Sentencia 2001-02798 de julio 24 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 250002326000200102798 - 01 (26.211)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: Dora Sánchez Correa y otros

Demandado: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa

Bogotá, D.C., veinticuatro de julio de dos mil trece.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el día 7 de octubre de 2003, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda.

En escrito presentado el día 30 de noviembre de 2001 (fls. 11 a 26, cdno. 1), los señores Dora Sánchez Correa, Libardo Sánchez Correa, Yolanda Sánchez Correa y José Samuel Velandia López, este último obrando en causa propia, mediante apoderado judicial, formularon demanda de reparación directa contra la Nación - Dirección de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se le declare administrativamente responsable “a causa del error judicial (error jurisdiccional) cometido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., dentro del trámite de la acción de tutela radicado bajo el Nº 22733 A, y materializado a través del fallo de tutela de fecha diciembre 9/99 con ponencia del magistrado Luis Hernando Fajardo Vargas e integrada la Sala con los magistrados Gloria Flórez de Sabogal y Humberto Gutiérrez Ricaurte” (fl. 11, cdno. 1).

La parte actora solicitó, además:

“SEGUNDA. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la Nación Colombiana - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación a la indemnización de la totalidad de los perjuicios de índole moral, material para Dora, Libardo, Yolanda Sánchez Correa y Jose Manuel Velandia López e igualmente por los daños y perjuicios de índole fisiológica para el último a causa de la diabetes generada por el estado de estrés que me ha causado enfrentar procesos penales y disciplinarios a todas luces injustos.

“A. Morales.

“1. Para los señores: Dora Sánchez Correa, Libardo Sánchez Correa y Yolanda Sánchez Correa, el equivalente a 500 gramos de oro fino para cada uno, por el valor que el gramo oro represente al momento de la ejecutoria de la sentencia, según certifique el Banco de la República.

“2. Para José Samuel Velandia López, el equivalente a 700 gramos de oro-fino, por el valor que el gramo de oro represente al momento de la ejecutoria de la sentencia, de acuerdo a la certificación que expida el Banco de la República.

“B. Daños o perjuicios fisiológicos.

“La preocupación, angustia, la indignación y rabia que produce tener que responder frente a dos procesos penales ante las fiscalías 68 de la Unidad de Delitos Financieros y la 142 de la Unidad 5ª de Fe Pública y Patrimonio Económico e igualmente afrontar un proceso disciplinario, todo debido al error y arbitrariedad del fallo de tutela de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, desencadenó un estado de diabetes en la modalidad de hiperglicemia, la cual me ha tenido varias veces a partir de enero 20/00 al borde de un coma diabético. Tal situación ha cambiado completamente la vida que venía llevando, hábitos alimenticios, cuidados extremos de salud, tener que tomar droga de por vida, regulación permanente del azúcar.

“Todo lo anterior me está impidiendo llevar una vida normal, llevar la vida que venía disfrutando hasta antes del fallo de tutela.

“Por tal concepto pido una indemnización equivalente a 3000 (tres mil gramos) de oro-fino, por el equivalente al valor del gramo-oro que certifique el Banco de la República para el momento de la ejecutoria de la sentencia.

“C. Perjuicios de índole material.

“1. Para los señores: Dora Sánchez Correa, Libardo Sánchez Correa y Yolanda Sánchez Correa.

“a. Por el valor comercial del inmueble de la cra. 93 A Nº 73 A-54 de esta ciudad, para el día 13 de diciembre de 1999, fecha en la cual la Inspección 10 D Distrital de Policía debió haber hecho entrega del mismo a los Sánchez Correa, por habérselos adjudicado en el proceso de sucesión del causante Miguel Leónidas Sánchez, tramitado ante el Juzgado 8º de Familia de esta ciudad y que por disposición expresa del fallo de tutela impidió su entrega. Estimo dicho valor en la suma de $ 40.000.000.

“b. Por el valor de los frutos respecto del inmueble de la cra. 93 A Nº 73-A-54 de Bogotá, desde diciembre 13 de 1999 y hasta cuando el pago de los mismos se verifique; que debieron percibir los señores Sánchez Correa a partir de cuándo debió producirse la entrega del inmueble y que fue impedida por el fallo de tutela. Estimo el valor en la suma de $ 16.800.000 hasta la fecha de la demanda. Estimo el valor en la suma de $ 1.141.300 que el señor Libardo Sánchez Correa tuvo que cancelar por concepto de impuesto predial por los años gravables de 1994 ($ 121.000), 1995 ($ 193.000), 1996 ($ 193.000), 1997 ($ 188.000) y 1988 (sic) ($ 64.000) y por concepto de gastos de registro del trabajo de partición y sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá por valor de $ 382.300.

“2. Para el demandante José Samuel Velandia López.

“Por la suma de $ 2.200.000 M/Cte., valor cancelado por el mismo al Dr. Jorge Bodensiek Sarmiento por concepto de honorarios para que asumiera la defensa de José Samuel Velandia López ante la Fiscalía 68 de la Unidad de Delitos Financieros y ante la Fiscalía 142 de la Unidad 5ª de Fe Pública y Patrimonio Económico e igualmente para que actuara como abogado defensor de los señores Dora y Libardo Sánchez Correa ante esta última fiscalía.

“Ruego que los valores determinados por esta clase de perjuicios sean indexados, teniendo en cuenta el criterio de la corporación para tales casos, desde cuando se causaron y hasta la ejecutoria de la sentencia.

“TERCERA. Condenar a los demandados La Nación Colombiana - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación al pago de las costas del proceso y de las agencias en derecho, conforme lo establece el Código Contencioso Administrativo, reformado por la Ley 446 de 1998, en concordancia con el Código de Procedimiento Civil.

“CUARTA. Disponer que La Nación Colombiana - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación, deben dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo”.

2. Los hechos.

La parte actora narró, en síntesis, que el señor Libardo Sánchez Correa acudió al profesional del derecho José Samuel Velandia López, con el fin de que iniciara el proceso de sucesión de su padre; el abogado Velandia López asumió la representación de los señores Libardo Sánchez Correa, Dora Sánchez Correa y Yolanda Sánchez Correa e instauró la referida demanda de sucesión en su nombre y representación, pero no de los demás hijos del decujus.

La parte actora señaló que “[e]l proceso correspondió por reparto al Juzgado 8º de Familia de esta ciudad, el cual mediante auto calendado en noviembre 6 de 1996 declaró abierto y radicado el proceso de sucesión en dicho juzgado, así mismo dispuso el emplazamiento a todos los que se crean con derecho a intervenir en él” (fl. 16, cdno. 1); indicó, además, que “[c]uando el señor Libardo Sánchez fue a llevarme el dinero para las publicaciones editales de prensa y radio, le sugerí que fuera a la dirección de sus hermanos Sánchez Gaona y les informara que el proceso de sucesión del señor Miguel Leónidas Sánchez cursaba en el Juzgado 8º de Familia de esta ciudad” (fl. 16, cdno. 1); con posterioridad el interesado le informó al abogado Velandia López de las dificultades que se presentaron al momento de contactar a los hermanos Sánchez Gaona.

Los demandantes indicaron que “[s]e continuó con el trámite del proceso de sucesión con los pasos y formalidades previstas en los artículos 589 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, mediante auto de fecha octubre 22 de 1997 se decretó la partición, presentada la misma con las exigencias de la ley y del juzgado, la misma fue aprobada mediante providencia de fecha febrero 3 de 1998” (fl. 17, cdno. 1); en la partición les fue adjudicado el inmueble que venían poseyendo los hermanos Sánchez Gaona, cuya entrega le correspondió por reparto a la Inspección 10 D Distrital de Policía de la localidad de Engativá.

La parte actora señaló que “[l]llegado el día de la diligencia, como allí se consignó en el acta, se encontraban reunidos los hermanos Sánchez Gaona, quienes impiden la práctica de la diligencia y se dirigen en términos groseros y agresivos para con el personal de la diligencia e igualmente durante la diligencia se comunicaron con un abogado” (fl. 17, cdno. 1); ante tal situación la diligencia de entrega del bien inmueble se suspendió, los señores Sánchez Gaona formularon incidente de nulidad, el cual fue negado por parte de la Inspección de Policía; según los demandantes “[e]l día 13 de diciembre de 1999, siendo las 3 p.m., cuando concurrí al despacho de la Inspección 10 D Distrital de Policía, para continuar con la diligencia, me atendió un empleado de la misma y me indicó que la diligencia no se podía llevar a efecto ya que por orden del tribunal se disponía se abstuviera la inspección de practicar la diligencia. Solicité hablar con la inspectora pero no se encontraba en ese momento, tampoco se me informó por parte del joven que me atendió qué tribunal daba la orden y mediante qué acto” (fl. 18, cdno. 1).

Señaló que al volver de sus vacaciones, el profesional del derecho Velandia López encontró que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá había ordenado la suspensión de la diligencia de entrega del bien inmueble objeto de la partición, pero además ordenó compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal y de falso testimonio.

En criterio de la parte actora, “tal decisión produjo efectos frente a los mismos, de otra parte incurriendo en un error inexcusable de derecho, se apartó del trámite previsto para el proceso de sucesión regulado por el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 586 a 524 e innovó en dicho fallo una nueva forma de citar a los interesados en tal clase de procesos para que comparezcan a él. Igualmente dispuso el fallo comunicar al Juzgado 8º de Familia de esta ciudad, donde cursó el proceso de sucesión del causante Miguel Leónidas Sánchez y a la Inspección Décima D Distrital de Policía de Engativá para que se abstengan de dar trámite a la diligencia de entrega del inmueble ubicado en la carrera 93 A Nº 73 A-54, violando así el artículo 29 de la Constitución y 58 de la misma Carta respecto del debido proceso y el derecho a la propiedad. Igualmente no conformes los honorables magistrados con su decisión, dispusieron compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se nos investigara por los presuntos ilícitos de fraude procesal y falso testimonio, conociendo las fiscalías 68 de la Unidad de Delitos Financieros y a la 142 de la Unidad 5ª de Fe Pública y Patrimonio Económico, donde esta última nos tiene vinculados a un proceso desde hace prácticamente dos (2) años por desconocimiento absoluto del derecho civil y procesal civil, pero sí causándonos graves e injustificados perjuicios” (fl. 12, cdno. 1).

Señaló, finalmente, que existió error judicial y violación del debido proceso, por cuanto “[l]as únicas pruebas tenidas en cuenta para tal fallo de tutela lo fueron los testimonios o afirmaciones hechas por los mismos tutelantes, fue suficiente para la Sala del tribunal la afirmación hecha por ellos de que no se les comunicó de la existencia del proceso de sucesión” (fl. 29, cdno. 1).

Los demandantes concluyeron que “el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá —Sala Penal— compulsó las copias ordenadas en el fallo de tutela y correspondió por reparto a la Fiscalía 68 de la Unidad de Delitos Financieros, la cual me citó a indagatoria y después de ello profirió resolución inhibitoria, aunque en estricto derecho le habría bastado con revisar la actuación ante el Juzgado 8º de Familia donde cursó el proceso de sucesión y evitarme el perjuicio y la incomodidad de la diligencia de injurada, al igual que tener que cancelar unos honorarios a un abogado” (fl. 21, cdno. 1); agregaron a lo anterior que a pesar de la resolución inhibitoria que profiriera a su favor la Fiscalía 68, los tutelantes formularon denuncia penal por los mismos delitos, como consecuencia de lo cual se han visto obligados a defenderse también ante la Fiscalía 142 de la Unidad 5ª de Fe Pública y Patrimonio Económico.

3. Contestaciones de la demanda.

3.1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Notificada del auto admisorio de la demanda (fl. 31, cdno. 1), la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la contestó en memorial presentado el 17 de junio de 2002 (fls. 33 a 43, cdno. 1) para oponerse a las pretensiones de la parte actora.

Indicó que a la luz de los hechos que le fueron presentados en los diferentes procesos que iniciaron los demandantes no existió error judicial, por cuanto “[l]a actuación del tribunal se ciñó a las normas constitucionales y procesales vigentes, según los requerimientos y las pruebas aportadas al proceso que en su momento fueron lo suficientemente contundentes para decretar finalizar (sic) el proceso y es además el soporte legal para negar las pretensiones de esta demanda” (fl. 40, cdno. 1).

Propuso como excepciones las de: i) ausencia de causa para demandar, en cuanto que “el fallo de tutela decidido por el Tribunal Superior de Bogotá, está totalmente ajustado a derecho, las actuaciones de la administración pública pueden ser regulares, o normales, o irregulares, estas últimas son las que obligan a indemnizar pero este no es el caso” (fl. 40, cdno. 1); ii) culpa exclusiva de la víctima, puesto que “los demandantes tenían pleno conocimiento de la existencia de sus medios hermanos y aun así continuaron osadamente con el proceso de sucesión obteniendo una tercera parte del inmueble e identificándose como herederos universales sin serlo” (fl. 41, cdno. 1); y, iii) la genérica o innominada.

3.2. La Fiscalía General de la Nación.

Notificada del auto admisorio de la demanda (fl. 31, cdno. 1), la Fiscalía General de la Nación la contestó en memorial presentado el 17 de junio de 2002 (fls. 59 a 67, cdno. 1) para oponerse a las pretensiones de la parte actora.

En su criterio, “un análisis detenido de los hechos que narra el actor en su escrito de demanda y sobre los cuales pretende estructurar una posible responsabilidad patrimonial, permite colegir fácilmente que el presunto perjuicio, generado por el Tribunal Superior de Bogotá en su providencia de tutela del 9 de diciembre de 1999, no guarda relación con una actuación, omisión, hecho u operación de la Fiscalía General de la Nación, ya que según quedó establecido en las normas citadas anteriormente, mi representada no tiene entre sus funciones la de ejercer como juez de tutela, ya que dicha competencia y su procedimiento está igualmente fijado por la ley” (fl. 62, cdno. 1); añadió a lo anterior que “en el caso en estudio, no se configura ningún tipo de error, es decir, al examinar las actuaciones de mi representada en el sub judice, no se encontró error jurisdiccional ni mucho menos error judicial, tal como lo aduce y quiere hacer ver la parte actora en la demanda sin probarlo, por cuanto la investigación penal que en la actualidad cursa ante la Fiscalía 142 de la Unidad quinta de Fe Pública y Patrimonio Económico no ha culminado y por consiguiente no existe providencia contraria a la ley, ya que a lo largo del proceso penal se brindan todas las oportunidades para ejercer su derecho de defensa” (fl. 65, cdno. 1).

Propuso como excepciones las de: i) “Ineptitud formal de la demanda por inexistencia del nexo causal con la Fiscalía General de la Nación” (fl. 66, cdno. 1); ii) Inexistencia del hecho dañoso; iii) Inexistencia de falla del servicio; y, iv) La de improcedencia de la acción de reparación directa “por tratarse de providencias judiciales susceptibles de controversia y no haberse culminado el proceso penal” (fl. 66, cdno. 1).

4. Alegatos de conclusión en primera instancia.

La Fiscalía General de la Nación presentó alegatos de conclusión dentro de los términos legales (fls. 99 a 102, cdno. 1), para reiterar, de manera general, los argumentos que esgrimió en el libelo de contestación de la demanda.

La parte actora, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

5. La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones de la demanda (fls. 115 a 131, cdno. ppal.); en primer lugar, el tribunal a quo concluyó que “no se evidencia vulneración alguna por parte del funcionario judicial, por el contrario, la providencia por medio de la cual falló la tutela solo podía referirse a las pruebas oportunamente aportadas por las dos partes contendientes. No podía el juez de tutela dar cabida a los aquí demandantes puesto que eran ajenos a la acción de tutela” (fl. 128, cdno. ppal.), a lo cual añadió que “la pretensión de la acción de tutela tenía como finalidad la suspensión de la diligencia de entrega y, por ende, el accionado no podía ser otro que la Inspección de Policía que se disponía [a] practicar la diligencia” (fl. 128, cdno. ppal.).

El fallador de primera instancia agregó que la providencia judicial cuestionada no es contraria a derecho, puesto que “[l]a decisión del Tribunal no hizo más que reconocer provisionalmente unos derechos sucesorales, que en este caso, podían ser de propiedad de mejoras o de posesión, en cabeza de unos herederos que no habían sido reconocidos por el juez de la sucesión, pero que de todas formas tenían interés legítimo en la sucesión de su fallecido padre” (fl. 129, cdno. 1); por lo anterior señaló que “la acción de tutela formulada por los hijos legítimos del causante es totalmente procedente y tenía suficiente razonabilidad, dado que con el hecho de la diligencia de entrega del inmueble, se violarían ostensiblemente los derechos por ellos adquiridos” (fl. 129, cdno. 1).

En cuanto al argumento de la parte actora, según el cual la decisión de ordenar que se compulsaran copias a la Fiscalía General de la Nación fue arbitraria, el fallador de primera instancia señaló que “el hecho se quedó en una simple afirmación, toda vez que en el expediente no obra prueba de ello” (fl. 129, cdno. 1); además indicó que la mencionada prueba no se pudo recaudar, a pesar de que dichos documentos se pusieron a disposición de los demandantes, porque “la parte actora omitió cumplir con su carga procesal cancelando el valor de las expensas para expedir las copias” (fl. 130, cdno. ppal.).

El tribunal a quo concluyó que “[e]l emplazamiento que se hace dentro del proceso de sucesión no cumple con el requisito de [la] notificación a los herederos conocidos sino que su finalidad es dar anuncio a unos herederos indeterminados, condición que no ostentaban los [señores] Sánchez Gaona, por cuanto estos eran conocidos e identificados con anterioridad a la apertura del proceso” (fl. 130, cdno. ppal.) y que ante la ausencia de tal notificación “no tenían otro camino que acceder a la tutela como mecanismo transitorio” (fl. 130, cdno. ppal.).

6. La apelación.

Inconforme con el fallo proferido por el tribunal a quo, la parte actora interpuso, en debido tiempo, recurso de apelación contra dicho proveído (fl. 133, cdno. ppal.), medio de impugnación que se concedió mediante auto del 12 de noviembre de 2003 (fl. 135, cdno. ppal.), se sustentó en memorial del 20 de febrero de 2004 (fls. 141 a 143, cdno. ppal.) y se admitió por esta corporación mediante auto del 15 de marzo de 2004 (fl. 145, cdno. ppal.).

Los recurrentes señalaron que “[l]as providencias a [las] que me he referido, esto es de diciembre 9 de 1999 contentiva del fallo [de] la acción de tutela emanada de la Sala Penal del tribunal de este distrito judicial, y la que es materia del recurso de alzada, la de fecha octubre 7 de 2003, proferida por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, coinciden en afirmar en dichos fallos que la citación dentro del proceso de sucesión a los herederos determinados debe hacerse en forma personal, posiciones directamente en contravía con lo normado por el artículo 589 del Código de Procedimiento Civil, donde se establece la forma como se debe citar al proceso a todos los que se crean con derecho a intervenir en él, lo es mediante edicto emplazatorio” (fl. 142, cdno. ppal.).

Indicó, también, que “los señores magistrados no tienen para nada presente el trámite que el Código de Procedimiento Civil ha estatuido para el proceso de sucesión y, por el contrario, apartándose de él quiere innovar con un procedimiento particular” (fl. 143, cdno. ppal.).

Por lo anterior, la parte demandante solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia.

7.1. La parte actora, en debido tiempo, presentó alegatos de conclusión en esta instancia (fls. 254 a 259, cdno. ppal.). En sus alegatos reiteró las consideraciones que presentó tanto en el libelo introductorio de la litis como en el recurso de apelación en torno al error judicial, pero añadió que “[l]a sentencia que recurro no se detuvo en el estudio de la situación no valoró las pruebas aportadas, y como si fuera poco llega a la conclusión de que la Sala Penal del tribunal en su fallo de tutela obró correctamente, pues según el tribunal administrativo se debió haber notificado a los demás herederos de la existencia del proceso de sucesión, esto es que tampoco se tomó la molestia de revisar el Código de Procedimiento Civil en lo atinente al trámite del proceso de sucesión” (fl. 258, cdno. ppal.).

7.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en sus alegatos de conclusión (fl. 241 a 243, cdno. ppal.) reiteró que “la actuación del tribunal se ciñó a las normas constitucionales y procesales vigentes, según los requerimientos y las pruebas aportadas al proceso” (fl. 242, cdno. ppal.).

7.3. En sus alegatos de conclusión, la Fiscalía General de la Nación afirmó que “armonizando tanto las funciones como las diferentes actuaciones surtidas por la Fiscalía General de la Nación en el investigativo penal adelantado contra los aquí demandantes y los hechos de la demanda que fundamentan la presente acción, resulta claro que las pretensiones no están llamadas a prosperar, al no probarse lo alegado por el apoderado de la parte actora” (fl. 252, cdno. ppal.).

8. Intervención del Ministerio Público.

El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, proferida el día 7 de octubre de 2003.

1. Las pruebas aportadas al expediente.

— Copia auténtica del proceso de sucesión intestada promovido por los señores Libardo Sánchez Correa, Dora Sánchez Correa y Yolanda Sánchez Correa allegado al expediente por el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá, mediante Oficio 2055 del 12 de septiembre de 2002 (fls. 47 a 208, cdno. 2); en el referido expediente se encuentran los siguientes documentos y providencias:

1. Poder especial otorgado por los señores Libardo Sánchez Correa, Dora Sánchez Correa y Yolanda Sánchez Correa al profesional del derecho José Samuel Velandia López (fl. 49, cdno. 2).

2. Copia auténtica del registro de defunción del señor Miguel Leónidas Sánchez, en el cual aparece que el señor Sánchez murió el 29 de abril de 1995 (fl. 50, cdno. 2).

3. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Dora Sánchez Correa, en el cual aparece que la señora Sánchez Correa nació el 15 de marzo de 1974 y que su padre es el señor Miguel Leónidas Sánchez (fl. 51, cdno. 2).

4. Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Libardo Sánchez Correa, en el cual aparece que el señor Sánchez Correa nació el 17 de agosto de 1979 y que su padre es el señor Miguel Leónidas Sánchez (fl. 52, cdno. 2).

5. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Yolanda Sánchez Correa, en el cual aparece que la señora Sánchez Correa nació el 25 de marzo de 1977 y que su padre es el señor Miguel Leónidas Sánchez (fl. 52, cdno. 2).

6. Copia auténtica de la demanda de sucesión intestada del señor Miguel Leónidas Sánchez, del 30 de octubre de 1996, incoada por los señores Libardo, Dora y Yolanda Sánchez Correa (fls. 54 a 56, cdno. 2).

7. Copia auténtica del Acta individual de reparto 961030F017B, del 31 de octubre de 1996, en la cual consta que el proceso de sucesión intestada del señor Miguel Leónidas Sánchez le correspondió al Juzgado 8º de Familia de Bogotá (fl. 58, cdno. 2).

8. Copia auténtica del auto admisorio de la demanda de sucesión intestada del señor Miguel Leónidas Sánchez proferido por el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá, del 6 de noviembre de 1996 (fl. 59, cdno. 2); en el referido auto se dispuso:

“1. Declarar abierto y radicado en este despacho el proceso de sucesión intestada de Miguel Leónidas Sánchez, quien falleció en esta ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., lugar de su último domicilio.

“2. Emplazar a todas las personas que se crean con derecho a intervenir en el presente asunto, por secretaría fíjese [el] edicto respectivo, cuyas publicaciones las deberá hacer la parte interesada en una radiodifusora del lugar o en cualquiera de los siguientes diarios: ‘El Tiempo’, ‘El Espectador’, ‘El Nuevo Siglo’ o ‘La República’.

“3. Reconocer como herederos del causante en su calidad de hijos a: Dora Sánchez Correa, Libardo Sánchez Correa y Yolanda Sánchez Correa, quienes aceptan la herencia con beneficio de inventario.

“4. Decretar la facción de los bienes relictos.

“Téngase al Dr. José Samuel Velandia López como apoderado de Dora Sánchez Correa, Libardo Sánchez Correa y Yolanda Sánchez Correa, en los términos y para los efectos del poder conferido”.

9. Copia auténtica del edicto emplazatorio del 18 de noviembre de 1996, emitido por el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá, mediante el cual se emplazó a los interesados en intervenir en el proceso de sucesión intestada del señor Miguel Leónidas Sánchez radicado en ese despacho (fl. 60, cdno. 2).

10. Copia auténtica del memorial de inventarios y avalúos de los bienes del difunto señor Miguel Leónidas Sánchez, que presentaron los demandantes ante el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá (fls. 72 a 73, cdno. 2).

11. Copia auténtica del memorial del 18 de noviembre de 1997, mediante el cual se radicó ante el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá el trabajo de partición del acervo sucesoral (fls. 82 a 84, cdno. 2); en el mencionado memorial se indicó:

“I. Antecedentes:

“1. El señor Miguel Leónidas Sánchez falleció en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., el día 29 de abril de 1995.

“2. De la unión libre entre el causante Miguel Leónidas Sánchez y la señora María Luisa Correa Valbuena se procrearon a Dora, Libardo y Yolanda Sánchez Correa.

“3. El causante no había dejado voluntad testamentaria sobre el destino de sus bienes, de donde al proceso se le imprimió el trámite de la sucesión intestada.

“II. Actuación judicial:

“1. Ante su despacho correspondió por reparto la presente causa mortuoria.

“2. Mediante proveído calendado en noviembre seis (6) de mil novecientos noventa y seis (1996) el juzgado declaró abierto y radicado el proceso de sucesión intestada de Miguel Leónidas Sánchez, reconoció como herederos del mismo a los señores Dora Sánchez Correa, Libardo Sánchez Correa y Yolanda Sánchez Correa en su calidad de hijos del causante, dispuso igualmente el emplazamiento a todas las personas con derecho a intervenir en el proceso de sucesión, al igual que reconoció personería jurídica al suscrito como apoderado de los demandantes.

“3. Efectuadas las publicaciones editales, el juzgado señaló fecha para la facción del acta de inventarios y avalúos, la cual se llevó a cabo el día 18 de junio de 1997, de los inventarios y avalúos se corrió traslado y comoquiera que no fueron objetados, mediante auto de fecha julio 7/97 se les impartió aprobación.

“4. Se comunicó a la Oficina de Cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales para lo de su cargo, la cual respondió que se podía continuar con el trámite del proceso, y fue así como mediante auto de fecha octubre 22 de 1997 se decretó la partición, autorizando al suscrito para realizarla.

“III. Acervo hereditario.

“El activo sucesoral está representado por el inmueble ubicado en la cra. 93 A Nº 73-A-54 de esta ciudad, el cual se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos: por el Norte: en 19 mts. con el lote 10 de la manzana 22 K de la Urbanización Santa Rosita. Por el sur en 19 mts. con el lote 8 de la misma manzana y urbanización. Por el oriente en 7.13 mts. con el lote 40 de la misma manzana y urbanización y por el occidente en 7.13 mts. con la cra. 93 A de esta ciudad. Activo junto con sus frutos.

“Valor dado al inmueble en los inventarios $ 25.000.000.

“IV. Distribución de la herencia:

“Del activo líquido inventariado, esto es $ 25.000.000, le corresponde a cada heredero reconocido en el proceso, una proporción de 1/3 parte sobre el bien inmueble o el equivalente en pesos a la suma de $ 8.333.333.33 m/cte. para cada uno de los tres (3) herederos...”.

12. Copia auténtica del memorial del 21 de enero de 1998, mediante el cual los demandantes hicieron nuevamente el trabajo de partición del acervo sucesoral del señor Miguel Leónidas Sánchez, desglosando esta vez las hijuelas que le correspondieron a los tres herederos reconocidos en el proceso de sucesión intestada (fls. 88 a 92, cdno. 2).

13. Copia auténtica de la providencia del 3 de febrero de 1998, proferida por el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá (fl. 93, cdno. 2); en el mencionado auto se resolvió:

“Primero: aprobar en todas y cada una de sus partes, el trabajo de partición y adjudicación presentado en la sucesión del causante Miguel Leónidas Sánchez.

“Segundo: inscríbase el trabajo de partición y este fallo en la oficina de registro de instrumentos públicos en donde se encuentra ubicado el inmueble adjudicado, para ello, a costa de los interesados expídanse copias de las piezas procesales anteriormente mencionadas. Una vez se efectúe el registro, agréguense las mismas al expediente.

“Tercero: ofíciese a la Oficina de Cobranzas de la Administración de Aduanas e Impuestos Nacionales, informando el nombre de los interesados, número del documento de identidad y lugar donde reciben notificaciones”.

14. Copia auténtica de la constancia de inscripción de la adjudicación en sucesión intestada en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al bien inmueble ubicado en la cra. 93 A Nº 73-A-54 de la ciudad de Bogotá (fl. 98, cdno. 2).

15. Copia auténtica del auto del 21 de julio de 1998, proferido por el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá (fl. 108, cdno. 2); mediante el mencionado auto se dispuso:

“Ordénase la entrega del inmueble objeto de este asunto, para tal fin, comisiónase con amplias facultades al señor inspector distrital de policía de la zona respectiva, por intermedio de la Oficina de Reparto de Comisiones Civiles. Líbrese despacho comisorio con los insertos del caso, con la anotación que dicha entrega deberá hacerse conforme a la partición, adjúntese copia de la misma”.

16. Copia auténtica del acta correspondiente a la diligencia de entrega del inmueble ubicado en la Cra. 93 A Nº 73-A-54, adelantada por la Inspección Décima D Distrital de Policía de Bogotá (fl. 148, cdno. 2), el 12 de octubre de 1999; en la mencionada acta se señaló:

“...en el inmueble se encuentran aproximadamente 8 personas (...) Ellos manifiestan conjuntamente: (...) Nosotros estamos viviendo en este inmueble desde hace aproximadamente el año 1973-1974, que fue entregado el inmueble por el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, nosotros impugnamos esta demanda y no entregamos esta casa porque el señor Sánchez asesinó a mi mamá. El señor Sánchez estuvo en la cárcel porque asesinó a mi mamá en esta casa. Nosotros somos hijos legítimos del matrimonio y por lo tanto no estamos de acuerdo con el proceso para nada totalmente impugnado y como es sociedad conyugal se considera patrimonio de familia y el 75% por ser sociedad conyugal y por ser hijos legítimos del matrimonio nos corresponde a nosotros a los que estamos viviendo en la casa que somos todos. Igualmente ellos nos deben las mejoras que hemos hecho en la casa. Sin olvidar que mi mamá fue la que nos levantó a nosotros, él nos abandonó cuando éramos menores de edad y ahora vienen a reclamar otras personas que dicen ser hijos de él y toca empezar una sucesión contando con todos los herederos que figuran dentro de la sociedad conyugal y los hijos extramatrimoniales que él haya tenido después.

“...El despacho teniendo en cuenta que las 3 personas que han atendido la diligencia se han identificado como herederos del causante y que lo declarado por ellos se advierte como una oposición tácita, la cual el despacho entra a resolver rechazándola de plano por cuanto el artículo 614 del Código de Procedimiento Civil en el parágrafo 4º establece ‘No se admitirán oposiciones de los herederos’, sin embargo agrega este parágrafo remitiendo al artículo 339 del mismo código la situación referente a mejoras, por cual se les informa que deben hacer valer sus derechos mediante incidente...”.

17. Copia auténtica del memorial del 19 de octubre de 1999, mediante el cual los herederos no reconocidos del señor Sánchez interpusieron ante la inspección de policía incidente de nulidad respecto de la diligencia de entrega del bien inmueble ubicado en la cra. 93 A Nº 73-A-54 (fls. 150 a 151, cdno. 2).

18. Copia auténtica del auto del 11 de noviembre de 1999, proferido por la Inspección Décima D Distrital de Policía de Bogotá (fls. 181 a 183, cdno. 2); en el mencionado auto se dispuso:

“...las personas que atendieron la diligencia como el incidente lo reitera, se identificaron como herederos legítimos y que el artículo 614 del Código de Procedimiento Civil es conciso al indicar en su último parágrafo que no se admitirán oposiciones de los herederos, motivo por el cual en acatamiento a dicha norma no se les admitió la oposición presentada aunque esgrimieran títulos escriturarios, pues en lugar de ayudarlos reiteraban el hecho de ser herederos, los cuales debieron hacer [valer] sus derechos si creen o han sido desconocidos, por las vías ordinarias civiles o penales.

(...)

“RESUELVE:

“1. Rechazar de plano, la nulidad total de la diligencia practicada por esta inspección el 12 de octubre de los corrientes por las consideraciones expuestas”.

— Copia auténtica de la sentencia del 9 de diciembre de 1999, emanada de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (fls. 291 a 299, cdno. 2), proferida en el marco del proceso 22733 iniciado con ocasión de la acción de tutela incoada por la señora Yadira Sánchez Gaona contra la Inspección Décima D Distrital de Bogotá, allegado al expediente por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante Oficio 16486 del 24 de septiembre de 2002 (fls. 209 a 306, cdno. 2); en la referida providencia se consideró:

(...)

“En este orden de ideas, examinado el acervo probatorio obrante en el expediente, la Sala se encuentra con las siguientes situaciones jurídicas y fácticas que indican que el núcleo esencial del derecho de propiedad (posesión y mejoras - derechos herenciales) ha sido vulnerado, afectándose el derecho de igualdad, a (sic) los demandantes.

“De autos se desprende que los señores Libardo, Dora y Yolanda Sánchez Correa adelantaron un proceso de sucesión ante el Juzgado Octavo de Familia, en donde el causante es su padre Miguel Leónidas Sánchez, proceso donde fueron reconocidos como herederos únicos y a quienes les correspondió el inmueble distinguido con la nomenclatura urbana carrera 93 A Nº 73 A-54, según se indica en el folio de matrícula inmobiliaria obrante a folio 110.

“Sin embargo, observa la Sala que los antes mencionados callaron al funcionario judicial sobre la existencia de otros seis hermanos, a quienes debió reconocérseles igualmente como herederos con los mismos derechos, personas que conocían, pues convivieron con ellos y a quienes sabían dónde podían localizar —en el mismo inmueble que les adjudicó el juzgado de familia—, según lo manifestaron los accionantes en sus declaraciones vertidas bajo la gravedad del juramento; todo ello con un perjuicio grave, pues solo se vinieron a enterar del trámite sucesoral el 12 de octubre del presente año, cuando debían entregar el bien a sus hermanos medios, pues ya había culminado el proceso en el Juzgado Octavo de Familia, diligencia que aunque no se realizó ese día, finalmente se llevará a cabo el próximo 13 de diciembre.

“Fue esa decisión de entrega del inmueble del juez accionado la que originó la violación de los derechos fundamentales de los demás herederos, pues concedió derechos a unos y desconoció los de otros, basado en presupuestos de hecho contrarios a la verdad. Sin embargo, no puede el juez constitucional entrar a analizar sobre la legalidad de la sentencia proferida, pues al hacerlo sustituiría al juez encargado del pronunciamiento, convirtiéndose en una invasión a la órbita jurisdiccional de ese despacho y un desconocimiento de la autonomía judicial consagrada en la Constitución, máxime cuando se observa que el funcionario actuó conforme a derecho con base en el acervo probatorio; y que de igual forma lo hizo la inspectora décima d distrital de policía, pues su función era la de cumplir la comisión ordenada por el Juzgado Octavo de Familia, sin que se observe que en la diligencia se haya vulnerado a los accionantes su derecho de defensa.

“Entonces a juicio de la Sala los terceros interesados acreditan un interés legítimo, como hijos del matrimonio celebrado entre Miguel Leónidas Sánchez y Raquel de Sánchez y quienes han permanecido allí por más de 25 años, por lo que realmente tienen derechos de propiedad —posesión, mejoras, herenciales— que reclamar y no obstante que los accionantes cuentan con otros medios de defensa como lo aseveró la juez octava de familia (proceso de petición de herencia), a los cuales ellos pueden acudir, se observa que en este evento se presenta un perjuicio irremediable frente al cual la acción de tutela podría operar como mecanismo transitorio de protección.

(...)

“Considera la Sala, en virtud de las premisas precedentes, que aquí no solo se están vulnerando el derecho de propiedad —mejoras— sino otros de mayor importancia, y que no obstante los accionantes tienen otra vía judicial de defensa, lo cierto es que se avecina un perjuicio irremediable para ellos, al despojárseles de ese bien, en donde habitan los accionantes con seis menores de edad.

“En consecuencia, se ordenará al Juzgado Octavo Civil del Circuito, estrado judicial donde se adelantaron las diligencias y a la Inspección Décima D Distrital de Policía se abstenga de dar trámite a la entrega del bien inmueble ubicado en la carrera 93 A Nº 73 A-54.

“Y el amparo que se brindará a los derechos fundamentales de los actores en esta providencia, se mantendrá mientras acuden al juez competente e instauran las acciones que sean del caso, para lo cual contarán con un plazo máximo de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de la respectiva notificación.

“Finalmente, como se observa que pudo haberse hecho incurrir al funcionario en error al adoptar una decisión no ajustada a la realidad, se dispone compulsar copias de las piezas procesales pertinentes ante la Oficina de Asignaciones de la Fiscalía General de la Nación a fin de que se investigue[n] los presuntos ilícitos de fraude procesal y falso testimonio en que pudieron haber incurrido los señores Dora, Yolanda y Libardo Sánchez Correa al igual que el Dr. Samuel Velandia López.

“Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

“Resuelve:

“1. Conceder la tutela al derecho fundamental de propiedad y ante la inminencia de un perjuicio irremediable, tutelar en forma transitoria los derechos de Yadira, Nidia, Giomar, Édgar, Miguel y William Sánchez Gaona, conforme lo expuesto en la motivación.

“2. Oficiar al Juzgado Octavo de Familia y a la Inspección Décima D Distrital de Policía de Engativá, poniendo en conocimiento esta decisión, para que se abstenga de dar trámite a la diligencia de entrega del inmueble ubicado en la carrera 93 A Nº 73 A-54, de lo cual deberá dar informe a este tribunal”.

— Copia auténtica de las actuaciones surtidas en el proceso penal seguido contra los hoy demandantes por la supuesta comisión de los delitos de falso testimonio y fraude procesal (fls. 152 a 238, cdno. ppal.), allegado al expediente mediante Oficio 14565 del 13 de agosto de 2004 (fl. 151, cdno. ppal.)(1); en las actuaciones aportadas al expediente se encuentran las siguientes providencias:

1. Copia auténtica del auto del 23 de octubre de 2001, emitido por la Fiscalía 142 Seccional Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá (fls. 162 a 169, cdno. ppal.); en el mencionado auto se dispuso:

(...)

“De la responsabilidad de los sindicados.

(...)

“Como podemos observar, la decisión en el proceso de sucesión proferida por el juez 8º de familia, se basó en presupuestos de hecho contrarios a la verdad pues se hizo incurrir al funcionario (juez 8º de familia) en error, al adoptar una decisión no ajustada a la realidad. Así mismo, los hermanos Sánchez Gaona, son enfáticos en afirmar que dentro del proceso de sucesión nunca fueron citados ni informados por sus hermanastros, a pesar de que siempre tuvieron conocimiento [de] dónde podían localizarlos, pues ellos siempre los visitaban, especialmente Libardo, quien en oportunidades se quedaba con ellos hasta quince días en la casa. De esta forma, ocultando y callando la existencia de los hermanos Sánchez Gaona, haciéndose pasar por herederos universales, obtuvieron por sentencia en el proceso de sucesión los hermanos Sánchez Correa, se les adjudicara el inmueble que se adquirió en el hogar conformado por los padres de sus hermanastros, Miguel Leónidas Sánchez y Raquel Gaona (fallecidos), dentro de la sociedad conyugal, ubicado en la carrera 93 A Nº 73 A-54 de Bogotá, lo que da lugar a que se tipifiquen los delitos de falso testimonio y fraude procesal.

“Consideraciones y decisión de la delegada.

“En el presente caso, encuentra esta delegada que efectivamente en contra de los hermanos Dora y Libardo Sánchez Correa y del abogado José Samuel Velandia López, existen pruebas que demuestran la conducta delictuosa de los mismos, las cuales se anotaron en el acápite de las pruebas recaudadas, por lo que los requisitos para demostrar la ocurrencia del hecho y la tipicidad, se satisfacen a plenitud.

“Es bien sabido que existen tres elementos integradores del delito, los cuales son:

“La tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad.

“En cuanto al primero de estos elementos, la conducta de los encartados se subsume en las normas que contemplan el falso testimonio y el fraude procesal ya que como se anotó, los hermanos Sánchez Correa y su apoderado José Samuel Velandia López, en el Juzgado 8º de Familia, en proceso de sucesión, bajo la gravedad del juramento ante el juez, faltaron a la verdad pues callaron totalmente el hecho de que existían otros hermanos que tenían derecho a esa sucesión. Además, realizando la conducta anterior, indujeron en error al juez 8º de familia para obtener sentencia a su favor es decir sobre Libardo, Dora y Yolanda Sánchez Correa en el proceso de sucesión excluyendo totalmente a los hermanos Sánchez Gaona. Estos delitos se adecúan como se dijo a los tipos penales descritos en el acápite de calificación jurídica provisional.

“En segundo lugar, la antijuridicidad, corresponde de acuerdo con los lineamientos de la norma que la contempla, al interés jurídicamente tutelado y que no es otro que la seguridad pública...

“Por último, y con relación a la culpabilidad, esta se genera en tres formas a saber: el dolo, la culpa y la preterintención que, en tratándose de conductas como la que nos ocupa, es evidente que solo es susceptible de cometerse a título de dolo y los inculpados eran conscientes y conocedores de que su comportamiento en el evento de llevarlo a cabo, era constitutivo de delitos y desarrollaron sin embargo, la empresa criminal, con tan mala fortuna para ellos, que los ofendidos descubrieron su actuar ilícito y lo denunciaron a la Fiscalía, pasando a ser investigados y hoy día acusados como responsables de los hechos denunciados.

(...)

“El anterior análisis es suficiente para determinar proferir en contra de Dora y Libardo Sánchez Correa y de José Manuel Velandia López, resolución de acusación como presuntos coautores responsables de los delitos de falso testimonio y fraude procesal en concurso, que se le imputan a título de dolo, pues claramente se deduce que tenían conocimiento de la ilicitud de su proceder y dirigieron su voluntad a la consumación de estos comportamientos. Son estos sindicados unas personas imputables desde el punto de vista penal, pues son mayores de edad y no padecían ningún trastorno mental que les impidiese comprender la ilicitud de su comportamiento o de determinarse de acuerdo a esa comprensión. Ni se alegó ni se demostró ausencia de responsabilidad por lo que Dora y Libardo Sánchez Correa, así como José Manuel Velandia López, se hacen merecedores al juicio de reproche y a la sanción penal correspondiente.

(...)

“Resuelve:

“Primero. Proferir resolución de acusación en contra de Dora y Libardo Sánchez Correa y de José Manuel Velandia López, como presuntos coautores responsables a título de dolo, de los delitos de falso testimonio y fraude procesal en concurso, cometidos en los términos consignados en la parte motiva de este proveído”.

2. Copia auténtica del auto del 4 de diciembre de 2001, emitido por la Fiscalía 142 Seccional Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá (fls. 248 a 252, cdno. ppal.), mediante la cual se denegó la solicitud de nulidad de todo lo actuado, que elevó el abogado defensor de los encartados.

3. Copia auténtica del auto del 29 de enero de 2002, emitido por la Fiscalía 142 Seccional Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá (fls. 263 a 264, cdno. ppal.), mediante el cual se despachó desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto contra el anterior proveído.

4. Copia auténtica del auto del 4 de diciembre de 2001, emitido por la Fiscalía 142 Seccional Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá (fls. 248 a 252, cdno. ppal.), mediante el cual se denegó la solicitud de nulidad de todo lo actuado que elevó el abogado defensor de los encartados.

5. Copia auténtica del auto del 18 de febrero de 2003, emitido por la Fiscalía 142 Seccional Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá (fls. 274 a 283, cdno. ppal.), mediante el cual se profirió resolución de acusación contra los señores Dora Sánchez Correa, Libardo Sánchez Correa y José Samuel Velandia López “como presuntos coautores responsables a título de dolo, de los delitos de falso testimonio y fraude procesal en concurso, cometidos en los términos consignados en la parte motiva de este proveído” (fl. 282, cdno. ppal.).

6. Copia auténtica de la sentencia del 16 de abril de 2004, proferida por el Juzgado 47 Penal del Circuito de Bogotá (fls. 284 a 292, cdno. ppal.); en la mencionada providencia se dispuso:

(...)

“Es clara la norma [el Código de Procedimiento Civil] en advertir que puede peticionar la apertura de este proceso a la persona que se crea con derecho para realizarlo, sin que incurra en delito alguno, si dentro del curso del proceso sucesorio, surge un tercero con igual o mejor derecho que el suyo, lo que nos indica que no es necesario tener el interés preferente sobre la sucesión sino creer que se tiene ese interés prevalente.

“Ilógico resulta entonces pretender que los procesados se encuentran incursos en la vulneración de la normatividad penal, cuando la norma especifica que no es otra que la civil, no les obliga a desarrollar determinado comportamiento por prever la forma en que se subsanan las controversias que se suscitan en el desarrollo de determinado procedimiento civil, y no puede ser más específico el legislador cuando asevera que en el evento en que una persona que tenía interés en promover el proceso de sucesión y le ha precluido la oportunidad de hacerse parte dentro del mentado proceso y hacer valer los derechos que le asisten sobre la herencia puede iniciar los trámites del juicio ordinario, es decir, la acción de petición de herencia, aunque más dispendioso, le restablece su derecho herencial.

“En estos términos no basta con la apreciación que presenta la Fiscalía y la parte civil en sus alegatos, de la participación dolosa de los procesados en el hecho criminal investigado, toda vez que el acervo probatorio no es suficiente para entregarle a esta juzgadora la certeza requerida para emitir una condena, máxime cuando es la misma ley específica [la] que les autorizó desarrollar el comportamiento plasmado en el escrito de demanda de apertura de sucesión intestada.

“De lo anterior se deduce que no existe un argumento serio para considerar que los señores José Samuel Velandia López, Libardo Sánchez Correa y Dora Sánchez Correa, en escrito de petición de apertura de proceso sucesorio buscaran la consumación del hecho en su propio beneficio, por el contrario, se insiste surge en su favor la aplicación de la normatividad civil que así se los permite.

(...)

“Conforme a lo anterior, este despacho judicial proferirá sentencia de carácter absolutorio a favor de los señores José Samuel Velandia López, Libardo Sánchez Correa y Dora Sánchez Correa, por haber encontrado que la conducta que originó este investigativo no encuadra dentro de la descripción traída por el legislador en los tipos penales por los cuales se les acusó”.

2. Lo hechos probados y el objeto del litigio.

En el expediente se encuentra debidamente acreditado que los señores Libardo Sánchez Correa, Dora Sánchez Correa y Yolanda Sánchez Correa, acudieron al profesional del derecho José Samuel Velandia López, con el fin de promover el proceso de sucesión intestada del señor Miguel Sánchez, padre de aquellos; el referido proceso le correspondió en reparto al Juzgado Octavo de Familia de la ciudad de Bogotá, en el curso del cual se hicieron los trámites correspondientes y se emplazó a los interesados sin que al mismo concurrieran herederos distintos de los que promovieron la sucesión, por lo cual se realizó la partición de los bienes del decujus y se adjudicó el bien inmueble ubicado en la carrera 93 Nº 73 A-54, de esta ciudad, por partes iguales a los herederos reconocidos en el proceso.

En el momento de realizar la diligencia de entrega del bien inmueble, la inspección de policía comisionada para tal efecto encontró que allí habitaban unas personas —los hermanos Sánchez Gaona— que se identificaron como herederos del señor Miguel Sánchez; la Inspección Décima D Distrital de Policía rechazó de plano la oposición que presentaron los herederos no reconocidos por el juzgado, pero suspendió la diligencia para darles a estos la oportunidad de solicitar el pago de las mejoras mediante incidente. El incidente de nulidad de la diligencia de entrega del bien inmueble fue resuelto desfavorablemente a los intereses de los señores Sánchez Gaona.

Ante la respuesta negativa de la inspección de policía, los herederos no reconocidos en el proceso de sucesión instauraron una acción de tutela por violación del debido proceso, por cuanto, en su criterio, nunca fueron llamados al proceso de sucesión a pesar de que los demandantes conocían perfectamente su identificación y lugar de habitación. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en providencia del 9 de diciembre de 1999, accedió a título transitorio al amparo deprecado por los señores Sánchez Gaona por encontrar vulnerado el derecho a la propiedad, ordenó la suspensión de la referida diligencia de entrega del bien inmueble en cuestión y le dio a los tutelantes 4 meses para que se hicieran parte en el proceso de sucesión; el juez de la acción de tutela ordenó, además, compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se investigara la supuesta comisión de los delitos de Fraude Procesal y de Falso Testimonio contra los señores Sánchez Correa y contra el abogado Velandia López.

La Fiscalía 68 de la Unidad de Delitos Financieros Delegada ante los Jueces Penales del Circuito asumió la investigación, la cual en auto del 3 de agosto de 2000 se inhibió de abrir investigación penal por atipicidad de la conducta (fls. 225 a 227, cdno. ppal.); de manera paralela, los señores Sánchez Gaona formularon denuncia penal por los mismos hechos, investigación cuyo conocimiento le correspondió a la Fiscalía 142 de la Unidad Quinta de Delitos contra el Patrimonio Económico y la Fe Pública, la cual resolvió proferir resolución de acusación contra los señores Libardo Sánchez Correa, Dora Sánchez Correa y José Samuel Velandia López por la posible comisión de los delitos de falso testimonio y de fraude procesal. En sentencia del 16 de abril de 2004, el Juzgado 47 Penal del Circuito de Bogotá, absolvió de todos los cargos a los señores Sánchez Correa y Velandia López.

En criterio de la parte actora, las entidades públicas demandadas deben ser declaradas patrimonialmente responsables por cuanto: i) la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al proferir la sentencia de tutela “se apartó del trámite previsto para el proceso de sucesión regulado por el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 586 a 524 e innovó en dicho fallo una nueva forma de citar a los interesados en tal clase de procesos para que comparezcan a él” (fls. 12, cdno. 1), decisión con la cual se le habría vulnerado el derecho de propiedad y el debido proceso, no se habría ajustado a derecho por cuanto se habría basado exclusivamente en los testimonios aportados por los tutelantes, pero además con la mencionada decisión se inició la investigación penal que tuvieron que sufrir durante 5 años; y, ii) La Fiscalía General de la Nación es responsable, según lo afirmado por la parte actora, por haber proferido resolución de acusación contra los hoy demandantes, a pesar de que no se cometió delito alguno.

3. La aludida responsabilidad de la administración de justicia.

En un principio la jurisprudencia y luego la ley se encargaron de dotar de sustantividad al régimen de responsabilidad patrimonial del Estado en aquellos casos en que se cuestionaba la ocurrencia de un daño causado por la acción del aparato judicial, ya fuere en el marco del tráfico procesal mismo o como consecuencia de un error judicial o jurisdiccional o en los casos de privación injusta de la libertad realizadas como consecuencia de una providencia judicial.

Así pues se precisó que la responsabilidad patrimonial del Estado se vería, entonces, comprometida cuando quiera que por la falta de vigilancia en los despachos judiciales o por la negligencia de los funcionarios de la Rama Judicial se perdieran documentos vitales para las resultas del proceso, como títulos ejecutivos o pruebas, todo ello en el marco de la falla del servicio, sin embargo, se consideraba que existía una carga pública que debían soportar los ciudadanos por razón del ejercicio de la función de administrar justicia, cuyo fundamento lo constituía principalmente el efecto de la cosa juzgada y el principio de la estabilidad de las decisiones judiciales, soportado a su vez en el de la seguridad jurídica.

La situación descrita en torno a la responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones de las autoridades judiciales antes de 1991, se modificó sustancialmente con la expedición de la Constitución Política de dicho año, en cuyo artículo 90 se estableció como regla de principio la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de todas las autoridades públicas, incluidas entre estas, como no podría ser de otro modo, las autoridades judiciales.

En 1996, con la Ley 270, Estatutaria de la Administración, el asunto se consolidó en torno a las hipótesis en las cuales se puede enmarcar la responsabilidad patrimonial del Estado por las actuaciones del aparato judicial, las cuales quedaron, junto con la noción de falla del servicio judicial, definidas en los artículos 65 a 69 de la norma en comento, a cuyo tenor:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

“ART. 66.—Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.

“ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

“1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial.

“2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.

“ART. 68.—Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

“ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

A la luz de las normas legales transcritas queda claro que el legislador estableció tres hipótesis en alguna de las cuales se deben enmarcar los hechos objeto de la demanda con el fin de que se declare una eventual responsabilidad del Estado por la actividad del aparato judicial: i) el error jurisdiccional; ii) la privación injusta de la libertad; y, iii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

La corporación, en reciente sentencia, analizó los elementos constitutivos del error jurisdiccional o judicial y al respecto identificó algunos límites estrictos en los que se debe enmarcar el juez de lo contencioso administrativo para su determinación:

“13. Los presupuestos que deben reunirse en cada caso concreto para que pueda predicarse la existencia de un error jurisdiccional, se encuentran establecidos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996:

(...)

“14. En relación con el primer presupuesto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado, de una parte, que el error judicial solo se configura si el interesado ha ejercido los “recursos de ley” pues si no agota los medios de defensa judicial que tiene a su alcance el perjuicio sería ocasionado por su negligencia y no por el error judicial; “en estos eventos se presenta una culpa exclusiva de la víctima que excluye la responsabilidad del Estado”(2). Y de otra parte, que los “recursos de ley” deben entenderse como “los medios ordinarios de impugnación de las providencias, es decir, aquellos que no solo permiten el examen limitado de la decisión con el objeto de corregir los errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios, los que adicionalmente requieren para su trámite la presentación de una demanda”(3).

“15. En segundo término, la norma exige que el error se encuentre contenido en una providencia judicial que esté en firme, esto es, que haya puesto fin de manera normal o anormal al proceso, lo cual tiene pleno sentido ya que si la misma todavía puede ser impugnada a través de los recursos ordinarios, no se configura el error judicial.

“16. Finalmente, es necesario que la providencia sea contraria a derecho, lo cual no supone que la víctima de un daño causado por un error jurisdiccional tenga que demostrar que la misma es constitutiva de una vía de hecho por ser abiertamente grosera, ilegal o arbitraria, o que el agente jurisdiccional actuó con culpa o dolo,(4) ya que el régimen que fundamenta la responsabilidad extracontractual del Estado es distinto al que fundamenta el de la responsabilidad personal del funcionario judicial(5). Basta, en estos casos, que la providencia judicial sea contraria a la ley, bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de la misma (error de derecho)(6).

“17. Con todo, determinar la existencia de un error judicial comporta en muchos casos un juicio difícil, pues si bien el parámetro para definir el error es la norma jurídica aplicable al caso, no siempre esta arroja resultados hermenéuticos unificados, con lo cual distintos operadores jurídicos pueden aplicar la misma norma a partir de entendimientos diferentes, con resultados igualmente dispares. Y ello podría trivializar la idea de que existan errores judiciales, para decir que lo constatable son simplemente interpretaciones normativas o de hechos, de modo diferentes, merced a distintos y válidos entendimientos de lo jurídico.

“18. Este asunto de la banalización del error judicial adquiere un carácter superlativo si se tienen en cuenta no solo los distintos métodos de interpretación jurídica existentes —que llevan a juicios concretos distintos—, sino también la variedad de concepciones del derecho que circulan en el mundo académico y que tienen gran incidencia en cuestiones prácticas como las judiciales. Si según alguna versión del realismo jurídico el derecho es lo que diga el juez y para el iuspositivismo existen varias respuestas correctas en derecho, entonces la pregunta por el error judicial puede quedar en entredicho, pues en el primer caso no sería posible juzgar a quien estipula el derecho y en el segundo el intérprete siempre quedaría justificado porque básicamente escogió una de las posibilidades hermenéuticas de las varias que ofrece la norma.

(...)

“El hecho de que uno o varios magistrados puedan discrepar razonablemente de la decisión adoptada mayoritariamente por la sala o corporación judicial a la cual pertenecen, no es razón suficiente para afirmar que aquella es contraria a derecho. Tal entendimiento es abiertamente incompatible con el principio de autonomía judicial y desconoce el sentido que tiene la expresión de opiniones disidentes en el ejercicio de la magistratura, el cual no es el de deslegitimar o descalificar la decisión adoptada por la mayoría, sino el de formular una crítica útil a la sentencia o la de expresar un punto de vista jurídico distinto, que se considera más apropiado.

“24. Por ello, para que se configure el error jurisdiccional, el demandante debe demostrar que en el caso concreto el juez no cumplió con la carga argumentativa de justificar que su respuesta era la única correcta. Esto implica demostrar que la posición recogida en la sentencia acusada de verdad carece de una justificación jurídicamente atendible, bien porque no ofrece una interpretación razonada de las normas jurídicas, o porque adolece de una apreciación probatoria debidamente sustentada por el juez de conocimiento” (negritas fuera del texto)(7).

Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra que en el presente asunto se cuestiona la responsabilidad extracontractual del Estado, por un lado, por el supuesto error judicial en el que habría incurrido la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 9 de diciembre de 1999, al acceder al amparo que deprecaron los señores Sánchez Gaona y haber ordenado compulsar copias a la Fiscalía para que se investigara la supuesta comisión del delito de fraude procesal y falso testimonio por parte de los señores Sánchez Correa y su apoderado judicial, el señor Velandia López y por el otro, el error judicial en el que habría incurrido la Fiscalía General de la Nación, al proferir resolución de acusación por esos hechos contra los hoy demandantes.

En este sentido y atendiendo los parámetros jurisprudenciales reseñados, según los cuales al juez de la acción de reparación directa no le es dable abrir un proceso judicial que por virtud de la ley se entiende fenecido o revivir el objeto de la litis que dio lugar a la providencia respecto de la cual se alega la existencia del error judicial y cuya competencia correspondía al respectivo juez natural de esa causa, para la Sala no existe duda alguna que en el presente caso el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá actuó de manera ajustada a derecho al acceder a las pretensiones de la acción de tutela incoada por los señores Sánchez Gaona, por cuanto: i) el juez de la acción de tutela cumplió con una carga argumentativa plena para fundamentar la decisión de acceder al amparo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, esto es la pérdida del bien inmueble en el que habitaban; de igual manera, ii) la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá apoyó su decisión en el ordenamiento jurídico vigente, principalmente en lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, normas y precedentes directamente aplicables al caso concreto y en la especial situación de aquellos que probaron ser herederos legítimos del propietario original del inmueble objeto de la disputa sucesoral; y, finalmente, iii) las providencias judiciales se basaron en las pruebas oportunamente aportadas al expediente.

Pues bien, sin que por ello se pretenda resolver nuevamente el proceso que dio origen a la providencia cuestionada, la Sala estima pertinente resaltar que no existió error jurisdiccional alguno atribuible a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá al amparar los derechos fundamentales de los entonces tutelantes, por cuanto estos acreditaron su posición de herederos legítimos del señor Miguel Sánchez, probaron que a pesar de que los señores Sánchez Correa los conocían y sabían con exactitud su lugar de habitación omitieron presentarle esa información al Juzgado Octavo de Familia de Bogotá, exhibieron medios probatorios suficientes acerca de la negativa de la inspección de policía encargada de realizar la diligencia de entrega del bien inmueble que le fue adjudicado a los señores Sánchez de reconocerlos como interesados en el proceso; por otra parte, la Sala encuentra que, siguiendo lo establecido por la ley y por la jurisprudencia, el amparo decretado lo fue como mecanismo transitorio, con el fin de brindarles a los señores Sánchez Gaona la posibilidad de intervenir y participar en el proceso de sucesión de su difunto padre, para hacer valer sus derechos, sin que por ello se pueda considerar que se desconoció la posición legítima de los señores Sánchez Correa; finalmente, en ese momento existían también elementos para considerar la posible comisión de los delitos por los cuales se ordenó compulsar copias con destino a la Fiscalía General de la Nación.

Por otra parte, la Sala tampoco le encuentra razón a la parte actora en cuanto afirma que la sola vinculación a las investigaciones penales genera un daño antijurídico, como tampoco lo constituye, en principio, el hecho de que estas resulten con su preclusión, ya fuere porque se vencieron los términos o porque, como ocurrió en el presente caso, se absolvió a los encartados, máxime cuando en el curso de las investigaciones no se tomaron medidas que pudieren tener por efecto limitar los derechos —a la libertad personal, al trabajo o a la propiedad— del investigado.

La jurisprudencia tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, ha señalado que, en principio, los ciudadanos en general se encuentran en el deber jurídico de soportar las investigaciones penales que se surtan en su contra, en la medida en que ellas se realicen de manera adecuada, con apego a la ley y con el estricto cumplimiento de los principios que inspiran el debido proceso judicial; de la misma manera se ha afirmado que le corresponde al juez de la causa analizar, en cada caso concreto, la ocurrencia de un posible daño antijurídico causado por la conducta de quien tiene la obligación legal de adelantar el proceso penal. En esta dirección, la Corte Constitucional ha afirmado:

“Cuando, en ejercicio de sus funciones, las autoridades públicas vinculan a una persona, en legal forma, a un proceso judicial o administrativo, quien resulta incurso en él carece de fundamento para reclamar violación del derecho al buen nombre, pues la organización estatal se encuentra legitimada para iniciar y llevar hasta su culminación los trámites que permitan establecer si el sindicado es responsable del comportamiento objeto de investigación.

“Los derechos a la honra y al buen nombre no significan la posibilidad de evadir los procesos e investigaciones que, de conformidad con el sistema jurídico, pueden y deben iniciar las autoridades públicas cuando tienen noticia acerca de una posible infracción.

“Bien se sabe que la sola circunstancia de la indagación no compromete ni define la licitud de la conducta del individuo y que tan solo sobre la base de que aquella culmine, de conformidad con la ley y habiendo sido garantizado el debido proceso, pueden desvirtuarse las presunciones de inocencia y buena fe.

“Así las cosas, antes de llegar a la definición judicial o administrativa, cuando el proceso o actuación apenas se halla en curso, nadie afirma ni puede afirmar que haya responsabilidad del investigado, por lo cual este no puede deducir de la sola iniciación del proceso el desconocimiento de sus derechos a la honra y al buen nombre”(8).

Para la Sala:

“...si bien el hecho de que se adelante una investigación, de cualquier índole —penal, disciplinaria, fiscal, etc.— genera preocupaciones e incomodidades a las personas que resultan vinculadas a ella, no siempre se causará, por esa sola circunstancia, un perjuicio indemnizable a los afectados. Su existencia, en cada caso, deberá ser demostrada”(9).

Ello no obsta para que, como lo afirmó la Subsección en reciente sentencia:

“...puedan existir hipótesis en las cuales las investigaciones penales o disciplinarias excedan los límites en que razonablemente se debe realizar el ius puniendi del Estado, lo cual se deberá analizar en cada caso concreto con el fin de determinar si se rompió el equilibrio de las cargas públicas frente a un funcionario sometido a procesos en los que se ventilen su responsabilidad penal, civil, fiscal o disciplinaria”(10).

Para la Sala, en el presente caso concreto no se rompió el equilibrio de las cargas públicas por la investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación.

Así las cosas, por un lado, en el sub lite la parte actora no cumplió con su deber de demostrar que la posición recogida en la providencia acusada habría carecido de una justificación jurídicamente atendible, bien porque las referidas decisiones no ofrecieran una interpretación razonada de las normas jurídicas o porque adolecieran de una apreciación probatoria debidamente sustentada por el juez de conocimiento; y por otro lado, no se acreditó el rompimiento de las cargas públicas con ocasión de la investigación penal que por la supuesta comisión de los delitos de falso testimonio y fraude procesal adelantó la Fiscalía General de la Nación contra los demandantes, razones por la cual la Sala confirmará la sentencia recurrida.

4. Condena en costas.

Habida cuenta que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el día 7 de octubre de 2003.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Mauricio Fajardo Gómez—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(1) Estos documentos fueron solicitados por el demandante en segunda instancia (fl. 146, cdno. ppal.), solicitud que fue aceptada por la Sala en auto del 17 de junio de 2004 (fl. 148, cdno. ppal.).

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, Expediente 16594. En el mismo sentido, véase sentencia de 22 de noviembre de 2001, Expediente 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(3) Ibíd.

(4) Cita textual del fallo: “No obstante, es posible que la decisión de la cual se predica el error constituya una vía de hecho en los términos en que ha sido definida por la Corte Constitucional, pero ello no siempre ocurre. En este sentido pueden consultarse los siguientes pronunciamientos de la Sala: sentencia del 28 de enero de 1999, Expediente 14399, C.P. Daniel Suárez Hernández; sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 15576, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 5 de diciembre de 2007, Expediente 15128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra”.

(5) Cita textual del fallo: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de enero de 1999, Expediente 14399, C.P. Daniel Suárez Hernández. En el mismo sentido, véase la sentencia de 5 de diciembre de 2007, Expediente 15128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra”.

(6) Cita textual del fallo: “De cualquier forma será forzoso analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte actora, con el fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o carente de justificación, o si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el proceso en sede contencioso administrativa pudiera constituirse en una nueva instancia, desconociendo que ‘el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la causación de un daño antijurídico (...)’. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, Expediente 16.594, C.P. Mauricio Fajardo”.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de julio de 2012, Expediente 22581, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(8) Corte Constitucional, Sentencia C-414 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, Expediente 11601, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de mayo de 2013, Expediente 26467.