Sentencia 2001-02472 de agosto 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Exp.: 29821

Rad.: 2500-23-26-000-2001-02472-01

Actor: Pablo Emilio Reyes Cruz y otra

Demandado: La Nación-Rama Judicial y otros

Ref.: Reparación directa

Bogotá D.C., veintinueve de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

8. El consejo de Estado es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra la sentencia proferida en primera instancia por la Sección Tercera —Sala de Descongestión— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de un proceso de reparación directa derivado de hechos de la Administración de Justicia(1).

II. Validez de los medios de prueba

9. Obran dentro del expediente varias fotografías (fl. 193 cdno. 2) y declaraciones extraproceso (fl. 140-142 cdno. 2) aportadas por la parte actora del 22 de mayo de 2002 (fl. 100 cdno. 1). Las primeras carecen de valor probatorio dado que ellas sólo dan cuenta del registro de varias imagines, sobre las que no es posible determinar su origen ni el lugar ni la época en que fueron tomadas o documentadas, ya que no fueron reconocidas ni ratificadas dentro del proceso, lo que impide cortejarlas con otros medios de prueba(2). Las declaraciones extraproceso tampoco serán valoradas en tanto fueron no ratificadas dentro del trámite contencioso administrativo, tal como lo exige el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil(3).

III. Hechos probados

10. De conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso, las cuales consisten en los documentos aportados por las partes y los que fueron decretados como prueba por el Tribunal a-quo, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes.

10.1. Los señores Jorge Adelmo Cubillos y pablo Emilio Reyes Cruz son los propietarios de los siguientes vehículos: (i) tracto-camión, marca Ford, de placas SVJ-086, modelo 1971 (copia simple de la tarjeta de propiedad —fl. 20, 21 cdno. anexo—: copia simple del certificado de tradición —fl. 34 cdno. 2); (ii) un semirremolque de “placa R03433; tipo de carrocería: tanque; de ejes: dos (2); marca Vanegas; modelo 1975” (copia autentica de la constancia expedida por la Dirección Regional Cundinamarca del Ministerio de Transporte —fl. 31 cdno. 2—).

10.2. El señor Salvador Benavidez arrendó al señor Pablo Emilio Reyes el tráiler remolque de su propiedad “cuya plaqueta es 2007-RO, tipo de carrocería estacas, número de ejes dos (2), marca Inca”, por el término de doce (12) meses, contados a partir del 1º de junio de 1999 por valor de 500 mil pesos mensuales (copia simple del contrato de arrendamiento —fl. 184 cdno. anexo—). Asimismo, el actor suscribió con la empresa Navemar S.A. un contrato de comodato para elementos de transporte, en virtud del cual le fue entregado un contenedor identificado con el CSVU4030095 (copia simple del contrato de comodato C9924300 —fl. 6 cdno. 2—).

10.3. El 18 de febrero de 1999, la señora Rosa Ema Hernández de Gutiérrez, actuando a través de la abogada Esperanza López Puerto(4), promovió proceso ejecutivo contra Jorge Adelmo Cubillos (copia simple de la demanda —fl. 149 cdno. anexo—). El juzgado Tercero Civil del Circuito la admitió el 1º de marzo siguiente y en la misma fecha libró mandamiento de pago contra el deudor por valor de $8.000.000 más los intereses moratorios y corrientes (copia simple de la providencia —fl. 153 cdno. anexo—).

10.4. El 20 de mayo de 1999 el Juzgado Tercero Civil del Circuito decretó el embargo del 50% de los bienes arriba referidos y ordenó que se oficiara a la autoridad competente para que procediera al registro del embargo (copia de la providencia —fl. 5 cdno. anexo—). El 2 de agosto de 1999, la Secretaria de Tránsito y Transporte de la gobernación de Cundinamarca informó al juzgado que la medida había sido registrada (copia simple del oficio 193 —fl. 12 cdno. anexo—).

10.5. En consideración a lo anterior, el 4 de agosto de 1999 la apoderada de la parte ejecutante solicitó al juzgado que, mediante oficios separados, ordenara la inmovilización del 50% del vehículo tracto-camión de placas SVJ-086 y del 50% de la carrocería remolque tanque con número de plaqueta RO 3433 (copia simple de la solicitud —fl. 13 cdno. anexo—). A lo anterior se dio accedió mediante los oficios 2697 y 2698 del 9 de septiembre de 1999, los cuales fueron expedidos en cumplimiento de lo dispuesto en el auto de 9 de agosto anterior (copia simple de los oficios —fl. 15-16 cdno. anexo).

10.6. El 31 de octubre de 1999 la estación Ciudad Bolivar del departamento de Policía Tequendama inmovilizó el vehículo tracto-camión de placas SVJ-0869, junto con un tráiler identificado con el número RO 2007 y un contenedor identificado con el CSVU403009, los cuales se encontraban en posesión del señor Pablo Emilio Reyes (copia simple del acta de inventario —fl. 24 cdno. anexo—). Los bienes incautados fueron dejados a disposición del juzgado en el parqueadero “Los Arias” el 10 de noviembre siguiente y en el acta respectiva se dejó constancia de que las 18 llantas del tracto camión se encontraban “en regular estado”, que de las 6 luces direccionales una se encontraba rota, al igual que uno de los stops (copia simple del acta de inventario —fl. 24 cdno. anexo–; copia simple del oficio suscrito por el jefe de denuncias y contravenciones de la décima novena estación del Departamento de Policía Tequendama —fl. 222 cdno. anexo—).

10.7. El 24 de julio de 2000, el juzgado dictó sentencia favorable a la demandante, en la cual ordenó seguir adelante con la ejecución “toda vez que no se formuló (sic) excepciones de ninguna naturaleza” por parte del demandado. En la misma providencia dispuso el remate y avalúo de los bienes embargados (copia simple de sentencia —fl. 159-160 cdno. anexo—).

10.8. El 17 de febrero de 2000, el señor Salvador Benavidez Mayorga elevó petición escrita al juzgado a fin de que ordenara “el levantamiento del embargo y secuestro del tráiler o remolque cuya plaqueta es 2007-RO, marca Inca, de dos (2) ejes, el cual porta un contayner (sic) encima” (copia simple de la solicitud —fl. 186-187 cdno. anexo—). Esta petición fue coadyuvada por la apoderada de la parte ejecutante con el argumento de que el contenedor “no hacia parte de la medida de embargo decretada y solicitada en este proceso” (copia simple del memorial —fl. 191 cdno. anexo).

10.9. El 28 de febrero de 2000, el juzgado Tercero Civil del Circuito decretó levantamiento del embargo y secuestro de “la carrocería remolque tanque o tráiler con número de plaqueta RO-2007, junto con el contenedor o contayner (sic) respectivo”, al tiempo que ordenó su devolución (copia simple del auto —fl. 189-190 cdno. anexo—). No obstante, el 10 de abril siguiente la decisión fue modificada al resolver el recurso de reposición interpuesto por la parte ejecutada en los siguientes términos (copia simple de la providencia —fl. 195 cdno. anexo—):

Da cuenta la actuación que la parte demandante solicitó el embargo y secuestro del 50% del tractocamión de placas SVJ 086 y el 50% de la carrocería remolque con número de plaqueta RO 3433 y así se decretó la medida.

En ningún momento la parte ejecutante ha solicitado el embargo y secuestro del remolque tanque con plaqueta RO 2007 ni de ningún contenedor o contayner (sic).

Las autoridades de policía al aprehender el automotor de placas SVJ 086 también inmovilizó (sic) la carrocería remolque de plaqueta 2007 y un contenedor, los cuales como se ha dicho no fueron objeto de medida cautelar.

Luego, si no se decretó medida cautelar alguna sobre los bienes inmovilizados, la consecuencia no es otra que la de ordenar la entrega inmediata de los mismos a quien los tenía en el momento de la aprehensión y la no cancelación de la medida cautelar porque sobre esos bienes no se solicitó ningún embargo y secuestro.

Por todo lo anterior se revocará el numeral primero del auto recurrido, para en su lugar ordenar oficiar a las autoridades respectivas para que entreguen la carrocería remolque con la plaqueta RO 2007 y el contenedor a quien lo tenía al momento de la aprehensión.

10.10. El 21 de marzo de 2000 la octava estación de Kennedy, adscrita al departamento de policía Bacatá, inmovilizo el tráiler de placa RO 3433, el cual fue dejado a disposición del juzgado en el parqueadero “Los Arias” del barrio Fontibón de la ciudad de Bogotá (copia simple del oficio 07446/CNTV-BEOCT —fl. 28 cdno. anexos—).

10.11. El 4 de mayo de 2000, el actor solicitó al juzgado que, con fundamento en lo establecido en los numerales 7º y 8º del artículo 687 del Código de Procedimiento Civil, ordenara hacerle entrega del vehículo de placas SVJ 086 “para que no se siga perjudicando con [su] retención y que continué el embargo vigente por el 50% que se reclama en el proceso de la referencia (…)”. De forma subsidiada, el demandante solicitó “oficiar y ordenar a quien corresponda o de ser posible que se fije fecha y hora para que su despacho proceda al secuestro de dicho vehículo” (copia simple del memorial —fl. 201 cdno. anexo—).

10.12. El 10 de mayo de 2000 el juzgado denegó la entrega solicitada por el actor y comisionó al “inspector de policía de la zona respectiva” para que llevara a cabo el secuestro del 50% del tracto-camión, excepto la carrocería remolque con plaqueta RO 2007 (copia simple de la providencia —fl. 205 cdno. anexo—). A la comisión se le dio cumplimiento por la Inspección Novena Distrital de Policía el 3 de mayo de 2001, cuando se declaró legalmente secuestrado el vehículo y se hizo entrega del mismo a la secuestre, quien resolvió dejarlo en el parqueadero “hasta que se me suministre el dinero para poder retirarlo y si es factible poder trasladarlo a uno menos costoso” (copia simple del acta de la diligencia de secuestro —fl. 28 cdno. 2—).

10.13. El 3 de junio de 2000 el subgerente del parqueadero “Los Arias” hizo entrega al señor Mauricio Peláez Mendoza del “contenedor que se encuentra encima de la mula con placas SVJ 086” en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito en el oficio 2340 de 2 junio del mismo año (copia simple del acta de entrega —fl. 277 cdno. anexo–; copia simple del oficio —fl. 207 cdno. anexo—).

10.14. El 21 de mayo de 2001, el actor elevó una nueva solicitud a fin de que “se levanten las medidas cautelares que pesan sobre los vehículos de placas SVJ 086, sobre el tanque RO 3433 y el tráiler plancha 2007, éste último nada tenía que ver en el supuesto embargo ya que estaba alquilado (…), lo cual hago con fundamento en art. 19 de la Ley 446 de 1998 y en concordancia con el art. 346 del Código de Procedimiento Civil, ya que el proceso lleva más de 9 meses, estancado sin que salga a remate la parte de mi socio”. Adicionalmente, puso de presente que las medidas decretadas dentro del proceso le habían ocasionado perjuicios por valor de 48 millones de pesos, por lo que solicitó que “se ordene a pagar (sic) todos los perjuicios y costas del proceso a los actores (…), quienes en forma descomedida han causado perjuicios de toda índole” (copia simple de la solicitud —fl. 245 cdno. anexo—).

10.15. El 22 de mayo de 2001 el Juzgado 3 Civil del Circuito dio respuesta a la solicitud presentada por el actor el día anterior en los siguientes términos (copia simple de la providencia —fl. 248-249 cdno. anexo—):

1. Deniégase la aplicación de lo normado en el art. 19 de la Ley 4446 de 1998 en concordancia con el art. 346 del Código de Procedimiento Civil (…) en razón a que de la notificación de la última providencia proferida en este proceso (mar. 16 del corriente año) aún no han corrido los seis meses de que trata la disposición en cita y además, en el presente proceso ya se dictó sentencia, caso en el cual no procede a la aplicación del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, como reiteradamente lo ha sostenido el H. Tribunal Superior de esta ciudad.

(…).

3. para lo pretendido en los numerales 3º y 4º del escrito que antecede el peticionario deberá formular el incidente de que trata el numeral 8º del art. 687 del C. de P. Civil en la oportunidad allí prevista si en él se reúne la calidad exigida en dicha disposición, una vez se practique o materialice el secuestro del 50% del automotor o haga valer sus derechos en el momento de la diligencia.

10.16. El 16 de agosto de 2001, el juzgado ordenó al parqueadero “Los Arias” hacer entrega del tracto-camión secuestrado al señor Pablo Emilio Reyes Cruz con fundamento en lo siguiente (copia simple de la providencia —fl. 87 cdno. anexo—):

Analizada la diligencia de secuestro practicada por el comisionado (…) para el secuestro de la cuota parte de la propiedad del demandado señor Jorge Adelmo Cubillos León sobre el automotor de placas SVJ-086 equivalente el 50% se observa como en dicha diligencia se omitió disponer al copropietario señor Pablo Emilio Reyes Cruz comunicándole el secuestro sobre la citada parte del vehículo siguiendo el principio de la economía procesal es del caso ahora ordenar que se oficie haciendo saber a dicho condueño la existencia de la medida cautelar sobre la cuota parte de propiedad del señor Jorge Adelmo Cubillos León para que en lo sucesivo, en todo lo relacionado con el 50% que corresponde a Cubillos León se entienda con la secuestre (…).

Valga la pena informar al condueño del vehículo que, como lo secuestrado es únicamente el 50% que es propiedad de Cubillos León, dicha medida se cumple poniendo a disposición del juzgado el 50% del producido del automotor: que la administración del 50% del condueño no demandado le corresponde a él, y la administración del 50% secuestrado la tiene la secuestre, asistiéndole al condueño no demandado el derecho para retirar el automotor de donde se encuentra para darle el uso, explotación y cuidado correspondientes, bajo su responsabilidad, informando al secuestre de la administración, gastos y frutos del 50% y consignando a órdenes del juzgado para este proceso los frutos que el demandado correspondan.

Por lo anterior, se dispone oficiar al parqueadero donde se encuentra el automotor para que se entregue el vehículo al señor Pablo Emilio Reyes Cruz con la advertencia a éste de que el 50% del demandado se encuentra embargado y secuestrado por cuenta de este proceso, y por tanto, la administración de ese 50%, solo de ese 50%, la tiene el secuestre.

10.17. En la misma fecha, el juzgado ordenó el secuestro de “la carrocería remolque tanque RO 3433” y, en consecuencia, dispuso que la decisión fuera puesta en conocimiento del señor Pablo Emilio Reyes (copia simple la providencia —fl. 260 cdno. anexo—). La diligencia se practicó el 31 de agosto de 2001 en las instalaciones del parqueadero “Los Arias”, y allí mismo el secuestre decidió dejar el depósito gratuito el bien al actor para que “a partir de la fecha empiece a producir [lo] se rinda (sic) cuentas del 50% del producido total de dicho bien; por tener la coadministración del mismo (…)” (copia simple del acta de la diligencia —fl. 269-269 cdno. anexo—).

10.18. El 7 de septiembre de 2001, el señor Mauricio Arias Acuña, representante legal del parqueadero “Los Arias” informó al juzgado que como el tráiler identificado con el número RO-2007 era objeto de un depósito oneroso, el establecimiento ejercería el derecho de retención sobre el bien “hasta tanto no se cancele las tarifas (sic) establecidas por la ley en relación con dicho contrato (…)” (copia simple de la comunicación —fl. 32-33 cdno. 2—). En la misma fecha, pero en escrito separado, el señor Arias puso de presente “el vehículo en mención remolque con número de plaqueta RO 3433 (…) adeuda a la fecha seis millones quinientos ochenta y ocho mil ochocientos cincuenta y ocho pesos ($ 6.588.858)” y que este valor “incrementa nueve mil trescientos cincuenta ($ 9.350) pesos diarios” (copia simple de la comunicación —fl. 39 cdno. 2—).

10.19. En respuesta a la anterior comunicación, el Juzgado Tercero Civil del Circuito expidió el auto de 20 de septiembre de 2001, mediante el cual dispuso lo siguiente (copia simple del auto —fl. 43 cdno. 2—):

2. No tener en cuenta las liquidaciones que sobre parqueo fueron presentadas por el gerente del parqueadero Los Arias Ltda.

3. Se recuerda al memorialista su deber de entregar de forma inmediata el bien cuyo embargo e inmovilización jamás fueron decretados por este despacho, evitando así mayores perjuicios por error de la autoridad que lo capturó.

De igual manera, cumplir con la entrega del vehículo de placas SVJ-086 y remolque tanque RO 3433, tal como lo ha ordenado el juzgado (…).

10.20. El 3 de diciembre de 2001 el juzgado comisionó al “inspector distrital de policía de la zona respectiva” para que hiciera entrega al señor Pablo Emilio Reyes del vehículo de placas SVJ-086 y del remolque tanque RO 3433, al igual que del remolque RO 2007 (copia simple de la providencia —fl. 128 cdno. anexo—). La diligencia se cumplió el 18 de marzo de 2002, fecha en la cual la Inspección Novena Distrital de Policía hizo entrega al demandante de los bienes, quien hizo las siguientes manifestaciones acerca del estado en que se encontraban (copia simple del acta de entrega —fl. 145 cdno. anexo—):

(…) vehículo de placas SBJ-086 y remolque tanque RO-3433 y remolque RO-2007 al señor Pablo Emilio Reyes Cruz (…) quien manifiesta que: Recibo todo el cabezote estrellado, aclaro recibo, la multa (sic) el tráiler y el tanque, los cuales están identificados por el despacho y el siguiente estado, manifiesto que le manifesté al señor Mauricio Arias el golpe que tiene el carro y que recibo el tráiler sin el contenedor de 40 pies, el señor Mauricio Arias lo entregó por orden judicial a otra persona, el tanque color blanco, ocho ruedas, cuatro rines artilleros, cuatro recámaras de aire, sin repuesto, en la parte trasera tiene el registro y la tapa en la parte superior cada una de ellas con registro, tres guardapolvo, un extinguidor, dicho tanque tiene capacidad de 9.200 galones se encuentra por el costado trasero derecho sumido y su pintura general en mal estado, llantas lisas, en cuanto a la mula es un cabezote marca Ford 9000, color blanco, dos tanques de ACPM cada uno de ellos con su respectiva tapa, 18 llantas, incluidas las del tráiler en mal estado y las placas del cabezote SVJ 086, espejos retrovisores cuatro, el tráiler solamente su planchón sin carrocería, la persiana del cabezote se encuentra sumida, y parte de fibra de vidrio se encuentra chitiada (sic) el motor con sus accesorios, falta rejilla del torpedo y falta un motor de limpia brisas con su brazo y cuchilla, en general el cabezote en mal estado, debido a que el mismo ha permanecido a la intemperie, motor con sus accesorios (…) se deja constancia que el vehículo sale prendido del parqueadero con sus luces faltándole al tráiler la luz trasera izquierda posee su licuadora (sic) y procede a retirarlos en el acto.

10.21. Pablo Emilio Reyes está casado con María Flor García (copia simple de registro civil de matrimonio —fl. 16 cdno. 2—).

III. Problema jurídico

1.1. Compete a la Sala determinar, en primer término, si se encuentra configurada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva propuesta por las demandadas. Luego, deberá establecer si el demandante sufrió un daño antijurídico imputable a la Policía Nacional y a la Rama Judicial por haber inmovilizado ilegalmente —la primera— un contenedor y un tráiler remolque sobre los que ejercía tenencia durante la diligencia practicada el 31 de octubre de 1999 y por haber retardado —la segunda— su devolución. Por último, tendrá que analizar si el señor Pablo Emilio Reyes Cruz fue injustamente privado de la posibilidad de usar y explotar el tracto-camión y el remolque de su propiedad, teniendo en cuenta que la causa petendi se relaciona con las supuestas irregularidades en las que incurrió el Juzgado Tercero Civil del Circuito durante el decreto y la práctica de las medidas cautelares.

IV: La legitimación en la causa

12. Aunque, en términos generales, la legitimación en la causa se refiere a “la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial (…)(5)”, esta corporación ha señalado que es posible diferenciar entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa(6).

13. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, “de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda”.

14. Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. De ahí que la Sala haya indicado que la falta de legitimación material en la causa por activa o por pasiva no impide al fallador pronunciarse de fondo sobre el petitum de la demanda, comoquiera que la aludida legitimación constituye un elemento de la pretensión y no de la acción, en la medida en que se trata de

(…) una condición propia del derecho sustancial y no una condición procesal que, cuando no se dirige correctamente contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada(7).

15. Por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquella realiza(8), pues bien puede suceder que una persona, natural o jurídica, esté legitimada en la causa de hecho por ser parte dentro del proceso, pero carezca de legitimación en la causa material debido a que no es titular de los derechos cuya vulneración alega o a que ninguna actuación o conducta suya guarda relación o conexión con los hechos que motivan el litigio. En estos eventos, las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores(9).

16. En el caso concreto, el señor Pablo Emilio Reyes está materialmente legitimado en la causa para demandar los perjuicios derivados de la presunta retención ilegal del contenedor y del tráiler, identificado con la plaqueta 2007-RO, ya que está demostrada su calidad de tenedor, en virtud de los contratos de comodato y de arrendamiento suscritos con la sociedad Compañía Nacional de Transportes S.A. y el señor Salvador Benavidez, respectivamente (ver supra párr. 10.2). También está legitimado para solicitar que se le repare el daño causado con las medidas de embargo y secuestro decretadas en el marco del proceso ejecutivo sobre el tracto-camión y el remolque porque está acreditado su calidad de co-propietario de los mismos (ver supra párr. 10.1).

17. En contraste, la señora María Flor García de Reyes carece de interés jurídico para demandar porque no era propietaria, poseedora ni tenedora de los bienes incautados por la Policía Nacional y ni de los que fueron objeto de medidas cautelares dentro del proceso ejecutivo. Dicho en otras palabras, la actora no resultó afectada con las actuaciones adelantadas por los demandados ya que no era titular de ninguno de los derechos presuntamente vulnerados por lo que, al margen de que ostente la calidad de cónyuge del señor Pablo Emilio Reyes, no puede reclamar indemnización por una afectación que no padeció. Por ello, la Sala confirmará la decisión del Tribunal de declarar la falta de legitimación en la causa por activa de esta demandante y así lo declarará en la parte resolutiva de la sentencia.

18. De igual forma, confirmará la decisión de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la abogada Esperanza López Puerto debido a que ella no solicitó ni ordenó la incautación de los bienes y tampoco es responsable de las decisiones que se adoptaron en el marco del proceso ejecutivo. Y es que si, como lo afirma el demandante, el daño antijurídico se origina en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, no es razonable que la demanda se dirija contra la representante judicial de una de las partes que intervinieron dentro de ese proceso ya que una falla de este tipo, por definición, sólo puede serle imputable a quien tiene a su cargo la labor de administrar justicia.

19. En virtud de lo anterior, la presente sentencia se abstendrá de analizar las supuestas maniobras dilatorias en las que, según el actor, incurrió la abogada de la parte ejecutante durante la actuación judicial pues, se insiste, las mismas, en el evento de encontrarse demostradas, no podrían llegar a comprometer la responsabilidad patrimonial de la administración por no serle imputables.

20. Finalmente, en lo que respecta a la decisión de declarar la ausencia de legitimación por pasiva del Ministerio de Defensa, la cual fue adoptada por el Tribunal a-quo en la sentencia apelada, la Sala habrá de revocarla porque las actuaciones de esta entidad si guardan relación o conexión con los hechos de la demanda. En efecto, en la medida que el actor atribuye a la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional la incautación ilegal del contenedor y del tráiler identificado con la plaqueta 2007-RO, es claro que el Ministerio de Defensa es la entidad llamada a comparecer al proceso en calidad de demandada, sin perjuicio de que pueda delegar esa representación en la oficina correspondiente de la Policía Nacional, porque ésta, al igual que el Ejercito, la Fuerza Aérea o la Armada Nacional, hace parte de su estructura orgánica (D. 49/2003, art. 1º)(10)

V. Análisis sobre la responsabilidad derivada de Policía Nacional

21. La sala encuentra acreditado que el señor Pablo Emilio Reyes Cruz sufrió un daño dado que el 31 de octubre de 1999 fue privado de la tenencia de un contenedor y de un tráiler, la cual había adquirido en virtud de los contratos de comodato y de arrendamiento suscritos con la empresa Naverma S.A. y el señor Salvador Benavidez, respectivamente.

22. Este daño es imputable a la Policía Nacional a título de falla del servicio dado que la inmovilización se produjo sin que existiera orden judicial. En efecto, las pruebas aportadas al proceso dan cuenta que, en cumplimiento de lo dispuesto en el auto de 9 de agosto de 1999 (fl. 14 cdno. anexo), el secretario del Juzgado Tercero Civil del Circuito solicitó a la Policía Nacional proceder a la aprehensión del “50% de la carrocería remolque tanque con número de plaqueta RO-3433” y del 50% del tracto camión de placas SVJ-086” (fl. 15, 16 cdno. anexo). Sin embargo, al momento de adelantar la diligencia, la estación Ciudad Bolivar adscrita al departamento de policía Tequendama, hizo extensiva la medida a dos bienes que estaban a poder del demandante y cuya aprehensión no había sido autorizada por el juzgado. Estos bienes, según la información contenida en el acta de inventario, eran un contenedor “al parecer de 40 pies de número CSUV 403009” y un tráiler identificado con el número RO 2007 (fl. 24 cdno. anexo).

23. Esta actuación resultó a tal punto ilegal que la propia abogada de la parte ejecutante solicitó al Juzgado Tercero Civil del Circuito ordenar la entrega “inmediata” de los bienes con el fin de evitar daños a terceros (fl. 191-194 cdno. anexo), petición que fue atendida positivamente por el despacho con fundamento en que ni el contenedor ni el tráiler habían sido objeto de medida cautelar (ver supra párr. 10.9).

24. La Constitución Política, en su artículo 58, garantiza el derecho a la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En línea con lo anterior, el Decreto 1355 de 1970, vigente al momento de los hechos, establecía que la policía no podía intervenir para limitar el ejercicio del derecho de propiedad, sino por vía de seguridad, salubridad y estética pública (artículo 122) ni para perturbar los derechos de posesión o de mera tenencia, sino únicamente para protegerlos y, en caso de que se hubieran vulnerado, para restablecer y preservar la situación que existía en el momento en que se produjo la perturbación” (artículo 125).

25. De lo anterior sigue que la Policía Nacional no podía inmovilizar el contenedor CSVU4030095 y ni el tráiler identificado con el número de plaqueta RO 2007, ya que no estaba legal ni judicialmente autorizado para hacerlo, por manera que su actuación privó injustamente al demandante del derecho de tenencia que tenía sobre los bienes, causándole un daño antijurídico que compromete su responsabilidad patrimonial en los términos del artículo 90 de la Constitución.

VI. Análisis sobre la responsabilidad de la Rama Judicial

27. la parte actora atribuye a la Rama Judicial dos daños distintos y diferenciables. El primero, consiste en haberlo privado injustamente de la tenencia del contenedor, del tráiler y del tracto-camión por haber dilatado su entrega de forma injustificada. El segundo, consiste en haber ordenado el embargo y el secuestro del tracto-camión de placas SVJ 086 y del remolque identificado con la plaqueta RO 3433, sin plena observancia de los requisitos legales.

28. Así las cosas, es claro que la responsabilidad que se endilga a la nación-rama Judicial se origina en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, supuesto consagrado en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996(11), que se predica exclusivamente de las actuaciones necesarias para adelantar el proceso o para ejecutar las decisiones del juez. Esta circunstancia permite diferenciarlo claramente de lo que constituye un error jurisdiccional, el cual se configura o materializa a través de una providencia proferida en ejercicio de la función de impartir justicia. Al respecto, la doctrina española ha puntualizado que:

(…) nos encontramos en el dominio de la responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, siempre y cuando la lesión se haya producido en el ‘giro o tráfico jurisdiccional’, entendido éste como el conjunto de las actuaciones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (excluidas las actuaciones de interpretar y aplicar el Derecho plasmadas en una resolución judicial que, como se acaba de indicar, caerán en el ámbito del error judicial); a sensu contrario, no entrarían en este concepto aquéllas actividades que produjesen un daño —incluso si éste fuese identificado plenamente como achacable a la actuación de un juez o magistrado —si su actuación no se hubiese realizado en el mencionado ‘giro o tráfico jurisdiccional’, sino en otro tipo de actuaciones distintas.

En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”(12).(13)

29. Dentro del concepto “defectuoso funcionamiento administración de justicia” están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales. Al respecto, la jurisprudencia ha señalado que:

En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, habría que decir que éste, a diferencia del error judicial, se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales.

Dentro de este concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia. Puede provenir no sólo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales. Así también lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación(14).

30. De acuerdo con lo anterior, se puede señalar que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia presenta las siguientes características: (i) se predica de actuaciones u omisiones, diferentes a providencias judiciales, necesarias para adelantar un proceso; (ii) puede provenir de funcionarios judiciales y particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales; (iii) debe existir un funcionamiento defectuoso o anormal, partiendo de la comparación de lo que debería ser un ejercicio adecuado de la función judicial; y (iv) se manifiesta de tres formas: la administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado o funcionó tardíamente(15).

31. El primer daño aducido por la parte actora se encuentra acreditado pues dentro del expediente aparece demostrado que, aunque la inmovilización del tráiler se produjo el 31 de agosto de 1999, el auto que dispuso su devolución se expidió por el juzgado el 28 de febrero de 2000, es decir, casi siete (7) meses después. Así mismo, está acreditado que la entrega de los bienes se produjo el 3 de diciembre de 2001, pese a que la orden referente al tráiler se impartió el 28 de febrero de 2000 y la referente al tracto-camión data del 16 de agosto de 2001.

32. Sin embargo, este daño no es imputable a la Nación-Rama Judicial porque, como se vio, el juzgado no ordenó la inmovilización de estos bienes y tampoco fue negligente en disponer su entrega, ya que solo tuvo conocimiento de que los mismos habían sido ilegalmente retenidos el 17 de febrero de 2000, cuando el propietario del tráiler, el señor Salvador Benavidez Mayorga le informó de esta situación (ver supra párr. 10.8).

33. A juicio de la Sala, lejos de ser defectuoso, el funcionamiento de la administración de justicia fue en este caso oportuno y diligente, dado que el transcurrieron apenas once (11) días calendario desde el momento en que el despacho conoció de la inmovilización de los bienes (feb. 17) y la fecha en que dispuso su entrega (feb. 28/2000).

34. Por otra parte, la Sala advierte que si la entrega se dilató fue sencillamente porque el parqueadero “Los Arias” omitió dar cumplimiento oportuno a las órdenes impartidas por el juzgado para que lo hiciera amparado en un supuesto “derecho de retención” (ver supra párr. 10.18) del que, en verdad, no era titular dado que entre el establecimiento de comercio y los propietarios y tenedores de los vehículos no existía un contrato de depósito.

35. En efecto, en la medida en que éstos no consintieron en que el tráiler y el tracto-camión fueran depositados en el parqueadero, es impredicable la existencia de una relación contractual, ya que “condicio sine qua non” de las misma, es la existencia previa de un acuerdo de voluntades. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que:

Cuando un vehículo es aprendido, como en el presente caso, la administración en principio debe conducirlo a los patios, creados y destinados para el cumplimiento del citado servicio, salvo que el particular, consienta en depositarios en otros lugares, como parqueaderos o talleres que prestan o desarrollan un objeto similar.

Suele suceder que un parqueadero, al mismo tiempo, desarrolle las dos formas de servicio, es decir, preste las actividades de patios y parqueo. Al respecto ha señalado el Consejo de Estado, “…en este tipo de establecimientos, se prestan servicios de custodia de vehículos mediante dos modalidades: a) como patios, cuando son inmovilizados por orden de la autoridad competente, con duración indefinida mientras se levanta la orden de inmovilización y sin que se cuente para nada el ánimo del propietario para dejar allí su carro; y, b) como parqueadero, evento en el cual el vehículo es depositado a voluntad de quien conduce, durante lapsos esencialmente mensurables, con recepción de recibo de depósito generalmente traducido en un registro de la hora de ingreso, identificación del depositante y placas del vehículo y sujeto a tarifas establecida por hora o fracción de hora…(16). En este caso, el desarrollo de la actividad de patios, tiene su origen en contratos de concesión que celebran las entidades de tránsito y transporte con los parqueaderos privados.

Por lo cual, es evidente que entre las dos modalidades de servicio, existen diferencias que determinan su cobertura y obligaciones. Ciertamente, tratándose de patios, los vehículos son depositados sin mediar la voluntad de su dueño, asumiendo la autoridad competente todas las obligaciones y responsabilidades por su vigilancia y cuidado, y requiriendo para su entrega, la orden de autoridad mediante la cual se subsane la causa que dio origen a su inmovilización. Mientras que en relación con el servicio de parqueo, los automotores son depositados por el querer del propietario, siendo él, el responsable de los costos y gastos que produzca su atención y vigilancia.

(…).

En principio, un vehículo retenido debe ser conducido a un patio, sin embargo, puede ocurrir que en materia de tránsito y no en el desarrollo de las causas penales, el particular decida que a su costo, tenga lugar la inmovilización en un parqueadero o taller independiente, evento en el cual, surge un contrato de depósito (C.C. art. 2236 en armonía con el C. Co. art. 1170), que obliga al sujeto a cumplir cabalmente a todas las obligaciones que se suscitan de la citada relación personal, entre ellas las expensas derivadas del cuidado y conservación del bien(17).

(…).

Cuando no existe acto jurídico generador de obligaciones, y no es de aquellos eventos en los cuales se predica un hecho jurídico(18), es necesario que cualquier obligación, como la de pagar las expensas por la vigilancia y cuidado del bien, provengan de una norma que las imponga explícitamente.

En el evento sub judice, el taxi retenido, fue conducido al parqueadero Los Arias, el cual independientemente de la relación contractual que tenga con la administración, se encuentra prestando en este caso, la actividad de patios, es decir, aquella mediante la cual, recibe los automotores retenidos por orden de autoridad competente, hasta el momento en el cual, se levante la decisión que dio origen a la inmovilización. Es claro entonces, que es impredicable la ocurrencia de una actividad de parqueo, y que por lo mismo, no existe una relación contractual que permita el cobro de las expensas de cuidado y vigilancia(19).

(…).

El derecho de retención tiene precisos limites señalados en el inciso 2º del artículo 2417 del Código Civil, el cual dispone que para su práctica, es necesaria, la existencia de un acuerdo previo de voluntades, o un mandamiento legal que así lo ordene. Restricciones que se encuentran ajustadas a los cánones constitucionales del respeto y protección de la propiedad privada, ya que de acuerdo con el artículo 58 de la Carta, es deber del Estado y las autoridades garantizar “… la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles.”.

36. La actuación del parqueadero desvirtúa, entonces, la existencia de un nexo causal entre la actividad de la administración y el daño padecido por la parte actora, pues es claro que si el señor Pablo Emilio Reyes Cruz fue injusta y prolongadamente privado de los derechos de tenencia y posesión que tenía sobre el tráiler y el tracto-camión, respectivamente, no fue porque el Juzgado Tercero Civil del Circuito hubiera cumplido tardíamente con el deber de ordenar su devolución, sino porque el parqueadero se sustrajo injustificadamente del acatamiento de las órdenes que se impartieron por el despacho para tal fin.

37. El segundo daño aducido por la parte demandante también se encuentra demostrado en tanto obra prueba de que el tracto-camión de placas SVJ 086 y el remolque identificado con la plaqueta RO 3433, de propiedad del señor Pablo Emilio Reyes Cruz en porcentaje equivalente al 50%, fueron embargados y secuestrados por orden del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá en el marco del proceso ejecutivo seguido contra el otro co-propietario de los bienes, el señor Jorge Adelmo Cubillos.

38. La parte actora sostiene que el daño es antijurídico porque las medidas cautelares se decretaron y practicaron sin observancia de los requisitos establecidos en la legislación procesal civil. En concreto cuestiona que el Juzgado Tercero Civil del Circuito (i) ordenara el secuestro del remolque sin que allegara al proceso ejecutivo certificación de la Secretaría del Tránsito “en el sentido de tener válida y legalmente registro el embargo del tanque como tal”, y que (ii) que practicara el secuestro del tracto-camión sin dejar el bien a su disposición, como era lo indicado teniendo en cuenta que el demandado dentro del proceso ejecutivo sólo era propietario del 50% del bien.

39. El primer cuestionamiento se resuelve apelando a lo dispuesto en el artículo 515 del Código del Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º del numeral 274 del Decreto 2282 de 1989, vigente al momento de los hechos. Esta norma establecía que el secuestro de los bienes sujetos a registro sólo podía adelantarse luego de que el embargo estuviera inscrito:

El secuestro de bienes sujetos a registro, tanto el previo como el decretado en el proceso, sólo se practicará una vez se haya inscrito el embargo y siempre que en la certificación del registrador aparezca el demandado como su propietario. En todo caso, debe perfeccionarse antes de que se ordene el remate; en el evento de levantarse el secuestro, se aplicará lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 686.

El certificado del registrador no se exigirá cuando lo embargado fuere la explotación económica que el demandado tenga en terrenos baldíos, o el derecho derivado de posesión sin título en inmueble de propiedad privada.

40. Según se ve, la norma introduce un condicionamiento para la práctica del secuestro, no para su decreto, ya que éste puede hacerse incluso desde el momento en que se ordena el embargo. Así lo ha entendido la doctrina:

(…) el artículo 515, inciso 1º, lo que regula y restringe no es el decreto donde se ordena el secuestro de los bienes sujetos a registro, sino la práctica del secuestro. Por consiguiente, se decreta el secuestro junto con el embargo, pero se suspende la práctica de la diligencia de secuestro para que, una vez allegado al proceso el certificado del registrador con la constancia de la inscripción del embargo, y la prueba de que el ejecutado es el dueño del bien perseguido, sólo reste fijar la fecha y hora en que tendrá lugar la diligencia de secuestro. Es obvio que no hay obstáculo jurídico alguno para que se decrete el secuestro, una vez que obre en el proceso el certificado del registrador de instrumentos públicos donde conste que el embargo se encuentra inscrito y que el demandado es el propietario del bien inmueble; pero este camino es más retardado, por cuanto implica que es necesario esperar la ejecutoría del auto que ordena el secuestro y, por consiguiente, atenta contra el principio de la aceleración del proceso en que se inspira el nuevo proceso ejecutivo; de ahí que se deba optar en la práctica, por el primer sistema, es decir, que se decrete conjuntamente el embargo y el secuestro(20).

41. En el caso concreto, está probado que 27 de julio de 1999 el Juzgado Tercero Civil del Circuito ofició a la Secretaría de Tránsito y Transporte de la gobernación de Cundinamarca para que registrara el embargo del 50% del tracto-camión de placas SVJ-986 y 50% del remolque identificado con el número de plaqueta RO-3433. Igualmente está probado que en respuesta a la anterior solicitud, la mencionada dependencia expidió el oficio 193 del 2 de agosto de 1999, mediante el cual informó al juzgado que el embargo del tracto-camión había sido registrado. De lo anterior se infiere que el embargo del remolque no se registró pues ni el mencionado oficio 192 ni los otros documentos aportados al expediente dan cuenta de que el trámite se hubiera adelantado.

42. este hecho sería demostrativo de que hubo un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia a condición de que pudiera afirmarse que el remolque era un bien sujeto a registro. Conforme a los artículos 756, 826, 871 y 2435 del Código Civil están sujetos a registro los bienes inmuebles, al igual que algunos derechos reales, como usufructo, el uso y la habitación, y la hipoteca. Por su parte, el Código de Comercio en sus artículos 922 y 1427 dispone que los vehículos automotores, las naves y las aeronaves también son bienes sujetos a registro(21).

43. Los remolques son “vehículos no motorizados” pues así los define el artículo 2º del Decreto 1344 de 1970, vigente al momento de los hechos. Esto significa que no son bienes sujetos a registro en los términos de Código de Comercio, al margen de que la actividad para la cual están diseñados, esto es, el transporte de cosas, sea de carácter mercantil (art. 2º).

44. Ahora, es cierto que cuando se produjo el secuestro del remolque ya existía en Colombia el registro y el inventario nacional de remolques, semi-remolques, multimodulares y similares, a cargo del otrora denominado Instituto nacional de Tránsito y Transporte, INTRA (Acu. 63/1993, art. 77). Sin embargo, también lo es que este registro no puede entenderse como consecutivo del derecho de dominio —que es como lo entiende el artículo 515 del CPC—, dado que su finalidad era la de permitir el control de la actividad de transporte de carga al centralizar en el mencionado instituto la asignación de placas y la verificación de las condiciones necesarias para legal circulación de estos vehículos (ibídem).

45. Así las cosas se concluye que no hubo un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia porque, como el remolque no era un bien sujeto a registro, el Juzgado Tercero Civil del Circuito sí estaba facultado para secuestrarlo aunque no se hubiera allegado al proceso la constancia de inscripción del embargo.

46. Para resolver el segundo cuestionamiento, según el cual la decisión del Juzgado Tercero Civil del Circuito de ordenar el secuestro del tracto-camión resultó equivocada dado que el demandado dentro del proceso ejecutivo sólo era propietario de 50% del bien, por lo que éste debía dejarse a su disposición, debe tenerse en cuenta que la normatividad procesal civil incorpora un conjunto de reglas que definen las condiciones para la práctica del embargo y secuestro de los bienes comunes o pro-indiviso, esto es, de aquellos cuyo derecho de propiedad se encuentra fraccionado en cabeza de dos o más personas(22).

ART. 681.—Embargos. Para efectuar los embargos se procederá así:

(…).

12. El de derechos proindiviso en bienes muebles, se comunicará a los otros copartícipes, advirtiéndoles que en todo lo relacionado con aquellos deben entenderse con el secuestre.

ART. 682.—Secuestro. Para el secuestro de bienes se aplicarán las siguientes reglas:

(…).

3. Cuando se trate de derechos proindiviso en bienes inmuebles, en la diligencia de secuestro se procederá como se dispone en el numeral 12 del artículo precedente 681.

(…).

47. En lo que concierne al alcance de esta norma, la doctrina ha señalado que pese a que el numeral 3º del artículo 682 se refiere a los bienes inmuebles, debe entenderse que el secuestro de los bienes muebles se practica de la forma establecida en el numeral 12 del artículo 681, es decir, dejando la cosa en poder de los comuneros:

Para el secuestro de los derechos pro indiviso en bienes muebles (…) no puede entregarse al secuestre materialmente la cosa en razón de que se afectarían los derechos los demás condueños. Entonces, el secuestro se hace en forma simbólica con respecto a los derechos que se han embargado y se previene a los demás condueños para que se entiendan con el secuestre y, en adelante, para los efectos de mantenimiento, explotación, cuidado y mejora de la cosa, el secuestre reemplazará al titular de derechos proindivisos secuestrados y, asimismo, recibirá los frutos, utilidades o cuotas que le correspondan al condueño afectado con la medida ejecutiva(23).

48. En el caso concreto, está probado que el secuestro del tracto-camión se adelantó sin observancia de lo dispuesto en las normas transcritas del Código de Procedimiento Civil. En efecto, la diligencia se cumplió sin haber agotado el trámite de la comunicación al otro co-propietario y sin dejar el bien a su disposición. (ver supra párr. 10.16).

49. No obstante, como la diligencia de secuestro no fue practicada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, sino por la Inspección Novena Distrital de Policía, esta situación no le resulta imputable a la nación-Rama Judicial. De hecho, dentro del expediente consta cuando se percató de lo ocurrido, el juzgado intervino para proteger los derechos del señor Pablo Emilio Reyes Cruz, pues ordenó al parqueadero “Los Arias” hacerle entrega del automotor mediante providencia del 23 de agosto de 2001 (ver supra párr. 10.16).

50. Se tiene así que la Rama Judicial no funcionó defectuosamente pues su actuación se limitó a comisionar a la Inspección Novena Distrital de Policía —que es una dependencia de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá— para la práctica de la diligencia de secuestro, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 32 del Código de Procedimiento Civil(24). Ahora si esta autoridad, en cumplimiento de la comisión, omitió dar estricta aplicación a las normas establecidas en la legislación procesal civil para la práctica del secuestro, tal actuación no compromete la responsabilidad de la entidad demandada pues en lo que toca con el funcionario comisionado la ley le atribuye las mismas facultades y, por ende, los mismos deberes que al funcionario corriente.

VII. Perjuicios

51. La Sala no accederá al pago de los perjuicios morales solicitados en la demanda debido a que éstos no se encuentran acreditados. Tampoco accederá al pago de los perjuicios que el demandante pretendió acreditar con los documentos visibles a folios 17 y 139 del cdno. 2, ya que ellos no se derivan de la falla del servicio que se le imputa a la Policía Nacional(25). En cambio, reconocerá los perjuicios materiales ocasionados como consecuencia de la ilegal inmovilización del tráiler identificado con el número RO-2007 y del contenedor.

52. Como prueba del primer perjuicio obra dentro expediente un documento suscrito por el señor Salvador Benavides Mayorga en el cual consta que recibió del demandante “por concepto de arrendamiento” la suma de catorce millones doscientos sesenta y tres mil ciento cincuenta y siete pesos ($14.265.157) por el periodo comprendido entre el 31 de octubre de 1999 hasta el 19 de marzo de 2002, fecha en la cual le fue restituido el bien (fl. 131 cdno. 2).

53. la sala no tendrá en cuenta el valor certificado por el señor Benavides ya que el mismo supera el precio total del contrato suscrito con el demandante, el cual era de seis millones de pesos ($ 6.000.000), teniendo en cuenta que su vigencia era de doce meses y que se pactó un canon mensual de quinientos mil pesos ($500.000) En su lugar, tendrá en cuenta el valor del canon mensual ($500.000) y lo multiplicará por el número de meses que faltaban para que se venciera el plazo del contrato cuando se produjo su ilegal inmovilización por parte de la Policía (7)(26). El resultado de la operación es tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000), que serán actualizados conforme a la siguiente fórmula:

S2001-02472CE 1
(27), (28)

54. Como prueba del segundo perjuicio, obra dentro del expediente una nota de débito elaborada por la empresa Navemar S.A. donde consta que el demandante tuvo que pagar cuatro millones de pesos ($ 4.000.000) “por las demoras ocasionadas en el contenedor” (fl. 21 cdno. 2). Esta suma también será actualizada con fundamento en la siguiente fórmula:

S2001-02472CE 2
(29), (30)

55. Se tiene así que el monto total de lo adecuado al señor Pablo Emilio Reyes Cruz por concepto de perjuicios materiales es de catorce millones trescientos setenta y nueve mil seiscientos ochenta y un pesos ($14.379.681).

V. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia apelada, esto es, la proferida el 24 de noviembre de 2004 por la Sección Tercera —Sala de Descongestión— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

1. DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la abogada Esperanza López Puerto y de la señora María Flor García de Reyes.

2. DECLARAR la responsabilidad patrimonial y administrativa de la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional por haber privado ilegalmente al señor Pablo Emilio Reyes Cruz de la tenencia del contenedor CSVU4030095 y del tráiler identificado con el número de plaqueta RO 2007.

3. CONDENAR, en consecuencia, a la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional a pagar al señor Pablo Emilio Reyes Cruz por concepto de perjuicios materiales la suma de catorce millones trescientos setenta y nueve mil setecientos ochenta y un pesos ($14.379.681).

4. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

5.(sic) EXPÍDANSE, por la Secretaría de esta Sección, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimientos Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 1995. Las copias destinadas al demandante serán entregadas al apoderado judicial que la ha venido representando.

En firme este proveído, devuélvanse al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008. C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00.

(2) Al respecto véanse, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 5 de diciembre de 2006, exp. 28.459, C.P. Ruth Stella Correa; 28 de julio de 2005, exp. 14.998, C.P. María Elena Giraldo; 3 de febrero de 2010, exp. 18034, C.P. Enrique Gil Botero, sentencia de 3 de mayo de 2013, exp. 26.352, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(3) Consejo de Estado, sentencias de 5 de abril de 2013, exp. 27281, C.P. Danilo Rojas Betancourth, de 19 de octubre de 2011, exp. 20861, C.P. Jaime Orlando Santofimio, y de 18 de marzo de 2010, exp. 17492, C.P. Enrique Gil Botero, entre otras.

(4) La abogada Esperanza López Puerto fue reconocida como apoderada sustituta dentro del proceso mediante auto del 20 de mayo de 1999 (fl. 1555 cdno. anexo).

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de septiembre de 1997, exp. 10285, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En el mismo sentido, véase la sentencia del 11 de febrero de 2009, exp. 23067, C.P. Enrique Gil Botero, y del 22 de julio de 2011, exp. 17646, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(6) Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13356, C.P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 28 de abril de 2005, exp. 14178, C.P. German Rodríguez Villamizar; sentencia de 23 de abril de 2009, exp. 16837, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 2006, exp. 13764, C.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 23 de abril de 2009, exp. 16837, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(9) A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que “si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal— “. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, exp. 10973, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de septiembre de 2010, exp. 24377. C.P. Enrique Gil Botero.

(11) “ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 [error jurisdiccional] y 68 [privación injusta de la libertad] de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

(12) [5] Cobreros Mendazona, Eduardo. La responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia Madrid. Cuadernos Civitas. 1998, pág. 25. Citado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, en la sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13.164, C.P. Ricardo Hoyos Duque, reiterada luego en la sentencia de 15 de abril de 2010. Exp. 17.507, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(13) Sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13.164 C.P. Ricardo Hoyos Duque, reiterada en la sentencia de 15 de abril de 2010, exp. 17.507, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(14) Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 2006, exp. 14307, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 12 de febrero de 2014, exp. 28857, C.P. Olga Valle De La Hoz.

(16) [4] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. M.P. Clara Forero de Castro.

(17) [5] Al respecto el artículo 230 del Código Nacional de Transito, permite el desarrollo de dicha atribución para el titular o poseedor del bien.

(18) [6] La doctrina distingue entre acto jurídico y hecho jurídico. Constituyen actos jurídicos, las manifestaciones de voluntad directa y reflexivamente encaminadas a producir efectos jurídicos. Son hechos jurídicos, los actos humanos intencionales o no intencionales, y los hechos de la naturaleza susceptibles de producir efectos jurídicos, los cuales se producen independientemente de la voluntad del individuo.

(19) Sentencia T-1000 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(20) Nelson R. Mora. Procesos de ejecución, tomo I, editorial Temis, Bogotá, 1980, pág. 354.

(21) Ibíd., pág. 352.

(22) “Cuando se habla de indivisión o comunidad se refiere a un derecho real, cualquiera que sea, ejercido por varias personas sobre la totalidad de la misma cosa, teniendo cada titular una cuota indivisa sobre el mismo bien; hay un solo derecho y una sola cosa sobre la cual recae el derecho, y simultáneamente una pluralidad de sujetos activos que lo ejercen”. Jaime Arteaga Carvajal, De los bienes y su dominio, segunda edición, editorial Facultad de Derecho, Bogotá, 1999, pág. 73.

(23) Nelson R. Mora. Procesos de ejecución, tomo II, editorial Temis, Bogotá, 1980, p. 8. Una postura similar se encuentra en la obra del profesor Hernando Devis Echandía: “Cuando se vaya a embargar un derecho indiviso un bien mueble, ya no se podrá hacer secuestro material de éste por la sencilla razón de que con él se lesionaría a los condueños. Entonces se recurre al secuestro simbólico y se consuma simultáneamente con el embargo puesto que éste queda hecho al recibir los copartícipes la comunicación con la advertencia de que se entiendan con el secuestre”. Compendio de derecho procesal, parte general, tomo III, volumen I, octava edición, Biblioteca Jurídica Diké, Bogotá, 1994, pág. 505.

(24) El artículo 32 del Código de Procedimiento Civil, autoriza a los tribunales superiores y jueces para comisionar a las autoridades judiciales de igual o inferior categoría, y a los alcaldes y demás funcionarios de policía “cuando no se trate de la recepción o práctica de pruebas”, lo cual, constituye un mecanismo de colaboración entre las ramas del poder público (C.P. art. 113) que busca garantizar la economía procesal y la eficacia en la administración de justicia, pues, como lo señaló la Corte Constitucional “[t]omada por el juez la decisión de que un bien sea secuestrado o entregado, su providencia demanda ejecución material; precisamente, los alcaldes y funcionarios de policía, dentro del marco de la Constitución y de la ley, son los servidores públicos que pueden prestarle a la administración de justicia, la más eficaz colaboración”. Sentencia C-733 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, reiterada en la Sentencia T-1171 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(25) A folio 17 del cdno. 2 obra una comunicación mediante la cual la gerente de Bancafé le informó al demandante que al 12 de octubre de 2000 su obligación hipotecaria presentaba un saldo de 26 cuotas vencidas. De otra parte, a folio 139 cdno. 2 aparece una factura expedida por “Talleres El Negro” por concepto de pintura y latonería del cabezote mula SVJ 086” y del tanque RO 3433.

(26) Como el plazo de ejecución del contrato empezó a correr el 1º de junio de 1999, debe concluirse que cuando se produjo la inmovilización del tráiler (31 de octubre de 1999), faltaban 7 meses para su terminación.

(27) Corresponde al IPC del mes anterior a esta sentencia.

(28) Corresponde al IPC del mes de vencimiento del contrato (jun./2000).

(29) Corresponde al IPC del mes anterior a esta sentencia.

(30) Corresponde al IPC a la fecha de emisión del documento (ago./2000).