Sentencia 2001-02187 de octubre 30 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 19001-23-31-000-2001-02187-01 (29300)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: María Antonia Calvache de Salazar

Demandado: La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Bogotá, D.C., treinta de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia de primera instancia, dado que la cuantía de las pretensiones alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988,(2) para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación.

2. Caducidad.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo preceptúa:

(...)

8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

(...)

Entonces, como la presente demanda se formuló el 19 de diciembre de 2001 y los hechos que la motivaron acaecieron el 16 de noviembre de 2001 resulta claro que el término de caducidad no se completó y que, por tanto, la Sala se encuentra autorizada para pronunciarse sobre el fondo del sub lite.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, contra la sentencia de 17 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, con miras a determinar la responsabilidad de la parte accionada por los daños causados a la demandante, a raíz del ataque guerrillero de que fuera objeto la población de Bolívar (Cauca), el 16 de noviembre de 2001, por cuanto la apelante manifiesta que el ataque fue indiscriminado y su actuación diligente, dentro de lo posible.

Debe en consecuencia la Sala, entrar a analizar el daño y los hechos probados, con miras a establecer si aquel resulta imputable a la acción u omisión de la entidad demandada, pues, de ser ello así, las pretensiones de reparación en contra de la Nación deberán prosperar.

4. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas aportadas al plenario, se tienen probados los siguientes hechos relevantes para resolver la controversia:

— Se conoce que la señora María Antonia Calvache de Salazar adquirió el inmueble identificado con la matricula inmobiliaria 122-0005905, ubicado entre la calle y carrera 5ta del municipio de Bolívar (Cauca). De ello da cuenta la escritura pública 1615 del 18 de octubre de 1971, suscrita en la Notaría Primera del Circulo de Popayán, registrada el 27 de octubre de 1971 ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Bolívar - Cauca (fls. 3 a 6, cdno. 1 - copias).

— Se encuentra establecido que, el 16 de noviembre de 2001, el inmueble de propiedad de la señora María Antonia fue destruido, como consecuencia del enfrentamiento entre miembros de la subversión y la Policía Nacional. Así lo manifestaron de manera conteste los señores Alfredo Chilito García,(3) Didier Hoyos Samboni,(4) Ovidio Ortiz,(5) Rosaura Muñoz de Navia,(6) Álvaro Daza López,(7) Fernando Cesar Garcés Robles(8) y Alix Yolanda Pérez Ordoñez(9) quienes declararon ante el Juez Civil del Circuito de Bolívar Cauca comisionado para el efecto.

— Se sabe, por el informe de 19 de noviembre de 2001, suscrito por el comandante del Distrito Quinto de Bolívar, que el día 16 de noviembre de esa misma anualidad, el grupo de policiales que prestaba sus servicios en Bolívar, Cauca fue objeto de un ataque guerrillero, el cual, repelieron desde la Estación y varios edificios estratégicos escogidos para el efecto:

“...De manera atenta me dirijo a mi coronel, con el fin de informarle la novedad ocurrida el día 16 de noviembre del año en curso cuando siendo aproximadamente las 15:15 horas, fuimos objeto de una incursión subversiva por unos 500 guerrilleros aproximadamente, pertenecientes a las Farc los cuales estuvieron dentro del casco urbano de este municipio, con el fin de hurtar el armamento, dar de baja, herir y/o secuestrar al personal uniformado que labora en este municipio.

(...)

El viernes 16 de noviembre, en horas de la mañana recibimos varias llamadas telefónicas alertándonos de una inminente incursión armada a este municipio, ya que estos bandoleros habían alertado a los campesinos que se encontraban en el casco urbano comprando la remesa y les advertían realizaran lo más pronto posible la compra de la remesa ya que después del medio día iban a tomarse la población.

Inmediatamente activamos nuevamente el plan defensa de la población el cual consistía en ubicarnos cerca de las edificaciones más altas del municipio (y las pocas que brindaban un poco más de seguridad que la que nos podía brindar la casa que funcionaba como estación de policía) y en caso de que se presentara realmente la incursión deberíamos tomarnos inmediatamente las mismas (iglesia, Telecom, Colegio de Normal, Banco Agrario, alcaldía y dos residencias) para lo cual cada policial tenía específicamente asignado cada lugar de reacción.

Fue así como se llevó el plan hasta las 14:00 horas, donde para evitar un poco la rutina y el cansancio del personal, invertimos el ejercicio ubicando a los asignados a la parte oriental del municipio en la parte occidental (cerca de la estación) y lo inverso, a las 15:10 aproximadamente, recibí una llamada telefónica donde se me informaba que un gran número de subversivos venían por la vía a San Lorenzo a lo cual tome la decisión de llevar a un grupo de los que estaban conmigo cerca de la estación con el fin de tenderles una emboscada a la entrada del municipio, pero tres cuadras más adelante junto a la cárcel, se encontraban gran número de subversivos reunidos al parecer recibiendo algunas últimas instrucciones, a quienes sorprendimos logrando dar de baja y herir algunos de los que allí se encontraban, pero otro grupo nos hizo retroceder llegando cerca de la estación y desde allí repeler el ataque. Desde ese momento empezó la toma escuchándose disparos por todas partes del municipio seguidos por explosiones de granadas, rockers (sic) y cilindros de gas, los que se encontraban en la parte oriental del municipio (Telecom, iglesia, Colegio La Normal) al mando del SV. Bottia, también logro sorprender a un gran numero de bandoleros los cuales no contaban que en esos lugares, se encontraban unidades policiales, quienes valientemente también lograron dar de baja y herir varios subversivos, obligándolos a retroceder e impedirles acercarse a la estación.

Esta distribución de personal policial hizo que los subversivos centraran su accionar en las instalaciones desde donde contrarrestábamos el ataque, motivo por el cual resultaron destruidas la alcaldía, la estación, el Banco Agrario donde posteriormente hurtaron el poco dinero que allí había, Telecom, Colegio La Normal, la iglesia y viviendas cercanas a estos puntos...” (fls. 20 a 24, cdno. 2 copias de proceso administrativo adelantada por los hechos por la Policía Nacional).

Corresponde, en adelante, determinar si los hechos que han resultado probados son suficientes para comprometer la responsabilidad del Estado en los términos establecidos en el artículo 90 constitucional, es decir, si la señora María Antonia Calvache de Salazar está obligada a soportar el daño infundido y, de no ser ello así, establecer la responsabilidad.

5. Análisis del caso.

La Sección Tercera,(10) dada la necesidad de privilegiar los principios de solidaridad y equidad frente a las víctimas del conflicto armado interno(11) que históricamente ha vivido el país y, dados los daños infringidos a los asociados, en razón del mismo, ha destacado el deber general del Estado de procurar, en la medida de lo posible, el imperio de las instituciones y de reparar cuando los derechos e intereses particulares resultan afectados, porque el daño se hubiera podido evitar o repeler y, en todo caso, porque las víctimas tenían que haber sido advertidas, protegidas y en general excluidas de la confrontación.

Bajo esta línea argumentativa y con el fin de garantizar la vigencia del Estado social de derecho, fórmula política que reclama especialmente por el enaltecimiento de la dignidad humana, esta Sección con apoyo del artículo 90 constitucional en múltiples pronunciamientos ha dispuesto la reparación siempre que en eventos como los que ahora se estudia resulte afectado un particular ajeno al conflicto.

Este contexto y el acervo probatorio que reposa en el plenario permiten establecer, a diferencia de lo señalado por la parte recurrente, que los daños causados a la señora Calvache han de imputarse a la parte demandada como lo resolvió el a quo, comoquiera que la antes nombrada no tenía que resultar afectada en sus bienes, en razón de una confrontación bélica que le es ajena, así la demandada sostenga que actuó correctamente y que fue el grupo insurgente quien ejecutó el hecho con el propósito de atentar de manera indiscriminada contra la institucionalidad; pues, como se ve, sin perjuicio de las medidas dirigidas a repeler el ataque para mantener el orden público y proteger a la población civil y sus bienes, lo cierto tiene que ver con que respecto de la actora y su patrimonio las acciones resultaron insuficientes.

En el proceso se encuentra probado (i) que el día 16 de noviembre de 2001, aproximadamente a las 3:15 p.m. un grupo subversivo incursionó al municipio de Bolívar (Cauca) con el fin de atacar a los policiales que prestaban sus servicios en esta municipalidad (ii) que el ataque fue repelido por la fuerza pública desde la Estación de Policía y varios edificios estratégicos donde funcionaban el Banco Agrario, la alcaldía, Telecom por lo cual las viviendas aledañas, entre ellas la de la señora María Antonia Calvache de Salazar fueron destruidas y (iii) que la destrucción del referido inmueble como es natural le generó perjuicios a la demandante.

Así las cosas y dado que el daño se produjo con ocasión de la confrontación entre fuerzas del orden y un grupo insurgente se impone la obligación de indemnizar a la actora, pues es a la Nación-Ministerio de Defensa a quien se ha confiado la protección de la población y sus bienes en este tipo de enfrentamientos.

En ese orden, no son de recibo los argumentos que la demandada viene insistentemente planteando en asuntos como el presente, fundados en que el ataque no se dirigió contra la estación de la policía, pues cuando los particulares o sus bienes terminan involucrados en el conflicto la obligación resarcitoria depende de quien tiene la obligación de protección de la población civil, en un Estado de derecho en el que el monopolio de las armas y del mantenimiento del orden le han sido confiados, a la fuerza pública; sin perjuicio de las acciones, a todas luces reprochables a la luz del derecho internacional humanitario del grupo insurgente.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que las afirmaciones planteadas por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional aparecen desvirtuadas en el proceso, por cuanto la prueba recaudada, especialmente el informe de los hechos suscrito por el propio comandante del Distrito Quinto de Bolívar da cuenta que se conocía del ataque y que este tenía como objetivo a los miembros de la fuerza pública y sus elementos de guerra.

Igualmente, la supuesta generalización con la que se efectuó el ataque fue desvirtuada por dicho informativo, cuando manifiesta que para el contraataque no solo se utilizó la estación de policía sino edificaciones situadas en medio de las viviendas de los moradores, lo que explica porque inmuebles como el del Banco Agrario y Telecom fueron afectados y porque la vivienda de la demandante quedó en medio de la confrontación armada y consecuentemente destruida.

Así, dado que la señora María Antonia Calvache de Salazar no participó de las hostilidades ni facilitó su inmueble para los efectos, cabe en este caso, en consecuencia, acudir a la equidad y la solidaridad para restablecer a la actora en sus derechos a la convivencia pacifica y al orden justo y así mismo exigir de las autoridades la protección de su integridad y de su patrimonio, pues lo cierto tiene que ver con que ella no tenía porque soportar los daños que se infringieron.

Se trata, como puede observarse, de hacer efectiva la clausula general de responsabilidad establecida en el artículo 90 de la Carta Política, sin perjuicio de la utilidad que en algunos casos deviene de los títulos tradicionales de imputación, no siempre pertinentes para motivar condenas como la que procede imponer en el sub lite.

Así las cosas, encontrándose probado que el día 16 de noviembre de 2001 la señora María Antonia Calvache de Salazar sufrió una afectación en su patrimonio que no está obligada a soportar, en el marco de una confrontación armada, entre un grupo insurgente y la entidad pública demandada, por lo cual confirmará la sentencia impugnada.

6. Los perjuicios a indemnizar.

Establecida la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y dado que la decisión del a quo solo fue apelada por la parte demandada,(12) la Sala procederá —de acuerdo a la realidad procesal— a actualizar, el monto de la condena impuesta en primera instancia, por concepto del daño emergente.

Daño emergente

Se reconoció por el a quo a la señora María Antonia Calvache de Salazar el capital necesario para la reconstrucción del inmueble de su propiedad en un total de $ 64.713.350 que actualizados a la fecha de la sentencia de primera instancia eran $ 72.268.378.

Para acreditar el valor de los daños causados en el inmueble, el a quo decretó dictamen pericial, el cual fue practicado y presentado ante el tribunal el 29 de noviembre de 2002 por los ingenieros civiles Francisco Alfonso Rivera López y Óscar Chávez Martínez. A su vez, dicho dictamen fue objeto de complementación el 3 de octubre de 2003 por solicitud de la parte demandada.

Los expertos manifestaron que la vivienda(13) estaba afectada en un 80%, lo que implicaba que debía ser demolida y construida nuevamente. Para efectos de determinar el valor de la reconstrucción, a través del procedimiento de estándares, detallaron el costo de la unidad de obra, de acuerdo a la cantidad requerida y las características del inmueble afectado, estimándose un presupuesto total de $ 64.713.350.

Con la aclaración del dictamen pericial se explicó el procedimiento utilizado en los siguientes términos:

Para determinar los valores de cada uno de los ítems del dictamen se utilizó el procedimiento o mecanismo de estándares, cuyos pasos relacionamos a continuación:

1) Cantidad de obra: esta se obtiene básicamente de los planos generados por un levantamiento topográfico del terreno y de un procedimiento de cubicación y se dan como:

Unidad: se aplica en el caso de los renglones tales como puertas, ventanas, sanitarios, lavamanos y se expresa UN (Unidad).

Medida de longitud: se toman directamente del plano y se expresan en metros lineales (ML).

Medidas de superficie: es determinada por su área, esta se expresa en metros lineales (M2). El caso más común es de las áreas rectangulares, donde el área es el producto del largo por el ancho.

Medidas de longitud: este se expresa generalmente en muestreo medio en metros cúbicos (M3). O sea, el resultado de multiplicar el ancho, por el largo y por el alto. En el transporte de escombros, constituidos por muros y cubiertas, se deben afectar por un factor de expansión debido a que por no tener una forma uniforme producen volúmenes mayores al que tienen cuando están dispuestos en forma ordenada; un caso muy típico, es el de la vigas de cimentación en concreto ciclópeo, cuyas medidas más comunes son de 40 x 40 centímetros o 0.4 x 0.4 metros. Es así como esta misma viga se puede manear en metros lineales.

Global: se usa en general, en los casos en que se pacta el valor a ejecutar en una tarea.

Accesorios: se aplica a los elementos cuya adquisición resulta más económica en juegos como por ejemplo jaboneras, toalleros, cortapapel y cepilleras.

Valor unitario: se trata de un cálculo a costo directo para determinar el valor por unidad de medida en un ítem, para lo cual se suman los costos causados por materiales, mano de obra, herramientas, equipos y transporte.

Herramientas y equipos: se tiene en cuenta las tarifas del equipo necesario para la construcción de una unidad de medida del ítem en función del rendimiento de las maquinas y por supuesto, del personal encargado de manejarlas. Para el cálculo de la herramienta menor se toma el mayor valor entre el 5% de la mano de obra y el calculado según las necesidades del ítem.

(...)

Finalmente y respecto a los valores de los ítems, podemos decir que existe multitud de entidades y agremiaciones que publican periódicamente con destino a quienes tengan interés en ellos, los precios de la construcción. Podemos citar a la Gobernación del Cauca, Valle, el DANE y Construdata, entre otros.

Según lo dispone el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, el juez debe valorar la firmeza, precisión, calidad de los fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Bajo los anteriores parámetros, frente al dictamen rendido se advierte lo siguiente:

El concepto analizado fue rendido por dos profesionales en la ingeniería civil, personas que cuentan con la experiencia y experticia para hacer el análisis de los daños ocasionados a una edificación y estimar los costos de la reconstrucción de la misma. En esa medida la apreciación y valoración que hicieron del inmueble a través del conocimiento de su ciencia y la posterior medición de la obra a realizar y la determinación del presupuesto brinda certeza sobre el total del presupuesto por ellos establecido.

En este sentido, el dictamen pericial ofrece la suficiente credibilidad ya que se evidencia la utilización de métodos adecuados para la estimación de los reales costos de la obra, así como, una idoneidad en las personas designadas como auxiliares de la justicia, lo que permite tomarlo como base para reconocer los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente correspondientes a la reparación del bien, en un total de $ 64.713.350 suma que deberá ser actualizada a la fecha de esta sentencia.

La actualización ser hará con aplicación de la siguiente formula:

S2001-02187ECUA1.jpg
 

Donde:

Ra: valor actualizado a obtener

Rh: valor indemnización debida o consolidada

Ipc (f): último índice de precios conocido (sep./2013)

Ipc (i): índice de precios a la fecha del dictamen pericial (nov./2002).

S2001-02187ECUA2.jpg
 

Ra = $ 103.814.028

7. Costas procesales.

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones de los intervinientes dentro del proceso, razón por la cual no se impondrá condena al respecto.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 17 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, excepto el numeral segundo que se MODIFICA, en lo que atañe a la actualización de la condena por perjuicios materiales. En consecuencia la condena impuesta quedará de la siguiente forma:

“DECLÁRESE, a la Nación Ministerio de Defensa - Policía Nacional administrativamente responsable de los daños causados al bien inmueble de propiedad de la señora María Antonia Calvache de Salazar, ubicado en la localidad Bolívar - Departamento del Cauca, en hechos ocurridos el 16 de noviembre de 2001 por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2) En consecuencia condenase a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar solidariamente a título de indemnización por perjuicios materiales, a la señora María Antonia Calvache de Salazar, en la suma de ciento tres millones ochocientos catorce mil veintiocho pesos m/cte. ($ 103.814.028).

3) Las sumas reconocidas por perjuicios materiales devengarán los intereses del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, a partir de la ejecutoria de esta providencia.

4) Se deniegan las demás pretensiones de la demanda”.

2. NO CONDENAR en costas.

3. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 del Código de Procedimiento Civil y 37 del Decreto 359 de 1995, para el cumplimiento de esta sentencia EXPÍDANSE COPIAS con destino a las partes, que serán entregadas al respectivo apoderado judicial en cada caso.

4. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) La cuantía necesaria para que la doble instancia en un proceso iniciado en 2001 fuera conocida por esta corporación, debía superar la suma de $ 26.390.000 —CCA, arts. 129 y 132, subrogados por D. 597/88— y la mayor de las pretensiones fue estimada por la parte actora en $ 80.000.000 por concepto de perjuicios materiales.

(3) “...Preguntado: sabe usted si la señora antes mencionada tiene una casa de habitación en esta población y si es así en qué lugar se encuentra ubicada. Contestó: sí, ella tiene una casa enseguida del Banco Agrario, la cual es de su propiedad. Preguntado: sabe usted por qué motivo se dice que en este momento está semi destruida. Contestó: sí, eso se debe a una toma guerrillera que ocasionó un grupo subversivo a esta población, dejándola casi destruida, eso fue el día 16 de noviembre del año pasado...” (fls. 184 y 184 vto.).

(4) “...Preguntado: sabe usted si la señora antes mencionada tiene una casa de habitación y en qué lugar se encuentra ubicada. Contestó: ella tiene una casa de habitación en la carrera 5, frente al parque Los Fundadores y al lado del Banco Agrario de este lugar. Preguntado: sabe usted por qué motivo se dice que en este momento está semi destruida y a causa de qué pasó este hecho. Contestó: se encuentra destruida por una toma guerrillera que ocurrió en esta población el día 16 de noviembre del año dos mil uno (2001)...” (fls. 184 vto. y 185).

(5) “...Preguntado: sabe usted si la señora antes mencionada tiene una casa de habitación en esta población y si es así en qué lugar se encuentra ubicada. Contestó: sí, ella tiene una casa en el barrio Centro al frente del parque principal y al lado del Banco Agrario. Preguntado: sabe usted por qué motivo se dice que en este momento se encuentra semi destruida. Contestó: por el enfrentamiento que ocurrió en esta población que fue de la guerrilla con la Policía Nacional...” (fls. 185 y 185 vto.).

(6) “Preguntado: sabe usted si la señora antes mencionada tiene una casa de habitación en esta localidad y en qué sector se encuentra ubicada. Contestó: sí lo sé, se encuentra ubicada al frente del parque central y al lado de la Caja Agraria, hoy Banco Agrario. Preguntado: sabe usted por qué se dice que dicha casa de habitación se encuentra en malas condiciones y a causa de qué se encuentra así. Contestó: sí se encuentra en mal estado debido a la toma guerrillera o enfrentamiento que hubo entre un grupo guerrillero y la Policía Nacional...” (fls. 185 vto. y 186).

(7) “...Preguntado: indique al juzgado si sabe que dicha señora tenga alguna clase de bien inmueble en esta población. Contestó: sí, tiene una casa en el parque principal donde vivía pero como le dañaron la casa se tuvo que ir para Popayán. Preguntado: podría usted manifestar al juzgado quién o quiénes le dañaron la casa a la señora María Antonia. Contestó: eso fue en la última toma guerrillera...” (fls. 186 y 186 vto.).

(8) ‘...Preguntado: podría informar al despacho cómo fue la destrucción de dicha vivienda. Contestó: eso fue el 16 de noviembre del año 2001 hubo una toma guerrillera y como esa casa queda al lado del Banco Agrario por eso la afectaron...” (fls. 186 vto. y 187).

(9) “...Preguntado: indique al jugado si sabe que dicha señora tenga algún bien inmueble en esta localidad. Contestó: sí, tiene una casa ubicada en frente de la plaza principal de este pueblo. Preguntada: se ha dado usted cuenta si dicha vivienda ha sufrido alguna avería y por qué motivo. Contestó: sí, claro en la última toma guerrillera, como esa casa queda al lado del Banco Agrario, por entrarse al banco, yo supongo que la guerrilla le puso bombas y la dañó...” (fls. 187 y 187 vto.).

(10) En esta sentencia se realizó un recorrido por la evolución jurisprudencial que ha realizado la Sección frente a las víctimas de atentados terroristas, enfatizándose en la necesidad de resaltar los principios de solidaridad y equidad frente a la aplicación de los diferentes conceptos jurídicos con los cuales se atribuye responsabilidad al Estado. (Consejo de Estado, Sección Tercera, sent. de abr. 19/2012, Exp. 19001-23-31-000-1999-00815-01(21515), C.P. Hernán Andrade Rincón).

(11) En lo que concierne a la definición de conflicto armado interno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso “La Tablada” - informe 55/97, caso 11.137 - Juan Carlos Abella vs. Argentina, 18 de noviembre de 1997, lo definió de la siguiente manera:

“En contraste con esas situaciones de violencia interna, el concepto de conflicto armado requiere, en principio, que existan grupos armados organizados que sean capaces de librar combate, y que de hecho lo hagan, y de participar en otras acciones militares recíprocas, y que lo hagan. (...) Los conflictos armados a los que se refiere el artículo 3º, típicamente consisten en hostilidades entre fuerzas armadas del gobierno y grupos de insurgentes organizados y armados”.

(12) El principio de la no reformatio inpejus, impide hacer más gravosa la situación del apelante único, en esa medida, si bien, la condena puede ser disminuida, cuando se determinada inconsistencias en su liquidación, no puede ser adicionada.

(13) Los peritos señalaron que la vivienda se componía de dos plantas integradas por una bodega, un comedor, una cocina, dos sanitarios, quince habitaciones y un salón de juegos.