Sentencia 2001-02778/29795 de abril 29 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad. 25000-23-26-000-2001-02778-01

Exp.: 29 795

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Gilberto Ordóñez Niño y otros

Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

9. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío en un proceso que, por su cuantía (f. 4, c. 1)(3), tiene vocación de doble instancia.

II. Validez de los medios de prueba

10. Junto con la demanda, y también en diferentes momentos del litigio, fueron allegados varios documentos en copia simple, dentro de los cuales se aprecia, además, un recorte de prensa relacionado con la titulación del predio denominado “Prados de Capellanía” que es materia de los hechos que sirven de fundamento a la acción de reparación directa que ahora ocupa la atención de la Sala.

10.1. En relación con los documentos arrimados en copia informal, la Sala considera que los mismos podrán ser apreciados de acuerdo con el criterio recientemente establecido por la Sala Plena de Sección Tercera según el cual, cuando las reproducciones no autenticadas han obrado en el plenario a lo largo del proceso, y han sido susceptibles de contradicción por las partes sin que estas las tacharan de falsas, pueden ser apreciadas y son idóneas para determinar la convicción del juez frente a los hechos materia de litigio, pues de lo contrario se desconocerían el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, lo que a su vez iría en contra de las nuevas tendencias del derecho procesal(4).

10.2. En lo tocante con el mérito probatorio que puede otorgársele artículo periodístico visible a folio 432 del cuaderno de pruebas 3, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha señalado, de vieja data, que la información que allí aparece consignada no puede ser admitida dentro del proceso como si se tratara de una prueba testimonial, dado que aquella carece de los requisitos esenciales que identifican este tipo de medio probatorio, en particular porque se trata de una información que no fue suministrada ante un funcionario judicial, no fue rendida bajo la solemnidad del juramento, ni el autor del reporte periodístico dio cuenta de lo que en el mismo se consigna (art. 227 C.P.C.)(5). A lo sumo, los recortes de prensa podrán ser apreciados como una prueba documental de la existencia de la información y de la forma como fue publicada la noticia, pero –se insiste- no como una demostración de la veracidad de su contenido(6).

10.2.1. Recientemente, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió que estos documentos podían tenerse como un indicio contingente si, valorados racional, ponderada y conjuntamente con la totalidad del acervo probatorio, resultaban indicativos de la veracidad de la ocurrencia de los hechos(7).

10.2.2. Y en una oportunidad ulterior, en la sentencia del 29 de mayo de 2012(8), la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo señaló que los informes de prensa no tienen, por sí solos, la entidad suficiente para probar la existencia y veracidad de la situación que narran y/o describen, por lo que su eficacia probatoria depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por lo tanto, “... cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como un indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos...”(9). Previamente, la misma Sala Plena había señalado que los recortes de prensa constituyen documentos en los términos del artículo 251 del C.P.C., por lo que no es razonable excluirlos prima facie del debate probatorio, aunque reconoció que corresponde al juez determinar si puede o no conferirles eficacia(10).

10.2.3. Esta postura resulta acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al respecto ha señalado que los documentos de prensa aportados por las partes pueden ser apreciados, “... cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, no ratificadas, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso y acreditados por otros medios... ”(11).

10.2.4. En consideración a los criterios jurisprudenciales precedentemente expuestos, la Sala dará valor probatorio a los recortes de prensa, en el sentido de considerar que está demostrada la divulgación de ciertos hechos en medios de comunicación de amplia circulación, según se dejará explicado en el siguiente punto de las consideraciones de la presente providencia. En caso de que exista correspondencia entre los sucesos narrados por los reportes periodísticos y los hechos señalados por las demás pruebas del proceso, se tendrán por ciertos los hechos narrados en tales medios de convicción, según la postura contenida en las providencias a las que se hizo referencia en los acápites anteriores.

III. Hechos probados

11. Valoradas las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por evidenciados los siguientes hechos relevantes:

11.1. Según nota de endoso visible al respaldo del correspondiente título valor, los señores Eduin Enrique Causil Díaz, Gilberto Ordóñez Niño y Jorge Alberto Rojas López, demandantes en el sub lite, son endosatarios del pagaré Nº 0614 suscrito el 3 de septiembre de 1998 entre la sociedad acreedora denominada Diseños Gaonys Ltda. y la deudora Corporación Nacional de Salud y Seguridad Social —FUNDESS—. En este documento se incorpora una obligación dineraria en los siguientes términos:

“LUGAR Y FECHA: Santafé de Bogotá D.C. - Septiembre 3 de 1998

VALOR: Ciento catorce millones de pesos m/cte. ($114.000.000)

INTERESES DURANTE EL PLAZO: (DTF %). INTERESES DE MORA (DTF %). PERSONA A QUIEN DEBE HACERSE EL PAGO: Diseños Gaonys Ltda. Nit. # 830.015-144-9. LUGAR DONDE SE EFECTUARÁ EL PAGO: Santafé de Bogotá. FECHA DE VENCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN: Marzo-3-1999 (...) Declaramos: PRIMERA. OBJETO: Que por virtud del presente título valor pagaremos incondicionalmente a la orden de DISEÑOS GAONYS LTDA NIT # 830.015-144-9 o a quien represente sus derechos, en la calidad y dirección indicados, en las fechas de amortización por cuotas señaladas en la cláusula tercera de este pagaré, la suma de CIENTO CATORCE MILLONES DE PESOS MCTE. ($114.000.000), más los intereses señalados en la cláusula segunda de este documento. SEGUNDA. INTERESES: Que sobre la suma debida reconoceremos intereses (DTF) VENCIDOS, equivalentes al DTF VENCIDO por ciento mensual, sobre el capital o su saldo insoluto, en caso de mora reconoceremos intereses iguales al DTF por ciento. TERCERA. PLAZO: Que pagaremos el capital indicado en la cláusula primera y sus intereses mediante instalamentos mensuales sucesivos correspondientes cada uno a la cantidad de CAPITAL + DTF A FECHA DE VENCIMIENTO. El primer pago lo efectuaremos el día (3), del mes de marzo, de mil novecientos noventa y nueve (1999). CUARTA. CLÁUSULA ACELERATORIA: El tenedor podrá declarar insubsistentes los plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyan el saldo y exigir su pago inmediato judicial o extrajudicialmente, en los siguientes casos: a) cuando el deudor incumpla una cualquiera de las obligaciones derivadas del presente documento; y b) cuando el deudor se declare en estado de quiebra, se someta a proceso concordatorio (sic) o convoque a concurso de acreedores. QUINTA. IMPUESTO DE TIMBRE: El impuesto de timbre correrá a cargo de FUNDESS. En consecuencia de lo anterior se suscribe este documento el día TRES (3), del mes de SEPTIEMBRE de mil novecientos noventa y ocho (1998)” (f. 39, c. de pruebas Nº 3, nota de endoso visible al respaldo).

11.2. La denominada “Corporación Nacional de Salud y Seguridad Social —FUNDESS—”, persona jurídica existente y legalmente representada según los parámetros señalados en el correspondiente certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá (fl. 117, c. pruebas n.º 2), aparece en unos certificados expedidos el 18 de septiembre de 1998 por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá —zona centro—, como propietaria del lote de terreno denominado “La Capellanía” identificado con la matrícula inmobiliaria Nº 50C-1215517, ubicado en el occidente de Bogotá. En lo pertinente, en los aludidos certificados se hace constar lo siguiente:

“Descripción: cabida y linderos

Globo de terreno que hace parte del de mayor extensión llamado Capellanía que tiene un área de 33 hectáreas (...)

Dirección del inmueble - tipo predio: sin información

1) Sin dirección - Capellanía

(...).

Anotación Nº 3, fecha 20-10-82, radicación: Escritura 4782 del 15-07-82 Notaría 8 de Bogotá.

Especificación: 101 Compraventa

Personas que intervienen en el acto

De: Restrepo vda de Monta/A Teresa

A: Salazar Montoya Gilberto Alfonso

(...).

Anotación nro. 7. Fecha 22-06-91, radicación: Escritura 4274 del 22-06-84, Notaría 1 de Bogotá

Especificación: 101 Compraventa

Personas que intervienen en el acto

De: Restrepo vda de Monta/A Teresa

A: Marín González Ernesto

Anotación Nº 8, fecha 15-09-98, radicación 98-77219, Escritura 2199 del 27-08-98 Notaría 27 de Santafé de Bogotá, valor acto: $220.000.000, Especificación: 101, COMPRAVENTA

Personas que intervienen en el acto.

De: Marín González Ernesto

A: Corporación Nacional de Salud y Seguridad Social —FUNDESS—.

Nº total de anotaciones: 8” (fl. 24, c. 1).

11.3. El Juzgado 41 Civil del Circuito de Bogotá D.C., por medio de la providencia calendada el 27 de julio de 1999, ordenó proseguir, con cargo a los bienes embargados a la “Corporación Nacional de Salud y Seguridad Social —FUNDESS—”, con la ejecución de la obligación contenida en el título valor antes mencionado, ante la prosperidad de la demanda ejecutiva instaurada por los señores Eduin Enrique Causil Díaz, Gilberto Ordóñez Niño y Jorge Alberto Rojas López. Se dispuso en el aparte resolutivo del aludido pronunciamiento judicial:

“1. Ordenar seguir adelante la ejecución contra la Corporación Nacional de Salud y Seguridad Social FUNDESS para el pago de las obligaciones a que se refiere el mandamiento de pago.

2. Ordenar el remate, previo avalúo, de los bienes cautelados y de los que se llegaren a cautelar.

3. Ordenar la liquidación del crédito en los términos del art. 521 del C.P.C.

4. Condenar en costas del proceso a la parte demandada. Tásense por secretaría” (f. 40, c. pruebas 2).

11.3.1. En la providencia se hace un recuento de las actuaciones previas surtidas durante el trámite ejecutivo y, además, se realiza la liquidación del crédito y las agencias en derecho, tal como pasa a citarse:

“A través de apoderado judicial, Edwin (sic) Enrique Causil Díaz, Gilberto Ordóñez Niño y Jorge Alberto Rojas López llamaron a proceso ejecutivo singular de mayor cuantía a la CORPORACIÓN NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL FUNDESS, con el fin de obtener el pago de los derechos crediticios incorporados en el pagaré Nº 0614 por $114.000.000 como capital, solicitando el reconocimiento del valor cancelado por impuesto de timbre, así como de los intereses de mora a la tasa del 24.90% efectivo anual, liquidados para los periodos de tiempo que se determinan en la demanda.

El juzgado libró mandamiento de pago por auto de fecha abril 15 de 1999, liquidándose los intereses por mora a partir del 3 de marzo de dicho año y negando la ejecución por el impuesto de timbre por tratarse de un concepto atinente a costas, providencia que se notificó a la entidad demandada por intermedio de su representante legal sin que propusieran excepciones, razón por la cual se dispondrá que siga adelante la ejecución atendiendo lo dispuesto en el inc. 2º del art. 507 del C.P.C.

(...).

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO:

(...).

La Secretaría del Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá D.C., de conformidad con el artículo 521 del C.P.C. procede a efectuar la liquidación del crédito de la referencia, así:

Capital: $114.000.000

Intereses a la tasa del 24,90% efectivo anual desde el 3 de marzo de 1999 hasta el 10 de febrero del 2000 (337 días): $26.572.450

Total obligación: $140.572.450

(...).

LIQUIDACIÓN DE COSTAS

(...).

De conformidad con lo regulado en art. 393 del C.P.C., la suscrita secretaria del Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá D.C., procede a efectuar la liquidación de costas en el asunto de la referencia, así:

Agencias en derecho: $20.000.000

Notificación: $13.000

Póliza: $653.080

Recibos: $4.000

TOTAL: $20.670.080” (fls. 40 a 43, c. pruebas 2).

11.4. Por medio de Auto J-1275 del 23 de septiembre de 1999, proferido por la registradora principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santafé de Bogotá D.C. —Zona Centro—, “por medio de la (sic) cual se inicia una actuación administrativa”, se resolvió proseguir una averiguación cuya finalidad era determinar la situación jurídica de varias matrículas inmobiliarias relacionadas con el predio denominado “Capellanía”, entre ellas la Nº 050-1215517 en la que, según se constató en el acápite anterior de estos hechos probados, la “Corporación Nacional de Salud y Seguridad Social —FUNDESS—” figuraba como propietaria inscrita. Al respecto, la oficina de registro tenía elementos que permitían sospechar la existencia de una “duplicidad de matrícula” en los referidos folios. Para tal efecto, en el acto mencionado se incluyeron las siguientes consideraciones:

“Con J-1664 de 09-08-99, se ofició al Coordinador de Certificación de esta oficina, para que certificara área y linderos de los inmuebles identificados con los folios de matrícula 050-85953, 050-1215517, 050-485022 y 050-85953, observando que la matrícula 050-85953 no aparece referenciada en los libros correspondientes del antiguo sistema, y la 050-485023, se sentó con el turno de correcciones 7365 de 15-06-99. En relación con las matrículas 050-485022 y 050485023, solicitó se efectuaran las correcciones contenidas en los Rip-2 que se anexan.

(...).

En relación con el folio de matrícula 050-1215517, identifica registralmente el inmueble denominado Capellanía, que se abrió con fundamento en la radicación 56550 de 13-04-80, visible como anotación 03, se inscribió la escritura 4274 de 22-06-84 Notaría 1ª de Bogotá, con la que el derecho de dominio se transfiere a favor de Ernesto Marín González, quien a su vez transfiere a la Corporación Nacional de Salud y Seguridad Social - FUNDESS, mediante escritura 2199 de 27-08-98, Notaría 47. Con escritura 299 de 20-02-99, se transfiere parte del inmueble equivalente a 10.000 M2 a favor de Fabio Quintero Cardona, asignándose la matrícula 050-1498310 y por el mismo instrumento público otra parte del inmueble equivalente a 10.000 M2 a favor del mismo señor Fabio Quintero, asignándose la matrícula 050-1496927. Como última anotación del oficio 050-1215517 se inscribió embargo con acción personal contra la Corporación Nacional de Salud y Seguridad Social - FUNDESS” (fls. 50 a 58, c. pruebas 2).

11.5. Como culminación del trámite administrativo abierto con el acto referido en el punto inmediatamente anterior, por medio de la Resolución 9 del 5 de enero de 2000, proferida por la Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Fe de Bogotá D.C: - Zona Centro, se decidió, entre otras cosas, modificar las anotaciones 1 a 8 del folio de matrícula inmobiliaria 050-1215517, incluidas las anotaciones relacionadas con la adquisición de la propiedad sobre el inmueble por parte de la “Corporación Nacional de Salud y Seguridad Social —FUNDESS—”, y las atinentes a las medidas cautelares decretadas por el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá, en el sentido de afirmar que estas últimas recaían sobre un bien ajeno, y no sobre uno de propiedad de la mencionada persona jurídica. El texto del aparte resolutivo del acto administrativo en referencia, es el siguiente:

“ART. PRIMERO.—Exclúyanse las anotaciones 01 al (sic) 08 del folio de matrícula inmobiliaria 050-1215517.

Trasládense las anotaciones 09 a la 13 del folio 050-1215517 (escritura 299, oficio 1125, oficio 1522, escritura 255 y oficio 3018) y las anotaciones 03 de los folios 050-1495310 y 0501495311 (escrituras 403 y 404) al folio 050-85953 en estricto orden de radicación de documentos. Las anotaciones 01 y 02 de estas dos últimas no se trasladan por encontrarse ya en el folio 050-85953; igualmente las anotaciones 01 de los folios 050-1496927 y 050-1495448 (escrituras 255 y 403) ya se trasladaron al 050-85953.

De acuerdo a lo anterior, corríjase el orden de anotaciones del folio 050-85953 y modifíquese y adecúense sus especificaciones en los términos del numeral 6º del artículo 7º del Decreto 1250 de 1970, así: anotación 10, escritura 299 del 20-02-99 Notaría 2ª de Bogotá, compraventa de cosa ajena parcial lotes A y B, código 610, sin X de propietario en personas; anotación 11, escritura 400 del 05-03-99 Notaría 2ª de Cartago, compraventa de cosa ajena parcial 5.000 M2, código 610 sin X de propietario en personas; anotación 13, oficio 1125 del 12-03-99 Juzgado 35 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, embargo acción personal sobre cosa ajena sin X de propietario en personas; anotación 15, escritura 255 del 15-02-99, Notaría 47 de Santafé de Bogotá, compraventa de cosa ajena parcial 74.000 M2, código 610 sin X de propietario en personas; anotación 16, oficio 3018 del 23-04-99 Juzgado 41 del Circuito Civil de Santafé de Bogotá, embargo acción personal cosa ajena sin X de propietario al ejecutado. Háganse las salvedades del caso. Todo lo anterior, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

ART. SEGUNDO.—Efectúense en los folios 050-85953, 050-485021, 050-485022 y 050-485023 las correcciones señaladas en los considerandos de esta resolución, conforme a la tradición certificada por antiguo sistema. Igualmente en el folio 050-85953 incluir en salvedades: “anotaciones 01, 02, 06, 07, 08 y 09 incluidas en orden cronológico corregido valen según resolución 823 del 21-11-90”. Corregir fecha de escritura 7212 en anotación 03, la cual es: 11-10-72.

ART. TERCERO.— Ciérrense, archívense” (fls. 89 y sgts. c. pruebas n.º 2).

11.5.1. Para asumir tales decisiones, la oficina de registro realizó un estudio detenido de los soportes con base en los cuales se realizaron las anotaciones en los folios de matrícula inmobiliaria 050-85953 y 050-1215517 referidos a un mismo bien inmueble, y concluyeron que existía un evidente contraste entre la legal forma en que se confeccionó el primer folio mencionado, y las irregularidades presentes en la elaboración del segundo, en la medida en que los soportes de este mostraban señas de adulteración. Textualmente se dice en las consideraciones de la resolución:

“En el transcurso de las diligencias preliminares y la actuación administrativa se pudo establecer, según oficio CT 279 del 23-08-99, que el predio Capellanía presenta duplicidad de matrículas inmobiliarias 050-85953, 050-1215517, la primera de ellas no aparece referenciada en los libros correspondientes al antiguo sistema, y la segunda se sentó con el turno de corrección 7365 del 15-06-99.

Conforme a las pruebas recaudadas, en relación con el folio de matrícula inmobiliaria 050-85953, se encontró que fue abierto el 02-01-73 con fundamento en el turno de radicación de documento 81716 del 28-12-72 (ver folios 124 y 183, expediente y folio de cartulina); identifica registralmente al predio denominado Capellanía y presenta 9 anotaciones, así: anotación 01, escritura 4643 del 24-11-70 Notaría 8ª de Bogotá, partición material a favor de Teresa Restrepo viuda de Montaña, según Rip-20 (folio 84 del expediente administrativo) la especificación del acto es adjudicación liquidación de sociedad. Anotación 02, escritura 4642 del 24-11-70 Notaría 8ª de Bogotá, servidumbre de acueducto a Empresa Colombiana de Petróleos, según Rip-20 (folio 84) la especificación correcta es servidumbre de oleoducto. Anotación 03, escritura 7212 del 11-12-72 Notaría 6ª de Bogotá, compraventa de Teresa Restrepo viuda de Montaña a favor de Montaña Restrepo y Cía. Ltda.; según archivo de microfilmación la fecha correcta de esta escritura es 11-10-72 (folios 89 al 94 del expediente). Anotación 04, escritura 7653 del 20-11-78 Notaría 5ª de Bogotá, englobe a favor de Promociones San Alejo Ltda. (folios 95 al 117 expediente). Anotación 06, escritura 4682 del 15-12-88, Notaría 8ª de Bogotá, compraventa de Teresa Restrepo viuda de Montaña a Gilberto Alfonso Salazar Montoya. Anotación 07, oficio 697 del 25-05-90 Juzgado 56 de Instrucción Criminal, embargo penal de indagación a Gilberto Alfonso Salazar Montoya. Anotación 08, oficio 1086 del 09-08-90 Juzgado 46 de Instrucción Criminal, cancelación de inscripción escritura 4682 del 15-12-88 Notaría 8ª de Bogotá, de Gilberto Alfonso Salazar Montoya a favor de Teresa Restrepo viuda de Montaña, y anotación 09 oficio 1086 del 09-08-90 Juzgado 46 de Instrucción Criminal, cancelación embargo penal (indagación 1406).

Las anotaciones registradas en este folio cumplieron el proceso de registro establecido en los artículos 22 y ss del Decreto Ley 1250 de 1970, con la observación de que las anotaciones 01, 02 y 06 al 09 fueron incluidas en el folio 050-85953 con fundamento en la Resolución 823 del 21-11-90, en la cual se ordenó la unificación de los folios 050-1113034 y 050-85953 en esta última, y se cerró y anuló la primera; las anotaciones incluidas y salvedades aparecen autorizadas por el registrador según se observa en el folio real (cartulina) pero al grabar el folio al sistema magnético se omitió incluir la salvedad.

(...).

Respecto al folio de matrícula inmobiliaria 050-1215517 se encuentra que el folio real (cartulina) presenta enmendaduras (borrones) en la fecha de apertura, el número y fecha de radicación, en sus anotaciones 01, 04, 06 y 07 sin la correspondiente salvedad y firma del Registrador; según la información que presenta el folio, fue abierto el 12-04-80 con el turno 80-56550 del 13-04-80, pero al verificar el radicador de certificados y de documentos (folios 124, 182, 181A expediente) no aparece referenciada dicha matrícula, ni coincide la fecha de su apertura. Este folio, incluyendo el magnético, presenta actualmente 13 anotaciones, así: anotaciones 01 y 02, escritura 4642 del 24-11-70, Notaría 8ª de Bogotá, partición material a favor de Teresa Restrepo viuda de Montaña, y servidumbre de oleoducto a Empresa Colombiana de Petróleos, fecha de registro 07-01-77; sin embargo, el folio cartulina refiere la escritura 1642 y las fechas de registro no coinciden con las reportadas por antiguo sistema, como tampoco el número de escritura de la anotación 01 (folio 85 del expediente). Anotación 03, escritura 4682 del 15-07-82, Notaría 8ª de Bogotá, venta de teresa Restrepo viuda de Montaña a Gilberto Alfonso Salazar Montoya, fecha de anotación 20-10-82 sin número de radicación. Anotación 04, embargo penal indagación oficio 637 del 25-05-90 Juzgado 56 de Instrucción Criminal registrado el 20-06-90 de Teresa Restrepo viuda de Montaña a Gilberto Alfonso Salazar Montoya. Anotación 05, oficio 1006 de 09-08-90 Juzgado 46 de Instrucción Criminal, cancelación inscripción escritura 4682 del 15-12-88, Notaría 8ª de Bogotá, registrado el 01-10-90. Anotación 06, oficio 1064 del 08-08-90 Juzgado 45 de Instrucción Criminal, cancelación embargo penal indagación 1406 del Juzgado 56 de Instrucción Criminal a Gilberto Alfonso Salazar Montoya, registrado el 01-10-90. Se observa que de las anotaciones 03 a la 06 inscritas en este folio, no coinciden con las registradas en el folio 050-85953, además de presentar enmendaduras en el folio de cartulina. En la anotación 07, figura registrada la escritura 4274 del 22-06-84, Notaría 1ª de Bogotá con fecha de radicación 22-06-91, compraventa de Teresa Restrepo viuda de Montaña a favor de Ernesto Martín González, sin embargo no refleja turno de radicación, como tampoco figura dicha escritura en archivo de microfilmación (folio 117 expediente). Según oficio DOC 170 del 04-11-99 suscrito por el jefe de la división operativa de esta oficina, el radicador de documentos del 22-06-91 no existe, ya que, verificado el candelario era día sábado, no laborable para esta oficina y por tanto, no se radicaron documentos en esa fecha (folio 184 expediente). Teniendo en cuenta los anexos suministrados por el señor Boris Spiwak Knorpel en folio 2 del expediente administrativo, se trató de localizar el turno 53098 de 1990, con el que supuestamente se radicó la escritura 4274 del 22-06-84, Notaría 6ª de Bogotá (sic) encontrándose que en el mismo libro radicador de documentos de 03-09-90 figura relacionada la escritura 4274 de 22-06-84, Notaría 1ª de Bogotá con la observación “nueva entrada reajuste” y turno anterior 32847, pero al consultar el turno anterior 32847 refiere la escritura 322 del 17-12-80, Notaría 25 de Bogotá y no se logró establecer recibo de caja de radicación de estos turnos (folios 181, 250, 251, 255 al 356, 386 y 387 del expediente); al solicitar copia de esta escritura 4274 de 1984 a la Notaría 1ª de Bogotá, nos encontramos con que esta escritura fue cancelada por la Nº 6397 del 01-11-95 en virtud del oficio 10220 del 26-10-95, por el cual la Unidad Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico (sumario 1805 f. 105) comunicó al Notario 1º de Bogotá la orden de cancelar este instrumento público habida cuenta de que el citado documento fue probado como falso (artículo 61 C.P.P.) (folios 151 al 60 del expediente). Ante esta situación, mediante oficio J-2183 del 29-10-99, la jefe de la división jurídica de esta oficina, ofició a la Fiscalía para que informara si esa entidad había comunicado dicha falsedad a la Oficina de Registro, ya que no se encontró registro de ello, pero hasta la fecha no se obtuvo respuesta sobre el particular (folio 167 expediente). De otra parte se solicitó a la Notaría 6ª copia de la escritura 4274 del 15-06-84, encontrándose que se trata de una cancelación de hipoteca sobre el folio de matrícula 050-0721893 correspondiente a la Oficina de Registro – Zona Norte y no de la compraventa entre Teresa Restrepo y Ernesto Martín (folio 357 a 361 del Expediente). Continuando con la relación de anotaciones del folio 050-1215517, encontramos registrada en el folio magnético como anotación 08 la escritura 2199 del 27-08-98, Notaría 47 de Santafé de Bogotá con el turno 1998-77219 del 15-09-98, compraventa de Ernesto Martín González a favor de la Corporación Nacional de Salud y Seguridad Social —Fundess—, pero al consultar el archivo de microfilmación y el reporte de documentos radicados el 15-09-98 encontramos que esta escritura no fue radicada en esa fecha ni el turno de radicación corresponde a ella (folios 235 al 244 y 345 al 356 del expediente), pues el turno de documento 1998-77219 corresponde a la fecha 31-08-98 y a la escritura 2739 de 30-06-98, Notaría 51 de Santafé de Bogotá, la cual obra en el expediente a folios 376 a 380 y en la que figura venta del predio Capellanía de Ernesto Martín González a Corporación Nacional de Salud y Seguridad Social —Fundess—, citando como título antecedente la escritura 4274 del 22-06-84 Notaría 1ª de Bogotá, folio de matrícula 050-1215517. En la anotación 09 del folio figura registrada con el turno 1999-12924 del 22-02-99 la escritura 299 del 20-02-99 Notaría 2ª de Bogotá, venta parcial de Fundess a Fabio Quintero Cardona, de los lotes A y B con área de 10.000 M2 cada uno, para los cuales se segregaron del folio de mayor extensión las matrículas 050-1495310 y 050-1495311. A su vez del folio 050-1495310 se segregaron 5.000 M2 mediante escritura 403 del 06-03-99 Notaría 2ª de Bogotá a favor de Ana Cenobia Quintero Cardona para los cuales se segregó la matrícula inmobiliaria 050-1495448. Anotación 10, oficio 99-1125 del 12-03-99 Juzgado 35 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, embargo de Germán Alfonso Correa Ramírez a Corporación Nacional de Salud y Seguridad Social —Fundess—. Anotación 11 Oficio 1522 del 21-04-99 Juzgado 35 Civil del Circuito, cancelación de embargo anterior. Anotación 12, escritura 255 del 15-02-99 Notaría 47 de Santafé de Bogotá, registrada con el turno 1999-29764 del 22-04-99, venta parcial de Fundess a favor de Comercializadora de Alimentos Doral Ltda., lote el Doral con área de 74.000 M2 para el cual se segregó la matrícula 050-1496927. Como última anotación figura la n.º 13, oficio 3018 del 23-04-99 embargo del Juzgado 41 Civil del Circuito de Edwin Enrique Causil Díaz, Gilberto Ordóñez Niño, Jorge Alberto Rojas López, contra Corporación Nacional de Salud y Seguridad Social —Fundess—.

Lo expuesto permite concluir que el folio de matrícula inmobiliaria 050-1215517 fue abierto irregularmente y sus 08 primeras anotaciones no cumplieron el proceso de registro pertinente, establecido por los artículos 22 y ss del Decreto Ley 1250 de 1970; en cuanto a sus anotaciones 09, 10, 11, 12 y 13 cumplieron dicho proceso de registro y en consecuencia las anotaciones 07 y 08 están manifiestamente viciadas de ilegalidad y ostentan el carácter de inexistentes.

Según concepto emitido por la oficina asesora jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro en oficio 111024 del 24-11-98, refiriéndose a las inscripciones posteriores a la inscripción inexistente, que ha surtido el trámite registral pertinente, ‘si el folio se abre con una anotación inexistente, o abriéndose con una existente, dentro de la tradición del folio se encuentra una falsedad en una anotación, se rompe de ahí en adelante el principio de tracto sucesivo, y en consecuencia, todas las anotaciones que surtieron el trámite registral pertinente, deberían ser corregidas y adecuadas a esta situación’.

Por lo anterior, deberán cerrarse las matrículas 050-1215517 y sus derivadas, 050-1495310, 050-1495311, 050-1496927 por haber sido segregadas con base en la matrícula 050-1215517, abierta con fundamento en títulos que no han sido registrados y por lo tanto son inexistentes, y las anotaciones 09 a la 13 (escritura 299 de 1999, oficios 1125, 1522, escritura 255) pasarán a la columna sexta del folio matriz 050-85953, que es el que realmente identifica el predio “Capellanía”, siguiendo el estricto orden de radicación de documentos con las correspondientes salvedades y especificaciones. En cuanto a la anotación 13 (oficio 3018) se trasladará al folio 050-85953 únicamente por efectos de publicidad, suprimiéndole la X de propietario, en personas. Igualmente se trasladarán siguiendo orden de radicación de documentos, las anotaciones de los folios 050-1495310 y 050-1495311. El traslado y adecuación de estas anotaciones al folio citado se hace con fundamento en los últimos pronunciamientos judiciales que indican la prohibición de excluir anotaciones que cumplieron el proceso de registro, pues ello equivaldría a su cancelación (sentencia Consejo de Estado 10 de septiembre de 1998, expediente 4752 Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera)” (fls. 90 a 96, c. pruebas 2).

10.6. (Sic) Contra la anterior decisión se interpusieron recursos de reposición por parte de la “Corporación Nacional de Salud y Seguridad Social —FUNDESS—” y la sociedad denominada Comercializadora de Alimentos Doral Ltda., los cuales fueron resueltos mediante la Resolución Nº 000186 del 29 de febrero de 2000, en los siguientes términos:

“ART. PRIMERO.—Negar las pretensiones del recurso de reposición interpuesto por el doctor Carlos Alfonso Fernández Santos contra la Resolución 9 del 05-01-2000, escrito presentado con RD 1873 del 03-02-2000, con base en la parte motiva de la presente resolución.

ART. SEGUNDO.—No conceder el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente del recurso de reposición al doctor Carlos Alfonso Fernández Santos contra la Resolución 9 del 05-01-2000, escrito presentado con RD 1873 del 03-02-2000 por improcedente y con base en la parte motiva de la presente resolución.

ART. TERCERO.— Negar las pretensiones del recurso de reposición interpuesto por el doctor Heriberto Vargas Rodríguez contra la Resolución 9 del 5 de enero del 2000, escrito presentado con RD 2021 del 08-02-2000, con base en la parte motiva de la presente resolución.

ART. CUARTO.—El artículo primero de la Resolución 9 del 05-01-2000, quedará así: “Revóquense las inscripciones hechas en las anotaciones 01 al 08 del folio de matrícula inmobiliaria 050-1215517”, según la parte motiva de la presente resolución.

ART. QUINTO.— Notifíquese la presente resolución a Comercializadora de Alimentos Doral Ltda.; Comercializadora Internacional o en su defecto Sigla C.I. o su apoderado doctor Heriberto Vargas Rodríguez; Corporación Nacional de Salud y Seguridad Social ‘Fundess’ o su apoderado doctor Carlos Alfonso Fernández Santos, advirtiéndoles que contra esta resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.

ART. SEXTO.—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición” (f. 80, c. pruebas n.º 2).

10.6.1. Para los efectos de tales determinaciones, la Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos —Zona Centro— de Bogotá, consideró que la resolución recurrida había sido expedida en uso de la facultad de la administración de revocar sus propios actos, cuando se encuentran ilegales los fundamentos que les dieron origen, lo cual es una atribución que no tiene término de caducidad o de prescripción alguno. Del mismo modo, consideró que era necesario corregir la parte decisoria del acto recurrido, en el sentido de precisar que por el término “excluir” se quiso significar la revocación de las inscripciones relacionadas con el folio de matrícula inmobiliaria 050-1215517. Se dice en el citado acto administrativo:

“Ahora bien, la Resolución 9 del 2000, impugnada en su parte motiva, es lo suficientemente clara en el estudio de la tradición de los folios de acuerdo con las pruebas documentales y la confrontación efectuada; existiendo fundamento y soporte jurídico para el pronunciamiento hecho en la porte resolutiva.

En el libelo del recurso de reposición se manifiesta en uno de sus apartes que las transacciones comerciales efectuadas por su poderdante fueron con base en las funciones de registro, cuando dice: “... la fe guardada e impresa en sus certificaciones, la cual se presume auténtica y más si se tienen en cuenta los controles para el registro, es lógico entender que cualquier ciudadano con esa creencia, certeza y confianza se atreva a adquirir el bien que fue objeto de certificación o información dada por esta oficina...”; argumento no válido para aceptar las pretensiones del recurso en el sentido de que se revoque la Resolución 9 del 5 de enero de 2000, en su artículo primero que ordena excluir las anotaciones 01 al 08 del folio de matrícula inmobiliaria 050-1215517, si tenemos en cuenta que la presunción de buena fe consagrada en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia dice “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”; la anterior presunción de ley no impide que la oficina de registro de instrumentos públicos, una vez tenga conocimiento de las inconsistencias generadas con el no cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Registral, como en otras inconsistencias expresadas en la parte motiva de la resolución recurrida, pueda la administración revocar sus propios actos, en este caso que nos ocupa las inscripciones hechas en las anotaciones 01 al 08 del folio de matrícula 050-1215517, basada en el artículo 69 del Decreto-Ley 1 de 1984 y demás normas concordantes.

La facultad de la administración para revocar sus propios actos conforme al Código Contencioso Administrativo no tiene término, más aún cuando se indujo a la oficina a error; sin embargo la Resolución 9 del 2000, comunica el resultado de la actuación administrativa a la Superintendencia Delegada para el Registro, como autoridad competente para investigar la parte disciplinaria de que pueda ser objeto la conducta de algún funcionario e independientemente de ello las partes interesadas están en libertad de acudir a la Justicia Ordinaria para hacer valer sus derechos, dado que la función de oficinas de registro no son de carácter jurisdiccional, ni le compete reconocer o negar derecho alguno al usuario del servicio.

En el mismo escrito de reposición radicado con RD 1873 del 03-02-2000, el doctor Carlos Alfonso Fernández Santos, interpone en subsidio el de apelación, recurso este último no procedente en virtud de la autonomía registral de las oficinas de registro de instrumentos públicos consagrada en el Decreto-Ley 2158 del 30 de diciembre de 1992, artículo 27; instrucción administrativa n.º 11 de 1994 de la Superintendencia de Notariado y Registro, y Decreto 01 de 1984.

El libelo de recurso de reposición presentado por el doctor Heriberto Vargas Rodríguez, contra la Resolución 9 del 5 de enero de 2000, no ataca el acto administrativo propiamente dicho, ni aporta pruebas diferentes de las que obran en el expediente 1006; tan solo sustenta su recurso en que porque después de 20 años la administración viene a expedir la resolución impugnada, a lo cual es preciso manifestar que la revocatoria directa de los actos propios de la administración no tiene prescripción, aplicable dentro de la resolución recurrida; es más tampoco para corregir los errores cometidos en las inscripciones efectuadas (artículo 35 del Decreto-Ley 1250 de 1970), la prescripción debe ser alegada ante la Justicia Ordinaria y declarada por un Juez o autoridad competente.

Vale la pena aclarar que la palabra “exclúyanse” utilizada en la Resolución 9 de 5 de enero de 2000, como interpretación semántica es revocar la inscripción o el acto de registro hechos, es decir, tiene los mismos efectos jurídicos de la palabra utilizada en el artículo primero del acto recurrido; para mayor claridad es procedente el (sic) cambiar dicha expresión en la resolución en comento, circunstancia esta que no es objeto de recurso alguno.

Según lo manifestado, se concluye que la Resolución 9 del 5 de enero de 2000, se encuentra ajustada a derecho y lo expresado en los libelos de reposición no son (sic) argumentos jurídicos válidos para revocar el acto administrativo recurrido” (fls. 76 a 79, c. pruebas 2).

10.7. Los problemas relacionados con el registro de la tradición y libertad del inmueble conocido como “Capellanía”, fueron objeto de reseña en un artículo periodístico titulado “Y todos quedaron con la casa en el aire” elaborado por el diario El Tiempo en su edición del miércoles 3 de noviembre de 1999, en el que además se narran los daños padecidos por personas que han adquirido bienes raíces en el predio desenglobado, en los siguientes términos:

“Después de estar habitado se descubrió que el edificio Prados de Capellanía fue vendido con escrituras falsas y el terreno está en pleito

Una citación de la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá permitió que los cien propietarios de Prados de Capellanía, edificio en el occidente de Bogotá, se enteraran de una alarmante historia.

El terreno donde están construidos sus apartamentos está en pleito porque un señor con escrituras falsas lo vendió, a pesar de que la Fiscalía había determinado, en 1995, que dichos documentos no eran verdaderos.

La Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá, asegura que a sus manos jamás llegó la orden en la que se cancela dicha escritura y por ello registró el inmueble.

Ese hecho, según abogados consultados por El Tiempo, lleva a pensar que en esta entidad posiblemente se cometió una irregularidad, pues se abrieron dos folios, algo así como dos hojas de vida del terreno, para lo cual se necesita la ayuda de un funcionario.

Uno de los folios, el número 050-85953 que se abrió en 1972, cuenta que la sociedad Montaña Restrepo y Compañía Ltda. vendió en 1978 a Promociones San Alejo Ltda.

Esta a su vez, casi veinte años después, vendió a IC Inmobiliaria, la que construyó el conjunto residencial Prados de Capellanía.

El otro folio, el 050-1215517, que se abrió en 1980, informa que la señora Teresa Restrepo viuda de Montaña vendió a Ernesto Martín González, quien a su vez transfirió, en 1998, a Fundess y esta, en 1999, a la comercializadora de alimentos Doral Ltda.

La Fiscalía 170 tiene conocimiento de todo este caso pues Promociones San Alejo puso ante ella un denuncio penal contra González.

Según Zayda Barrero, registradora principal, es posible que en la Oficina de registro de Instrumentos Públicos se haya cometido alguna irregularidad, situación que se determinará con la investigación.

Barrero asegura que la entidad ha sido depurada en los dos últimos años, pero a pesar de ello se siguen presentando casos de corrupción que ella denuncia a la Superintendencia Delegada para el Registro.

“En los dos últimos años hemos denunciado por lo menos diez casos, pero esos procesos toman tiempo, por eso sería mejor darlo facultades al registrador para adelantar los procesos disciplinarios” dice.

Una historia de compras:

La historia de los propietarios de Prados de Capellanía comenzó con la llamada que en julio de este año recibió Boris Spiwak, gerente de promociones San Alejo Ltda., entidad que vendió el terreno donde está construido el edificio. Un amigo le contó que alguien estaba vendiendo un terreno suyo.

De inmediato, la directora del departamento jurídico de su empresa se puso en contacto con el posible comprador, quien le comentó que un abogado, en representación de la Corporación Nacional de Salud y Seguridad Social (Fundess), estaba vendiendo el terreno por 3.000 millones de pesos.

Un señor, llamado Ernesto Martín González, vendió parte del terreno a Fundess, que a su vez vendió a Comercializadora de Alimentos Doral Ltda. El Tiempo se comunicó a los teléfonos que aparecen en las escrituras donde figuran dichas ventas pero no logró comunicarse con ninguna de las dos empresas.

La escritura pública Nº 4274 del 22 de julio de 1984, con la cual se iniciaron estas ventas, fue anulada en 1995 por la Fiscalía 105, al descubrir que era falsa.

Lo curioso de esta historia es que Teresa Restrepo, quien figura en ella como vendedora del inmueble a González, pidió copia de la escritura en junio de este año. Sin embargo, según allegados suyos, la señora Restrepo murió hace diez años.

La Fiscalía 170 tiene conocimiento de todo este caso, pues Promociones San Alejo puso ante ella un denuncio penal contra González.

Ahora, los propietarios de Prados de Capellanía deben esperar a que la Fiscalía y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos resuelvan la investigación. ‘Mientras tanto vamos a tener la casa en el aire’, dice uno de ellos. En tanto no se aclare el asunto, los propietarios de los apartamentos no podrán venderlos o hipotecarlos, por ejemplo.

Para que no sucedan casos como estos —dice Becerra— es importante que las personas se preocupen por averiguar el estado de los inmuebles que van a comprar. ‘Solo tienen que acercarse aquí a pedir un certificado de libertad actualizado donde aparece la historia del inmueble’” (fl. 432, c. pruebas 3).

10.8. Las circunstancias relacionadas con la elaboración de la escritura de compraventa Nº 4274 del 22 de junio de 1984, que originó la duplicidad en el folio de matrícula Nº 50C-1215517, fueron objeto de investigación por parte de la Unidad Especializada en Fe Pública y Patrimonio Económico de la Fiscalía General de la Nación quien, mediante providencia del 10 de octubre de 1995, resolvió entre otras cosas proceder “... a la cancelación de la Escritura Pública Nº 4274 del 22 de junio de 1984 ante la Notaría Primera, en la que aparece la señora Teresa Restrepo Vda. De Montaña vendiendo el lote de terreno al señor Ernesto Martín González...”, quien a su vez es la persona que vendió el inmueble a la corporación FUNDESS. De conformidad con las consideraciones de la aludida providencia, el ente acusador precisó las numerosas ilegalidades del instrumento público, en los siguientes términos:

“Se tiene como primera medida la noticia criminis del hecho, lo cual fue por parte del representante legal de la Notaría Primera Fabio Carvajal Romero, quien en ampliación de denuncia (fl. 39) precisa que la escritura cuestionada, realmente corresponde es (sic) a una cancelación de hipoteca que en el año de (sic) 1984 realizó el Banco Central Hipotecario por lo que la venta que se realizó en esta escritura no existe, pues es completamente falsa, agrega además que la escritura de la venta del lote de terreno fue violentamente insertada en el tomo de las matrices, pero que el directo implicado es quien aparece como comprador en dicha escritura, como es el señor Ernesto Martín González, y es a este a quien corresponde investigar (sic).

Escuchado en testimonio el encargado del protocolo en la notaría para la época del suceso, señor Elías Cortés Sanabria (fl. 43), dice a las personas que supuestamente eran de la Sijín y tomaron fotos a la escritura 4274, no los atendió y a los abogados los atendió con el notario, ahí fue cuando se dieron cuenta de lo irregular de este documento, respecto del manejo que le da a esta sección, dice que solo él labora en la sección, pero que todos los empleados tienen acceso a este (sic), respecto de la escritura falsa no sabe cómo fue insertada en el libro de matrices.

Escuchado el Notario Fernando Mendoza Ardila (fl. 46) dice que la firma en la escritura 4272 es una burda imitación de su firma, desconoce quién haya falseado dicho documento, y precisa otros puntos detectados como irregularidades en el documento adulterado.

Se llevó a cabo la diligencia de inspección judicial a las dependencias de la Notaría Primera (fl. 52), en dicha diligencia se precisaron y determinaron las irregularidades de dicho documento apócrifo.

A folios 56, 59 están los testimonios de Pedro Ignacio Rodríguez Palacios y Lucy Amparo Piraquive Rincón empleados de la Notaría Primera, dicen que se enteraron de la escritura falsa, el señor Rodríguez Palacios dice que él atendió a los supuestos agentes de la Sijín que fotografiaron la escritura, que estos no se identificaron y como no estaba el encargado y estos hicieron la solicitud de vista del documento, les facilitó la misma, ignoran quién puede ser el responsable.

Fundamentos legales:

(...).

La falsedad material consiste en la alteración de un documento existente o en la creación de un documento falso, lo cual se hace totalmente. Para el caso que nos ocupa, la escritura en la cual aparece una persona vendiéndole a otra un lote de terreno y la cual fue insertada a la fuerza dentro del tomo de escrituras matrices en la Notaría fue totalmente creado fraudulentamente (sic), es decir, todo el documento es apócrifo, hecho que encuadra dentro de la denominación jurídica del ilícito y no deja duda sobre la ocurrencia como tal del hecho, se resalta la intencionalidad de los autores del suceso de querer engañar no solo al personal de la Notaría sino a cualquier ciudadano que entrara en contacto de estos. Sobre este tipo de delito se han escrito muchos textos, y como se trata de un documento público se debe tener en cuenta la participación de algún empleado de la Notaría y de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, pues respecto de este de allí apareció el folio de registro inmobiliario.

Es aquí que se debe entrar a analizar la responsabilidad penal del incriminado Ernesto Martín González, quien aparece como comprador del lote en la escritura falsa, por tanto es el directo interesado en la negociación y quien debió de (sic) haber esclarecido las circunstancias en las que se cometió la falsedad del documento tantas veces mencionado, pero desafortunadamente esto nunca se logró por lo que se debió declarar persona ausente al señor Martín González y lo que deja en el tintero una serie de dudas que limitan hasta dónde pudo llegar la responsabilidad de este en la comisión del hecho, comoquiera que su firma en la fotocopia de la cédula (fl. 10) es diferente de la firma en la escritura del folio 11 vuelto, además de establecer si fue él quien redactó el documento, le dio parámetros de similitud con los elaborados legalmente en la Notaría, donde se hicieron los sellos estampados en ese documento, las otras firmas son de las personas que firman y quien imitó la grafía del notario; como bien se puede observar son dudas bien determinantes que clarificarían los grados de responsabilidad de los autores de este hecho, pero que hasta el momento no se han dilucidado, aunque sí se ha demostrado plenamente que el hecho como tal sí ocurrió, pero que a este momento no deja que se mire con claridad que el señor Ernesto Martín González fue el directo responsable y autor del ilícito, por tanto estas dudas se deberán absolver a favor del imputado.

(...).

Otras decisiones:

Comoquiera que dentro de este asunto no aparece constancia que haga saber la cancelación de la Escritura Pública 4274, documento este que es totalmente falso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del C. de P. P., se ordena su cancelación, lo que en un momento dado podría seguir causando posibles daños a terceros de no hacerlo, pues es un documento apócrifo sin ningún tipo de respaldo jurídico ni legal, para ello se deberá oficiar al Notario Primero del Círculo de Bogotá para que se proceda con dicha cancelación” (fls. 157 a 159, c. pruebas 3).

10.9. En el expediente se aprecia la copia simple de unos extractos de crédito hipotecario expedidos por el banco Davivienda a nombre del señor Eduin Enrique Causil Díaz, el último de ellos calendado el 15 de junio del año 2000, con un saldo por valor de $14.136.068 (fls. 137 a 140, c. pruebas 1). Del mismo modo, se arrimó una reproducción informal de los extractos de una tarjeta de crédito de la marca “Credibanco Clásica de uso Nacional e Internacional” a nombre del aludido demandante, en la cual se hace constar un cupo total por valor de $800.000, y unos cupos disponibles de $48 943, $24 731, $9 639 y $364 251, por los meses de abril, mayo, junio y septiembre del año 2000, respectivamente (fls. 140 a 143, ibídem). De otra parte, el departamento de seguridad del Banco de Bogotá allegó el oficio DS-ML-3281-02 radicado ante el a quo el 7 de octubre de 2002, relacionado con la tarjeta de crédito Nº 4506685001456176 a nombre de la misma persona, en donde se certifica que “... con ocasión de las utilizaciones de la precitada tarjeta quedó un saldo insoluto a cargo del deudor por valor de $538.386, el cual fue castigado el 23 de abril de 2001, obligación que registra un saldo a la fecha de $769.007...” (f. 144, ibídem).

IV. Problema jurídico.

11. Como una cuestión previa, habida consideración de que el daño alegado por los demandantes tuvo su origen en un acto administrativo expedido por la entidad demandada, deberá considerarse si fue adecuada la escogencia de la acción, punto en el cual la parte actora asegura que no se está cuestionando la legalidad de la decisión administrativa, sino que busca el resarcimiento de un daño especial ocasionado por el rompimiento de las cargas públicas. De otra parte, al estudiar el fondo de las pretensiones formuladas por la parte actora, es necesario que la Sala estudie la existencia de los elementos que conforman la responsabilidad, como son el daño, un hecho —por acción u omisión— de la administración y el nexo de causalidad entre ambos para efectos de lo cual es necesario dar respuesta a las siguientes preguntas:

11.1. En primer lugar, al estudiar las probanzas y reflexiones jurídicas relacionadas con el menoscabo cuya indemnización solicita la parte actora, es necesario establecer si están acreditados los daños materiales —emergentes y por lucro cesante— e inmateriales —por concepto de perjuicios morales y perjuicios fisiológicos—, supuestamente surgidos de un cambio en el folio de matrícula inmobiliaria del predio conocido como “La Capellanía”. Del mismo modo, es perentorio establecer si a partir del carácter genérico de las pretensiones, y de los hechos y fundamentos de derecho alegados en el libelo introductorio, puede estudiarse la existencia de un daño autónomo representado en la pérdida de oportunidad padecida por los accionantes, surgida de la cancelación de unas inscripciones en el folio de matrícula del embargo que habían logrado en sede judicial, lo que impidió perseguir con un trámite judicial enervado para el cumplimiento de una obligación en la cual, por virtud del endoso de un título valor, eran acreedores los señores Eduin Enrique Causil Díaz, Gilberto Ordóñez Niño y Jorge Alberto Rojas López, demandados en el caso de estudio.

11.2. Acto seguido, en el evento en que se afirme que existe un daño en cabeza de quienes solicitan la reparación de perjuicios, es necesario establecer si los mismos surgieron del servicio registral prestado por la entidad demandada, o si se encuentra acreditada una causal eximente de responsabilidad por la existencia de hechos propios y exclusivos desplegados por terceras personas.

11.3. Finalmente, es necesario evaluar si el presunto daño fue causado por el hecho de terceros, quienes con su actuar ilegal propiciaron la falsedad de los instrumentos públicos que sirvieron de base a los registros de propiedad inmobiliaria posteriormente modificados; y también si fue debido al hecho de las propias víctimas, quienes supuestamente se abstuvieron de efectuar un adecuado estudio jurídico del patrimonio del deudor que debía cumplir la obligación de que eran sujetos activos las mencionadas personas, hoy demandantes en acción de reparación directa.

V. Análisis de la Sala.

12. En lo relacionado con la debida escogencia de la acción, que es un presupuesto cuya presencia es indispensable para que sea posible emitir una decisión de mérito, la Sala considera que fue adecuado el uso que de la de reparación directa hicieron los señores Eduin Enrique Causil Díaz, Gilberto Ordóñez Niño y Jorge Alberto Rojas López, ello en la medida en que, a pesar de que alegan que el daño por ellos padecido fue originado en una decisión administrativa —contenida en las resoluciones 9 del 5 de enero de 2000 y 186 del 29 de febrero del mismo año—, lo cierto es que no cuestionan la legalidad de esa determinación sino que, por el contrario, aducen que las consecuencias de ella devenidas rompen el principio de igualdad frente a las cargas públicas.

12.1. Frente a dicho punto, se considera que es apropiado ejercer la acción de responsabilidad extracontractual para buscar el restablecimiento de las consecuencias supuestamente desfavorables surgidas de una determinación administrativa que se considera acorde con el ordenamiento jurídico, evento en el cual, bajo el entendido de que fue bien ejercida la acción, deberá efectuarse un estudio atribución de responsabilidad, relacionado con la existencia de un daño que haya sido padecido en forma inequitativa, surgido de la aludida actuación legal(12).

12.2. Ahora bien, la jurisprudencia de la Sección Tercera ya ha tenido la oportunidad de analizar la procedencia de la acción de reparación directa cuando el daño se alega como originado en las actuaciones de las dependencias encargadas del registro de instrumentos públicos, y ha precisado que, por regla general, debe interponerse la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los correspondientes actos de registro, mientras que la procedencia de la acción de reparación directa, en contraste, se encuentra reservada para aquellos casos en los que, precisamente, no se esté cuestionando la legalidad de las decisiones relacionadas con la aludida función. Frente a un caso similar, la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en reciente pronunciamiento calendado el 7 de marzo de 2012, dejó sentado el siguiente criterio:

“Tal y como se dejó indicado en los antecedentes de esta sentencia, la parte demandante interpuso acción de reparación directa con el fin de obtener la declaratoria de responsabilidad de la demandada por los perjuicios materiales causados por ‘... la operación administrativa iniciada con la inscripción en el folio de registro de instrumentos públicos de Yopal, Casanare, de la escritura pública 2182 de septiembre 27 de 1994’.

Ciertamente, en el libelo introductorio se aduce que la entidad demandada incurrió en falla del servicio, por cuanto no advirtió las irregularidades que presentaba la escritura pública y que impedían su inscripción y fue, precisamente, esa conducta omisiva, la que condujo a la entidad financiera a que desembolsara al señor Hernán Loaiza García una considerable suma de dinero, la cual finalmente nunca devolvió.

Asimismo, de las pretensiones de la demanda no se advierte solicitud alguna encaminada a obtener la nulidad de la inscripción de esa escritura pública en el folio de registro inmobiliario, puesto que dicha orden ya fue dada por la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de disponer la cancelación de la inscripción que de forma fraudulenta se realizó, por manera que al no cuestionar la legalidad de un acto administrativo de registro, no se está en presencia de escenarios en los cuales resultaría aplicable la acción de nulidad(13) y, en consecuencia, la acción de reparación directa ejercida en el presente asunto para obtener la indemnización por el aludido hecho dañoso demandado, resulta procedente”(14).

12.3. En el caso concreto, se insiste, es claro que los demandantes no pretenden poner en tela de juicio la legalidad de la decisión administrativa asumida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá —zona centro—, sino que buscan el resarcimiento de los daños que en forma supuestamente inequitativa padecieron con ocasión de dicha decisión legal, en la que se puso de presente el hecho de la administración consistente en haber permitido la existencia de una doble foliatura en la matrícula inmobiliaria del bien inmueble conocido como “La Capellanía”. Ello implica que es procedente abordar un estudio de fondo de un asunto en el cual, según acaba de indicarse, fue bien ejercida la acción de reparación directa.

13. En relación con el menoscabo alegado por la parte actora, los señores Eduin Enrique Causil Díaz, Gilberto Ordóñez Niño y Jorge Alberto Rojas López manifestaron haber sufrido (1) un daño emergente equivalente al valor del crédito cuyo pago no se pudo lograr con el remate del bien que fue objeto de la doble foliatura de matrícula inmobiliaria, además de (2) un lucro cesante representado por los intereses del aludido crédito insoluto, y (3) unos daños morales y fisiológicos supuestamente surgidos de dicha pérdida material. Al respecto, considera la Sala que en el expediente solo existe prueba de un daño entendido como pérdida de oportunidad —más no de los otros menoscabos alegados—, cuya petición puede interpretarse a partir del carácter genérico de los hechos y acciones alegados en la demanda, con aplicación del principio iura novit curia, sin que ello implique una variación de la causa petendi de la acción.

13.1. La Sala no puede tener por demostrado el daño emergente alegado por la parte actora por cuanto, si bien en el plenario se acreditó que los señores Eduin Enrique Causil Díaz, Gilberto Ordóñez Niño y Jorge Alberto Rojas López aparecían como beneficiarios de un título valor por virtud de un endoso que les hiciera el acreedor del pagaré Nº 0614 del 3 de septiembre de 1998 —párr. 11.3.1—, lo cierto es que la imposibilidad de perseguir uno de los bienes del deudor ocurrida como consecuencia de las decisiones de la entidad demandada, no implicó el fenecimiento del crédito, el cual permanecería vigente hasta tanto no se produjera una prescripción extintiva del correspondiente derecho personal.

13.2. Otro tanto debe decirse en relación con los daños reclamados por lucro cesante, pues siguen la misma suerte de la obligación principal, en el sentido de que sigue vigente la posibilidad de su cobro a través otros medios. Ahora bien, en el expediente reposan los extractos bancarios que, por diferentes conceptos, fueron expedidos a nombre del señor Eduin Enrique Causil Díaz —párr. 10.9—, elementos respecto de los cuales se considera que no tienen relevancia alguna en relación con la acreditación de los daños materiales que en este momento se estudian, pues están relacionados con deudas cuyo origen no se conoce y sobre las cuales, por tanto, no es posible establecer su pertinencia para el caso que ahora ocupa la atención de la Sala.

13.3. Por su parte, en lo que tiene que ver con los daños morales y fisiológicos supuestamente surgidos de la pérdida material relacionada con el no pago de la deuda incorporada en el pagaré Nº 0614 del 3 de septiembre de 1998, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha sido unívoca en establecer que no es posible presumir la existencia de ese tipo de detrimentos por la pérdida de bienes materiales. Se dijo al respecto desde la sentencia del 30 de julio de 1992, lo siguiente:

“La Sala revocará la condena que el tribunal hizo por concepto de perjuicios morales subjetivos, pues encuentra que en el caso sub examine ella no se justifica. La pérdida de las cosas materiales, por sí misma, no amerita su reconocimiento. Es posible que en circunstancias especiales, y por circunstancias de particular afecto, se vivencie el dolor moral por la pérdida de los bienes materiales. Pero la materia necesita ser tratada con un especial enfoque cultural y filosófico para no rendirle culto a las personas que, no poseen las cosas, sino que se dejan poseer por ellas”(15).

13.3.1. En el caso que concita la atención de la Sala, no existe prueba alguna que ponga de manifiesto la existencia de una situación de congoja y dolor por la pérdida material que para los demandantes implicó el no pago de la obligación en la cual era acreedores, razón por la cual no es posible dar por demostrado el tipo de daño aludido.

13.4. En todo caso, en lo tocante con el rubro del perjuicio denominado pérdida de oportunidad, observa la Sala que los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda, interpretados de forma sistemática, permiten establecer que lo que buscan los accionantes es, además, el reparo de los daños relacionados con la falta de efectividad del proceso ejecutivo que adelantaron en contra de la corporación FUNDESS pues, a pesar de que lograron que se librara el mandamiento ejecutivo y el decreto de una medida cautelar sobre el predio identificado con la matrícula inmobiliaria Nº 050-1215517, no les fue posible efectuar el remate del bien, debido a la modificación del folio de matrícula inmobiliaria, según fue decidida en los actos contenidos en las resoluciones 9 del 5 de enero del 2000 y la 186 del 29 de febrero de 2000.

13.4.1. A juicio de la Sala, un menoscabo de esas características se encuadra en lo que ha sido dado en llamarse “daño por pérdida de oportunidad”, en la medida en que existe la certeza de que el afectado ha perdido definitivamente la posibilidad de alcanzar un beneficio que tenía probabilidades del alcanzar, los cuales son presupuestos que encuadran con lo que ha dicho la jurisprudencia de esta Sala al respecto:

“30. En oportunidades anteriores, la Sala ha señalado que la pérdida de oportunidad es una clase autónoma de daño, ‘caracterizada porque en ella coexisten un elemento de certeza y otro de incertidumbre: la certeza de que en caso de no haber mediado el hecho dañino el damnificado habría conservado la esperanza de obtener en el futuro una ganancia o de evitar una pérdida para su patrimonio y la incertidumbre, definitiva ya, en torno de si habiéndose mantenido la situación fáctica y/o jurídica que constituía presupuesto de la oportunidad, realmente la ganancia se habría obtenido o la pérdida se hubiere evitado (...)’(16).

31. La pérdida de oportunidad como rubro autónomo del daño demuestra que este no siempre comporta la transgresión de un derecho subjetivo, pues la sola esperanza probable de obtener un beneficio o de evitar una pérdida mayor constituye un bien jurídicamente protegido cuya afectación debe limitarse a la oportunidad en sí misma, con prescindencia del resultado final incierto, esto es, al beneficio que se esperaba lograr o a la pérdida que se pretendía eludir, los cuales constituyen rubros distintos del daño.

32. En cualquier caso, es necesario que la pérdida de oportunidad sea cierta puesto que si se trata de una posibilidad muy vaga o genérica, se estará en presencia de un daño meramente hipotético o eventual, que no resulta indemnizable. Esto significa que, para que pueda acreditarse la existencia del daño el demandante deberá probar que ‘el no haber podido obtener la ventaja que esperaba es consecuencia de no haber gozado de la oportunidad que normalmente le habría permitido obtenerla’(17).

33. De acuerdo con lo anterior, la Sala ha señalado que los requisitos cuya concurrencia se precisa para que pueda considerarse existente la pérdida de oportunidad como daño indemnizable en un caso concreto, son los siguientes(18):

(i) Certeza respecto de la existencia de una oportunidad que se pierde, aunque la misma envuelva un componente aleatorio, lo cual significa que esta modalidad de daño da lugar a un resarcimiento a pesar de que el bien lesionado no tiene la entidad de un derecho subjetivo —pues se trata de un mero interés legítimo, de la frustración de una expectativa, sin que ello suponga que se trata de un daño puramente eventual—, siempre y cuando se acredite inequívocamente la existencia de ‘una esperanza en grado de probabilidad con certeza suficiente’(19) de que de no haber ocurrido el evento dañoso, la víctima habría mantenido la expectativa de obtener la ganancia o de evitar el detrimento correspondientes(20);

(ii) Imposibilidad definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento, vale decir, la probabilidad de obtener la ventaja debe haberse convertido en inexistente, pues si la consolidación del daño dependiera aún del futuro, se trataría de un perjuicio eventual e hipotético, no susceptible del reconocimiento de una indemnización que el porvenir podría convertir en indebida(21); lo expuesto se antoja lógico en la medida en que si el resultado todavía puede ser alcanzado, el ‘chance’ aún no estaría perdido y nada habría por indemnizar; por tanto, si bien se mantiene la incertidumbre respecto de si dicho resultado se iba a producir, o no, la probabilidad de percibir la ganancia o de evitar el perjuicio sí debe haber desaparecido definitivamente del patrimonio —material o inmaterial— del individuo porque dichos resultados ya no podrán ser alcanzados jamás.

Tal circunstancia es la que permite diferenciar la ‘pérdida de oportunidad’ del ‘lucro cesante’ como rubros diversos del daño, pues mientras que la primera constituye una pérdida de ganancia probable —dado que, según se ha visto, por su virtud habrán de indemnizarse las expectativas legítimas y fundadas de obtener unos beneficios o de evitar una pérdida que por razón del hecho dañoso nunca se sabrá si habrían de conseguirse, o no—, el segundo implica una pérdida de ganancia cierta —se dejan de percibir unos ingresos que ya se tenían(22)—;

(iii) La víctima debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado, es decir que debe analizarse si el afectado realmente se hallaba, para el momento en el cual ocurre el hecho dañino, en una situación tanto fáctica como jurídicamente idónea para alcanzar el provecho por el cual propugnaba, posición jurídica que ‘no existe cuando quien se pretende damnificado, no llegó a emplazarse en la situación idónea para hacer la ganancia o evitar la pérdida’(23).

34. Si bien el más común de los ámbitos específicos de aplicación de la pérdida de oportunidad es el de la responsabilidad médica, no es el único pues este también puede aplicarse a eventos en los que se pierde la oportunidad de obtener un empleo(24) o, como sucede en este caso, de celebrar un contrato. Por ejemplo, en la sentencia de 18 de junio de 1945, el Consejo de Estado indemnizó a un particular que demostró que no pudo vender un terreno de su propiedad debido a que el mismo fue ocupado permanentemente por la administración(25).

35. Se tiene así que el daño derivado de la pérdida de oportunidad de celebrar un negocio constituye, en sí mismo, un perjuicio indemnizable, siempre que el mismo esté debidamente acreditado y que sea imputable a una acción u omisión de la administración”(26).

13.4.3. En el caso concreto, la Sala estima que se encuentra demostrada como un daño autónomo, la pérdida de oportunidad padecida por los señores Eduin Enrique Causil Díaz, Gilberto Ordóñez Niño y Jorge Alberto Rojas López, en la medida en que se encontraban tramitando un proceso ejecutivo en el que ya se había proferido un mandamiento de pago y un auto que ordenaba proseguir con la ejecución de la obligación, además de que ya habían inscrito una medida cautelar de embargo respecto del inmueble conocido como “La Capellanía”, sin que les fuera posible efectuar el secuestro y remate del mismo para el pago del crédito insoluto, debido a las decisiones administrativas asumidas por la entidad demandada, lo que les implicó la pérdida definitiva de la posibilidad real que tenían de recuperar el valor incorporado en el pagaré Nº 0614 del 3 de septiembre de 1998.

13.5. De conformidad con lo antes expuesto, para la Sala es claro que se encuentran acreditados los daños materiales y por pérdida de oportunidad solicitados por la parte actora, cuya demanda fue objeto de interpretación en los términos en que se explicó en los párrafos precedentes. Lo anterior permite que en la presente providencia se prosiga con el estudio de los demás elementos de la responsabilidad en el sub lite.

13. Al revisar la imputación del daño, pasa la Sala a estudiar, en primer lugar, el régimen de responsabilidad aplicable y, posteriormente, se indicarán las razones por las que se considera que no está demostrada la responsabilidad en el caso de autos, en la medida en que, aplicado el régimen objetivo de responsabilidad, es claro que en el presente caso se configura la causal eximente de responsabilidad denominada hecho del tercero, consistente en las actuaciones adelantadas por particulares ante una Notaría del Círculo de Bogotá, en las cuales no tuvo participación alguna el desarrollo de las funciones administrativas de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá —zona centro—.

13.1. Así, lo primero que debe precisarse es que el régimen de responsabilidad aplicable para el análisis del caso de autos, es el objetivo de daño especial(27) pues, tal como se explicó al analizar el tema relacionado con la debida escogencia de la acción, esa es la postura que ha asumido el Consejo de Estado frente a casos en los cuales, a pesar de que el daño tiene origen en un acto administrativo, no se está cuestionando la legalidad de este último. Sobre este punto, al realizarse un recuento jurisprudencial sobre el tema, dijo la Subsección A en la reciente sentencia del 12 de junio de 2013, lo siguiente:

“Sin embargo, en casos en los que el daño antijurídico alegado por la parte actora provenga de una actuación legítima del Estado, la jurisprudencia constante y coherente de la Sala ha sido la de considerar que el análisis de la procedencia de la declaratoria de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública se hará en términos de la figura del daño especial, en la medida en que dicha actuación ajustada al ordenamiento jurídico pudiere generar un rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas que deben asumir los habitantes del territorio, por ello la Sala ha afirmado que:

(...).

Así, a la luz de la jurisprudencia reseñada, la Sala ha considerado que en aquellos casos en los que se verifique una actuación legítima por parte de una autoridad administrativa, pero que con cuya ocasión se haya generado un rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas en cuanto haya generado un daño antijurídico, se ve comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado”(28).

13.2. Al revisar el caso concreto, se aprecia que no están dados los presupuestos para proferir condena con base en la teoría del daño especial pues, por un lado, el daño cuya indemnización se solicita no ostenta las características necesarias para ser considerado de carácter especial, y porque, de otra parte, el menoscabo padecido no tuvo origen en el actuar de la administración, sino en los hechos de terceros desplegados durante el trámite de suscripción y elaboración de la escritura pública Nº 4272 del 22 de junio de 1984 ante la Notaría 1ª de Bogotá, documento respecto del cual pudo establecerse que es falso.

13.2.1. Así, en relación con el carácter especial del daño, se aprecia que el mismo no fue padecido en condiciones inequitativas por los señores Eduin Enrique Causil Díaz, Gilberto Ordóñez Niño y Jorge Alberto Rojas López, en la medida en que la cancelación de las anotaciones relacionadas con el folio de matrícula inmobiliaria Nº 50C-1215517, fue una situación que tuvo como consecuencia la disminución de la prenda general de garantía representada en el patrimonio de la corporación FUNDESS, lo cual es una circunstancia que afecta no solo a los demandantes como acreedores de la mencionada persona jurídica, sino a todos aquellos quienes tuvieran la expectativa de perseguir el patrimonio de esta. Además, las decisiones asumidas por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, fueron proferidas en aras de mantener la integridad del sistema de registro inmobiliario, y cualquier gravamen que ello pueda implicar para los particulares, es una carga que todos ellos están en la obligación de soportar en condiciones de igualdad, a menos que se demuestre que existió un irregularidad en el despliegue de la función pública.

13.2.1.1. En efecto, es claro que la eliminación del aludido folio de matrícula inmobiliaria no implicó la supresión del derecho subjetivo que tenían a su favor los accionantes en reparación, y la simple disminución del patrimonio del deudor no puede considerarse como una eliminación de la obligación incorporada en el pagaré Nº 0614 del 3 de septiembre de 1998, lo que a su vez implica que la actuación legítima de la administración no fue la fuente de los daños cuya indemnización se pretende en el sub lite, sino que lo fue la situación irregular que dio lugar a la ilegal inscripción de ciertos actos en el registro de propiedad inmueble.

13.2.1.2. Ahora bien, la Sala no pierde de vista que en otras oportunidades se ha accedido a la indemnización de los perjuicios causados con la cancelación de anotaciones relacionadas con la garantía real de obligaciones dinerarias, casos en los cuales se ha estimado que la existencia de ese nexo entre las constancias registrales y las obligaciones a cargo del propietario de un bien inmueble, es una circunstancia que constituye una situación consolidada relacionada con la constitución –por ejemplo– de una hipoteca, cuya eliminación merecería ser reparada. Al respecto, en la sentencia del 7 de diciembre de 2005. Se dijo:

“Por otro lado, no debe olvidarse que el registro de instrumentos públicos, como ya lo ha referido esta Corporación(29), es la institución a través de la cual se realiza la tradición de los derechos reales que recaen sobre bienes inmuebles o de cualquier otro acto, mediante la inscripción del título documental en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria (art. 756 CC). Este servicio público también está concebido para darle publicidad a los actos jurídicos que se produzcan respecto de los bienes inmuebles y para que los mismos sean oponibles respecto de terceros (arts. 2º y 44 dec. 1250 de 1970). Es por ello que para informar respecto de la situación jurídica de un bien inmueble, la autoridad encargada del registro de instrumentos públicos además tiene la función de expedir los certificados de registro de instrumentos públicos, la cual requiere de: “quien la ejerce, del funcionario que la ejecuta, un comportamiento sigiloso a más de cauto, pues ella tiene como objeto entre otros el bienestar de sus asociados; es la función administrativa LA DE EJECUCIÓN DE LA LEY, la que si cumple de acuerdo con su mandato fiel evitará juicios como estos y fomentará una FE ciega y una crítica positiva en su favor”. La Sala ha precisado que no basta con demostrar la falla en la prestación del servicio público registral, ya que es indispensable acreditar ADEMÁS que el daño cuya reparación se demanda tuvo por causa directa la acción o la omisión de la administración, de manera que la obligación indemnizatoria surge de la información equivocada suministrada mediante la expedición de certificaciones sobre dichos folios.

Cabe recordar que el certificado del Registrador es el único medio de que disponen los usuarios del servicio para conocer la situación jurídica de un inmueble; y, confían en que el certificado que les expide la oficina de Registro corresponde a la realidad.

En el caso concreto, se observa que cuando la señora CANO solicitó por primera vez el certificado de tradición y libertad del inmueble de la señora MARIA MELBA BERMUDEZ, no aparecía ningún tipo de anotación que señalara algún gravamen sobre el mismo, lo cual generó plena confianza para proceder a entregar las sumas de dinero dadas en calidad de mutuo, sumado al convencimiento de que nada impediría el registro del gravamen. En consecuencia, el daño cuya reparación se demandó tuvo como causa directa la prestación irregular del servicio público de registro, razón por la cual se tendrá que dar la correspondiente indemnización”(30).

13.2.1.3. Pero la situación anteriormente descrita no se adecúa con el caso ahora discutido, pues en la suscripción del pagaré Nº 0614 del 3 de septiembre de 1998, no se pactó ningún tipo de garantía real como respaldo de la obligación allí incorporada, razón por la cual resulto ser la totalidad del patrimonio del deudor —y no algún bien en específico— la que quedó comprometida con el pago de la deuda, sin que existiera una afectación en relación con el inmueble que, en la época del nacimiento del crédito, se identificaba con la matrícula inmobiliaria 50C-1215517, cuyas anotaciones fueron posteriormente eliminadas con los actos administrativos legales contenidos en las resoluciones 9 del 5 de enero de 2000 y Nº 186 del 29 de febrero del mismo año.

13.2.1.4. En el anterior orden de ideas, considera la Sala que el daño padecido por los demandantes no ostenta las características necesarias para ser considerado especial, lo que implica que es improcedente hacer surgir la responsabilidad en cabeza de la Superintendencia de Notariado y Registro con aplicación del régimen objetivo de imputación que se viene estudiando.

13.2.2. Y es que además, de conformidad con el material probatorio arrimado al proceso, la Sala observa que el detrimento padecido por los señores Eduin Enrique Causil Díaz, Gilberto Ordóñez Niño y Jorge Alberto Rojas López, no tuvo origen en los actos administrativos proferidos por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C. —zona centro—, sino que fue causado por la actuación irregular desplegada por quienes participaron en la elaboración de la escritura pública Nº 4274 del 22 de junio de 1984, cuya identidad no pudo ser establecida durante el correspondiente trámite penal adelantado por la Fiscalía General de la Nación, y cuyas actuaciones no pueden comprometer la responsabilidad de la entidad encargada de las matrículas inmobiliarias, a menos de que se demostrara que esta última tuvo participación en la elaboración del documento falso, cosa que no se ha evidenciado en el sub lite.

13.2.2.1. Sobre este punto, con base en la providencia del 10 de octubre de 1995 proferida por la Unidad Especializada en Fe Pública y Patrimonio Económico de la Fiscalía General de la Nación —párr. 10.8—, pudo establecerse que el documento falso contentivo de la escritura n.º 4274 del 22 de junio de 1984, fue plenamente elaborado en la Notaría Primera de Bogotá, y la única participación que tuvo la oficina de registro, fue la de efectuar la inscripción de dicho instrumento, pues tales eran las únicas funciones que le correspondían por ley(31).

13.2.2.2. Del mismo modo, en el evento de que se entendiera que los empleados de la Notaría Primera de Bogotá tuvieron participación en el hecho delictivo —lo cual es una situación que no ha sido acreditada—, ello tampoco sería una circunstancia idónea para hacer recaer la responsabilidad en la Superintendencia de Notariado y Registro, respecto de quien no se ha demostrado que hubiera incurrido en una falla en el ejercicio de sus funciones de supervisión, y mucho menos que dicha entidad haya sido la propiciadora de la falsedad de la escritura Nº 4274 del 22 de junio de 1984. Al respecto, el Consejo de Estado ha dicho que, a pesar del indiscutible nexo de vigilante a vigilado que existe entre las notarías y la mencionada superintendencia, ello no es suficiente para hacer recaer en esta los resultados dañinos de las actividades de aquellas. Al respecto, se dijo en la sentencia del 1º de agosto de 2002:

“Ha sido una constante el entendimiento de que el servicio de notariado y de registro es una función para dar fe pública y que pertenece al Estado, Nación Colombiana, que lo ha delegado en los notarios.

(...).

De la normatividad anterior, se observa que las funciones atribuidas a la Superintendencia de Notariado y Registro en relación con las ejercidas por los notarios se limitan a la inspección, control y vigilancia sobre dicho servicio. Desde luego estas no son las únicas funciones de dicha autoridad porque además tiene, entre otras, la de registro (arts. 11 D.L. 1.347 de 1970, 27 y ss. D.L. 1.659 de 1978 y 4º y 5º D.L. 2.695 de 1977). Respecto a las funciones de inspección y vigilancia de esta Superintendencia se colige, por su contenido, tiene por objeto velar porque la prestación del servicio notarial sea oportuna y eficaz que incluye el examen de la conducta y desempeño de los Notarios con sus deberes (art. 210 del D.L. 960 de 1970); dicho de otra manera ese control se circunscribe a controlar al vigilado.

(...).

Todas esas normas jurídicas Nacionales (constitucionales, legales y reglamentarias) predican de lo público del servicio y de la titularidad Estatal del mismo, no solo por las manifestaciones de poder público al hacerlo sino por las calificaciones hechas de calidad del mismo: de la fe notarial pública. Además, se aprecia que bajo la vigencia de la Constitución de 1991 tal servicio siguió perteneciendo al Estado (art. 131).

(...).

Esta Sección del Consejo de Estado en oportunidad anterior aludió, en sentencia dictada el día 22 de octubre 1997, a que indudablemente las fallas en el servicio notarial pueden originar la responsabilidad de la Nación Colombiana, pero que aquellas no pueden deducirse por el resultado de la función notarial (reiteró lo dicho por el a quo), ni pueden originar la responsabilidad de la Superintendencia de Notariado y Registro porque las funciones de esta autoridad relacionadas con las actuaciones de los notarios solo son de inspección y vigilancia. El mismo fallo señaló, con base en la ley, que la responsabilidad de dicha Superintendencia por los actos administrativos suyos, de inscripción, puede discutirse mediante el ejercicio de la acción de nulidad y de restablecimiento del derecho y no por la acción de reparación directa (...).

Partiendo del marco jurídico visto y de la jurisprudencia y la doctrina como auxiliares en la administración de justicia se verá en primer lugar y como lo dijo la Superintendencia de Notariado y Registro, que el derecho y las pruebas son indicadores de que la irregularidad en que incurrió el notario, no tomar la huella dactilar del índice derecho de los comparecientes, es una falencia que no le es imputable a la mencionada Superintendencia y, en segundo lugar, que esa irregularidad solo es predicable de otra persona jurídica como es la Nación, falencia que por si sola no es conclusiva de responsabilidad porque como lo ha indicado la Sala en varias oportunidades la prueba de la falla no es al mismo tiempo prueba del nexo adecuado de causalidad...”(32) (subrayas y negrillas del texto citado).

13.2.2.3. Del mismo modo, el Consejo de Estado ha precisado que la modificación de los folios de matrícula inmobiliaria que implique la disminución en el patrimonio de las personas que figuran en los mismos, no convierte a las oficinas de registro en garantes de los acreedores de tales sujetos, pues esto último corresponde a una relación privada entre particulares, en la que el Estado permanece al margen. Sobre este punto, en la providencia del 8 de abril de 1994, se dijo lo siguiente:

“Si bien es cierto que para registrar la hipoteca contenida en la escritura pública 303 de 1º de febrero de 1989 se utilizó un documento falso, el cual posteriormente desapareció y ello originó una investigación disciplinaria contra la funcionaria encargada de calificar los documentos entregados para el registro, situación preponderante en criterio del Tribunal para atribuir a la demandada una falla en el servicio, considera la Sala que no fue la actuación de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga la causante de los perjuicios alegados por el demandante como consecuencia de la cancelación del gravamen hipotecario constituido a su favor.

No fueron suficientes las irregularidades que se presentaron en el trámite de registro de la hipoteca para constituir ellas mismas por sí solas una falla del servicio y con base en esta atribuir a la demandada la responsabilidad correspondiente. Se considera que el trámite de registro se cumplió normalmente hasta cuando se estableció la falsedad del documento supuestamente proveniente de la apoderada de Davivienda para autorizar el registro de la hipoteca de segundo grado. Tal irregularidad sin embargo, no fue detectada por el propio acreedor quien al parecer en compañía de los deudores presentó la escritura para su registro, sin que por parte del actor se encuentre acreditada alguna actividad previa a la negociación para determinar y establecer la situación legal y jurídica del inmueble sobre el que se iba a constituir la garantía de su crédito. Ciertamente fue lamentable la inercia del acreedor para asegurar el crédito de $15.000.000 sobre un inmueble previamente hipotecado en primer grado, respecto del cual mucho antes de constituir su hipoteca había sido embargado por el acreedor hipotecario inicial. La lógica más elemental y la más mínima prudencia aconsejaban que para entregar tal cantidad de dinero se requería pleno conocimiento de que sobre el inmueble no pesaba ninguna limitación salvo el gravamen primeramente constituido. Fue pues una negociación de carácter estrictamente privado la que generó los perjuicios reclamados ahora por el demandante, con olvido de este de los descuidos e imprudencias en que incurrió al entregar precipitada y aventuradamente el capital que ahora pretende recuperar frente al Estado.

Ninguna participación tuvo la Oficina de Registro de Bucaramanga en la entrega del dinero por parte del actor a los deudores. Es más, según certificado notarial Nº 512 expedido por el Notario Séptimo de Bucaramanga “en el momento del otorgamiento y autorización de la escritura 303 (...) el señor Juan de Jesús Alvarez Lizarazo quien figura como acreedor hipotecario entregó al deudor Héctor Chacón Macías el monto de la obligación sobre la cual se constituyó la hipoteca o sea la suma de quince millones de pesos ($15.000.000) en la siguiente forma...”, es decir, que con anterioridad a su comparecencia a la Oficina de Registro para registrar la hipoteca, ya había entregado el capital a los deudores.

De otra parte observa la Sala que no fue una decisión arbitraria y unilateral de la Oficina de Registro la que dispuso la cancelación del registro de la hipoteca constituida en favor del demandante. Este Despacho se limitó a cumplir la decisión del Juzgado Quinto de Instrucción Criminal que le solicitó ‘disponer lo conducente, a efectos de cancelar el gravamen hipotecario, reputado como espúreo, constituido a través de escritura pública Nº 303 de febrero 1º de 1989, emanada de la Notaría Séptima de esta ciudad’, determinación que tomó el Juez Penal dentro de la investigación que por falsedad documental adelantaba contra Héctor Chacón Macías por denuncia de la doctora Martha Inés López Bautista, es decir, la apoderada de Davivienda en el ejecutivo hipotecario inicial dentro del cual se ordenó el embargo del inmueble objeto de la hipoteca a que se refiere este proceso. Se deduce entonces de lo anterior que la cancelación del gravamen en el registro del inmueble objeto de la hipoteca no resultó de la irregular actuación registral, sino que provino del carácter doloso del documento que sirvió de apoyo para proceder al registro pero que fue aportado con conocimiento del actor. Mal puede entonces pretender el demandante, que sea el Estado quien responda por su negligencia, imprudencia y ligereza en el manejo de sus negocios particulares, dejando de lado además la reclamación que sí ha debido formular civil y penalmente contra los deudores que fueron los directos causantes del daño y quienes burlaron la confianza que en mal momento el demandante en ellos depositó.

No encuentra la Sala debidamente establecido el nexo de causalidad entre la actuación cumplida por la Oficina de Registro de Bucaramanga y los perjuicios sufridos por el demandante. Así lo entiende al analizar que la cancelación del gravamen no fue por un acto espontáneo de la Oficina mencionada, sino en cumplimiento de una orden proveniente de un Juez Penal; que la entrega de los dineros no se hizo como consecuencia de la actuación cumplida en el registro, sino que aquella se había verificado con anterioridad según lo certifica el propio Notario, es decir, cuando ni siquiera se había radicado la escritura en el libro diario radicador de documentos.

Toma en cuenta además la Sala que el demandante contaba con otras acciones y posibilidades para reclamar de los deudores el pago de su obligación Se recuerda que conforme al Artículo 2488 del C.C., el acreedor podía perseguir el cumplimiento de su obligación sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, con la salvedad de aquellos que son inembargables según el artículo 1677 del mismo ordenamiento. Aparte de lo anterior, faltó actividad al actor para procurarse el pago de la obligación dentro del mismo ejecutivo hipotecario en el cual quedó remanente en favor del ejecutado, a más de que según consta en el proceso había la posibilidad de perseguir otros bienes muebles de propiedad de los deudores.

De lo anteriormente expuesto concluye la Sala que en el sub - júdice antes que una falla en el servicio se presentó fue un incumplimiento de un negocio privado entre dos particulares, en cuyo caso los deudores no satisfacieron la obligación de pago que habían adquirido con el acreedor, hoy demandante en este proceso.

La exagerada confianza del actor al entregar el dinero en mutuo sin asegurarse sobre el estado real del predio que recibía en garantía constituyó el origen de la pérdida de capital e intereses alegada por el demandante, y se complementó con la decisión del Juzgado Quinto de Instrucción Criminal de cancelar el gravamen hipotecario. En uno y otro caso es claro que no fue la actuación de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga la causa del incumplimiento de la obligación por parte de quienes se habían comprometido con el actor a satisfacerla.

Precisa la Sala que en casos como el presente no debe prosperar la declaratoria de responsabilidad a cargo de la administración porque, en últimas, tal situación con - llevaría a constituir al Estado en garante o codeudor de obligaciones particulares. Por lo anterior se revocará la sentencia apelada y se denegarán las súplicas de la demanda”(33).

13.2.2.4. Finalmente debe resaltarse lo que, frente a un caso muy parecido al de autos, dijo esta Subsección “B”, al considerar que la falsedad en documentos públicos no era imputable a la administración registral, cuando los afectados con la irregularidad del instrumento no cumplían, a su vez, con la diligencia de revisar adecuadamente los títulos relacionados con la propiedad de un inmueble en el que tenían interés económico. En estos casos, afirmó esta misma Sala, la responsabilidad se encuentra eximida por el hecho de terceras personas —quienes falsificaron una escritura—, y por el comportamiento negligente de las víctimas. Ello se plasmó en la sentencia del 28 de febrero de 2013 —C.P. Stella Conto Diaz del Castillo—, con los razonamientos que pasan a citarse:

“A juicio de la Sala, los demandantes Ramírez Zuluaga y Sánchez Gómez no actuaron con buena fe exenta de toda culpa, pues siendo profesionales del Derecho y por ende conocedores de la normatividad que en nuestra legislación rige la adquisición de bienes inmuebles, no podían sustraerse de verificar el origen del derecho que se les ofrecía transferir.

Esto es así porque la señora Sánchez Gómez, según deficiente material probatorio, supuestamente se limitó a verificar la información en la carpeta del inmueble en la Oficina de Registro —hecho que solo fue soportado en declaraciones de oídas— y ningún medio de conocimiento —diferente a las versiones de los propios adquirientes— informa que los compradores hubieran corroborado la existencia del instrumento en el protocolo notarial, gestión, como quedó explicado, mínimamente exigible a los actores en su condición de abogados y conocedores de las negociaciones de bienes raíces.

Lo anterior quiere decir que la falla del servicio registral que en este caso se le imputa a la demandada, si bien hizo incurrir a los demandantes en error común, como bien lo señalan los precedentes transcritos, adicionalmente los adquirentes debían demostrar que ese yerro estuvo exento de toda culpa, o sea, que verificaron la legalidad del inmueble que pretendían adquirir, lo que no sucedió en el sub lite, pues los actores dejaron de cotejar, con una simple constatación en el protocolo, la legitimidad del instrumento público que sustentaba el dominio anterior que buscaban adquirir, diligencia mínima razonable que de haberse cumplido habría roto el error común configurado.

Quiere decir que la sola configuración del error común no es suficiente para que en este caso se estructure la responsabilidad del Estado, pues, igualmente, se requería que los compradores, habiendo incurrido en el yerro, estuvieran exentos de toda culpa mediante la verificación de la legalidad de los bienes que compraban; empero, los demandantes solo intentaron fútilmente acreditar, con deficiente material probatorio, que verificaron la legalidad del registro, lo que se repite, demostraría que se confundieron por la errata, no que su conducta estuvo exenta de toda culpa, toda vez que lo diligente tenía que ver con verificaciones diferentes al registro, en este caso, la constatación de la escritura pública anterior con base en la cual los vendedores le ofrecieron a los actores los inmuebles de que se trata.

Es que así como los demandantes obtuvieron de la Oficina de Registro el Certificado de Libertad y Tradición de los inmuebles que pretendían adquirir y establecieron con ello la anotación de la escritura pública que, a decir de quien servía de intermediario, servía de soporte del derecho inscrito del oferente vendedor, lo mínimo, razonable y diligente era acudir a la Notaría ubicada en la misma ciudad, en la que, se decía, el instrumento había sido otorgado, para así verificar la legitimidad del instrumento, accediendo directamente al protocolo notarial. Esta diligencia no resultaba excesiva si se considera que los demandantes ostentan títulos de abogado aunado a que la señora Sánchez Gómez estuvo vinculada a la Oficina de Registro y el Señor Ramírez Zuluaga ejerció notablemente como litigante.

Es que las declaraciones de los funcionarios de las notarías resaltan únicamente el afán mostrado por la señora María Nubia para que el negocio se cerrara lo más pronto posible, por considerarlo una oportunidad, dado el bajo costo del apartamento, los parqueaderos y el depósito.

Por tanto, para la Sala resulta claro, conforme el precedente reiterado de esta Sección, que los daños sucedidos por la falsificación de documentos en principio resulta ser un hecho imputable a quienes efectuaron la adulteración de los instrumentos, y si bien en algunos casos las falsedades pueden resultar imperceptibles para la administración, la no verificación de los elementos formales de seguridad constituye falla del servicio.

Ahora bien, esta falla del servicio no es suficiente para la declaratoria de responsabilidad estatal, pues, en todo caso, ese error común que se infundió sobre el colectivo, para crear una expectativa legítima en terceros, debe estar exento de toda culpa, o lo que es lo mismo, “el actor debe acreditar la diligencia, previsión y cuidado que ha de observarse con anterioridad a la celebración de negocios jurídicos”(34), “mediante una prudente constatación del estado jurídico”(35), lo que no sucedió en el sub lite.

En este sentido, la sola verificación de la escritura anterior en la notaría de origen por parte de los adquirentes, era una diligencia mínima exigible a los actores, sobre todo por sus condiciones profesionales, y que de cumplirse, que no lo demostraron a través de pruebas suficientes —las aportadas son indirectas y provienen de los mismos interesados—, habrían develado la falsedad y el error común infundado por la misma administración.

Por manera que si bien en el presente caso es necesario denotar la falla en el servicio por parte de la Oficina de Registro, pues, se itera, debía percibir que se trataba de un instrumento falso por los vicios formales fácilmente reconocibles, en el presente caso el daño solo puede ser imputable a los terceros falsificadores y a las propias víctimas, pues si los adquirentes hubieran realizado las verificaciones mínimamente razonables al instrumento anterior a la negociación que adelantaban, habrían advertido la falsedad del mismo y con ello superarían el error común propiciado con el registro.

Entonces, la causa adecuada del daño no fue necesariamente el registro del instrumento falso, acción constitutiva de falla en la prestación del servicio, sino la acción de los terceros falsificadores y la omisión de las propias víctimas quienes dejaron de realizar las corroboraciones mínimas, diligencias con las cuales no habrían caído en el error común infundido por la Oficina de Registro y que por lo mismo no es exento de culpa para los adquirentes”(36) (negrillas y subrayas del texto citado).

13.2.2.5. Para la Sala es claro, entonces, que no existe un nexo causal entre las actuaciones desplegadas por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá —zona centro— y el daño alegado por los demandantes, en la medida en que este tuvo su origen en la actuación de terceras personas cuya identidad y calidad no pudo ser establecida, en el desarrollo de comportamientos delincuenciales ajenos a la administración que, por tal razón, no tienen virtud para comprometer la responsabilidad de la entidad demandada en el presente caso.

VI. Conclusión

14. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, dado que no están demostrados el carácter especial del daño padecido por los demandantes ni la relación de causalidad de este con la actividad legítima desplegada por la Superintendencia de Notariado y Registro, entonces no están dados los elementos que son necesarios para poder predicar responsabilidad a cargo de la accionada, todo lo cual implica que la sentencia de primera instancia, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, deba ser confirmada.

VII. Costas

15. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de alguna de las partes o de los demás intervinientes procesales, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se profiera una condena de ese tipo.

16. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “B”—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada, esto es, la proferida el 28 de octubre de 2004 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sala de Descongestión—.

2. En firme este proveído, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase».

3 En el literal “a” de la pretensión tercera de la demanda, se pide una suma de trescientos millones de pesos por concepto de indemnización de perjuicios materiales por lucro cesante, lo que, dividido entre los tres demandantes, arroja como resultado un monto dinerario de cien millones de pesos para cada uno. Como el recurso de apelación fue interpuesto el 25 de noviembre de 2004, antes de que entrara en vigencia la Ley 954 del mismo año, entonces se aplica en este punto el numeral 10º del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en el año 2001 fuera de doble instancia, debía ser superior a $26.390.000, circunstancia que implica que el sub lite puede ser conocido en segunda instancia por el Consejo de Estado.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —en pleno—, sentencia del 28 de agosto de 2013, C.P. Enrique Gil Botero, Radicación 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), actor: Rubén Darío Silva Alzate y otros, demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros.

5 Véanse, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 21 de junio de 2007, exp. 25 627, C.P. Alier Eduardo Hernández; 19 de agosto de 2009, exp. 16 363, C.P. Myriam Guerrero de Escobar; 10 de junio de 2009, exp. 18 108, C.P. Ruth Stella Correa; 2 de febrero de 2009, exp. 23 067, C.P. Enrique Gil Botero; 10 de marzo de 2011, exp. 20.099, C.P. Ruth Stella Correa.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de agosto de 2011, exp. 20325, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

7 Sentencias de 25 de julio de 2011, exp. 19 434, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; 19 de octubre de 2011, exp. 20 861, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y 15 de febrero de 2012, exp. 20 880, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

8 Expediente 11001-03-15-000-2011-01378-00, C.P. Susana Buitrago de Valencia.

9 Cabe señalar que este planteamiento acerca del valor indiciario de los recortes de prensa fue objeto de una aclaración de voto expresada en los siguientes términos por los magistrados Stella Conto Diaz del Castillo y Danilo Rojas Betancourth: “... Centralmente debe advertirse que, en determinados eventos, atendiendo, verbi gratia, la naturaleza de la noticia, el espectro de difusión y la calidad de los medios que la comunicaron, puede el juez considerar que se trata de un hecho notorio que no requiere prueba adicional, pues las notas periodísticas otorgan esa naturaleza. // Es que, por ejemplo, casos como desastres naturales de repercusión nacional que son registrados en detalle por todos los medios de comunicación no podrían recibir el mismo trato, ni tampoco debería aplicarse la jurisprudencia vigente para hechos que impactan al colectivo en general y por lo mismo son registrados por la opinión pública hasta convertirse en temas de discusión en cualquier foro social. // Por tanto, el llamado de la presente aclaración tiene por objeto morigerar el precedente vigente para que en cada caso el juez, orientado por su sana crítica, pueda darle a las notas e informaciones periodísticas un alcance superior al de la simple veracidad de su sola difusión y pueda, dependiendo del sub judice, tener el hecho como notorio y, por lo mismo, relevarlo de cualquier exigencia de prueba adicional, estimando entonces cierto el contenido que a nivel nacional registren los medios de comunicación, atendiendo también a su grado de credibilidad social. // Además, no puede desconocerse que la publicación de determinada información, puede tenerse como un indicio grave que, apoyado con otras pruebas, permita alcanzar un grado de convencimiento sobre la certeza del hecho noticioso, esto a partir de su confiabilidad...”.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 20 de mayo de 2003, exp. PI-059, C.P. Tarsicio Cáceres Toro.

11 Esta fue la postura asumida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las siguientes sentencias: 4 de julio de 2007, caso Escué Zapata Vs. Colombia, párr. 28, y 11 de mayo de 2007, caso Bueno Alves vs. Argentina, párr. 46. Sin embargo, cabe señalar que en los fallos anteriores, la Corte había impuesto menos condicionamientos para la valoración de estos documentos. Así, en varias sentencias proferidas en 2006 (entre otras, la de 29 de noviembre de 2006, caso La Cantuta vs. Perú, párr. 65; de 4 de julio de 2006, caso Ximenes Lopes vs. Brasil, párr. 55; de 1º de julio de 2006, caso de masacres de Ituango vs. Colombia, párr. 122) indicó que los documentos de prensa aportados por las partes podrían ser apreciados “... cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso...”. Previamente, en la sentencia de 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, había señalado que los recortes de prensa tienen valor probatorio “... en cuanto reproducen textualmente declaraciones públicas, especialmente de altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, del Gobierno o de la propia Corte Suprema de Justicia de Honduras, como algunas emanadas del presidente de esta última; [mientras que] otros tienen importancia en su conjunto en la medida en que corroboran los testimonios recibidos en el proceso respecto de las desapariciones y la atribución de esos hechos a las autoridades militares o policiales de este país...” (párr. 146).

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, Radicación 66001-23-31-000-1997-03613-01(16421), actor: Carlos Sammy López Mustafa, demandado: Municipio de La Virginia y otro.

13 [2] “En reciente pronunciamiento realizado por la Sección Primera de esta Corporación, se precisó que en tratándose del cuestionamiento de la legalidad de actos de registro, la acción contencioso administrativa procedente era únicamente la acción de nulidad simple, independientemente de los efectos particulares que pudieran derivarse de su anulación. Al respecto, en sentencia del 3 de noviembre del 2011, Exp. 200500641, se discurrió de la siguiente manera...”.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “A”—, sentencia del 7 de marzo de 2012, C.P. Hernán Andrade Rincón, Radicación 25000-23-26-000-1996-03282-01 (20 042), actor: Sociedad Banco Ganadero S.A., demandado: Nación-Superintendencia de Notariado y Registro. El criterio de la procedencia de la acción de reparación directa cuando se busca la indemnización de daños surgidos de actos registrales cuya decisión no se cuestiona, había sido sostenido por la Sección Tercera en pronunciamientos anteriores. Al respecto, en la sentencia del 8 de marzo de 2007, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación n.º 52001-23-31-000-1997-08579-01(16055), actor: Édgar Rigoberto Gordillo Enríquez, se dijo por la Sala: “La Sala revocará la decisión inhibitoria del a quo, en tanto que no se presenta en estos eventos indebida escogencia de la acción, puesto que en el sub lite no era idónea —como aseguró el fallador de instancia— la del contencioso subjetivo sino la de reparación directa, como que las pretensiones de la demanda se ajustan al artículo 86 que regula esta última acción, en tanto no se cuestiona la legalidad del registro sino el hecho de que exista doble foliatura, lo cual es pasible de discutir en sede de reparación directa”. // “La Sala considera que no le asiste razón al Tribunal toda vez que de la lectura de la demanda claramente se deduce que la fuente del daño por cuya reparación se acudió a la jurisdicción, es el hecho de darse dos foliaturas sobre un predio. En consecuencia, el demandante no deriva el perjuicio de un acto administrativo sino de un hecho: la apertura de dos folios, la acción procedente es —entonces— la de reparación directa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del C.C.A. (...) Por manera que la existencia de una deficiente anotación en cuanto atañe a la descripción del predio, como su cabida y linderos, así como la concurrencia con otro folio simultáneo sobre el mismo predio (doble foliatura), como en general cualquier anomalía que se presente en este punto y que lleve a generar confusiones en terceros de buena fe, configura evidentemente una actuación irregular, que puede ser constitutiva de una falla del servicio”.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de julio de 1992, C.P. Julio César Uribe Acosta, Radicación 6828, actor: Carlos Arturo Pinzón Vargas, demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional. Dicho criterio fue reiterado más recientemente por la Sección Tercera en la sentencia del 11 de noviembre de 2009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Radicación 76001-23-31-000-1996-02035-01 (17119), actor: Jaime Martínez Orozco, demandado: Nación-Ministerio de Justicia-Dirección Nacional de Estupefacientes.

16 [19] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de agosto de 2010, exp. 18593, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

17 [20] Juan Carlos Henao, El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, pág. 161.

18 [21] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de agosto de 2010, exp. 18.593, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido, véase la sentencia de 25 de agosto de 2011, exp. 19.718, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

19 [22] [7] TRIGO REPRESAS, Félix Alberto, Pérdida de chance. Presupuestos. Determinación. Cuantificación, Astrea, Buenos Aires, 2008, págs. 38-39.

20 [23] [8] A este respecto se ha sostenido que “... la chance u oportunidad, es una posibilidad concreta que existe para obtener un beneficio. El incierto es el beneficio pero la posibilidad de intervenir es concreta, pues existe de forma indiscutible. Por eso sostenemos que existe daño jurídicamente indemnizable cuando se impide esa oportunidad o esa chance: se presenta el daño (...) Las dificultades pueden presentarse en la evaluación, porque lógicamente ésa no puede ser la del beneficio que posiblemente se habría obtenido sino otra muy distinta” (énfasis añadido). Cfr. MARTÍNEZ RAVÉ, Gilberto y MARTÍNEZ TAMAYO, Catalina, Responsabilidad civil extracontractual, Temis, Bogotá, 2003, pág. 260.
En similar sentido, Trigo Represas señala que “[E]n efecto, si la chance aparece no solo como posible, sino como de muy probable y de efectiva ocurrencia, de no darse el hecho dañoso, entonces sí constituye un supuesto de daño resarcible, debiendo ser cuantificada en cuanto a la posibilidad de su realización y no al monto total reclamado.
La pérdida de chance es, pues, un daño cierto en grado de probabilidad; tal probabilidad es cierta y es lo que, por lo tanto, se indemniza (...) cuando implica una probabilidad suficiente de beneficio económico que resulta frustrada por el responsable, pudiendo valorársela en sí misma con prescindencia del resultado final incierto, en su intrínseco valor económico de probabilidad” (destacado fuera del texto original). Cfr. TRIGO REPRESAS, Félix Alberto, Pérdida de chance, cit., pág. 263.

21 [24] [9] HENAO, Juan Carlos, El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, pp. 159-160.

22 [25] [10] Al respecto la doctrina afirma que “... ‘en el lucro cesante está ‘la convicción digamos más o menos absoluta de que determinada ganancia se produzca’, mientras que en la pérdida de chance hay ‘un álea que disminuye las posibilidades de obtenerla’, diríase que en el lucro cesante el reclamo se basa en una mayor intensidad en las probabilidades de haber obtenido esa ganancia que se da por descontado que de no haberse producido el hecho frustrante se habría alcanzado. Desde el prisma de lo cualitativo cabe señalar que el lucro cesante invariablemente habrá de consistir en una ganancia dejada de percibir, en tanto que la pérdida de chance puede estar configurada por una ganancia frustrada y además por la frustración de una posibilidad de evitar un perjuicio’”. Cfr. VERGARA, Leandro, Pérdida de chance. Noción conceptual. Algunas precisiones, LL, 1995-D-78, Nº 3, apud TRIGO REPRESAS, Félix Alberto, Pérdida de chance, cit., pág. 262.

23 [26] [11] ZANNONI, Eduardo, El daño en la responsabilidad civil, Astrea, Buenos Aires, 1987, pág. 110-111.

24 [27] Sobre el particular, véase Juan Carlos Henao, op. cit., pág. 163 y ss.

25 [28] Dice la sentencia: “Ahora bien, afirma el demandante en el interrogatorio propuesto a los testigos Rafael y Miguel Ricardo, afirmación que conforme a la jurisprudencia de la Corte tiene el valor de una confesión, que tenía negociada toda su finca antes de la expropiación por la suma de mil quinientos pesos, y que por virtud de la expropiación los compradores se retiraron del negocio, porque por virtud del fraccionamiento ocasionado por la carretera, la finca no alcanzaba a valer ochocientos pesos. Si, pues, no hubiera ocurrido el hecho de la expropiación, conforme al concepto de Giorgi, el expropiado habría obtenido una ganancia lícita de ochocientos pesos en su negocio: compró la finca por setecientos pesos y luego la tuvo negociada por mil quinientos. Esta diferencia es justamente lo que se debe reconocer en la presente sentencia...”.

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección “B”, sentencia del 26 de abril de 2012, C.P. Danilo Rojas Betancourth, Radicación 50001-23-31-000-1993-04174-01 (19.953), actor: Jesús María Tiuso Velásquez, demandado: Empresas Públicas de Villavicencio.

27 En todo caso, la escogencia de un determinado régimen de responsabilidad, no es una regla inflexible para el juzgamiento de los casos conocidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues es libertad del juez utilizar los fundamentos que considere necesarios y pertinentes para la sustentación de su decisión. Así lo dijo la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia del 19 de abril de 2012, C.P. Hernán Andrade Rincón, Radicación 19001-23-31-000-1999-00815-01(21515), actor: María Hermenza Tunubalá Aranda, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional. Se dijo en dicha providencia: “... En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación”. // “En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado...”.

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “A”—, sentencia del 12 de junio de 2013, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Radicación 50001-23-31-000-1999-00286-01 (25949), actor: Numael Barbosa Hernández y otra, demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y otros.

29 [1] Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 18 de abril de 2002, M.P. Ricardo Hoyos Duque, Exp. 13932, Actor: Efraín Enrique Otero Ardila.

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 7 de diciembre de 2005, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, Radicación 66001-23-31-000-1997-03566-01 (14518), actor: Fabiola Cano López, demandado: Superintendencia de Notariado y Registro.

31 En los artículos 22 a 38 del Decreto 1250 de 1970, “por el cual se expide el estatuto del registro de instrumentos públicos”, se establecen todos los pasos de verificación y anotaciones que deben seguirse para hacer constar las escrituras y decisiones judiciales en los folios de matrícula inmobiliaria, y en ninguno de ellos se dispone que deba hacerse un estudio de autenticidad de los documentos radicados para tal efecto, lo cual es explicable si se tiene en cuenta que esa labor de revisión debería haberse adelantado con minuciosidad por quienes están encargados de la labor de dar fe respecto de tales elementos, que son los notarios.

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 1º de agosto de 2002, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Radicación 08001-23-31-000-1998-05004-01 (13248), actor: Inversiones Palman Ltda., demandado: Superintendencia de Notariado y Registro.

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de abril de 1994, C.P. Daniel Suárez Hernández, Radicación 8632, actor: Juan Jesús Álvarez Lizarazo, demandado: Superintendencia de Notariado y Registro.

34 [20] CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo —Sección Tercera—. Sentencia del 8 de marzo de 2007, exp. 16.055, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

35 [21] CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo —Sección Tercera—. Sentencia del 3 de agosto de 2006, exp. 15.704, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “B”—, sentencia del 28 de febrero de 2013, C.P. Stella Conto Diaz del Castillo, Radicación 05001-23-26-000-1995-01551-01 (22539), actor: Bernardo Ramírez Zuluaga y otros, demandado: Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho-Fiscalía General de la Nación y otra.