Sentencia 2001-02288 de abril 22 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2001-02288

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Recurso de apelación contra la sentencia de 29 de septiembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta - Subsección A.

Actora: Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital San José

Bogotá, D.C., veintidós de abril de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La Sala debe circunscribir su estudio a los motivos de inconformidad del recurrente, esto es, la parte actora, que es la única que tiene interés para recurrir.

Ahora bien, para abordar el estudio del recurso de apelación, y con el fin de dar un desenlace claro y ordenado a este asunto, se estima pertinente precisar que las normas sobre las cuales basó su actuación el superintendente delegado para energía y gas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios son las que se citan a continuación:

Ley 142 de 1994, artículo 89.7:

“Cuando comiencen a aplicarse las fórmulas tarifarias de que trata esta ley, los hospitales, clínicas, puestos y centros de salud, y los centros educativos y asistenciales sin ánimo de lucro, no seguirán pagando sobre el valor de sus consumos el factor o factores de que trata este artículo. Lo anterior se aplicará por solicitud de los interesados ante la respectiva entidad prestadora del servicio público. Sin excepción, siempre pagarán el valor del consumo facturado al costo del servicio”.

Ley 286 de 1996, artículo 5º:

“Quedan excluidas del pago de la contribución, las entidades establecidas en el numeral 89.7 del artículo 89 de la Ley 142 de 1994”.

Decreto 3087 de 1997, artículo 6º, parágrafo 1º:

“Están exentos del pago de la contribución de solidaridad los hospitales, clínicas, puestos y centros de salud y los centros educativos y asistenciales sin ánimo de lucro que así lo soliciten a la respectiva entidad prestadora del servicio público. Sin excepción siempre pagarán el valor del consumo facturado al valor del servicio”.

En esencia, la demanda se centra en dos cargos de violación: “Infracción directa del artículo 5º de la Ley 286 de 1996” y “Quebranto de los derechos e intereses del Hospital San José como usuario del servicio de energía eléctrica”.

Respecto del primer cargo, la Sala acoge lo expresado en la sentencia de primera instancia, en cuanto a que no incide para nada el efectuar interpretación sobre vocablos tales como exoneración o exclusión, que indistintamente son usados por el legislador al expedir la Ley 142 de 1994 y 286 de 1996, si se tiene en cuenta que el Decreto 3087 de 1997, reglamentó las leyes mencionadas, y ambas normas son diáfanas en exigir que para la procedencia de la exención debe mediar la solicitud expresa de la entidad usuaria a quien la ley le otorga el beneficio.

Se reitera que tiene razón el a quo al no dar realce a los términos “exclusión” y “exención”, toda vez que el efecto jurídico de las normas contenidas tanto en las citadas leyes como en el decreto reglamentario, es uno solo, el cual consiste en el beneficio de la “exención” (D. 3087/97, art. 6º, par. 1º) o “exclusión” (L. 286/96, art. 5º) o “no seguir pagando” la contribución de solidaridad, tal como literalmente lo consagra la Ley 142 de 1994, pero condicionado a que medie una solicitud expresa del usuario beneficiado, quien debe presentarla dentro de la oportunidad señalada en la última de las citadas leyes, para tener derecho a gozar de tal beneficio.

Así las cosas, el artículo 5º de la Ley 286 de 1996 no derogó el artículo 89 de la Ley 142 de 1994, específicamente en su numeral 7º, como tampoco el Decreto Reglamentario 3087 de 1997 fue más allá del alcance de las normas que reglamentaba, al incluir la palabra “exonerar”, en la medida en que el fin único de las citadas normas es proteger los derechos de los usuarios señalados en los aludidos artículos 89 de la Ley 142 y 5º de la Ley 286 de 1996, otorgándoles el beneficio de no tener que pagar la contribución de solidaridad.

En igual forma, no pueden argumentarse tales supuestos, toda vez que si la Ley 286 hubiese derogado la norma de la Ley 142, no existiría en la primera de las nombradas, disposición alguna, que se hubiese remitido al artículo 89 de la segunda, como sí lo hace el artículo 5º de la Ley 286.

De manera que no es acertado el argumento de la actora, al querer pretender justificar la ilegalidad de los actos administrativos expedidos por la entidad demandada, valiéndose de las “diferencias” de los términos antes enunciados, cuando lo real y cierto es que debe aplicarse la hermenéutica jurídica acerca de lo que quiso decir el legislador a través de las prenombradas leyes y el decreto que reglamentaba las mismas.

Por ello, tiene razón el apoderado de Codensa S.A., en la contestación de la demanda, quien se fundamentó en el artículo 28 del Código Civil, para explicar que la distinción de tales vocablos, no contiene un asidero legal que ponga en entredicho la debida y armónica aplicación de las normas antes referidas, por parte de la administración.

En este orden de ideas, este cargo no tiene vocación de prosperar.

En lo que respecta al segundo cargo, denominado “Quebranto de los derechos e intereses del Hospital de San José como usuario del servicio de energía eléctrica”, que se fundamenta esencialmente en que existió error de facturación desde el año 1987, toda vez que Codensa S.A., aplicó erróneamente la tarifa para usuarios del nivel de tensión I, cuando debió tener en cuenta que la demandante tenía la condición de usuario del nivel de tensión II, lo cual, a su juicio, constituye pago de lo no debido, que debe ser restituido desde tal fecha, con fundamento en las normas del Código Civil que tratan sobre este tema, las cuales fueron enunciadas en el libelo de la demanda.

Así mismo, porque la actora alega que las resoluciones expedidas por la demandada se encuentran incursas en ilegalidad, al no haber revocado la decisión de Codensa S.A. que negaban la refinanciación de la deuda y la aplicación del artículo 154 de la Ley 142 de 1994.

Como ya se vio, el tribunal en la sentencia impugnada, afirma que no se encuentra prueba en el proceso de que la demandante reuniera las condiciones de “usuario no regulado” para que Codensa S.A. estuviera obligada a devolver tales sumas desde el año 1987 a 1998; argumento que el demandante reposta indicando en el sustento del recurso de apelación, que en el expediente existen pruebas sobre las actas levantadas por la Empresa de Energía de Bogotá y Codensa S.A. desde el año 1987, que demuestran su condición de usuario no regulado.

Así mismo, sustentó que en la sentencia no existe estudio acerca de que el “Nivel II de tensión en los cargos de energía, equivalía a usuario no regulado...” (fl. 13, cdno. 2).

Al respecto, es importante mencionar que dentro de las pruebas solicitadas por el a quo, se encuentra el Oficio 0142 de 13 de noviembre de 2003, suscrito por la subdirección de minas y energía del Departamento Nacional de Planeación, en cuyos sus apartes se expresa:

“... le informamos que una vez revisados los archivos de este departamento, hemos ubicado las resoluciones de la Junta Nacional de Tarifas entre los años 1986 y 1993 cuyo objeto era el establecimiento de tarifas para la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá o para el servicio de energía eléctrica a nivel nacional.

Es necesario clarificar que entre 1986 y 1990 no existían conexiones a nivel II de tensión sino conexiones a media tensión (entre 11,4 y 100 kV). Posteriormente con la expedición del Decreto 1555 de 1990, se estableció que el nivel 2 es aquella tensión nominal mayor o igual a 1 KV y menor a 30 KV suministrado en la modalidad trifásica o monofásica (...)” (fl. 193) (las negrillas son de la Sala).

En este punto, la Sala considera que si bien es cierto mediante las actas se demuestra la condición de usuario de la parte demandante, también lo es, que de acuerdo con el documento transcrito, no ostenta la calidad de “usuario no regulado”, antes del año de 1990.

Por otra parte, el tribunal sostiene que cuando exista error en la facturación, el usuario debe reclamar a la empresa de servicios, dentro de los términos y oportunidades señalados en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994. En similar forma, se pronuncia el apoderado de Codensa S.A., al manifestar que el inciso 3º del artículo 154 de la Ley 142 de 1994, es muy claro al establecer que “En ningún caso” proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco meses de haber sido expedidas. A su vez la demandante, en la sustentación del recurso de apelación afirma que una cosa es la caducidad de los reclamos directos y, otra, es la figura del pago de lo no debido y el enriquecimiento sin causa.

Sobre este particular, la Sala entra a analizar la naturaleza de las normas acusadas, en particular el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, para efectos de determinar si en el presente caso, es correcta la devolución de los cinco meses por error en la facturación, o si son aplicables las normas del Código Civil, relativas al pago de lo no debido, con el fin de establecer si hubo violación al principio de la buena fe y, por ende, abuso del poder dominante.

En efecto, el asunto que se examina trata de obligaciones que exclusivamente se derivan de la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, en la que la demandante, como usuaria, detectó el error en la facturación expedida por Codensa S.A., al haber contratado una persona especializada en la materia, que permitió estructurar una nueva tarifa, previa las visitas técnicas y cambio de los medidores, de acuerdo con los pruebas que reposan en el expediente.

Para la Sala es claro que existió error por parte de Codensa S.A., al haber aplicado el nivel I de tensión y no el nivel II de tensión de energía, lo cual generó el pago de lo no debido que aduce la demandante. No obstante, es preciso recordar que los asuntos propios de los servicios públicos domiciliarios se encuentran regulados por normas de carácter especial, como las contenidas en la Ley 142 de 1994, las cuales tienen prevalencia sobre otras leyes que regulen dichos servicios, tal como lo señala el artículo 186 de la aludida ley.

Así las cosas, a juicio de la Sala, tal circunstancia impide dar aplicación a las normas del Código Civil que regulan el pago de lo no debido en el caso que se ventila, ya que el carácter especial de la Ley 142, indudablemente prima sobre las normas generales enunciadas por la parte actora.

De manera, pues, que el a quo tiene razón al considerar que el usuario debió reclamar ante la empresa de servicios sobre el error de facturación, dentro de las oportunidades y términos previstos en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, agregando esta Sala, que en concordancia con lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 89 de la misma ley, en armonía con lo previsto en el Decreto 3087 de 1997, artículo 6º, parágrafo 1º, debe mediar solicitud expresa del usuario del servicio en tal sentido.

Por consiguiente, el pago de lo no debido reclamado en esta oportunidad por la actora, no es procedente, en primer lugar, porque no se encuentra prueba de que la demandante reuniera las condiciones de usuaria no regulada, máxime si se tiene en cuenta que el Oficio 0142 de 13 de noviembre de 2003, antes transcrito, precisa que entre el año 1986 a 1990, no existían conexiones de nivel II.

En segundo término, porque al considerar y aceptar que el error fue subsanado a partir del 9 de marzo de 1999, fecha en que hizo la reclamación la actora a Codensa S.A., solo tenía derecho a la devolución de cinco meses, ya que las normas antes reseñadas, son muy claras al establecer que debe mediar “solicitud de los interesados ante la respectiva entidad prestadora del servicio público”, para tales efectos. Y por cuanto el inciso 3º del artículo 154 de la Ley 142 de 1994, señala:

“El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones por facturación deben interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión. En ningún caso , proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de hacer sido expedidas por las empresas de servicios públicos” (las subrayas y negrillas son ajenas al texto).

Norma de la que se deriva la caducidad de la acción para facturas con fechas mayores al término de cinco meses. Por lo tanto, la pretensión de la actora, relativa a la devolución de los dineros pagados por concepto de la contribución de solidaridad a partir del mes de julio de 1996 y hasta marzo de 1999, no es jurídicamente viable, como tampoco la cifra que resulte a su favor luego de aplicar la tarifa del nivel II, que correspondía al consumo entre julio de 1987 y septiembre de 1998, ya que las normas descritas por su carácter especial e imperativo no permiten hacer reintegros retroactivos, sino dentro de los cinco meses anteriores a una reclamación, como en este caso, la presentada el 9 de marzo de 1999.

En este orden de ideas, tampoco puede predicarse que hubo violación al principio de la buena fe y, por ende, abuso de poder dominante, por parte de Codensa S.A., ya que a partir del 9 de marzo de 1999, fecha en que la actora efectuó la reclamación a Codensa S.A., al enterarse de la irregularidad en la facturación se permitió a la citada empresa de servicios estructurar una nueva tarifa, previa las visitas técnicas, corrección y cambio de los medidores, y efectuar la devolución respectiva, de que dan cuenta los actos impugnados.

Por último, respecto a la simple advertencia a Codensa S.A. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que alega la demandante como ilegalidad de los actos, consta en la Resolución 002382 de 2001, que el ente de control no se limitó a ello, ya que no solo le dio razón al recurrente, en lo atinente a que el nivel de tensión aplicable al hospital era el nivel II y no el I, sino que ordenó la reliquidación de la cuenta desde septiembre de 1998, por la suma de $ 34’840.682. Lo anterior demuestra que sí se pronunció al respecto, y su actuar se ajustó a derecho.

En este orden de ideas, el cargo en estudio tampoco tiene vocación de prosperidad.

En consecuencia, la Sala estima que debe confirmarse la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala el día 22 de abril de 2009».

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