Sentencia 2001-02739 de septiembre 27 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 250002326000200102739 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Expediente: 28217

Actor: Nelson Beltrán Beltrán

Demandado: Distrito Capital y Empresa de Acueducto de Bogotá

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., veintisiete de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

III. Competencia

8. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, en un proceso que por su cuantía (fl. 2, cdn. 1)(4), determinada al momento de la interposición de la demanda, tiene vocación de doble instancia. Se aplican en este punto las reglas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998.

IV. Los hechos probados

9. Con base en las pruebas recaudadas en el proceso contencioso administrativo, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

9.1. El art. 141 del Acuerdo 6 de 1990, expedido por el Concejo de Bogotá, ordenó a la EAAB acotar y demarcar en terreno todas las rondas(5) de los ríos, embalses, lagunas quebradas y canales dentro del territorio del distrito y le confirió la facultad de solicitar la protección que las leyes otorgan a los bienes de uso público. Adicionalmente estableció que “Las zonas de manejo y preservación ambiental no son edificables, ni urbanizables, ni son susceptibles de ser rellenadas, modificadas o trabajadas” (copia del Acuerdo 6 de 1990, fls. 9-20, cdn. 2).

9.1.1. En virtud de esta norma la EAAB profirió la Resolución 3 de 1993 donde hace la acotación de las rondas hidráulicas de algunos cuerpos hídricos dentro de los cuales se encuentra la chucua o humedal El Burro (copia de la Resolución 3 de 1993, fls. 229-231, cdn. 1).

9.1.2. El Acuerdo 19 de 1994 declaró los humedales como reservas ambientales naturales y patrimonio ecológico de Bogotá, identificando entre otros al humedal El Burro (copia del Oficio 5682 de la EAAB dirigido al actor, fl. 128, cdn. 2).

9.2. El 17 de mayo de 1995, el señor Nelson Beltrán Beltrán compró un lote de terreno ubicado dentro de otro de mayor extensión que hacía parte de la antigua Hacienda Techo. El inmueble adquirido está identificado con el número de matrícula inmobiliaria 50C-1402187, cuyos linderos están descritos en la escritura pública número 2451 de la misma fecha, consta de 3 hectáreas y “se encuentra parcialmente en zona de reserva vial para la intersección entre la avenida ciudad de Cali con la avenida Castilla” y “el predio también se encuentra casi en su totalidad dentro de la ronda hidráulica de la Chucua El Burro según Resolución 3 de febrero 26 de 1993” (copia de la escritura pública Nº 2451, certificado de tradición y libertad y copia del oficio SPU 1216 de 1997 proferido por el departamento administrativo de planeación distrital, fls. 111-116, cdn. 3 y fl. 138, cdn. 2, respectivamente).

9.2.1. El 24 de noviembre de 1995 se levantó acta de entrega de la demarcación de zonas de ronda del sistema hídrico de Bogotá; lugar: chucua El Burro, Alcaldía Local de Kennedy en la cual se consignó: “Para los fines relacionados con la debida protección, vigilancia y restauración de la zona demarcada, se anexan los siguientes documentos: 1. Copia de la Resolución 3 de 1993 emanada de la Justa (sic) Directiva de la EAAB por la cual se define el acotamiento de la Ronda de la Chucua dEl (sic) Burro” (copia del acta de entrega de la demarcación, fls. 187-191, cdn. 2).

9.3. El Acuerdo 26 del 10 de noviembre de 1996 estableció que la chucua El Burro es un cuerpo de agua que hace parte de la red primaria del sistema hídrico y que la ronda hidráulica también hace parte de tal sistema. Dicha ronda, para las chucuas, lagunas, pantanos y demás cuerpos de agua identificados en el Acuerdo 19 de 1994, sería de 15 a 30 metros paralelos a la línea del borde del cuerpo de agua, acotados por la EAAB (Acuerdo 26 de 1996, fl. 23, cdn. 2).

9.4. En la Alcaldía Local de Kennedy se inició de oficio una querella policiva con el fin de recuperar la ronda hidráulica y la zona de manejo y preservación ambiental del humedal El Burro y evitar el adelantamiento de cualquier tipo de obra de urbanismo y el acceso de volquetas que pretendieran rellenar el humedal. En el marco de dicha actuación se profirió la Resolución 186 del 9 de septiembre de 1996 que ordenaba la restitución del inmueble denominado la chucua El Burro, así: “Restituir el bien inmueble denominado la “chucua El Burro”, delimitada de acuerdo al levantamiento topográfico realizado por la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Santa Fe de Bogotá, EAAB, con coordenadas y según Resolución 33 (sic) de 1993”. Este acto administrativo fue recurrido por el actor y revocado el 30 de julio de 1998, por el Consejo de Justicia de Bogotá que dispuso: “Ordenar al funcionario de primera instancia imponer a cada uno de los propietarios colindantes con el bien de conservación ambiental denominado la chucua El Burro las limitaciones que la ley exige sobre la zona de ronda oscilante entre 15 a 30 metros eliminando todo obstáculo que riña con lo dispuesto en el art. 10 del Acuerdo 26 de 1996”, lo anterior se dio por considerar el ad quem, que las órdenes que imponen la restitución o las limitaciones según el caso, deben ser individualizadas y dirigidas a cada propietario y que la orden de restitución se dio de manera general y en abstracto lo que hace que lo ordenado sea de imposible cumplimiento (fls. 43, 44 y decisión del Consejo de Justicia, fls. 110-114, cdn. 2).

9.4.1. En el interregno, el actor solicitó al Departamento Administrativo de Planeación Distrital información sobre “las posibilidades de desarrollo urbano de los predios de la referencia”. Dicha petición se contestó al señor Beltrán mediante Oficio SPU1216 del 20 de octubre de 1997, complementado por el Oficio SPU1216 del 17 de diciembre del mismo año, informando que los predios 1 y 6 de propiedad del demandante se encuentran en zona de reserva ambiental natural del Humedal El Burro, declarado de interés público y patrimonio ecológico mediante Acuerdo 19 de 1994, y que se encuentran casi en su totalidad dentro de la ronda hidráulica de la chucua El Burro según Resolución 3 de 1993.

9.4.2. El actor, después de radicar varios derechos de petición ante la Alcaldía Local, interpuso una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para reclamar el acatamiento de la medida ordenada mediante la decisión del Consejo de Justicia, pero al no resultar procedente la acción de cumplimiento el Tribunal dio trámite de tutela a la demanda presentada. El 19 de mayo de 1999, en presencia del actor, se llevó a cabo la diligencia de restitución dentro del expediente de la chucua El Burro, a cargo de la Alcaldía Local de Kennedy, que fue suspendida por solicitud del magistrado que tramitaba la acción de cumplimiento como acción de tutela, quien también solicitó al funcionario de la EAAB aportar unos planos de la demarcación, correspondientes a lo hecho ese día. Para tal efecto se comprometió a allegarlos en un término no superior a 10 días. El 20 de mayo de 1999 se dio continuación a la mencionada diligencia (fls.104 y 105, cdn. 2).

9.5. Mediante sentencia del 20 de mayo de 1999, el tribunal tuteló el derecho fundamental de petición del actor frente a la Alcaldía Local de Kennedy y le impartió varias órdenes encaminadas al cumplimiento de la decisión del Consejo de Justicia. El fallo de tutela fue revocado en segunda instancia por el Consejo de Estado, en sentencia del 6 de julio de 1999, al considerar que no debió darse trámite de tutela a una acción de cumplimiento, que además, resulta improcedente toda vez que el actor no demostró la renuencia de la entidad demandada. Aclara que las peticiones del señor Beltrán fueron resueltas por la administración mediante los oficios de 23 de diciembre de 1998 y 9 de abril de 1999. Adicionalmente señala que si bien es cierto el accionante afirma que la demora en la ejecución de lo por él solicitado le está generando peligro de sufrir un perjuicio irremediable, en la medida en que no está ejerciendo el derecho de propiedad sobre los inmuebles por él adquiridos, también lo es que ello no fue demostrado en el proceso y no constituye un perjuicio irremediable (fls. 28-56, cdn. 2).

9.6. El 29 de septiembre de 1999 se suscribió acta de entrega del plano de acotamiento que contiene la zona de ronda del humedal El Burro y que corresponde a la propuesta según el estudio de plan de manejo ambiental efectuado por la unión temporal Ecology and Environment inc., e Hidromecánicas Ltda., contratado por el DAMA, estudio que se hizo teniendo en cuenta los Acuerdos 6 de 1990 y 26 de 1996. En esa misma fecha se realizó diligencia de amojonamiento de los puntos 1 a 30 y 51 a 44, sin que fuera posible amojonar el predio del actor pues presentó oposición al estar en desacuerdo con el punto desde donde se contaban los 15 metros para la demarcación(6) (visita de la Personería de Bogotá a la EAAB, del 10 de marzo del año 2000, fl. 108, cdn. 2).

9.6.1. Del 29 al 30 de marzo del año 2000, se continuó la diligencia interrumpida el 29 de septiembre de 1999 en el humedal El Burro que fue atendida por el doctor Guillermo Alfonso Martínez profesional de la unidad de gestión ambiental, quien informó que: “En la diligencia de amojonamiento se constató el avance del relleno en el predio del señor Nelson Beltrán Beltrán, Hacienda Techo lote Nº 1, cuyo registro fotográfico será enviado a la alcaldía local para que haga parte del expediente” (visita administrativa de la personería de Bogotá a la EAAB, del 7 de abril del año 2000, con el objeto de obtener información acerca de la diligencia practicada, fls. 106 y 107, cdn. 2).

9.7. El 17 de mayo del año 2000, el señor Nelson Beltrán Beltrán interpuso nuevamente acción de cumplimiento contra la EAAB, pero nuevamente fue rechazada por improcedente mediante auto del 26 de mayo del año 2000, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues no se acreditó la renuencia de la demandada ni el peligro inminente que exoneraría de ese requisito. Esta decisión fue apelada por el actor y revocada por el Consejo de Estado en auto del 13 de julio de 2000, que admitió la acción y devolvió el expediente al tribunal para su trámite, al cabo del cual, el 16 de febrero de 2001 se profirió sentencia que negó la acción de cumplimiento argumentando que: “la obligación señalada en el acto administrativo fue efectivamente acatada como se consigna en el informe del 9 de febrero de 2001 (…) el acto administrativo se encuentra cumplido (…) Otra cosa, bien distinta es que el demandante estime que la demarcación realizada es inadecuada o no concuerda con las mediciones efectuadas, puesto que tal problemática desborda los límites de la acción de cumplimiento” (negrita del texto citado). La sentencia fue confirmada mediante providencia del Consejo de Estado del 29 de marzo de 2001, por considerar que la obligación legal supuestamente incumplida no recaía sobre la EAAB, sino sobre la alcaldía local de Kennedy que no fue vinculada al proceso (fls. 57-60, 78-89, 61-74 y 90-103 del cdn. 2).

V. Problema jurídico

10. Corresponde a la Sala entrar a determinar si en el caso sub examine se ha producido la caducidad de la acción de reparación directa por haber transcurrido más de dos años desde el acaecimiento del hecho dañoso hasta la fecha de presentación de la demanda, que ante su declaración da lugar al rechazo de las pretensiones del libelo.

VI. Análisis de la Sala

11. Con el fin de garantizar el principio y derecho a la seguridad jurídica, el legislador instituyó la figura jurídico procesal de la caducidad de la acción, entendida como la limitación en el tiempo del derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción para obtener pronta y cumplida justicia.

12. Su fundamento se encuentra, según la Corte Constitucional, “en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. Esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”(7).

13. En tratándose de las acciones contenciosas administrativas, el legislador, en el ejercicio de su libertad de configuración, determinó el establecimiento de plazos breves y perentorios para el impulso del proceso judicial, de modo que la caducidad de la acción contribuya a reducir la incertidumbre que sobre la vigencia de los actos de la administración o la responsabilidad que de la acción u omisión del Estado se generan en la comunidad. Es decir, en consideración a la protección del interés general sobre el interés de los particulares.

14. De la aplicación de este principio deviene que las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

15. Con este horizonte, el artículo 136 Código Contencioso Administrativo (artículo 23 del Decreto-Ley 2304 de 1989, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998) —vigente al momento de la ocurrencia de los hechos—, establecía que el término para presentar demanda en ejercicio de la acción de reparación directa era de dos (2) años “contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa”.

16. De igual modo se dispuso que si la demanda se presenta cuando haya caducado la acción, esta se rechazará de plano (art. 45, ley 446 de 1998).

17. Para la aplicación de esta regla basta, en la mayoría de los casos, con constatar la fecha en la cual ocurrió el hecho, la ocupación o la operación imputable a la administración pues esta, por lo general, coincide con la producción del daño. No obstante, en otros casos, no es tan fácil determinar la fecha cierta a partir de la cual debe empezar a computarse el plazo de dos años previsto en la ley.

18. En estos eventos ocurre que el daño se produce o se manifiesta con posterioridad a la actuación o al hecho administrativo que lo causa. Por ello se hace necesario acoger una interpretación flexible —fundada en el principio pro damato(8)— de la norma que establece el término de caducidad con el fin de proteger el derecho de acceso a la administración de justicia y de asegurar la prevalencia del derecho sustancial, pues si “el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria (sic)”(9), es razonable considerar que el término de dos años previsto en la ley positiva no podrá empezar a contabilizarse a partir del “acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa”, sino a partir del momento en que el daño adquiere notoriedad, esto es que la víctima se percata de su ocurrencia(10), o desde la cesación del mismo cuando el daño es de tracto sucesivo o ejecución continuada.

19. No siempre ese momento consiste en aquel en que la persona en específico tuvo conocimiento del referenciado daño, lo cual es una circunstancia subjetiva que en ocasiones no es posible verificar, sino desde la fecha en que resultaría evidente que pudo haberse percatado del mismo, habiendo razones que justifiquen su conocimiento posterior a la circunstancia en la que este se fundamenta(11). Al respecto, se ha señalado:

A efectos de la contabilización de dicho término ha de tenerse en cuenta que “por regla general, la fecha para la iniciación del conteo de ese término es el del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa” [9](12). Así mismo, que “la acción nace cuando se inicia la producción del daño o cuando este se actualiza o se concreta, y cesa cuando vence el término indicado en la ley, aunque todavía subsistan sus efectos” [10](13), de manera que “el hecho de que los efectos del daño se extiendan en el tiempo no puede evitar que el término de caducidad comience a correr [11](14).

Así mismo, ha dicho la Sala que “debe entenderse que el término de caducidad no puede comenzar a contarse desde una fecha anterior a aquella en que el daño ha sido efectivamente advertido” [12](15). Bueno es recordar igualmente que, según lo ha precisado la Sala [13](16):

El hecho de que los efectos del daño se extiendan en el tiempo no puede evitar que el término de caducidad comience a correr, ya que en los casos en que los perjuicios tuvieran carácter permanente, la acción no caducaría jamás. Así lo indicó la Sala en sentencia del 18 de octubre de 2000:

Debe advertirse, por otra parte, que el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho y no desde la cesación de sus efectos perjudiciales, como parecen entenderlo el a quo y la representante del Ministerio Público. Así, el hecho de que los efectos del daño se extiendan indefinidamente después de su consolidación no puede evitar que el término de caducidad comience a correr. Si ello fuera así, en los casos en que los perjuicios tuvieran carácter permanente, la acción no caducaría jamás. Así lo advirtió esta Sala en sentencia del 26 de abril de 1984, en la que se expresó, además, que la acción nace cuando se inicia la producción del daño o cuando este se actualiza o se concreta, y cesa cuando vence el término indicado en la ley, aunque todavía subsistan sus efectos[14](17).[15](18)

20. En este punto es pertinente aclarar la diferencia entre un daño de ejecución continuada y los efectos del daño inmediato que se prolongan en el tiempo. Así, se debe diferenciar el daño continuado o de tracto sucesivo, de los eventos en los que se prolongan sus efectos, sus perjuicios, o cuando el mismo daño termina por agravarse —siempre y cuando estas circunstancias se desprendan de un daño de naturaleza inmediata—, comoquiera que el daño se concreta en un momento determinado y es a partir de que se tuvo conocimiento de este, que el término de caducidad debe empezar a computarse(19).

21. En el caso concreto, y con el fin de establecer desde qué momento se inició el término de caducidad para que el demandante incoara la acción de reparación directa en análisis, es necesario (i) delimitar la época del hecho generador o fuente del daño, (ii) si el demandante tuvo la oportunidad de conocer dicho daño en el instante de ocurrencia del mencionado hecho o solo lo pudo advertir posteriormente, y (iii) si este consistió en un daño de naturaleza inmediata o continuada, comoquiera que la parte demandante argumentó que se trataba de este último tipo de daño y, por consiguiente, señaló que el cálculo del periodo para demandar debió iniciar una vez se dio en pago el inmueble a un tercero.

22. Conforme a lo anterior, la Sala observa que el daño que se pretende probar, es la imposibilidad de explotar el inmueble de propiedad del actor para fines urbanísticos. Es así como, de la lectura de la demanda, claramente se deduce que la fuente del daño por cuya reparación se acudió a la jurisdicción, es la limitación urbanística del inmueble que en su momento fue propiedad del demandante, hecho que según lo afirmado en la demanda, lo obligó a dar en pago el inmueble a un tercero. La Sala no encuentra probado en el expediente dicho acto jurídico de dación en pago teniendo la actora la carga de hacerlo (C.P.C., art. 177).

23. No obstante la anterior carencia probatoria, le es posible a la Sala determinar el momento en que se produjo el supuesto daño, habida cuenta de que al tenerse demostrado que el actor solicitó al Departamento Administrativo de Planeación Distrital información sobre “las posibilidades de desarrollo urbano de los predios de la referencia”, y como quiera que dicha petición se contestó al señor Beltrán mediante Oficio SPU1216 del 20 de octubre de 1997, complementado por el Oficio SPU1216 del 17 de diciembre del mismo año, informando que los predios 1 y 6 de propiedad del demandante se encuentran en zona de reserva ambiental natural del humedal El Burro, declarado de interés público y patrimonio ecológico mediante Acuerdo 19 de 1994, y que se encuentran casi en su totalidad dentro de la ronda hidráulica de la chucua El Burro según Resolución 3 de 1993, se puede colegir que el daño, es decir, la limitación urbanística, se produjo el 26 de febrero de 1993 con la expedición de la mencionada resolución.

24. El momento en el cual el actor tiene conocimiento del daño es precisamente al recibir la respuesta del DAPD mencionada en el párrafo anterior, esto es, el 17 de diciembre de 1997. A partir de esta fecha, entonces, tendría que contarse, el término de caducidad de la acción de reparación directa formulada, que, conforme al artículo 136 del Decreto 1 de 1984, modificado por el Decreto 2304 de 1989, era de dos años “contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa (…)”.

25. De acuerdo con la anotación Nº 3 del folio de la matrícula 50C-1402187, el actor aparece como comprador del bien afectado, desde el 24 de mayo de 1995, esto es, de manera posterior a que se hubiera proferido la Resolución 3 de febrero de 1993 que acotó la ronda hidráulica del humedal El Burro.

26. No tiene cabida el argumento del apelante en cuanto a que el término debe contarse como si se tratara de un daño continuado, pues como se expuso en acápites anteriores, la limitación urbanística del inmueble, de considerarse como un daño antijurídico para el demandante, fue de carácter concreto, sin perjuicio de que los efectos de dicha afectación perduren en el tiempo indefinidamente.

27. Así las cosas la caducidad de la acción ocurrió el 18 de diciembre de 1999 y la demanda fue interpuesta el 26 de noviembre de 2001, es decir después de fenecido el plazo legal para poner en movimiento el aparato de justicia para obtener decisión de fondo, situación que da lugar a confirmar la declaratoria de caducidad de la acción y al rechazo de las pretensiones.

VII. Costas

28. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

29. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 16 de junio de 2004 proferida en la primera instancia del presente proceso por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, por las razones expresadas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. RECONOCER personería al abogado Ernesto Hurtado Montilla identificado con la cédula de ciudadanía Nº 79686799 de Bogotá, portador de la tarjeta profesional Nº 99449 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte demandada, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en los términos y para los efectos del poder a el conferido, obrante en el folio 339 del cuaderno principal.

Tercero. Sin condena en costas.

Cuarto. En firme este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(4) En la demanda presentada el 26 de noviembre del 2001, se estima la cuantía de la mayor pretensión, por concepto de perjuicios materiales en $8.629.359.300,oo para el demandante. Por estar vigente al momento de la interposición del recurso de apelación que motiva esta instancia, se aplica en este punto el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 26.390.000,oo.

(5) Ronda o área forestal protectora es el área compuesta por el cauce natural y la ronda hidráulica en ríos, quebradas, embalses, lagunas y canales (Acuerdo 6 de 1990, fl. 18, cdn. 2).

(6) “[S]e efectuó el amojonamiento del 1 al 30 y 51 a 44, no realizando el sector de los predios de propiedad del señor Nelson Beltrán Beltrán y del señor Jesús Albornoz, en donde se sabotearon las labores de topografía e impidieron la materialización de los puntos de acotamiento” información suministrada por el profesional de la unidad de gestión ambiental Guillermo Alfonso Martínez.

(7) Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001, M. P. Rodrigo Escobar Gil.

(8) La aplicación del principio pro damato “implica un alivio de los rigores de la caducidad con respecto a las víctimas titulares del derecho a resarcimiento”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 10 de 1997, Exp. 10.954, C. P. Ricardo Hoyos Duque, y auto de marzo 7 de 2002, Exp. 21.189, C. P. Ricardo Hoyos Duque.

(9) En este sentido se pronunció la Sala en providencia del 7 de septiembre de 2000, Exp. 13.126. C. P. Ricardo Hoyos Duque. En el mismo sentido, véase la sentencia de septiembre 13 de 2001, Exp. 13.392, C. P. Ricardo Hoyos Duque.

(10) Sobre el particular, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: sentencia de abril 30 de 1997, Exp. 11.350, C. P. Jesús María Carrillo; sentencia de mayo 11 de 2000, Exp. 12.200, C. P. María Elena Giraldo; sentencia de marzo 2 de 2006, Exp. 15.785, C. P. María Elena Giraldo; auto de marzo 7 de 2002, Exp. 21.189, C. P. Ricardo Hoyos Duque.

(11) Frente a estos supuestos la Sala aclara, como lo ha hecho en otras oportunidades, que el término de caducidad opera por ministerio de la ley, y no puede depender de la voluntad de los interesados para ejercer las acciones sometidas a dicho término (nota 9 del auto en cita: Ver, entre otras, la sentencia del 24 de abril de 2008. C. P. Myriam Guerrero de Escobar. Radicación 16.699. Actor: Gilberto Torres Bahamón), razón por la cual, en los casos en que el conocimiento del hecho dañoso por parte del interesado es posterior a su acaecimiento, debe revisarse en cada situación que el interesado tenga motivos razonablemente fundados para no haber conocido el hecho en un momento anterior pues, si no existen tales motivos, no hay lugar a aplicación de los criterios que ha establecido la Sala para el cómputo del término de caducidad en casos especiales. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto del 9 de febrero de 2011, Exp. 54001-23-31-000-2008-0301-01 (38271), actor: Pablo Carvajalino Lázaro y otros, C. P. Danilo Rojas Betancourth.

(12) [9] Sentencia del 11 de mayo de 2000. Expediente 12.200. C. P. María Elena Giraldo Gómez.

(13) [10] Sentencia del 26 de abril de 1984. Expediente 3393, citada en providencia del 5 de diciembre de 2005.

(14) [11] Sentencia de 5 de diciembre de 2005. Expediente 14.801. C. P. Alier E. Hernández Enríquez. En el mismo sentido se encuentra la sentencia 18 de octubre de 2000, Expediente 12.228.

(15) [12] Sentencia del 29 de enero de 2004. Exp. 18.273. M. P. Alier E. Hernández Enríquez.

(16) [13] Sentencia del 5 de diciembre de 2005. Exp. 14.801. M. P. Alier E. Hernández Enríquez.

(17) [14] Nota original de la sentencia citada: “Expediente 3393. Actor: Bernardo Herrera Camargo”.

(18) [15] Nota original de la sentencia citada: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 18 de octubre de 2000, radiación: 12.228, demandante: Gerardo Pinzón Molano”.

(19) En lo que tiene que ver con los daños de tracto sucesivo, de naturaleza inmediata y su diferenciación con la continuidad en sus efectos, perjuicios y agravación del daño, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de octubre de 2007, Exp. 25000-23-27-000-2001-00029-01(AG), actor: Gloria Patricia Segura Quintero, C. P. Enrique Gil Botero.