Sentencia 2001-02797 de mayo 31 de 2013

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad. 250002326000200102797 01

Exp.: 27110

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Germán Alfonso Rojas Sánchez y otros

Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá, 31 de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

7. El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en un proceso con vocación de segunda instancia en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios morales, supera la exigida por la norma para el efecto(3).

II. Hechos probados

8. De acuerdo con las pruebas incorporadas al expediente, están debidamente acreditados en el proceso los siguientes hechos:

8.1. El 31 de marzo de 2000 los nombres de los litigantes Germán Rojas Sánchez y Wilson Munévar Mayorga aparecieron mencionados en la nota de prensa titulada “Tumban a heridos de guerra”, publicada en la página 9A del periódico “El Tiempo”, la cual da cuenta de la existencia de una “red de abogados corruptos” que se estaría “apropiando” de las prestaciones sociales de los soldados y policías heridos en combate (ejemplar original del periódico “El Tiempo” —folio 22, cuaderno 2—):

Tumban a heridos de guerra

Javier Rocha Landeros, un soldado de 22 años, recibirá hoy 13 millones de pesos que le corresponden como indemnización por haber perdido los dedos de la mano izquierda en una emboscada de la guerrilla, ocurrida en mayo de 1999. Sin embargo, la mitad de ese dinero irá a parar a manos de su abogado. “A mí me darán unas chichiguas”, advierte (ver cuadro: Lo que recibirán los abogados).

Lo paradójico, dice, es que será el presidente Andrés Pastrana el que le entregará el dinero. En un acto en Palacio, Pastrana dará 50.000 millones de pesos para el pago de las pensiones atrasadas de 5.972 soldados y policías heridos en guerra. Rocha es uno de los beneficiados con la partida.

Sin embargo, más de la mitad de sus compañeros no recibirán nada. La plata irá a parar, según el Ministerio de Defensa, a manos de 30 abogados que hicieron negocio a costa de su dolor. Hoy cobrarán más de cinco mil millones de pesos que les pertenecían a los soldados y policías.

Los litigantes recogieron en el último año los poderes de 3.000 militares, incapacitados físicamente, que los autorizaron a cobrar por ellos su pensión a cambio de ínfimas sumas de dinero, pese a que no necesitaban intermediarios para cobrarla.

La propuesta

José Leiton Correa, de 24 años, es otro de los damnificados. Fue herido en un entrenamiento militar en 1997 que lo dejó con problemas en la columna, complicaciones en su oído derecho y su mandíbula.

No tenía con qué sobrevivir en Bogotá, y mucho menos cómo enviarles dinero a su madre y su hermana, que viven en Tuluá y dependen de él. Por eso, aceptó la propuesta del abogado Jesús María Díaz, que se ofreció a prestarle 1.700.000 pesos a un cinco por ciento de interés en agosto de 1998. A cambio, Correa tenía que entregarle un poder con el que lo autorizaba a cobrar su futura indemnización.

Con el dinero del prestamo, el joven soldado ha sobrevivido durante el último año, pero hoy el cheque por siete millones de pesos saldrá a nombre de Díaz, quien de ahí se cobrará la deuda, los intereses y un veinte por ciento de honorarios.

Haciendo cuentas, Correa asegura que le corresponderán menos de dos millones de pesos. Ya presentó una denuncia penal contra el abogado, pero no alcanzó a revocarle el poder. Algo similar le ocurrió al soldado Rocha Landeros que deberá entregarle la mitad de su indemnización de 13 millones a Díaz, quien le prestó 2.350.000 pesos en junio de 1999.

Red de corrupción

El Ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, denunció que lo que existe detrás de estos casos es una red de abogados corruptos que viven de los soldados. Según Ramírez, se detectó que algunos de ellos cobrarán hoy centenares de cheques a su favor, por sumas que superan los mil millones de pesos (ver gráfico).

No obstante, de acuerdo con el abogado Esteban Bonilla Vente, todos los trámites hechos por él ante el Ministerio de Defensa son legales. Lo que sucede, según Bonilla, es que los soldados después de 6 o 7 meses de entregar el poder a los abogados se desesperan y empiezan a poner demandas y a revocar los poderes.

Hoy a la cita con el presidente también acudirá el soldado Jorge Longa Valencia, cuya indemnización de 12 millones de pesos será cobrada por el abogado Esteban Bonilla Vente, quien a cambio le prestó unos dos millones de pesos. ¿Y a qué va ir?, se le pregunta al soldado. “A llorar, concluye.

Lo que recibirán los abogados
Nombre abogado Nº de personas Valor recaudado $
Almanza Ocampo Jorge Fernando951.067.149.804,38
Arévalo Luis Herneyder202920.854.850,08
Beltrán Díaz Pedro Eliceo56266.071.896,25
Bonilla Vente Esteban1280.563.145,35
Cañón Ortegón Amparo Dayanira11.336.089,60
Díaz Velázquez Jesús María11483.356.967,93
Rojas Sánchez Germán Alfonso135.846.553,60
Gómez Robayo Luis Fernando14.048.726,80
Gutiérrez Anzola Patricia15.055.238,20
Jiménez Pardo Guido Efraín13.848.908,80
Lineros Zúñiga Pedro Humberto645.011.189,85
López Ruíz Luis Alfonso212.454.235,70
Molina Pallares Zoraya Judith14.538.265,60
Munévar Mayorga Wilson Eduardo114.456.595,15
Muñoz Marulanda Jairo14.385.075,20
Nieto Lamprea José Amilcar66424.756.285,45
Ochoa Peñaloza Jorge Iván12.144.665,60
Parra Carlos Leonardo112.080.168,55
Rodríguez Fontecha Enrique213.097.779,20
Rojas Sánchez Germán Alfonso116.448.819,20
Rueda Plata Nestor36287.446.987,60
Sánchez Álvarez Paola Andrea968.568.255,85
Toro López Olga516.659.456,00
Valencia Morales Germán12.259.558,40
Vallejo de Cano Piedad del Socorro15.427.249,50
Vergara Tovar Luis Humberto13.493.588,75
Villareal Revelo Filipo A.20100.732.646,00
Téllez Fajardo Williams217.961.574,40
Total6414.230.054.621,99

Fuente: Ministerio de Defensa.

8.2. El 7 de abril de 2000, los señores Germán Alfonso Rojas Sánchez y Wilson Munévar Mayorga presentaron un memorial dirigido al entonces ministro de defensa, Luis Fernando Ramírez, solicitando la rectificación de la información suministrada al diario “El Tiempo”. Los abogados aclararon que sus clientes recibieron la suma correspondiente a sus prestaciones sociales, y que fue la misma entidad la que emitió las resoluciones que demuestran que dichos pagos se generaron sin detrimento patrimonial de los soldados (copia auténtica del memorial —fl. 7-10, cdno. 2—).

8.3. El 14 de abril de 2000, el Ministerio de Defensa presentó un oficio en respuesta a la acción de tutela incoada por Paola Andrea Sánchez, una de las abogadas mencionadas en la nota de prensa, en el cual adujo que los datos suministrados al diario “El Tiempo” tuvieron como fundamento la información rendida por la jefatura de desarrollo humano de la dirección de prestaciones sociales del ejército y las denuncias presentadas por los titulares de las prestaciones (copia auténtica del oficio emitido por el Ministerio de Defensa —fl. 27-29, cdno. 2—):

Las razones y argumentos tenidos en cuenta para llegar a las conclusiones señaladas en el aparte que aparece en el diario ‘El Tiempo‘ el 31 de marzo del corriente año, en el que se señala una red de corrupción, se encuentran soportadas en la información suministrada por la jefatura de desarrollo humano, dirección de prestaciones sociales, del comando ejército, así como en las denuncias formuladas por los titulares de las prestaciones, documentos que a continuación relaciono y anexo a la presente declaración.

• Oficio 336782 JDEH-DIPSO-NOM-177, de 6 de marzo de 2000, que trata del informe de la situación prestacional del ejército.

• Oficio 032-CE-DISAN-AJ-702, de 8 de febrero de 2000, que trata de la solicitud de intervención de abogados ante el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, suscrito por el director de sanidad del ejército.

• Denuncia ante la Fiscalía General de la Nación presentada por el afectado Jorge Longa Valencia.

• Denuncia ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura presentada por los afectados José Elpidio Romero Alzate y María Obeyda Quintero.

• Revocatoria de poder del usuario Fabio de Jesús Posada Chaverra, al abogado Luis Herneyder Arévalo.

• Revocatoria de poder de Javier Antonio Rocha, al abogado Jesús María Díaz.

• Revocatoria de poder y queja de Ariel Roberto Leguizamón Sanabria contra el abogado Enrique Rodríguez Fontecha.

• Revocatoria de poder y queja de Henry Javier Castillo contra el abogado José Amílcar Nieto Lamprea.

• Revocatoria de poder y queja de Geovannis Quesada Moreno contra el abogado Filippo A. Villarreal.

• Revocatoria de poder y queja de Pluvio Alberto Polo Cuevas contra el abogado Jesús María Díaz Velásquez.

• Revocatoria de poder y queja de Edgar Alfonso Díaz Ariza contra el abogado Enrique Fontecha.

Finalmente manifiesto que ni el suscrito ni la información de prensa hacen sindicaciones personales, simplemente se suministró a la periodista un cuadro que hace una relación de los abogados a los cuales “les dieron poderes para cobrar las indemnizaciones” correspondientes al rezago de 1999.

8.4. El 31 de mayo de 2000, el diario “El Tiempo” rectificó el artículo divulgado el 31 de marzo de 2000, en una nota titulada “Tumban a heridos de guerra. Rectificación”, publicada en la página 1-4 (ejemplar original del periódico “El Tiempo” —fl. 23, cdno. 2—):

Tumban a heridos de guerra. Rectificación

Un juez penal falló una tutela en favor del abogado Jairo Muñoz Marulanda, y ordenó rectificar a este diario, en la página en que habla sido publicada la noticia original. Esta rectificación “El Tiempo” ya la había publicado en su página 2A.

La noticia en cuestión relacionaba un informe del ministro de defensa, Luis Fernando Ramírez, sobre abogados defensores de soldados heridos en combate.

Aun cuando este periódico, al rectificar, acogió la sentencia de la Corte Constitucional que aceptó la página 2 como instancia de rectificaciones y aclaraciones del periódico, la juez consideró que ello no cumplía con los requisitos de equidad. A continuación el texto de la rectificación:

El día 31 de marzo este diario publicó un artículo, en donde se informaba acerca de las pensiones que el Estado, Ministerio de Defensa Nacional había reconocido a algunos soldados. En la citada información se mencionó que existía una red de abogados corruptos quienes adelantaban el cobro de las pensiones a nombre de los soldados, apropiándose muchas veces de los dineros de sus clientes.

Adjunto a dicha información se público una gráfica suministrada por el Ministerio de Defensa, en la que se relacionaban en un recuadro los nombres de algunos abogados, el número de personas o clientes que habían representado y el valor recaudado ante dicha entidad. El objeto de la publicación era dar a conocer la totalidad de la información suministrada por el mencionado ministerio, sin que se hiciera comentario alguno que permita inferir que alguno de los abogados allí mencionados, es corrupto o que se ha apropiado de dineros de sus clientes. En lo que se refiere al abogado Jairo Muñoz Marulanda, es preciso hacer énfasis en que recaudó como apoderado del soldado Wilson José Correa Estrella, la suma de $ 5.398.500,20, de los cuales descontó la suma de $ 809.775 por concepto de honorarios, entregando efectivamente a su poderdante $ 4.588.725,20 y no como apareció en el recuadro de la información original.

Lista de abogados

Jorge Fernando Almanza Ocampo, Luis Herneyder Arévalo, Pedro Eliceo Beltrán Díaz, Esteban Bonilla Vente, Amparo Deyanira Cañón Ortegón, Jesús María Díez Velásquez, Germán Alfonso Rojas Sánchez, Luis Fernando Gómez Robayo, Patricia Gutiérrez Anzola, Guido Efraín Jiménez Pardo, Pedro Humberto Lineros Zúñiga, Luis Alfonso López Ruiz, Zoraya Judith Molina Pallares, Wilson Eduardo Munévar Mayorga, Jairo Muñoz Marulanda, José Almílcar Nieto Lamprea, Jorge Iván Ochoa Peñalosa, Carlos Leonardo Parra, Enrique Rodríguez Fontecha, Germán Alfonso Rojas Sánchez, Nestor Rueda Plata, Paola Andrea Sánchez Álvarez, Olga Toro López, Germán Valencia Morales, Piedad del Socorro Vallejo de Cano, Luis Humberto Vergara Tovar, Filipo A. Villareal Revelo, Wiiliams Téllez Fajardo.

8.5. Germán Alfonso Rojas Sánchez nació el 18 de noviembre de 1970 y sus padres son el señor Enrique Rojas Angarita y la señora Olga María Sánchez (copia auténtica del registro civil de nacimiento —fl. 2, cdno. 2—). Convive de forma permanente con Martha Leticia Villalba González (declaraciones de Carlos Alberto Ríos Moreno —fl. 63-66, cdno. 2—, Jaime Arturo Baquero —fl. 68-71, cdno. 2—, Alejandro Yepes Chavarro —fls. 54-57, cdno. 2—, Stick Buitrago Navarro —f. 58-61, cdno. 2— y Alexander Zarabanda Nitola —fl. 74-76, cdno. 2—), unión de la cual es hijo Andrés Santiago Rojas Villalba (copia auténtica del registro de nacimiento —fl. 3, cdno. 2—).

8.6. Wilson Eduardo Munévar es hijo de Carmen Yolanda Mayorga y compañero permanente de Francis Johana Gutiérrez Melo (declaraciones de Jaime Arturo Baquero —fl. 68-71, cdno. 2—, Alejandro Yepes Chavarro —f. 54-57, cdno. 2—, Stick Buitrago Navarro —fl. 58-61, cdno. 2— y Alexander Zarabanda Nitola —fl. 74-76, cdno. 2—), unión de la cual es hijo Juan David Munévar Gutiérrez (copia auténtica del registro de nacimiento —fl. 4, cdno. 2—).

III. Problema jurídico

9. La Sala deberá resolver si los señores Germán Rojas y Wilson Munévar sufrieron un daño a sus derechos a la honra y el buen nombre con ocasión de la publicación por el periódico “El Tiempo” de la nota de prensa titulada “Tumban a heridos de guerra”, y si este es imputable jurídica o fácticamente a la entidad demandada por haber suministrado información calumniosa al medio de comunicación. De establecerse la responsabilidad de la entidad, se deberá resolver sobre las reparaciones solicitadas a favor de los demandantes.

IV. Análisis de la Sala

10. La Sala reconoce que todos los ciudadanos, incluidos los medios de comunicación, gozan del derecho a expresarse libremente, pues así lo establece la ley, la Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos. Además considera que la libertad de expresión es fundamental en una sociedad democrática, debido a que fomenta la pluralidad y promueve el desarrollo social, tal como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

La libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre(4).

11. Sin embargo, el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, pues puede ser limitado para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o para la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. Así lo ha indicado la Corte Constitucional:

El carácter preferente de las libertades de expresión, información y de prensa no significa, sin embargo, que estos derechos sean absolutos y carezcan de límites. Así, no solo no existen en general derechos absolutos sino que, en particular, la libertad de expresión puede colisionar con otros derechos y valores constitucionales, por lo cual, los tratados de derechos humanos y la Constitución establecen que ciertas restricciones a esta libertad, son legítimas. Así, conforme a los artículos 13 de la Convención Interamericana y 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, este derecho puede ser limitado para asegurar (i) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o para (ii) la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. Por ello, esta corporación ha también admitido, en numerosas decisiones, ciertas restricciones a la libertad de expresión a fin de proteger y asegurar, en ciertos casos concretos, otros bienes constitucionales, como el orden público o los derechos a la intimidad o al buen nombre(5).

12. Está claro que el derecho al buen nombre, entendido como una expresión de la reputación o la imagen social de la persona, constituye un límite infranqueable de la libertad de expresión. Esta corporación ha señalado que el buen nombre puede verse vulnerado con ocasión de la publicación de informaciones falsas, injuriosas o tendenciosas:

El derecho al buen nombre fue catalogado por esta Corte desde sus primeras providencias como un derecho personalísimo toda vez que hace referencia directa a las valoraciones que tanto individual como colectivamente se hagan de una persona. Este derecho está atado a todos los actos y hechos que una persona realice para que a través de ellos la sociedad haga un juicio de valor sobre la real dimensión de bondades, virtudes y defectos los cuales a través de su existencia muestra como crédito una persona. El concepto del buen nombre es exterior y algunos tratadistas ven este derecho concatenado e íntimamente relacionado con el derecho a la honra(6).

Así mismo la jurisprudencia y la doctrina lo han entendido como la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas(7). De manera que el derecho al buen nombre, como expresión de la reputación o fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionen el concepto público que se tiene del individuo(8).

13. La delimitación conceptual que ha hecho el Consejo de Estado de este derecho fundamental, con base en la jurisprudencia constitucional, permite concluir que el buen nombre se refiere a la reputación de la persona, mientras que la honra hace alusión al respeto que la persona merece por su propia condición de tal(9).

14. En el presente caso, la nota de prensa sugiere que los abogados demandantes hacen parte de una “red de corrupción”, sin que exista un medio de prueba que demuestre la veracidad de esa acusación; por ejemplo, un fallo disciplinario o penal en contra de estos profesionales del derecho, o por lo menos una denuncia o una queja en ese sentido. Por lo tanto, es razonable concluir que tales acusaciones son injuriosas y lesivas de los derechos a la honra y al buen nombre.

15. Así lo entendió el juez de tutela que ordenó al diario “El Tiempo” rectificar la información publicada en el artículo “Tumban a heridos de guerra” en lo relacionado con el señor Jairo Muñoz Marulanda, de quien se había afirmado, también, que hacía parte de una “red de corrupción” y que había cobrado una alta suma de dinero a su poderdante. Si bien este fallo de tutela no se refiere expresamente a los abogados Germán Rojas y Wilson Munévar, sí le permite a la Sala constatar que el diario publicó información falsa. Este hecho, sumado a la falta de pruebas que comprometan la probidad profesional de los abogados, permite concluir que las acusaciones en su contra tampoco tienen un asidero fáctico, y constituyen imputaciones deshonrosas que afectan su buen nombre.

16. Una vez demostrado el daño sufrido por los actores, representado, como antes se dijo, en la afectación de sus derechos a la honra, el buen nombre y la reputación, es preciso establecer si este daño es imputable a la entidad demandada, dado que los demandantes afirmaron que fue precisamente la información suministrada por el ministro de defensa lo que motivó la nota de prensa publicada por el periódico “El Tiempo”.

16.1. En primer lugar, se evidencia que en el artículo “Tumban a heridos de guerra” se citan las palabras del ministro en estos términos (fl. 22, cdno. 2):

El ministro de defensa, Luis Fernando Ramírez, denunció que lo que existe detrás de estos casos es una red de abogados corruptos que viven de los soldados. Según Ramírez, se detectó que algunos de ellos cobrarán hoy centenares de cheques a su favor, por sumas que superan los mil millones de pesos (ver gráfico).

16.2. Es del caso comprobar que el mencionado “gráfico” se refiere a un cuadro en el que se presenta una lista de los abogados que representan a los soldados y policías heridos en combate, el número de procesos a su cargo y las sumas que cobrarían por cada uno de ellos. En este cuadro aparece el señor Germán Rojas Sánchez como apoderado de dos uniformados, por cuya representación obtendría $ 35.846.553 y $ 16.448.819, respectivamente, y figura el señor Wilson Munévar Mayorga como apoderado de otro militar, actividad por la cual cobraría $ 14.456.595.

16.3. En segundo lugar, el Ministro de Defensa, en el Oficio 2834 del 14 de abril de 2000, reconoció haber ofrecido información al diario “El Tiempo” para la publicación de la nota, con base en un informe rendido por la dirección de prestaciones sociales del ejército y en las denuncias presentadas por los titulares de las prestaciones, pero dijo que en ningún momento realizó sindicaciones contra personas determinadas (fl. 27, cdno. 2):

Las razones y argumentos tenidos en cuenta para llegar a las conclusiones señaladas en el aparte que aparece en el diario “El Tiempo” el 31 de marzo del corriente año, en el que se señala una “red de corrupción”, se encuentran soportadas en la información suministrada por la jefatura de desarrollo humano, dirección de prestaciones sociales, del comando ejército, así como en las denuncias formuladas por los titulares de las prestaciones.

(…).

Finalmente manifiesto que ni el suscrito, ni la información de prensa, hacen sindicaciones personales, simplemente se suministró a la periodista un cuadro que señala la relación de abogados a los cuales “les dieron poderes para cobrar las indemnizaciones” correspondientes al rezago de 1999.

16.4. Si bien no obran dentro del expediente las supuestas denuncias que sirvieron al entonces ministro de defensa para denunciar la existencia de una “red de corrupción” al interior de la entidad, la Sala tiene por probado que dichas denuncias sí existieron a partir del testimonio del señor Alejandro Yepes, rendido ante el a quo, quien manifestó claramente que la nota de prensa se elaboró por la unidad investigativa de “El Tiempo” con base en la información suministrada por algunos de los soldados y policías que resultaron afectados por el comportamiento de sus respectivos apoderados (fl. 54-57, cdno. 2):

Preguntado: ¿Cuándo apareció dicha publicación a la que se refiere en su respuesta anterior? Contestó: Fue como a mitad del año 2000, porque me encontré con algunos compañeros del posgrado y todos me comentaban lo de la publicación en “El Tiempo”, que era un artículo de ese periódico de casi una página y que se mencionaban varios abogados que tramitaban procesos ante lo contencioso administrativo por responsabilidad civil extra contractual en caso de lesiones o muerte de miembros de la fuerzas militares. El contenido de dicho artículo hacía parecer que todos los abogados que tramitaban este tipo de procesos, valiéndose de artimañas, tumbaban a los clientes el dinero producto de la sentencia en la que se condenaba al Estado. El artículo, en mi opinión, era bastante dañino, no solamente contra los abogados allí mencionados con nombres y apellidos propios, sino contra todo el gremio. Pero, por supuesto, los más perjudicados son los doctores Germán Alfonso Rojas y Wilson Munévar porque los lesiona en sus respectivos nombres y apellidos al afirmar que estos, valiéndose de argucias jurídicas, se apropiaron de estos dineros. Algunos de los compañeros del posgrado inclusive cargaban el mismo artículo y casi que lo exhibían como una especie de trofeo en contra de Germán y Wilson, por lo que tuve algunos roces con algunos de ellos, ya que los tenía que ver en las diligencias del grado. Si mal no estoy, la unidad investigativa de El Tiempo hizo este reportaje en el que entrevistaron a algunos soldados o familiares de estos que han demandado al Estado y que habían ganado la demanda, siendo condenado el Estado a pagar importantes sumas de dinero, y afirmaban que estos abogados se quedaban con toda la plata o con la gran mayoría de esta, y que a los pobres soldados les daban migajas....

16.5. Con respecto a la información suministrada por el jefe de desarrollo humano de la dirección de prestaciones sociales del ejército al Ministro de Defensa, se tiene el oficio Nº 339481, en el que el jefe de dicha dirección le informa al grupo contencioso constitucional del ministerio lo siguiente (f. 26, cdno. 2):

En atención a su requerimiento verbal, en el que solicita una copia de la lista de los abogados que recibirán dinero por concepto de indemnizaciones, suministradas al señor viceministro, me permito enviar copia del Oficio 336782 JDEH-DIPSO-NOM-177 del 6 de marzo del año en curso, “por medio del cual se informa sobre el manejo presupuestal de las prestaciones sociales del ejército”. En la página 4 se encuentra la relación de abogados a los que les dieron poderes para cobrar las indemnizaciones.

17. En vista de lo anterior, la Sala carece de elementos de prueba que demuestren que la entidad demandada es responsable de la afectación de los derechos a la honra y al buen nombre de los abogados demandantes.

17.1. Es cierto que la nota de prensa refiere una supuesta denuncia del entonces ministro de defensa acerca de una “red de abogados corruptos” y, a renglón seguido, remite a los lectores a un cuadro en el que figuran, entre otros, los señores Germán Rojas y Wilson Munévar, el número de procesos a su cargo y el valor recaudado por cada uno de ellos. No cabe duda de que, para cualquier lector, la conclusión obvia es que tales abogados hacen parte de la supuesta “red de corrupción”. De ahí que se hayan afectado sus derechos a la honra y buen nombre.

17.2. Sin embargo, no está demostrado que el ministerio haya señalado puntualmente a los demandantes de hacer parte de esa red de corrupción. Por el contrario, las evidencias recopiladas, particularmente, el Oficio 2834 del 14 de abril de 2000 (ver supra párr. 18.3) y la nota de rectificación publicada por el medio de comunicación el 31 de mayo de 2000 (ver supra párr. 9.4), indican que la entidad demandada se limitó a suministrar al periódico la lista de abogados que estaban presentado reclamaciones a nombre de los soldados y policías, y que si hubo algún manejo irresponsable de la información, este es solamente atribuible al periódico “El Tiempo”.

17.3. Ahora, aunque el jefe de esa cartera reconoció haber brindado una información al diario relacionada con una “red de abogados corruptos”, basada, de acuerdo con sus palabras, en un informe presentado por la dirección de prestaciones sociales del ejército y en las denuncias formuladas por los titulares de las prestaciones, no existe una prueba que afirme que el ministro se refería específicamente a los señores Germán Rojas y Wilson Munévar cuando le señaló al periódico la existencia de una “red de abogados corruptos” que buscaba apropiarse de las prestaciones de los soldados y policías heridos en combate.

17.4. Al contrario, según se desprende de lo afirmado por el jefe de la dirección de prestaciones sociales del ejército en un oficio remitido al grupo contencioso constitucional del Ministerio de Defensa, el cuadro en que aparecen relacionados los litigantes Rojas y Munévar, entre otros profesionales del derecho, corresponde a la “lista de los abogados que recibirán dinero por concepto de indemnizaciones” (f. 26, cdno. 2). Como se observa, en ningún momento se sostiene que dichos abogados hagan parte de una red de corrupción.

17.5. Así las cosas, se concluye que la parte actora no logró acreditar los supuestos de hecho en los que sustenta sus pretensiones, pues no demostró que el daño causado a los señores Rojas y Munévar —acreditado en este caso— le sea imputable a la entidad demandada, por lo que se impone confirmar la sentencia apelada.

V. Costas

18. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el 5 de febrero de 2004.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

(3) En la demanda presentada el 30 de noviembre de 2001, la pretensión de mayor valor, correspondiente a los perjuicios morales, fue estimada en 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los afectados directos, Wilson Munévar y Germán Rojas (fl. 16, cdno. 1). El salario mínimo en 2001 era de $ 286.000, de manera que 100 salarios mínimos equivalen a $ 28 .600.000. Por estar vigente en el momento de la presentación de la demanda que motiva esta sentencia, se aplica en este punto el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en 2001 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 26.390.000.

(4) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-5 de 1985 del 13 de noviembre de 1985. La colegiación obligatoria de periodistas (Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 13 y 29), Serie A Nº 5, párr. 70.

(5) Corte Constitucional, Sentencia C-010 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(6) [4] “Sentencia T-603 de 1992, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez”.

(7) [5] “Sentencia C-489 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil”.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2012, Expediente 24.097, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(9) Corte Constitucional, Sentencia C-489 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; Sentencia T-921 de 2002, C.P. Humberto Antonio Sierra Porto.