SENTENCIA 2001-02458/40098 DE MARZO 8 DE 2017

 

Sentencia 2001-02458/40098 de marzo 8 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Ref.: Acción de Reparación Directa

Rad.: 05001-23-31-000-2001-02458-01 (40098)

Consejera ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: William Arsenio Villada Álzate y otros

Demandado: Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional

Bogotá D.C., ocho de marzo de dos mil diecisiete.

Extractos «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 29 de junio de 2010, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa.

La Sala abordará el asunto en el siguiente orden: 1) objeto de la apelación; 2) verificación del cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa relativos a la competencia, el ejercicio oportuno de la acción y la legitimación en la causa por activa, 3) liquidación de perjuicios morales por lesión de soldado conscripto - reconocimiento de perjuicios morales a favor de la sucesión de la víctima directa del daño, 4) perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y 5) condena en costas.

1. Objeto del recurso de apelación

Sobre la competencia del juez de segunda instancia, en providencia del 7 de octubre de 2015, esta Subsección(16) indicó:

“Tal y como se dejó indicado en los antecedentes de esta sentencia, el objeto de los recursos de apelación interpuestos por las partes están encaminados a que se modifiquen los montos reconocidos a la parte actora por concepto de perjuicios morales, por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y por el perjuicio de daño a la vida en relación, cuestión que obliga a destacar que la competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada únicamente a tales aspectos(17).

“Al respecto, conviene recordar que a través del recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con las propias consideraciones del recurrente, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se cuestionan ante la segunda instancia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del C. de P. C., a cuyo tenor:

‘La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. (...)’. (Negrillas adicionales).

“En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo(18)”.

Como se expuso en el pronunciamiento transcrito, la competencia del juez de segunda instancia está limitada por los aspectos que fueron controvertidos y cuestionados en el recurso de apelación.

En el caso bajo estudio se alegó la presunta responsabilidad del Ejército Nacional por dos hechos. El primero, las lesiones padecidas por el soldado regular William Arsenio Villada Alzate, cuando prestaba el servicio militar obligatorio y, el segundo, el posterior homicidio del mencionado soldado, al parecer por grupos subversivos.

Ahora bien, se observa que el Tribunal Administrativo de primera instancia negó las pretensiones relacionadas con el segundo suceso, esto es, la muerte del señor Villada Alzate. Sin embargo, este aspecto no fue objeto de reproche por la parte apelante y, por ende, no se hará ningún pronunciamiento al respecto.

Por consiguiente, a la Sala, en .su condición de juez de segunda instancia, solo le corresponde analizar y resolver lo referente al no reconocimiento de perjuicios morales para la víctima directa del daño, al monto de los perjuicios morales reconocidos por las lesiones padecidas por el soldado Villada Alzate y a la negativa de los perjuicios materiales por ese suceso, por ser lo planteado por la parte actora en el recurso de apelación.

Estos aspectos se abordaran luego de verificar si en el presente asunto se cumplen los presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa.

2. Presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa en el caso sub examine 

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto citado en referencia, habida cuenta de que se trata de un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia(19) por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

2.2. El ejercicio oportuno de la acción

De conformidad con las previsiones del artículo 136 - 8 del Decreto 01 de 1984, norma aplicable al caso bajo estudio, el conteo de los dos años del término de caducidad debe iniciarse al día siguiente del hecho, acción u omisión que causó el daño alegado.

En el presente asunto el daño alegado se causó el 19 de febrero de 2001, fecha en la cual el soldado regular William Arsenio Villada Alzate(20) fue herido por arma de fuego por un compañero, mientras se encontraba prestando servicio de centinela en el Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 Juan del Corral(21) .

Entonces, el término de caducidad de la acción de reparación directa inició a correr el 20 de febrero de 2001 y venció el 20 de febrero de 2003. Como la parte actora presentó la demanda el 13 de julio de 2001(22) (demanda que se corrigió en escrito presentado el 23 de abril de 2002), la Sala concluye que se hizo dentro del plazo de 2 años que establecía el C.C.A.

2.3. Legitimación en la causa por activa

Por las lesiones padecidas por el soldado Villada Alzate demandaron:

William Arsenio Villada Alzate (23)Víctima directa del daño
Blanca Luz Villada de TabaresMadre
Rodrigo de Jesús Tabares VilladaHermano
Mario de Jesús Tabares VilladaHermano
Luz Estela Tabares VilladaHermana
María Rosario Tabares VilladaHermana
Alvaro de Jesús Tabares VilladaHermano
Arcesio de Jesús Villada AlzateHermano
María del Carmen Villada AlzateHermana
Genni Paola Villada AlzateHermana

Precisa la Sala que los mencionados señores se encuentran legitimados para actuar dentro de la presente acción, por cuanto se demostró que el primero fue víctima de múltiples lesiones causadas por un compañero cuando prestaba su servicio militar obligatorio y que las demás personas que conforman el grupo demandante ostentan el parentesco que alegaron(24) .

3. Liquidación de perjuicios en el caso concreto

Como se dijo, son tres las inconformidades de la parte apelante en relación con los perjuicios. Las primera consistente en el monto de los perjuicios morales reconocidos a la madre y hermanos de la víctima directa del daño, la segunda, el no reconocimiento de perjuicios morales a la víctima directa del daño, es decir, al soldado William Arsenio Villada Alzate y, la tercera, el no reconocimiento de perjuicios materiales y, por tanto, estos son los asuntos que se estudiaran en el presente acápite.

3.1. Perjuicios morales

En cuanto a los daños causados por las lesiones que sufre una persona, resulta necesario precisar que estas pueden dar lugar a la indemnización de perjuicios morales, pero su tasación dependerá, en gran medida, de la gravedad de las mismas, toda vez que hay situaciones en las que las lesiones sufridas son de tal magnitud, que su ocurrencia alcanza a tener suficiente trascendencia para alterar el curso normal de la vida o de las labores cotidianas de una persona, de manera que la cuantificación de los perjuicios morales que se causen se definirá en proporción al daño sufrido y a las circunstancias particulares de las causas.

La tasación de este perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para lo que debe tener en cuenta las circunstancias, la naturaleza, la gravedad del daño sufrido y sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso.

En el caso bajo estudio, por concepto de perjuicios morales, el A quo reconoció 50 SMLMV para la madre de la víctima directa del daño y 20 SMLMV para los hermanos. No obstante, a juicio de la parte actora, esos montos no compensan el sufrimiento que les causó la lesión de la que fue víctima el ex - soldado William Arsenio Villada Álzate.

En relación con los perjuicios morales en casos de lesiones personales, esta Corporación, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, sostuvo que el monto indemnizatorio a reconocer a la víctima directa del daño se establecería según la gravedad o levedad de la lesión, esto es, según el porcentaje de la disminución física que se hubiere ocasionado. Así mismo, dicho pronunciamiento explicó que el reconocimiento por este concepto a las víctimas indirectas dependería del nivel de relación en que estas se encontraran respecto del lesionado.

Hechas las anteriores precisiones, en esa providencia se fijaron categóricamente los montos a reconocer así:

“Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes). Tendrán derecho al reconocimiento de 100 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 80 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 60 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 40 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 20 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 10 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

“Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva, propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). obtendrán el 50% del valor adjudicado al lesionado o víctima directa, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se describe: tendrán derecho al reconocimiento de 50 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 40 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 30 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 20 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 10 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%. (...)’(25)

En el sub lite, se probó que el soldado regular William Arnesio Villada Alzate, cuando prestaba el servicio militar obligatorio, sufrió unas lesiones por arma de fuego, que obligaron a que se le practicara”... laparotomía exploratoria, nefrectomía izquierda, rafia de colon y colostomía, remitido al Hospital Militar Central donde estuvo internado durante dos a tres meses, recibió tratamiento quirúrgico, terapéutico y después remitido al Batallón de Sanidad con controles semanalmente ...”, tal y como consta en el “informe de paciente” rendido por la Directora de Enfermería del Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 Juan del Corral al Oficial B1 de la Cuarta Brigada de dicho Batallón(26) .

Sin embargo, se observa que no existe en el expediente prueba idónea de la disminución física que habría sufrido el mencionado soldado por las lesiones causadas el 19 de febrero de 2001 y, por tanto, no es posible aplicar el criterio unificado según el cual, como se dijo, la tasación del perjuicio moral depende de la gravedad de la lesión, es decir, del porcentaje de la mengua a las facultades físicas que le hubiere generado el daño por el que se reclama.

Entonces, para la Sala, resulta acertada la tasación del perjuicio moral que, con apoyo en el arbitrio juris hizo el Tribunal Administrativo de primera instancia, pues con fundamento en el informe del 9 de julio de 2008, rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se afirmó que el ex soldado Villada Alzate presentó una”... perturbación funcional del órgano de la excreción urinaria de carácter permanente’(27) , concluyó que se debía suponer “el dolor y angustia vivida” por la madre y hermanos de la víctima directa del daño, dado el vínculo existente entre ellos.

Así las cosas, a juicio de la Subsección, no es procedente modificar el monto de la indemnización reconocida por concepto de perjuicios morales para la madre y hermanos de la víctima directa del daño, es decir, se mantendrán los 50 SMLMV reconocidos a la señora Blanca Luz Villada de Tabares (Madre) y los 20 SMLMV reconocidos a cada uno de los señores Rodrigo de Jesús Tabares Villada, Mario de Jesús Tabares Villada, Luz Estela Tabares Villada, María Rosario Tabares Villada, Álvaro de Jesús Tabares Villada, Arcesio de Jesús Villada Alzate, María del Carmen Villada Alzate y Genni Paola Villada Alzate .

Por otra parte, la Sala considera que le asiste razón a la parte apelante cuando afirma que el perjuicio por daño moral también debe ser reconocido a la víctima directa del daño.

En efecto, es razonable pensar que como consecuencia de las lesiones que sufrió el soldado regular William Arsenio Villada Alzate el 19 de febrero de 2001, este tuvo que verse enfrentado a difíciles situaciones que, necesariamente, generarían tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones al ver disminuida su salud y sus facultades físicas, esto, aun cuando meses después de padecerlas hubiese sido asesinado —10 de octubre de 2001—.

En otras palabras, como a la víctima directa del daño, antes de su muerte, se le produjo un sufrimiento al ver alteradas negativamente sus condiciones de salud por la herida con arma de fuego que le ocasionó su compañero cuando se encontraba prestando el servicio militar obligatorio, considera la Subsección, que también se le debe compensar por ese hecho.

Por consiguiente, para la Subsección, en aplicación al principio de equidad, se debe reconocer al soldado William Arsenio Villada Alzate, por concepto de perjuicios morales, el mismo monto tasado para quien se encontraba en primer grado de consanguinidad, esto es, 50 SMLMV.

No obstante, como se expuso con anterioridad, el señor Villada Alzate falleció el 10 de octubre de 2001 y, por tanto, dicho reconocimiento económico se debe hacer a favor de sus herederos, tal como lo ha expresado esta Corporación en similares situaciones, en las cuales ha considerado que:

“... el derecho a obtener la reparación de los perjuicios morales es de carácter patrimonial y como tal se trasmite a los herederos, habida consideración de que en el ordenamiento jurídico nacional no existe disposición que prohíba dicha trasmisión; por el contrario, la regla general es que todos los activos, derechos y acciones de carácter patrimonial forman parte de la masa herencial y, además, el reconocimiento de ese derecho guarda armonía con los principios informadores del ordenamiento jurídico en materia de daño resarcible y, en especial, con las normas constitucionales que establecen el derecho a la indemnización por todos los daños antijurídicos sufridos (art. 90) y el derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 13), que no puede ser vulnerado impunemente.

“En síntesis, que el derecho a la indemnización por el perjuicio moral se trasmite porque se trata de un crédito que puede ser reclamado, bien por su titular o por sus sucesores mortis causa, en cuanto continuadores de su personalidad, que ocupan la posición jurídica que ostentaba el causante frente a la totalidad de los derechos y acciones de contenido patrimonial trasmitidas por el fallecimiento. Dijo la sentencia:

‘De cara al ordenamiento jurídico colombiano y específicamente desde la óptica del art. 90 de la Constitución Política es indudable que la transmisibilidad del derecho a la reparación originado en daño moral padecido por la víctima se impone, máxime si se tiene presente que, tanto el ordenamiento jurídico privado ex-art. 2.341 Código Civil consagra como regla general el resarcimiento de todo daño, y, en el ámbito penal, el daño moral cuya resarcibilidad está consagrada expresamente ex-art. 103 Código Penal, puede ser reclamado por ‘las personas naturales, o sus sucesores’; de otra parte, no existe como se observó, en el ordenamiento colombiano precepto prohibitivo y resulta incompatible a la luz de las normas precitadas, afirmar la intransmisibilidad de un derecho de naturaleza patrimonial que desde luego puede ser ejercido bien directamente por la víctima ora por los continuadores de su personalidad, sucesores mortis causa, que en su condición de herederos representan al de cujus, o dijérase más propiamente, ocupan el lugar y la posición jurídica que ostentaba el causante frente a la totalidad de los derechos y acciones de contenido patrimonial transmitidas por virtud del fallecimiento’.

“(...).

“De manera reciente(28), la Sala ha reiterado dicha jurisprudencia, aunque debe advertirse que la situación en este caso era diferente porque el causante sí había ejercido en tiempo la acción indemnizatoria y lo que se reclamaba era el reconocimiento de la condición de sucesores procesales. No obstante, se afirmó en la providencia que:

‘... si bien es cierto los perjuicios morales dependen necesariamente del sentimiento de un individuo en particular, cuando se solicita el reconocimiento de estos por parte de los sucesores procesales, no es que se transmita el dolor, la angustia o la congoja causada por el daño a quien en vida lo padeció y sufrió..., lo que se transmite es el derecho a reclamar por tal sufrimiento de la persona que era titular del mismo y, por ende, legitimada para demandar. En conclusión, como la señora Guzmán de Orjuela sufrió perjuicios morales antes de morir, el derecho a su reparación fue transmitido a su sucesión’.

“Por lo tanto, en el caso concreto, los herederos del señor (...), quien falleció el 4 de enero de 1995, según el certificado del registro civil de su defunción (fl. 12), esto es, con posterioridad a la muerte de su hijo (...), estaban legitimados para reclamar no sólo la indemnización por los perjuicios materiales que sufrió con la muerte de éste, reclamación sobre la cual no hay discusión doctrinaria, sino también por los perjuicios morales que el mismo hecho le hubiere causado”(29)

Conviene precisar que, mediante auto del 9 de mayo de 2007, el Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió ‘‘admitir la intención de la señora Blanca Luz Villada Alzate(30), en calidad de sucesora procesal del codemandante William Arsenio Villada Alzate, fallecido” (31)

No obstante, esta situación no obliga a la Sala a trasladarle a la señora Blanca Luz Villada de Tabares los reconocimientos económicos ordenados a favor del extinto soldado Villada Alzate y menos aun cuando de las pruebas obrantes en el expediente se desprende que el mencionado señor tenía una hija de nombre Camila Villada Marulanda(32), lo que implica que aunque dicha menor no actuó en el proceso de reparación directa, sí tendría el derecho a reclamar por las sumas reconocidas en el sub lite.

En definitiva, se ordenará que la indemnización de los perjuicios morales que le hubieren correspondido al señor William Arsenio Villada Alzate favorezca a su sucesión, sin individualizar los reconocimientos.

3.2. Perjuicios materiales

En la corrección de la demanda se solicitó, a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 309’000.000.

Para la Sala es pertinente mencionar que el Código Civil define el lucro cesante y el daño emergente, en el artículo 1614, en los siguientes términos:

“Artículo. 1614.—Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento” (negrilla fuera del texto).

Entonces, para que proceda el reconocimiento de lucro cesante se debe probar que se dejó de reportar una ganancia como consecuencia del daño alegado, en este caso, las lesiones causadas con arma de fuego al soldado William Arsenio Villada Alzate, mientras se encontraba prestando servicio de centinela.

Respecto de la liquidación del perjuicio material, en la modalidad de lucro cesante, en el caso de los soldados conscriptos, esta Corporación ha sostenido:

“De acuerdo con los términos en los cuales se estructuró la anterior pretensión, se impone concluir que dicha solicitud corresponde, en estricto sentido, a una indemnización de perjuicios por lucro cesante, reconocimiento que se estima procedente en De igual manera se precisa que la indemnización que dentro de esta consideración a que por tratarse precisamente de un soldado que prestaba su servicio militar obligatorio, no existen pruebas en el proceso que determinen que la víctima percibía un ingreso como contraprestación por dicho servicio, pero que en consideración al criterio de la Corporación según el cual se entiende que a partir del retiro del servicio el demandante iniciaría su vida productiva, se accederá a la referida indemnización. Sentencia se reconocerá será cuantificada desde la fecha en la cual el actor se retiró de la entidad a causa de su lesión, hasta su vida probable —con base, claro está, en su incapacidad física— y no a partir de la ocurrencia de los hechos(33)

“Lo anterior cobra mayor fundamento si se tiene en cuenta que por tratarse de un soldado regular, Ja víctima no percibía remuneración alguna, dado que el vínculo para con el Estado surgió del cumplimiento del deber constitucional de defensa de la independencia, de la soberanía nacional y de las instituciones públicas y, por lo mismo, tal relación no revistió de carácter laboral alguno.

“Ocurre que para la época en la cual se produjeron los hechos (agosto 30 de 1996), el actor llevaba 8 meses y 10 días de servicio militar obligatorio, por manera que aún le faltaban 9 meses y 20 días para cumplir el término mínimo de 18 meses previsto en el ordenamiento jurídico frente a quienes se desempeñaban como soldados regulares(34) y comoquiera que su liberación se produjo el 15 de junio de 1997, fácil resulta colegir que durante ese término el actor estaría igualmente cesante, por la sencilla pero suficiente razón que así no se hubiere presentado el hecho dañoso, el soldado habría igualmente continuado prestando sus servicios militares de manera obligatoria, esto es sin percibir remuneración alguna por tal actividad castrense; es más, cuando fue liberado aún no había vencido dicho término, pues éste fenecía el 20 de junio de 1997, esto es 5 días después de producirse, en buena hora, su retorno a la sociedad”(35)

De lo expuesto se tiene que el tiempo a indemnizar por lucro cesante (consolidado y futuro) se debe contabilizar desde el momento en que culmina la prestación del servicio militar obligatorio que, según el artículo 8° del Decreto 2048 de 1993”por el cual se reglamenta la Ley 48 de 1993 sobre el servicio de reclutamiento y movilización” es mínimo de 18 meses para los soldados regulares, hasta la fecha en que se cumple la edad probable de vida.

Esto debido a que durante el tiempo en que los nacionales cumplen con la obligación constitucional que les asiste de prestar el servicio militar obligatorio, no reciben ningún tipo de contraprestación (salario y prestaciones sociales), por cuanto no existe vínculo laboral entre los soldados conscriptos y la institución castrense.

En efecto, solo cuando los soldados regulares dejan de estar en conscripción es posible inferir que pierden una ganancia (lucro cesante), por ser a partir de ese momento que empiezan a desarrollar actividades que generan retribución económica.

Ahora bien, en el sub lite, según se desprende de la certificación expedida por el Mayor Jefe de la Sección de Soldados del Departamento de Personal del Comando del Ejército(36), el soldado regular William Arsenio Villada Alzate ingresó a las filas del Ejército Nacional el 6 de julio de 2000 y fue dado de baja por defunción el 10 de octubre de 2001, es decir, que estuvo vinculado como soldado regular en la institución durante 15 meses y 4 días.

Así pues, como para el momento en que falleció el soldado Villada Alzate (en hechos por los que no se le atribuyó responsabilidad a la entidad demandada), aun no cumplía los 18 meses de servicio militar obligatorio que establece el artículo 8º(37) del Decreto 2048 de 1993, la Sala concluye que el mencionado soldado no alcanzó a desarrollar una actividad que le generara alguna remuneración económica.

La situación antes descrita implica que como consecuencia de las lesiones sufridas por el extinto soldado Villada Alzate mientras se encontraba prestando servicio de centinela (hecho por el que se declaró responsable a la entidad demandada), no se dejó de percibir ningún tipo de ganancia o ingreso a futuro.

En otras palabras, la expectativa de que en el futuro el soldado regular William Arsenio Villada Alzate, luego de cumplir con la obligación constitucional que le asistía de prestar servicio militar, desarrollaría una actividad productiva quedó truncada por su muerte y, por tanto, no hay lugar a reconocimiento de indemnización de lucro cesante, entendiendo este, como se dijo, como la ganancia o provecho que deja de percibirse.

Por lo anterior, considera la Sala que es acertada la decisión de primera en el sentido de negar el reconocimiento de indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Por las razones expuestas, se modificará el fallo de primera instancia, para ordenar el pago de perjuicios morales a favor de la sucesión de la víctima directa del daño, esto es, el extinto soldado regular William Arsenio Villada Alzate.

4. Condena en costas

Dado que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Modificar la sentencia del 29 de junio de 2010, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, cuya parte resolutiva quedará así:

“Primero. Declarar administrativamente responsable a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional por los perjuicios ocasionados a la parte actora, como consecuencia de las lesiones causadas al soldado William Arsenio Villada Alzate, cuando se encontraba prestando servicio militar obligatorio.

Segundo. Condenar a la Nación Ministerio de Defensa —Ejército Nacional—, a reconocer y pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas:

Sucesión del soldado William Arsenio Villada Alzate50 SMLMV
Blanca Luz Villada de Tabares50 SMLMV
Rodrigo de Jesús Tabares Villada20 SMLMV
Mario de Jesús Tabares Villada20 SMLMV
Luz Estela Tabares Villada20 SMLMV
María Rosario Tabares Villada20 SMLMV
Álvaro de Jesús Tabares Villada20 SMLMV
Arsenio de Jesús Villada Alzate20 SMLMV
María del Carmen Villada Alzate20 SMLMV
Genni Paola Villada Alzate 20 SMLMV

Tercero. La parte demandada dará cumplimiento al presente fallo en los términos de los artículos 177 y 178 del C.C.A.

Cuarto. Negar las demás suplicas de la demanda.

Segundo: Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Tercero : Sin condena en costas.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

16. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. C.P.; Hernán Andrade Rincón. Sentencia del 7 de octubre de 2016. Radicación número: 25000-23-26-000-2005-00051-01(35685)

17. Original de la cita: “Al respecto se puede consultar la Sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera el 9 de febrero de 2012, exp. 21.060, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez”.

18. Original de la cita: “Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: ‘La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en ‘la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin’. O como dice COUTURE, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso.” (Negrillas adicionales). López Blanco, Hemán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo 1, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106”.

19. La cuantía del proceso supera la exigida por la Ley 954 de 2005 para que esta Corporación pueda conocer en segunda instancia de un proceso de reparación directa (500 S.M.L.M.V) , pues por concepto de perjuicios morales se solicitó la suma equivalente a 1.000 SMLMV para cada uno de los demandantes.

20. El mencionado soldado fue asesinado el 10 de octubre de 2001,”...al parecer por grupos de autodefensas que provienen del sector del corregimiento de San José” 2º (fl. 371 c1).

21. FI. 55 c 1.

22.. FI. 128 c 1.

23. Se repite, el soldado Villada Álzate falleció luego de iniciar por vía judicial la reclamación por las lesiones sufridas el 19 de febrero de 2001.

24. Fls. 129 a 146 c 1.

25. Consejo de Estado, Sala Plena Sección Tercera. C.P.: Oiga Melida Valle de la Hoz. Sentencia del 28 de agosto de 2014. Radicación número: 50001-23-15-000-1999-00326 -01(31172).

26. Fls. 373 - 374 e 1

27. Fl. 480

28. Original del texto: “Sentencia de 10 de marzo de 2005, exp: 16.346”.

29. Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Expediente con radicado Nº 20001- 23-31-000-1996-03050 -01(14908), sentencia de 26 de abril de 2006.

30. Quien en la cédula de ciudadanía figura como Blanca Luz Villada de Tabares.

31. Fls. 464 - 465 c 1.

32. Tal y como consta en el certificado expedido por la Notaría Única del Círculo de la Ceja (FI. 352 c 1).

33. Cita del original: “Así lo ha sostenido esta Sección del Consejo de Estado —sentencia de febrero 4 de 2010, exps. acumulados 15.061 y 15.527—:
‘(...) la Sala adoptará dentro de este proveído el salario mínimo legal vigente para la fecha de la presente providencia, toda vez que por tratarse precisamente de un soldado amparado bajo el régimen de conscripción, no existen en el proceso pruebas que determinen que el soldado lbáñez Méndez percibía un ingreso como contraprestación por el servicio prestado de manera obligatoria, pero que en consideración al criterio de la Corporación según el cual se entiende que a partir del retiro del servicio el demandante iniciaría su vida productiva, se accederá a la referida indemnización. De igual manera se precisa que la indemnización que dentro de esta sentencia se reconocerá será cuantificada desde la fecha en la cual el actor se retiró de la entidad a causa de su lesión, hasta su vida probable —con base, claro está, en su incapacidad física— y no partir de la ocurrencia de los hechos’.”

34. Cita del original: “Habida consideración que señor Jairo Méndez Sánchez fue incorporado al Ejército Nacional el diciembre 20 de 1995, por lo cual el término mínimo de permanencia como solado regular vencía el 20 de junio de 1997”.

35. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia del 18 de julio de 2012. Radicación número: 52001-23-31-000-2001-00559-01 (20079).

36. FI. 301 e 1.

37. “Artículo 8. El servicio militar obligatorio podrá prestarse en el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, en las siguientes formas y modalidades.
a) Como soldado regular, de 18 a 24 meses;
b) Como soldado bachiller, durante 12 meses;
c) Como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses;
d) Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses, la calidad de campesino la determinará el Comandante de la Unidad Táctica correspondiente” (Negrilla fuera del texto).