Sentencia 2001-02685 de marzo 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Radicación: 250002326000200102685 (28177)

Actor: Ildefonso Jose Torres Cardenas y Otros

Demandado: Presidencia de la República y Otros

Asunto: Reparación directa

Bogotá, D.C., doce de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: « II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 2 de junio de 2004, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, pues la pretensión mayor se estimó en la demanda en la suma de $1.313.286.560., mientras que el monto exigido en ese año para que un proceso, adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tuviera vocación de doble instancia era de $26.390.000 (Decreto 597 de 1988).

2. El ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984(14), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En el presente caso la pretensión resarcitoria se origina en los daños sufridos por los actores con ocasión de la aplicación de los decretos 1064 y 1065 de 1999, los cuales fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en sentencia calendada el 18 de noviembre de 1999, que fue fijada por edicto el 23 del mismo mes y año(15). Por tanto como la demanda se interpuso el 16 de noviembre de 1999(16), resulta evidente que el ejercicio de la acción se hizo dentro del término previsto por la ley.

3. Objeto del recurso de apelación

En vista de que se trata de una sentencia condenatoria apelada únicamente por la parte actora, encuentra la Sala que la competencia al momento de resolver se limita a los aspectos por ella expuestos en el recurso de alzada, sin que pueda en forma alguna desmejorarse la condena impuesta a su favor de conformidad con el principio de la no reformatio in pejus.

En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo(17).

Así las cosas, comoquiera que la declaratoria de responsabilidad del tribunal a quo no fue objeto de ataque o cuestionamiento o impugnación por la parte actora, ninguna precisión efectuará la Sala al respecto.

En conclusión, la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, procederá a examinar y a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, claro está, en lo ceñido al objeto de éste, que para el caso concreto se circunscribe al monto de los perjuicios decretados en instancia y a la inclusión en el fallo de responsabilidad de todas las entidades demandadas.

4. Las pruebas allegadas al proceso

En torno a los documentos que la parte actora acompañó junto con la demanda(18), debe señalar la Sala que, si bien no se aportaron en debida forma, toda vez que fueron arrimados al plenario en copia simple, serán tenidos como pruebas, a la luz del reciente pronunciamiento de la Sala Plena de la Sección Tercera, en el cual se unificó la posición jurisprudencial sobre la valoración probatoria de esta clase de documentos, cuando han obrado en el plenario a lo largo del proceso(19).

No ocurre lo mismo respecto de las declaraciones extrajudiciales rendidas ante notario(20), por cuanto tales diligencias fueron practicadas sin citación de las entidades demandadas y tampoco fueron objeto de ratificación en el presente proceso contencioso administrativo.

Aclarado lo anterior, como pruebas relevantes, se allegaron al expediente las siguientes:

• Registros civiles de nacimiento de LEONARDO MAURICIO TORRES GAITAN, OMAR LEANDRO TORRES GAITAN, DANIEL AUGUSTO TORRES GAITAN y CESAR JULIAN TORRES GAITAN(21), documentos en los cuales figuran como sus padres, los señores ILDEFONSO JOSE TORRES CARDENAS y MARTHA ESTELLA GAITAN OVALLE.

• Oficio 365 de 26 de junio de 1999 expedido por la CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO en liquidación, por medio del cual se le comunicó al señor ILDEFONSO TORRES CARDENAS, la terminación de su contrato de trabajo(22).

• Certificado de ingresos y retenciones del señor HILDEFONSO (sic) JOSE TORRES CARDENAS correspondiente al año 1997(23).

• Oficio 1625 del 24 de abril de 2003, por medio del cual el BANCO AGRARIO da contestación a requerimiento del Tribunal a quo en el sentido de informar la naturaleza jurídica de dicho ente(24).

• Oficio 001229 expedido por la Caja Agraria en Liquidación, mediante el cual se informó el tiempo de servicio del señor TORRES CARDENAS con dicha entidad, así como el monto de los valores pagados por prestaciones sociales e indemnización laboral al momento de su despido(25).

5. Procedencia de la Acción de Reparación Directa derivada de la declaración de inexequibilidad de una norma con fuerza de ley

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha considerado que la responsabilidad del Estado puede comprometerse en los casos en los cuales se demandan los perjuicios derivados de un acto administrativo que es declarado ilegal por la Jurisdicción Contenciosa, “en la medida en que dicha declaratoria reconoce la anomalía administrativa presentada”(26).

La procedencia de la acción de reparación directa, en estos casos, se encuentra condicionada a que entre el daño antijurídico causado y el acto administrativo que causó el perjuicio no medie un acto administrativo particular que pueda ser atacado en sede jurisdiccional. Así lo explicó la Sala en sentencia de 5 de julio de 2006:

“Es claro que la acción de reparación directa sólo procede si la antijuridicidad del daño deriva directamente de la declaración de nulidad del acto administrativo general por parte del juez del mismo:

“Así pues, el actor, obedeciendo la imposición de un tributo departamental contenida en la Ordenanza 044 de 1998, pagó lo que correspondía mientras tal ordenanza estuvo vigente, soportando un perjuicio que, durante la vigencia del acto, se reputó jurídico, pero cuya antijuridicidad quedó delatada con la declaración de nulidad de dicha ordenanza en sede judicial, declaración que privó de legitimidad a los efectos ya generados e impidió que produjera otros en la medida en que la expulsó de la vida jurídica.

“El perjuicio aducido por el actor, tal como se deriva de su planteamiento, se causó con la aplicación de la Ordenanza 044 de 1998, y su antijuridicidad se derivó de su declaración de nulidad proferida por el Consejo de Estado. En consecuencia, habiendo decisión judicial sobre la ilegalidad del acto en virtud del cual el actor sufrió —según dice— el detrimento patrimonial que pretende se le repare, en otros términos, habiendo operado la institución de la cosa juzgada respecto de la ilegalidad del acto, él ha dejado de existir como objeto de cualquier acción que pretenda su nulidad, de manera que los daños causados por tal acto, ‘debidamente acreditados en cuanto a su ocurrencia y cuantía, habilitan al perjudicado para demandarlos por la cuerda propia de la acción de reparación directa”(27)-(28).

La misma concepción hermenéutica ha sido seguida por esta corporación en aquellos casos en los cuales se demanda el resarcimiento del daño por normas declaradas inexequibles. Al respecto la Sección se pronunció en auto de 15 de mayo de 2003:

“Habiendo proferido esa decisión, que hizo tránsito a cosa juzgada, las normas que generaron el perjuicio aducido por el actor fueron declaradas inexequibles y sacadas del ordenamiento jurídico. Ninguna otra acción podría haberse intentado para cuestionar su legalidad, pues, como se deriva de la sentencia de la Corte la inexequibilidad de las mismas se derivó de la inexistencia absoluta de competencia para proferirlas por la inconstitucionalidad de la ley que autorizaba su expedición. En consecuencia, la cosa juzgada material operó respecto de los decretos en cuestión con un alcance tal que, —ni siquiera admitiendo la procedencia de un control dual sobre aquél que contenía normas de naturaleza administrativa—, es improcedente cualquier nuevo pronunciamiento sobre su juridicidad…

“…Los efectos materiales causados por los actos declarados inexequibles por la Corte, podrán ser reparados en caso de que se encuentren acreditados debidamente. Obviamente, tal inexequibilidad no obliga al reconocimiento de lo pedido por el demandante, pues debe haber claridad, al menos, sobre su ocurrencia y cuantía.

“En conclusión: la acción de reparación directa es procedente para obtener la indemnización de perjuicios causados por la aplicación de una norma que ha sido declarada inexequible, pues tal declaración deja a la vista una falla en el ejercicio de la función pública”.

Por lo tanto, la acción de reparación directa se muestra idónea para exigir la reparación de los daños causados por normas que sean declaradas inexequibles, siempre que estas sean las causantes directas del daño reclamado. Precisado lo anterior, la Sala procede al estudio de los motivos de inconformidad presentados por la parte actora en el recurso de alzada.

6. La responsabilidad derivada de actos provenientes del Gobierno Nacional recae en los Ministros y Directores de Departamento Administrativo que suscriban los mismos

Como uno de los motivos de censura planteados en el recurso de alzada, expuso el actor que el Tribunal a quo debió condenar a la totalidad de las entidades demandadas y no únicamente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como finalmente se decidió en la sentencia de instancia.

Al respecto, cabe anotar que la representación de la Nación en los procesos contenciosos en los cuales se atacan actos expedidos por el Gobierno Nacional, ha entendido la Sala que —de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política(29), en concordancia con el artículo 149 del antiguo Código Contencioso Administrativo(30)— se realiza a través de los ministros o de los directores de los Departamentos Administrativos, que han suscrito dichos actos. Sobre el tema dijo la Sala en anterior oportunidad(31) :

“Ahora bien, la Sala en pronunciamiento reciente revocó la decisión contenida en el auto admisorio de la demanda a propósito de un proceso mediante el cual se había dispuesto vincular al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en un caso similar; así lo consideró en esa oportunidad:

“La Sala revocará el numeral segundo del auto de 31 de enero de 2008, en cuanto se ordenó vincular al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, pues le asiste la razón al recurrente, como quiera que el acto administrativo cuya nulidad se depreca fue proferido por el Gobierno Nacional, Presidente de la República y Ministerio de Protección Social, para lo cual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política en armonía con el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, quien debe concurrir al proceso en representación de la Nación en el evento sublite es el ministro del respectivo ramo, es decir, el Ministro de la Protección Social”.(32) (Se destaca).

“Como lo refleja el contenido de la decisión antes transcrita, el motivo que llevó a la Sala en esa oportunidad a revocar parcialmente el auto admisorio de la demanda, radicó en el hecho de que el acto demandado en ese asunto también había sido proferido por uno de los ministros del despacho, por manera que allí sí resultaba procedente excluir a la Presidencia de la República para vincular entonces al Ministerio de la Protección Social, sin que ello mismo pueda predicarse frente a este asunto, pues, se insiste, las directivas presidenciales sólo fueron proferidas por el propio Presidente de la República.

Descendiendo lo anterior al caso concreto, la Sala considera que si bien los dos Decretos atacados en la demanda permitieron la liquidación de la entidad en la cual laboraba el señor TORRES CARDENAS, lo cierto es que fue el último de ellos —Decreto 1065 de 1994—, el que, finalmente permitió la materialización de la terminación del contrato de trabajo del actor(33), toda vez que fue éste el que reguló lo concerniente a la terminación y liquidación de los contratos de trabajo, por supresión de cargo, de los trabajadores de la CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO. En efecto, así se explicó en el oficio por medio del cual se desvinculó laboralmente al señor TORRES CARDENAS:

“Me permito comunicarle que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto No 1065 del 26 de junio de 1999, del Gobierno Nacional, damos por terminado su contrato de trabajo en forma unilateral y con justa causa por supresión del cargo por usted desempeñado, a partir del 28 de junio de 1999, por disolución y liquidación de la Caja Agraria. Las prestaciones sociales se reconocerán en los términos de ley”.

Así las cosas, de conformidad con lo visto previamente, se hace necesario revisar cuáles fueron las autoridades que suscribieron la norma que se declaró inexequible que, para el caso concreto, lo fueron: el Presidente de la República, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública. En consecuencia, encuentra la Sala que le asiste razón a la parte actora al considerar que la declaratoria de responsabilidad no puede recaer únicamente en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sino que ha de extenderse, también, a los demás representantes del Gobierno Nacional firmantes del acto, excepto el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por cuanto dicho ente no participó en la creación del acto expulsado del ordenamiento jurídico.

Significa lo anterior que la sentencia apelada deberá ser modificada, para, en virtud de todo lo anteriormente dicho, declarar la responsabilidad del Estado, en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Agricultura y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

7. No hay lugar al aumento de los perjuicios decretados en primera instancia al no existir ninguna prueba que así lo demuestre

Consideró la parte actora que había lugar a que se condenara a las entidades demandadas por la totalidad de las pretensiones expuestas en el libelo de demanda, por cuanto había sido notoria la conducta anómala de la administración al querer defraudar los derechos laborales del señor ILDEFONSO JOSE TORRES CARDENAS.

Sin embargo observa la Sala que tales afirmaciones no se encuentran acompañadas de probanzas que demuestren que los perjuicios sufridos fueron de mayor cuantía y, por el contrario, varias de las pretensiones expuestas en la demanda se encuentran acrecidas sin fundamento alguno.

Así, en efecto, se observa que en la demanda, por concepto de daño emergente, se anotó la existencia de unos créditos, de vivienda y otros personales, los cuales, se afirmó, el actor se vio en la incapacidad de sufragar dado el despido del que fue objeto. Sin embargo, del material probatorio aportado al expediente, ninguna prueba señala siquiera sumariamente la existencia de tales obligaciones.

En cuanto a las pretensiones de “lucro cesante” expuestas en la demanda, el actor solicitó la suma de $1.313.286.560.oo, de los cuales 520 millones de pesos correspondían propiamente a lucro cesante, mientras que, adicionalmente, se incluyeron en este rubro los siguientes valores:

— 700 millones por “daño antijurídico devenido de pérdida de oportunidad”

— 50 millones por “derechos de medicina, cirugía, hospitalización, farmacéuticos y demás”.

— 40 millones de pesos por “pérdida de sus derechos sindicales”.

En lo concerniente a los daños consistentes en los valores dejados de percibir por el señor TORRES CARDENAS, cabe precisar que si bien la declaratoria de inexequibilidad de los Decretos 1064 y 1065 de 1995 tuvo aplicación retroactiva, esto es desde el día de su expedición, los efectos nocivos por los cuales reclama el actor sólo se extendieron hasta el día siguiente a la expedición de la sentencia -9 de noviembre de 1999-, toda vez que, en esa fecha, la Superintendencia Bancaria de Colombia, expidió la Resolución 1726 de 1999 por medio de la cual dispuso “la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO, así como su liquidación”. Por tanto, este acto administrativo, actualmente en firme, fue el que llevó a que finalmente se mantuvieran las decisiones adoptadas con base en los decretos expulsados del ordenamiento jurídico y, por tanto, no le asiste razón al actor en considerar que debe ser indemnizado con posterioridad a la mentada Resolución, en tanto su desvinculación laboral desde esa fecha volvió a estar amparada por el marco legal y reglamentario aplicable.

De otra parte, en cuanto a las prestaciones sociales e indemnización por pérdida del empleo, debe anotar la Sala que se encuentra demostrado en el proceso que al señor TORRES CARDENAS le fueron canceladas dichas sumas. Dicha información fue remitida por la CAJA AGRARIA en Liquidación, en los siguientes términos:

“El señor IDELFONSO (sic) JOSE TORRES CARDENAS laboró en la Caja Agraria desde el 1º de junio de 1988 hasta el 27 de junio de 1999.

“Al momento de su retiro recibió por concepto de su liquidación final de prestaciones sociales, la suma de VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($21.744.554.oo) de los cuales DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($19.683.343.88) corresponden al valor de la bonificación equivalente a la indemnización establecida en la Convención Colectiva de Trabajo, vigente para ese entonces”.

Por tanto, acertado fue el razonamiento del Tribunal a quo, que ordenó el pago de los salarios dejados de percibir por el actor, pero únicamente durante el tiempo que duraron los efectos nocivos del Decreto 1065 de 1999, que para el caso concreto, se extendió desde el 28 de junio hasta el 19 de noviembre de 1999.

En cuanto a los demás valores pedidos en este rubro, la Sala no encuentra ningún elemento probatorio que permita afirmar que efectivamente se causaron, por lo que acertada fue la decisión del Tribunal al negarlos. Igual consideración se sigue frente a los perjuicios fisiológicos o de daño a la vida de relación, los cuales no aparecen demostrados en forma alguna a lo largo del proceso por cuanto la parte actora ningún esfuerzo probatorio hizo al respecto.

En cuanto al daño moral, que la parte actora tasó en 1000 salarios mínimos para cada uno de los demandantes, se observa que el a quo concedió la suma de 50 salarios mínimos únicamente para el señor ILDEFONSO JOSE TORRES CARDENAS, en tanto era presumible “el dolor que la persona sufre al ser desvinculado de su cargo sin justa causa”, consideración que la Sala encuentra acorde con la realidad sufrida por el actor, sin que exista ningún elemento probatorio que conlleve a su aumento y sin que sea posible disminuirla toda vez que se trata de un apelante único.

Finalmente es procedente realizar la actualización de la condena proferida por el a quo para lo cual se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:

for12001-02685
 

En donde:

Ra:Valor actualizado a obtener

Rh:Valor reconocido por la sentencia

Ipc (f):Último índice de precios conocido (enero de 2014)

Ipc (i):Índice de precios a la fecha de la sentencia de primera instancia (junio de 2004)

for22001-02685
 

8. Costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 2 de junio de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, la cual quedará de la siguiente manera:

PRIMERO. DECLARAR a la NACION – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA, patrimonialmente responsables de los perjuicios ocasionados al señor ILDEFONSO JOSE TORRES CARDENAS, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la NACION – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA a pagar las siguientes sumas:

Por concepto de perjuicios materiales, al señor ILDEFONSO JOSE TORRES CARDENAS la suma de TRECE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($13.361.498).

Por concepto de perjuicios morales al señor ILDEFONSO JOSE TORRES CARDENAS el equivalente a CINCUENTA SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: No hay lugar a condena en costas.

QUINTO: Las condenas se cumplirán en los términos de los Arts. 176 a 178 del C.C.A.

SEGUNDO: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUELVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE».

1 Folio 35 del cuaderno principal.

2 Fl 35-37 Cdno Principal

3 Fls 29-31 Cdno Principal.

4 Fl 39-44 Cdno Principal.

5 Fl 61-85 Cdno Principal.

6 Fls 94-105 Cdno Principal

7 Fl 129 Cdno Principal.

8 Fls 130-150 Cdno Principal

9 Fls 107-123 Cdno Principal

10 Fl 130-134 Cdno Principal.

11 Fls 194 Cdno Principal

12 Idem

13 Fl 196 Cdno Principal

14 Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.

15 http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/ConsultaC/secretaria1.idc?palabra=D0002468%20%20%20%20&proceso=1&sentencia=C-918/99. Consulta realizada el día 25 de febrero de 2013 a las 2.26 p.m.

16 Fl 27 reverso Cdno Principal.

17 Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice COUTURE, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso.” (Negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106.

18 Folios 1 a 202 y 210 a 212 del cuaderno de pruebas.

19 En sentencia de 28 de agosto de 2013, expediente 25022, Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero, la Sala Plena de la Sección Tercera avaló la posibilidad de valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

20 Folios 207 a 209 del cuaderno de pruebas.

21 Fls 203-206 del cuaderno de pruebas.

22 Folio 213 del cuaderno de pruebas.

23 Folio 214 del cuaderno de pruebas.

24 Folios 215 y 216 del cuaderno de pruebas.

25 Folio 217 del cuaderno de pruebas.

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 19 de abril de 2001, Rad. 19517, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de agosto 24 de1998. Expediente número 13685.

28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del cinco de julio de 2006, expediente: 21.051.

29 ARTICULO 115. El Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. El Presidente y el Ministro o Director de Departamento correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno.
…Ningún acto del Presidente, excepto el de nombramiento y remoción de Ministros y Directores de Departamentos Administrativos y aquellos expedidos en su calidad de Jefe del Estado y de suprema autoridad administrativa, tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el Ministro del ramo respectivo o por el Director del Departamento Administrativo correspondiente, quienes, por el mismo hecho, se hacen responsables.

30 ARTICULO 149. REPRESENTACION DE LAS PERSONAS DE DERECHO PÚBLICO.
En los procesos Contencioso Administrativos la Nación estará representada por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.

31 Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto de 6 de Agosto de 2009. Expediente. 36760. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.

32 Auto proferido el 26 de marzo de 2009, Expediente 33.963. Consejera Ponente: Dra. Myriam Guerrero de Escobar.

33 Por medio del Decreto 1064 se expidió el régimen general para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional. mientras que el Decreto 1065 se refiere en particular a la orden de disolución y liquidación de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.