Sentencia 2001-02371 de diciembre 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Proceso Nº 0800-12-33-1000-2001-02371-01 (30488)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Demandantes: Orlando Augusto Rodríguez Saavedra y otros

Demandada: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, Policía Nacional, Ministerio del Interior y Departamento Administrativo de Seguridad Nacional DAS (hoy Unidad Nacional de Protección UNP)

Acción: Reparación directa

Bogotá, D. C., doce de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: IV. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales de la acción.

1.1. Jurisdicción y procedencia de la acción.

En relación con la competencia de esta corporación para desatar la controversia, se tiene que el proceso tiene vocación de doble instancia ya que la pretensión mayor individualmente considerada asciende a la suma de $612.154.500, valor que supera la cuantía mínima exigida para que un proceso tenga acceso a la misma(4), según los parámetros de competencia establecidos en el decreto 597 de 1988, toda vez que el recurso de apelación fue interpuesto durante su vigencia(5).

La acción ejercitada es la procedente, pues a través de ella se pretende imputar responsabilidad extracontractual a las demandadas por no adoptar las medidas pertinentes para evitar el secuestro del señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra.

1.2. Caducidad de la acción.

El artículo 136, numeral 8º del Decreto 01 de 1984 modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998(6) indica que la acción de reparación directa caduca al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

Conforme el anterior precepto, se tiene que la ley consagró un término de dos años para promover la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado.

Ahora bien, esta corporación en varias oportunidades ha señalado que tratándose de los casos en que la ocurrencia del daño y el conocimiento del mismo no coinciden, el término de caducidad establecido en el artículo 136 citado, deberá contarse a partir del momento en que se tenga conocimiento del acaecimiento del daño o se tenga plena certeza de la consolidación del perjuicio, y, en el caso de los daños que se producen por delitos continuados (esto es, que su consumación se prolongue en el tiempo) se ha indicado que el cómputo del término de la caducidad, se inicia en el momento en que, dependiendo del caso en particular, aparece la víctima o se tiene certeza acerca de su suerte. Así:

En efecto, los daños que se reclaman tienen la calidad de continuados comoquiera que se producen de manera sucesiva en el tiempo, esto es, día a día sin que exista solución de continuidad. Al respecto, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sección, en el sentido de que cuando se demanda la reparación de un daño continuado en el tiempo, como sería el caso de la desaparición forzada, el término para intentar la acción, solo inicia su conteo a partir del momento en que se verifique la cesación de la conducta o hecho que dio lugar al mismo. (…)

En igual sentido la Sala ha manifestado que:

“... en un tema tan complejo como el de la caducidad, que involucra de una parte razones de justicia y de otra el interés de la seguridad jurídica, no es posible establecer criterios absolutos, pues todo depende de las circunstancias que rodean el caso concreto. No obstante, no debe perderse de vista que de conformidad con la ley, para establecer el término de caducidad se debe tener en cuenta el momento de la producción del hecho, omisión, operación u ocupación generadores del perjuicio. Ahora bien, como el derecho a reclamar la reparación de los perjuicios sólo surge a partir del momento en que éstos se producen, es razonable considerar que el término de caducidad en los eventos de daños que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho, deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria. Para la solución de los casos difíciles como los de los daños que se agravan con el tiempo, o de aquéllos que se producen sucesivamente, o de los que son el resultado de hechos sucesivos, el juez debe tener la máxima prudencia para definir el término de caducidad de la acción, de tal manera que si bien dé aplicación a la norma legal, la cual está prevista como garantía de seguridad jurídica, no se niegue la reparación cuando el conocimiento o manifestación de tales daños no concurra con su origen”(7).

Sobre la sentencia precitada, la Sala advierte que si bien esta hace referencia al delito de desaparición forzada, lo cierto es que lo dicho en este proveído respecto dicho punible también es extensible al delito de secuestro, bajo el entendido que también se trata de un delito continuado cuyos efectos solo cesan a partir del momento en que la víctima recobra su libertad. La Sección Tercera de esta corporación, respecto del conteo de los términos de caducidad en el delito de secuestro, indicó:

Aunque no esté expresamente consagrado en la ley, [el secuestro] se trata sin duda de un delito continuado reconocido a nivel nacional e internacional como violatorio de derechos fundamentales.

En línea con lo anterior, resulta claro que así como la desaparición forzada constituye un delito de carácter continuado, constituido por un conjunto de actos que se extienden en el tiempo, de igual manera esas circunstancias resultan equiparables al caso concreto comoquiera que tanto la materialización de la desaparición forzada como la del secuestro tienen por efecto privar indebida e ilegalmente de la libertad a una persona ocultando su paradero.

En el secuestro los daños se producen de manera sucesiva y día a día en el tiempo, razón por la cual resulta aplicable la jurisprudencia de esta corporación que sostiene que en los casos en que se demande un daño continuado, el término de caducidad de la acción debe empezar a correr sólo desde el momento en que se tenga certeza acerca de la cesación de la conducta vulnerante que ocasiona el daño, esto es desde el momento en que aparece la víctima —o sus restos— o con la ejecutoria del fallo definitivo del proceso penal.

En el sub examine se demanda al Estado con el fin de que se le declare administrativamente responsable por los perjuicios causados “con ocasión del secuestro y posterior fallecimiento en cautiverio de su esposo, señor coronel Julián Ernesto Guevara Castro, por parte del grupo subversivo autodenominado FARC, según hechos que ocurrieron a partir del primero (1º) de noviembre de 1998 en la toma de la ciudad de Mitú, capital del departamento de Vaupés”.

De la lectura de la demanda se entiende que los perjuicios cuya indemnización se reclama tienen por causa el secuestro y posterior fallecimiento en cautiverio del señor coronel Guevara Castro, que en línea con la exposición anterior, configuró una conducta vulnerable que no cesó, que permaneció en el tiempo hasta que se consolidó el daño, esto es hasta que se conoció con certeza el fatal desenlace que dejó sellada la suerte de la víctima.

Así pues, según los hechos de la demanda, la señora Edna Murielle Rubio Villate —parte actora— habría tenido certeza de la muerte de su esposo cuando finalmente le fueron entregados los restos mortales del mismo, esto es el 3 de abril de 2010.

En consecuencia, el término de caducidad debe contabilizarse a partir del día siguiente a la fecha en la cual se llevó a cabo la entrega de los aludidos restos mortales, esto es desde el 3 de abril de 2010 y, por tanto, los 2 años correspondientes vencerían el 3 de abril del año 2012(8) —corchetes y negrillas fuera de texto—.

Para el caso de autos, si bien el daño inició en el momento en que el señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra fue secuestrado (6 de junio de 1999) el mismo continuó en el tiempo hasta cuando el demandante fue liberado, esto es, el 27 de enero de 2001.

Así las cosas, contados a partir del día siguiente en que el señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra recuperó su libertad, esto es el 28 de enero de 2001, la parte actora contaba con dos años para impetrar la acción de reparación directa, los cuales vencieron el 28 de enero de 2003 y, comoquiera que la demanda fue presentada el 6 de diciembre de 2001 (fl. 43 vto., c. ppal. 1), se tiene que la acción fue presentada en forma oportuna antes de que operara el fenómeno procesal de la caducidad de la acción.

1.3. Legitimación en la causa.

1.3.1. Demandantes.

El señor Orlando Augusto Rodríguez fue la víctima directa del delito de secuestro y por ende, se encuentra facultado para demandar los daños que considera le fueron causados por la presunta omisión de las accionadas al no prevenir la comisión del delito del que fue objeto.

Así mismo, con los registros civiles matrimonio y nacimiento allegados al plenario, se demostró la relación de parentesco entre la víctima(9) y los señores Julia Magalis Martínez de Rodríguez (fl. 56, c. ppal. 1), Camilo Orlando Rodríguez Martínez (fl. 57, c. ppal. 1), Blanca Rodríguez Saavedra (fls. 56 y 59, c. ppal. 1) y Emma Rodríguez Saavedra(10) (fls. 56 y 58, c. ppal. 1) quienes acreditaron respectivamente ser la esposa, hijo y hermanas del señor Orlando Augusto Rodríguez.

Las relaciones de parentesco entre los citados demandantes y el señor Orlando Augusto Rodríguez, permite tenerlos como legitimados en la causa por activa, toda vez en la demanda se afirma que el secuestro de este último les causó una situación de congoja y dolor, además de pérdidas económicas.

1.3.2. Demandadas.

En el sub lite, la Nación se encuentra legitimada por pasiva para responder por los hechos en los cuales resultó secuestrado el señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra, en tanto se le acusa de haber omitido brindar protección y seguridad al actor para evitar su plagio.

Ahora bien, en el sub lite, la Nación compareció al proceso representada por varias entidades públicas, por lo que la Sala entrará a resolver si dichas entidades se encuentran llamadas a representar a la Nación en los hechos bajo estudio.

1.3.2.1. Ministerio del Interior.

La Sala observa que el Ministerio del Interior en el caso sub lite no se encuentra llamado a representar a la Nación por los hechos que se le imputan, en tanto no tiene ninguna relación con las circunstancias fácticas por los cuales se demanda.

En efecto, los actores tanto en el libelo de la demanda como en el recurso de apelación, señalaron que el secuestro del señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra obedeció a la omisión de las accionadas en prestar la protección debida a la seguridad de aquel.

Sobre el particular, la Sala observa que el Ministerio del Interior, de conformidad con el artículo sexto del Decreto 2546 de 1999(11), vigente para la época de los hechos, tenía las siguientes funciones:

6º. Funciones. El Ministerio del Interior tendrá, además de las funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998(12), las siguientes:

1. Formular, coordinar, evaluar y promover las políticas en materia del desarrollo de los mecanismos para el fortalecimiento de la democracia y en especial de los asuntos políticos, legislativos, la participación ciudadana en la organización social y política de la Nación y la búsqueda de la transparencia en la gestión administrativa.

2. Formular, coordinar y evaluar la política de Estado en materia de preservación del orden público, seguridad y convivencia ciudadana, programas de reinserción y protección de los derechos fundamentales.

3. Contribuir en el desarrollo de la política de paz del Gobierno Nacional.

4. Formular, coordinar y evaluar políticas en materia de descentralización, ordenamiento y autonomía territorial, desarrollo institucional y las relaciones políticas entre la Nación y las entidades territoriales.

5. Formular, coordinar y evaluar la política de Estado dirigida a la protección de minorías y a la reducción de las desigualdades originadas en la discriminación étnica y cultural.

6. Coordinar y garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales.

7. Coordinar y organizar el sistema nacional para la prevención y atención de desastres.

8. Coordinar la presentación de proyectos de ley y de actos legislativos de iniciativa gubernamental y el seguimiento de su trámite en el Congreso de la República.

En ningún momento los demandantes cuestionaron las funciones y políticas del Ministerio del Interior, el que como quedó visto, no tiene como función el brindar protección a los ciudadanos(13), de tal modo que no le correspondía a la entidad tomar medidas para prevenir el secuestro del señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra. Así las cosas, la Sala negará las pretensiones frente a dicha entidad.

1.3.2.2. Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional.

Respecto de la representación de la Nación a través del Ministerio de Defensa-Ejército y Policía Nacional, la Sala encuentra que solo está llamada a responder como demandado la Policía, en razón a que solo esta última tiene funciones de protección a los ciudadanos.

En efecto, las funciones del Ejército Nacional como órgano integrante de las Fuerzas Militares(14) están previstas en el artículo 217 constitucional, así:

ART. 217.—La Nación tendrá para su defensa una Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.

La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que le es propio.

Conforme lo precitado, la Sala considera que los deberes del Ejército Nacional, constitucional y legalmente establecidos como órgano integrante de las Fuerzas Militares, no tienen la relación aducida con la protección y garantía del ejercicio de los derechos de los ciudadanos, sino que están dirigidos a la salvaguarda de la soberanía de la Nación, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional, de tal modo que a esta institución no le correspondía tomar las medidas necesarias para prevenir el secuestro del señor Orlando Rodríguez, aspecto que no ocurre con la Policía Nacional.

Ciertamente, el artículo 218 de la Carta Política establece que la Policía Nacional, entre otras funciones, las de mantener las condiciones de orden público que permitan el goce de los derechos y libertades en cabeza de los ciudadanos; así:

ART. 218.—La ley organizará el cuerpo de policía.

La Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.

Aunado a lo anterior, la Sala encuentra que en la demanda se señala expresamente que era la Policía Nacional la entidad que había dispuesto el servicio de escoltas al señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra, el que se aduce le fue retirado abruptamente y no le fue nuevamente restablecido, una vez existió la amenaza de secuestro. La responsabilidad de esta demandada, será analizada de fondo.

1.3.2.3. Departamento Administrativo de Seguridad Nacional (hoy Unidad Nacional de Protección).

La Sala observa que el tribunal de primera instancia señaló en sus consideraciones que el Departamento Administrativo de Seguridad no estaba llamado a responder por las pretensiones de la demanda, toda vez que se trata de un cuerpo de inteligencia que “no tiene como funciones las de mantener, controlar o preservar el orden público o preservar el orden público o realizar labores de policía preventiva, y menos aún, la protección de bienes inmuebles o vida de todas las personas” y comoquiera que la demanda se encontraba encaminada al hecho de que no le brindó protección al señor Orlando Rodríguez, ello no era competencia de la entidad accionada.

Sobre el particular, la Sala encuentra que el Departamento Administrativo de Seguridad Nacional, si está llamado a representar a la Nación, toda vez se trata de una de las entidades que tenía como función brindar protección a aquellas personas que por razón de su cargo, podían ser objeto de atentados de los cuales se pudieran derivar perturbaciones del orden público.

En efecto, el artículo 6º del Decreto 2110 de 1992, por medio del cual se reestructuró el Departamento Administrativo de Seguridad, y que estaba vigente para la época de los hechos, disponía que dicho departamento tenía como funciones, las siguientes:

ART. 6º—Generales. Son funciones del Departamento Administrativo de Seguridad:

1. Actuar como cuerpo civil de inteligencia y producir la información interna y externa que requiere el Estado para prevenir y reprimir los actos que perturben la seguridad o amenacen la integridad del régimen constitucional;

2. Proponer al Presidente de la República, al Consejo Nacional de Seguridad, a los ministros, gobernadores y alcaldes, las medidas que permitan conservar el orden público en el territorio nacional y restablecerlo donde estuviere perturbado, y coordinar con las demás autoridades la ejecución de las medidas que sobre el particular sean acordadas;

3. Proteger al Presidente de la República y a su familia en la forma que él determine, a los expresidentes, y prestar servicios de seguridad personal a quienes por razón del cargo, posición, funciones o motivos especiales, puedan ser objeto de atentados contra su persona o bienes, cuando de ellos pudieren derivarse perturbaciones del orden público;

4. Actuar como cuerpo de policía judicial en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, preferencialmente en los delitos contra la existencia y seguridad del Estado, régimen constitucional, la administración pública, la administración de justicia y la seguridad pública y prestar a los magistrados, jueces y fiscales, los auxilios de inteligencia, operativos, científicos y técnicos que soliciten en la forma prevista por las leyes;

5. Cooperar con las autoridades de la República para facilitar el cumplimiento de las normas legales, en guarda de los intereses nacionales y de los derechos de las personas;

6. Auxiliar a las autoridades judiciales y administrativas en las diversas ramas de la criminalística, llevar los registros delictivos y de identificación y expedir los certificados judiciales y de policía; (…)

En el caso bajo estudio, se adujo que para la época de su secuestro, el señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra ejercía como concejal en el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y que en su contra había una amenaza contra su libertad por parte de subversivos, de tal forma que requería protección del DAS; luego entonces, la entidad se encuentra legitimada para comparecer como parte pasiva de la litis, en tanto su responsabilidad será analizada de fondo.

Sobre esto último, la Sala advierte que el Departamento Administrativo de Seguridad DAS fue sucedido procesalmente por la Nación - Unidad Nacional de Protección, tal y como quedó señalado en auto del cuatro de julio de 2014 (fls. 416-416, c. ppal. 3), así las cosas, en caso de existir responsabilidad del Departamento Administrativo de Seguridad Nacional, quien se encuentra llamado a indemnizar los daños y perjuicios causados a los demandantes será la Unidad Nacional de Protección.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso la Nación - representada por el Ministerio de Defensa - Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, es extracontractualmente responsable de los daños causados a los demandantes con ocasión del secuestro del señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra acaecido el 6 de junio de 1999 o, si por el contrario, no se encuentra demostrada la responsabilidad de la entidad pública demandada por existir el hecho de la víctima o verificarse el hecho de un tercero.

3. Cuestiones preliminares.

3.1. En relación con los hechos de que trata el proceso, obran las pruebas aportadas por las partes y las allegadas por orden del a quo, sobre las que la Sala hace las siguientes precisiones:

3.1.1. Al plenario fueron aportados algunos documentos en copia simple, que podrán ser valorados por cuanto estuvieron a disposición de las partes y no fueron tachados de falsos. Al respecto, la Sección Tercera de esta corporación en reciente fallo de unificación de jurisprudencia(15), consideró que las copias simples tendrán mérito probatorio, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su veracidad no hubiere sido cuestionada a lo largo del proceso. Adujo la Sala, que una interpretación contraria implicaría afectar el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.

3.1.2. En el expediente obran las copias del proceso penal 2000-099 (c. anexo 2 a cdno. anexo 7) seguido contra el señor Ángel López Pinzón por el delito de secuestro extorsivo agravado, siendo víctima el señor Orlando Rodríguez Saavedra y otros, las cuales fueron allegadas al plenario en copia auténtica por la secretaría del Juzgado Especializado de Santa Marta, Magdalena, mediante oficio del 19 de noviembre de 2003 (fl. 236, c. ppal. 1) en respuesta a un oficio del a quo y que serán apreciables sin limitación alguna, toda vez que las mismas fueron solicitadas por la Nación - Departamento Administrativo de Seguridad(16) y el traslado se produjo con el cumplimiento de los requisitos previstos al efecto por la ley.

3.1.3. En el proceso obran varias copias simples de recortes de periódico de los diarios El Tiempo, La Libertad, y El Heraldo referentes al secuestro del 6 de junio de 1999 (visibles en fls. 96 a 153, c. ppal. 1), serán valorados como prueba, en tanto al ser analizados, guarden conexidad y coincidencia con los demás elementos probatorios obrantes en el expediente(17).

3.1.4. No se tendrán en cuenta las declaraciones extraprocesales realizadas por Camilo Orlando Rodríguez Saavedra (fl. 211, c. ppal. 1) y Orlando Augusto Rodríguez Saavedra (fl. 212, c. ppal. 1) toda vez que provienen de los mismos demandantes(18), además que no fueron ratificadas en el plenario y se realizaron sin fines judiciales(19).

4. Los elementos de la responsabilidad extracontractual.

4.1. Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado(20), de manera que, resuelto el tema relativo a la afectación patrimonial de los actores que se alega en la demanda, se entrará a estudiar la imputación.

4.2. El daño.

En el sub lite, el daño alegado por los actores se concretó en el secuestro del señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra en hechos ocurridos el 6 de junio de 1999 en la Ciénaga del Torno, cerca de la ciudad de Barranquilla, Atlántico. En ese orden, obra en el plenario el proceso penal seguido en contra del señor Ángel López Pinzón como coautor del delito del que fue víctima el señor Rodríguez Saavedra y en el que se encuentran, entre otros, los siguientes documentos:

i) Denuncia del 6 de junio de 1999 (fl. 15-16, c. anexo 2) realizada por el señor Fabián Enrique Rodríguez Santamaría ante la Unidad Investigativa de Policía Judicial del Gaula - Atlántico y por el cual, puso en conocimiento de dicha entidad del secuestro del señor Orlando Rodríguez Saavedra, ocurrido en esa fecha en el sector del Torno, aproximadamente a la una de tarde.

ii) Testimonio del señor Alonso Enrique Aguirre Betancourth, conductor de la lancha en la que se movilizaba el señor Orlando Rodríguez Saavedra y su familia al momento del secuestro del primero, y quien narró a las autoridades las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedió el delito (fl. 10-12, c. anexo 2).

iii) Informe del 7 de junio de 1999 (fl. 3, c. anexo 2) por medio del cual la Unidad Investigativa del Gaula Urbano informó a la fiscalía, sobre los hechos ocurridos el 6 de junio de 1999 y en el que fueron secuestrados por presuntos subversivos nueve personas, incluido el señor Orlando Rodríguez Saavedra.

iv) Informe del 22 de junio de 1999 (fl. 55-60, c. anexo 2) por el cual se indicó a la fiscalía delegada ante el Gaula Urbano de Barranquilla, que el día 17 de junio de 1999 el señor Antonio García, segundo comandante del Ejército de Liberación Nacional ELN, se atribuyó el secuestro de El Torno; lo anterior, también se encuentra corroborado en el Oficio 005140/cobr2-DH-745 del 25 de junio de 1999 (fls. 49-53, c. anexo 2) suscrito por el mayor Jorge Vergara Monroy, oficial de derechos humanos de la segunda brigada y quien denunció ante la fiscalía regional delegada ante el grupo Gaula, que el secuestro era atribuible a miembros de la cuadrilla Domingo Barrios del ELN.

Ahora bien, el señor Orlando Rodríguez Saavedra recuperó su libertad el 27 de enero de 2001, tal y como consta entre otros, en la historia clínica del demandante, en el que da cuenta que una vez liberado, fue valorado en la clínica del Caribe (fls. 194-207, c. ppal. 1 y fls. 143-162, c. ppal. 2) lugar en donde se encontró que durante su cautiverio Rodríguez sufrió una lesión en su cadera, que el Instituto Nacional de Medicina Legal en dictamen pericial rendido el 28 de noviembre de 2003 al interior de este proceso, indicó que como consecuencia de aquella, el demandante presentaba “una incapacidad médico legal definitiva de 120 días, con secuelas médico legales determinables de perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter permanente”.

Por su parte, cabe decir, que los diarios El Tiempo, el Heraldo y la Libertad en varios artículos de prensa dieron cuenta del secuestro del señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra, así como del día en que recuperó su libertad (fls. 96 a 153, c. ppal. 1).

Así las cosas, de conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, la Sala encuentra probado que el señor Orlando Rodríguez Saavedra fue retenido por el grupo subversivo Ejército de Liberación Nacional ELN desde el 6 de junio de 1999 hasta el 27 de enero de 2001, tiempo durante el cual padeció unas lesiones físicas que afectaron su locomoción; por manera que está demostrada la existencia del daño antijurídico padecido por el actor.

4.2. La imputación.

4.2.1. En cuanto a la imputabilidad del daño a la administración, es pertinente poner de presente que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación(21):

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia.

Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tienen que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

4.2.2. En ese orden, frente a la imputación del daño irrogado a los actores, de las pruebas allegadas al plenario, se tiene:

4.2.2.1. Para el año de 1999, el señor Orlando Rodríguez Saavedra fungía como concejal del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, elegido por voto popular en el periodo constitucional de 1998 a 2001 (certificación expedida por el secretario general del Concejo Distrital de Barranquilla fl. 232, c. anexo 2).

4.2.2.2. El 23 de marzo de 1999, el señor Olber Morales Ortiz denunció ante el Gaula del Atlántico, que miembros del denominado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) planeaban realizar varios secuestros de personas residentes en la ciudad de Barranquilla, entre estos, el señor Orlando Rodríguez Saavedra. Lo anterior, tal y como consta en Oficio 092 /DIVI1-BR2-COGAULA del 30 de marzo de 2001(22) suscrito por el comandante del Gaula del Atlántico y en el que se indicó (fl. 73, c. ppal. 1):

Ese comando se permite informar al señor Orlando Rodríguez Saavedra, que para el día 23 de marzo de 1999, se recepcionó denuncia penal Nº 187 por establecer el delito al señor Olber Morales Ortiz, dicha persona manifestó que miembros del auto denominado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) pensaban planear unos secuestros en la ciudad de Barranquilla, entre ellos al parecer un señor llamado Bernabé Mejía y el concejal de Barranquilla Orlando Rodríguez Saavedra. La presente investigación se encuentra bajo Radicación Nº 0243 de la Fiscalía Delegada ante el Gaula del Atlántico, al final de la investigación dejó como resultado la captura de una persona y el decomiso de un importante material de Guerra (…) —negrillas fuera de texto—.

4.2.2.3. Una vez los miembros del Gaula tuvieron conocimiento de que el señor Orlando Rodríguez Saavedra podía ser objeto de secuestro, se comunicaron personalmente con él, y le indicaron que debía tomar una serie de medidas para su protección. Lo anterior, tal y como consta en Oficio 092 /DIVI1-BR2-COGAULA del 30 de marzo de 2001(23) (fl. 73, c. ppal. 1), así como en el acta del 9 de abril de 1999, en la que el entonces Jefe (e) regional del Gaula Urbano de Barranquilla le indicó al señor Orlando Rodríguez que debía tomar las siguientes recomendaciones (fls. 62-63, c. ppal. 1):

Acta que trata de las recomendaciones que hace el señor capitán Jairo Orlando Reyes Sepúlveda jefe (e) regional Gaula urbano Barranquilla al señor Orlando Rodríguez, concejal del Distrito de Barranquilla, quien está amenazado de secuestro.

En Barranquilla, a los nueve (09) días del mes de abril en las instalaciones del Grupo Gaula Urbano Barranquilla, el señor capitán Jairo Orlando Reyes Sepúlveda, jefe (e) de la Regional Gaula urbano Barranquilla, subintendente Adalberto de Moy Barnal, agente Edgardo Luis Rosemberg Contreras, funcionarios investigadores de la regional Gaula urbano Barranquilla y el señor Orlando Rodríguez, quien está amenazado por desconocidos para secuestrarlo, según se supo por una fuente de información, por lo cual le sugerimos a continuación una serie de recomendaciones que debe adoptar a partir del momento.

1. Si usted ha recibido aviso telefónico o escrito sobre el secuestro, no se deje dominar por el temor, tome contacto con la autoridad que lo está asesorando y al hacerlo no visite la dependencia de la Policía; hágalo de un teléfono diferente al de su residencia o familiares (los secuestradores pueden tener vigilados sus movimientos o existir un cómplice en su propia casa u oficina).

2. Una vez establecido el contacto con las autoridades siga las instrucciones y recomendaciones de estas sin demostrar cambio repentino en su modo de ser, pues pondrán sobre aviso a los secuestradores, si ha sido cordial y amistoso no se vuelva súbitamente distante y hostil con ellos.

3. No comente lo sucedido, a ninguno de sus amigos, socios o empleados de su empresa, hágalo con sus familiares que necesaria y obligatoriamente deben tener conocimiento de su situación.

4. Por principios son sospechosos los amigos y familiares cercanos, es necesario vigilarlos y estar pendiente a sus visitas si son normales a las anteriores, de aviso a las autoridades que conocen del caso.

5. No trate de investigar o resolver el caso personalmente, este es un trabajo para agentes especializados.

6. Ya que ha sido amenazado, instruya a sus familiares sobre el riesgo que corre, esto evitará sorpresas.

7. No acepte las peticiones de los secuestradores de manera temerosa, el objetivo primordial de ellos es conseguir fácilmente el dinero, estos cuidarán del secuestrado para que el negocio no se dañe y se verán obligados a aceptar condiciones de las personas que realizan la transacción.

8. La autoridad le garantiza la seguridad de usted y de su familia mientras siga las recomendaciones y las instrucciones que le brindan quienes conocen el caso.

9. No ponga el caso en varias agencias de investigaciones al mismo tiempo, puede provocar confusión entre los organismos de seguridad.

10. No tenga miedo de colaborar con la autoridad.

11. Si se moviliza en vehículo propio trate de cambiar de vez en cuando, esto evitará que los secuestradores sepan en qué vehículo se moviliza usted.

12. Trate de estar siempre acompañado de una persona familiar o de confianza suya.

13. Cambie constantemente el horario de las visitas a su oficina o finca, siempre que lo haga hágalo acompañado de dos o tres personas.

14. Cuando esté en su residencia mantenga siempre las luces apagadas y en lo posible las ventanas con vidrios polarizados, de tal manera que usted observe hacia afuera sin ser detectado.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se da por terminada y una vez leída y aprobada se firma por las que en ella intervinieron.

Firman el señor Orlando Rodríguez, como amenazado de secuestro, y los funcionarios del Gaula de la Policía.

Del anterior acta se extrae que: i) se le indicó al señor Orlando Rodríguez que se le garantizaría su seguridad y la de su familia, ii) se le solicitó que no pusiera en conocimiento de otras autoridades la amenaza de secuestro que pesaba en su contra, iii) en ningún momento se le dijo que cambiara sus hábitos, o que dejara de visitar su finca, por el contrario, se le instruyó para que no cambiara su “forma de ser” y actuar. En el documento, no se hizo ninguna advertencia a que dejara de visitar los lugares que usualmente frecuentaba, iv) se le pidió que siempre estuviera acompañado de familiares o personas de confianza, v) en el acta se hicieron catorce recomendaciones, pero en ningún momento se anotó que al señor Orlando Rodríguez le fuera asignado el servicio de escolta y vi) en dicha acta se le manifestó expresamente al actor que se le garantizaba su seguridad.

4.2.2.4. Sobre el hecho de que el señor Orlando Rodríguez no tenía escolta, pese a la amenaza de secuestro que había, se encuentran los testimonios recepcionados al interior de este proceso de los señores Walter Suárez Tovar, Marina Llinás Rodríguez y José Alejandro Caldera Tejada, amigos cercanos al señor Orlando Rodríguez Saavedra quienes señalaron:

Walter Suárez Tovar (fls. 92-94, c. ppal. 1):

Tengo once años de conocer a la familia Rodríguez Martínez, los conocí porque era compañero de trabajo del señor Orlando Rodríguez quien era concejal y yo laboraba en el Distrito de Barranquilla, desde ese momento entable amistad con ellos, hasta el punto de almorzar en su casa, fines de semana en su finca de Salgar y Polonuevo y Galerazamba, esa amistad empezó en el año de 1992 aproximadamente, el señor Orlando era concejal del Distrito de Barranquilla, sus hijos Camilo y Boris se dedicaban a la construcción, tenían su propia empresa, ellos en general llevaban una vida normal, la señora Rodríguez, Julia Martínez de Rodríguez, se desempeñaba como docente en el Distrito de Barranquilla. Aproximadamente en el año de 1999, unos cuatro seis (sic) meses antes del secuestro del señor Rodríguez y sus hijos Camilo y Boris, ellos eran escoltados por agentes de la Policía Nacional, pero al momento de los hechos ocurridos el día 6 de junio de 1999, no tenían la protección de escoltas (…) —negrillas fuera de texto—.

Marina Llinás Rodríguez (fls. 93-98, c. ppal. 1):

Conozco personalmente a la familia Rodríguez Martínez en especial a Orlando Rodríguez Saavedra desde hace más de 25 años y tengo conocimiento de cerca de lo que le ocurrió a él y a su hijo (Boris Rodríguez Martínez) puesto que mi amistad es muy próxima a ellos (…) fui testigo también de que Orlando tenía conocimiento del peligro que corría con un secuestro porque personalmente me lo dijo, porque yo lo notaba nervioso, preocupado que lo secuestraran a él o alguno de sus familiares; yo le preguntaba sobre su estado y el sobre sollozos le (sic) dijo que él estaba así porque había recibido información de las mismas autoridades de un secuestro, fue cuando yo le vi siempre resguardado por escoltas; después como a los tres o cuatro meses ya no se los vi y le pregunté y me dijo que las mismas autoridades (Policía, Gaula, DAS) se las habían retirado —negrillas fuera de texto—.

José Alejandro Caldera Tejada (fls. 216-222, c. ppal. 2):

Conozco al señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra hace aproximadamente 16 años, con motivo de ser él miembro del Concejo Distrital de Barranquilla (…) PREGUNTADO: Sírvase decir si antes del 6 de junio de 1999, cuando el señor Orlando Rodríguez fue secuestrado, si este con anterioridad hubiese tenido servicio de escolta por parte de los organismos de seguridad y si los mismos fueron suspendidos o no. CONTESTÓ: Como persona allegada a la familia constantemente concurría a actos invitado por ellos, en estas ocasiones era frecuente la presencia de una escolta asignada por el comando de la policía del departamento del Atlántico. En los meses anteriores al 6 de junio pude notar que la escolta asignada al señor Orlando Rodríguez fue retirada y ya no prestaba sus servicios al concejal. El concejal me informó que tal decisión la había tomado el comando de la Policía —negrillas fuera de texto—.

4.2.2.5. El día 21 de abril de 1999, días después de haberse firmado el acta del 9 de abril de dicha anualidad, dentro de una investigación que miembros de la Unidad Investigativa de Policía Judicial del Gaula - Atlántico adelantaban contra presuntos integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, en informe Nº 041 de dicha fecha se le comunicó a la jefe de la unidad, entre otros aspectos, que se tenía conocimiento, por las labores de inteligencia, que los subversivos pretendían secuestrar al señor Orlando Rodríguez Saavedra. En el informe en cuestión de anotó(24) (fls. 20-21, c. anexo 7):

Objeto de la orden

Dar cumplimiento a la misión de trabajo Nº 022 de abril 03 de 1999, emanada de la Unidad Investigativa de Policía Judicial y Comando Gaula Atlántico, en atención a las previas 0243, consistente en adelantar labores de inteligencia, con el fin de identificar e individualizar a los integrantes de la organización subversiva ERP, los cuales tienen como actividad extorsionar y secuestrar ganaderos y comerciantes en esta región de la costa Atlántica.

Diligencias realizadas

(…) se le solicita a la señor fiscal estudie la posibilidad de autorizar la interceptación de estas líneas telefónicas con el propósito de obtener mayor información y nos permita judicializar a las personas que en su totalidad participen en este tipo de actividad, con relación al abogado Jaime se han escuchado conversaciones por parte de este, con el sujeto de nombre Robinson, quien al parecer es el jefe de la célula urbana del grupo subversivo ERP donde hacen relación sobre el amarre de una persona, es decir pretenden o quieren secuestrar a alguien, de acuerdo a las labores adelantadas la persona que pretenden plagiar es al señor Orlando Rodríguez (concejal de esta ciudad) —negrillas fuera de texto—.

4.2.2.6. La amenaza de secuestro que pesaba en contra del señor Orlando Rodríguez, fue nuevamente señalada en informe Nº 046 del 2 de mayo de 1999 (fls. 22-24, c. anexo 7), en esta ocasión los investigadores del Gaula del Atlántico - Policía Judicial le informaron tanto a la jefe de la unidad como a la Fiscalía que en un operativo se había dado captura a un presunto subversivo y que la amenaza en contra del señor Rodríguez se encontraba aún latente. Se indicó:

(…) se intensificaron las labores de inteligencia y fue así como se logró establecer que los cabecillas de esta banda y negociadores eran los señores Juvenal Enrique Rincón Cortina (…) y el señor Jaime de Jesús Llanos (…) y fue así como se lograron conocer las actividades ilícitas que se estaban llevando a cabo por parte de estos dos sujetos los cuales se encontraban negociando un material de guerra con destino a grupos guerrilleros que operan en esta región del país, además también se pudo conocer que el señor Jaime Llanos se encontraba planeando el presunto secuestro del señor Orlando Rodríguez (concejal de Barranquilla) con un miembro de las milicias urbanas del autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) alias Robinson y Alias Jorge, lo cual quedó registrado en grabaciones magnetofónicas que se lograron realizar por parte de unidades de inteligencia y las cuales le anexamos.

4.2.2.7. El día 6 de junio de 1999, el señor Orlando Rodríguez Saavedra, acompañado de varios de sus familiares, se dirigió al club de pesca “Barranquilla” situado cerca de la ciudad del mismo nombre, a fin de disfrutar un paseo en lancha con estos. Aproximadamente a las dos de la tarde, la embarcación en la que se movilizaban fue interceptada por desconocidos quienes procedieron a secuestrarlo junto con uno de sus hijos y a otras siete personas que se movilizaban en otras dos lanchas. Lo anterior, tal y como consta entre otros, en la denuncia del 6 de junio de 1999 (fls. 15-16, c. anexo 2), el testimonio del señor Alonso Enrique Aguirre de la misma fecha (fls. 10-12, c. anexo 2), y el informe secretarial del 7 de junio de 1999 dirigido a la fiscalía regional y suscrito por el técnico judicial II Vicente Peña Barrios (fl. 3, c. anexo 2).

4.2.2.8. El señor Alonso Enrique Aguirre Betancourth, persona que conducía la lancha en la que se movilizaba el aquí demandante y su familia, en declaración juramentada al interior del proceso penal remitido a este expediente, refirió que al momento de abordarlos, los desconocidos que portaban armas, preguntaron por los nombres de los pasajeros y acto seguido procedieron a llevarse al señor Orlando, así (fls. 10-12, c. anexo 2):

Siendo las 9:00 aproximadamente de la mañana, cuando llegó al club de pesca el señor Orlando Rodríguez, preguntó por mi persona, yo me encontraba lavando una lancha cuando él llegó y me preguntó que qué me encontraba haciendo, yo le contesté que nada y me dijo que lo esperará que a las 11:00 horas venía para salir en la lancha, él se fue y yo me quedé lavando una lancha, luego como a las 12:15 aproximadamente llegó el señor Rodríguez con su familia, tanqueé (sic) la lancha y salimos, dimos una vuelta por el sitio Nuevo Magdalena, en ese lugar me manifestó que fuéramos hasta el sitio conocido como ciénaga del Torno Magdalena con el fin de almorzar y comprar pescado, cuando llegamos a un caño de nombre Poza Verde nos encontramos de frente con la gente o sea los secuestradores, nos encañonaron y nos mandaron a alzar las manos a todos y nos dijeron que eran la Policía Nacional, nos dijeron “Este es un operativo que estamos haciendo, porque dicen que por estos caños están pasando mucha droga” y nos pidieron una requisa, dos sujetos subieron a la lancha y les quitaron celulares y una máquina filmadora que llevaba uno de los pelaos que viajaba en la lancha, preguntaron los nombres y apellidos a todos, luego cogieron a los señores Orlando Rodríguez y el hijo que no sé cómo se llama, y los bajaron de la lancha y los montaron a una canoa que tenían ellos como a cinco metros (…).

4.2.2.9. A raíz del secuestro del 6 de junio de 1999, la fiscalía regional delegada ante el Gaula urbano asumió la investigación previa Nº 0282 a fin de establecer los autores del delito (fl. 3, c. anexo 2). Durante la misma, se estableció que fueron integrantes de la cuadrilla Domingo Barrios del Ejército de Liberación Nacional los que procedieron a secuestrar al señor Orlando Rodríguez (informe de apreciación del 22 de junio de 1999, fls. 55-60, c. anexo 2, Oficio 005140/cobr2-DH-745 del 25 de junio de 1999 fls. 49-53, c. anexo 2).

4.2.2.10. El 27 de enero de 2001, el señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra fue dejado en libertad por sus secuestradores. El hecho fue registrado por varios medios de comunicación (fl. 104, c. ppal. 1).

4.2.2.11. Después de recuperar su libertad, al señor Rodríguez Saavedra le fue asignado el servicio de escolta para su protección. Lo anterior, tal y como se desprende del escrito del 6 de julio de 2001 suscrito por el demandante y dirigido al comandante de la Policía División Atlántico (fl. 74, c. ppal. 1) y el Oficio 0465 COMAN SERE DEATA del 9 de julio de 2001 (fl. 75, c. ppal. 1).

4.2.2.12. Cabe decir que durante la investigación por los hechos narrados, fue capturado el señor Ángel López Pinzón a quien la Fiscalía Delegada ante los jueces penales del Circuito Especializado de Barranquilla acusó como coautor del delito de secuestro extorsivo. El proceso penal fue conocido por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, quien en sentencia del 17 de julio de 2001 condenó al señor López Pinzón a la pena principal de 40 años de prisión, en la sentencia el juzgado estableció que el secuestro había sido planificado y que obedeció a la orden de retener al entonces concejal Orlando Rodríguez Saavedra. Se indicó (fls. 163-194, c. anexo 5):

Vistos:

Una vez realizada la correspondiente vista pública y no habiendo nulidad que invalide lo actuado hasta el momento, procede este despacho a proferir la sentencia que en derecho corresponda, dentro de la causa seguida contra el señor Ángel López Pinzón, como presunto responsable de la comisión del punible de secuestro extorsivo agravado, tipificado en el artículo 268 del C. P. modificado por el artículo 1º de la Ley 40 de 1993, en circunstancias de agravación punitiva señaladas en los numerales 3º y 12 del artículo 3º de la misma ley, de los cuales resultaron víctimas los señores Orlando Augusto Rodríguez Saavedra, Boris Rodríguez Martínez (…).

2. Síntesis del proceso

2.1. Hechos. Refieren los autos el secuestro de Orlando Rodríguez Saavedra, Boris Rodríguez Martínez, Francisco Javier Osorio, Claudia Borrero de Ángelis, Federico Ignacio Arango Bacci, Manuel Straguer, Jorge Balaguer, Rosa de la Cruz, Mildred Salazar Pabón y otros, cuando disfrutaban en grupos separados de un paseo acuático, en el río Magdalena, a las 14:00 horas aproximadamente, del día 6 de junio de 1999 en la Ciénaga de “El Torno” jurisdicción del municipio de Sitio Nuevo (Magdalena). Los plagiados fueron interceptados por un piquete de sujetos desconocidos que portaban armas de uso privativo de la fuerza pública, llevándose a los nombrados con rumbo desconocido, mientras a sus acompañantes, le dejaron marchar poco después.

Consideraciones:

(…) No admite discusión, que un secuestro, por el trabajo criminal que implica, la participación de recursos, inteligencia, personas a cargo, tiempo y riesgo que lleva aparejado, como lo fue, el perpetrado, en la Ciénaga de El Torno, no se efectúa sin una preparación logística seria y cálculo de los fines perseguidos, no se improvisa a las potenciales víctimas, sobre un tramo del río Magdalena, contra las que apuntaba el prolongado plagio. Por ello, el secuestro en la Ciénaga de El Torno, obedeciera a la orden de retener al concejal de Barranquilla Orlando Rodríguez Saavedra, entre otros. Es de singular significado apartes de la declaración de Magalis Martínez de Rodríguez esposa de aquel, cuando se refiere a los secuestradores: “cuando empezó a fallar la lancha y uno de ellos dijo que el motor no podía estar malo pues tenía quince días de instalado, lo cual es cierto y hasta sabía el nombre del que lo había instalado” (ver fl. 258 del cdno. 3 original) (…).

Culpabilidad

(…) No obstante la vehemente defensa del señor López Pinzón que pretende destilar una estela de duda cuestionando la forma y el contenido del procedimiento penal: en el caso concreto, más entereza adquieren las pruebas que arriban a una culpabilidad del reo, que carece en esta oportunidad del beneficio del in dubio pro reo (…)

La primera noticia sobre la relación del enjuiciado con el punible se tiene con la captura de que fue objeto el mencionado señor en jurisdicción del municipio de Villanueva, Guajira, cuando en instantes en que transitaba con el menor Luis Antonio Jiménez Ramos, luego de ser requeridos por la autoridad policiva, se le halló en su poder un video cassette de 8 mm, dos artefactos explosivos, 17 cartas, algunas con información revolucionaria (ver fls. 197 y 204 del cdno. 1) y otra que hace expresa mención a la suma de $470.000 (ver fl. 202 anverso del cdno. citado) suma incautada al procesado; y es precisamente, la revisión del video la que arroja elementos de mayor contundencia al encontrarse en el mismo imágenes que acreditaban la supervivencia, luego de su retención, de Orlando Augusto Rodríguez Saavedra (…).

Todo lo hasta aquí analizado, tanto el hallazgo en el grado de evidencia (el casete como prueba de supervivencia) y los medios de prueba testimoniales e indiciarios contribuyen a la conclusión de que fue al procesado a quien se le encontró el material que da cuenta del punible de secuestro y que la explicación de ese hallazgo encuentra su asidero en que López Pinzón participó en el grado de coautor en el múltiple plagio como miembro que ha sido del Ejército de Liberación Nacional ELN (…).

4.2.2.13. La decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Santa Marta fue confirmada por el Tribunal Superior de Santa Marta en sentencia del 12 de julio de 2002 (fls. 78-85, c. anexo 3, fls. 91-98, c. anexo 3), que en virtud del principio de favorabilidad modificó la condena impuesta al señor Ángel López Pinzón y lo condenó a la pena de 34 años de prisión(25).

Ahora bien, tanto en la demanda como en el recurso de apelación, los demandantes manifestaron que si bien el secuestro del señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra fue a manos del Ejército de Liberación Nacional ELN, no lo es menos, que el mismo ocurrió por la falta de protección que necesitaba el demandante ante la amenaza, la cual era conocida por la Policía Nacional a través del Gaula y por ende le es imputable, pues pese a ser conocedora de la amenaza de secuestro contra el actor, no tomó ninguna medida para evitar el hecho dañoso.

Sobre el particular, el Consejo de Estado en relación a los daños causados a los particulares por la conducta directa y material de un tercero, ha señalado que el Estado se encuentra llamado a responder, bien sea porque con una acción contribuyó a la producción del daño (verbi gratia con un aumento del riesgo permitido) o porque pudiendo evitarlo se abstuvo de enervar su generación, esto último, siempre y cuando se constate que la entidad demandada en el evento en concreto se encontraba en posición de garante, esto es, que estaba compelida a evitar el resultado de conformidad con el ordenamiento jurídico(26).

Respecto a la posición de garante y tratándose del deber de prestar seguridad a las personas, esta corporación ha señalado que el Estado debe responder patrimonialmente cuando omitió tal deber, en los casos que: “a) Deja a la población a merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles protección alguna, en especial cuando se tiene conocimiento de que los derechos de esa población vienen siendo desconocidos por grupos organizados al margen de la ley; b) se solicita protección especial, con justificación en las especiales condiciones de riesgo en que se encuentra la persona; c) no se solicita expresamente dicha protección pero es evidente que la persona la necesitaba, en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones”(27).

Luego entonces, para endilgar responsabilidad patrimonial al Estado por la omisión en el deber de protección, no es necesario el previo, expreso y formal requerimiento por parte del amenazado o afectado pues, de comprobarse alguna de las hipótesis anteriores, el Estado estará llamado a responder, en tanto incumplió su deber de garante con la persona en particular.

En sentencia del 31 de enero de 2011, esta corporación planteó cinco criterios para determinar los casos en los que el estado omitió su deber de protección y por los cuales se encuentra llamado a responder, así: “i) que con anterioridad y posterioridad a la ocurrencia de los hechos había “conocimiento generalizado” de la situación de orden público de una zona, que afectaba a organizaciones y a las personas relacionadas con estas; ii) que se tenía conocimiento de “circunstancias particulares” respecto de un grupo vulnerable; iii) que existía una situación de “riesgo constante”; iv) que había conocimiento del peligro al que estaba sometida la víctima debido a la actividad profesional que ejercía, y; v) que no se desplegaron las acciones necesarias para precaver el daño”(28).

Ahora bien, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, los supuestos fácticos expuestos por los actores y su correspondencia con el acervo probatorio, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, en tanto se demostró que el secuestro del señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra obedeció a una omisión de la Nación - Policía Nacional en el deber de protección, tal y como pasa a exponerse a continuación.

Si bien se demostró que el demandante no solicitó en forma escrita alguna medida de protección a las autoridades con ocasión de la amenaza de secuestro que sobre él pesaba(29), no lo es menos, que la Policía Nacional a través del Gaula - Atlántico tenía conocimiento del riesgo en el que se encontraba el demandante, al punto que fueron los mismos miembros de la entidad quienes le comunicaron al señor Rodríguez Saavedra de la amenaza, por lo cual se suscribió un acta con catorce recomendaciones, las que no eran suficientes para evitar el plagio.

En efecto, en el acta del 9 de abril de 1999 se le indicó al señor Rodríguez Saavedra entre otros, que debía salir siempre acompañado de familiares, que no debía contar de la amenaza a ninguna otra autoridad, que debía apagar las luces siempre que estuviera en casa y que la entidad garantizaría su seguridad y la de su familia, empero, en ningún momento le fue asignado un escolta para evitar el hecho.

Tal era el riesgo que pesaba sobre el señor Rodríguez Saavedra, que días antes del plagio, investigadores del Gaula informaron a su superior sobre la interceptación de comunicaciones y que subversivos pretendían plagiarlo y a pesar de ello, no se tomó mayor medida.

El tribunal de primera instancia indicó que la responsabilidad en los hechos recaía sobre la víctima, quien advertida de la amenaza decidió salir con sus familiares; sobre el particular, la Sala advierte que en el expediente no está probado que el lugar visitado por el señor Rodríguez Saavedra fuera una zona alejada de la ciudad de Barranquilla que revistiera tal peligro que aquel no pudiera acudir a la misma; en ningún aparte del plenario existe alguna prueba que indique que el lugar al que acudió el demandante fuera tan conflictivo que ningún ciudadano pudiera acudir a este dada su peligrosidad; por el contrario, se tiene que se trataba de un lugar visitado por turistas en el que funcionaban varios clubes de pesca, siendo el señor Orlando Rodríguez Saavedra uno de sus miembros(30).

En el acta del 9 de abril de 1999, se le indicó al demandante que continuara con sus actividades como siempre las llevaba a cabo (en ningún momento se le manifestó que no podía realizar actividades de esparcimiento o recreación) y que procurara siempre estar acompañado de sus familiares, aspecto que aquel tuvo en cuenta, pues el día de su secuestro el actor se encontraba con su esposa, un hijo, sus nietos(31), entre otros parientes y concurrió a un club de pesca que presuntamente no presentaba ningún peligro.

Sobre esto último, cabe decir que en el proceso penal seguido contra uno de los secuestradores del señor Rodríguez Saavedra, el juez penal evidenció que si bien en el plagio los subversivos no solo se llevaron al demandante y su hijo, sino también a otros siete turistas que se encontraban en otras embarcaciones, no lo era menos que el accionar de los subversivos apuntaba a la orden de retener al entonces concejal Orlando Rodríguez, de quien ya se había planeado su secuestro, el que, como quedó visto, era previsible para los miembros del Gaula de la Policía, pues tenían conocimiento que el demandante tenía una amenaza real y cierta, al punto que terminó siendo víctima de secuestro.

La Sala destaca que si bien en los informes previos al secuestro del demandante se indicó que el grupo que quería secuestrarlo era el autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo, y que quien se atribuyó el secuestro fue el Ejército de Liberación Nacional, no hay ninguna prueba que los miembros de uno y otro no fueran los mismos o, que hubieran actuado coordinadamente, y en todo caso, lo cierto es, que subversivos querían secuestrar al demandante, aspecto que no fue evitado por la Policía Nacional, quien conocía de la amenaza.

Así las cosas, observa la Sala que contra el entonces concejal Rodríguez Saavedra existía una amenaza que ameritaba protección, la que no fue atendida por la Policía Nacional, de tal manera que le cabe responsabilidad en los hechos, en tanto no asignó recursos ni personal para disminuir en lo posible el riesgo que enfrentaba el entonces concejal.

En consecuencia, comoquiera que se probó que el daño es imputable a la Nación - Policía Nacional, esta Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en su lugar, declarará la responsabilidad de la entidad, conforme las razones anotadas.

Por su parte, en cuanto al entonces Departamento Administrativo de Seguridad (hoy Unidad Nacional de Protección), la Sala encuentra que no le asiste responsabilidad, pues no fue el organismo que tuvo conocimiento directo sobre la amenaza de secuestro contra el señor Rodríguez Saavedra y, por ende, no podía tomar alguna medida para prevenir el plagio.

5. Indemnización de perjuicios.

5.1. Perjuicios morales.

La indemnización correspondiente a este rubro fue solicitada a favor de la víctima y sus parientes cercanos en un monto respectivo de 30.000 y 5.000 gramos oro.

Sobre esta solicitud, la Sala lo estima procedente, pues no puede olvidarse el hecho de que el señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra fue privado de su derecho fundamental a la libertad por cuenta de un grupo insurgente dado que la entidad accionada incumplió sus deberes de protección para con el demandante, circunstancia que torna admisible la reparación del perjuicio moral, en consideración al padecimiento que debió afrontar por su retención a manos del grupo subversivo, aspecto frente al cual se ha pronunciado la jurisprudencia constitucional en el siguiente sentido:

El derecho a la vida y su protección constitucional. 

El artículo 2º inciso segundo de la Constitución de 1991, señala que:

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” (negrillas del original).

Según el artículo 5º de la misma Carta, el Estado reconoce, sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara la familia como institución básica de la sociedad. Igualmente, el artículo 11 de la Constitución Política establece que “el derecho a la vida es inviolable.

De esta manera, si la protección de la persona en sus derechos fundamentales, entre ellos la vida y la libertad, es entre otras la razón de ser de las autoridades, no cabe duda de que la organización social es un medio al servicio de la persona, como se ha dicho, y de que la protección del individuo es el primer deber social del Estado. De ahí que uno de los fundamentos esenciales para justificar la reforma constitucional de 1991 fue precisamente el de establecer no solamente la carta de derechos, sino la protección de los mismos a través de las decisiones del juez constitucional y en grado sumo de esta Corte Constitucional.

Ahora bien, esta protección se hace más exigente cuando se trata de la acción subversiva que configura la existencia de un delito repudiable como es el secuestro, que ocasiona sensibles perjuicios de orden económico y moral, no solamente para el secuestrado, sino también para sus beneficiarios y familiares víctimas inocentes del mismo.

No hay duda de que el delito del secuestro lesiona de manera grave y quebranta en forma ostensiblemente los derechos fundamentales de la vida, la libertad, la dignidad humana, el trabajo y el núcleo familiar, entre otros (…).

No cabe duda que conductas delictivas como el secuestro, comprometen la integridad de todo cuanto constituye la razón de ser de la organización social y política (…). 

Ahora bien, teniendo en cuenta que en este asunto se está en presencia de una situación de restricción arbitraria e ilegal de la libertad —secuestro—, conviene recordar lo que sobre el particular ha sostenido esta corporación (entre otras providencias en las números 542 y 565 de 1993, y 069, 213 y 273 de 1994), al estudiar la constitucionalidad de la ley antisecuestro:

El delito de secuestro puede considerarse como uno de los más graves que lesionan a la sociedad, así, en principio, sus víctimas directas sean uno o varios individuos en particular. El Estado de indefensión en que se coloca a la víctima y el efecto de inestabilidad social que genera, sumados a la amplia gama de derechos fundamentales que se ven violados por la comisión de este delito, ameritan que se lo califique, con razón, como un delito atroz y un crimen de lesa humanidad. En efecto, además de poner en peligro el más preciado de los derechos humanos, el derecho a la vida y de atentar contra el derecho a la libertad (arts. 12, 13 y 28) y a la dignidad del hombre, el secuestro vulnera otros muchos derechos fundamentales, como son el derecho a la seguridad (art. 21), el derecho a la familia (arts. 5º y 42), el derecho a la intimidad (arts. 15 y 42), el derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 16), el derecho a la libre circulación (art. 24), el derecho al trabajo (art. 25), el derecho a la participación (art. 40) y toda una gama de derechos conexos con los anteriores. Siendo pues un delito atroz nada justifica que se lo pueda considerar como delito político, ni que sea excusado por motivación alguna, pues contra el hombre como sujeto de derecho universal no puede haber actos legitimizados (sic).

El medio empleado en el delito de secuestro siempre será desproporcionado, así se alegue como pretexto para cometerlo un fin honesto. Y ello porque la acción directa afecta el bien más esencial del hombre, junto con la vida, que es su libertad. Además, torna en condicional el derecho a la vida, y todos sus derivados jurídicos. Es, en definitiva, cosificar a la persona humana, lo que, a todas luces, constituye un atentado contra su dignidad y el orden jurídico total. Si se relativiza la dignidad humana, fin esencial del Estado social de derecho (C.P., arts. 1º y 2º), todo el derecho pierde consistencia, y se torna en contingente, variable con las disposiciones de turno, con lo cual la objetividad necesaria del ordenamiento jurídico desaparecería’” (negrillas fuera de texto)(32).

Esta corporación tratándose de la pérdida de la libertad en materia de privación injusta, en reciente sentencia de unificación de jurisprudencia estableció las reglas a tener en cuenta para la indemnización de los perjuicios morales(33); así, en los casos en que el tiempo de privación fuera superior a 18 meses la indemnización para la víctima directa, su cónyuge y sus parientes en primer grado de consanguinidad será de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, mientras que para los parientes en el segundo grado de consanguinidad será de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Al respecto, la Sala encuentra que si bien no estamos ante un caso de privación injusta de la libertad por un hecho de la administración de justicia, la pérdida de la libertad a la que fue sometido el señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra se asemeja a una privación injusta, aunque mucho peor, pues en la primera es el Estado quien somete a la persona a una privación pero se tiene certeza de su lugar de ubicación y las condiciones en las que se encuentra, en el caso de secuestro, no solo no se sabe el lugar donde la persona se encuentra retenida, sino que tampoco se tiene certeza sobre su supervivencia. El secuestro, como uno de los delitos más graves que lesionan a la sociedad, no solo afecta a la víctima directa sino también a sus familiares, quienes se ven compelidos a pedir la liberación de su familiar a un grupo del que no se tiene certeza si respetara la vida de aquel.

En el sub lite, si bien obra un dictamen pericial practicado al señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fls. 131-140, c. ppal. 1) en el que se concluyó que después de su secuestro el demandante “no presenta una perturbación psíquica como tal secundaria a secuestro, teniendo en cuenta las diferentes áreas de su vida de relación personal, tales como la capacidad laboral, desenvolvimiento social, vida familiar y espiritual”, ello no significa que durante su cautiverio el señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra y sus familiares sufrieron un daño moral que deba ser resarcido.

En efecto, sobre el perjuicio causado a los familiares del señor Orlando Rodríguez Saavedra, se encuentran en el proceso los testimonios de las personas allegadas a la familia, quienes narraron sobre cómo el secuestro de su familiar los afectó, así, el señor Walter Suárez Tovar, declaró (fls. 92-94, c. ppal. 1):

PREGUNTADO: Sírvase decir el declarante quienes conforman el núcleo familiar de la familia Rodríguez Martínez: Contestó: Yo conozco al señor Orlando Rodríguez Saavedra, su esposa Julia Magaly Martínez de Rodríguez, sus hijos Boris y Camilo Rodríguez Martínez, su nieto Guliano Rodríguez Fernández, su sobrino Fabián Santa María, su cuñada Yadira Martínez, las nueras, María Claudia Solano y Melva Quintero. PREGUNTADO: Sírvase decir el declarante que persección (sic) tuvo usted acerca de las posibles consecuencias sentimentales que pudieron observarse en las personas de Julia Martínez de Rodríguez, Camilo Orlando Rodríguez Martínez, Boris Rodríguez Martínez, en razón de la privación de la libertad que, según su dicho, sufrió el señor Orlando Rodríguez Saavedra. CONTESTADO: Yo observe que la señora Julia de Rodríguez sentimental y emocionalmente tuvo un giro de 180 grados en su vida, debido al secuestro y más que todo, por el grupo que lo tenía en su poder ELN le había anunciado un juicio político, por pertenecer a la clase política (sic ) Barranquilla, considerado corrupto, se veía muy preocupados por la suerte que podía sufrir el señor Orlando y su hijo Boris, asistían a grupo de oración, con posterioridad a su liberación sus ánimos en general debido a la liberación cambió, aunque no del todo, debido a que el estado en que regresó el señor Orlando Rodríguez fue muy deplorable, se le detectó hipertensión, fractura con secuela, diabetes y secuela de infartos en el miocardio, situación esta de la cual no se ha podido recuperar debido al daño moral y psicológico que persiste en la familia aún no recuperado.

Por su parte, Marina Llinás Rodríguez relató que (fls. 96-98, c. ppal.):

Fui testigo ya que acompañaba a su esposa Julia Martínez de Rodríguez a grupos de oración pidiéndole a Dios por el retorno de ellos sano y salvo. Fui testigo de los trabajos, angustias y penalidades surgidas por su hijo Camilo Rodríguez Martínez pidiendo ayuda hasta el Presidente de la República Andrés Pastrana para la liberación de su padre y hermano (...) lo que es un secuestro es una desgracia es así que Orlando Rodríguez ya no es el hombre normal, alegre, despreocupado, feliz; hoy en día es un hombre enfermo, preocupado, triste, infartado porque fui testigo de que ese infarto que le dio al llegar aquí fue producto de la desgracia que le había pasado. Sus quebrantos de salud son cada día más su azúcar o diabetes no le baja con la preocupación (…) PREGUNTADO: Sírvase decir la declarante el nombre completo de las personas que integran el núcleo familiar de la familia Rodríguez Martínez. CONTESTÓ: El núcleo familiar está conforme dado por las siguientes personas que relaciono a continuación: Orlando Rodríguez Saavedra padre, Julia Martínez de Rodríguez Madre y esposa, Camilo Rodríguez Martínez hijo mayor casado con Melba Quintero quienes tienen 4 hijos 2 niñas y 2 varones. Boris Rodríguez Martínez casado con María Claudia Solano quienes tienen dos hijos, un varón y una niña. PREGUNTADO: Sírvase decir la declarante qué percepción tuvo usted a cerca de las posibles consecuencias sentimentales que pudieron observarse en las personas de: Julia Martínez de Rodríguez, Camilo Orlando Rodríguez Martínez, Blanca Rodríguez Saavedra y Emma Rodríguez Saavedra, en razón de la privación de la libertad, que según su dicho, sufrió el señor Orlando Rodríguez Saavedra. CONTESTÓ: Como yo siempre estuve cerca de ellos pude observar por percepción directa de los hechos que sufrieron los miembros de la familia, digo esto porque yo siempre estuve al lado de los señores Julia, su hijo Camilo y sus hermanos siempre permanecían con una aflicción psicológica, moral propia de una familia que sufre el aberrante hecho del secuestro de un ser humando y todas las angustias que tuvieron que padecer durante el secuestro del señor Orlando y su hijo y es este momento que no se han podido recuperar, ni física, moral y psicológicamente. Estas secuelas son irreversibles en los miembros de la familia del secuestrado.

En consecuencia, puesto que está probado el perjuicio moral, la Sala reconocerá a los demandantes las siguientes sumas de dinero por concepto de indemnización:

DemandanteCalidad con la que compareceIndemnización a reconocer en smlmv(34)
Orlando Rodríguez Saavedra
Victima directa del secuestro
100
Julia Magalis Martínez de Rodríguez
Cónyuge
100
Camilo Orlando Rodríguez Martínez
Hijo
100
Blanca Rodríguez Saavedra
Hermana
50
Emma Rodríguez Saavedra
Hermana
50

5.2. Perjuicios materiales.

5.2.1. Daño emergente.

Los actores solicitaron por daño emergente el pago de “los constantes viajes y diligencias que tuvieron que realizar los familiares, para obtener la liberación del secuestrado”.

Sobre el particular, la Sala observa que al plenario fueron allegados varias escrituras y contratos de compraventa (fls. 154-225 c. ppal. 1), las que fueron suscritas durante la época del secuestro del señor Rodríguez Saavedra y en las que se observa que los demandantes vendieron parte de sus bienes muebles e inmuebles a terceros.

En la demanda, los actores explican que debieron vender parte de su patrimonio para realizar diligencias y trámites a fin de obtener la liberación del secuestrado, sin embargo, en el expediente no obra prueba que evidencie que diligencias o trámites realizaron para la liberación, o por lo menos que indiquen el destino del dinero producto de las ventas de los bienes.

Sobre esto último, cabe resaltar que en el dictamen pericial rendido por los peritos Ernesto Posada Torres y Napoleón de la Hoz (fls. 166-179, c. ppal. 2) se indicó que el daño emergente “está constituido por los gastos en que incurrieron los familiares del señor Rodríguez Saavedra debido al secuestro del cual fue objeto. Tales como: Gastos de viaje, alojamiento y alimentación, venta de semovientes”, sin embargo, no se aportó al plenario ninguna prueba de algún gasto de viaje, o alojamiento en que los demandantes tuvieron que incurrir, y tan solo se encuentra el testimonio de la señora Marina Llinás Rodríguez (fls. 96-98, c. ppal. 1) quien indicó que la venta de los bienes fue para hacer transacciones y reunir “así parte del dinero que los secuestradores pedían”.

Sobre esto último, la Sala resalta que la declaración de la citada testigo no se encuentra corroborada con otras pruebas, por lo cual no tiene la fuerza suficiente para indicar que en efecto el dinero producto de las ventas de los bienes fue entregado a los secuestradores.

Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que en los proveídos del proceso penal arrimado al plenario se concluyó que si bien el grupo Ejército de Liberación Nacional exigió varias sumas de dinero a cambio de la liberación del señor Rodríguez, se determinó que los familiares de aquel no hicieron ningún pago pues fueron muy claros en expresar que no cancelaron dinero a los secuestradores, así fue señalado por el juez de la causa quien indicó que “a la larga los parientes de los secuestrados, hubieran manifestado que no fueron presionados para pagar rescate alguno, no desdice del propósito inicial con que fue programado el múltiple secuestro… seguramente acompañado de fines políticos, llevaría la impronta de buscar satisfacer exigencias económicas de carácter extorsivo, aunque no se hubiera demostrado el pago alguno”.

Ahora bien, bajo el supuesto de que el dinero en efecto fue utilizado para que los secuestradores liberaran al señor Rodríguez, esta Sala no puede hacer ningún reconocimiento sobre dicha transacción, pues para la época de los hechos aquello era un delito(35).

Ciertamente, durante el secuestro y al momento de la liberación del señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra se encontraba en vigencia la Ley 599 de 2000, que en su artículo 172 establecía que “quien intervenga en la celebración de un contrato que asegure el pago del rescate de un posible secuestro, o en la negociación o intermediación del rescate pedido por un secuestrado, por razones diferentes a las humanitarias, incurrirá en prisión de dos (2) a tres (3) años y multa de mil (1.000) a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Si hubo un pago para la liberación del señor Rodríguez, a la luz de la norma citada, aquello habría sido un delito por cual no se puede reconocer ninguna indemnización.

En todo caso, se insiste, que en el sub lite no se tiene probado el destino de los dineros producto de las ventas de los bienes de los demandantes, por lo cual no se puede hacer reconocimiento alguno como daño emergente.

5.2.2. Lucro cesante.

Por concepto de daño material en la modalidad de lucro cesante, el señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra solicitó el pago de lo “dejado de percibir durante el tiempo que estuvo secuestrado” (fl. 15, c. ppal. 1).

Al respecto, la Sala encuentra que al momento de su secuestro, el señor Rodríguez Saavedra fungía como concejal del distrito especial industrial y portuario de Barranquilla para el periodo constitucional de 1998 a 2000, actividad que dejó de ejercer durante su cautiverio.

En el plenario obra la certificación expedida por el Jefe de Personal del Concejo Distrital de Barranquilla, por medio de la cual indicó que durante el periodo en que el demandante estuvo privado de su libertad, al estar secuestrado, el concejo de la ciudad tuvo las siguientes sesiones (fl. 189, c. ppal. 2):

Que según información que reposa en los archivos del Consejo Distrital de Barranquilla, se pudo constatar:

1. Que durante el periodo comprendido entre el 6 de junio de 1999 al 31 de diciembre de 1999 esta corporación realizó 76 sesiones ordinaria y 13 extraordinarias para un total de 89 sesiones.

2. Que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero a 31 de diciembre del 2000 esta corporación realizó 49 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias para un total de 52 sesiones.

3. Que el valor de la sesión durante la vigencia fiscal de 1999 es de $197.050 y para la vigencia fiscal del 2000 es de $216.750.

Teniendo en cuenta la anterior certificación y el hecho de que el demandante no pudo participar en las sesiones del consejo del que hacía parte, esta corporación reconocerá lo dejado de percibir(36) por el demandante como concejal, para lo cual aplicará las fórmulas correspondientes:

a. Durante el año de 1999 el demandante dejó de asistir a 89 sesiones que ascendieron a un valor de $197.050 para un total de $17.537.450 que actualizados a la fecha, arrojan:

Ra = Rh *IPC final (noviembre de 2014)
 IPC Inicial (junio de 1999(37))

Ra = $17.537.450 *117.68
 55.60

Ra = $37.118.833

b. Durante el año 2000 el demandante dejó de asistir a 52 sesiones que ascendieron a un valor de $ 216.750 para un total de $11.271.000 que actualizados a la fecha, arrojan:

Ra = Rh *IPC final (noviembre de 2014)
 IPC Inicial (diciembre de 2000(38))

Ra = $11.271.000 *117.68
 61.99

Ra = $21.500.588

Sumados los dos anteriores valores, se tiene que por lucro cesante el demandante dejó de percibir la suma de cincuenta y ocho millones seiscientos diecinueve mil cuatrocientos veintiún pesos ($58.619.421), los que serán reconocidos.

Ahora bien, además del anterior rubro, el demandante también pidió el reconocimiento de los ingresos dejados de percibir por su actividad ganadera y lechera, en tanto no pudo hacerse cargo de su finca.

Al particular, la Sala negará el reconocimiento, toda vez que si bien el actor no pudo estar al frente de su finca, no lo es menos que sus familiares se hicieron cargo de ella mientras el señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra estuvo ausente.

Ciertamente, junto con la demanda fueron allegadas tres facturas de venta expedidas por el señor Pedro Rebollado de Coolechera Ltda. (fls. 208-210, c. ppal. 1), por medio de la cual se indicó que la señora Julia Martínez de Rodríguez vendió un total de 190 bovinos entre 2 meses a 5 años, los cuales procedían de la finca Villa July, la cual se aduce es propiedad del señor Orlando Rodríguez.

Así mismo, obra en el plenario un certificado de Coolechera sobre la venta de leche que se realizó a nombre del señor Orlando Rodríguez Saavedra durante los años 1998 a 2000 (fls. 207-208, c. ppal. 2) y, en la misma, se aprecia que durante el tiempo de cautiverio se siguió consignando leche a la entidad para su venta, contrario a lo señalado en el dictamen pericial rendido por los peritos Ernesto Posada Torres y Napoleón de la Hoz (fls. 166-179, c. ppal. 2).

Ciertamente, en el referido dictamen los peritos determinaron entre otros, los ingresos dejados de percibir por el actor Orlando Augusto Rodríguez al no poder estar a cargo de su finca, empero, dicho dictamen no será tenido en cuenta, en tanto los peritos manifestaron que i) los ingresos se dejaron de percibir para cubrir gastos pertinentes a la liberación del señor Rodríguez, aspecto que como fue señalado anteriormente no está probado y ii) los peritos al calcular el daño emergente, lo calcularon como si la finca hubiere dejado de producir, aspecto que como quedó señalado no ocurrió.

Así las cosas, comoquiera que durante el secuestro del señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra se continuaron con las actividades ganaderas, esta Sala negará la solicitud por dicho concepto.

5.3. Daño a la salud.

En la demanda, el señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra solicitó el reconocimiento de la indemnización correspondiente por el que denomino daño biológico, consistente en (fls. 9-10, c. ppal. 1):

las diversas y graves afecciones de su salud mental y física, hasta el punto que por falta de experiencia en montar de lomo de mula, sufrió una caída que le fracturó la cadera (…) el día 27 de junio, fecha en la cual fue liberado, donde se le diagnóstico una fractura en la cadera, como consecuencia de esa fractura ha quedado con un defecto físico en la pierna izquierda, que le impide para caminar (…) a consecuencia del secuestro sufrido por el señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra, se le diagnosticó la enfermedad orgánica del corazón, tipo arteriosclerosis coronaria, lesión significativa de dos vasos (…).

Sobre el particular, la Sala en virtud del principio iura novit curia entiende que lo que los actores señalaron como daño biológico es en realidad un perjuicio ocasionado al derecho a la salud. En reciente pronunciamiento, la Sección Tercera de esta corporación desplazó las condenas impartidas por los denominados “daño fisiológico” “daño a la vida de relación”, y “daño a alteración a las condiciones de existencia”, por el denominado daño a la salud, pues a pesar de las primeras contenían una significación idéntica, en cuanto reconocían la pérdida de placer en la realización de una actividad o alteración grave que produce el daño en las relaciones de las personas con su entorno, limitaron la posibilidad de valorar el daño en términos de objetividad material.

En consecuencia, como el daño a la salud garantiza un resarcimiento equitativo y objetivo en relación con los efectos que produce un daño que afecta la integridad psicofísica de la persona. Ahora, en sentencia de unificación de jurisprudencia se precisó que “en relación con el perjuicio denominado daño a la salud (…) la Sala reitera la posición acogida en las sentencias 19.031 y 38.222, ambas del 14 de septiembre de 2011 (…) en el sentido de que la regla en materia indemnizatoria es de 10 a 100 smmlv; sin embargo en casos de extrema gravedad y excepcionales se podrá aumentar hasta 400 smmlv, siempre que esté debidamente motivado”(39).

En esos términos, en el sub lite está probado que el demandante tuvo una perturbación en el órgano funcional de la locomoción(40), y aunque se desconoce el porcentaje de incapacidad, atendiendo al criterio fijado por la Subsección en otros asuntos, en donde donde con base en otras pruebas, como las testimoniales, se ha determinado el grado de afectación y, por ende, el monto de la indemnización(41), la Sala reconocerá por perjuicio a la Salud la suma de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

6. Costas. 

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia del 1º de septiembre de 2004 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.

2. DECLARAR la responsabilidad patrimonial de la Nación - Policía Nacional por los daños sufridos por los demandantes Orlando Augusto Rodríguez Saavedra, Julia Magalis Martínez de Rodríguez, Camilo Orlando Rodríguez Martínez, Blanca Rodríguez Saavedra y Emma Rodríguez Saavedra, con ocasión del secuestro del primero de los nombrados ocurrido el 6 de junio de 1999.

3. CONDENAR, como consecuencia de la anterior declaración a la Nación - Policía Nacional a indemnizar a los demandantes los siguientes perjuicios:

— A cada uno de los señores Orlando Augusto Rodríguez Saavedra, Julia Magalis Martínez de Rodríguez y Camilo Orlando Rodríguez Martínez, la suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, por concepto de perjuicio moral.

— A cada una de las demandantes Blanca Rodríguez Saavedra y Emma Rodríguez Saavedra la suma de cincuenta salarios mínimos legales vigentes al momento de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, por concepto de perjuicio moral.

— Al señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra, la suma de cincuenta y ocho millones seiscientos diecinueve mil cuatrocientos veintiún pesos ($58.619.421) por concepto de perjuicio material en la modalidad de lucro cesante consolidado.

— Al señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra, la suma de sesenta salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de daño a la salud.

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Para dar cumplimiento a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, expídanse copias auténticas de esta sentencia, con constancia de ejecutoria, con destino a las partes y por intermedio de sus apoderados (art. 115 del CPC. y 37 del D. 359/95). Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

7. (Sic) Sin condena en costas.

8. El tribunal librará las comunicaciones necesarias para el cumplimiento de este fallo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 177 del Código Contencioso Administrativo y 362 del Código de Procedimiento Civil.

9. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(4) El 6 de diciembre de 2001, fecha en que se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa fuera conocido en segunda instancia por esta corporación era de $26.390.000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597 de 1988— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada en la suma de 30.000 gramos oro (el precio del gramo oro al momento de la presentación de la demanda era de $20.404,15) por concepto de perjuicios morales, suma que para el momento de presentación de la demanda superaba la cuantía fijada por el Decreto 597 de 1988.

(5) Interpuesto el 22 de octubre de 2004.

(6) Vigente para el momento de los hechos que dieron lugar a la presentación de la demanda de la referencia.

(7) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 10 de marzo de 2010, Expediente 20.109, C. P. Hernán Andrade Rincón. En el mismo sentido puede consultarse, Auto del 19 de julio de 2007, Expediente 31.135, C. P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 16 de agosto de 2001, Expediente 13.772 (1048), sentencia del 13 de febrero de 2003, Expediente 13237 (Rad. 2555), M. P. Ricardo Hoyos Duque.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 09 de diciembre de 2013, Expediente 48152, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

(9) En el registro civil visible en folio 56 del cuaderno principal se anotó que el señor Orlando Augusto Rodríguez es hijo de los señores Luis José Rodríguez y Blanca Saavedra, las señoras Blanca y Emma Rodríguez también son hijas de los dos últimos y, por ende, hermanas de la víctima directa del delito de secuestro.

(10) La señora Emma Rodríguez Saavedra para probar su parentesco con el señor Orlando Rodríguez allegó una partida de bautismo que indica es hija de los señores Luis José Rodríguez y Blanca Saavedra y que nació el 3 de enero de 1936. De conformidad con el Decreto-Ley 1260 de 1970, la única prueba del estado civil de las personas se encuentra radicada en las copias de registro civil y certificaciones expedidas por los funcionarios de registro civil competentes; empero, para los nacidos antes del 26 de mayo de 1938, las partidas eclesiásticas expedidas por la Iglesia Católica son prueba válida para acreditar el parentesco. Lo anterior, pues solo fue hasta la expedición de la Ley 92 de 1938 que se volvió obligatorio inscribir las partidas de bautismo para el correspondiente registro civil; así las cosas, el documento allegado por la demandante tiene el valor probatorio necesario para acreditar el parentesco.

En cuanto a la prueba de las partidas de bautismo, puede consultarse la sentencia del 22 de agosto de 2013, Expediente 39307, C. P. Hernán Andrade.

(11) Por el cual se reestructura el Ministerio del Interior.

(12) Funciones. Corresponde a los ministerios y departamentos administrativos, sin perjuicio de lo dispuesto en sus actos de creación o en leyes especiales: 1. Preparar los proyectos de ley relacionados con su ramo. // 2. Preparar los proyectos de decretos y resoluciones ejecutivas que deban dictarse en ejercicio de las atribuciones que corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa y dar desarrollo a sus órdenes que se relacionen con tales atribuciones. // 3. Cumplir con las funciones y atender los servicios que les están asignados y dictar, en desarrollo de la ley y de los decretos respectivos, las normas necesarias para tal efecto. // 4. Preparar los anteproyectos de planes o programas de inversiones y otros desembolsos públicos correspondientes a su sector y los planes de desarrollo administrativo del mismo. // 5. Coordinar la ejecución de sus planes y programas con las entidades territoriales y prestarles asesoría, cooperación y asistencia técnica. // 6. Participar en la formulación de la política del Gobierno en los temas que les correspondan y adelantar su ejecución. // 7. Orientar, coordinar y controlar, en la forma contemplada por las respectivas leyes y estructuras orgánicas, las superintendencias, las entidades descentralizadas y las sociedades de economía mixta que a cada uno de ellos estén adscritas o vinculadas. // 8. Impulsar y poner en ejecución planes de desconcentración y delegación de las actividades y funciones en el respectivo sector. // 9. Promover, de conformidad con los principios constitucionales, la participación de entidades y personas privadas en la prestación de servicios y actividades relacionados con su ámbito de competencia. // 10. Organizar y coordinar el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo correspondiente. // 11.Velar por la conformación del sistema sectorial de información respectivo y hacer su supervisión y seguimiento.

(13) El ministerio tenía como una de sus funciones la formulación, coordinación y evaluación de la política del Estado en materia de protección de los derechos fundamentales. Los demandantes en ningún momento cuestionaron el incumplimiento de esta función.

(14) El artículo 27 del Decreto 1512 del 2000 indica que las Fuerzas Militares “Son organizaciones permanentes instruidas y disciplinadas conforme a la técnica militar, que tienen como finalidad primordial la defensa, la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional; además que están constituidas por: El Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Expediente 25022, M. P. Enrique Gil Botero.

(16) La Nación representada por el Departamento Administrativo de Seguridad Nacional solicitó se oficiara a la Fiscalía General para “que remita toda la prueba documental relacionada con el proceso que debió adelantarse por los hechos ocurridos” (fl. 77, c. ppal. 1). Prueba que fue decretada y puesta en conocimiento de la parte actora, quien también fundó su acción en las pruebas obrantes en el proceso (incluido el proceso penal); así por ejemplo, en los alegatos de conclusión de primera instancia los actores señalaron que la falta de protección y seguridad del señor Orlando Rodríguez pese a haberla requerido en varias oportunidades “aparece demostrado en el expediente con las pruebas documentales y testimoniales” para más adelante reiterar que “se encuentran consignados dentro del proceso de la referencia pruebas documentales y testimoniales que apreciadas en su conjunto nos llevan a la convicción intima a la declaratoria de responsabilidad de la Nación” (fls. 238-252, c. ppal. 2). Y en el recurso de apelación (fls. 283-293, c. ppal. 3), la actora reiteró —sin hacer ningún tipo de exclusión— que en el expediente obraba abundante material probatorio que evidenciaba la responsabilidad de las accionadas.

(17) Sobre el mérito probatorio de las publicaciones de prensa como prueba en los procesos se encuentran la sentencia del 29 de mayo de 2012 de la Sala Plena Contenciosa. Expediente 2011-01378, M. P. Susana Buitrago Valencia.

(18) No cumplen los requisitos de la norma procesal para ser tenidos en cuenta como una confesión judicial (CPC, art. 194).

(19) Ambas declaraciones se realizaron ante el Notario Quinto del Círculo de Barranquilla, y en las mismas no hizo anotación alguno de que estas servirían con fines judiciales (D. 2282/89, art. 130).

(20) Henao, Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 37.

(21) Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, Expediente 21515, C. P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, Expediente 23219, C. P. Hernán Andrade Rincón.

(22) Una vez recuperó su libertad, el demandante Orlando Augusto Rodríguez solicitó al comandante del Gaula del Atlántico se le informara si antes de ser secuestrado la entidad conocía del hecho, el oficio referido es la respuesta a tal petición.

(23) En el que se anotó: “Tan pronto se tuvo conocimiento de las posibles personas para ser plagiadas por los subversivos, se tomó contacto de forma personal con el señor Rodríguez Saavedra, entonces concejal de Barranquilla y se le informó al respecto, se asesoró en cuanto a medidas preventivas tanto para él como para su familia, se le recomendó que reforzará su seguridad con personal especializada para tal fin”.

(24) Informe que se encuentra dentro del proceso penal allegado al plenario.

(25) El tribunal ordenó que la sentencia fuera notificada personalmente al señor Pinzón, quien se encontraba privado de la libertad en el centro de reclusión de Barranquilla; empero, dicho centro penitenciario en oficio del 27 de agosto de 2002 (fl. 89, c. anexo 3) informó a dicha corporación que la sentencia no se había podido notificar, “debido a que el día 11 de septiembre del 2001 (Ángel López Pinzón) se fugó de este centro carcelario”.

(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de agosto de 2011, Expediente 20325, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de agosto de 2011, Expediente 20325, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Ver, entre otras, sentencias de 11 de octubre de 1990, Expediente 5737; 15 de febrero de 1996, Expediente 9940; 19 de junio de 1997, Expediente 11.875; 30 de octubre de 1997, Expediente 10.958 y 5 de marzo de 1998, Expediente 10.303.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de enero de 2011, Expediente 17842, criterios reiterados en sentencia del 13 de febrero de 2013, Expediente 23436, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(29) Así fue señalado en el oficio Gruvi-Sijin-Deata del 18 de marzo de 2003 (fl. 126, c. ppal. 1) suscrito por el jefe del grupo investigativo de delitos contra la vida e integridad personal, por medio de la cual se informó que “revisados los archivos y libros de oficios allegados y salidos que lleva el grupo de vida e integridad personal se pudo verificar que desde el 10 de octubre del año de 1994 hasta 05-07-99, no se encontró anotación, información o comisión por parte de una autoridad solicitando la protección u amenaza del señor Orlando Rodríguez Saavedra…”.

En igual sentido el Oficio 246 / Coman Gaula del 19 de marzo de 2003 (fl. 113, c. ppal. 2) por medio del cual el comandante del Gaula regional Barranquilla - Dirección antisecuestro y extorsión informó que “revisados los antecedentes existente en los archivos de esta unidad, se constató que no hay solicitud por parte del señor Orlando Rodríguez Saavedra de protección especial o escolta personal, con anterioridad al secuestro que fue víctima el día 6 de junio de 1999, en la ciénaga el Torno Jurisdicción del departamento del Magdalena”.

(30) Lo cual se colige del proceso penal arrimado al plenario, así como el testimonio del señor José Alejandro Caldera Tejada, quien indicó (fls. 216-221, c. ppal. 2): PREGUNTADO: Sírvase manifestar como persona allegada a la familia del demandante, quien ideó, invitó y organizó el paseo a la ciénaga del torno. Igualmente si tiene conocimiento si el concejal aviso al Gaula urbano de Barranquilla de su desplazamiento. CONTESTÓ: El señor Orlando Rodríguez pertenecía al club de pesca de Barranquilla, este club fue el que organizó y programó el desplazamiento a la ciénaga del Torno, es así como el día del secuestro había más socios del club de pesca que fueron secuestrados juntos con el señor Rodríguez Saavedra (…).

(31) Tal y como consta entre otros, en la denuncia impetrada por el señor Fabián Enrique Rodríguez Santamaría (fls. 15-16, c. anexo 2).

(32) Corte Constitucional, Sentencia T 49.824 de enero 23 de 1995, M. P. Hernando Herrera Vergara.

(33) Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Expediente 36149, M. P. Hernán Andrade Rincón.

(34) Salarios mínimos legales mensuales vigentes.

(35) Ello también fue referido por el juez penal quien señaló que de haberse comprobado el pago, aquello hubiera sido un delito (fls. 163-194, c. anexo 5).

(36) Los miembros de los concejos de las entidades territoriales del país no reciben una remuneración salarial, sino un reconocimiento de honorarios por la asistencia comprobada a las sesiones durante el período a la cual fueron elegidos, de conformidad con los artículos 65 a 67 de la Ley 136 de 1994.

Para el caso de autos, se entiende que el señor Orlando Augusto Rodríguez Saavedra no pudo asistir a las sesiones del concejo del cual hacía parte en tanto se encontraba secuestrado, de no haber sido plagiado el demandante habría podido asistir a las sesiones y por ende, habría recibido los honorarios correspondientes a su cargo de elección popular.

(37) Se toma el IPC de junio, momento en el cual ocurrió el plagio del señor Rodríguez Saavedra.

(38) Se toma el IPC de diciembre, mes último en el que sesionó el concejo durante dicho periodo constitucional.

(39) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, sentencia de unificación de jurisprudencia del 28 de agosto de 2014, Expediente 31170. En la cual se reiteraron los criterios expuestos en la sentencia del 14 de septiembre de 2011, Expediente 19.031 y 38222, M. P. Enrique Gil Botero.

(40) En el dictamen rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal se determinó que luego de una caída sufrida durante su cautiverio, el actor tenía una incapacidad médico legal de 120 días, con secuelas médico legales determinables de perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter permanente (fls. 141-142, c. ppal. 2).

(41) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 16 de octubre de 2013, Expediente 28.831, M. P. Ramiro Pazos Guerrero. En esa ocasión precisó: “En esos términos, aunque en el sub lite no está probado el porcentaje de invalidez, lo cierto es que los testigos refieren que la actora, después del accidente, acusa dolencias en el píe y la espalda (fls. 92 a 94, c. pruebas demandante) y, además, fue necesario intervenirla quirúrgicamente (fl. 50, c. pruebas demandante), se impone concluir que el accidente le causó consecuencias particulares y específicas en su salud. Siendo así y atendiendo a que fue incapacitada por dos meses (fls. 3 y 4, c. ppal., en originales), se impone reconocer el doble de salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, esto es cuatro, atendiendo a las dolencias físicas por la cirugía y la extensión de los efectos más allá de la incapacidad”.