de la escritura pública cuando las partes así lo soliciten (Instituto de Adaptación Laboral Ideal y Dr. José Álvaro Sánchez Ortega), recordando al despacho que el interés general prima ante el particular, como es el caso que nos ocupa en el entendido de que los inmuebles de la referencia se encuentran ubicados en un área declarada de utilidad pública, comoquiera que estos predios harán parte del denominado Parque Tercer Milenio, que va desde la calle 6ª hasta la calle 11 y de la carrera décima hasta la carrera 14 o avenida Caracas” (subrayas y negrillas añadidas; fls. 86-87, cdno. 1).

j. Copia auténtica de la escritura pública número 3936 del 20 de septiembre de 1978, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá, mediante la cual la Beneficencia de Cundinamarca canceló la hipoteca que se constituyó en la mencionada escritura pública número 2281 del 19 de junio de 1968 respecto de los inmuebles que constituyeron el objeto material del contrato de compraventa celebrado mediante este último instrumento entre la entidad pública aquí demandante y el Ideal; en las cláusulas tercera y cuarta de la primera de las escrituras aludidas en este párrafo se dejó consignado lo siguiente:

“Tercero. Que el precio convenido para la compraventa fue de seiscientos veinticinco mil cuarenta pesos moneda corriente ($ 625.040), del cual la entidad compradora pagó, dividido en diez contados semestrales sucesivos de igual valor cada uno, de sesenta y dos mil quinientos cuatro pesos ($ 62.504), debiéndose pagar el primer contado a la expiración del término de cinco (5) años contados de la fecha del presente instrumento (sic); el segundo contado seis (6) meses después del día en que deba pagarse el primer contado y así sucesivamente cada seis (6) meses después del día en que deba pagarse el primer contado y así sucesivamente cada seis (6) meses hasta la cancelación total del saldo.

Cuarto. Habiendo cumplido el Instituto de Adaptación Laboral “Ideal”, satisfactoriamente con todas las obligaciones a favor de la Institución que los otorgantes representan, la declaran libre de toda responsabilidad personal por el concepto expresado; cancelan el gravamen hipotecario constituido a favor según la escritura pública número dos mil doscientos ochenta y uno (2.281) de diez y nueve (19) de junio de mil novecientos sesenta y ocho (1.968), otorgada en esta notaría y cancelan también la condición resolutoria que existía por no pago del precio en su totalidad, ya que, como queda dicho, se encuentra debidamente cancelado” (énfasis añadido; fls. 91-101, cdno. 1).

k. Testimonio rendido dentro del presente proceso por la señora Stella Velásquez de Velásquez, quien en relación con los hechos que constituyen materia de la controversia que mediante el presente proveído se dirime en segunda instancia, expresó lo siguiente:

“Contesto. Yo sé que Ideal le compró a la beneficencia un lote conformado por 6 casas ubicado en la calle 6 entre las carreras 10 y 11, con el objeto de construir allí un edificio para la sede de Ideal destinado a la capacitación y rehabilitación de personas con limitaciones físicas, mentales y sensoriales (sordos y ciegos). Por el deterioro de la zona Ideal no pudo llevar a cabo el proyecto de edificación y se pensó en ubicar la sede en otro sector más adecuado y poner en venta dicho lote para lo cual se solicitó a la Beneficencia la correspondiente autorización o levantamiento de una cláusula restrictiva, la que fue levantada posteriormente. Dicho lote se vendió al señor Álvaro Sánchez, él tenía una fundación de bachillerato popular, que se dedicaba a la capacitación de personas de bajos recursos. El dinero producto de la venta al señor Sánchez se aplicaría a la compra del edificio que las Hermanitas de la Asunción tenían en el barrio Modelo en el norte de Bogotá donde funciona actualmente la institución. (...) Preguntado. Infórmele al despacho por qué le consta lo que acaba de afirmar. Contesto. Me consta porque estoy vinculada desde el año de 1963 con Ideal, los primeros años en calidad de voluntaria y como secretaria de la junta directiva más o menos desde el año 63 o 64 hasta el año 1985 en junio. Preguntado. Recuerda algún detalle en particular relativo a la autorización para el levantamiento de la cláusula restrictiva por parte de la Beneficencia de Cundinamarca. Contesto. Para Ideal poner en venta el lote se habló con la Beneficencia y se tuvo algunas conversaciones con el doctor Álvaro Aparicio Hernández, porque Ideal no iba a vender eso sin autorización (...) Preguntado. El precio recibido de Álvaro Sánchez por razón de la venta fue suficiente para realizar la compra a las Hermanitas de la Asunción. Contesto. La venta al señor Álvaro Sánchez fue por 800-850 mil pesos aproximadamente y el edificio de las Hermanitas de la Asunción fue comprado aproximadamente por 4 millones de pesos que se pagaron, parte con lo recibido por lo del señor Sánchez, parte con donaciones del Consejo Mundial de Iglesias con sede en Ginebra Suiza y parte con auxilios de la Asamblea de Cundinamarca a través del doctor Emigdio Rincón” (fls. 35-36, cdno. 1).

l. Testimonio rendido dentro del presente encuadernamiento por el señor Álvaro Escallón Villa, quien interrogado por lo que le constara en relación con los hechos que dieron origen al presente litigio, manifestó cuanto se deja transcrito a continuación:

“Contesto: Yo como miembro de la junta directiva de Ideal conocí de las negociaciones con la Beneficencia de Cundinamarca para adquirir un predio que sirviera de base para cumplir con las estipulaciones de Ideal. Es decir mientras el municipio de Bogotá y el departamento de Cundinamarca no estaban prestando un servicio adecuado a los incapacitados nosotros reclamábamos que por ese motivo debíamos recibir un apoyo económico considerable, pues como es sabido el 5% de la población de Bogotá y Cundinamarca están seriamente afectados por las incapacidades, en esas circunstancias se nos ofrecieron unos lotes en lo que hoy se conoce como el cartucho, unas casonas mal tenidas en ruinas, que fue necesario demoler para buscar un arquitecto y un ingeniero, para que nos dieran unas luces para ver qué se podía hacer allí, los estudios y evaluaciones fueron lamentables, costosos e inconvenientes. Se nos presentó la oportunidad de compra de otro bien y fue necesario buscar la autorización de la junta directiva de la Beneficencia de Cundinamarca para permitirnos vender los lotes casa y con esa suma dar un pago parcial de esa propiedad. Es decir la beneficencia en todo momento estuvo debidamente informada de todos los pormenores, esas fue (sic) las instrucciones de la junta directiva de Ideal que se cumplieron a cabalidad” (fls. 37-38, cdno. 1)

2.3. La competencia de la Sala para pronunciarse en el asunto sub judice.

2.3.1. Sea lo primero advertir que la controversia que aquí se dirime cuenta con vocación de doble instancia atendiendo a los parámetros establecidos tanto en los artículos 2º y 4º del Decreto 597 de 1988 como en el artículo 20-1 del Código de Procedimiento Civil, habida consideración de que a la fecha de presentación de la demanda —24 de septiembre de 2001— el monto mínimo exigido para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de controversias contractuales debiere ser tramitado en dos instancias ascendía a la suma de $ 26’390.000 y la pretensión cuarta de la demanda, encaminada a que se le reparen a la entidad demandante los daños materiales que la misma considera que le fueron causados por los demandados resulta superior a dicho mínimo, pues el monto de dicha pretensión se estimó por la parte actora “en una suma superior a los setecientos millones de pesos ($ 700'000.000) m/cte., teniendo en cuenta que el valor del inmueble y según la oferta de compra hecha por el IDU al propietario inscrito, señor Álvaro Sánchez Ortega, asciende a la suma de $ 645'136.700” (fl. 6, cdno. 1).

2.3.2 Ahora bien, resulta menester señalar, en punto de la naturaleza jurídica de la entidad demandada —factor determinante de la competencia tanto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en general, como de esta sala, en particular, para conocer del presente proceso—, que la Beneficencia de Cundinamarca tiene la condición de establecimiento público del orden departamental, con personería jurídica(3), vale decir que se trata de una entidad estatal, más exactamente, de un ente descentralizado por servicios, circunstancia que resulta de trascendencia a la luz de lo dispuesto por los artículos 132-5 y 134B-5 del Código Contencioso Administrativo —CCA—, reformados por la Ley 446 de 1998, preceptos vigentes para el momento en el cual fue presentada la demanda que dio origen al presente litigio —lo cual ocurrió el día 24 de septiembre de 2001— y en los cuales se disponía lo siguiente:

“Artículo 40 de la Ley 446 de 1998. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. El artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:

(...)

Artículo 132. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...).

5. De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes y de los contratos celebrados por entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su finalidad esté vinculada directamente a la prestación del servicio, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

Artículo 42 de la Ley 446 de 1998. Competencia de los jueces administrativos. Adiciónase el título 14 del libro 3º del Código Contencioso Administrativo con un capítulo III del siguiente tenor:

Artículo 134B. Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...).

5. De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes, y de los contratos celebrados por entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su finalidad esté vinculada directamente a la prestación del servicio, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales” (énfasis añadido).

Los referidos preceptos tenían y tienen que ser interpretados y aplicados armónicamente con lo normado por el entonces vigente artículo 82 Código Contenciso Administrativo, en la redacción que a dicha disposición dio el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, cuyo tenor literal era el siguiente:

“ART. 82.—La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas, y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.

Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de Gobierno.

La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley.

Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales de la judicatura, no tendrán control jurisdiccional”.

En cuanto tiene que ver con la aplicación de las mencionadas disposiciones para efectos de determinar si la jurisdicción de lo contencioso administrativo era y es la competente, o no, para conocer de litigios derivados de la actividad contractual desplegada por las entidades estatales en casos en los cuales, como acontece en el sub judice —por tener origen la presente controversia en un contrato de compraventa celebrado el 19 de junio de 1968, antes incluso de que se expidiera el primer estatuto de contratación estatal que rigió en Colombia, esto es el Decreto 150 de 1976—, el negocio jurídico respectivo se encontraba plena o fundamentalmente regido por el derecho privado, resulta menester recordar, sucintamente, que en numerosas ocasiones esta corporación estudió el tema y así como en veces se declaró facultada para conocer de tales controversias, en otras oportunidades resolvió negar la competencia del juez administrativo a efectos de dirimir los aludidos pleitos y, consecuentemente, dispuso remitirlos a la justicia ordinaria.

En una de las primeras decisiones en las cuales se abordó el asunto, la Sala Plena del Consejo de Estado indicó que teniendo en cuenta que las empresas de servicios públicos domiciliarios por regla general se encuentran sujetas, en el desarrollo de sus actividades, al derecho privado, el juez competente para dirimir las controversias en las cuales aquellas se vieran implicadas sería el ordinario —Sentencia S-701 de 1997; Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo(4); la Sección Tercera de la corporación reiteró la referida postura en providencia calendada el 12 de agosto de 1999 —Expediente: 16.446—.

Sin embargo, el referido planteamiento de conformidad con el cual en vigencia del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, antes de la expedición de la Ley 1107 de 2006, la jurisdicción contencioso administrativa solo sería competente para juzgar hechos y actos propios del ejercicio de la función administrativa, no se sostuvo de manera uniforme, pues también en varias providencias la Sección Tercera, con fundamento en un criterio esencialmente orgánico de interpretación del contenido del citado artículo 82 Código Cotencioso Administrativo, consideró que la de lo contencioso administrativo era la jurisdicción competente para asumir el conocimiento de los litigios relacionados con la actividad contractual de las empresas prestadoras de servicios públicos oficiales(5).

Con el propósito de hacer frente a y de resolver la anotada disparidad de criterios, el Congreso de la República expidió la Ley 1107 de 2006, mediante la cual se dispuso asignar a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con carácter general y salvo específicas excepciones —como los litigios de naturaleza laboral cuyo conocimiento tradicionalmente ha asignado el legislador a la jurisdicción ordinaria y como los procesos ejecutivos iniciados para el cobro de facturas originadas en la prestación de servicios públicos domiciliarios—, el juzgamiento de la actividad de todas las entidades estatales, con independencia de si los que resultare menester dirimir constituyeren, o no, “litigios administrativos”, por manera que siempre que se trate, como acontece en el asunto sub judice, de controversias originadas en contratos en los cuales uno de los extremos de la relación negocial se encontrare constituido por una entidad estatal, aún cuando el respectivo pleito hubiere sido iniciado con antelación a la entrada en vigor de la Ley 1107 de 2006 y a pesar de que debiere ser resuelto en aplicación de normas sustanciales de derecho privado, la competencia estará radicada en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según lo explicó, en los términos que se refieren enseguida y que ahora se reiteran, la Sección Tercera del Consejo de Estado:

“Luego de hacer este recorrido, en el contexto del debate legislativo, para la Sala es claro que el propósito del legislador fue darle solución a la polémica surgida entre las altas cortes, a propósito de la jurisdicción competente para conocer de algunas controversias, así como para dilucidar, al interior del Consejo de Estado, sus propias dificultades para resolver con claridad los problemas de las empresas de SPD, que sirvieron de base a la exposición de motivos del proyecto de ley, como también a todas las ponencias en cada uno de los debates.

Ante este panorama controversial, el legislador adoptó una solución, clara y agresiva. Asignó, de manera fuerte e intensa, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la competencia para juzgar las controversias donde son parte las “entidades públicas”, sin importar la función que desempeñe cada una de ellas, pues se pasó de considerar el “criterio material o funcional”, como factor de distribución de competencias, al “criterio orgánico”, donde lo determinante es la pertenencia a la estructura del Estado.

Dice el actor que el a quo declaró la nulidad del proceso, por falta de jurisdicción, entre otras razones, resumidas en el capítulo correspondiente, porque la demandada es una empresa de SPD, de carácter mixto, y, por tanto, el juez de las controversias es el ordinario.

Para la Sala el auto apelado se debe revocar, porque esta jurisdicción es competente para conocer del conflicto provocado por el actor. Varias razones apoyan esta decisión.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, existe una ley que ha aclarado el problema de la jurisdicción competente, cuando una de las partes es una empresa de SPD, la cual, por demás, es de aplicación inmediata, pues, según el artículo 3º de la ley, “(...) tiene vigencia a partir de su promulgación”(6).

Precisamente, este tipo de casos —responsabilidad contractual y precontractual— fueron los que dieron origen a la necesidad de expedir una ley que resolviera, de una vez por todas, los conflictos de competencias entre las distintas jurisdicciones, y más en los SPD, donde el problema era de por sí agudo”(7) (énfasis añadido).

En el caso al cual se refiere el pronunciamiento que se ha citado, la demanda se presentó en el año 1997 y tenía por objeto que se examinara la legalidad de unos actos administrativos proferidos ese mismo año, vale decir, cerca de diez antes de la expedición de la Ley 1107 de 2006, no obstante lo cual, como se aprecia, la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que este conjunto normativo resultaba aplicable al caso y que ello reafirmaba que la competencia para conocer del proceso se encontraba radicada en la jurisdicción de lo contencioso administrativo; lo razonado en relación con este extremo en el pronunciamiento en comento constituye, por tanto, su ratio decidendi e integra el precedente judicial vinculante que, en principio, debe ser seguido por el juez en casos análogos posteriores.

La anotada conclusión se ve reforzada por lo establecido en los artículos 38 y 40 de la Ley 153 de 1887, así como por la aplicación de tales preceptos legales al presente litigio si se toma en consideración que este inició con la presentación de la correspondiente demanda instaurada en ejercicio de la acción de controversias contractuales, lo cual tuvo lugar el día 24 de septiembre de 2001, por manera que para entonces ya se encontraban vigentes las disposiciones del Decreto-Ley 1 de 1984 a las cuales se acaba de hacer alusión, mismas que, por hacer referencia a las reglas que gobiernan “el modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato”, al igual que a “la sustanciación y ritualidad de los juicios” respectivos, tienen efecto general e inmediato en relación con los procesos judiciales que se inicien bajo su vigencia y prevalecen respecto de disposiciones normativas anteriores, como con claridad lo disponen los aludidos preceptos de la Ley 153 de 1887:

“ART. 38.—En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración.

Exceptúanse de esta disposición:

1. Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato, y

2. Las que señalen penas para el caso de infracción de lo estipulado; la cual infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido.

“ART. 40.—Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y dilgencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al momento de su iniciación” (destacadis añadidas).

En el anotado sentido y aunque con referencia a lo preceptuado por el artículo 75 de la Ley 80 de 1993(8) —norma que, como fácilmente se advierte, no había sido expedida aún para el momento en el cual se celebró el contrato de compraventa en el cual halla su origen la presente controversia— por cuya virtud la competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos celebrados por las entidades estatales es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que la naturaleza del contrato no depende de su régimen jurídico, habida cuenta de que la normativa vigente prohijó un criterio eminentemente subjetivo u orgánico para efectos de determinar la condición de estatal del vínculo negocial; en el anotado sentido se ha pronunciado la Sección Tercera de esta corporación:

“De este modo, son contratos estatales “todos los contratos que celebren las entidades públicas del Estado, ya sea que se regulen por el estatuto general de contratación administrativa o que estén sujetos a regímenes especiales”, y estos últimos, donde encajan los que celebran las empresas oficiales que prestan servicios públicos domiciliarios, son objeto de control por parte del juez administrativo, caso en el cual las normas procesales aplicables a los trámites que ante este se surtan no podrán ser otras que las del derecho administrativo y las que en particular existan para este tipo de procedimientos, sin que incida la normatividad sustantiva que se le aplique a los contratos”(9) (énfasis añadido).

De conformidad con lo anterior, se tiene entonces que en el marco del ordenamiento vigente la determinación de la naturaleza jurídica del contrato radica en el análisis particular respecto del tipo de entidad que lo celebra, sin importar el régimen legal que le deba ser aplicable.

Adicionalmente y como ya se indicó, el artículo 82 del Decreto-Ley 1 de 1984, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, a su vez fue subrogado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006, disposición por cuya virtud la jurisdicción de lo contencioso administrativo se encuentra instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas; de este modo, se definió el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de la previsión consistente en que a la misma le compete “juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas”, en lugar de “juzgar las controversias y litigios administrativos”, como lo establecía la redacción anterior del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, por manera que la norma subrogada pasó a disponer lo siguiente:

“ART. 1º—El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, quedará así:

“ART. 82.—Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.

Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de Gobierno.

La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales de la judicatura, no tendrán control jurisdiccional” (subrayas fuera de texto).

La anterior conclusión mantiene vigencia con la modificación introducida al objeto de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por la Ley 1437 de 2011, toda vez que así lo deja establecido con claridad su artículo 104-2(10), precepto que, de todos modos, ha de precisarse que no resulta aplicable al asunto sub judice por virtud de lo establecido en el artículo 308 del mencionado cuerpo normativo(11).

Todo lo expuesto implica, en el asunto sub lite, que habida cuenta de que la Beneficencia de Cundinamarca tiene la condición de entidad estatal perteneciente a la rama ejecutiva del poder público del orden departamental en el sector descentralizado por servicios y que tenía igualmente esa condición para el momento en el cual celebró el contrato de compraventa contenido en la escritura pública 2281 otorgada el 19 de junio de 1968 ante la notaría segunda del Círculo de Bogotá(12), en cuya virtud vendió al Ideal el derecho de dominio y la posesión del lote de terreno, junto con las casas en él construidas, situado en la calle sexta números 10-48/58/66/76/84 y 86 de la nomenclatura urbana de la ciudad de Bogotá, dicho negocio jurídico fue celebrado por una entidad estatal, lo cual resulta definitorio a efectos de establecer que el juez competente para dirimir las controversias que de su celebración y/o ejecución se deriven es el de lo contencioso administrativo, razón por la cual corresponde a esta Sala la competencia para proferir la decisión de segunda instancia dentro del presente encuadernamiento.

El modo de razonar descrito fue igualmente seguido por la Sección Tercera del Consejo de Estado en precedente ocasión en la cual tuvo que ocuparse de examinar tanto la naturaleza jurídica de un contrato celebrado por una entidad estatal en el año 1974, como la identificación de la jurisdicción competente para dirimir las controversias derivadas de dicho vínculo negocial, pronunciamiento en el que se dejaron plasmados los razonamientos que serán transcritos a continuación y que ahora se reiteran, comoquiera que también sustentan las conclusiones a las cuales se ha arribado en relación con idénticos extremos en la presente providencia:

“La parte demandante solicitó en su pretensión primera que se declarara la existencia del vínculo contractual a través del cual el ICA le vendió 660 yemas de lima ácida Tahití, pero, además, instó al tribunal para que definiera la naturaleza jurídica de la compraventa.

A efectos de dilucidar este aspecto, se precisa que el ICA es una entidad descentralizada por servicios, creada como establecimiento público, situación que adquiere relevancia para la determinación de la naturaleza del vínculo contractual, pues advirtiendo que para el momento de la celebración de los contratos de compraventa examinados en el presente asunto no existía norma especial que regulara la contratación de las entidades públicas y, por ende, no se disponía la naturaleza de los contratos que estas celebraran, es menester aplicar al respecto el criterio subjetivo u orgánico(13), según el cual, los contratos celebrados por las entidades públicas, sin importar su régimen jurídico, son de naturaleza estatal. Advirtiendo que en el caso bajo estudio no se aplica la Ley 80 de 1993, en razón a que los contratos de compraventa examinados fueron celebrados en 1974, es preciso tener presente el análisis expuesto por esta sección en cuanto a la naturaleza de los contratos celebrados por las entidades estatales:

(...).

Según lo expuesto, la Sala concluye que los contratos de compraventa celebrados por el ICA y la sociedad Inversiones Industriales y Pecuarias Ltda., con el objeto de adquirir y/o vender 400 y 260 yemas de lima ácida Tahití, respectivamente, son contratos estatales, debido a que una de las partes de la relación contractual es una entidad de naturaleza pública y, por tanto, de acuerdo con el criterio subjetivo u orgánico, todos los contratos que esta celebre, sin importar el régimen jurídico aplicable, participan de la misma naturaleza (estatal)”(14) (destacadas añadidas).

2.4. La idoneidad del cauce procesal elegido por la sociedad demandante para ventilar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo la presente controversia.

Resulta menester recordar, en este lugar, que las pretensiones elevadas en la demanda se concretan en (i) que se decrete la resolución del contrato de compraventa celebrado entre la Beneficencia de Cundinamarca y el Ideal, contenido en la escritura pública 2281 otorgada el 19 de junio de 1968 ante el Notario Segundo del Círculo de Bogotá; (ii) subsidiariamente, que se declare la nulidad del contrato de compraventa celebrado entre el Ideal y el señor José Álvaro Sánchez Ortega, mediante escritura pública 7441 del 22 de diciembre de 1995 otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá, respecto del mismo bien inmueble objeto de la compraventa precedentemente mencionada; (iii) como pretensión consecuencial respecto de la anterior, que se declare la nulidad de la escritura pública 6063 de 29 de diciembre de 2000, otorgada ante la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá, mediante la cual la Beneficencia de Cundinamarca levantó la condición resolutoria que gravaba el bien inmueble en cuestión, la cual se pactó en el primero de los contratos de compraventa en referencia y, finalmente, (iv) que se condene a los demandados al pago de los perjuicios de orden tanto moral como material que entiende la parte actora que le fueron irrogados con el obrar del Ideal en relación con los hechos en los cuales tuvo su origen el presente litigio.

2.4.1. En cuanto tiene que ver con la primera de las pretensiones aludidas, esto es la que reclama la resolución del contrato de compraventa de inmueble celebrado entre la entidad demandante y el Ideal, mediante escritura pública 2281 otorgada el 19 de junio de 1968 ante la notaría segunda del Círculo de Bogotá, conviene recordar que la resolución del contrato puede tener lugar tanto por el mutuo acuerdo de las partes, cuando voluntaria y consensuadamente deciden poner fin al vínculo negocial o dejarlo sin efectos y reversar su celebración —evento en el cual se está en presencia de la resolución convencional—, como también dando aplicación a lo dispuesto ora por la ley, ora dentro de las propias estipulaciones contractuales, para aquellos eventos en los cuales una de las partes incumple alguna(s) de las obligaciones que asumió.

El segundo de los supuestos enunciados se encuentra consagrado en el artículo 1546 del Código Civil —C.C.—, precepto por cuya virtud se confiere el derecho, al contratante cumplido, de solicitar la resolución del contrato en caso de presentarse el incumplimiento de las obligaciones por parte de su cocontratante; en ese sentido, la disposición en comento dispone que “en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado”, por manera que “en tal caso podrá el otro contratante pedir, a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios”.

El aludido derecho de resolver el contrato también encuentra consagración en otras disposiciones de la ley civil, como acontece con lo preceptuado por el artículo 1882 del C.C., específicamente para el contrato de compraventa, disposición cuyo inciso segundo establece que si el vendedor retarda la entrega de la cosa, el comprador podrá mantener su interés en la pervivencia del contrato o “desistir de él”, en cualesquiera de los dos eventos con derecho a obtener la correspondiente indemnización de perjuicios(15); asimismo, el artículo 1930 ídem establece, para los supuestos en los cuales se produce el incumplimiento en el pago del precio por parte del comprador —igualmente para el contrato de compraventa— el derecho del vendedor o bien a insistir en la exigencia del pago de dicho precio o bien a deprecar “la resolución de la venta”, con el correspondiente resarcimiento de perjuicios(16). De otro lado, el artículo 1983 ejusdem se refiere al incumplimiento de la obligación de entrega de la cosa arrendada por parte del arrendador, evento en el cual la disposición en cita autoriza al arrendatario para desistir del contrato, igualmente con la respectiva indemnización de perjuicios.

En todas las disposiciones antes referidas la ley otorga la opción al contratante cumplido, en aquellos eventos en los cuales la otra parte de la relación contractual incurre en el incumplimiento de sus obligaciones, de solicitar la resolución del contrato con la respectiva indemnización de perjuicios, incluso aunque dicha alternativa no se encuentre expresamente estipulada en el acuerdo de voluntades, de suerte que por ministerio de la ley opera una condición resolutoria tácita, incorporada al contrato a pesar de que las partes no la hayan convenido; eso sí, también pueden los contratantes —como aconteció en el asunto sub examine— pactar expresamente la resolución del contrato cuando alguna de ellas incumpla sus obligaciones, evento en el cual se estará en presencia del denominado pacto comisorio, figura que se encuentra consagrada en los artículos 1935 y 1937 del Código Civil para el contrato de compraventa, sin perjuicio de que pueda convenirse en otras modalidades contractuales.

En el anterior orden de ideas, la condición resolutoria, ora la aplicable por disposición de ley, ora la pactada expresamente por las partes para el evento en el cual tiene lugar el incumplimiento de lo pactado —pues no siempre las condiciones que determinan la resolución del contrato van de la mano con la inobservancia de alguna de las obligaciones asumidas por las partes—, supone que el hecho futuro e incierto se realiza cuando una de las partes no cumple en absoluto la obligación contraída o la cumple apenas parcialmente o, encontrándose vinculada por varias obligaciones, observa una de ellas y deja de lado el deber de honrar alguna de las demás(17); en todo caso, cumplida la condición a la cual aquí se alude, esto es acaecido el hecho del incumplimiento, el contrato no pierde su eficacia, sino que surge para el contratista cumplido y respecto de quien su co-contratante ha insatisfecho alguna prestación contractual, el derecho de optar por uno de los dos referidos caminos que la ley o el pacto le otorgan y exigir el cumplimiento del contrato o pedir su resolución, en ambos casos, con la respectiva indemnización de perjuicios, pero para ello resulta necesario incoar la respectiva acción judicial.

Ello comporta que las condiciones resolutorias anudadas al incumplimiento de las obligaciones contractuales, ni la denominada tácita ni la convenida por las partes, operan ipso iure sino que se hace menester deprecar su aplicación judicialmente, de suerte que aún ocurrido el incumplimiento, el contrato subsiste hasta tanto se profiera la correspondiente sentencia y, por lo mismo, hasta ese momento subsisten los actos de disposición realizados por las partes en ejecución del vínculo negocial(18); precisamente, dado que esta modalidad de condición resolutoria no opera de plano sino que resulta insoslayable acudir ante el juez del contrato para que declare la resolución del negocio jurídico, se ha señalado que en realidad el artículo 1546 del Código Civil no consagra una condición resolutoria tácita sino el derecho de resolución judicial del contrato(19).

Adicionalmente, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha ocupado de examinar cuáles son los principales presupuestos que determinan la operatividad de la resolución judicial del contrato para indicar (i) que si bien en principio la condición resolutoria encuentra terreno abonado para su aplicación, en principio, en los contratos sinalagmáticos, ello no constituye óbice para que también pueda ser empleada en negocios jurídicos unilaterales; (ii) que dicha resolución judicial del contrato presupone un incumplimiento culpable de sus obligaciones por alguna de las partes, para lo cual resulta necesario que la misma se encuentre en mora de satisfacer la prestación respectiva y (iii) que el demandante de la resolución del contrato debe haber cumplido cabalmente con las prestaciones contractuales a su cargo, de suerte que al co-contratante incumplido no le resulte jurídicamente viable invocar la exceptio non adimpleti contractus:

“En los precisos términos del artículo 1546 del Código Civil, tan solo los contratos bilaterales o sinalagmáticos(20) en los cuales existen obligaciones correlativas y entonces cada una de las partes es a la vez acreedora y deudora, serían susceptibles de extinguirse por vía de la acción resolutoria, no obstante, por excepción, nada impide que la acción resolutoria opere para algunos contratos unilaterales(21), tal como lo admite la doctrina nacional y extranjera(22).

Otro de los presupuestos que se deducen del artículo 1546 del Código Civil, para que se configure la condición resolutoria del contrato y se abra paso a la resolución o extinción del negocio jurídico, es el incumplimiento culposo del contratante que ha dejado voluntariamente de cumplir sus obligaciones, pues no habría lugar a ella en los eventos en que el incumplimiento se derive del acaecimiento de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

Sucede que el deudor tan solo se encuentra en situación de incumplimiento cuando ha retardado la satisfacción de sus obligaciones, una vez estas se hayan hecho exigibles, esto es, cuando se encuentra constituido en mora(23), bien que se trate de una obligación pura y simple o sometida a plazo o condición. En el primer evento la obligación es exigible desde el momento mismo de su nacimiento, en el segundo, una vez vencido el plazo o cumplida la condición. Ocurridos estos eventos sin que el deudor satisfaga la obligación, el acreedor podrá a su arbitrio ejercer la acción para que el deudor acuda al cumplimiento de sus obligaciones o solicitar al juez la resolución del contrato.

Resulta pertinente precisar que de conformidad con lo prescrito por el artículo 1608 del Código Civil, el deudor quedará constituido en mora en los siguientes eventos: en las obligaciones sometidas a plazo cuando llegado este, no se ha cumplido la obligación o cuando el deudor dejó pasar el tiempo dentro del cual debía cumplir la obligación de dar o hacer, no siendo posible cumplirla dentro de otro término y en los demás casos cuando el deudor ha sido reconvenido judicialmente.

También constituye presupuesto para la prosperidad de la acción resolutoria, que el actor esté libre de culpa, esto es, que no haya incurrido en incumplimiento de sus obligaciones, puesto que de lo contrario, estaría impedido para exigirle al deudor el cumplimiento de la obligación, toda vez que en virtud del principio según el cual, la mora purga la mora, consagrado en el artículo 1609 del Código Civil, al contratante demandado le asiste el derecho de proponer como medio de defensa la excepción de contrato no cumplido”(24).

Pues bien, la resolución judicial del contrato, tanto con fundamento en lo preceptuado por el artículo1546 del Código Civil, como con sustento en la aplicación de una específica estipulación negocial en la cual se haya pactado la correspondiente condición resolutoria, bien puede ser deprecada en relación con los contratos estatales a través del ejercicio de la acción de controversias contractuales consagrada en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo —CCA—, precepto que se caracteriza por la amplitud del objeto que puede constituir materia de los litigios que se promuevan ante el juez de lo contencioso administrativo mediante la utilización del mencionado cauce procesal, cuya estructura, contenido y alcances permiten que por intermedio suyo se formulen, de manera conjunta o autónoma, pretensiones anulatorias, declarativas, indemnizatorias, entre otras, como el propio tenor literal de la citada disposición, en su inciso primero, con claridad lo señala:

“ART. 87.—De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas” (destacadas añadidas).

Por lo demás, así lo ha indicado la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado:

“La resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, es aplicable a los contratos estatales con fundamento en el artículo 1546 del Código Civil, y podrá hacerse efectiva por vía de la acción de controversias contractuales, toda vez que el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo al consagrar la referida acción establece como finalidad de esta: i) la declaratoria de existencia o nulidad del contrato con sus consecuenciales declaraciones, condenas o restituciones; ii) que se ordene su revisión; iii) que se declare su incumplimiento; iv) que se condene a la indemnización de perjuicios y v) que se hagan otras declaraciones y condenas. Quiere, decir, que la declaratoria judicial de resolución del contrato por incumplimiento de una de las partes de la relación negocial, en virtud de la denominada condición resolutoria tácita, consagrada en el artículo 1546 del Código Civil, puede enmarcarse, sin reparo alguno, dentro de esta última finalidad prevista por la ley para el ejercicio de la acción contractual” (destacadas en el texto original)(25).

Naturalmente, el pronunciamiento judicial mediante el cual se declara la resolución del contrato estatal debe ocuparse de abordar todos los extremos que se derivan de dicha declaratoria, particularmente de lo que tiene que ver con los efectos que se desprenden de la misma, en relación con los cuales conviene recordar que si bien es verdad que mientras la condición resolutoria se encuentra pendiente —esto es que se desconoce si el hecho que la constituye se realizará, o no— el negocio jurídico que la incluye —de forma tácita o expresa, según se indicó— produce la plenitud de sus efectos, no es menos cierto que una vez el presupuesto fáctico en el cual la condición consiste tiene ocurrencia, la eficacia del acto cesa, no solamente para el futuro —efectos ex nunc— sino que también el pronunciamiento judicial que declara el acaecimiento del respectivo suceso y la consecuente resolución del contrato, cuando hay lugar a dicho pronunciamiento, está llamado a tener efectos retroactivos —ex tunc— y, por consiguiente, a conducir a la retroacción de aquellas situaciones que como consecuencia de la celebración del negocio jurídico hubieren llegado a producirse, siempre que ello resulte posible, asunto del cual se ocupa lo normado por los artículos 1544 y 1545 del Código Civil, en los siguientes términos:

“ART. 1544.—Cumplida la condición resolutoria, deberá restituirse lo que se hubiere recibido bajo tal condición, a menos que esta haya sido puesta en favor del acreedor exclusivamente, en cuyo caso podrá este, si quiere, renunciarla; pero será obligado a declarar su determinación, si el deudor lo exigiere.

“ART. 1545.—Verificada una condición resolutoria no se deberán los frutos percibidos en el tiempo intermedio, salvo que la ley, el testador, el donante o los contratantes, según los varios casos, hayan dispuesto lo contrario”.

Así las cosas, en el fallo mediante el cual el juez declare la resolución del contrato tendrá asimismo el deber de pronunciarse respecto de las restituciones mutuas a las cuales la aludida declaratoria pudiere dar lugar y habrá de definirse, entonces, cuáles serán los efectos que se deriven de la culminación del vínculo contractual tanto entre las partes que intervinieron en su celebración como en relación con terceros; frente a estos últimos —asunto que podría resultar de relevancia para el litigio sub examine, en el cual terceros adquirentes del bien inmueble objeto material de la controversia podrían verse afectados por lo que se resolviere en punto de la pervivencia del contrato de compraventa celebrado entre la Beneficencia de Cundinamarca y el Ideal en 1968— la determinación de los efectos de la resolución del contrato dependerá, en considerable medida, de la buena o mala fe con la cual dichos terceros hubieren obrado en el sentido de que, si hubieren adquirido de buena fe, esto es desconociendo o no pudiendo conocer la existencia de la condición resolutoria —por ejemplo porque tratándose de un bien sujeto a registro, como los inmuebles, dicha condición no se hubiere plasmado en la misma escritura pública de compraventa o no hubiere sido inscrita en el correspondiente registro—, los derechos que hubieren obtenido respecto de la cosa cuya dación se encontraba sujeta a la condición resolutoria subsistirían, mientras que si dichos terceros hubieren adquirido tales derechos conociendo o debiendo conocer la presencia de la condición, quedarían expuestos a las acciones de reivindicación o de extinción de los gravámenes que en su contra promovieren quienes pudieren tener derecho a ser restituidos a la situación en la cual se encontraban al tiempo de la celebración del negocio jurídico en el cual fue incluida la condición, de conformidad con lo preceptuado por los artículos 1547 y 1548 del Código Civil:

“ART. 1547.—Si el que debe una cosa mueble a plazo, o bajo condición suspensiva o resolutoria, la enajena, no habrá derecho de reivindicarla contra terceros poseedores de buena fe.

ART. 1548.—Si el que debe un inmueble bajo condición lo enajena, o lo grava con hipoteca o servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o gravamen, sino cuando la condición constaba en el título respectivo, inscrito u otorgado por escritura pública”(26).

Y por cuanto respecta a los efectos de la resolución judicial del negocio jurídico entre las partes del mismo, las reglas que gobiernan las restituciones mutuas a las cuales la aludida declaración del juez del contrato pudiere dar lugar, se han enunciado sucintamente y con acierto de la siguiente manera, con fundamento en lo preceptuado, en lo sustancial, por los artículos 1543 a 1547 del Código Civil:

“Efectos entre las partes. 1) Lo que estas hubieren dado o pagado pendente conditione queda sujeto a las reglas del pago de lo no debido, o sea que el solvens puede repetir contra el accipiens (art. 1544), desde luego, en cuanto tal repetición sea posible, v.gr., que el caballo vendido todavía exista al cumplirse la condición.

2) La pérdida o deterioro de las especies o cuerpos ciertos son riesgos que corren por cuenta de quien haya de recibirlos en restitución, en cuanto la pérdida o el deterioro no sean imputables al deudor, pues, si lo son, este queda obligado a indemnizar a aquel. Y, a la inversa, el acreedor a la restitución se aprovecha de los aumentos o mejoras de la cosa, sin estar obligado a dar más por ella (art.1543). Nótese que la ley a este respecto habla de aumentos y mejoras, pero no de las expensas necesarias que el deudor haya hecho para la conservación de la cosa, las cuales, por analogía y por equidad, le deben ser reembolsadas (art. 965).

3) Los frutos percibidos mientras pende la condición resolutoria, no deben ser restituidos (art.1545)”(27).

En el sentido de que la decisión judicial mediante la cual se declara resuelto el contrato estatal también debe ocuparse de examinar el mencionado extremo de las restituciones mutuas a las cuales hubiere lugar, igualmente se ha pronunciado la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en los términos que enseguida se traen a colación:

“Declarada por el juez la resolución del contrato por ocurrencia del incumplimiento de uno de los contratantes, el contrato se extingue no solo hacia el futuro, sino con efectos retroactivos, es decir, que las cosas se retrotraen al estado que tenían antes de su nacimiento como si el contrato no hubiere existido jamás, (efectos ex tunc) lo cual genera, como sucede con la declaratoria de nulidad absoluta del contrato, el deber de las restituciones mutuas, deber que en algunas situaciones se torna imposible de cumplir por sustracción de materia, como cuando el objeto del contrato es el arrendamiento, evento en el cual no puede devolverse el uso de la cosa arrendada; o en la construcción de una carretera, en que las obras no pueden restituirse al contratista, situaciones en las cuales se extingue la obligación de restitución. En esta clase de contratos en que la resolución del contrato opera solo para el futuro (efectos ex nunc), es decir, que no tiene efectos retroactivos, la figura se denomina resiliación o simplemente terminación”(28).

Descendiendo los anteriores planteamientos al caso concreto y habiéndose justificado ya en este proveído por qué razón los litigios derivados de la celebración, ejecución o cualquier otro aspecto relacionado con el contrato de compraventa contenido en la escritura pública 2281 otorgada el 19 de junio de 1968 ante la notaría segunda del Círculo de Bogotá, mediante el cual la Beneficencia de Cundinamarca vendió al Ideal el derecho de dominio y la posesión del lote de terreno, junto con las casas en él construidas, situado en la calle sexta números 10-48/58/66/76/84 y 86 de la nomenclatura urbana de la ciudad de Bogotá, dichos litigios, se itera, constituyen materia de la cual debe conocer el juez de lo contencioso administrativo, es lo cierto que esta jurisdicción, en general y esta Sala —debido a la vocación de doble instancia del asunto sub judice y a que el fallo impugnado a través de la interposición del recurso de alzada fue proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca—, en particular, cuentan tanto con jurisdicción como con competencia para pronunciarse respecto de la primera de las pretensiones elevadas por la parte actora en el libelo introductorio del proceso y para establecer, por consiguiente, si debe declararse, o no, la resolución judicial del negocio jurídico en mención, pronunciamiento que, en caso de reconocer vocación de prosperidad a lo deprecado en la demanda, igualmente deberá ocuparse de definir los efectos que habrían de derivarse de la terminación, por este concepto, del vínculo negocial, de suerte que sería necesario disponer lo que correspondiere en materia de restituciones mutuas tanto entre las partes como en relación con terceros, de acuerdo con los parámetros que se han dejado expuestos en precedencia.

A lo expresado en el párrafo anterior debe añadirse, por las razones que también fueron desarrolladas en este pronunciamiento, que la acción escogida por la parte actora es la idónea para deprecar del juez de lo contencioso administrativo que examine si se han configurado, o no, los presupuestos determinantes de que haya de declararse la resolución judicial del tantas veces aludido contrato de compraventa celebrado entre la entidad pública aquí demandante y el Ideal, dando aplicación a lo acordado por las partes en la cláusula novena del mencionado negocio jurídico, transcrita en la letra a) del acápite de pruebas del presente proveído.

En el anterior orden de ideas, los alcances de aquello que en relación con la primera de las pretensiones de la demanda tuviere que decidir esta Sala podrían comprender tanto la pervivencia en el mundo jurídico del varias veces referido contrato de compraventa celebrado entre la parte actora y el Ideal en 1968, como también, por vía de la adopción de las determinaciones a las cuales podría haber lugar en caso de accederse a la resolución del citado negocio jurídico, al contrato igualmente de compraventa que respecto del mismo inmueble celebraron con posterioridad el referido Ideal —ahora como vendedor— y el señor José Álvaro Sánchez Ortega —en condición de comprador— e, incluso, a posteriores transferencias del derecho de dominio respecto del bien objeto material del litigio, operaciones de cuya precisa ocurrencia, en todo caso, probatoriamente no se tiene constancia a través de material acreditativo idóneo en el presente encuadernamiento. Es decir que, por el anotado camino, tendría que ocuparse esta Sala del examen del negocio jurídico respecto del cual versa la segunda de las pretensiones elevadas con la demanda.

2.4.2 Pero, adicionalmente a lo anterior, la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en general y de esta Sala en particular, para ocuparse del estudio, de haber lugar a ello, de la segunda de las pretensiones de la demanda, esto es la de solicitud de declaratoria de nulidad de un negocio jurídico celebrado entre dos personas de derecho privado (el contrato de compraventa que respecto del tantas veces mencionado inmueble que constituye objeto material del presente litigio celebraron el Ideal —como vendedor— y el señor José Álvaro Sánchez Ortega —en condición de comprador— mediante escritura pública 7441 del 22 de diciembre de 1995 otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá) respecto del cual, en principio, el examen sobre su validez escaparía a la órbita de conocimiento de esta Jurisdicción, esa competencia deriva de la aplicación al asunto bajo estudio en esta sentencia, de la figura del fuero de atracción.

Por virtud de la figura en cuestión —el fuero de atracción—, como lo ha indicado la Sección Tercera del Consejo de Estado, la circunstancia de que algunos de los sujetos vinculados al proceso sean juzgados generalmente por el juez ordinario, no excluye la competencia de la jurisdicción especializada de lo contencioso administrativo, pues resulta suficiente que el demandante, previa exposición de suficientes fundamentos tanto fácticos como jurídicos, impute acciones u omisiones contra varios sujetos y que uno de ellos deba ser juzgado por la jurisdicción contenciosas, para que esta asuma la competencia, sin que resulte relevante que la sentencia finalmente absuelva al ente público. Así lo ha precisado la Sala en reiteradas providencias:

“(...) cuando un daño pudo haber sido causado o puede resultar imputable a una entidad pública y a uno o varios particulares, aquel arrastra a los particulares al proceso contencioso administrativo, sin perjuicio de que en la sentencia se absuelva o se condene solamente al ente oficial.

Cuando en la producción del daño se plantea una causa imputable a una entidad de derecho público, el juzgamiento corresponde a esta jurisdicción, aunque se prediquen otras causas atribuibles a una o varias entidades particulares, cuyo juez natural en principio lo es el ordinario, pero que en virtud del fenómeno procesal del fuero de atracción, pueden ser juzgadas por esta jurisdicción al haber sido demandadas con la entidad estatal.

En efecto, la tesis del fuero de atracción, permite que la jurisdicción de lo contencioso administrativo asuma el juzgamiento de una entidad que normalmente debe ser juzgada por la justicia ordinaria, siempre que sea demandada ante el contencioso administrativo junto con otra entidad cuyo juzgamiento sí corresponda a esta jurisdicción”(29).

En cuanto tiene que ver con los requisitos cuya concurrencia debe estar acreditada para que resulte procedente dar aplicación a la figura del fuero de atracción, la Sección Tercera del Consejo de Estado expresó lo siguiente:

“e) Ahora bien, en cuanto se refiere a la posibilidad de enjuiciar la responsabilidad del Hospital San Rafael, la Sala es enfática en destacar que a partir del fuero de atracción, la competencia para tales efectos corresponde a esta jurisdicción.

Sobre el particular, la jurisprudencia ha establecido, entre otros aspectos, lo siguiente:

“En virtud de dicha figura, al presentarse una demanda de forma concurrente contra una entidad estatal, cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, y contra otra entidad, en un caso en el que la competencia corresponde jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante la primera, la cual tiene competencia, entonces, para fallar acerca de la responsabilidad de las dos demandadas”(30).

“(...)

“Para la estructuración del fuero de atracción no es suficiente con que en la demanda se haga una simple imputación de responsabilidad a una entidad pública para que la contienda se resuelva mediante al procedimiento contencioso administrativo, porque en cada caso el juez debe examinar que la fuente del perjuicio esté relacionada en forma eficiente con las conductas que son de conocimiento del juez especializado, para entonces sí dar aplicación a dicha figura, ello sin perjuicio de que en la sentencia se absuelva o se condene solamente al ente oficial”(31)(32) (destacadas añadidas).

En el asunto sub judice resulta incuestionable que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para pronunciarse respecto de la pretensión primera de la demanda, atinente a la solicitud de declaratoria de resolución del contrato de compraventa celebrado entre la Beneficencia de Cundinamarca y el Ideal, por las razones que con antelación se han dejado expuestas en este proveído; tal circunstancia resulta suficiente, de acuerdo con los parámetros que se viene de referir, para que se abra paso la aplicación de la figura del fuero de atracción en relación con la segunda de las pretensiones elevadas en el libelo introductorio del litigio, en el sentido de que se declare la nulidad de un contrato de compraventa celebrado entre dos particulares, el Ideal y el señor José Álvaro Sánchez Ortega, en relación con el bien inmueble que constituye objeto material del presente litigio.

2.4.3 En cuanto tiene que ver con la tercera de las pretensiones formuladas en el libelo demandatorio, esto es la consistente en que se declare la nulidad de la escritura pública 6063 de 29 de diciembre de 2000, otorgada ante la notaría segunda del Círculo de Bogotá, mediante la cual la Beneficencia de Cundinamarca levantó la condición resolutoria que gravaba el bien inmueble que constituye objeto material del presente litigio y que había sido pactada en el contrato de compraventa mediante el cual, en 1968, la entidad pública en mención transfirió el derecho de dominio respecto de dicho bien al Ideal, estima necesario la Sala detenerse a examinar, rápidamente, la eficacia jurídica de las declaraciones efectuadas por el entonces gerente general de la Beneficencia de Cundinamarca en la aludida Escritura Pública Nº 6063 del 29 de diciembre de 2000, otorgada ante la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá, si se tiene en cuenta que, como se refirió en el apartado destinado a relacionar el material probatorio recaudado en el plenario, mediante Escritura Pública Nº 3936 del 20 de septiembre de 1978, otorgada en la notaría segunda del Círculo de Bogotá, la Beneficencia de Cundinamarca canceló la hipoteca que se constituyó en la plurimencionada escritura pública número 2281 del 19 de junio de 1968 respecto de los inmuebles que constituyeron objeto material del contrato de compraventa celebrado mediante este último instrumento público entre la entidad pública aquí demandante y el Ideal, pero, adicionalmente, en la cláusula cuarta de la referida escritura Nº 3936 del 20 de septiembre de 1978 se expresó que

“[H]abiendo cumplido el Instituto de Adaptación Laboral “Ideal”, satisfactoriamente con todas las obligaciones a favor de la Institución que los otorgantes representan, la declaran libre de toda responsabilidad personal por el concepto expresado; cancelan el gravamen hipotecario constituido a favor según la escritura pública número dos mil doscientos ochenta y uno (2.281) de diez y nueve (19) de junio de mil novecientos sesenta y ocho (1.968), otorgada en esta notaría y cancelan también la condición resolutoria que existía por no pago del precio en su totalidad, ya que, como queda dicho, se encuentra debidamente cancelado” (énfasis añadido; fls. 91-101, cdno. 1).

Vale la pena destacar, en todo caso, que la condición resolutoria en comento nunca fue inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria 50C-390626 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona centro, correspondiente al inmueble que en 1968 vendió la Beneficencia de Cundinamarca al Ideal, razón por la cual, en principio, los alcances de dicha estipulación no resultarían oponibles a terceros de buena fe —quienes al no poder constatar la existencia de dicha estipulación contractual en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, no tendrían por qué verse comprendidos por sus alcances, según precedentemente se explicó— y solo se desplegarían tales efectos en relación con las partes del contrato condicionado; en ese orden de ideas, al no encontrarse la aludida cláusula restrictiva inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria en mención, para que el levantamiento de la misma pudiera surtir efectos entre la Beneficencia de Cundinamarca y el Ideal bien podría considerarse que no resultaba menester recorrer el mecanismo de título y modo necesario para la consolidación de derechos reales o de restricciones a los mismos en relación con la propiedad inmueble —escritura pública debidamente inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente—, por manera que bastaba al efecto el pertinente acuerdo de voluntades entre las partes concernidas.

Y esa voluntad de las partes, especialmente la de la entidad aquí demandante, en cuyo favor se incluyó la respectiva condición resolutoria expresa en el contrato de compraventa contenido en la Escritura Pública Nº 2281 del 19 de junio de 1968 de la notaría segunda de Bogotá —al punto que con fundamento en dicha estipulación negocial se instauró la demanda en la cual se originó el presente litigio—, en el sentido de levantar la multicitada condición resolutoria que recaía sobre el inmueble de marras, se había manifestado ya, de forma inequívoca, en varias ocasiones anteriores y diferentes al otorgamiento de la escritura pública 3936 del 20 de septiembre de 1978, referida en precedencia.

Así pues, la decisión de aprobar el levantamiento de la condición resolutoria por parte de la Beneficencia de Cundinamarca, por solicitud que en tal sentido le formuló el Ideal, consta en el Acta 39 de la junta general de la Beneficencia de Cundinamarca, de fecha 21 de noviembre de 1972, aunque allí se condicionó, a su vez, dicho levantamiento, a que la fundación aquí demandada pagara la totalidad del precio de compra del inmueble y garantizara el destino de este a los fines que constituyen objeto social de Ideal (fls. 61-64, cdno. 1); este documento debe complementarse con el contenido del paz y salvo Nº 33, de agosto (sin día) de 1978, expedido por la sección de cobranzas de la Beneficencia de Cundinamarca, en el cual se dejó claro que el Ideal atendió al pago de la totalidad del precio de compra del inmueble de marras (fl. 30, cdno. 1).

Asimismo, la referida voluntad de levantar la condición resolutoria tantas veces mencionada aparece igualmente inequívoca en el oficio fechado el 22 de noviembre de 1972, dirigido por el entonces gerente general de la Beneficencia de Cundinamarca, al Instituto de Adaptación Laboral Ideal, en el cual aquel expresó, textualmente, que “nuestra junta general, en su sesión del 21 de los corrientes, estudió la solicitud formulada por ustedes para que se les autorizara vender los inmuebles que fueron materia de la compraventa según consta en la escritura pública 2281 otorgada el 19 de junio de 1968 en la notaría segunda de este circuito, y en consideración a las razones por ustedes expuestas, ha impartido su aprobación a tal solicitud”; en dicho documento, adicionalmente, el representante legal de la entidad pública aquí demandante expresó que “en el caso de que la venta que ustedes proyectan se realizare, la beneficencia concurriría a la firma de la correspondiente escritura pública a efecto de recibir directamente del comprador el valor que ese Instituto le adeuda” y que “[P]or otra parte, estudiaría en su oportunidad las fórmulas pertinentes para contar con la seguridad de la inversión del excedente del precio [en las actividades de interés social que constituyen objeto del Ideal], para cuyo efecto, muy atentamente les sugiero presentarnos un memorando sobre el particular” (fl. 72, cdno. 1).

De la ocurrencia de los acontecimientos que se acaban de describir se da cuenta, nuevamente, en la copia auténtica del Acta 9 de la junta general de la Beneficencia de Cundinamarca, correspondiente a la sesión de dicha junta realizada el día 18 de diciembre de 2000 (fls. 83-74, cdno. 1), al igual que en el concepto que emitió la oficina jurídica de la Beneficencia de Cundinamarca, calendado el 5 de diciembre de 2000, en el cual sin titubeos se asegura que “esta Dirección ignoraba que existía una sesión de la junta directiva general de la Beneficencia de Cundinamarca que se realizó el 21 de noviembre de 1972 en la cual los miembros de la misma por unanimidad le dieron viabilidad o visto bueno a la solicitud presentada por el Instituto de Adaptación Laboral Ideal para vender los inmuebles relacionados y pagarlos de contado, en concordancia con la cláusula 9ª de la escritura pública antes citada” (fls. 86-87, cdno. 1).

De este modo, para la Sala resulta claro que la condición resolutoria pactada en la escritura pública 2281 del 19 de junio de 1968 se levantó por parte de la Beneficencia de Cundinamarca a solicitud del Ideal, tanto a través de la formalidad de la escritura pública con el otorgamiento de la Nº 3936 del 20 de septiembre de 1978 de la Notaría Segunda de Bogotá, como incluso con antelación, como lo constatan los documentos a los cuales se acaba de hacer referencia y que revelan la inequívoca voluntad del establecimiento público demandante de hacer cesar los efectos de la reiteradamente aludida estipulación restrictiva, decisión que se ratificó con lo expresado en la citada escritura pública 3936 del 20 de septiembre de 1978 al corroborar que el Ideal había cumplido con sus obligaciones relativas tanto al pago del precio de compra del inmueble que adquirió de la Beneficencia como al destino que debía darse a dicho predio —o al producto de la venta del mismo—, que no podía ser otro que los fines de utilidad pública que constituyen el objeto social de la Fundación demandada. 

Lo expuesto evidencia, sin lugar a la menor hesitación, que la condición resolutoria en cuestión se extinguió, en la medida en que había sido levantada ya por la Beneficencia de Cundinamarca cuando esta entidad otorgó la Escritura Pública 6063 de 29 de diciembre de 2000, en la notaría segunda del Círculo de Bogotá, razón por la cual este instrumento público contiene declaraciones que, en relación con la pluricitada condición resolutoria, resultan jurídicamente inanes habida cuenta de que no produjeron efecto jurídico alguno y, por consiguiente, mal podrían catalogarse como manifestaciones de voluntad susceptibles de examen alguno sobre su validez por parte del juez de lo contencioso administrativo dentro de un proceso iniciado en ejercicio de la acción de controversias contractuales; sin embargo, la declaratoria de nulidad de la Escritura Pública 6063 de 29 de diciembre de 2000 constituye, precisamente, el propósito de la tercera de las pretensiones elevadas en la demanda, pretensión respecto de la cual, por consiguiente, habrá de proferirse decisión inhibitoria en la parte resolutiva del presente proveído comoquiera que no existe un acto o negocio jurídico que pueda constituir objeto de pronunciamiento alguno sobre su validez. 

En definitiva, la Sala deberá pronunciarse de fondo, en esta decisión, acerca de las pretensiones primera y segunda de la demanda, esto es, de un lado, la encaminada a que se declare la resolución del contrato de compraventa celebrado entre la Beneficencia de Cundimamarca y el Ideal mediante escritura pública 2281 del 19 de junio de 1968 y, de otro, la orientada, de modo subsidiario, a que se declare la nulidad del contrato de compraventa celebrado entre el Ideal y el señor José Álvaro Sánchez Ortega, mediante escritura pública 7441 del 22 de diciembre de 1995 otorgada en la notaría segunda del Círculo de Bogotá; solo en el evento en el cual alguno de los anteriores pedimentos cuente con vocación de prosperidad deberá la Sala abordar entonces el examen de la cuarta de las pretensiones incluida en el libelo inicial del proceso, consistente en que se indemnicen a la entidad estatal actora los perjuicios que le hubieren sido causados por el Ideal a raíz de la actitud que esta fundación asumió con ocasión de los hechos que dieron origen al presente encuadernamiento.

Para tal efecto, resulta menester examinar si la acción de controversias contractuales instaurada por la Beneficencia de Cundinamarca fue incoada oportunamente o, por el contrario, había caducado como lo declaró el tribunal administrativo a quo en el fallo objeto del recurso de apelación.

2.5 La caducidad de la acción de controversias contractuales instaurada en el presente caso.

2.5.1 La caducidad de la acción es una institución jurídico-procesal relacionada con el derecho de acceso a la administración de justicia, pues, tal como lo dispone el artículo 229 de la Constitución Política(33), toda persona se encuentra facultada para acudir ante las autoridades jurisdiccionales competentes a efectos de reclamar la materialización de sus derechos. Sin embargo, de acuerdo con los postulados de los principios de la prevalencia del interés general y de seguridad jurídica, el ordenamiento positivo ha establecido distintas normas relacionadas con el límite temporal para la efectividad del derecho de acción, esto es, de su caducidad.

Sin que se considere como una vulneración al derecho constitucional en comento y de acuerdo con los principios señalados, es necesario que el legislador disponga los límites temporales para que las personas reclamen la resolución de sus controversias a través del ejercicio del derecho de acción.

Lo anterior en razón a que, tal como lo ha expuesto la Corte Constitucional, con el acaecimiento de la caducidad se extingue la acción, esto es el derecho de acceder a la administración de justica. En el anotado sentido, la referida alta corporación expresó lo siguiente:

“La institución de esta clase de términos fijados en la ley, ha sido abundantemente analizada por la doctrina constitucional, como un sistema de extinción de las acciones, independientemente de las regulaciones consagradas a través de la figura jurídica de la prescripción extintiva de derechos’.

“Siempre se ha expresado que la caducidad es la extinción del derecho a la acción por cualquier causa, como el transcurso del tiempo, de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos.

(...)

“La ley establece un término para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas (CCA., art. 136), de manera que al no promoverse la acción dentro del mismo, se produce la caducidad. Ello surge a causa de la inactividad de los interesados para obtener por los medios judiciales requeridos la defensa y el reconocimiento de los daños antijurídicos imputables al Estado. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”(34) (negrilla fuera del texto original).

Según lo expuesto, la institución jurídica relacionada con el ejercicio de la acción en cuanto a su temporalidad es la caducidad, la cual opera por el mero trascurso del tiempo, por lo cual se estructura como de aplicación objetiva, pues bastará con establecer el ejercicio extemporáneo para que el derecho de acción se extinga. Además, se debe tener en cuenta que los plazos establecidos por el legislador al regular la caducidad son perentorios y, dada su naturaleza de norma de orden público (CPC., art. 6º(35)), también resultan indisponibles e irrenunciables, tan solo susceptibles de suspensión o de interrupción de manera excepcional por expresa consagración legal(36).

Comoquiera que los demandados han sostenido que en el presente asunto ha operado y han reclamado en varias de sus intervenciones a lo largo del proceso que se declare la ocurrencia del fenómeno de la prescripción respecto de la acción instaurada por la entidad estatal demandante, además de que el presente caso ofrece la particularidad consistente en que el contrato de compraventa que da origen al litigio se celebró en el año 1968, resulta pertinente traer a colación, por su utilidad para desatar la controversia sub examine, los planteamientos elaborados por la Sección Tercera del Consejo de Estado en relación con las singularidades y diferencias propias de las figuras de la caducidad y la prescripción, de un lado y, de otro, con los parámetros a tener en cuenta para aplicar los mencionados conceptos frente a casos —como el que en esta sentencia ocupa la atención de la Sala— en los cuales todos o algunos de los hechos relevantes para decidir acontecieron previamente a la entrada en vigor del Decreto-Ley 1 de 1984, primer estatuto de procedimiento contencioso administrativo que introdujo en el sistema jurídico colombiano regulaciones expresas en punto de la caducidad de las acciones contencioso administrativas:

“5.2. La caducidad y la prescripción.

Teniendo claro que la figura jurídica relacionada con el ejercicio extemporáneo de la acción es la caducidad, también se impone precisar su diferencia con la institución de la prescripción, fenómeno que declaró el a quo en el caso concreto. Para estos efectos la Sala acudirá al análisis expuesto al respecto en el auto proferido por esta Sección el 27 de mayo de 2004, que por su pertinencia se citará in extensum:

“Se debe tener en cuenta que la institución de la prescripción es diferente de la de caducidad, por lo cual las normas que regulan una institución no pueden aplicarse a la otra. La Corte Suprema de Justicia ha expuesto las diferencias entre caducidad y prescripción, afirmando lo siguiente.

‘(...) debe precisarse que si bien en la caducidad se ataca la acción y no el derecho, mientras que en la prescripción se extinguen, tanto la acción como el derecho, en ambos casos la ley atribuye este fenómeno al vencimiento de ciertos plazos en ella señalados sin que se ejercite la acción correspondiente, por lo que el acreedor que acepte la entrega de títulos valores, debe ceñirse no solamente al cumplimiento de los requisitos de índole formal, sino someterse a las condiciones de presentación para su cobro dentro de los términos que la ley impone (...).(37). (Se resalta).

‘Además, como igualmente lo ha predicado la Corte, la caducidad es “fenómeno relativo a la acción”, hasta el punto que algunos doctrinantes califican la no caducidad de la acción como uno de los presupuestos procesales de la demanda o memorial a través del cual incoa materialmente la acción, razón por la cual hallan justificación a normas como las consagradas por los artículos 85 y 383 inciso 3º del Código de Procedimiento Civil, autorizando el rechazo de plano de la demanda cuando elementalmente se verifica la caducidad (...).’(38).

“Así mismo, la Corte Constitucional ha entendido la caducidad como un sistema de extinción de las acciones, independiente de la regulación de la prescripción extintiva de derechos:

‘La institución de esta clase de términos fijados en la ley, ha sido abundantemente analizada por la doctrina constitucional, como un sistema de extinción de las acciones, independientemente de las regulaciones consagradas a través de la figura jurídica de la prescripción extintiva de derechos.

‘Siempre se ha expresado que la caducidad es la extinción del derecho a la acción por cualquier causa, como el transcurso del tiempo, de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos’(39).

“Sobre este punto, es necesario precisar que, como lo sostiene el profesor Fernando Hinestrosa, la prescripción se refiere al “modo de extinguirse los derechos por su no ejercicio durante cierto lapso (art. 2535)”(40) y no a la extinción de las acciones. Al respecto, el citado profesor afirma lo siguiente:

‘(...) no se remite a duda que la declaración de la prescripción implica inmediatamente la extinción de la pretensión correspondiente al derecho en cuestión. A lo que se agrega, que no se trata simplemente de privar al derecho de tutela (prescindir de la responsabilidad inherente al débito, dentro de la plenitud del concepto de obligación, sino de la afectación del derecho, esto es, de su extinción misma. O sea que más allá de la imposibilidad de hacer efectivo el derecho prescrito, lo que se tiene es su extinción. De ahí su efecto “liberatorio”.

(...).

‘Concretamente, el derecho nacional, lejos de limitar el alcance de la prescripción extintiva a las acciones, lo proyectó a los derechos (y no solo a los de crédito). Inclusive el artículo 1527 c.c., dentro de la disciplina de las denominadas “obligaciones naturales”, resalta el hecho de que las ‘obligaciones civiles [quedan] extinguidas por prescripción’”(41).

“Adicionalmente, en relación con sus efectos, la Corte Suprema de Justicia ha condensado las diferencias entre las dos instituciones, de la siguiente manera:

‘a) Aunque excepción de naturaleza perentoria, la prescripción debe ser propuesta o alegada por quien quiera aprovecharse de ella, pues no es susceptible de ser declarada de oficio (C.C., art. 2513 y C.J. art. 434). Es, por consiguiente, un medio de defensa al alcance de la parte demandada, lo que quiere decir que no puede operar sino cuando se ha conformado la relación procesal, o sea una vez que se promueva la acción y el adversario se propone extinguirla por tal vía. De ahí que la prescripción extintiva no tiene cabida sino ope exceptionis.

‘Por el contrario, la caducidad puede ser declarada de oficio por el juez, pues sería inadmisible que vencido el plazo señalado por la ley para el ejercicio de la acción o del recurso, sin embargo, se oyera al promotor de la una o del otro. Aparecen como ejemplos de estas caducidades los términos señalados en el Código de Procedimiento para el cumplimiento de ciertos actos, la interposición de recursos etc., los cuales no pueden producir resultados de ningún género si no se cumplen dentro de la oportunidad prevista, pues de otro modo se surte con respecto a ellos un efecto preclusivo. En este sentido la caducidad opera ipso iure, vale decir que no es necesario instancia de parte para ser reconocido.

‘b) La prescripción es renunciable de modo expreso y tácito, en las condiciones previstas en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil. La caducidad no lo es nunca, lo cual se explica por la naturaleza de orden público que en esta última tiene el término preestablecido por la ley positiva para realización del acto jurídico.

‘c) Los términos de prescripción admiten suspensión y pueden ser interrumpidos. Es la regla general que domina el fenómeno, si bien es cierto que algunas prescripciones breves - las señaladas en los artículos 2542 y 2543 - corren contra toda clase de personas y no son, por tanto, susceptibles de suspensión. Pero tal circunstancia no altera ni disminuye la diferencia apuntada, puesto que los plazos de caducidad no comportan jamás la posibilidad de ser ampliados por medio de la suspensión y deben ser cumplidos rigurosamente so pena de que el derecho la acción se extinga de modo irrevocable. La interrupción de la prescripción impide que esta se produzca. En la extintiva o liberatoria la interrupción civil por la notificación judicial de la demanda hace legalmente eficaz el ejercicio del derecho o de la acción.

‘Con respecto a la caducidad no puede hablarse de interrupción, desde luego que en el mismo supuesto la presentación de la demanda dentro del término preestablecido es el ejercicio mismo de la acción, el adecuado acomodamiento al precepto que instituye el plazo.

‘d) La prescripción corre o empieza a contarse desde que la obligación se hace exigible lo que implica siempre la existencia de una obligación que extinguir (art. 23325, inc. 2º).

‘La caducidad por el transcurso del tiempo no lo supone necesariamente, ya que la consagra la ley en forma objetiva para la realización de un acto jurídico o un hecho, de suerte que el plazo prefijado solo indica el límite de tiempo dentro del cual puede válidamente expresarse la voluntad inclinada a producir el efecto de derecho previsto’(42).

“La diferencia entre las dos instituciones merece mantenerse, como lo señala el profesor Fernando Hinestrosa:

‘Pero, desde el punto de vista práctico, lo más importante resulta ser la distinción concreta entre caducidad y prescripción, para cuyo esclarecimiento lo que menos pudiera pensarse es en unificar las figuras y darle a la prescripción el tratamiento de la caducidad.

(...).

‘Así, a mi juicio, sostener que por cuanto “serían idénticos los efectos procesales de una y otra figura”, caso de que, ‘respetando las diferencias teóricas entre prescripción extintiva y caducidad, se solucionaría de un tajo el problema estableciendo que la prescripción extintiva la puede reconocer de oficio el juez (López Blanco. Instituciones de derecho procesal civil colombiano, cit, pág. 476), implica, de una parte asimilar el efecto a su razón de ser, desatender la función propia de cada una de las figuras y, en últimas, sobre una afirmada, que no cierta, modernidad, desarticular el sistema de la prescripción’(43) (Se resalta)

“Sintetizando, las diferencias que separan las dos instituciones, de acuerdo con la jurisprudencia citada, son, entonces, las siguientes: La caducidad se refiere a la extinción de la acción, mientras que la prescripción a la del derecho; la primera debe ser alegada, mientras que la caducidad opera ipso iure; la prescripción es renunciable, mientras que la caducidad no lo es, en ningún caso, y mientras que los términos de prescripción pueden ser suspendidos o interrumpidos, los de caducidad no son susceptibles de suspensión, salvo expresa norma legal, como es el caso de la conciliación prejudicial establecida en la Ley 640 de 2001.

“Queda claro, pues, que se trata de dos figuras que regulan fenómenos diferentes y, que, en consecuencia, no es posible aplicar las normas que regulan la prescripción a la caducidad, o viceversa. Estas premisas permiten concluir que el artículo 41 de la Ley 153 de 1887 no es aplicable al presente caso, dado que dicha disposición solo se refiere a los términos de prescripción y no a las de caducidad”(44).

Según lo exponen la jurisprudencia y la doctrina, la caducidad de la acción puede y debe ser declarada oficiosamente por el juez, previa verificación del vencimiento del término establecido en la ley para el ejercicio de la respectiva acción”(45) (destacadas añadidas).

En la misma providencia que se acaba de citar, la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló y explicó algunas subreglas a tener en cuenta para el cómputo de los términos de caducidad de las acciones contencioso administrativas reguladas en el Decreto-Ley 1 de 1984 cuando los presupuestos fácticos de los casos a resolver hubieren tenido ocurrencia, total o parcialmente, con antelación a la entrada en vigor del aludido cuerpo normativo, parámetros que se reiteran en la presente providencia y que se transcriben in extenso a continuación, por su pertinencia para resolver el asunto aquí en estudio:

“5.3. La caducidad frente a la transición normativa – El caso concreto.

En este punto es imperioso recordar que con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1 de 1984 (actual Código Contencioso Administrativo), esto es, al 1º de marzo de 1984, no existía en el ordenamiento jurídico colombiano norma alguna que regulara, de manera expresa, la caducidad de la acción contractual, por ello, en relación con la temporalidad para ejercer las acciones judiciales se acudía a las disposiciones contenidas en el Código Civil (norma general en la materia para esa época), el cual, en su artículo 2536 (antes de la modificación introducida por el artículo 8º de la Ley 791 de 2002(46) ), establecía un término de “prescripción” de 20 años para la acción ordinaria(47); conviene entonces recordar el contenido original del artículo 2536, desde luego teniendo presente la precisión conceptual anteriormente expuesta, en cuanto a la importante diferencia que existe entre la caducidad y la prescripción:

“La acción ejecutiva se prescribe por diez años, y la ordinaria por veinte.

“La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de diez años, y convertida en ordinaria durará solamente otros diez.” (negrilla fuera del texto).

Con la expedición del Decreto 1 de 1984 se estableció la primera norma especial relacionada con la acción de controversias contractuales que se ventila ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la cual consagró en su artículo 164 inciso 7º, un término de caducidad de dos años para su ejercicio, plazo que deberá computarse a partir de la expedición del acto o de la ocurrencia de los hechos que dieran lugar a la reclamación(48).

Ahora, pese a que posteriormente se profirieron otras normas sobre la materia (D. 2304/89, art. 23(49); L. 80/93, art. 55(50), ya derogado, y Ley 446 de 1998, artículo 44(51)), la Sala, por considerar que tanto los hechos objeto de la reclamación como el conocimiento del daño por parte de los actores, corresponden a circunstancias fácticas que acaecieron con anterioridad a la expedición de la norma sobre caducidad de la acción (abr. 6/83), pero que, no obstante, la demanda se presentó mucho tiempo después de su entrada en vigencia (ago. 31/95), examinará los efectos producidos por dicho tránsito normativo, a la luz de la jurisprudencia sentada al respecto por esta sección(52), la cual en sentencia de 25 de octubre de 1991, radicado 6103(53), expuso:

“c) El tema de las acciones contractuales en el proceso contencioso administrativo, presenta históricamente dos épocas bien distintas, en punto tocante con la figura de la caducidad de las mismas. En efecto, antes del Decreto 1 de 1984 el legislador colombiano no había previsto dicha institución para el campo contractual administrativo y, por lo mismo, mal pueden hacerse elucubraciones, para entonces, alrededor de dicho tema; se repite, por falta de previsión legal sobre tal aspecto. Por el contrario, a partir de la vigencia del Decreto 1 de 1984 (mar. 1/84), por clara determinación del inciso 7º del artículo 136, se estableció el fenómeno de la caducidad para las acciones derivadas del contrato administrativo en dos años, contados desde la expedición de los actos o desde la ocurrencia de los hechos que originen la reclamación del contratista.

“Lo anterior está significando que demandas presentadas con anterioridad al 1º de marzo de 1984, originadas en contratos no admiten discusión sobre existencia o inexistencia de caducidad de tales acciones; demandadas originadas en actos o hechos relacionados con contratos administrativos ocurridos antes del 1º de marzo de 1984, pero no presentadas hasta entonces, se rigen por el fenómeno de la caducidad de la acción contractual, prescrito por el artículo 136 inciso 7º del Código Contencioso Administrativo, por cuanto esta disposición de naturaleza eminentemente procedimental tiene efecto inmediato y entra a regular aspectos que no se hubieren consolidado o consumado antes de esa fecha; y, más obvio, aún, resulta concluir que los actos y hechos relacionados con contratos administrativos, cuya ocurrencia tuvieren lugar del 1º de marzo de 1984 en adelante, sus acciones se verán indefectiblemente gobernadas por el referido fenómeno de la caducidad.

“(...)

“La Sala acepta que lo ocurrido y demandado con anterioridad al 1º de marzo de 1984, en materia contractual administrativa, no puede ser tratado bajo la óptica de la caducidad. Pero, insiste en que lo ocurrido con anterioridad a esa fecha y demandado con posterioridad, no es ajeno al tema central de este debate, o sea, al de la caducidad.

“f) Hizo bien el a quo al no aplicar el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, por cuanto tal preceptiva está referida al tema de la prescripción, fenómeno que como quedó visto atrás difiere esencialmente de las acciones. En otros términos, por tratarse de dos materias bien distintas, no puede tener cabida aquella disposición legal que reiteradamente invoca el recurrente, para concluir que gozaba de veinte (20) años para deprecar las pretensiones principales de su demanda.

“g) Con posterioridad al 1º de marzo de 1984, respecto a las demandas originadas en controversias contractuales, coexisten las dos figuras de la caducidad de las acciones y de la prescripción extintiva o liberatoria de los derechos y obligaciones nacidos del contrato. Pero cada una de estas figuras presentan su propia fisonomía, su propia regulación y finalidades bien distintas, sin que sea posible entremezclarlas a manera de híbrido jurídico”(54). (Resalta la Sala).

La providencia en cita concluye, tal como ahora se reafirma, que la norma sobre caducidad en materia de lo contencioso administrativo, introducida al ordenamiento jurídico por el artículo 136 del Decreto 1º de 1984, es de aplicación inmediata y cobija a todas aquellas circunstancias objeto de la reclamación judicial que, pese a que tuvieren ocurrencia con anterioridad a su vigencia (mar. 1º/84), fuesen demandadas con posterioridad a esa fecha.

La Sala reitera en esta oportunidad el criterio jurisprudencial expuesto en diversas providencias de esta Sección(55), según el cual, las normas relacionadas con la institución jurídica de la caducidad son de naturaleza procesal y, por consiguiente, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887(56), son de aplicación inmediata.

A lo anterior se suma la consideración, igualmente acogida por la jurisprudencia, consistente en señalar que el artículo 40 —antes mencionado— se complementa con el artículo 38 de la misma Ley 153 de 1887, según el cual los contratos se rigen por las disposiciones existentes al momento de su celebración, excepto en relación con aquellas encaminadas a regular el ejercicio de la jurisdicción para que se resuelvan las controversias y se declaren los derechos de las partes contractuales(57), es decir que los contratos siempre se regirán por las disposiciones sustanciales vigentes al momento de su celebración, pero en cuanto a las normas de orden procesal deberán mirarse en cada caso las que se encuentren vigentes, pues estas son de aplicación inmediata, desde luego, teniendo en cuenta que el artículo 40 estableció dos excepciones en las cuales hay lugar a aplicar la norma procesal anterior: i) en aquellos eventos cuyos términos ya hubieren empezado a correr y ii) respecto de las actuaciones y diligencias ya iniciadas(58).

De conformidad con lo anterior, en el caso concreto, la Sala constata, en primer término, que los hechos o circunstancias alegados por la parte demandante y que —de acuerdo con la demanda— configurarían el incumplimiento contractual, fueron advertidos el 6 de abril de 1983, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia del artículo 136 del Decreto 1º de 1984 (mar. 1º/84); en segundo lugar, advierte que la demanda a través de la cual se solicitó pronunciamiento judicial al respecto se interpuso el 31 de agosto de 1995, es decir, aproximadamente once (11) años y medio después de entrar en vigencia la norma aludida supra.

Así pues, dado que las normas sobre caducidad son de naturaleza procesal y, por ende, su aplicación es inmediata, la Sala concluye que la disposición contenida en el artículo 136 del Decreto 01 de 1984 —original—, relacionada con la caducidad de la acción de controversias contractuales, cobijó todos los actos y hechos que generaron controversias de ese orden que acaecieron con anterioridad al 1º de marzo de 1984, en cuanto con anterioridad a esa fecha no se hubiere presentado la correspondiente demanda judicial.

Bajo esta perspectiva, se tiene que los dos años consagrados en el inciso 7º del texto original del artículo 136 del Decreto 1º de 1984, como término de caducidad de la acción contractual, comenzaron a computarse a partir del 1º de marzo de 1984, luego, los actos o hechos que generaron controversias de orden contractual con anterioridad al 1º de marzo de 1984 y que a esa fecha no se hubieren demandado, tuvieron un plazo de caducidad de dos años para incoar la respectiva acción judicial, esto es, hasta el 1º de marzo de 1986, de lo contrario, es preciso concluir que la respectiva acción caducó.

Según lo expuesto, teniendo en cuenta que en el sub lite los hechos objeto de la reclamación fueron advertidos el 6 de abril de 1983 y que, además, el término de caducidad para que fueran alegados ante la jurisdicción a través de la acción de controversias contractuales corrió desde el 1º de marzo de 1984 hasta el 1º de marzo de 1986, sin que durante ese tiempo se hubiere interpuesto la respectiva demanda, la Sala concluye que la acción de controversias contractuales incoada por la parte demandante el 31 de agosto de 1995, ya se encontraba caducada para esa fecha”(59) (destacadas añadidas).

2.5.2 Descendiendo al presente caso concreto, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 136-10 del Código Contencioso Administrativo, en la redacción dada a dicha disposición por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 —norma vigente a la fecha de presentación de la demanda con la cual se dio inicio al presente proceso—, “[E]n las [acciones] relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia apelada, declaró probada la excepción de caducidad y, con base en ello, negó las súplicas de la demanda por considerar que los contratos de compraventa cuya anulación se solicitó por la parte actora fueron perfeccionados mediante escrituras públicas otorgadas durante los días 19 de junio de 1968 y 22 de diciembre de 1995, razón por la cual el libelo introductorio del proceso, presentado el 24 de septiembre de 2001, fue radicado por fuera del término de caducidad de dos años al cual se ha hecho alusión.

A su turno, el apoderado de la Entidad pública demandante, en el escrito contentivo del recurso de apelación expresó que, en su sentir, el día 29 de diciembre de 2000, fecha en la cual se otorgó la escritura pública 6063 en la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá, mediante la cual se levantó la condición resolutoria que recaía sobre el bien inmueble objeto material de la presente controversia, debe ser tomado como referencia para computar el término de caducidad de la acción de controversias contractuales toda vez que la condición resolutoria inicialmente pactada permaneció vigente hasta el mencionado día —29 de diciembre de 2000, se reitera—, por manera que “resultaba ilógico pretender que se demandara por parte de la Beneficencia de Cundinamarca la resolución del contrato con antelación a tal fecha”, más aún si se tiene en cuenta que en el presente caso se hace necesario —según lo entendió el impugnante del fallo de primera instancia— “establecer una secuencia lógica de los negocios jurídicos celebrados sobre el mismo inmueble, con una condición resolutoria vigente y permanente hasta el día 29 de diciembre de 2000, fecha desde la cual empezó a correr el término de caducidad de la acción contractual”, la cual, entonces, fue presentada oportunamente el día 24 de septiembre de 2001.

No puede compartir la Sala los argumentos expuestos por el apoderado de la Beneficencia de Cundinamarca por la potísima y contundente razón de que, como ya lo explicó la Sala en esta providencia para justificar la decisión de declararse inhibida para efectuar pronunciamiento alguno de fondo respecto de la legalidad de las manifestaciones contenidas en la escritura pública 6063 del 29 de diciembre de 2000, otorgada en la notaría segunda del Círculo de Bogotá, la condición resolutoria pactada en la escritura pública Nº 2281 del 19 de junio de 1968 la levantó parte de la Beneficencia de Cundinamarca a solicitud del Ideal, a través de la escritura pública 3936 del 20 de septiembre de 1978 de la Notaría Segunda de Bogotá, más allá de que incluso con antelación a esta última fecha, de la propia Beneficencia de Cundinamarca habían emanado varias comunicaciones que palmariamente reflejaban su intención de extinguir la mencionada condición resolutoria, documentos a los cuales se hizo alusión en el referido segmento del presente pronunciamiento.

Dichos documentos, en el sentir de la Sala, resultan reveladores de la inequívoca voluntad del establecimiento público demandante de hacer cesar los efectos de la condición resolutoria en cuestión, como se ha dicho, incluso antes de que se otorgara la citada escritura pública 3936 del 20 de septiembre de 1978, instrumento este a cuyo otorgamiento se arribó, según lo que en el mismo expresó el entonces representante legal de la Beneficencia, al corroborar que el Ideal había cumplido con sus obligaciones relativas tanto al pago del precio de compra del inmueble que adquirió de esa entidad pública como al destino que debía dar a dicho predio —o al producto de la venta del mismo—, que no podía ser otro que el de satisfacer los fines de utilidad pública que constituyen el objeto social de la Fundación demandada, según se expresó en la cláusula cuarta del instrumento público en mención, en la cual puede leerse “[Q]ue habiendo cumplido el Instituto de Adaptación Laboral “Ideal” satisfactoriamente con todas las obligaciones a favor de la Institución que los otorgantes representan, la declaran libre de toda responsabilidad personal por el concepto expresado” —fl. 92, vto., cdno. 1—.

2.5.3 Resulta evidente la ambivalencia en el obrar de la Beneficencia de Cundinamarca en el presente caso, lo cual arroja serias dudas respecto de los alcances que dicha Entidad ha atribuido, en diferentes momentos, a la cláusula novena del contrato de compraventa contenido en la escritura pública 2281 del 19 de junio de 1968, en la cual se pactó la condición resolutoria en la que se fundó el establecimiento público demandante para incoar la acción de controversias contractuales que dio inicio a este proceso; al respecto y como lo ha indicado esta Sala en precedente ocasión(60), debe tenerse en cuenta que el sistema jurídico colombiano, siguiendo en esta materia la tendencia generalizada en ordenamientos como el francés, el español o el chileno, ante las discrepancias que pudieren presentarse entre la voluntad real de los contratantes y su declaración vertida en el contrato mismo, se ha decidido por conferir prevalencia al querer o a la intención real de las partes por sobre el contenido —aunque contradictorio con dicha voluntad o eventualmente impreciso, oscuro o incompleto— de la declaración, sin perjuicio de reconocer que de lo manifestado por las partes en el contenido expreso del negocio jurídico, sin duda también se desprenden para ellas efectos vinculantes.

La anotada primacía de la intención perseguida por los sujetos contractuales respecto de su expresión material deriva directamente del postulado mismo de la autonomía de la voluntad si se tiene en cuenta que quizás la principal razón de ser de los actos jurídicos estriba en la imposibilidad, para el Legislador, de regular en su integridad todas las relaciones que se tejen en la vida social y/o en el tráfico jurídico, por manera que no le queda más remedio que exhortar a los particulares para que ellos contribuyan voluntariamente en esa función reguladora; por lo anterior se asegura que el elemento verdaderamente relevante en las actuaciones jurídicas de las personas es la voluntad real que las anima, más que la apariencia material que resulta de su exteriorización y que se plasma en el contrato, consideración esta que justifica el aforismo en virtud del cual la voluntad es la sustancia de los actos jurídicos, de suerte que siempre que se establezca la discordancia entre el tenor literal o verbal de la declaración y la voluntad real de los sujetos en ella intervinientes, esta última debe ser preferida por el intérprete al tratar de aplicar el acto o de deducir sus alcances o sus efectos(61).

La indudable acogida de este planteamiento en el Código Civil Colombiano ─C.C.─ se desprende tanto de la consagración de toda una batería de herramientas encaminadas a permitir al intérprete la identificación del querer de las partes en la relación negocial —artículos 1618 a 1624—, como de la importancia que se reconoce al consentimiento, a la voluntad o la intención entre los requisitos exigidos para la existencia e incluso para la validez de los actos jurídicos en general —artículo 1502 C.C.(62)— y, muy especialmente, de la contundente afirmación y regla de hermenéutica contenida en el artículo 1618 del cuerpo normativo en cita, en el sentido de que “conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”; de ahí que se haya subrayado que la interpretación de los contratos, aún cuando guarda innegables paralelismos con la interpretación de las leyes en la medida en que ambas apuntan a disipar dudas o a deshacer ambigüedades, difiere sustancialmente de esta habida consideración de que debe enfocarse en la búsqueda de elementos invariablemente subjetivos como son los que conectan con la intención, el querer o la voluntad real de los contratantes:

“De la misma manera que existen reglas que presiden y disciplinan la interpretación de las normas jurídicas (...), tienen que existir reglas que gobiernen la interpretación de los contratos. Sin embargo, mientras la tarea del intérprete —suele decirse—, en cuanto a la interpretación de las normas jurídicas, debe limitarse a liberarlas de dudas y oscuridades, siendo por tanto una interpretación esencialmente objetiva, la tarea de quien interpreta un contrato es más ardua y compleja porque además de eliminar las eventuales dudas y ambigüedades del contrato, debe tratar de encontrar la concreta voluntad de las partes contratantes, por lo cual la interpretación del contrato ha de cumplir una función que es al mismo tiempo objetiva y subjetiva.

La interpretación de las normas es siempre una atribución de sentido y de significación a algo que por su naturaleza se presenta como una formulación abstracta de un deber ser jurídico. La interpretación de un contrato es por el contrario interpretación de un supuesto de hecho concreto que es un comportamiento humano.

La interpretación del contrato tiene con todo una función análoga a la función de interpretación de las normas. Se trata de reconstruir el pensamiento y la voluntad de las partes considerado en su combinación y de atribuir sentido a las declaraciones realizadas por los contratantes. La interpretación es así una tarea de indagación de la concreta “intención” de los contratantes (...), pero es también una tarea de atribución de “sentido” a la declaración.

(...).

En tema de interpretación, ello lleva a la conclusión de que mientras la interpretación de la ley debe estar orientada en su orden a su ratio general, la interpretación de la regla contractual debe hacerse en una conexión mayor con el propósito de sus autores, entre quienes va a surtir su efecto obligatorio”(63) (destacadas añadidas).

Las reglas de interpretación de los contratos, obligatorias para el juez en la medida en que el ordenamiento jurídico pretende que la voluntad de las partes ─y no la del intérprete─ sea escrupulosamente respetada al momento de aplicar o de establecer los alcances del acto o negocio del cual se trate(64), se encuentran consagradas, como se ha expresado, en el Código Civil y resultan aplicables a la contratación estatal especialmente en casos como el sub judice, en el cual el contrato de compraventa que originó la controversia se celebró en el año 1968, bajo la égida de las disposiciones de la mencionada codificación civil y antes de que se expidiera el primer estatuto de contratación Estatal en Colombia —Decreto Extraordinario 150 de 1976—, aun cuando en la actualidad dicha aplicación de los criterios de interpretación en comento resulta igualmente imperativa por virtud de lo normado en el inciso primero del artículo 13 de la Ley 80 de 1993(65).

Las referidas reglas de interpretación son aquellas que se hallan previstas entre los artículos 1618 y 1624 del Código Civil y de ellas resultan de especial interés para el asunto sub examine las contenidas en los artículos 1618 y 1622 ejusdem, del siguiente tenor literal:

“ART. 1618.—Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras.

“ART. 1622.—Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad.

Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia.

O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra parte”.

Los preceptos que se han dejado transcritos no hacen cosa distinta que plasmar, en el derecho positivo colombiano, que una de las herramientas hermenéuticas de más importante valía y utilidad es la denominada interpretación auténtica, la cual supone —nuevamente en claro paralelismo con la interpretación auténtica de la ley, realizada por el propio legislador— que la hermenéutica o la aplicación que las mismas partes han dado al clausulado del contrato, sobre cuyo significado o alcance controvierten con posterioridad, debe preferirse respecto de la que pueda resultar de cualesquiera otros hechos o circunstancias; así pues, la interpretación auténtica puede operar por la vía de la celebración de un nuevo negocio jurídico o de la realización de una nueva declaración de voluntad encaminados expresamente a fijar o a aclarar el sentido que buscaban dar las partes a una declaración original o a algunas de las disposiciones de esta, aun cuando dicha interpretación, auténtica también, generalmente deriva del comportamiento de las partes, anterior, concomitante o posterior a la declaración de voluntad, si se tiene en cuenta que “[G]eneralmente no aparecerá esta interpretación auténtica por medio de palabras escritas, sino con la observación de lo que las partes han hecho; pero la manera como han procedido a ejecutar prácticamente el convenio determinará la inteligencia que le han dado y que deberá seguirse dándole”(66).

En ese orden de ideas, este criterio de interpretación del contrato subraya que probablemente no habrá mejor alternativa hermenéutica respecto del contenido de la declaración para escudriñar en la intención de las partes al formularla, que el comportamiento que ellas mismas hayan observado durante su ejecución, por lo cual según las voces de lo normado en el inciso tercero del artículo 1622 Código Civil, cabe interpretar el alcance de las cláusulas contractuales “por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con la aprobación de la otra parte”; esto no significa nada distinto que reconocer que “[L]a ejecución que se ha dado a la cláusula, cuyo sentido hoy se controvierte, es su interpretación viva y animada (...)”(67). Se trata, entonces, de asumir el comportamiento de las partes como criterio interpretativo o de la existencia del denominado “comportamiento interpretativo”:

“El conjunto de actos realizados por las partes en ejecución del contrato posee un indudable valor como medio hermenéutico, en razón de lo que puede llamarse un principio de coherencia y de continuidad de la voluntad contractual en la fase de formación del contrato y en la fase de ejecución del mismo.

(...).

En todos estos casos en que la interpretación se realiza a través de los actos de las partes, puede hablarse en rigor de un “comportamiento interpretativo”. Para que pueda hablarse de un “comportamiento interpretativo” ─dice Mosco─ hace falta que los actos en cuestión sean relevantes en relación con la voluntad contractual que de ellos ha de deducirse y con el sentido del contrato que de ellos se trata de obtener y, además, que sean actos comunes a ambas partes o que, si han sido ejecutados por una sola de ellas, lo hayan sido con la aceptación o la aquiescencia de la otra”(68).

2.5.4 A juicio de la Sala, la interpretación auténtica que tanto la Beneficencia de Cundinamarca como el Ideal dieron a los alcances y a la eficacia de la cláusula novena del contrato de compraventa contenido en la escritura pública 2281 del 19 de junio de 1968, tanto a través de los comportamientos que en ejecución del contrato asumieron, como también por medio de las manifestaciones de voluntad que documentalmente realizaron, fundamentalmente a través del otorgamiento de la escritura pública Nº 3936 del 20 de septiembre de 1978 —mediante la cual se levantó expresamente la condición resolutoria estipulada en la referida cláusula novena de la escritura 2281 del 19 de junio de 1968—, permiten arribar a las siguientes conclusiones:

— La mencionada condición resolutoria fue incluida en el contrato de compraventa en cuestión con el propósito de garantizar que el Ideal, por una parte, cumpliría con el pago de la totalidad del precio pactado y, por otra, que destinaría el inmueble objeto material del contrato a los fines de utilidad pública que constituyen el objeto social de la Fundación aquí demandada;

— El Ideal manifestó expresamente a la Beneficencia de Cundinamarca su voluntad de enajenar el mencionado inmueble, para lo cual solicitó autorización a la Beneficencia de Cundinamarca a fin de no transgredir la restricción que para tal efecto pudiere derivarse de la anotada condición resolutoria; la entidad demandante no solo conoció, sino que también expresa y previamente autorizó la venta, manifestando por escrito, a través de documentos públicos que obran en el expediente —pero, especialmente, de la multicitada escritura pública Nº 3936 del 20 de septiembre de 1978—, que levantaba la restricción derivada de la estipulación restrictiva en mención, siempre que se pagara la totalidad del precio de compra por parte de Ideal y que se mantuviera la referida destinación del inmueble;

— La Beneficencia de Cundinamarca encontró que estas últimas exigencias habían sido plenamente satisfechas por el Ideal y, como consecuencia de ello, decidió levantar la condición resolutoria de marras mediante el otorgamiento, en la notaría segunda del Círculo de Bogotá, de la pluricitada escritura pública Nº 3936 del 20 de septiembre de 1978, la cual no deja duda alguna respecto de cuál era el propósito que las partes habían conferido a la aludida cláusula contractual pactada en el negocio de compraventa que se celebró en 1968 y de que ese propósito —el pago del precio y el destino del inmueble o del producto de su venta al objeto social de Ideal— se había cumplido a cabalidad, lo cual hizo innecesario mantener la eficacia de la tantas veces referida estipulación.

Si todo lo anterior resulta tan claro como la prueba documental recaudada en el plenario permite indubitablemente constatarlo, para esta Sala resulta absolutamente incomprensible, de un lado, que con evidente transgresión de los postulados derivados de los principios de eficacia, de economía y de coordinación administrativa, la Beneficencia de Cundinamarca hubiera otorgado la escritura pública Nº 6063 del 29 de diciembre de 2000, ante la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá, cuando el propósito que se pretendía alcanzar con la suscripción de dicho instrumento público había sido cumplido ya, muchos años antes, con la expedición de todos los documentos públicos a los cuales se ha hecho alusión precedentemente en esta providencia y, especialmente, con el otorgamiento de la multicitada escritura pública Nº 3936 del 20 de septiembre de 1978 en la notaría segunda del Círculo de Bogotá.

Pero de otro lado y lo que resulta más preocupante todavía, es que la Beneficencia de Cundinamarca hubiere tomado la decisión de ejercer la acción de controversias contractuales para iniciar el presente proceso, ora a sabiendas de la existencia ora desatendiendo el evidente deber de conocer todas las actuaciones que años atrás la misma entidad había llevado a cabo con miras a levantar o a extinguir la condición resolutoria que sirve de sustento a la formulación de todas las pretensiones de la demanda; con dicho proceder la Beneficencia de Cundinamarca no solo desconoció los mismos principios constitucionales y legales antes mencionados —eficacia, economía y coordinación— sino que también vulneró los principios de seguridad jurídica y de buena fe y tutela de la confianza legítima.

El principio de seguridad jurídica, como es bien sabido, constituye garantía de la estabilidad con la cual los ciudadanos precisan contar para ejercer sus derechos y libertades, así como para que se les asegure la vigencia de un orden justo —artículo 2º constitucional—; en ese orden de ideas, la previsibilidad de las decisiones de las autoridades públicas provee certidumbre sobre el contenido material de los derechos y obligaciones de las personas, lo cual les permite actuar libremente, de conformidad con aquello que la práctica o las actuaciones precedentes de dichas autoridades ha señalado que constituyen actividades o comportamientos protegidos por el derecho.

Por su parte, de los principios de buena fe y de tutela de la confianza legítima —los cuales constituyen dos caras de la misma moneda—(69) se deriva para los administrados la garantía de que las autoridades del Estado no van a sorprenderlos con actuaciones que si bien aisladamente consideradas pueden estar provistas de fundamentos jurídicos, al ubicarlas en el contexto del que ha venido siendo el sentido de las decisiones adoptadas frente a supuestos equiparables, en realidad resultan contradictorias, de suerte que defraudan la expectativa legítima que en el interesado en la determinación se había creado con base en el comportamiento anterior de quien decide frente a situaciones de naturaleza similar; se trata de la garantía derivada del respeto por el propio acto, por cuya virtud a las autoridades públicas les están vedadas —salvo que exista para ello una justificación constitucionalmente admisible y suficiente, que se fundamente explícitamente— desplegar actuaciones o adoptar decisiones que desconozcan la máxima latina venire contra factum proprium non valet(70), esto es que resulten contrarias al sentido de las decisiones precedentemente adoptadas, en relación con el mismo o con similares asuntos, por las propias autoridades.

Pues bien, el proceder de la Beneficencia de Cundinamarca sin duda desconoce los enunciados principios constitucionales, pues lo cierto es que en el proceso se encuentra plenamente demostrado, a través de abundante prueba tanto documental como testimonial, que el Ideal siempre procedió de manera transparente y proba frente a la entidad pública demandante para efectos de llevar a cabo la venta del inmueble que había adquirido de esta: solicitó y obtuvo las autorizaciones expresas de la Beneficencia para el efecto, honró sus compromisos contractuales y, como consecuencia de ello, fue expresamente cancelada, mediante escritura pública, la condición resolutoria del contrato de compraventa celebrado mediante escritura pública Nº 2281 del 19 de junio de 1968, después de lo cual —y solo después de que todo esto se produjo—, celebró el contrato de compraventa con el señor José Álvaro Sánchez Ortega, a través de la escritura pública Nº 7441 del 22 de diciembre de 1995 de la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá, otorgada más de diecisiete años después de que, también mediante escritura pública, la Beneficencia de Cundinamarca hubiera levantado la multicitada estipulación restrictiva.

Pero a pesar de todo lo anterior, volviendo contra sus propios actos, contrariando la seguridad jurídica y desconociendo los derechos que ella misma había reconocido en favor del Ideal, la Beneficencia de Cundinamarca, de manera abiertamente infundada y que la Sala no duda en calificar de temeraria, instauró la acción de controversias contractuales que dio lugar al presente litigio; evidentemente, la necesidad de llevar a cabo el examen conducente a determinar si dicha acción fue incoada de forma oportuna o habiendo operado ya el fenómeno de caducidad, no hace otra cosa que poner de presente lo infundado y temerario del proceder de la parte actora, pues al tratar de establecer cuáles son los presupuestos fácticos que deberían encuadrarse en el supuesto de hecho previsto por el artículo 136-10 Código Contencioso Administrativo, de acuerdo con el cual en este tipo de procesos “el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”, se advierte que la condición resolutoria en la cual la Beneficencia apoya sus pretensiones fue levantada, por la propia entidad, mediante escritura pública —Nº 3936 del 20 de septiembre de 1978—, no obstante lo cual todo indica que la entidad entendió que el negocio jurídico de compraventa mediante el cual Ideal transfirió el dominio del inmueble objeto de controversia al señor José Álvaro Sánchez Ortega, que apenas vino a celebrarse mediante escritura pública Nº 7441 del 22 de diciembre de 1995 de la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá, habría transgredido la referida condición resolutoria, cerca de 17 años después de que la misma hubiera quedado solemnemente —mediante escritura pública— extinguida.

En ese orden de ideas, si el hecho que en criterio de la entidad estatal demandante dio lugar a la incoación de la acción de controversias contractuales ocurrió el 22 de diciembre de 1995 y la demanda respectiva apenas vino a ser presentada el día 24 de septiembre de 2001, resulta claro que el término de dos años previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, para que opere el fenómeno de la caducidad respecto de la acción de controversias contractuales había transcurrido ya y, por consiguiente, en el presente asunto la acción se encontraba caducada.

Es más, aunque en gracia de discusión se tuviera presente —si bien se trata de algo que no alegó la parte actora, la cual aduce que el desconocimiento de la condición resolutoria de marras se materializó con el otorgamiento de la mencionada escritura pública Nº 7441 del 22 de diciembre de 1995, misma que se habría suscrito varios años antes de que dicha condición resolutoria fue levantada, lo cual, inexplicablemente, desde la perspectiva de la Beneficencia solo habría ocurrido el día 29 de diciembre de 2000, mediante la escritura pública Nº 6063 de esa fecha— que el propio Ideal adujo en el proceso —y de ello quedó constancia en la escritura pública Nº 7441 del 22 de diciembre de 1995— que la entrega física del inmueble objeto material del presente litigio al señor José Álvaro Sánchez Ortega se produjo desde el mes de enero de 1972(71), lo cierto es que, en ese escenario, el término de caducidad aplicable también habría transcurrido ya, según lo precisado por la jurisprudencia de la Sección Tercera, pues en este evento la acción contractual debió incoarse, a más tardar, el día 1º de marzo de 1986, por las razones que se dejaron expuestas en este proveído respecto de los efectos que el tránsito de legislación operado con la expedición y entrada en vigor del Decreto-Ley 1 de 1984, tuvo en el cómputo de los términos de caducidad de las acciones por él reguladas.

Por todo lo anteriormente expuesto, entiende la Sala que las súplicas de la demanda contenidas en las pretensiones primera, segunda y cuarta de la misma, deben ser denegadas, con fundamento en la declaratoria de caducidad de la acción, por las razones previamente anotadas.

2.6 Costas y perjuicios.

2.6.1 En cuanto tiene que ver con las costas procesales, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 solo hay lugar a la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente; de la temeridad se ha afirmado que consiste en “una reprochable conducta mediante la cual una persona, independientemente de su posición activa o pasiva dentro del proceso, hace uso indebido de los instrumentos legales de orden sustancial o procesal —desvirtuándolos—, en búsqueda de efectos favorables a sus pretensiones”(72).

A esta noción se refieren los artículos 71 y 74 del Código de Procedimiento Civil, el primero para señalar que constituye deber de las partes y de los apoderados “obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos procesales” y el segundo para establecer un catálogo de supuestos en los cuales el legislador presume que se ha obrado con temeridad, a saber:

“ART. 74.—Temeridad o mala fe. Se considera que ha existido temeridad o mala fe, en los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición, incidente o trámite especial que haya sustituido a este.

2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.

3. Cuando se utilice el proceso, incidente, trámite especial que haya sustituido a este o recurso, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos.

4. Cuando se obstruya la práctica de pruebas.

5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso” (destacadas añadidas).

Sin embargo, en relación con el listado de supuestos realizado por el precepto legal que se dejó transcrito, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que no se trata de una enumeración taxativa sino meramente ilustrativa, al sostener que

“(...) esta lista de casos no excluye la existencia de otros en que se haya actuado con mala fe o con temeridad. El catálogo copiado es el de los episodios en que legalmente se presumen esas circunstancias, pero ello no quiere decir que no haya otros eventos en que se actúe de esa manera perniciosa”(73).

En relación con los alcances de la noción de temeridad, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido lo siguiente:

“Así las cosas, la temeridad es producto del ejercicio arbitrario y sin fundamento de la acción popular, la cual surge de la formulación de pretensiones sin respaldo alguno, así como de los hechos y del material probatorio, de los cuales se infiere la absoluta improcedencia de la acción, o, cuando se interponen recursos que carecen también de fundamento alguno, en aras de favorecer únicamente los propios intereses y no los derechos colectivos que se invocan.

En el caso en estudio, se observa que el actor popular recurrió la sentencia de primera instancia esgrimiendo argumentos con los cuales pretendía desvirtuar la procedencia de la excepción de cosa juzgada, la cual fue declarada como probada en dicha sentencia, pero tales argumentos se evidencian totalmente carentes de bases fácticas y jurídicas, de lo cual se deduce que fueron alegados con el mero interés de acceder a un incentivo económico sobre una situación jurisdiccionalmente ya agotada.

Por lo tanto, considera esta Sala que tal situación cabe dentro del inciso 1º del artículo 74 del Código de Procedimiento Civil arriba trascrito, pues los miembros de la parte actora, a pesar de la claridad de la sentencia de primera instancia, insistieron temerariamente en las pretensiones de su demanda a través de la interposición de recurso de apelación, en consecuencia, y de conformidad con los artículos 74 y 392 del Código de Procedimiento Civil, por remisión del artículo 38 de la Ley 472 de 1998, condenará en costas procesales a la parte demandante”(74).

En criterio de la Sala el proceder de la Beneficencia de Cundinamarca tanto al presentar la demanda como al interponer el recurso de alzada contra la sentencia de primera instancia, según se ha descrito precedentemente en este proveído, encuadra sin ambages tanto en el supuesto consagrado en el numeral 1º del artículo 74 del Código de Procedimiento Civil, como en las descripciones jurisprudenciales que se han traído a colación para caracterizar las singularidades distintivas del obrar temerario, razón por la cual, sin necesidad de mayores lucubraciones, se condenará a la entidad pública actora al pago de las costas procesales.

En esta materia, de todos modos, la Sala encuentra pertinente realizar algunas precisiones en cuanto a la determinación del régimen legal aplicable para determinar la procedencia y liquidación tanto de costas como de agencias en derecho.

En cuanto a la determinación de la normativa aplicable en los procesos de carácter judicial, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, en su redacción original, estableció:

“ART. 40.—Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

Disposición normativa que, a su turno, fue modificada por el artículo 624 del Código General del Proceso —CGP, Ley 1564 de 2012—, en el siguiente sentido:

“ART. 624.—Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:

“‘ART. 40.—Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

“‘Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

“‘La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.

Por otra parte, según el numeral 1º del artículo 627 CGP(75), el artículo 624 ejusdem comenzó a regir desde el momento de la promulgación del referido estatuto procesal, esto es el 12 de julio de 2012; así, la normativa aplicable al análisis del recurso de apelación que ahora se decide es la contenida en las leyes vigentes al momento de la interposición del medio de impugnación, siguiendo lo establecido en el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 CGP.

En consecuencia, teniendo en cuenta que, según el numeral 6º del artículo 624 CGP, las disposiciones normativas atinentes a la procedencia de la condena en costas y su liquidación, contenidas en los artículos 361, 365 y 366 CGP, entraron en vigencia el 1º de enero de 2014 y que el recurso de apelación que decide la Sala en esta oportunidad se presentó en septiembre de 2013, se impone concluir que se encuentran llamados a aplicarse los artículos 392 —modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010— y 393 del Código de Procedimiento Civil.

2.6.2 Ahora bien, de conformidad con lo normado en el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010 —modificatorio del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil—, en supuestos como el del presente caso debe procederse también a la liquidación de agencias en derecho en favor de la parte beneficiada con la providencia definitiva y a cargo de la parte vencida; establece lo siguiente el precepto legal en mención:

“ART. 19.1.—Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o anulación que haya propuesto.

Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o un amparo de pobreza, sin perjuicio artículo 73.

2. La condena se hará en la sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a la condena. En la misma providencia se fijará el valor de las agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidación” (se destaca).

A su turno, el artículo 393-3 del Código de Procedimiento Civil, dispone que para efectos de la liquidación de costas se fijarán las agencias en derecho con aplicación de las tarifas previstas por el Consejo Superior de la Judicatura, propósito para el cual el juez deberá tener en cuenta, además de las mencionadas tarifas, i) la naturaleza, ii) la calidad y iii) la duración de la gestión realizada por el apoderado o por la parte que litigó personalmente, supuestos que deben ser valorados por el juez de la causa, con el fin de decidir el monto de la tarifa dentro de los límites correspondientes:

“ART. 393.3.—Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta además la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.

Solo podrá reclamarse la fijación de agencias en derecho mediante objeción a la liquidación de costas”.

Al respecto, el Consejo Superior de la Judicatura —Sala Administrativa— mediante Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, estableció las tarifas correspondientes a las agencias en derecho aplicables a los procesos judiciales y señaló lo siguiente por cuanto resulta de interés para los efectos del presente proceso:

“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las señaladas en el artículo 43 de la Ley 794 de 2003,

Acuerda:

“ART. 1º—Objetivo y ámbito de aplicación. Es objetivo de este acuerdo establecer, a nivel nacional, las tarifas de agencias en derecho aplicables a los procesos judiciales.

“ART. 2º—Concepto. Se entiende por agencias en derecho la porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso, el incidente o trámite especial por él promovido, y de quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, revisión o anulación que haya propuesto, y en los casos especiales previstos en los códigos de procedimiento.

“ART. 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.

“PAR.—En la aplicación anterior, además, se tendrán en cuenta las normas legales que en particular regulen la materia.

“ART. 4º—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia.

“PAR.—En los eventos de terminación del proceso sin haberse proferido sentencia, o esta sea solamente declarativa, se tendrán en cuenta los criterios previstos en el artículo tercero, sin que en ningún caso la tarifa fijada supere el equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

“ART. 5º—Analogía. Los asuntos no contemplados en este acuerdo se regirán por las tarifas establecidas para asuntos similares, incluyendo los asuntos que conocen las autoridades administrativas en ejercicio de funciones judiciales.

“ART. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:

(...).

III Contencioso administrativo.

3.1. Asuntos.

(...).

3.1.2. Primera instancia.

Sin cuantía: Hasta quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Con cuantía: Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia.

(...).

3.1.3. Segunda instancia.

Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.

En el presente proceso tanto el Ideal como el señor José Álvaro Sánchez Ortega, integrantes de la parte demandada, en cuyo favor debe proferirse la correspondiente condena al pago de las agencias en derecho, contestaron la demanda y alegaron de conclusión en las dos instancias, del mismo modo que participaron activamente en el debate probatorio a través de la solicitud y recaudo de los medios de prueba en los cuales sustentaron sus excepciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, la duración del proceso al cual el presente pronunciamiento pone fin y los parámetros fijados en el precitado Acuerdo 1887 de 2003 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala ordenará que, por concepto de agencias en derecho correspondientes a las dos instancias, se pague a cada uno de los demandados, esto es al Ideal y al señor José Álvaro Sánchez Ortega, la cifra equivalente al 5% de las pretensiones denegadas en esta sentencia, de las cuales la cuarta de las elevadas en la demanda se cuantificó por la entidad estatal actora “en una suma superior a los setecientos millones de pesos ($ 700`000.000) m/cte., teniendo en cuenta que el valor del inmueble y según la oferta de compra hecha por el IDU al propietario inscrito, señor Álvaro Sánchez Ortega, asciende a la suma de $ 645'136.700” (fl. 6, cdno. 1).

Con base en lo anterior, la Sala ordenará que a cada uno de los demandados, vale decir al Ideal y al señor José Álvaro Sánchez Ortega, la Beneficencia de Cundinamarca pague el equivalente al 5% de $ 700'000.000, esto es la suma de $ 35'000.000, para cada uno de ellos.

2.6.3 De otro lado, debe igualmente considerar la presente providencia que a manera de petición especial que en tal sentido formulara en el escrito contentivo de la demanda —fl. 7, cdno. 1—, la parte actora requirió que, de conformidad con lo previsto en el artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, se ordenara la inscripción de la demanda al folio de matrícula inmobiliaria Nº 50C-390626 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, Zona Centro, “a fin de que la pretensión incoada en la demanda no se haga ilusoria en sus efectos”; a este respecto, en el auto admisorio de la demanda, calendado el 22 de octubre de 2001 —fl. 10, cdno. 1—, se dispuso lo siguiente:

“4. De conformidad con lo establecido en el artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, decrétase la inscripción de la demanda, para lo cual por Secretaría de la Sección, líbrese oficio al Registrador de Instrumentos Públicos de Bogotá, previo a la notificación de los demandados, a fin de que inscriba la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria Nº 50C-390626.

5. Para efectos del numeral anterior, decrétase como caución la suma de setenta millones de pesos ($ 70'000.000), los cuales deberán sufragarse dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del presente auto”.

Asimismo, mediante memorial radicado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el día 9 de noviembre de 2001, el apoderado de la parte actora allegó al proceso, en cumplimiento a lo ordenado en el auto admisorio de la demanda, la póliza Nº 1400206 expedida el día 6 de noviembre de 2001 por la Compañía Aseguradora de Fianzas —Confianza—, por valor de $ 70'000.000. —fls. 12-13, cdno. 1—; como consecuencia de lo anterior, la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca libró el Oficio Nº JJ-2001-5-824, de fecha 14 de noviembre de 2001, con destino a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Centro, solicitando la inscripción de la medida cautelar aludida.

Esta última comunicación fue respondida mediante Oficio 32802 del 12 de diciembre de 2001, suscrito por un abogado calificador de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona centro, dirigido al presente proceso, mediante el cual se informa que fue registrado el precitado Oficio Nº 5824 del 14 de noviembre de 2001, con lo cual la medida cautelar en comento quedó perfeccionada.

Pues bien, naturalmente cuando las pretensiones de la parte actora son desestimadas y el registro de la demanda se mantuvo vigente durante el curso del proceso, muy probablemente se habrán ocasionado perjuicios a la parte demandada, pues no se puede perder de vista que, pese a que el registro de la demanda no deja el bien respectivo fuera del comercio, en la práctica un bien afectado con la medida cautelar en cuestión por lo menos ve notablemente reducido su valor como consecuencia de la incertidumbre que la actuación pendiente crea respecto de la titularidad del mismo, si no es que, en realidad, acaba el bien respectivo materialmente inmovilizado para el tráfico jurídico. En el presente asunto, de hecho, algunas de esas dificultades fueron puestas de presente por el señor José Álvaro Sánchez Ortega en varias de sus intervenciones en diversas etapas procesales, al relatar las complicaciones a las cuales tuvo que hacer frente para transferir el dominio del predio objeto material de este litigio al Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá.

Para la Sala resulta claro que al ser proferida la sentencia absolutoria en favor de los demandados —Ideal y el señor José Álvaro Sánchez Ortega—, el Juez debe disponer la cancelación de la medida cautelar, cosa que en efecto se ordenará en la parte resolutiva del presente pronunciamiento; no obstante, el asunto que ofrece alguna dificultad es el consistente en dilucidar si, además de impartir la anotada orden, le corresponde también al juez o tribunal condenar en la misma sentencia al pago de los perjuicios que se hubieren ocasionado al demandado con la materialización de la cautela, con independencia de que la correspondiente petición hubiere sido formulada, o no, por la parte afectada, pues el artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, nada establece a este respecto, a diferencia de lo que acontece en los supuestos en los cuales la medida cuyo levantamiento se decreta es el embargo o el secuestro, pues en relación con las mismas el artículo 687 ejusdem consagra unas reglas claras, en el siguiente sentido:

“ART. 687.—Se levantarán el embargo y el secuestro en los siguientes casos:

(...).

5. Si se absuelve al demandado en proceso declarativo.

(...).

Siempre que se levante el embargo o secuestro en los casos de los numerales 1º, 2º y 4º a 8º del presente artículo, se condenará de oficio o a solicitud de parte en costas y perjuicios a quienes pidieron tal medida, salvo que las partes convengan otra cosa. Si el juez no impone dicha condena, el auto será apelable en el efecto devolutivo” (destacadas añadidas).

A falta de previsión normativa expresa en un sentido similar en relación con la medida cautelar consistente en el registro de la demanda, se han expuesto dos posiciones respecto de lo que puede/debe hacer el juez cuando dentro de un proceso declarativo se absuelve al demandado y la cautela en comento se encontraba perfeccionada(76): la primera de las aludidas posturas mantiene que ante la ausencia de disposición que permita condenar en la misma sentencia al pago de los perjuicios, el reconocimiento y pago de los mismos deberá reclamarse y acreditarse en un proceso ordinario distinto del que termina, pues se requeriría de autorización normativa expresa para que resultara jurídicamente viable imponer, en la misma providencia que dispone el levantamiento de la medida cautelar, condena —aún en abstracto— al pago de los perjuicios que con ella se hubieren causado al demandado.

La segunda posición, que es la que acogerá la Sala en el presente pronunciamiento, contrario sensu, a pesar de reconocer que el artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, omitió señalar de manera expresa que al levantarse la medida cautelar de registro de la demanda el juez debe, al menos en los mismos supuestos que el artículo 687 ídem lo prevé cuando la que se levanta es la medida de embargo o de secuestro, condenar al demandante al pago de los perjuicios ocasionados con la cautela, sostiene que esa decisión condenatoria también debe adoptarse cuando se cancela el registro de la demanda con el fin de no auspiciar la litigiosidad, de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, de propiciar la aplicación de los principios de eficacia y de economía procesal —sin que ello comporte vulneración alguna del debido proceso dado que las partes tendrán la posibilidad de controvertir sobre este extremo en el incidente que con posterioridad habrá de instaurarse por la parte interesada en el reconocimiento y pago de los correspondientes perjuicios—, así como de dar aplicación a lo preceptuado por el artículo 37-8 del Código de Procedimiento Civil, disposición que impone como deber al juez el de “decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, o aquella sea oscura o incompleta, para lo cual aplicará las leyes que regulen situaciones o materias semejantes”.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que en la mayoría de los casos de inscripción de la demanda resulta menester para su decreto, como aconteció en el presente proceso y según lo prevé el artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, prestar caución “que garantice el pago de las costas y perjuicios que con ella lleguen a causarse”, caución que se presta para obtener su efectividad dentro del mismo proceso al cual está destinada y no en uno diferente, argumento que refuerza la tesis en virtud de la cual lo procedente es imponer la condena al pago de los perjuicios que ha ocasionado la medida cautelar para que dentro del mismo proceso se concrete su monto o, de no promoverse oportunamente el trámite incidental referido o de no lograrse la acreditación de su cuantía, quede definitivamente finiquitado dicho extremo litigioso, por manera que se evite la proliferación de procesos que congestionan la administración de justicia.

En consecuencia, en la parte resolutiva del presente pronunciamiento se condenará a la Beneficencia de Cundinamarca al pago de los perjuicios que causó a la parte demandada como consecuencia del perfeccionamiento de la medida cautelar de registro de la demanda, cuyo levantamiento igualmente será dispuesto en el presente proveído, perjuicios que la Sala tasa en la suma de setenta millones de pesos, que es el monto de la caución que se fijó en el auto admisorio de la demanda para acceder al decreto de la medida cautelar a la cual se viene haciendo referencia, suma que deberá actualizarse a la fecha del presente pronunciamiento de conformidad con la fórmula usualmente empleada por la jurisprudencia del Consejo de Estado(77), lo cual determina que por este concepto la Beneficencia de Cundinamarca deberá pagar, en favor del señor José Álvaro Sánchez Ortega, titular del derecho de dominio respecto del bien objeto material del presente proceso para el momento en el cual se hizo efectiva la medida cautelar en mención, la suma de $ 122`486.828.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modifícase la sentencia apelada, esto es la proferida el 4 de mayo de 2004 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección 3ª, Sala de Descongestión y, en su lugar, dispónese lo siguiente:

— Declárase inhibida la Sala para pronunciarse de fondo respecto de la pretensión tercera de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

— Niéganse las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

— Ordénase el levantamiento de la medida cautelar de registro de la demanda dispuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del presente proceso. Para tal efecto, líbrese la comunicación correspondiente con destino a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá.

— Condénase a la Beneficencia de Cundinamarca al pago de la suma de $ 122`486.828, en favor del señor José Álvaro Sánchez Ortega, por concepto de los perjuicios que se les causaron con el perfeccionamiento de la medida cautelar de registro de la demanda que se practicó dentro del presente proceso, por las razones y en los términos descritos en la parte motiva del presente pronunciamiento.

— Condénase en costas a la Beneficencia de Cundinamarca. Tásense.

— Condénase a la Beneficencia de Cundinamarca a pagar a cada uno de los demandados, esto es al Ideal y al señor José Álvaro Sánchez Ortega, la suma de $ 35'000.000, por concepto de agencias en derecho.

2. Las comunicaciones que se ordena efectuar en esta sentencia serán libradas por el tribunal administrativo a quo.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Hernán Andrade Rincón—Mauricio Fajardo Gómez—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(1) Junto con la contestación de la demanda, el Ideal acompañó un certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el día 28 de noviembre de 2001, en el cual consta que la entidad sin ánimo de lucro denominada Fundación Instituto de Adaptación Laboral, con la sigla Ideal, tiene como objeto “adaptar laboralmente, ubicar y hacer seguimiento a personas con limitaciones funcionales, físicas, sensoriales (sordos) y mentales leves, en etapa productiva, de tal forma que responda a su potencial y sus necesidades y que contribuya a mejorar su calidad de vida, haciéndolos miembros activos y productivos en beneficio propio, de sus familias, de la sociedad y del país”.

(2) Los apartes no transcritos de este segmento del documento en mención corresponden a aquellos ilegibles en la copia del documento en cita que obra en el expediente.

(3) De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 1º del Decreto Ordenanzal Nº 00265 de 2008, proferido por el Gobernador de Cundinamarca, “la Beneficencia de Cundinamarca es un establecimiento público del sector descentralizado del orden departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social”. Véase Gaceta de Cundinamarca número 14.984, del 22 de octubre de 2008, en http://www.cundinamarca.gov.co/cundinamarca/gacetas.asp.

(4) Precisó el aludido pronunciamiento que “los actos de las empresas de servicios no están sometidos a un régimen uniforme porque pueden ser privados o administrativos, según el caso. Asimismo los contratos estarán sometidos, unos al régimen privado y a la jurisdicción ordinaria para dirimir sus controversias; y otros, como los de servicios públicos, sometidos predominantemente al derecho público, ventilables sus conflictos ante la jurisdicción administrativa, como sucede también con aquellos que posean cláusulas exorbitantes”.

El anterior criterio se complementó con el expuesto por la Sección Tercera de esta corporación en providencia del 26 de marzo de 1998 —Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque; Expediente: 14.000— en el sentido de que esta Jurisdicción es competente para conocer de controversias contractuales siempre que el contrato contenga cláusulas exorbitantes; no obstante lo cual indicó que “a pesar de que tanto el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 como el artículo 8º de la Ley 143 del mismo año parecieran limitar la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa a las controversias relativas a los actos en los que se ejercitan los poderes derivados de las cláusulas exorbitantes del derecho privado, esa interpretación no se compadece con el principio de unidad procesal en virtud del cual debe ser el mismo juez el que conozca de todas las controversias derivadas del contrato, con lo cual se evita la división de la continencia de la causa y que se produzcan sentencias contradictorias”.

(5) En la anotada dirección pueden verse los siguientes pronunciamientos de la Sección Tercera del Consejo de Estado: auto del 20 de agosto de 1998 —Expediente Nº 14202—; auto del 8 de febrero de 2001 —Expediente 16661—; sentencia del 4 de abril de 2002 —Expediente 21838—; auto del 1º de agosto de 2002 —Expediente 21041—; en el mismo sentido pueden verse las sentencias proferidas el 20 de abril de 2005 —Expediente 14.519— y el 14 de abril de 2005 —Expediente 25.489—.

(6) Nota original de la providencia citada: Sobre este tema ha dicho esta Sala que “[E]n efecto, mediante sentencia de abril 9 de 1997, el Consejo de Estado sostuvo que:

‘El asunto era de dos instancias —como se dijo— cuando se inició (D. 528/64, art. 32 ord. 2º lit. f)). El nuevo código lo hizo de única (CCA, art. 131 nl. 10) y su aplicación es inmediata. Habría tenido segunda instancia si la apelación se hubiera producido antes de la vigencia del nuevo código (se destaca).

‘En materia procesal no existe derecho adquirido a un determinado procedimiento, ni a un número prefijado de instancias. El proceso iniciado como de dos, puede volverse de única o viceversa. Solo por excepción se quiebra el principio (se resalta).

‘y aunque el profesor Hernando Morales coincide con el pensamiento del señor Consejero Valencia en cuanto afirma en su obra “Curso de Derecho Procesal Civil” (parte general, pág. 182, edición ABC 1.985) que “las leyes sobre jurisdicción y competencia no versan sobre sustanciación y ritualidad de los juicios ni tienen el carácter de instrumentales, sino que a la vez que estructuran el proceso son garantías constitucionales”, sí agrega otras apreciaciones que refuerzan la posición de la Sala. Así, “por eso (las leyes sobre jurisdicción y competencia, se entiende), son de aplicación inmediata a los procesos en curso, salvo que digan otra cosa, con base en el artículo 18 de la Ley 153 de 1887 (Giraldo Zuluaga T.m.p.22), sin que se aplique a ellas la perpetuatio jurisdictionis (se destaca)’.

“Por tanto, si por ley varía el juez competente, deben enviarse a quien en lo sucesivo lo fuere, los procesos en curso, pues se trata de competencia, que es de orden público” (destacadas en el texto original).

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 8 de febrero de 2007; Consejero ponente: Enrique Gil Botero; Radicación número: 05001-23-31-000-1997-02637-01(30903); Actor: Unión Temporal Aguas de la Montaña y otros.

(8) Disposición cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 75. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa”.

(9) Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, auto del 20 de agosto de 1998; Consejero ponente: Juan de Dios Montes Hernández; Radicación: 14.202. Esta posición ha sido expuesta en otras providencias, entre las cuales se encuentran la sentencia de 20 de abril de 2005, radicación: 14.519 y el auto del 7 de octubre de 2004; radicación: 2.675.

(10) La referida disposición establece lo siguiente: “La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

Igualmente conocerá de los siguientes procesos:

(...).

2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado” (se deja destacado).

(11) Precepto del siguiente tenor: “El presente código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(12) De acuerdo con la información que figura en la página web institucional de la Beneficencia de Cundinamarca, “[E]l 15 de agosto de 1.869, el Estado Soberano de Cundinamarca, decreta por ley la creación de la junta general de Beneficencia de Cundinamarca, como administradora de los centros de caridad existentes en la época. Cada institución contaba con un síndico y las rentas por recaudo eran administradas por estos, bajo los parámetros fijados por la Junta General de Beneficencia de Cundinamarca como establecimiento público departamental”. Obra en la página web en mención copia de la mencionada Ley del 15 de agosto de 1869 – http://www.beneficenciacundinamarca.gov.co– y, de hecho, dicho cuerpo normativo fue invocado por los representantes legales de la Beneficencia de Cundinamarca como fundamento de las atribuciones con base en las cuales obraron al otorgar la escritura pública 2281 del 19 de junio de 1968, mediante la cual dicha entidad transfirió el derecho de dominio y la posesión del bien inmueble objeto material del presente litigio, al Ideal. En el instrumento público en mención, en este sentido, se dejó consignado lo siguiente como aquello expresado por el presidente de la Junta General de la Beneficencia de Cundinamarca y por el Síndico Gerente de dicha entidad: “Primero: Que obran en sus condiciones expresadas, debidamente autorizados por las normas contenidas en la ley del quince (15) de agosto de mil ochocientos sesenta y nueve (1869) del Estado Soberano de Cundinamarca, por las Ordenanzas números treinta y siete (37) de mil novecientos treinta y siete (1937) y cuarenta y siete (47) de mil novecientos cincuenta y ocho (1958) de la Asamblea del Departamento de Cundinamarca, por las disposiciones estatutarias de la Institución y en especial para este acto por la Junta General de la Beneficencia en sesiones de los días 17 de enero, 6 de marzo y 20 de mayo de 1968” (fl. 9, cdno. 2).

Por otra parte, incorporado en la copia auténtica de la escritura pública Nº 3936 del 20 de octubre de 1978, de la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá que reposa en el expediente —fls. 91-101, cdno. 1—, obra el decreto expedido por el gobernador de Cundinamarca Nº 01357 de 1974, “por el cual se reorganiza la Beneficencia de Cundinamarca”, en cuyo artículo primero puede leerse lo siguiente:

“ART. 1º—Naturaleza jurídica. La Beneficencia de Cundinamarca es un Establecimiento Público del orden departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría de Salud Pública de Cundinamarca, con sujeción a las normas legales vigentes”.

(13) Nota original de la sentencia citada: Este criterio no es novedoso, pues desde tiempo atrás ha sido aplicado por el Consejo de Estado para determinar la naturaleza de los contratos; fue así como en sentencia de marzo 23 de 1990, Rad. 4882, esta Sección expresó lo siguiente: “En este orden de ideas, no cabe duda que el convenio contraído por el actor para la distribución y venta de lotería, posee los elementos propios de la contratación administrativa, en atención al elemento subjetivo de la entidad contratante”. (Consejo de Estado. Sala Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sentencia de marzo 23 de 1990. Rad. 4882. C.P. Antonio José de Irisarri Restrepo).

(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de julio de 2009; Radicación: 250002331000199511341 01; Expediente: 17.215; Actor: Inversiones Industriales y Pecuarias Ltda. y otro; Demandado: Instituto Colombiano Agropecuario —ICA—.

(15) El inciso segundo del artículo 1882 del Código Civil, preceptúa: “Si el vendedor por el hecho o culpa suya ha retardado la entrega, podrá el comprador, a su arbitrio, perseverar en el contrato o desistir de él y en ambos casos con derecho a ser indemnizado de los perjuicios según las reglas generales”.

(16) El artículo 1930 Código Civil, dispone lo siguiente: “Si el comprador estuviere constituido en mora de pagar el precio en el lugar y tiempo dichos, el vendedor tendrá derecho para exigir el precio o la resolución de la venta, con resarcimiento de perjuicio”.

(17) Claro Solar, Luis, Derecho Civil Chileno y Comparado, Obligaciones y Contratos, T. I, Imprenta Nascimento, Santiago de Chile, 1936, pág. 158.

(18) Claro Solar, Luis, Derecho Civil Chileno y Comparado, Obligaciones y Contratos, cit., pág. 196.

(19) En este sentido, se ha afirmado que “el derecho de resolución judicial consagrada en el artículo 1546 del Código Civil no es condición resolutoria tácita por las siguientes razones: a) porque el incumplimiento de las condiciones obra de plano, y el derecho de resolución del artículo 1546 requiere la intervención del juez; b) porque las condiciones deben pactarse, pues la regla general enseña que los contratos nacen pura y simplemente a la vida jurídica, salvo que los contratantes en forma expresa los sometan a modalidades; en cambio el derecho de resolución del artículo 1546 no necesita pactarse; c) porque cuando los contratantes negocian sin someter el nacimiento de sus obligaciones a condiciones, aquellas se producen simple y llanamente. Esto es lo que sucede con el artículo 1546. Por lo tanto el artículo 1546, a pesar de sus términos, reglamenta un derecho autónomo de resolución judicial del contrato, que el contratante a quien se incumple puede ejercer o abstenerse de ello”. Cfr. Valencia Zea, Arturo, Derecho Civil, Tomo III, 9ª edición, Temis, Bogotá, 2004, pág. 128.

En similar dirección, el profesor Ospina Fernández ha expuesto que “[L]a redacción del texto legal transcrito abona la tesis doctrinaria de que la acción resolutoria es un derecho de los acreedores, tan principal como lo son la acción ejecutiva y la indemnización de perjuicios, con la cual se conjuga”. Cfr. Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo, Teoría general del contrato y del negocio jurídico, 7ª edición, Temis, Bogotá, 2005, pág. 540.

(20) Nota original de la sentencia citada: Son contratos bilaterales aquellos en los cuales ambas partes se obligan recíprocamente según lo dispone el artículo 1496 del Código Civil. En el contrato unilateral, aunque concurren las voluntades de dos personas, tan solo se generan obligaciones para una de ellas.

(21) Nota original de la sentencia citada: En el contrato de comodato, si el comodatario que ha recibido la cosa modifica el uso o destino de la misma, el comodante podrá pedir la restitución inmediata del bien entregado en comodato, aunque se encuentre sometido a plazo y este no haya vencido, con lo cual se resolvería el contrato.

(22) Nota original de la sentencia citada: Este lineamiento se encuentra abonado por los tratadistas Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta, en la obra citada, páginas 536 y 540, y también por Claros Soler, en la obra citada, pág. 173.

(23) Nota original de la sentencia citada: La mora debitoria ha sido definida como “el retardo culpable del deudor en el cumplimiento de su obligación, unido a la reconvención de parte del acreedor”.

(24) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009; Consejera ponente: Myriam Guerrero de Escobar; Radicación: 85001-23-31-000-1997-00374-01(15797).

(25) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009; Consejera ponente: Myriam Guerrero de Escobar; Radicación: 85001-23-31-000-1997-00374-01(15797).

(26) A este respecto la doctrina ha advertido que en punto de los efectos de la operatividad de la condición resolutoria, la legislación colombiana “se apartó de la antigua máxima, según la cual “resuelto el derecho del que da, se resuelve el derecho del que recibe” (resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis), que, aplicada con todo su rigor, sacrifica al tercero que ha adquirido un derecho sobre la cosa sin poder conocer la condición que afectaba el título de su causante”, pues si bien ha de tenerse en cuenta que el fundamento que ha sustentado la aludida máxima no es otro que el consistente en que al destruirse el título de la adquisición por el enajenante quedan huérfanas de soporte las enajenaciones y gravámenes constituidos en favor de sus subadquirentes, lo cierto es que una estricta e inflexible aplicación de dicho postulado tendría como consecuencia que “se sacrificarían los dictados de la equidad que deben ser el norte y guía de la construcción jurídica y que al respecto imponen la protección a los terceros subadquirentes de buena fe”, razón por la cual “es censurable la solución contraria que el Código establece en materia de las nulidades, conforme a la cual la declaración judicial de estas abre la puerta a la reivindicación contra dichos subadquirentes, sin atender a su buena fe, que en tal materia, se repite, consistiría en el conocimiento o desconocimiento que los terceros pudieran tener de las causales de la nulidad del acto de su causante”. Cfr. Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo, Teoría general del contrato y del negocio jurídico, cit., págs. 533-544.

(27) Ídem.

(28) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009; Consejera ponente: Myriam Guerrero de Escobar; Radicación: 85001-23-31-000-1997-00374-01(15797).

(29) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 8 de octubre de 1998; Expediente 15392; Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández. En igual sentido y de la misma Sala, puede verse, entre muchas otras providencias, la sentencia proferida el 9 de marzo de 2000; expediente 12849; Consejera Ponente: María Elena Giraldo; así como la sentencia del 30 de agosto de 2007, Consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra; Radicación: 07001-23-31-000-1995-00004-01(15635).

(30) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 2006, Exp. 21700, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(31) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 19 de julio de 2006, Exp. 27268, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(32) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 1º de octubre de 2008; Consejero ponente: Enrique Gil Botero; Radicación: 25000-23-26-000-1999-01145-01(27268); en el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 1º de octubre 2008; Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio; Radicación: 76001-23-31-000-2005-02076-01(AG).

(33) Dispone lo siguiente el artículo 229 de la Constitución Política: “Acceso a la administración de justicia. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo son la representación de abogado”.

(34) Corte Constitucional, Sentencia C-115 de 1998; Magistrado ponente: Hernando Herrera Vergara.

(35) El artículo 6º del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente: “Las normas procesales son de derecho público y orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso, podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley.

Las estipulaciones que contradigan lo dispuesto en este artículo, se tendrán por no escritas”.

(36) En este sentido: Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, sentencia de agosto 30 de 2006.

(37) Nota original de la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 14 de marzo de 2001, Exp. R-6550.

(38) Nota original de la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 16 de junio de 1997, Exp. R-6630.

(39) Nota original de la sentencia citada: Corte Constitucional, Sentencia C – 115 de 1998. M.P. Hernando Herrera Vergara

(40) Nota original de la sentencia citada: Hinestrosa, Fernando. “Tratado de las Obligaciones”, Tomo I, Universidad Externado – 2002. Pág. 813.

(41) Nota original de la sentencia citada: Ibídem, pág. 820.

(42) Nota original de la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 1º de octubre de 1946.

(43) Nota original de la sentencia citada: Hinestrosa, Fernando. La Prescripción Extintiva. Universidad Externado. Bogotá. 2001, Pág. 238 y 243.

(44) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado. Sala Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Auto de mayo 27 de 2004. Exp. 24371. C.P. Alier E. Hernández Henríquez.

(45) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de julio de 2009; Radicación: 250002331000199511341 01; Expediente: 17.215; Actor: Inversiones Industriales y Pecuarias Ltda. y otro; Demandado: Instituto Colombiano Agropecuario –ICA-.

(46) Nota original de la sentencia citada: Esta es la norma actual en la materia (L. 791/2002, art. 8º) y dispone lo siguiente: “La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).

“La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5).

“Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término”.

(47) Nota original de la sentencia citada: En este mismo sentido, esta corporación expresó: “Según se desprende de los antecedentes, los hechos constitutivos del incumplimiento contractual de que trata la presente acción tuvieron ocurrencia entre 1.978 y 1.979. - Para entonces las acciones contractuales carecían de determinación expresa legal en cuanto al término para ser instauradas, por lo que se acudía a la norma general que sobre prescripción de los derechos contempla el artículo 2536 del Código Civil”. (Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de marzo 9 de 1998. Rad. S-262. C.P. Joaquín Jarava del Castillo).

(48) Nota original de la sentencia citada: Artículo 136 Decreto 1º de 1984 (texto original). “Caducidad de las acciones. La de nulidad podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto o después de su publicación, si necesita de este requisito para entrar a regir.

“Las de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día de la publicación, comunicación, notificación o ejecución del acto, según el caso. Si el demandante es una entidad pública, la caducidad será de dos (2) años.

“Sin embargo, cuando se demanden actos que reconozcan prestaciones periódicas la acción podrá proponerse en cualquier tiempo, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.

“La de reparación directa y cumplimiento y la de definición de competencias caducarán al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir de la producción del acto o hecho.

“La acción sobre los actos presuntos que resuelvan un recurso podrá interponerse en cualquier tiempo.

“Las de nulidad y las de restablecimiento del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos, proferidos por el Incora, caducarán en dos (2) años contados desde la publicación cuando ella sea necesaria, o desde su ejecutoria en los demás casos.

“Las relativas a contratos caducarán a los dos (2) años de expedidos los actos u ocurridos los hechos que den lugar a ella.

“Los actos separables distintos del de adjudicación de una licitación solo serán impugnables jurisdiccionalmente una vez terminado o liquidado el contrato.

“La acción electoral caducará en veinte (20) días contados a partir del siguiente a aquel en el que se verifique el acto por medio del cual se declara la elección o se expida el nombramiento” (Negrilla fuera del texto).

(49) Nota original de la sentencia citada: Artículo 136 Decreto 1º de 1984 (texto subrogado por el D. 2304/89, art. 23). “La de nulidad absoluta podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto.

“La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día de la publicación, notificación o ejecución del acto, según el caso. Si el demandante es una entidad pública, la caducidad será de dos (2) años. Si se demanda un acto presunto, el término de caducidad será de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que se configure el silencio negativo.

“Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.

“La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

“La de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos proferidos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria —Incora— caducarán en dos (2) años, contados desde la publicación, cuando ella sea necesaria, o desde su ejecutoria, en los demás casos.

“Las relativas a contratos caducarán en dos (2) años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento” (negrilla fuera del texto).

(50) Nota original de la sentencia citada: artículo 55 Ley 80 de 1993. “La acción civil derivada de las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de veinte (20) años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La acción penal prescribirá en veinte (20) años”.

(51) Nota original de la sentencia citada: El artículo 44 de la Ley 446 de 1998 (modificatorio del 136 del C.C.A.), respecto de la acción contractual, dispone: “El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:

‘ART. 136.—Caducidad de las acciones.

‘(...)

‘10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.

‘En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así:

‘a) En los de ejecución instantánea, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato;

‘b) En los que no requieran de liquidación, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes, contados desde la terminación del contrato por cualquier causa;

‘c) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la firma del acta;

‘d) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar;

‘e) La nulidad absoluta del contrato podrá ser alegada por las partes contratantes, por el Ministerio Público o cualquier persona interesada, dentro de los dos (2) años siguientes a su perfeccionamiento. Si el término de vigencia del contrato fuere superior a dos (2) años, el término de caducidad será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de cinco (5) años, contados a partir de su perfeccionamiento. En ejercicio de esta acción se dará estricto cumplimiento al artículo 22 de la ley “por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”.

‘f) La nulidad relativa del contrato, deberá ser alegada por las partes dentro de los dos (2) años, contados a partir de su perfeccionamiento.’”

(52) Es imperioso observar lo resuelto por la Sala en aquellas ocasiones en las cuales los hechos objeto de reclamación, a través de la acción contractual, se presentaron antes de la entrada vigencia del artículo 136 del Decreto 1º de 1984, pero que solo se demandaron judicialmente con posterioridad al 1º de marzo de ese año (fecha de entrada en vigencia de la norma).

(53) Con ponencia del doctor Daniel Suárez Hernández.

(54) Nota original de la sentencia citada: Véase en igual sentido: Sentencia de abril 23 de 1992, rad: 6438, actor: Halkedis Costalas And Wiemken Inc.; Sentencia de febrero 26 de 1993, rad: 5751, actor: Sociedad Arinco S.A.; ambas proferidas por la Sección Tercera; y Sentencia de marzo 9 de 1998, rad: S-262, actor: Sociedad Colombiana de Construcciones S.A. (Sococo S.A.), de la Sala Plena del Consejo de Estado.

(55) E Nota original de la sentencia citada: Este criterio se ha expuesto en diversas oportunidades por la Sección Tercera, entre las cuales se resaltan: Sentencia de agosto 30 de 2006, Exp. 15323, actor: Compañía Bogotana de Negocios Ltda.; Sentencia de 11 de octubre de 2006, Exp. 30566, actor: Construca S.A.; Sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 15239, actor: Data Base System Ltda.; y Sentencia de diciembre 4 de 2006, Exp. 15117, actor: Vladimir Eslava Mocha y otros; entre otras.

(56) Nota original de la sentencia citada: Artículo 40, Ley 153 de 1887. “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que debe empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

(57) Nota original de la sentencia citada: artículo 38 Ley 153 de 1887. “En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración.

“Exceptuándose de esta disposición:

“1º. Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato, y

“2º. Las que señalen penas para el caso de infracción de lo estipulado; la cual infracción (sic) será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido.” (Negrilla fuera del texto).

(58) En este sentido, esta Sección dijo:

“(...) con excepción de dos (2) hipótesis fácticas diferentes entre sí, respecto de las cuales la misma ley determina la aplicación de las normas anteriores, esto es: i) los términos que ya hubieren empezado a correr, y ii) las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas.

“El primer evento contemplado en dicha excepción, se refiere de manera genérica y sin distinciones de ninguna especie, a todos los términos contemplados o establecidos en normas procesales en cuanto los mismos hubieren empezado a correr bajo el imperio de la ley anterior, sin importar que los mismos se surtan dentro de procesos ya iniciados o por fuera de ellos.

“La segunda hipótesis fáctica de esa excepción, en cuya virtud las actuaciones y diligencias ya iniciadas se regirán por la ley vigente al momento de dar inicio a las mismas, de manera necesaria y obvia supone la existencia previa de tales actuaciones o diligencias”. (Consejo de Estado. Sala Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sentencia de diciembre 4 de 2006. Exp. 15117).

(59) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de julio de 2009; Radicación: 250002331000199511341 01; Expediente: 17.215; Actor: Inversiones Industriales y Pecuarias Ltda. y otro; Demandado: Instituto Colombiano Agropecuario –ICA-.

(60) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia del 9 de mayo de 2012; Radicación Nº 88001233100020000057 01; Expediente Nº 22.714.

(61) La referida tesis de la prevalencia de la voluntad real respecto de la declaración ha desplazado en importancia, en el contexto aludido, a la que le resulta diametralmente contraria y que fue formulada originalmente por los pandectistas alemanes a fines del siglo XIX, por virtud de la cual ha de predominar la declaración sobre la voluntad real de los agentes por entender como inherente a la naturaleza de los actos jurídicos el constituir reglas o preceptos de conducta que, una vez surgidos a la vida jurídica y social, cobran entidad propia de modo que se independizan de la voluntad que les dio origen y se imponen por sí mismos en el tráfico jurídico; de acuerdo con esta comprensión, entonces, el poder normativo que el ordenamiento reconoce a los actos y negocios jurídicos conduce a que la voluntad de los agentes ceda toda importancia a partir del momento en el cual se produce su manifestación, pues dicha voluntad queda reducida “a una entidad objetiva que se proyectaría hacia el futuro en sus repercusiones sociales y jurídicas, desvinculándose de ese mundo pretérito y subjetivo en que tuvo lugar su gestación”. Cfr. Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo, Teoría general del contrato y del negocio jurídico, séptima edición, Temis, Bogotá, 2005, págs. 99-105.

(62) Precepto del siguiente tenor: “Artículo 1502. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario:

1º) que sea legalmente capaz.

2º) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio.

3º) que recaiga sobre un objeto lícito.

4º) que tenga una causa lícita.

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra” (se ha destacado).

(63) Diez Picazo, Luis, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. I. Introducción. Teoría del contrato, Civitas, Madrid, 1996, págs. 393-395.

(64) A ese respecto se ha sostenido lo siguiente: “La ley quiere, pues, que la voluntad de las partes sea respetada y estrictamente observada; y por lo mismo, que las convenciones sean religiosamente cumplidas.

Con este fin ha dictado reglas de interpretación que el juez debe observar. No ha dejado entregada la interpretación de las convenciones a la arbitrariedad judicial; no ha dado al juez simples consejos para ilustrar su criterio en esta interpretación; sino que le ha fijado reglas que está obligado a observar y que, hallándose consignadas en preceptos legales, no pueden ser infringidas sin incurrir en una violación de ley que puede y debe ser corregida por la vía de la casación”. Cfr. Claro Solar, Luis, Explicaciones de Derecho Civil chileno y comparado. XII. Obligaciones y contratos, Editorial Nascimento, Santiago, 1939, pág. 16.

(65) Precepto cuyo tenor literal se transcribe a continuación: “Artículo 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2º del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley”.

A ese respecto esta Sala ha precisado que las precitadas reglas legales de interpretación de los contratos resultan válidamente aplicables en el ámbito de la contratación estatal puesto que los principios orientadores que recoge y consagra el artículo 28 de la Ley 80 para la correcta aplicación de las reglas de hermenéutica en materia contractual, cuando de vínculo de naturaleza estatal se trata, en realidad no se ocupan de desarrollar con detalle y de manera específica la forma en la cual han de ser interpretados los aludidos contratos estatales y, por ello mismo, no habría lugar, en los términos del artículo 13 de la citada Ley 80, a excluir por completo la aplicación de las normas legales correspondientes que sobre esas precisas materias contienen los estatutos mercantil y civil sobre la base, que obviamente resultaría equivocada, de considerar el tema en cuestión estaría debida y completamente regulado a través de la norma propia del estatuto de contratación pública (Art. 28). En ese sentido la Sala expresó:

“Ciertamente, el texto del aludido artículo 28 de la Ley 80 es el siguiente:

“[E]n la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a los procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrá[n] en consideración los fines y los principios de los que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos”.

De todos modos, en aquellos casos en los cuales el juez deba valerse de distintas herramientas interpretativas con el fin de dar claridad a pasajes oscuros en el contenido de las estipulaciones del contrato estatal o cuando se pretende desentrañar la voluntad o la intención real de los sujetos de dicho vínculo negocial, lo cierto es que los parámetros hermenéuticos provistos por el aludido artículo 28 del estatuto de contratación estatal resultan insuficientes para acometer la anotada labor, pues si bien es verdad que dicho precepto consagra unos principios de interpretación que orientan, inspiran o informan la referida actividad, no es menos cierto que tales previsiones no constituyen reglas interpretativas precisas como las que sí se encuentran plasmadas en el Código Civil; esta materia, por tanto, no es desarrollada detalladamente y menos agotada, por el multicitado artículo 28 de la Ley 80 de 1993, el cual debe ser aplicado, consiguientemente, de manera complementaria con las disposiciones del Código Civil que se ocupan del tema, sin que con ello se desconozca lo normado por el artículo 13 de la Ley 80 en comento, por cuya virtud los contratos estatales se regirán exclusivamente por lo preceptuado en este último cuerpo normativo en las materias particularmente reguladas en él”. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia del 9 de mayo de 2012; Radicación No.: 88001233100020000057 01; Expediente Nº 22.714.

(66) Claro Solar, Luis, Explicaciones de Derecho Civil chileno y comparado, cit., pág. 20.

(67) Ídem.

(68) Diez Picazo, Luis, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, cit., págs. 402-403.

(69) Así se desprende de la forma como define el principio de buena fe el artículo 3-4 de la Ley 1437 de 2011, la cual se trae aquí a colación a modo puramente ilustrativo: “En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes” (énfasis añadido).

La Corte Constitucional ha definido el principio de la confianza legítima de la siguiente manera: “Este principio pretende proteger al administrado y al ciudadano frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades. Se trata entonces de situaciones en las cuales el administrado no tiene realmente un derecho adquirido, pues su posición jurídica es modificable por las autoridades. Sin embargo, si la persona tiene razones objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio súbito de la misma altera de manera sensible su situación, entonces el principio de la confianza legítima la protege”. Véanse, entre otras, las siguientes sentencias: Corte Constitucional, Sentencia T-417 de 1997. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo; T-046 de 1995; Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo; C-138 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-478 de 1998; Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero; T- 364 de 1999; Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. Por su parte, el Consejo de Estado ha sostenido la imposibilidad de aplicar los principios de buena fe y su especie, el de confianza legítima, en contra de disposiciones legales positivas, es decir, en procura del sostenimiento de situaciones jurídicas contrarias al ordenamiento, como lo refleja la sentencia proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, del 21 de mayo de 2002, oportunidad en la cual, al fallar sobre la pérdida de investidura de un congresista, se sostuvo:

“En cuanto al argumento de la buena fe, cabe anotar que si bien existen ciertas situaciones en las que obrar de buena fe, crea derechos, sanea vicios o suprime nulidades, existen conductas que no obstante se encuentran ceñidas a la buena fe, no logran purgar el quebrantamiento de la Constitución o la ley ni exoneran al agente de la consecuencia jurídica que se ha establecido para reprimirla.

En el presente caso la alegada conducta de buena fe del demandado no hace desaparecer la existencia de la inhabilidad de la que ha dado cuenta la Sala ni lo puede exonerar de la sanción prevista por el precepto constitucional, pues como se consideró en apartes anteriores al estudiar el concepto de la confianza legítima, el régimen de inhabilidades y la institución de la pérdida de investidura están consagrados en defensa de la prevalencia del interés general en el que se funda nuestro Estado social de derecho”. Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de mayo 21 de 2002; Consejero Ponente: Juan Ángel Palacio Hincapié; Radicación número: 11001-03-15-000-2002-0042-01(PI-039). Demandado: Miguel Ángel Santos Galvis.

(70) La Corte Constitucional se ha referido en múltiples pronunciamientos a la prohibición de decidir en contra del acto propio, por ejemplo, en las sentencias T-475 de 1.992; Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz; T-578 de 1.994; Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo; T-503 de 1.999; Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz.

(71) Recuérdese que en las cláusulas cuarta y quinta de la mencionada escritura pública 7441 de 1995 se dejó consignado lo siguiente:

“Cuarto. Que desde hoy el vendedor hace entrega real y material del predio a su comprador, por su cabida, linderos, anexidades, usos, costumbres, servidumbres legales y sin reserva alguna, así mismo lo entrega a paz y salvo por contribuciones e impuestos causados a la fecha, haciendo claridad que la entrega física del inmueble descrito fue realizada a su comprador desde enero de mil novecientos setenta y dos (1972), por parte de Ideal, en cabeza de su representante legal, fecha desde la cual el comprador declara haber recibido a su entera satisfacción el predio y de haber levantado en el mismo las construcciones que se encuentran hoy en día, de la misma manera el comprador declara que desde la misma fecha viene poseyendo el bien de manera quieta, pacífica e ininterrumpida.

Quinto. Si bien es cierto que el precio real pactado por las partes comprador-vendedor, fue la suma de ochocientos veinticinco mil pesos ($ 825.000) moneda (sic) suma que fue cancelada por parte del comprador oportunamente a su vendedor, hoy se fija la suma de veintiún millones seiscientos mil pesos ($ 21'600.000) m/cte, como valor nominal para efectos de tasaciones legales, impositivas y demás” (énfasis añadido; fls. 12-15, cdno. 2).

(72) Corte Constitucional, Sentencia SU-253 de 1998; Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.

(73) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 24 de mayo de 1980; Magistrado Ponente: Germán Giraldo Zuluaga.

(74) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de junio de 2005; Consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra; Radicación: 19001-23-31-000-2004-00814-01(AP).

(75) Por cuya virtud:

“Artículo 627. Vigencia.

“La vigencia de las disposiciones establecidas en esta ley se regirá por las siguientes reglas:

“1. Los artículos 24, 30 numeral 8º y parágrafo, 31 numeral 2º, 33 numeral 2º, 206, 467, 610 a 627 entrarán a regir a partir de la promulgación de esta ley.

“2. La prórroga del plazo de duración del proceso prevista en el artículo 121 de este código, será aplicable, por decisión de juez o magistrado, a los procesos en curso, al momento de promulgarse esta ley.

“3. El Consejo Superior de la Judicatura dispondrá lo necesario para que los expedientes de procesos o asuntos en los que no se haya producido actuación alguna en los últimos dos (2) años anteriores a la promulgación de este código, no sean registrados dentro del inventario de procesos en trámite. En consecuencia, estos procesos o asuntos no podrán, en ningún caso, ser considerados para efectos de análisis de carga de trabajo, o congestión judicial.

“4. Los artículos 17 numeral 1º, 18 numeral 1º, 20 numeral 1º, 25, 30 numeral 8º y parágrafo, 31 numeral 6º y parágrafo, 32 numeral 5º y parágrafo, 94, 95, 317, 351, 398, 487 parágrafo, 531 a 576 y 590 entrarán a regir a partir del primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012).

“5. A partir del primero (1º) de julio de dos mil trece (2013) corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la expedición de las licencias provisionales y temporales previstas en el Decreto 196 de 1971, así como la aprobación para la constitución de consultorios jurídicos prevista en el artículo 30 de dicho decreto.

“6. Los demás artículos de la presente ley entrarán en vigencia a partir del primero (1º) de enero de dos mil catorce (2014), en forma gradual, en la medida en que se hayan ejecutado los programas de formación de funcionarios y empleados y se disponga de la infraestructura física y tecnológica, del número de despachos judiciales requeridos al día, y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, y en un plazo máximo de tres (3) años, al final del cual esta ley entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país”.

(76) Así lo relata el profesor Lopez Blanco, Hernán Fabio, Procedimiento Civil, Parte Especial, octava edición, Dupré Editores, Bogotá, 2004, págs. 935-936. En la obra citada, el autor se decanta por la segunda de las tesis a las cuales se hará referencia en el texto de este pronunciamiento.

(77) Tomando como IPC inicial el de la fecha de la providencia que ordenó el pago de la caución —octubre de 2001— y como IPC final el de la fecha del presente pronunciamiento.