Sentencia 2001-02828 de septiembre 2 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION A

Rad.: 25000-23-26-000-2001-02828-01 (31.040)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Proceso: Acción de reparación directa.

Actor: Alicia García de Flórez y otros.

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros.

Bogotá, D.C., dos de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 12 de enero de 2005 por la Sala de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, en virtud de lo dispuesto en los artículos 68 y 73 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, que disponen que la segunda instancia en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad debe ser conocida por esta corporación.

2. Ejercicio oportuno de la acción.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

En el sub examine, la responsabilidad administrativa que se alega se fundamenta en la providencia dictada el 24 de octubre de 2000 por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, que precluyó la investigación adelantada contra las señoras Rincón Balaguer y García de Flórez, decisión confirmada el 31 de enero de 2001 por la unidad nacional delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial.

De este modo, comoquiera que las acciones se impetraron el 30 de noviembre de 2001, resulta evidente que se propusieron dentro del término previsto por la ley.

3. Problema jurídico.

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto, la Sala deberá determinar si los demandantes sufrieron un daño antijurídico imputable a la parte pasiva de la litis, en virtud de la privación de la libertad de las señoras Martha Liliana Rincón Balaguer y Alicia García de Flórez, como consecuencia de la medida de aseguramiento dictada en su contra por la Fiscalía General de la Nación.

4. Cuestión previa: validez de los medios de prueba.

4.1. La Sala valorará las pruebas que obran en el expediente y que satisfacen las exigencias legales previstas para el efecto. En consecuencia y por virtud de lo dispuesto en los artículos 252(15) y 254(16) del Código de Procedimiento Civil, no se examinarán los documentos aportados en copia simple, salvo aquellos cuyo original se encuentra en poder de la parte demandada y sobre los cuales no se propuso tacha de falsedad y las entidades fundamentaron su defensa.

En efecto, en sentencia del 16 de febrero de 2007(17), la Sala argumentó:

“... con fundamento en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil es posible, sin contrariar lo dispuesto en los artículo 244 y 268 ibídem, conferir valor probatorio a las copias simples, cuando la parte contra la cual se aducen conservael original de las que se señala fueron reproducidas y puede por lo tanto, efectuar su cotejo y tacharlas de falsedad cuando no estén conformes, sin necesidad de que practique la inspección judicial de que trata la norma.

En efecto, el artículo 255 citado prevé: ‘la parte contra quien se aduzca copia de un documento, podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de éste con una copia auténtica expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante inspección judicial, dentro de la oportunidad para practicar pruebas’.

Es cierto que la norma establece un trámite judicial para conferir autenticidad a las copias simples y es el cotejo con el original que se practique en una inspección judicial, a solicitud de la parte contra quien se aduce la prueba, el cual tiene como finalidad conferir certeza al documento que servirá como prueba, para así garantizar el derecho de defensa de quien no ha aportado el documento.

Sin embargo, resultaría superfluo que la misma parte que tiene bajo su guarda los documentos originales, de los cuales la parte contraria afirma haber obtenido las copias que aporta, solicite una inspección judicial para que se practique el cotejo, cuando esa misma parte puede practicar la confrontación sin intervención judicial y en caso de encontrar disconformidad, proponer la tacha de falsedad de que tratan los artículos 289 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

La práctica del cotejo previsto en el artículo 255 citado debe quedar reservada para aquellos eventos en los cuales el documento original o la copia autenticada se encuentren en poder de un tercero y, por lo tanto, sin posibilidad de acceso por la parte en contra de la cual se aduce la prueba, para que sea la autoridad judicial la que disponga la exhibición del documento para su confrontación, con el fin de asegurar su derecho de defensa.

Más evidente aún resulta la carencia de necesidad de que se autentiquen las copias simples aportadas en contra de quien tiene a su disposición los originales o copias auténticas anteriores, o de que éstas se cotejen en diligencia de inspección judicial, en aquellos eventos en los que quien tiene estos bajo su guarda y en contra de quien se aducen las copias simples, en vez de tachar estas de falsedad, se remite a las mismas para fundamentar su defensa. Con ese comportamiento procesal, ha de entenderse que la parte contra quien se aducen las copias ha verificado su autenticidad y las acepta como pruebas válidas del proceso” —se destaca—.

4.2 Respecto de las declaraciones juramentadas ante notario que obran en el expediente(18), la Sala observa que, de acuerdo con la jurisprudencia, no pueden ser valoradas, en tanto se rindieron con fines extraprocesales y no fueron ratificadas en el proceso contencioso.

Al respecto, en sentencia de 23 de junio de 2010(19), se indicó:

“En relación con estas declaraciones, aportadas por la parte actora y que fueron rendidas ante notario, observa la Sala que las mismas no pueden ser valoradas, puesto que el medio de prueba idóneo es el del testimonio, que debe ser rendido ante el juez de la causa con el cumplimiento de los requisitos y formalidades establecidos por la ley para esta prueba; además, en las mismas declaraciones consta que son con fines ‘extraprocesales’, tal y como las contempla el artículo 299 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:

‘ART. 299. Testimonios ante notarios y alcaldes.Los testimonios para fines no judiciales, se rendirán exclusivamente ante notarios o alcaldes. Igualmente los que tengan fines judiciales y no se pida la citación de la parte contraria; en este caso, el peticionario afirmará bajo juramento, que se considera prestado con la presentación del escrito, que solo están destinados a servir de prueba sumaria en determinado asunto para el cual la ley autoriza esta clase de prueba, y sólo tendrán valor para dicho fin’.

En caso contrario, acota la Sala, tales declaraciones, para ser apreciadas en el proceso contencioso administrativo, deberán ser ratificadas en el mismo”.

5.Análisis del caso.

5.1. El daño.

5.1.1. Está demostrado que el 28 de septiembre de 1997, los señores Alicia García Becerra y Gabriel Flórez Hernández contrajeron matrimonio, pues así consta en la copia auténtica del registro civil de matrimonio que reposa en el libro 4, folio 375, de la Registraduría del Estado Civil de Piedecuesta, Santander(20).

Así mismo, se encuentra probado que la señora Alicia García de Flórez es hija de la señora Jacinta Becerra, en tanto así se lee en la copia auténtica del registro civil de nacimiento NUIP 0037803347(21).

Igualmente, se sabe que los señores Alicia García de Flórez y Gabriel Flórez Hernández son padres de los demandantes Gabriel Flórez García, quien a su vez es padre de los menores Edison Ferney Flórez Camacho, Mayra Alejandra Flórez Ortiz y Fabián Andrés Flórez Calderón; Gladys María Flórez García, madre de la menor Angie Carolina Flórez García; Jaime Flórez García, padre del menor Roy Steffen Flórez Morales; Martha, Alexandra y Orlando Flórez García, comoquiera que ello se desprende de los registros civiles de nacimiento allegados en copia auténtica al plenario(22).

No obstante, la Sala observa que no se acreditó en debida forma el parentesco entre los menores Juan José y Paula Andrea Bernal Flórez y la señora Alicia García de Flórez, toda vez que sus registros civiles de nacimiento fueron aportados en copia simple, de manera que no es posible establecer si, en efecto, aquellos son hijos de la señora Martha Flórez García y, por tanto, si son nietos de la señora García de Flórez(23).

5.1.2. De la misma forma, está probado que los señores Martha Liliana Rincón Balaguer y Nicolás Sanabria López son padres del menor Brandon Jair Sanabria Rincón, en atención a la copia auténtica del registro civil de nacimiento aportada al proceso(24).

También se halla establecido que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Política, los mencionados demandantes constituyen un núcleo familiar, en tanto compañeros permanentes y padres del menor Brandon Jair, del cual, además, hace parte el menor Vladimir Sanabria Balvuena, quien es hijo del señor Nicolás Sanabria López y convive con la pareja desde su conformación(25); además, que la señora María Elena López López, madre del señor Sanabria y, por tanto, suegra de la víctima, es emocional y moralmente cercana a ésta, comoquiera que así se lee en los testimonios de los señores Marcela Enith Hernández(26), Javier Ospina Beltrán(27), Ana Victoria Rojas Rodríguez(28) y Aurelio Jaimes(29).

5.1.3. Ahora bien, es de advertir que en concordancia con los oficios remitidos el 23 de abril, 4, 7 y 14 de mayo de 2003 al juez de primer grado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec-Reclusión Nacional de Mujeres “El Buen Pastor”, las señoras Alicia García de Flórez y Martha Liliana Rincón Balaguer permanecieron privadas de la libertad entre el 7 de diciembre de 1999 y el 26 de octubre de 2000, sindicadas de los delitos de rebelión y secuestro extorsivo, en razón de la medida de aseguramiento dictada en su contra —y de 11 personas más— por la Fiscalía General de la Nación-Unidad de Derechos Humanos(30).

Se conoce que dicha medida fue proferida el 6 de diciembre de 1999, según consta en la copia auténtica de la misma, allegada al proceso el 9 de febrero de 2004 por la parte demandada(31).

De acuerdo con la providencia aludida, el 12 de abril de 1999, miembros del Ejército de Liberación Nacional-ELN ingresaron al avión fokker de Avianca, vuelo 9463, que cubría la ruta Bucaramanga-Bogotá, obligando al piloto a dirigirse al área rural del municipio de Simití, Bolívar. Una vez en tierra, los 46 pasajeros fueron divididos en grupos y trasladados por vía terrestre y fluvial a varios puntos, “quedando aún 14 personas privadas forzosamente de su libertad por la Cuadrilla Héroes de Santa Rosa del ELN, al mando de la persona conocida en la región con el alias de Gallero”.

Respecto de las demandantes Rincón y García, en el auto se destacó que desde el inicio de la investigación, los organismos de inteligencia del Estado establecieron que los subversivos contaron con la colaboración de personas que trabajaban en la terminal aérea, pues “es imposible que sin ninguna ayuda proveniente del interior del aeropuerto, los plagiarios hubiesen podido pasar con absoluta tranquilidad los mecanismos de seguridad del aeropuerto, ingresando como pasajeros normales a la aeronave”.

Se precisó, además, que en diligencia de indagatoria, el señor Luis Alberto Hernández Rueda afirmó que el día de los hechos realizó aseo al avión secuestrado y que las señoras Rincón Balaguer y García de Flórez declararon que, si bien para el momento de los hechos trabajan en el aeropuerto Palonegro, entre sus funciones no estaba la de asear los aviones.

No obstante, se señaló que el testigo con reserva de identidad clave Arcángel, adujo bajo la gravedad del juramento que aquellas ingresaron a la aeronave las armas empleadas por los secuestradores, a cambio de una suma de dinero.

Sin más disquisiciones sobre el particular, en la providencia en cita se concluyó:

“Cuando (Arcángel) dice que en efecto Marta Liliana y Alicia fueron los empleados que colaboraron con los plagiarios y que como retribución se canceló una alta suma de dinero, no resulta desfasado, lo que sí se aleja cada vez más de la realidad es el pensar que no hubo colaboración de ninguna clase al interior del terminal aéreo.

Lo anterior claramente nos permite configurar un indicio grave de responsabilidad que compromete a estas personas, en calidad de coautoras de los delitos de rebelión y secuestro extorsivo”.

5.1.4 Comoquiera que se encuentra probado el daño objeto de reproche, pasa la Sala a determinar si el mismo es imputable a las entidades públicas demandadas y, por tanto, a resolver si es menester revocar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

5.2. La imputación.

5.2.1. Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.

5.2.1.1. De conformidad con el artículo 90 de la Carta, “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta corporación ha sostenido que aunque el ordenamiento jurídico no prevé una disposición que contenga una definición de daño antijurídico, este se refiere “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(32).

5.2.1.2. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia(33), “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

Así mismo, en concordancia con el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 aplicable al presente caso en razón de la fecha en que se precluyó la investigación adelantada en contra de las señoras García y Rincón—(34), la indemnización de perjuicios por privación injusta de la libertad a favor de la persona que haya sido exonerada por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, tendrá lugar cuando (i) el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió o (ii) la conducta no constituía hecho punible(35).

5.2.1.3. Al respecto, la jurisprudencia ha destacado que la decisión judicial de privar injustamente a una persona de su libertad comporta no sólo la violación de importantísimas garantías constitucionales de primer orden en el estado social de derecho, sino que, además, genera un profundo dolor a quien, sin estar obligado a ello, debe soportar la arbitrariedad de la administración de justicia.

Así se precisó en sentencia de 24 de mayo de 2012(36):

“De manera reiterada, la Corte Constitucional y esta corporación han reconocido que después de la vida, la libertad constituye el más importante de los derechos fundamentales de las personas(37). La Sala con apoyo en la doctrina ha destacado el elevadísimo valor que tiene para el ser humano gozar de su libertad. Ha expresado que ‘después de la vida, el derecho a la libertad constituye fundamento y presupuesto indispensable para que sea posible el ejercicio de los demás derechos y garantías de los que es titular el individuo... La garantía de la libertad es, a no dudarlo, el principal rasgo distintivo entre las formas de Estado absolutistas, totalitarias y el estado de derecho’(38).

Además, la Sala se ha referido a las manifestaciones positiva y negativa del derecho a la libertad, que se concretan en permitir que toda persona pueda ser y hacer todo aquello que no afecte la esfera de los derechos de los demás, y a proscribir toda forma de coacción mediante la cual se pretenda obligar a las personas a hacer lo que no desean o a privarlas de realizar todo aquello que desean y que no interfiera en los derechos ajenos(39). Y se ha concluido que ‘cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precia de ser justa y democrática’(40).

Por eso, la pérdida de la libertad genera a quien la sufre, un gran dolor moral, más aún cuando la retención se lleva a cabo en un centro de reclusión, porque en esas condiciones, el retenido pierde el contacto permanente con sus seres más queridos, el entorno en el que se ha desenvuelto su vida, la posibilidad de desarrollar sus proyectos, y se ve forzado a adaptarse a unas condiciones materiales que luego pueden afectar gravemente la reinserción a su medio social”(41).

De igual forma y en relación con la responsabilidad del Estado en los casos de privación injusta de la libertad, la Sala de la Sección Tercera ha precisado que “quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente(42), con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta”(43) —se destaca—.

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala procede a resolver el problema jurídico planteado.

5.2.2. Por las razones que pasan a explicarse, se ha de concluir que los demandantes sufrieron un daño antijurídico imputable a la Fiscalía General de la Nación, en virtud de la privación injusta de la libertad de las señoras Martha Liliana Rincón Balaguer y Alicia García de Flórez entre el 7 de diciembre de 1999 y el 26 de octubre de 2000, como consecuencia de la medida de aseguramiento dictada en su contra el 6 de diciembre de 1999 por la misma entidad.

5.2.2.1. En efecto, se encuentra demostrado que el 24 de octubre de 2000, la Fiscalía General de la Nación-Dirección Nacional de Fiscalías-Unidad Nacional de Derechos Humanos resolvió precluir la investigación adelantada contra las señoras Martha Liliana Rincón Balaguer y Alicia García de Flórez, por estimar que, al confrontar la declaración del testigo con reserva de identidad clave Arcángel con las demás pruebas aportadas al proceso, era imperioso concluir que las mencionadas señoras no cometieron los delitos que se les endilgaron(44), esto, porque (i) se demostró que no recibieron el dinero al cual hizo referencia el testigo señalado y (ii) nunca ingresaron al avión secuestrado, pues sus funciones como auxiliares de servicios generales se circunscribían al edificio del aeropuerto, de suerte que la hipótesis según la cual recibieron dinero a cambio de ingresar armas a la aeronave secuestrada en el momento en que limpiaban su interior, carecía de todo sustento probatorio.

En lo pertinente, la autoridad judicial indicada precisó:

“Adelantada la investigación, no logramos encontrar que realmente hayan recibido el dinero mencionado por el testigo con reserva de identidad, igualmente con algunos testimonios y con la inspección al aeropuerto encontramos que estasseñoras del aseo son sometidas a los filtros de seguridad que existen en el aeropuerto, además mirando la inspección judicial realizada al terminal aéreo en su momento, se puede constatar efectivamente la inseguridad que reinaba para ingresar al mismo, existían otras dos entradas que solo controlaba un celador por donde ingresaban carros debidamente autorizados.

Y una prueba testimonial sobresaliente que se debe resaltar y que se hace necesario transcribir son las respuestas dadas por Luis Alberto Hernández Rueda, única persona de la cual la fiscalía se abstuvo de decretar medida de aseguramiento al resolver situación jurídica. Asevera que lleva nueve años trabajando en el avión de Avianca (sic), y que trata de conservar su trabajo porque es muy suave, agrega que junto con su compañero siempre hacían entre ambos el aseo de los aviones de la Empresa Avianca (...).

Cuando se le preguntó si para el día 12 de abril había prestado el turno en el avión su respuesta fue afirmativa (...) y agrega que nadie más entró al avión a hacer aseo. Además, refiriéndose a los otros dos sindicados en este proceso dice que solo conoce a Doña Alicia, que es la encargada de hacer el aseo dentro del edificio del aeropuerto, es la única persona que conoce.

(...).

A folios 192 del C-2, declara Hernando Maldonado, quien afirma ser el jefe de cuadrilla de las personas que ingresan al avión y categóricamente afirma que quienes subieron para hacer aseo, directamente al avión Fokker secuestrado, fueron Luis Hernández y Eduardo Alarcón.

(...).

En cuanto a la responsabilidad misma de Alicia y Martha Liliana con lo acotado anteriormente, encontramos que para ellas no existen los requisitos en este proceso, lo que la ley exige para dictar resolución de acusación, es decir, confesión, testimonio, que ofrezca serios motivos de credibilidad; indicios graves, documentos, peritación o cualquier otro medio probatorio que comprometa la responsabilidad de las imputadas, y lo que nos surge es la duda, porque hasta el momento el proceso nos había enseñado queAlicia y Martha Liliana, al hacer el aseo del avión de Avianca habrían ingresado las armas hasta el interior del avión, pero encontrado que fueron otras personas que admiten directamente haber sido quienes hicieron el aseo al avión, se debe descartar la presencia de Martha Liliana y Alicia Rincón en la aeronave objeto de plagio.

(...).

Retomando lo hasta ahora expuesto, tenemos que hay dos hechos debidamente probados para esto, el primero de ellos que la declaración con reserva de identidad señaló a las dos aseadoras Martha Liliana Balaguer y Alicia García como las colaboradora en ayuda a ingresar las armas al avión, pero la prueba testimonial apunta a que las armas las llevaban dos de los secuestradores (...).

No hay duda que hubo ayuda desde el interior del aeropuerto, pero la concreta participación por parte de Martha Liliana y Alicia García, como la teníamos estipulada de haber hecho el aseo al avión y haber entrado queda desvirtuada; es probable que efectivamente Alicia y Martha hayan colaborado ingresando las armas y colocándolas en un lugar táctico dentro del aeropuerto para que los secuestradores la tomaran fácilmente, peroesta probabilidad no tiene respaldo probatorio sólido.

(...).

Veamos entonces, que para Alicia y Martha Liliana lo único que soporta su responsabilidad son los testigos con reserva de identidad, quienes en un inicio señalaron a dichas personas como las que entraron las armas al avión no tenía la menor duda de ello pues se señaló que fueron ellas las que hicieron el aseo, perosi observamos la declaración del inspector de aseo del aeropuerto quien menciona que dicha labor la realizó Luis Hernández, quien aceptó que era él, entonces se acentúa la duda sobre su participación” —se destaca—.

Así las cosas, para la Sala es claro que la preclusión de la investigación adelantada contra las señoras Rincón y García se sustentó en que quedó demostrada su inocencia respecto de los hechos acaecidos el 12 de abril de 1999, amén que así fue confirmado el 31 de enero de 2001 por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial(45).

5.2.2.2 En este sentido, resulta necesario rechazar el argumento expuesto por la defensa de la Fiscalía General de la Nación, en virtud del cual, el presente caso no satisface lo dispuesto en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos, pues la preclusión de la investigación obedeció a la duda que se cernía sobre la participación de las implicadas en lo acaecido el 12 de abril de 1999, es decir, a la aplicación del principio in dubio pro reo.

Lo anterior, porque para la Sala es claro que la formulación de la hipótesis relativa a que “es probable que efectivamente Alicia y Martha hayan colaborado ingresando las armas y colocándolas en un lugar táctico dentro del aeropuerto para que los secuestradores la tomaran fácilmente”, en estricto sentido no constituye una duda sobre la responsabilidad de las implicadas, más aún cuando la propia Fiscalía General de la Nación, a renglón seguido, precisó que “esta probabilidad no tiene respaldo probatorio sólido”.

En todo caso, se ha de anotar que, aunque la preclusión hubiera sido consecuencia de la aplicación del principio in dubio pro reo, no así dealguno de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del antes referido Decreto 2700 de 1991, esta Sala ha manifestado que aquel principio “no puede proveer de justo título a la privación de la libertad a la cual fue sometida por el Estado la persona penalmente procesada, comoquiera que aquel nunca pudo desvirtuar que se trataba de una persona inocente —presunción constitucional de inocencia cuya intangibilidad determina la antijuridicidad del daño desde la perspectiva de la víctima, quien no está en el deber jurídico de soportarlo, dado que se trata de una víctima inocente—, más allá de que resultaría manifiestamente desproporcionado exigir de un particular que soportase inerme y sin derecho a tipo alguno de compensación —como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad—, el verse privado de la libertad en aras de salvaguardar la eficacia de una eventual sentencia condenatoria si, una vez instruido el proceso penal y excluida de manera definitiva la responsabilidad del sindicado precautelativamente privado de la libertad, el propio Estado no logra desvirtuar la presunción constitucional de inocencia que siempre amparó a la víctima directa de tal detención, en cuanto la condena cuyo cumplimiento buscaba garantizarse a través de la medida de aseguramiento nunca se produce, todo lo cual determina que ante tal tipo de casos los afectados no deban ‘acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la declaración de responsabilidad: actuación del Estado, daños irrogados y nexo de causalidad entre aquella y estos’(46)(47).

5.2.2.3 Finalmente, en relación con la figura del testigo con reserva de identidad, se ha de recordar que mediante Sentencia C-392 de 2000(48), la Corte Constitucional declaró su inexequibilidad, al estimar que resulta violatoria de la garantía constitucional del debido proceso público,al imposibilitarse al sindicado “el ejercicio pleno del derecho a tachar al testigo, cuando existan motivos para dudar de su imparcialidad”.

5.2.2.4 Con fundamento en lo expuesto, la Sala revocará la sentencia proferida el 12 de enero de 2005 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y la condenará a pagar las indemnizaciones que a continuación se señalan.

En consecuencia, se negarán las pretensiones respecto de la dirección ejecutiva de administración judicial, toda vez que quedó demostrado que el hecho dañoso fue el resultado del obrar de la fiscalía general, no así de esa entidad.

Igualmente, se rechazará la excepción propuesta por la demandada de “eximente de responsabilidad por el hecho exclusivo de un tercero”, toda vez que era su obligación constitucional verificar la veracidad de las afirmaciones de clave Arcángel y confrontarlas con los demás medios de prueba que apuntaban a demostrar la inocencia de las señoras Rincón y García y, además, por la potísima razón de que fue la Fiscalía General de la Nación, no el testigo, quien privó a las víctimas de su libertad.

6. Indemnización de perjuicios.

6.1. Indemnización del perjuicio moral.

6.1.1. En la demanda se solicitó una indemnización a título de perjuicio moral.

6.1.2. De acuerdo con el criterio adoptado por la Sala desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 —Exp. 13.232—(49), la demostración del daño moral en su mayor grado debe ser indemnizada con una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que “la indemnización por perjuicios morales se concede en todos aquellos casos en los que el ser humano, de ordinario, dada la condición de víctima o en razón de la cercanía afectiva a esta, siente dolor, congoja, sufrimiento o aflicción por el daño irrogado, situación que no se limita a la muerte”(50).

Adicionalmente, la sección precisado que la tasación del perjuicio moral se efectúa conforme a la discrecionalidad —no arbitrariedad— del juzgador, pues la naturaleza subjetiva e individual y, por tanto,inconmensurable del dolor moral, impide que su valoración pueda estar sujeta a tablas de medición o a parámetros cuantitativos(51). Así mismo, la Sala ha considerado que dada la lesión íntima que comporta el perjuicio moral, su indemnización no tiene un carácter restitutorio ni reparador, sino simplemente compensatorio, pues “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia”(52).

Igualmente, la jurisprudencia ha sido clara en sostener que la indemnización por el perjuicio moral debe procurar, en la medida en que el caso concreto así lo permita, la realización de los principios de equidad e igualdad(53).

Finalmente, la Sala ha señalado que la determinación del monto debe estar sustentada en las pruebas que acrediten la existencia del daño y la calidad con la que se acude al proceso. Frente a este punto, de forma reiterada y unificada, la Sala ha sostenido que el parentesco —que por mandato de la ley se acredita con el registro civil de nacimiento(54)—, constituye un hecho probado a partir del cual se infiere, con ayuda de las reglas de la experiencia, el dolor que padecen los abuelos, padres, hijos, hermanos, nietos, así como el cónyuge o compañera o compañero permanente de la víctima, como consecuencia de la configuración de un daño imputable a la administración(55).

6.1.3 Por lo anterior, la Sala considera procedente reconocer a favor de los demandantes una indemnización por concepto de perjuicio moral, tasada en salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ejecutoria del presente fallo, pues se infiere que la privación injusta de la libertad de las señoras Alicia García de Flórez y Martha Liliana Rincón Balaguer entre el 7 de diciembre de 1999 y el 26 de octubre de 2000, es decir, por 10 meses y 19 días, les causó congoja y sufrimiento:

6.1.3.1. Grupo familiar de la señora Alicia García de Flórez.

DemandanteIndemnización
Alicia García de Flórez, en calidad de víctima80 s.m.l.m.v.
Gabriel Flórez Hernández, cónyuge de la víctima80 s.m.l.m.v.
Jacinta Becerra, madre de la víctima80 s.m.l.m.v.
Gabriel, Gladys María, Jaime, Martha, Alexandra y Orlando Flórez García, hijos de la víctima80 s.m.l.m.v.
Edison Ferney Flórez Camacho, Mayra Alejandra Flórez Ortiz, Fabián Andrés Flórez Calderón, Angie Carolina Flórez García y Roy Steffen Flórez Morales, nietos de la víctima40 s.m.l.m.v.

6.1.3.2. Grupo familiar de la señora Martha Liliana Rincón Balaguer.

En este punto, la Sala ha de anotar que de acuerdo con la prueba testimonial que obra en el plenario(56), para la fecha en que ocurrieron los hechos la señora Martha Liliana Rincón Balaguer fungía como madre del menor Vladimir Sanabria Balvuena, hijo de su compañero permanente, señor Nicolás Sanabria López, por lo que se reconocerá a su favor una indemnización equivalente a aquella que se concede a los hijos de quien sufre un daño por cuenta de la administración.

DemandanteIndemnización
Martha Liliana Rincón Balaguer, en calidad de víctima80 s.m.l.m.v.
Nicolás Sanabria López, compañero permanente de la víctima80 s.m.l.m.v.
Brandon Jair Sanabria Rincón, hijo de la víctima80 s.m.l.m.v.
Vladimir Sanabria Balvuena, hijo de la víctima80 s.m.l.m.v.
María Elena López López, suegra de la víctima.20 s.m.l.m.v.

6.2 Indemnización del daño material

6.2.1. Daño emergente.

Si bien en la demanda se solicitó el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, en el expediente no obran pruebas que soporten su causación y, por tanto, dicha pretensión será negada.

6.2.2. Lucro cesante.

6.2.2.1 En la demanda se solicitó el reconocimiento de una indemnización a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de las señoras García de Flórez y Rincón Balaguer.

6.2.2.2. Lucro cesante a favor de la señora Alicia García de Flórez.

Se encuentra demostrado que para la fecha en que ocurrieron los hechos objeto de la demanda, la señora García trabajaba para la Empresa Internacional de Negocios S.A., en el cargo de supervisora de aseo “en el frente aeropuerto Palonegro”, actividad por la que mensualmente devengaba la suma de $ 280.000, pues así se lee en la certificación expedida el 7 de marzo de 2001 por la sociedad anotada(57).

En consecuencia, se accederá a la pretensión invocada, como sigue:

S 2001-02828for1.jpg
 

Ra = Renta actualizada.

Rh = Renta a actualizar: $ 280.000.

Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 113,80, que es el correspondiente a julio de 2013.

Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 57,00, que es el que correspondió a diciembre de 1999, mes en que la señora García fue privada de la libertad.

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Comoquiera que la suma anterior es inferior al salario mínimo legal mensual vigente, para realizar la liquidación la Sala acogerá este último ($ 589.500). Sobre dicha suma se adicionará el 25% ($ 147.375) que, se presume, la víctima recibiría por concepto de prestaciones sociales, para un total de $ 736.875.

La indemnización cubrirá el tiempo durante el cual la demandante permaneció privada de la libertad por cuenta de la Fiscalía General de la Nación, esto es, entre el 7 de diciembre de 1999 y el 26 de octubre de 2000 (10,63 meses), indemnización que habrá de extenderse por un período adicional de 35 semanas (8.75 meses), que corresponden al tiempo que, en promedio, puede tardar una persona en edad económicamente activa para encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia(58), con fundamento en la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA(59).

Total de meses a indemnizar: 19,38.

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Para aplicar se tiene:

S = Suma a obtener.

Ra = Renta actualizada, es decir, $736.875

I = Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.

N = 19,38 meses.

1 = Es una constante.

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De esta manera, le corresponde a la señora Alicia García de Flórez la suma de catorce millones novecientos treinta y siete mil setecientos cincuenta y dos pesos ($ 14.937.752), por concepto de lucro cesante.

6.2.2.3. Lucro cesante a favor de la señora Martha Liliana Rincón Balaguer.

Se encuentra demostrado que para la fecha en que ocurrieron los hechos objeto de la demanda, al igual que la señora García, la señora Martha Liliana trabajaba para la Empresa Internacional de Negocios S.A., en el cargo de operaria de aseo “en el frente Aeropuerto Palonegro”, por lo que mensualmente devengaba la suma de $ 236.460, en tanto ello consta en la certificación expedida el 13 de marzo de 2001 por la sociedad anotada(60).

Por lo anterior, se accederá a la pretensión aludida, en los siguientes términos:

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Ra = Renta actualizada.

Rh = Renta a actualizar: $ 236.460.

Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 113,80, que es el correspondiente a julio de 2013.

Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 57,00, que es el que correspondió a diciembre de 1999, mes en que la señora García fue privada de la libertad.

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Dado que la suma anterior es inferior al salario mínimo legal mensual vigente, para realizar la liquidación la Sala acogerá este último ($ 589.500). Sobre esta suma se adicionará el 25% ($ 147.375) que, se presume, la víctima recibiría por concepto de prestaciones sociales, para un total de $ 736.875.

La indemnización cubrirá el tiempo durante el cual la demandante permaneció privada de la libertad a manos de la Fiscalía General de la Nación (10,63 meses), más 8.75 meses, que, como ya se dijo, corresponden al tiempo que, en promedio, puede tardar una persona en edad económicamente activa para encontrar un nuevo puesto de trabajo:

Total de meses a indemnizar: 19,38.

S 2001-02828for3.jpg
 

Para aplicar se tiene:

S = Suma a obtener.

Ra = Renta actualizada, es decir, $ 736.875

I = Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.

N = 19,38 meses.

1 = Es una constante.

S 2001-02828for4.jpg
 

De esta manera, le corresponde a la señora Martha Liliana Rincón Balaguer la suma de catorce millones novecientos treinta y siete mil setecientos cincuenta y dos pesos ($ 14.937.752), por concepto de lucro cesante.

7. Costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. Resuelve

1. REVOCAR la sentencia proferida el doce (12) de enero de 2005 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, que negó las pretensiones de la demanda.

2. DECLARAR la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados a Alicia García Becerra, Gabriel Flórez Hernández, Jacinta Becerra, Gabriel, Gladys María, Jaime, Martha, Alexandra y Orlando Flórez García, Edison Ferney Flórez Camacho, Mayra Alejandra Flórez Ortiz, Fabián Andrés Flórez Calderón, Angie Carolina Flórez García, Roy Steffen Flórez Morales, Martha Liliana Rincón Balaguer, Nicolás Sanabria López, Brandon Jair Sanabria Rincón, Vladimir Sanabria Balvuena y María Elena López López, por la privación injusta de la libertad de las señoras Alicia García Becerra y Martha Liliana Rincón Balaguer entre el 7 de diciembre de 1999 y el 26 de octubre de 2000.

3. CONDENAR a la Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas equivalentes a salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo:

DemandanteIndemnización
Alicia García de Flórez80 s.m.l.m.v.
Martha Liliana Rincón Balaguer80 s.m.l.m.v.
Gabriel Flórez Hernández80 s.m.l.m.v.
Nicolás Sanabria López80 s.m.l.m.v.
Jacinta Becerra80 s.m.l.m.v.
Gabriel Flórez García, Gladys María Flórez García, Jaime Flórez García, Martha Flórez García, Alexandra Flórez García, Orlando Flórez García80 s.m.l.m.v. para cada uno
Brandon Jair Sanabria Rincón80 s.m.l.m.v.
Vladimir Sanabria Balvuena80 s.m.l.m.v.
Edison Ferney Flórez Camacho, Mayra Alejandra Flórez Ortiz, Fabián Andrés Flórez Calderón, Angie Carolina Flórez García y Roy Steffen Flórez Morales40 s.m.l.m.v. para cada uno
María Elena López López20 s.m.l.m.v.

4. CONDENAR a la Fiscalía General de la Nación a pagar a las señoras Alicia García de Flórez y Martha Liliana Rincón Balaguer, por concepto de perjuicios materiales, la suma de catorce millones novecientos treinta y siete mil setecientos cincuenta y dos pesos ($ 14.937.752), para cada una.

5. NEGAR las demás pretensiones de las demandas.

6. DESEcumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y 115 del Código de Procedimiento Civil Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme esta providencia, REMITASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(15) “Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad. || El documento privado es auténtico en los siguientes casos: || 1. Si ha sido reconocido ante el juez o notario, o si judicialmente se ordenó tenerlo por reconocido. || 2. Si fue inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó. || 3. Si habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido manuscrito por la parte contra quien se opone, ésta no lo tachó de falso oportunamente, o los sucesores del causante a quien se atribuye dejaren de hacer la manifestación contemplada en el inciso segundo del artículo 289. || Esta norma se aplicará también a las reproducciones mecánicas de la voz o de la imagen de la parte contra quien se aducen, afirmándose que corresponde a ella. || 4. Si fue reconocido implícitamente de conformidad con el artículo 276. || 5. Si se declaró auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, o en la diligencia de reconocimiento de que trata el artículo 274. || Se presumen auténticos los libros de comercio debidamente registrados y llevados en legal forma, el contenido y las firmas de pólizas de seguros y recibos de pago de sus primas, certificados, recibos, bonos y títulos de inversión en establecimientos de crédito y contratos de prenda con éstos, cartas de crédito, contratos de cuentas corrientes bancarias, extractos del movimiento de estas y de cuentas con aquellos establecimientos, recibos de consignación y comprobantes de créditos, de débitos y de entrega de chequeras, emitidos por los mismos establecimientos, y los títulos de acciones en sociedades comerciales y bonos emitidos por estas, títulos valores, certificados y títulos de almacenes generales de depósito, y demás documentos privados a los cuales la ley otorgue tal presunción”.

(16) “Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: || 1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada. || 2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente. || 3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.

(17) Expediente AG-025, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(18) Folios 13 a 21 del cuaderno 4.

(19) Expediente 17.667, C.P. (e) Mauricio Fajardo Gómez.

(20) Folio 3 del cuaderno 3.

(21) Folio 1 del cuaderno 3.

(22) Folios 4A a 14 del cuaderno 3.

(23) Cfr. Decreto 1260 de 1970 “por el cual se expide el estatuto del registro del estado civil de las personas”.

(24) Folio 14 del cuaderno 4.

(25) Copia auténtica de los registros civiles de nacimiento, folios 12 y 15 del cuaderno 4.

(26) “Sírvase manifestar al despacho si conoce a Martha Liliana Rincón Balaguer, Nicolás Sanabria López, Brandon Jair Sanabria Rincón, Vladimir Sanabria Balvuena y María Elena López López. En caso afirmativo, desde qué fecha y por qué causa. Contestó: los distingo a todos ellos desde hace 10 años, es una familia bastante grande y por eso son más personas, son varios hermanos, los conocí porque yo siempre he vivido en el barrio donde ellos han vivido, ellos viven en el barrio El Fonce, y yo vivo en el barrio Pablo VI que es otro barrio pegadito. Preguntado: informe al despacho lo que le conste sobre la crianza de Vladimir Sanabria Balvuena. Contestó: pues la señora Martha Liliana y el señor Nicolás Sanabria, que es el papá de Vladimir, lo han tenido desde muy pequeño, porque aunque la verdadera mamá de Vladimir que también se llama Martha, ha estado pendiente de él, Vladimir ha estado más apegado al papá y por tanto, Martha Liliana lo ha criado como a un verdadero hijo. Preguntado: diga al despacho lo que sepa y le conste acerca de las personas con quienes convivía la señora Martha Liliana Rincón Balaguer y cómo ha sido la relación de ella con su familia. Contestó: ella ahorita vive con un cuñado de ella, a quien le digo Maní, pero no le sé el verdadero nombre, porque la casa es del cuñado, pero Martha Liliana es muy allegada a la suegra y a las cuñadas quienes son solteras; el compañero de Martha es Nicolás Sanabria y tienen un niño que se llama Brandon Sanabria y el hijastro que es el que siempre ha vivido con ellos que se llama Vladimir Sanabria. (...) Preguntado: diga al despacho si con ocasión de la captura y del proceso que se le siguió a Martha Liliana Rincón Balaguer, el esposo de ella, su hijo, su hijastro y su suegra sufrieron moralmente. Contestó: sí, sobre todo el esposo porque él mientras ella estuvo recluida en Bogotá tuvo que prestar para ir y volver, le tocaba luchar por un lado y por el otro, y el niño también sufrió mucho, y la suegra le tocó cuidar el niño de la señora Martha Liliana y de Vladimir” (fls. 148 y 149 del cdno. 3).

(27) “Sírvase manifestar al despacho si conoce a Martha Liliana Rincón Balaguer, Nicolás Sanabria López, Brandon Jair Sanabria Rincón, Vladimir Nicolás Sanabria Balvuena y María Elena López López. En caso afirmativo desde qué fecha y por qué causa. Contestó: los conozco a todos ellos, a la señora Martha hace 13 años la distingo porque ella ha estado viviendo en el barrio El Fonce con el esposo que se llama Nicolás Sanabria, y Vladimir es joven estudiante y también hace 13 años, y el pequeño que se llama Brandon y tiene como 11 años está estudiando, a Nicolás Sanabria lo distingo desde que tengo uso de razón porque nos criamos ahí en el barrio El Fonce, es trabajador; María Elena es la mamá de Nicolás y la conozco también desde hace 42 años. Preguntado: informe al despacho lo que le conste sobre la crianza de Vladimir Sanabria Balvuena. Contestó: pues la señora Martha es la que lo ha criado, lo ha sacado adelante dándole educación y estudio y en lo que ha estado al alcance de ella y ella lo ha hecho porque es la mamá, ahoritica (sic) el muchacho tendrá unos 13 ó 14 años. Preguntado: diga al despacho lo que sepa y le conste acerca de las personas con quienes convive la señora Martha Liliana Rincón Balaguer y cómo ha sido la relación de ella con su familia. Contestó: cuando ella fue detenida vivía donde un vecino que había hecho una mediagua (sic) y ella vivía con Nicolás Sanabria y estaba Vladimir y Brandon, entre ellos se quieren muchísimo, los dos esposos se respetan y quieren mucho a sus hijos, han sido buena pareja y también han sido unos padres muy buenos. Preguntado: diga al despacho si con ocasión de la captura y del proceso que se le siguió a Martha Liliana Rincón Balaguer, el esposo de ella, su hijo Brandon, su hijastro Vladimir y su suegra Elena López sufrieron moralmente. Contestó: sí, claro que sí, para ellos fue un golpe muy duro y al mismo tiempo fue tremendo” (fls. 150 y 151 del cdno. 3).

(28) “Sírvase informar al despacho si conoce a Martha Liliana Rincón Balaguer, Nicolás Sanabria López, Brandon Jair Sanabria Rincón, Vladimir Sanabria Balvuena y María Elena López López. Contestó: los conozco a todos ellos, a doña Elena hace como 25 años porque somos vecinos, a Martha Liliana la conozco hace como 12 años porque ella se vino a vivir ahí al barrio El Fonce con Nicolás a quien conozco desde hace como 25 años porque cuando yo me casé con mi esposo ellos ya vivían en la casa vecina; a Brandon lo conozco desde que nació me parece que tiene 7 años; y a Vladimir también lo conozco desde pequeño porque como él es hijo de otra señora, lo conozco desde cuando ella se fue y se lo dejó al papá, eso hace como 11 años creo yo. Preguntado: informe al despacho lo que le conste sobre la crianza de Vladimir Sanabria Balvuena. Contestó: pues yo he visto que a Vladimir Martha lo quiere mucho, y él siempre ha vivido ahí con Martha desde que la mamá se fue y Vladimir respeta a Martha. Preguntado: diga al despacho lo que sepa y le conste acerca de las personas con quienes convive la señora Martha Liliana Rincón Balaguer y cómo ha sido la relación de ella con su familia. Contestó: pues yo sé que vive en donde un cuñado y con inquilinos que tenía ahí, ella vivía con su esposo Nicolás Sanabria, con su hijo Brandon y el hijastro que se llama Vladimir, la suegra vive en otra casa pero retirada; que yo sepa todos ellos se quieren, se respetan, porque Martha es una señora que no es grosera” (fls. 152 y 153 del cdno. 3).

(29) “Sírvase manifestar al despacho si conoce a Martha Liliana Rincón Balaguer, Nicolás Sanabria López, Brandon Jair Sanabria Rincón, Vladimir Nicolás Sanabria Balvuena y María Elena López López. En caso afirmativo desde qué fecha y por qué causa. Contestó: los conozco a todos ellos, a doña Elena hace como 40 años porque somos vecinos y fundadores del barrio, a Martha Liliana la conozco hace como 10 años más o menos porque es la esposa de Nicolás, a quien conozco desde crianza prácticamente; a Brandon lo conozco desde que nació no recuerdo bien fijo la edad, pero es pequeñito y es hijo de Martha y Nicolás; y a Vladimir también lo conozco desde pequeño porque como él es hijo de Nicolás con otra señora con quien convivió primero, ella también se llamaba Martha y se lo dejó al papá para que lo criara. Preguntado: informe al despacho lo que le conste sobre la crianza de Vladimir Sanabria Balvuena. Contestó: a Vladimir prácticamente lo crio Martha la actual esposa de Nicolás” (fls. 154 a 155 del cdno. 3).

(30) Folios 91, 93, 95 y 98 del cuaderno 3.

(31) Folios 165 a 205 del cuaderno 3.

(32) Sentencia de 2 de marzo de 2000, Expediente 11.945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(33) La exequibilidad de esta disposición fue estudiada por la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, oportunidad en la que se concluyó: “este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término ‘injustamente’ se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”.

(34) Sentencia de Sección de 6 de abril de 2011, Expediente 21.653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio: “la responsabilidad patrimonial del Estado debe ser declarada en todos aquellos casos en los cuales se dicte sentencia penal absolutoria o su equivalente, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, con fundamento en el segundo segmento normativo del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, cuando la decisión penal se profiera en vigencia de esa norma, esto es, cuando la sentencia penal o su equivalente se hubieran proferido durante el lapso comprendido entre el 30 de noviembre de 1991 y el 24 de julio de 2001, al margen de que la privación de la libertad la hubiera sufrido el sindicado aun antes de la vigencia de la norma, porque solo desde la decisión definitiva debe entenderse consolidado el daño antijurídico” —se destaca—.

(35) Respecto de La vigencia de la Ley 270 de 1996 y la aplicación del art. 414 del Decreto 2700 de 1991, en sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente 15.463, se sostuvo: “la Sala ha considerado que su interpretación no se agota en la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por detención injusta, cuando esta sea ilegal o arbitraria. En jurisprudencia reciente(1), se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, contempladas en el derogado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad en las cuales se haya arribado a cualquiera de los tres supuestos a los que hacía referencia la citada disposición. Es decir, que después de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta ‘porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible’, se configura un evento de detención injusta” —se destaca—. Así mismo, en la ya citada sentencia de Sección de 6 de abril de 2011, Expediente 21.653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, se afirmó: “la derogatoria del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y la carencia en los subsiguientes códigos de procedimiento penal de una norma con el mismo contenido de ese artículo, no impiden deducir la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad en los mismos eventos previstos en aquel, esto es, cuando mediante sentencia que ponga fin al proceso o providencia con efectos similares, se absuelva al sindicado con fundamento en que la conducta no existió, el sindicado no la cometió o el hecho no era punible” —se destaca—.

(36) Expediente 23.174, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(37) Ver, por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-456 de 2006 y de la Sala de 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168 y de 6 de marzo de 2008, Expediente 16.075.

(38) Sentencia de 6 de marzo de 2006, Expediente 13.168.

(39) Sentencia de 6 de marzo de 2008, Expediente 16.075.

(40) Sentencia de 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168. Una amplia exposición doctrinaria sobre ese derecho puede verse en sentencias de 14 de abril de 2010, Expediente 18.960.

(41) Ver, por ejemplo, sentencias de 7 de diciembre de 2004, expedientes 13.481 y 14.676.

(42) “A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no sólo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto éstas son decisiones equivalentes a aquélla para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, Exp. 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, Exp. 13.449”.

(43) Sentencia de sección de 6 de abril de 2011, Expediente 21.653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. No obstante, es preciso tener en cuenta que en sentencia de sección de 19 de abril de 2012 (Exp. 21.515, C.P. Hernán Andrade Rincón), la Sala señaló que el modelo de responsabilidad estatal establecido por el constituyente de 1991 “no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar”. En este sentido, la providencia citada es clara en señalar que la utilización de los títulos de imputación no puede entenderse derivada de la existencia de “un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación”, comoquiera que “el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado”.

(44) Folios 27 a 50 del cuaderno 3.

(45) Folios 59 a 76 del cuaderno 3.

(46) “Sentencia del 4 de diciembre de 2.006, Exp. 13.168, reiterada en sentencia de octubre 8 de 2007, Exp. 16.057. En esta última providencia se efectúa una vasta referencia al derecho comparado, la cual ilustra que la prohijada por la Sala, en estos casos, es la postura ampliamente acogida tanto por la legislación como por la doctrina y la jurisprudencia en países cuya tradición jurídica ha tenido notable influencia en la cultura jurídica, también reiterada en sentencia proferida el 25 de febrero de 2009, Exp. 25.508 y en sentencia de mayo 26 de 2011, Exp. 20.299”.

(47) Sentencia de 14 de marzo de 2013, Expediente 25.569, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(48) M.P. Antonio Barrera Carbonel.

(49) C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(50) Sentencia de Expediente 24.929, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(51) Sentencia del 14 de marzo de 2012, Expediente 21.859, C.P. Enrique Gil Botero, se afirmó: “el arbitrio iuris siempre será necesario en cualquier ordenamiento jurídico puesto que el legislador no puede contemplar todas y cada una de las hipótesis y variables que se pueden presentar en el proceso judicial, razón por la cual queda un margen de maniobra a cargo del operador judicial que, lejos de ser catalogado como arbitrariedad, constituye un campo de discreción racional en el que con fundamento en las reglas de la experiencia y la sana crítica traza derroteros para colmar esas lagunas o vacíos que están contenidos en la ley”.

(52) Supra 49.

(53) Sentencia de 12 de mayo de 2011, expediente 19.835, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(54) Cfr. Decreto 1260 de 1970“por el cual se expide el estatuto del registro del estado civil de las personas”.

(55) Sentencia de 24 de marzo de 2011, Expediente 19.067, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(56) Testimonio de la señora Marcela Enith Hernández (fls. 148 y 149 del cdno. 3): “preguntado: informe al despacho lo que le conste sobre la crianza de Vladimir Sanabria Balvuena. Contestó: pues la señora Martha Liliana y el señor Nicolás Sanabria, que es el papá de Vladimir, lo han tenido desde muy pequeño, porque aunque la verdadera mamá de Vladimir que también se llama Martha, ha estado pendiente de él, Vladimir ha estado más apegado al papá y por tanto, Martha Liliana lo ha criado como a un verdadero hijo”; testimonio del señor Javier Ospina Beltrán (fls. 150 y 151 del cdno. 3): “preguntado: informe al despacho lo que le conste sobre la crianza de Vladimir Sanabria Balvuena. Contestó: pues la señora Martha es la que lo ha criado, lo ha sacado adelante dándole educación y estudio y en lo que ha estado al alcance de ella y ella lo ha hecho porque es la mamá, ahoritica (sic) el muchacho tendrá unos 13 o 14 años”; testimonio de la señora Ana Victoria Rojas Rodríguez (fls. 152 y 153 del cdno. 3): “preguntado: informe al despacho lo que le conste sobre la crianza de Vladimir Sanabria Balvuena. Contestó: pues yo he visto que a Vladimir Martha lo quiere mucho, y él siempre ha vivido ahí con Martha desde que la mamá se fue y Vladimir respeta a Martha” y testimonio del señor Aurelio Jaimes (fls. 154 a 155 del cdno. 3): “preguntado: informe al despacho lo que le conste sobre la crianza de Vladimir Sanabria Balvuena. Contestó: a Vladimir prácticamente lo crio Martha la actual esposa de Nicolás”.

(57) Folio 17 del cuaderno 3.

(58) Precedente sentado en la sentencia de sección de 6 de abril de 2011, Expediente 21.653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(59) Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, “Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003”, en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, pág. 22. Fuente citada por la Sala en sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168.

(60) Folio 19 del cuaderno 4.