Sentencia 2001-02323 de marzo 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Exp.: 250002326000 2001 02323 01(27065)

Consejero ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Obiora Ufondu

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Acción: reparación directa

Bogotá, D.C., doce de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sala de Descongestión— el 24 de diciembre de 2003, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008(19), de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda, el Consejo de Estado, sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

2. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

En el presente caso la pretensión resarcitoria se origina en los daños sufridos por el actor con ocasión de la privación de la libertad a que fue sometido en razón de un proceso penal adelantado en su contra, por lo que, para determinar el momento en el cual ha de efectuarse el cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa para el caso concreto, la Sala tendrá como punto de referencia, la resolución de 28 de septiembre de 1999 que confirmó la preclusión de la investigación adelantada contra el señor Obiora Ufondu. Dicho proveído obra en copia auténtica(20) y, pese a no contar con la respectiva constancia de ejecutoria, es posible deducir de su contenido que la demanda fue interpuesta en tiempo oportuno por cuanto dicha circunstancia sucedió el día 28 de septiembre de 2001.

3. La Fiscalía General de la Nación, si bien hace parte de la rama judicial, tiene capacidad para comparecer por sí misma al proceso.

El artículo 49 de la Ley 446 de 1998 asignó expresamente al Fiscal General, la representación de los procesos en los cuales la Fiscalía General de la Nación fuera parte(21). Ahora, comoquiera que las decisiones que se discuten en el presente litigio y que habrían ocasionado el daño por cuya indemnización se reclama fueron proferidas por esa entidad y, para el momento en que se presentó la demanda (sep. 28/2001), la representación de la Nación —Fiscalía General de la Nación— recaía en el Fiscal General, forzoso resulta sostener que la entidad podía sin ninguna restricción comparecer por sí sola al presente proceso.

4. Las pruebas aportadas al expediente.

Mediante providencia de 20 de mayo de 2013 la corporación recaudó de oficio el proceso penal adelantado en contra del demandante(22), así como certificación expedida por el Inpec acerca del tiempo que el señor Obiora Ufondu estuvo recluido en la cárcel La Modelo, por lo que se tendrá en cuenta para resolver el recurso de apelación formulado por la parte actora.

Como pruebas documentales relevantes, en original o en copia auténtica, obran en el expediente las siguientes:

— Informe suscrito por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—, acerca del operativo llevado a cabo el 21 de abril de 1996 en la ciudad de Bogotá, en el cual resultaron detenidos varios ciudadanos extranjeros, entre ellos el ciudadano Nigeriano Obiora Ufondu, cuando se encontraba en el aeropuerto El Dorado esperando abordar un vuelo con destino a la ciudad de Buenos Aires(23).

— “Acta de los derechos del capturado” con fecha de 21 de abril de 1996, por la cual se dejó constancia de la detención del demandante(24).

— Resolución de 13 de mayo de 1996, por la cual la Fiscalía impuso medida de aseguramiento de detención preventiva al señor Obiora Ufondu(25).

— Providencia de 17 de octubre de 1997 proferida por la unidad delegada de la Fiscalía ante el Tribunal Nacional, que concedió libertad provisional al demandante “previo el pago de la caución y suscripción de la diligencia”, como consecuencia de una nulidad procesal decretada(26).

— Resolución de 22 de febrero de 1999 expedida por la Fiscalía Regional Delegada - Unidad Especializada en Narcotráfico, que dispuso precluir la investigación penal que se adelantaba en contra del demandante(27).

— Providencia de 28 de septiembre de 1999 por la cual se confirmó en grado de consulta, la preclusión de la investigación penal en contra del señor Obiora Ufondu(28).

— Certificación expedida por el Inpec, con la que se acredita que el señor Obiora Ufondu estuvo recluido en la cárcel La Modelo desde el 23 de abril de 1996, hasta el 23 de octubre de 1997(29).

— Autoliquidación de ingresos dejados de percibir por el término que el señor Obiora Ufondu estuvo privado de la libertad, documento con el que la parte actora pretendió probar el perjuicio material(30).

5. Régimen de responsabilidad extracontractual del Estado derivada de la privación de la libertad.

Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, resulta necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado por razón de la privación injusta de la libertad a la cual fue sometido el señor Obiora Ufondu, desde el 21 de abril de 1996 cuando fue capturado por agentes de DAS, hasta el 23 de octubre de 1997 fecha en la que salió de la cárcel La Modelo, de manera tal que se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala deben ser analizados con base en la Ley 270 de 1996.

En este sentido, procede comenzar por la alusión al artículo 65 de la Ley 270 de 1996 cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 65.—De la responsabilidad del estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.

Respecto de la norma legal transcrita, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota con la declaración de la responsabilidad del Estado por detención injusta, cuando esta sea ilegal o arbitraria. En reiterada jurisprudencia(31), se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, mantienen vigencia para resolver de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad; es decir, que después de entrar en vigencia la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, se configura un evento de detención injusta. Lo anterior en virtud de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado prevista en el artículo 90 de la Constitución Política; en ese sentido, la Sala mediante sentencia del 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la Sentencia C-03[7] de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 —y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de administración de justicia—, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

Tal es la interpretación a la que conducen no solo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1997, mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la ley estatutaria de la administración de justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la administración de justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996”(32).

Ahora bien, esta Sección del Consejo de Estado, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, ha evolucionado en la interpretación y aplicación del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(33). En efecto, la jurisprudencia ha avanzado en cuatro distintas etapas, a saber(34):

En una primera etapa la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad judicial de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso y sin que resultare relevante el estudio de la conducta del juez o magistrado a efecto de establecer si la misma estuvo caracterizada por la culpa o el dolo(35). Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva se tenía como una carga que todas las personas tenían el deber de soportar(36).

Más adelante, en una segunda dirección, se indicó que la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención con el fin de obtener la indemnización de los correspondientes perjuicios —carga consistente en la necesidad de probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad— fue reducida solamente a aquellos casos diferentes de los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(37), pues en relación con los tres eventos señalados en esa norma legal se estimó que la ley había calificado de antemano que se estaba en presencia de una detención injusta(38), lo cual se equiparaba a un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no era necesario acreditar la existencia de una falla del servicio(39).

En una tercera línea, tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, la Sala añadió la precisión de acuerdo con la cual el fundamento del compromiso para la responsabilidad del Estado en estos tres supuestos no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que esta no tiene la obligación jurídica de soportarlo(40), reiterando que ello es así independientemente de la legalidad o ilegalidad del acto o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa(41).

Finalmente y en un cuarto momento, la Sala amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso al reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de aseguramiento(42)—.

Estas últimas tesis han estado fundadas en la primacía de los derechos fundamentales, en la consecuente obligación estatal de garantizar el amparo efectivo de los mismos y en la inviolabilidad de los derechos de los ciudadanos entre los cuales se cuenta, con sumo grado de importancia, el derecho a la libertad. En relación con estos aspectos, la Sección Tercera de la corporación precisó lo siguiente(43):

“Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado social y democrático de derecho la persona —junto con todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquel y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas (...).

Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado —a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política—, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de estas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general (...).

De ahí que los derechos fundamentales se configurasen como límites al poder(44) y que, actualmente, se sostenga sin dubitación que el papel principal del Estado frente a los coasociados se contrae al reconocimiento de los derechos y libertades que les son inherentes y a ofrecer la protección requerida para su preservación y respeto(45). No en vano ya desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1798(45) (sic), en su artículo 2º, con toda rotundidad, se dejó consignado:

‘ART. 2º—El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión’ (...).

Después de la vida, el derecho a la libertad constituye fundamento y presupuesto indispensable para que sea posible el ejercicio de los demás derechos y garantías de los que es titular el individuo. No es gratuito que, en el catálogo de derechos fundamentales contenido en el Capítulo 1 del Título II de la Constitución Política, inmediatamente después de consagrar el derecho a la vida —arts. 11 y 12— se plasme el derecho a la libertad. La garantía de la libertad es, a no dudarlo, el principal rasgo distintivo entre las formas de Estado absolutistas, totalitarias y el Estado de derecho.

Todo lo expuesto impone, ineludiblemente, la máxima cautela antes de calificar cualquier limitación a la libertad, como una mera carga pública que los individuos deben soportar por el hecho de vivir en comunidad”.

Así las cosas, se tiene que el ordenamiento jurídico colombiano, orientado por la necesidad de garantizar, de manera real y efectiva, los derechos fundamentales de los ciudadanos, no puede aceptar que los ciudadanos estén obligados a soportar como una carga pública la privación de su derecho a la libertad y que, en consecuencia, estén obligados a aceptar como un beneficio gracioso o un golpe de suerte que posteriormente la medida sea revocada. No, en los eventos en que ello ocurra y se configuren causales como las previstas en el citado artículo 414 del CPC (sic), o incluso cuando se absuelva al detenido por in dubio pro reo —sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima— el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues esa es una carga que ningún ciudadano está obligado a soportar por el solo hecho de vivir en sociedad(46).

La Sala ha considerado necesario presentar estas reflexiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto y las normas que rigen la materia, las cuales serán tenidas en cuenta para valorar las pruebas obrantes en el proceso, con el fin de establecer si están demostrados en este caso, como en efecto lo están, los elementos de la responsabilidad de la entidad demandada respecto de la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor Obiora Ufondu.

6. El caso concreto.

De conformidad con las pruebas allegadas al proceso, se tiene acreditado que el 21 de abril de 1996 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, agentes del DAS adelantaron un operativo en el cual varios hombres de origen extranjero fueron capturados, entre los cuales se encontraba el señor Obiora Ufondu. Esto consigna un reporte elaborado por miembros del DAS, en relación a lo ocurrido esa fecha:

“En atención a la orden impartida por esa coordinación y en razón a labor de inteligencia adelantada en los hoteles Quinta Avenida (...), Holywood (sic) (...) y Los Cristales (...) de esta ciudad, encaminada a verificar las actividades de unos ciudadanos extranjeros de los cuales se tenía serios indicios ingresaron al país con la intención de transportar estupefacientes hacia diferentes partes del mundo. El día de hoy 21 de abril de 1996 siendo aproximadamente las 07:40 horas, notamos la presencia de un vehículo de servicio público (...) el cual estacionó frente al hotel Los Cristales y fue abordado 5 minutos después por un ciudadano de color, quien salió de las instalaciones del citado hotel (...) de inmediato se procedió a seguir dicho vehículo, arribando al aeropuerto internacional El Dorado (...) cabe anotar que simultáneamente otro funcionario del departamento efectuó el mismo procedimiento con dos sujetos de color que salieron de las instalaciones del hotel Quinta Avenida, en un vehículo de servicio público distinguido con las placas SFH 709. Una vez en el aeropuerto El Dorado los tres ciudadanos de color hicieron contacto e iniciaron los trámites de chequeo de tiquetes y equipaje.

(...).

Se procedió entonces a retener a los tres (3) ciudadanos extranjeros los que responden a los nombres de Ufondu Obiora pasaporte Nº B480690 de la República Federal de Nigeria, Gooding Edward pasaporte Nº 0199792 de la República de Sierra Leona y Bogosi Jimmy pasaporte Nº 113165 de la República de Namibia, este último propietario de la nevera en la cual fue hallada la sustancia alucinógena”(47) (negrilla por la Sala).

De igual manera obra en el expediente el “acta de los derechos del capturado”, correspondiente al señor Obiora Ufondu, el cual dice:

“Acta de los derechos del capturado:

Santafé de Bogotá D.C., a los 21 de abril de 1996, presente ante la jefatura de la sección de migración del aeropuerto El Dorado, el señor: Ufondu Obiora pasaporte Nº B480690, con el propósito de firmar acta de los derechos del capturado, contemplado en el artículo 377 del CPP. Para tal fin se le hace saber que lo solicita en captura el señor Fiscal 312 Seccional por captura flagrancia Ley 30/86 y queda a su disposición. Que tiene derecho a nombrar un apoderado que lo asista en todas las diligencias subsiguientes en caso negativo el juzgado anteriormente mencionado le asignará abogado de oficio, y manifiesta que nombra al Dr. ____________; que tiene derecho a efectuar una llamada para informar de su aprehensión, a lo cual se entrevistó personalmente con: ________. No siendo otro el objeto de la presente se termina y firma por los que en ella intervinieron una vez leída y aprobada.

(...).

Se firma a ruego por cuanto el capturado se niega a firmar”(48).

También obra en el proceso copia autentica, providencia de 13 de mayo de 1996 proferida por la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá, por medio de la cual se decretó medida de aseguramiento en contra del señor Obiora Ufondu como presunto autor del delito de concierto para delinquir. Dicha resolución expresó:

“(...) Por ello ante la convicción de que lo expuesto, tiene probatorio, habida cuenta de que no hay causal de justificación de inculpabilidad en cabeza de los sindicados, al reunirse los requisitos del artículo 388 del CPP se dicta medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación en contra de los aquí imputados por los delitos descritos y analizados.

(...).

Resuelve

1. Proferir medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación en contra de (...) Obiora Ufondu (...), quienes se encuentran detenidos en la cárcel Modelo (...) por concierto para delinquir”(49).

Está igualmente acreditado que mediante resolución de 17 de octubre de 1997, la unidad delegada de la Fiscalía ante el Tribunal Nacional, concedió libertad provisional al demandante como consecuencia de una nulidad procesal decretada por dicha entidad(50), determinación que se hizo efectiva el 23 de octubre de ese año cuando salió de la cárcel La Modelo, tal como lo indica la certificación expedida por el Inpec obrante en el expediente.

Se tiene, así mismo, establecido que mediante resolución de 22 de febrero de 1999 que calificó el mérito del sumario(51), la Fiscalía de conocimiento resolvió precluir el proceso penal adelantado contra el señor Obiora Ufondu. Así dijo tal providencia:

“Vemos pues como uno a uno de los sindicados tienen a su nombre de alguna manera un señalamiento, desprevenido y profano frente a lo que sería en estricto sensu, un delito propiamente dicho, a la luz de nuestro ordenamiento jurídico penal. Recordemos cómo los agentes de seguridad del Estado discriminan los nombres de los hoy sujetos procesales, e igualmente el rol que desempeñaban en el momento preciso judicial (...).

Excluida de este plenario por el funcionario de segunda instancia, la figura penal típica del ‘concierto para delinquir’, de perogrullo será de análoga manera, simplemente dejar de lado en este acto judicial, cualquier mención y menos postulado proclive a tan siquiera abrigar la posibilidad probable de este tipo penal, conforme los hechos narrados en la situación acaecida y, que hemos relievado; porque sencillamente no hay mérito alguno para acusar por un delito, a ninguno de los que se vincularon a este plenario y, que hoy se califica todo lo instruido.

(...).

Recordemos que para dictar resolución de acusación a un imputable(s), es necesario que militen contra el sindicado(s), rangos importantes probatorios; aquí el indicio no reviste gravedad sino contingencia, dado que la presunción no puede ir más allá de la realidad y esta última apreciación es la que finalmente nos daría certeza para proceder conforme tal eventual decisión.

(...).

El hecho punible pudo estar presente en el momento del operativo, si tomamos en cuenta que allí se encontró algún vestigio de estupefaciente, y ciertos objetos que ‘pueden’ ser utilizados en la gestión manipuladora de empacar, embalar o preparar substancia como la cocaína, morfina o heroína; pero no se endilgó su tenencia de manera específica y clara a un ser determinado, ni la conjugación de uno o varios de los verbos rectores que conforman alternativamente el precepto de artículo 33 de la Ley 30/86.

(...).

Resuelve

1. Precluir la investigación para: (...) Obidra Afunfo (sic) (...)”.

De igual modo, surtido el grado jurisdiccional de consulta ante la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, mediante providencia de 28 septiembre de 1999(52) confirmó en todas sus partes la resolución de 22 de febrero de esa anualidad por considerar que de “los medios de prueba arribados a los infolios se tiene que las deducciones de los uniformados que aprehendieron a los implicados no pasaron del campo de las meras especulaciones o sospechas, toda vez que no obstante lo dilatado de la instructiva no se logró concretar cargos que comprometieran efectivamente su responsabilidad”(53).

Así pues, las probanzas antes relacionadas evidencian que el señor Obiora Ufondu estuvo privado de la libertad entre el 21 de abril de 1996, cuando agentes del DAS lo detuvieron en el aeropuerto El Dorado, hasta el 23 de octubre de 1997(54), cuando salió de la cárcel La Modelo en cumplimiento de la libertad provisional otorgada mediante resolución de 17 de octubre de 1997.

Ciertamente, precisa la Sala que la absolución no devino de la aplicación del principio in dubio pro reo, comoquiera que de la lectura de la providencia de 22 de febrero de 1999, se evidencia que tal determinación se sustentó en que no se logró probar la responsabilidad penal del señor Obiora Ufondu, sin que en dicha decisión aparezca la aplicación de tal postulado como soporte de su absolución.

Esta sola circunstancia constituye un evento determinante de privación injusta de la libertad, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fue vinculado el ahora demandante, siempre mantuvo intacta la presunción constitucional de inocencia que lo ampara y que el Estado jamás lo desvirtuó. En consecuencia, no es posible considerar que el señor Obiora Ufondu hubiere estado en la obligación de soportar las consecuencias de la medida cautelar restrictiva de su libertad, en los términos en que en ese entonces le impuso la justicia penal.

Resalta la Sala que la privación de la libertad del hoy actor no se produjo entonces como consecuencia de un hecho que fuere atribuible al sindicado, pues no se acreditó en este asunto causa alguna que permita establecer que la decisión se hubiere adoptado con fundamento en una actuación directa y exclusiva de aquel.

Bajo las circunstancias anteriores, resulta desde todo punto de vista desproporcionado pretender que se le pueda exigir al hoy demandante que asuma de forma impasible y como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad, la privación de su derecho a la libertad durante más de un año y ello en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado.

Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas se impone concluir que no estaba el señor Obiora Ufondu en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que, por tanto, debe calificarse como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la administración de resarcir al demandante.

Sobre el particular, debe decirse que en casos como este no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues una decisión de la entidad demandada, determinó que el señor Obiora Ufondu tuviere que padecer de la limitación a su libertad por el término de 18 meses y 2 días, hasta cuando se revocó la medida de aseguramiento y posteriormente se lo absolvió de responsabilidad por no haber cometido el delito por el cual se lo investigaba.

Era a la administración de justicia a quien correspondía demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se había dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario(55).

Esclarecido lo anterior, es de señalar que si bien en la demanda se adujeron motivaciones de carácter racial y de nacionalidad por parte de la Fiscalía General para vincular al señor Obiora Ufondu a la investigación penal y posterior imposición de medida de aseguramiento, lo cierto es que tal visión carece de soporte probatorio por lo que la Sala descarta la existencia de tales prejuicios como fundamento del proceso penal y de la medida restrictiva de la libertad que soportó el demandante.

7. Indemnización de perjuicios.

— Perjuicios morales:

En cuanto a la valoración probatoria que debe hacer el juez para acceder al reconocimiento de los perjuicios morales, ha entendido la Sala que es deber del fallador hacer acopio de todos los elementos probatorios obrantes de manera que verifique la existencia de criterios o referentes objetivos para su cuantificación tales como: “las características mismas del daño, su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada persona, vale decir, el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante afectado, para, por vía del análisis de conjunto, debidamente razonado, llegar a concretar un monto indemnizatorio determinado (...)”(56).

Sin perjuicio de lo dicho con anterioridad, en reciente sentencia la Sección Tercera unificó su criterio en torno a los montos que deben orientar la decisión del juez —junto con las particularidades de cada caso— en la tasación del perjuicio moral en casos de privación injusta de la libertad. Esto dijo la sentencia de 28 de agosto de 2013(57):

“Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 SMMLV; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMMLV; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMMLV, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMMLV, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMMLV, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 SMMLV, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 SMMLV, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados”.

Ahora bien, de conformidad con el texto de la demanda, se solicitó indemnización de perjuicios morales de la siguiente manera:

“Treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales por concepto del daño moral sufrido por mi poderdante y su cónyuge e hijos”(58).

Para el caso sub lite, dado que al proceso solo compareció en calidad de demandante el señor Obiora Ufondu, la Sala negará cualquier indemnización tanto a la cónyuge e hijos del actor, comoquiera que no están legitimados para actuar en el presente litigio.

En cuanto al perjuicio moral padecido por el señor Obiora Ufondu, la Sala encuentra, con base en las máximas de la experiencia, que la restricción de la libertad física a la cual fue sometido por el término de 18 meses y 2 días(60)(sic), causó naturalmente en él una especial afección inherente a su condición de preso extranjero en un ambiente carcelario como el colombiano. Por tal razón y en consideración a la sentencia arriba transcrita, la Sala concederá el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues en el presente caso el demandante estuvo privado de la libertad por un período superior a los 18 meses.

— Perjuicios materiales:

Daño emergente.

Por este concepto se solicitó en la demanda el valor de los pasajes correspondientes a las rutas Bogotá-Argentina ($2.329.900) y Argentina-Nigeria ($3.116.500):

“1) Daño emergente:

a) Valor del pasaje Bogotá Argentina $2.329.900

Argentina Nigeria $3.116.500

a) En cuanto a los pasajes es un valor promediado a la presentación de la demanda”.

En esta oportunidad se negará el reconocimiento del valor del pasaje Buenos Aires--Nigeria, puesto que en el plenario no existe prueba que permita inferir que luego de que el demandante se desplazara de Bogotá a Buenos Aires su próximo destino fuera Nigeria, ni le fue retenido dentro de sus pertenencias pasaje para esa ciudad.

Otra situación se vislumbra en relación al pasaje Bogotá-Buenos Aires, pues de acuerdo con el Informe suscrito por agentes del DAS, acerca del operativo llevado a cabo el 21 de abril de 1996 —en el cual fue capturado el demandante—, al señor Obiora Ufondu le fue retenido el tiquete aéreo Nº 554412188724-6 que utilizaría ese día para esa ruta. Así lo dice tal documento:

“En el counter de Avianca, uno de ellos se registró para viajar con destino Aruba en el vuelo 504 de SAM y los otros dos [uno de ellos es Obiora Ufondu] se registraron para viajar con destino Buenos Aires Argentina en el vuelo 387 de la empresa Aerolíneas Argentinas.

(...).

Anexos:

(...).

Pasaje aéreo Nº 554412188724-6 de Ufondu Obiora”(60)(sic).

En consecuencia, dado que el actor no pudo hacer el vuelo Bogotá-Buenos Aires por el actuar de la demandada, resulta claro que esta debe responder por el valor del que reclama.

Como el tiquete no fue presentado como prueba en el proceso, por economía procesal la Sala procedió a verificar el valor del trayecto Bogotá-Buenos Aires con fecha 12 de marzo de 2014, en las diferentes aerolíneas que prestan el servicio en esta ciudad, así:

Avianca: $1.454.010(61)

LAN: $1.731.765(62)

Aerolíneas Argentinas: $1.370.000(63)

Ahora bien, como el precio del tiquete no es igual en las tres aerolíneas consultadas se procedió a hacer un promedio dando como resultado $1.518.592, valor que le será cancelado como perjuicio material en la modalidad de daño emergente.

Lucro cesante.

Por este concepto se solicitó en la demanda “quinientos dólares mensuales dejados de percibir como utilidad por la compra y venta de repuestos en el negocio de su propiedad, (según versión de indagatoria), más seiscientos dólares mensuales recibidos por concepto de cultivos de papa y arroz en la finca de su propiedad que percibía él en su país. (Según su versión extra proceso)”(65)(sic).

Revisado el expediente, encuentra la Sala que no existen elementos de prueba que permitan establecer cuál era el monto de los ingresos que el señor Obiora Ufondu percibía mensualmente en virtud de las actividades lucrativas a partir de las cuales procuraba su sustento, ya que, si bien en la autoliquidación de ingresos aportada con la demanda se indican algunas cifras(66), lo cierto es que lo consignado en ese documento carece de soportes que permitan corroborar lo dicho, pues no obra en el plenario prueba que confirme que era un comerciante de repuestos y que, además de lo anterior, recibía una asignación mensual por concepto de cultivos de papa y arroz en la finca de su propiedad en su país.

No obstante lo anterior, la Sala considera que es procedente presumir que, al menos, las actividades productivas del actor le dejaban un ingreso equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, tal como lo ha entendido la jurisprudencia de esta corporación(67).

Así las cosas, se liquidará el período en que el señor Obiora Ufondu estuvo privado de la libertad más el lapso que la persona requiere para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad, o acondicionarse en una actividad laboral. Sobre el tema ha sostenido la Sala:

“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8.75 meses)(67)(sic)(68).

En consecuencia,

Período de privación de la libertad: 542 días=18 meses.

Período a indemnizar: 18 + 8.75 = 26,75 meses.

Se hace necesario aplicar la fórmula para el cálculo del lucro cesante consolidado:

2001-02323 Fórmula 1
 

En la cual Ra se tendrá como el salario mínimo vigente actualmente ($616.000) en tanto resulta más favorable que la actualización del devengado en la época de los hechos. Adicionalmente, al mismo se agregará un 25% por concepto de prestaciones sociales ($770.000), conforme tiene aceptado la jurisprudencia de la Sección.

2001-02323 Fórmula 2
 

S = $ 21.941.549,69

7. Condena en costas.

En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia de 24 de diciembre de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia y, en su lugar, se dispone:

1º DECLARAR que la Fiscalía General de la Nación es responsable por los perjuicios que el señor Obiora Ufondu padeció por la privación injusta de la libertad a que fue sometido.

2º CONDENAR a la Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios morales y a favor del señor Obiora Ufondu, el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia.

3º CONDENAR a la Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios materiales, lucro cesante, a favor de Obiora Ufondu, la suma de veintiún millones novecientos cuarenta y un mil quinientos cuarenta y nueve pesos con sesenta y un nueve centavos M/CTE ($21.941.549,69).

4º CONDENAR a la Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios materiales, daño emergente, a favor de Obiora Ufondu, la suma de un millón quinientos dieciocho mil quinientos noventa y dos M/CTE ($1.518.592).

5º NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6º Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

7º Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

8º Sin condena en costas.

2. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(19) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 9 de septiembre de 2008, Exp. 2008 00009, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(20) Fls. 29-36, cdno. ppal.

(21) Al respecto, la Sección ha considerado que la representación de la Fiscalía General de la Nación puede ser ejercida tanto por el director ejecutivo de administración judicial como por el Fiscal General de la Nación.

(22) Fls. 160 y 162, cdno. Consejo de Estado.

(23) Fls. 1-3, “cdno. original” de los anexos.

(24) Fl. 2, cdno. 2.

(25) Fls. 32-40, “cdno. original provisional 2” de los anexos.

(26) Fls. 79-95, cdno. “concede libertad provisional” de anexos.

(27) Fls. 8-13, cdno. 2.

(28) Fls. 14-21, cdno. 2.

(29) Fls. 168 y 169, cdno. consejo de Estado.

(30) Fl. 7, cdno. ppal.

(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias proferidas el dos de mayo de 2007, Exp. 15.463, actor: Adiela Molina torres y otros, y el 26 de marzo de 2008, Exp. 16.902, actor: Jorge Gabriel Morales y otros, ambas con ponencias del Consejero Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

(32) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de dos de mayo de 2001, Exp. 15463, actor: Adiela Molina Torres y otros, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(33) El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente: “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absoluta definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

(34) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, Exp. 15.463.

(35) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de junio de 1994, Exp. 9734.

(36) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 1994, Exp. 8.666.

(37) Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del CPP, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

(38) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de noviembre de 1995, Exp. 10.056.

(39) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de diciembre de 1996, Exp. 10.229.

(40) Consejo de Estado, sección Tercera, sentencia de 4 de abril de 2002, Exp. 13.606.

(41) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de septiembre de 2000, Exp. 11.601.

(42) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de dos (2) de mayo de dos mil siete (2007), Rad. 20001-23-31-000-3423-01, Exp. 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros, demandado: Nación – Rama judicial.

(43) Sentencia de 4 de diciembre de 2006, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 25000-23-26-000-1994-09817-01(13168), actor: Audy Hernando Forigua Panche y otros.

(44) Sobre el punto, véase De Asis Roig, Agustín, Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al poder. Madrid: Debate, 1992. Rodríguez-Toubes Muñiz. Joaquín, La razón de los derechos. Madrid: Técnos, 1995.

(45) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Tratado de derecho administrativo, tomo I, Introducción. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003. Pág. 375.

(45) (sic) Se toma la cita de la transcripción que del texto de la Declaración efectúa Maurizio Fioravanti, Los derechos fundamentales (...). Op. cit., pág. 139.

(46) En similares términos puede consultarse, por ejemplo, consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 8 de julio de 2009, Exp. 17.517, 25 de febre4ro de 2009, Exp. 25.508, y 15 de abril de 2010, Exp. 18.284, M.P. Mauricion Fajardo Gómez.

(47) Fls. 1 y 2, “cdno. original” de anexos.

(48) Fl. 2, cdno. de pruebas.

(49) Fl. 40, “cdno. original provisional 2” de anexos.

(50) Fl. 95, cdno. “concede libertad provisional” de anexos.

(51) Fls. 8-13, cdno. 2.

(52) Fls. 14-21, cdno. de pruebas.

(53) Fl. 17, cdno. de pruebas.

(54) Fls. 168 y 169, cdno. Consejo de Estado.

(55) Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, sección Tercera, sentencia de 8 de julio de 2009, Exp. 17.517 y de 15 de abril de 2010, Exp. 18.284, entre otras.

(56) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de agosto de 2012, Exp. 24392.

(57) Sección Tercera, Sala Plena, C.P. Enrique Gil Botero, 28 de agosto de 2013, Rad. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022).

(58) Fl. 9, cdno. ppal.

(60) (sic) Desde el 21 de abril de 1996 hasta el 23 de octubre de 1997.

(60) (sic) Fl. 2, “cdno. original” de anexos.

(61) www.avianca.com

(62) www.lan.com

(63) www.aerolineas.com.ar

(65) (sic) Fls. 6 y 8, cdno. ppal.

(66) Fl. 7. cdno. ppal.

(67) Ver sentencia de 26 de mayo de 2011, C.P. Hernán Andrade Rincón, Exp. 250002326000199602873 01(19855).

(67) (sic) Cfr. Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza. “Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003”, en Serie Documentos laborales y ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA – Dirección general de empleo y trabajo, Bogotá, junio de 2005, pág. 22.

(68) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.