Sentencia 2001-02951 de agosto 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Proceso 15001-23-31-000-2001-02951-01(32319)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Naturaleza: acción de reparación directa

Actor: Miguel Ángel Sánchez Sarmiento y otra

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Corresponde a la Sala conocer el presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones, comoquiera que la cuantía de la demanda corresponde a la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(2), para que la segunda instancia en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa sea conocida por esta corporación.

2. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas aportadas al plenario, se tienen probados los siguientes hechos relevantes para resolver la controversia(3):

— El señor Miguel Ángel Sánchez Sarmiento ingresó al Ejército Nacional, como soldado regular, mediante “Dirtr 159 de 19991210, novedad 20000706” y fue adscrito al batallón de infantería 2 - Mariscal Antonio José de Sucre, con sede en el municipio de Chiquinquirá - Boyacá (fl. 146, cdno. ppal.).

— El 23 de marzo de 2001, aproximadamente a las 10:10 a.m., el antes nombrado, mientras cumplía una orden del subteniente Wilson Sanabria Castelblanco, consistente en terminar un caballo de frisa(4) en la base militar del alto de Saboyá, junto con otros uniformados, pisó una mina antipersonal que, al detonar, le causó heridas de gravedad en su oído y pierna izquierda, las cuales obligaron a remitirlo de urgencia al Hospital San Salvador de Chiquinquirá y fueron calificadas como ocurridas “en servicio por causa y razón del mismo”. Se conoce también que previamente el grupo antiexplosivos Marte del Ejercito Nacional había barrido los campos minados y asegurado esa área.

“— Informe de accidente - base militar Saboyá - 23 de marzo de 2001.

Respetuosamente me permito informar al señor teniente coronel comandante de batallón de infantería 2 - Sucre, sobre los hechos ocurridos el día 23 de marzo del año en curso, siendo aproximadamente las 10:10, el soldado regular Sánchez Sarmiento Miguel Ángel, identificado con cédula de ciudadanía 3.152.210 se encontraba cumpliendo órdenes del señor ST Sanabria Castelblanco Wilson con otros soldados, la orden era terminar un caballo de frisa. El soldado en mención pisó una mina que se encontraba enterrada, causándole por lo que se pudo evidenciar fractura, no se estableció la magnitud ya que se evacuó inmediatamente para el Hospital de Chiquinquirá para que recibiera atención especializada. De acuerdo a lo manifestado por el señor SS. Ochoa Zabala Richard especializados en explosivos habían recorrido la base para detectar campos minados (fls. 5, 80, 81, cdno. ppal.).

— Informe administrativo por lesión 007

A. El día 23 de marzo de 2001, aproximadamente a las 10:10 horas, el soldado regular Sánchez Sarmiento Miguel Ángel, código militar 3152210, integrante del tercer contingente de 2000, se encontraba cumpliendo órdenes del señor ST. Sanabria Castelblanco Wilson con otros soldados, la cual consistía en terminar un caballo de frisa. El soldado en mención pisó una mina que se encontraba enterrada, causándole, por lo que se pudo observar, fractura abierta y múltiple-grado IIIC tibia y peroné distal cerrada del pie izquierdo. De inmediato fue evacuado al Hospital San Salvador de la ciudad de Chiquinquirá (...).

C. Imputabilidad. De acuerdo con el artículo 24, literal b, del Decreto 1796 del 14 de septiembre de 2000, la lesión ocurrió “en el servicio por causa y razón del mismo” (fls. 4, 143, cdno. ppal.).

— A las 10:00 p.m. de ese día, el Hospital Militar Central recibió al señor Sánchez Sarmiento, remitido del Hospital San Salvador de Chiquinquirá, “por presentar trauma a nivel miembro inferior izquierdo, posterior a pisar una mina antipersonal —quiebrapatas— (...) mientras se encontraba en la base del alto de Saboyá de la cual hace parte” (cdno. 3).

— Los especialistas de ortopedia y traumatología del Hospital Militar Central, en atención a la sintomatología presentada, esto es, “frialdad del pie, ausencia de pulso pedio izquierdo, tibial posterior ausente, palidez del pie izquierdo, exposición de tendones, músculo, tejido óseo, inestabilidad de la articulación del pie, avulsión de tejidos blandos”, determinaron que el paciente debía sufrir la amputación de la pierna izquierda por debajo de la rodilla (cdno. 3).

— La junta médico laboral registrada en la dirección de sanidad del Ejército Nacional, mediante Acta 2284 de 16 de agosto del 2001, detalló que las secuelas que padece el señor Sánchez Sarmiento son: “amputación pierna izquierda por debajo de la rodilla, lumbalgia secundaria a balance muscular, hipoacusia izquierda de 40 decibeles” y determinó, en consecuencia, incapacidad absoluta y permanente y pérdida de la capacidad laboral del 100% (fls. 121-123, cdno. ppal.).

— Un oficial de instrucción del batallón de infantería 2 - Mariscal Antonio José de Sucre, por auto de 20 de abril de 2001, no encontró “mérito suficiente ni la prueba legal requerida para disponer la apertura formal de la averiguación disciplinaria”, por la lesión padecida por “el soldado Sánchez Sarmiento Miguel Ángel, en la base militar del alto de Saboyá el día 23 de marzo de ese año, cuando se encontraba como comandante de esa sede el señor capitán González Florian Yesid Ricardo” (fls. 107-108, cdno. ppal.).

— El 16 de agosto de 2001, el señor Miguel Ángel Sánchez Sarmiento fue dado de baja por incapacidad absoluta y permanente, “por OAPCE 20010925, novedad fiscal 20010816, con un tiempo de servicio prestado de a las Fuerzas Militares de 1 año, 1 mes y 10 días” (fl. 146, cdno. ppal.).

— Por Resolución 2212 de 11 de diciembre de 2001, el Ministerio de Defensa Nacional reconoció y ordenó pagar “a partir del 16 de noviembre de ese año, a favor del exsoldado regular del Ejército Nacional Sánchez Sarmiento Miguel Ángel, CC 3.152.210, Código 3152210, una pensión mensual de invalidez, equivalente al 95% del sueldo básico que devengue en todo tiempo un cabo tercero” (fls. 114-115, cdno. ppal.).

— Por Resolución 15821 de 12 de diciembre de 2001, el Ejército Nacional reconoció al señor Sánchez Sarmiento una indemnización de $ 27.410.670, por concepto de disminución de la capacidad laboral del 100%, “teniendo en cuenta el Decreto 1796 de 2000; las tablas A, C y el factor de 54.00, por el cual se deben multiplicar los siguientes factores prestacionales: sueldo básico cabo tercero $ 507.605, total: $ 507.605” (fls. 69-70, 112, 135-136, 137-138, cdno. ppal.).

— El jefe de departamento E-3 del Ejército Nacional se dirigió al tribunal, en respuesta de un requerimiento, para precisar que “en las bases militares y centros de instrucción no está autorizado tener minas quiebrapatas sembradas, por el contrario, la fuerza capacita y prepara a todos sus hombres para afrontar este flagelo y contrarrestar la acción terrorista de las OAML con el sembrado de minas. Existen varios instructivos referentes a los procedimientos que se deben observar al encontrar un campo minado o un artefacto explosivo” (fl. 116, cdno. ppal. Oficio 47077/CEDE3-OR-380 de ene. 28/2004).

— Según las declaraciones rendidas por los superiores y compañeros de la víctima, en el curso de la investigación preliminar abierta por el Ejército Nacional - batallón de infantería 2 - Mariscal Antonio José de Sucre para establecer la responsabilidad disciplinaria por los hechos en que resultó lesionado el soldado regular Miguel Ángel Sánchez Sarmiento, (i) el accidente ocurrió el 23 de marzo de 2001, en las horas de la mañana, cuando este ejecutaba una orden consistente en terminar un caballo de frisa, en el sector nororiental de la base del alto de Saboyá; (ii) los campos minados que existían en la instalación militar fueron retirados por el grupo especializado antiexplosivos Marte, a raíz de un incidente que se presentó, un año atrás, con un semoviente que pastaba en el lugar y (iii) luego de la limpieza, se tenía el convencimiento de que la zona estaba asegurada, tanto así que, días previos al insuceso, se podó el pasto sin contratiempos(5):

“El día anterior que había llegado a la base, pregunté al señor subteniente Sanabria por la colocación de las minas Claymore, porque aproximadamente hace un año yo estuve en la base y se encontraban colocadas, él me dijo que ya se encontraban recogidas (...). Hace aproximadamente un año encontrándome en la misma base, estando de comandante el señor capitán Halman Rojas Carlos Sanín, se había autorizado a una señora vecina de la base para que pastara cuatro vacas de su propiedad, en un sector interno de la base. Un día, uno de dichos animales piso una mina, en un sector donde supuestamente no debía estar ningún campo minado. Se informó a los comandos superiores y mandaron por ese entonces personal orgánico del grupo Marte, los cuales estuvieron verificando por toda la base sin encontrar rastros de campos minados viejos (fl. 88 cdno. ppal. - declaración del SS. Diego Salinas Millán).

Si tuve conocimiento de la existencia de un campo minado, pero lo habían limpiado hace mucho tiempo (fl. 89, cdno. ppal. - declaración del CP. Arnaldo Luna).

Me dijeron —los superiores— que había partes de campos minados y donde el soldado estaba había ido el grupo Marte a desactivar las minas (fl. 90, cdno. ppal. - declaración del SLV. Alexander Ríos Agudelo).

Pues ahí comentaban los soldados que el grupo Marte había recogido todas las minas, yo había estado anteriormente en la base, era contingente 1-9 y se rumoraba que una mina le había quitado una pata a una vaca (fl. 91, cdno. ppal. - declaración del SLV. José Mauricio Sánchez Rocha).

Nos dieron la orden de formar todos los regulares, alrededor de 20-21. Pues mi sargento Salinas les repartió trabajos a los voluntarios, después de eso mi teniente Sanabria nos dio la orden de seguir con los trabajos que estaban asignados, como era terminar los caballos de frisa, nos mandaron (...) hacia el sector nororiental de la base. El soldado Sánchez estaba trabajando con el soldado Moreno que eran los que estaban acuñando los palos, yo con el soldado Yunda estaba extendiendo el alambre sobre los palos y el soldado Sanabria y Sáenz hacían lo mismo que nosotros. Cuando el soldado Sánchez con el soldado Moreno estaban terminando de ajustar el último palo, escuchamos un estallido (...) de un momento a otro escuchamos los quejidos del soldado Sánchez que decía auxilio, me duele el pie (...). Si, anteriores comandantes nos decían que había existido un campo minado, pero que ya las minas las habían sacado (fl. 92, cdno. ppal. - declaración del SLR. Carlos Augusto Polanía Rodríguez).

Ese día era las 8:00 horas, cuando mi capitán González le dio la orden a mi teniente Sanabria y a mi sargento Salinas de repartir los trabajos, mi sargento Salinas le repartió a los voluntarios el trabajo y mi teniente sacó a los que recibían a las 9:00, los que quedamos nos mandó a hacer los caballos de frisa, mi teniente me dio las puntillas y el martillo para que acabáramos de grapar unos palos que hacían falta y habían unos palos que no estaban pisados y yo y Sanabria nos colocamos a pisarlos y los otros empezaron a regar el alambre (...), el soldado Sánchez se fue a ayudarme a pisar los palos porque el otro se fue a extender el alambre y, en ese momento, faltaban dos palos por pisar y dijo que iba a alzar una piedra a tres metros de dicho lugar y yo llegué y dejé de pisar el palo y miré hacia donde se dirigía, él se agachó, alzó la piedra y a lo que se fue a dar la vuelta, fue cuando sonó la explosión y en ese momento yo no supe si auxiliarlo (...), decidí alzarlo con Sanabria, lo sacamos al borde de la cuerda y ahí lo alcanzaron los voluntarios, aproximadamente, hacía las 10:30 horas y como no había ningún carro del batallón, lo embarcamos en el carro de la Policía (...). Mi capitán nos había advertido que a él le habían dicho que por ahí había una que otra mina que habían quedado perdidas en vista de un accidente que había sucedido el año pasado con una vaca (fl. 93, cdno. ppal. - declaración del SLR. Luis Eduardo Moreno).

No me mostraron el plan de seguridad de la base, inclusive por iniciativa propia me enteré que ya habían levantado los campos minados por el grupo Marte, especialistas en explosivos (...). Si al presentarse esta situación, verifiqué el lugar de los hechos y ordené al subteniente Sanabria que suspendiera los trabajos en esta área y me manifestó que por todo este sector habían mandado a cortar el pasto que estaba bastante alto y que no había sucedido nada, igualmente esta situación fue verificada por el señor teniente coronel Duarte Pérez Giovani (fl. 94, cdno. ppal. - declaración del capitán Yesid Mauricio González Florian).

El día 23 de marzo ocurrió un accidente al soldado Sánchez Sarmiento cuando se encontraba cumpliendo órdenes al segundo comandante de la base, las cuales las venía realizando desde el día 15 de marzo, junto con otros soldados. Los cuales trabajaron durante este tiempo en la elaboración de caballos de frisa sin ningún problema hasta el momento del accidente (...). Sabía que no habían campos minados (...). Existieron, pero en ese sitio no, debido a que en el momento de instalar estos el terreno no le pertenecía a la base y solamente se habían colocado en la parte norte, los cuales habían sido recogidos años anteriores por personal experto” (fl. 95, cdno. ppal. - declaración del ST. Wilson Sanabria Castelblanco).

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si (i) el daño alegado en la demanda es imputable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, comoquiera que esta insiste en que el menoscabo que padece la víctima directa fue el resultado de su actuar “imprudente, irresponsable e insensato” y (ii) los perjuicios materiales y el daño a la vida de relación que se piden ser indemnizados, están compensados con el reconocimiento económico por la pérdida de la capacidad laboral y la pensión de invalidez que le fueron otorgados al señor Miguel Ángel Sánchez Sarmiento.

4. Análisis de la Sala.

En el presente caso, se encuentra probado que el 23 de marzo de 2001, en la base militar del alto de Saboya, resultó lesionado el soldado regular Miguel Ángel Sánchez Sarmiento al activar una mina antipersonal, mientras cumplía la orden de terminar un caballo de frisa.

De acuerdo con el artículo 90 de la Carta, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta corporación ha precisado que aunque el ordenamiento jurídico no prevé una definición de daño antijurídico, este hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(6).

Ahora bien, en concordancia con el inciso dos del artículo 216 de la Constitución Política, “[t]odos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”.

En este sentido, el artículo 10 de la Ley 48 de 1993 “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización” precisa que “[t]odo varón colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título de bachiller”. Por su parte, el artículo 13 de la misma ley indica que el servicio militar obligatorio puede prestarse en las siguientes modalidades: como soldado regular —de 18 a 24 meses—, soldado bachiller —durante 12 meses—, auxiliar de policía bachiller —durante 12 meses— y soldado campesino —de 12 hasta 18 meses—.

La jurisprudencia ha sostenido que habrá lugar a indemnizar el daño causado a un soldado conscripto(7), es decir, a quien se vincula al Ejercito Nacional en cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 216 de la Constitución Política en una de las modalidades indicadas en precedencia, cuando el hecho objeto de reproche sea consecuencia del agravamiento de la desigualdad ante las cargas públicas que la incorporación obligatoria por sí misma comporta(8), del sometimiento a un riesgo superior al que el soldado tiene que soportar o de una actuación u omisión de las autoridades que irrogue perjuicios(9). De este modo, se entiende que el Estado, “frente a los conscriptos y reclusos, adquiere no solo una posición de garante al doblegar, en ambos casos, su voluntad y disponer de su libertad individual para un fin determinado, sino que, de igual manera, entra en una relación de especial sujeción(10) que lo hace sujeto responsable de los posibles daños que puedan padecer aquellos”(11).

Colombia atendiendo una política de gobierno tendiente a “la humanización del conflicto armado interno”, impulso el proceso de ratificación de la Convención de Ottawa y expidió la Ley 554 de 14 de enero de 2000, mediante la cual se dio aprobación a dicho instrumento internacional.

La aludida ley de aprobación de la Convención de Ottawa fue revisada por la Corte Constitucional, que la declaro exequible mediante Sentencia C-991 de 2 de agosto de 2000. El 6 de septiembre siguiente, en el marco de la Cumbre del Milenio, se ratificó la convención y nuestro país se convirtió en el Estado parte número 103. El tratado entró en vigor el 1° de marzo del año 2001.

Para el 23 de marzo de 2001, fecha en que el soldado regular Miguel Ángel Sánchez Sanabria resultó lesionado con una mina antipersonal, ya estaba en vigor la Convención de Ottawa —1º de marzo de 2001—, compromiso que en su artículo 1º, establece:

ART. 1º—Obligaciones generales.

1. Cada Estado parte se compromete a nunca, y bajo ninguna circunstancia:

a) Emplear minas antipersonal;

b) Desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a cualquiera, directa o indirectamente, minas antipersonal;

(...) 2. Cada Estado parte se compromete a destruir o a asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal de conformidad con lo previsto en esta convención.

ART. 4º—Destrucción de las existencias de minas antipersonal

Con excepción de lo dispuesto en el artículo 3º, cada Estado parte se compromete a destruir, o a asegurar la destrucción de todas las existencias de minas antipersonal que le pertenezcan o posea, o que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 4 años, a partir de la entrada en vigor de esta convención para ese Estado parte.

ART. 5º—Destrucción de minas antipersonal colocadas en las zonas minadas

1. Cada Estado parte se compromete a destruir, o a asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en las zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor de esta convención para ese Estado parte” (negrita con subrayas fuera del texto).

La dirección de justicia y seguridad del Departamento Nacional de Planeación, en su estudio del año 2002, sobre “La erradicación de las minas antipersonal sembradas en Colombia —implicaciones y costos—” encontró que (i) para esa anualidad, existían cerca de 70.000 minas antipersonal plantadas, de las cuales las Fuerzas Militares habían sembrado alrededor de 20.000; (ii) la mayoría de las minas utilizadas por las Fuerzas Militares fueron producidas por la Industria Militar, Indumil, y destinadas a actividades defensivas de puntos estratégicos —bases militares e infraestructura de comunicaciones—; (iii) la gerencia de Indumil para dar cumplimiento a lo establecido en los artículo 1º y 4º de la Convención de Ottawa, ordenó dar de baja las existencias que tenía de minas antipersonal —MAP— y del material necesario para producirlas en el año 1999; (iv) las Fuerzas Armadas iniciaron la destrucción de los inventarios de MAP a mediados del año 2000 y (v) si bien es cierto que el aludido tratado otorgó un plazo de 10 años, contado a partir de su entrada en vigor, para la destrucción de MAP, también lo es que, mientras se cumple dicha labor, existe el compromiso de adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de las personas.

“Existen cerca de 70 mil minas antipersonal plantadas, de las cuales las Fuerzas Militares han sembrado alrededor de 20 mil y el resto se le otorgan a los grupos subversivos, principalmente al ELN y las FARC.

La mayoría de las minas utilizadas por las Fuerzas Militares fueron producidas por la Industria Militar, Indumil, empresa que proveía minas tipo MN-MAP-15, que se destinaron a actividades defensivas de puntos estratégicos —bases militares e infraestructura de telecomunicaciones—.

Entre 1989 y 1996 Indumil fabricó 22.300 minas de tipo NM-MAP-1 explosiva, de las cuales 19.706 fueron entregadas a las diferentes fuerzas (16.410 al Ejército, 2.590 a la Armada y 706 a la Fuerza Aérea), 52 se utilizaron en pruebas técnicas y 2.542 en existencia en Indumil.

Además, según un informe del Comando de Armas Livianas, Municiones y Armas Químicas, USAMCCOM, de Estados Unidos se importaron 12.132 minas (6.030 minas M14 de carga explosiva en 1974 y 6.102 minas M18A1 Claymore en el período comprendido entre 1989-1991). Por último, se tiene conocimiento que se importaron minas antipersonal SOPRO NR409 de Bélgica.

(...) La gerencia de Indumil para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1º y 4º de la Convención de Ottawa, ordenó dar de baja a las existencias de MAP. Es así, como 2.542 minas que quedaban en las fábricas de armas fueron destruidas el 2 de julio de 1999 y por consiguiente el material restante necesario para producir minas terrestres se destruyó el 11 de noviembre del mismo año. También desde mediados del 2000, se inició la destrucción de los inventarios de MAP de las Fuerzas Armadas.

(...) De acuerdo a lo estipulado en la convención, los Estados partes deben destruir todas las existencias de minas antipersonal en un plazo de cuatro años, a partir de la fecha en que el tratado surta efectos para un Estado particular, exceptuando algunos cientos o miles de minas que se permitirá conservar para el desarrollo de las técnicas de detección, desminado y destrucción, así como para la instrucción a ese respecto. Se deben destruir las MAP que haya en las zonas minadas, en un plazo de 10 años a partir de la entrada en vigor del texto jurídico para un Estado particular y se tomarán las necesarias medidas para proteger a las personas civiles mientras se complete la labor de remoción de minas. Sin embargo, los Estados gravemente afectados pueden solicitar a los otros Estados partes que se prorrogue el plazo hasta un máximo de otros diez años, si no pueden completar el proceso de desminado y de destrucción en el período establecido”.

El Ejército Nacional, a través de la edición Nº 153 de su revista institucional, señaló que (i) utilizó minas antipersonales de fabricación industrial para proteger sus bases militares de interés estratégico; (ii) con la entrada en vigor de la Convención de Ottawa, emprendió la misión de erradicarlas en el plazo previsto para el año 2010 y, como ello no fue posible, pidió una prórroga que le fue concedida en marzo de 2011 y (iii) gracias al trabajo mancomunado con el Gobierno Nacional, a través del programa presidencial para la acción integral contra minas antipersonal, Paicma, aseguró 30 bases ubicadas en todo el territorio colombiano y, adicionalmente, despejó 153.926 metros cuadrados de zonas que contenían 3.423 municiones sin explotar, antes del tiempo estipulado en el tratado referenciado.

El gran compromiso con un tratado internacional

El Estado colombiano ajustado a los requerimientos de señalización determinados por la Convención de 1980, constituida en un marco de cuatro protocolos que rigen el uso de armas específicas, utilizó minas antipersonales de fabricación industrial para proteger las bases militares de interés estratégico.

Sin embargo, el 3 de diciembre de 1997 se realizó una convención internacional dejando como resultado el Tratado de Ottawa, que basado en las normas del Derecho Internacional Humanitario, prohibió desde aquella época, el empleo, desarrollo, producción, almacenamiento o transferencia de minas.

(...) Fue así como en cabeza del Ejército Nacional se emprendió la titánica misión de limpiar las bases militares ubicadas en todo el país. Pese al esfuerzo de la institución y de sus hombres por cumplir el plazo previsto para el año 2010, en diciembre de 2009 se realizó a la comunidad internacional una prórroga de cumplimiento, petición que fue concedida para el primero de marzo de 2011.

Afortunadamente, el trabajo mancomunado entre el Ejército Nacional y el Gobierno Nacional, a través del programa presidencial para la acción integral contra minas antipersonal, Paicma, trajo como resultado la limpieza de 30 bases ubicadas en todo el territorio colombiano y adicionalmente el despeje 153.926 metros cuadrados de zonas que contenían 3.423 municiones sin explotar, antes del tiempo estipulado por el Tratado de Ottawa. Desde octubre del presente año, la totalidad de las bases ya se encuentran libres de minas”(12) (negrita con subrayas fuera del texto).

En el Expediente 05001-23-31-000-1997-02309-01(24663), el Ejército Nacional argumentó que la utilización de minas antipersonales, antes de la vigencia de la Convención de Ottawa, no le estaba prohibida y, en esa medida, era ajustada a derecho para fines preventivos y de seguridad. La Sala al resolver ese asunto, en el que se controvertía la muerte de un suboficial que no recibió instrucción sobre las minas antipersonales instaladas en la base donde prestaba servicio, consideró que si bien el empleo de este tipo de arma no convencional, para ese entonces, no estaba expresamente proscrito, esa situación no logra eximir de responsabilidad a la administración por los daños infringidos a causa de la omisión del deber de cuidado, información y prevención:

Sin embargo, no quiere decir lo anterior que el uso de estos artefactos por el Ejército Nacional, aunque autorizado para el momento de ocurrencia de los hechos, excluyeran la responsabilidad por los daños infligidos a causa de la omisión del deber de cuidado que le revestía su utilización y manejo. Por el contrario, debido al carácter de riesgo y peligro, inherente al uso de los mismos, se esperaba de la institución la adopción de medidas de cuidado y prevención suficientes para evitar la materialización de perjuicios a civiles y a los propios miembros de las Fuerzas Armadas que, en cumplimiento de su misión, interactuaran con estos artefactos explosivos.

(...) Se advierte que, a pesar de lo allí conceptuado, la demandada no aportó soporte documental —probablemente el acta de rigor— en donde conste la entrega operacional y administrativa de la base militar, realizada por parte del comandante saliente al SV. Serna Camayo, ni de la entrega del plano que especificaba la ubicación de las minas antipersonales enterradas. Esto es, que si bien es cierto se aportó copia del bosquejo de la base militar, también lo es que no se trata de un plano técnico a escala que ofrezca certeza de la simetría de distancias y medidas, pertinentes para ubicar inequívocamente las coordenadas de cada lugar representado, cuando por el contrario, en respuestas allegadas al proceso por los funcionarios administrativos, estos refirieron que el Ejército perdió el control de la zona que rodeaba la base “El Pital”, obligándose incluso a abandonar la búsqueda de minas en el lugar por el peligro que revestía para todas las personas allí asignadas. Lo anterior se puede verificar retomando lo certificado por el CT. Alberto Pérez Betancourth, oficial S-3 del batallón Girardot:

“(...) En la base reposa el croquis que se anexa, donde aparecen los sitios minados por lo tanto el SV. Serna Camayo Jesús, conocía el área minada, más aún allí hay letreros de peligro por la parte de adentro de la base militar, donde no tienen acceso a la población civil y por si fuera poco están cercadas en alambre, aunque ya cubierto con maleza, no se ha podido despejar por el peligro que revisten las minas” (resaltado fuera de texto original) (fl. 95, cdno. 1).

No tiene sentido que el Ejército Nacional, a pesar de conocer la ubicación exacta de las minas instaladas en la base militar “El Pital”, incluso “antes” de la muerte del sargento VP Serna Camayo, hubiese declarado la dificultad de controlar las áreas susceptibles de la presencia de dichos artefactos, como tampoco resulta consecuente que un militar con el grado de instrucción que se requería para ejercer como comandante de dicha base, con la experiencia de casi tres lustros en la institución, conociendo previamente el plano del área minada, se aproxime como punta de lanza hacia ella, arrastrando consigo a todo su pelotón. La pericia, destreza y disciplina que se espera de un suboficial de las Fuerzas Militares, no se desvirtuó, en lo referente al sargento Serna Camayo, en ningún momento.

2.3. El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante se fundamenta mayoritariamente en los testimonios rendidos por los soldados Carlos Eduardo Moreno Muñoz y Gildardo Edilson Tobón Jaramillo, y de ellos se deduce claramente que la explosión de las minas no se produjo por imprudencia o impericia del sargento VP. Serna Camayo, esto es, desvirtúan la culpa exclusiva y determinante de la víctima, en consecuencia, se enhiesta la falla del servicio, al acreditarse el nexo o vínculo entre el hecho y el daño antijurídico sufrido por el sargento VP. Serna Camayo, quien, al igual que la tropa que lo acompañaba, fue sometido por el Estado a un riesgo superior al inherente que implica el ejercicio de la profesión militar.

Puede concluirse que el señor Jesús Geobani Serna Camayo falleció cuando se encontraba en ejercicio de las funciones propias de su condición de sargento del Ejército Nacional, actuando como comandante de la base “El Pital”, puesto que ningún miembro de las Fuerzas Armadas, con el grado de instrucción que ostentaba, hubiese podido prevenir el resultado sin el conocimiento previó y categórico de la ubicación de los artefactos explosivos que le generaban semejante riesgo a él y a su tropa, es decir, se encuentran acreditadas las fallas administrativas a las que se ha referido la parte demandante”(13).

En este punto, resulta pertinente evidenciar que el Derecho Internacional Humanitario, sobre el empleo de minas antipersonales, es enfático en (i) hacer distinción entre personas civiles y combatientes, lo que de suyo trae la prohibición de utilizar armas de efectos indiscriminados y (ii) prohibir el manejo de armas que “puedan causar males superfluos o sufrimientos innecesarios”. Lo que significa que el uso de armas concebidas para causar daños indiscriminados, incluso las que se dirigen únicamente contra combatientes, es ilícito.

Cabe precisar, además, que en los conflictos armados internos, (i) las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario vinculan tanto a los miembros de las Fuerzas Armadas estatales, como a los de los grupos armados que se les oponen, así se deduce de la formulación del artículo 3º común de los Convenios de Ginebra; (ii) las partes “tienen la responsabilidad primordial de adoptar todas las medidas posibles para asegurar la protección de los civiles afectados”(14); (iii) la presencia de minas antipersonales, constituye una transgresión grave del Derecho Internacional Humanitario, pues vulnera en forma profunda una multiplicidad de derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política, entre los cuales sobresalen los derechos a la vida, la integridad personal, la seguridad personal y la libertad de movimiento y circulación(15) y (iv) la proscripción del uso de armas no convencionales radica en que no permiten diferenciar entre objetivos civiles y militares. Para concluir entonces la responsabilidad estatal por el uso de armas a las que se hace mención y la obligación de responder a restablecer de forma integral a las víctimas.

En este caso se sabe que (i) los campos minados en la base del alto de Saboyá, a raíz de un incidente que se suscitó con un semoviente que pastaba en esas instalaciones, fueron parcialmente destruidos por el grupo especializado antiexplosivos Marte y (ii) en dicho puesto no existían zonas vedadas ni advertencias de peligro, porque se creía que el mismo se había conjurado, tanto así, que los uniformados desarrollaban sus tareas sin recomendaciones diferentes a las propias de la actividad y se había podado el pasto, días previos al accidente, sin ninguna consecuencia.

Para la Sala, la activación de la mina antipersonal que lesionó al soldado regular Miguel Ángel Sánchez Sarmiento no fue producto de su actuar “imprudente, irresponsable e insensato”, como plantea la defensa, sino de (i) la falta de diligencia en la erradicación efectiva de los campos minados; (ii) la no adopción de medidas de verificación, prevención y seguridad y (iii) la inobservancia de las reglas del DIH y del Convención de Ottawa atrás referenciadas, conductas todas estas atribuibles a la entidad demandada.

En este punto, es pertinente traer a colación que el jefe de departamento E-3 del Ejército Nacional precisó que “en las bases militares y centros de instrucción no está autorizado tener minas quiebrapatas sembradas, por el contrario, la fuerza capacita y prepara a todos sus hombres para afrontar este flagelo”, de donde no se comprende, entonces, porque el soldado Sánchez Sarmiento fue alcanzado por un artefacto colocado en las instalaciones de la base militar del alto de Saboyá.

Siendo así es clara la responsabilidad que, si bien se concretó en el daño causado de forma directa al señor Sánchez Sarmiento, compromete en alto grado al Ejército Nacional con el desconocimiento de las reglas del DIH y de la Convención de Ottawa, pues, la presencia de la mina que alcanzó al uniformado, además de que puso en peligro al personal militar, generó un riesgo para la comunidad en general.

Debe, en consecuencia, la Sala llamar la atención severamente a la demandada por haber observado una conducta altamente reprochable, tanto por haber permitido el uso de armas no convencionales como porque en la erradicación de las mismas no actuó con la diligencia que exigía el resultado de su desaparición cierta y efectiva.

Así las cosas, no cabe duda que el Ejército Nacional con su actuación irrogó los daños que padece la víctima directa que fue alcanzada por un artefacto explosivo de ataque indiscriminado, el cual si bien estaba destinado a contrarrestar la acción del enemigo, produjo consecuencias nefastas en uno de sus uniformados que estaba en cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 216 de la Constitución Política y era objeto de un especial cuidado por parte de la administración. No sobra manifestar que la conducta que se reprocha convirtió al señor Miguel Ángel Sánchez Sarmiento en una víctima más del conflicto armado interno(16).

Por lo expuesto, la Sala encuentra que la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional es responsable del daño alegado en la demanda y, por tanto, confirmará la sentencia apelada, no sin antes ordenar, por la violación de derechos humanos que se suscitó, la reparación integral de la víctima directa.

5. La indemnización por perjuicios.

La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y el a quo consideraron que los perjuicios materiales y el daño a la vida de relación reclamados, en este caso, están compensados con el reconocimiento económico por la pérdida de la capacidad laboral —Resolución 15821 de 12 de diciembre de 2001— y la pensión de invalidez —Resolución 2212 de 11 de diciembre de 2001— que le fueron otorgados al señor Miguel Ángel Sánchez Sarmiento.

La Sala no comparte este argumento, pues existe una gran diferencia entre la indemnización que deviene de la reparación por los perjuicios causados en razón de la producción de un daño o “indemnización plena” y la indemnización de tipo legal o “indemnización a forfait” que pretende amparar a los miembros de los organismos de seguridad del Estado por los riesgos a los que se encuentran sometidos, en razón de su vinculación laboral, entre los cuales no están los generados por el empleo de armas no convencionales.

Al respecto, la jurisprudencia ha señalado:

“[C]uando en el ordenamiento jurídico de manera previa se establecen compensaciones, reconocimientos patrimoniales y prestacionales especiales —que en derecho francés se han denominado ‘indemnización a forfait’(17)— su reconocimiento resulta compatible con la indemnización a cargo de quien es encontrado responsable de un daño, por cuanto la causa jurídica de la primera es la ley, mientras que la causa jurídica de la indemnización plena proveniente de la responsabilidad es el daño mismo. En otras palabras, los dos beneficios: el a forfait y la prestación indemnizatoria a cargo del responsable del daño, tienen causas jurídicas distintas y, por lo tanto, no se excluyen entre sí.

En el caso en estudio, a la señora Hermilda Centeno Mier y al menor de edad José Eduardo Pérez Centeno, les fue reconocido, por parte de la entidad pública demandada, un pago por concepto de indemnización por muerte y cesantías causadas con ocasión de la muerte del agente Pablo Ramón Pérez Treco el 9 de enero de 1994, de conformidad con el Decreto 1213 de 1990. Entonces, la causa jurídica por la cual se llevó a cabo dicho reconocimiento es el mencionado decreto, al paso que aquella que justifica el reconocimiento de una indemnización a cargo de la Nación en el presente proceso, es el daño que se le imputa, por ser además la única prestación que tiene la virtud de extinguir la obligación reparatoria a su cargo.

Por lo tanto, el aludido reconocimiento no es incompatible con la indemnización de perjuicios que se liquidará en la presente providencia; en consecuencia, no hay lugar a descuento alguno por este concepto ni tampoco a subrogación, por cuanto esta última no está prevista legalmente —artículo 1096 Código de Comercio—”(18).

Aclarado lo anterior, se abordarán las indemnizaciones a las que hay lugar, así:

— Por perjuicios morales.

Como no hubo inconformidad respecto de los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes que fijó el tribunal para compensar los perjuicios morales del señor Miguel Ángel Sánchez Sarmiento, se mantendrá dicho reconocimiento, el cual no supera el establecido por la jurisprudencia.

En este punto, es preciso manifestar que como la demandante María Mercedes Rico Medina no probó ser la compañera permanente del señor Sánchez Sarmiento ni el perjuicio moral que reclama, no hay lugar a hacer este reconocimiento, como bien lo indicó el a quo.

— Por perjuicios materiales.

Para el cálculo de la indemnización, se tomará el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la presente providencia —$ 589.500—, ante la falta de cualquier otro elemento de juicio que permita deducir suma distinta para efectuar la liquidación, más el 25%, por concepto de prestaciones sociales —$ 147.375—, para un total de $ 736.875, como base para la liquidación del lucro cesante(19).

Indemnización debida:

For gen 1

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener
Ra=Renta actualizada, es decir $ 736.875
I=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867
N=Número de meses transcurridos desde el momento en que ocurrieron los hechos que afectaron al señor Miguel Ángel Sánchez Sarmiento —23 de marzo de 2001— hasta la sentencia —29 de agosto de 2013—, es decir 149,2 meses
1=Es una constante

F12951
 

Indemnización futura:

El señor Miguel Ángel Sánchez Sarmiento nació el día 15 de marzo de 1981 (fl. 75, cdno. ppal. - registro civil de nacimiento aportado en copia auténtica), de manera que para la fecha en que ocurrieron los hechos reprochados —23 de marzo de 2001— contaba con 20 años y 8 días y, por ende, para ese momento tenía un período de vida probable o esperanza de vida igual a 55,87 años, equivalentes a 670,44 meses(20).

Para efectos de la liquidación se descontará el número de meses que fueron liquidados en el período consolidado —149,2—, para un total de meses a indemnizar de 521,24 meses.

 

For gen 2
 

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener
Ra=Renta actualizada, es decir $ 736.875
I=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867
N=Número de meses de vida probable del señor Miguel Ángel Sánchez Sarmiento —670,44—, menos el tiempo consolidado —149,2—, es decir, 521,24 meses
1=Es una constante

F22951
 

De lo anterior se tiene que el monto total por concepto de lucro cesante, para el señor Miguel Ángel Sánchez Sarmiento es de:

Indemnización debida:Indemnización futura:Total lucro cesante:
$ 161.013.673.36$ 139.350.441.42$ 300.364.114.78

— El daño a la salud.

En la demanda se solicitó, a título de daño a la vida de relación, el pago de trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del señor Miguel Ángel Sánchez Sarmiento.

Sobre el particular, en la sentencia de Sección de 14 de septiembre de 2011 (Exp. 19031, C.P. Enrique Gil Botero), se sostuvo que la indemnización del perjuicio fisiológico —como una expresión del daño a la vida de relación— se estructura “sobre la necesidad de resarcir la órbita de la salud del ser humano, entendida esta última, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, OMS, como ‘el estado completo de bienestar físico, psíquico, y social, no circunscrito a la ausencia de afecciones y enfermedades’”. De esta manera, “siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será procedente determinar el grado de afectación del derecho constitucional y fundamental (C.P., art. 49) para determinar una indemnización por ese aspecto, sin que sea procedente el reconocimiento de otro tipo de daños (v.gr. la alteración de las condiciones de existencia), en esta clase o naturaleza de supuestos”.

Así, dado que “el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada(21)”, se reconocerá a favor del señor Miguel Ángel Sánchez Sarmiento la suma equivalente a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo. Lo anterior, dado que el actor tiene una disminución de la capacidad laboral del 100%, circunstancia que comporta una indemnización acorde por el daño a la salud.

— Medidas de reparación integral.

La Sala estima necesario ordenar medidas de reparación integral a favor del señor Miguel Ángel Sánchez Sarmiento, dado que, como ya se explicó, la participación del Estado en los hechos objeto de la demanda desconoció las reglas del DIH, la Convención de Ottawa y varios derechos fundamentales de la Constitución Política.

De conformidad con el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en los procesos judiciales corresponde la valoración de daños irrogados a la luz de “los principios de reparación integral y equidad”. Ahora bien, en el presente caso la Sala encuentra que, aunque el demandante afectado solo pretendía la reparación de los daños morales y materiales irrogados, lo que, en principio, daría lugar a un problema de congruencia para efectos de ordenar medidas de reparación integral a su favor, lo cierto es que la jurisprudencia de esta corporación ha señalado, en relación con el principio de la congruencia frente al de reparación integral, que:

“(...) para la Sala, ponderados los principios de reparación integral —por razones de violaciones a derechos humanos—, con los procesales de la no reformatio in pejus y de congruencia, es claro que estos últimos tienen que ceder frente al primero, toda vez que el Estado colombiano, así como sus autoridades, no pueden sustraerse del deber jurídico superior, reiterado en diversos instrumentos, doctrina y jurisprudencia internacional, en donde se establece la obligatoriedad de reparar in integrum, los daños que se deriven de la violación de derechos humanos, conclusión que se ve reforzada si se tiene en cuenta que, en el ordenamiento jurídico interno, prevalece el derecho sustancial sobre el formal, sin que ello implique el desconocimiento al debido proceso de las entidades o personas demandadas, quienes sabrán que, en tratándose de la solicitud de reparación de daños derivados del desconocimiento del sistema universal o americano de derechos humanos, es procedente adoptar todas las medidas conducentes a garantizar el restablecimiento de los mismos”(22).

De lo anterior, se colige que corresponde ordenar medidas de reparación integral cuando se constata que uno de los demandantes fue víctima de violación de derechos humanos, como en este caso, a pesar de que aquellas no hayan sido solicitadas en la demanda.

Así, comoquiera que “la reparación integral en el ámbito de los derechos humanos supone, no solo el resarcimiento de los daños y perjuicios que se derivan, naturalmente, de una violación a las garantías de la persona, reconocidas nacional e internacionalmente, sino que también implica la búsqueda del restablecimiento del statu quo, motivo por el cual se adoptan una serie de medidas simbólicas y conmemorativas, que propenden por la restitución del núcleo esencial del derecho o derechos infringidos”(23), la Sala considera imperioso ordenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional que adopte las siguientes medidas de reparación integral, orientadas a restablecer el estado en el que se encontraba el señor Miguel Ángel Sánchez Sarmiento antes de los hechos ocurridos el 23 de marzo de 2001:

A) Como medida de no repetición. Dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia y si aún no lo ha hecho, iniciará investigaciones administrativas y disciplinarias para determinar las correspondientes responsabilidades por los hechos de este caso y aplicar las consecuencias que prevé la ley. Los resultados de estos procesos deberán ser públicamente divulgados por la entidad demandada, la cual deberá asegurarse de que el señor Miguel Ángel Sánchez Sarmiento tenga acceso a los mismos.

B) Como medida de rehabilitación. Dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia, brindará a través de sus instituciones de salud especializadas, además del tratamiento médico y psicológico necesario y requerido, una valoración periódica, complementaria y permanente de su estado de salud, tendiente a propender por su bienestar y rehabilitación.

C) Como medida de satisfacción. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta sentencia, publicará en el Diario Oficial, en un diario de amplia circulación nacional y en un diario de circulación del departamento de Boyacá, lo sucedido y la decisión que se adopta. Adicionalmente, la demandada deberá colgar en su página web la presente providencia —al menos por un año—, de modo que resulte fácil su consulta.

6. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia, en el trámite del proceso, actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda a decretarlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia proferida el 24 de febrero de 2005 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, así:

1. DECLARAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional patrimonialmente responsable de los perjuicios que padeció el señor Miguel Ángel Sánchez Sarmiento, mientras prestó el servicio militar obligatorio en el batallón de infantería 2 - Mariscal Antonio José de Sucre.

2. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar las siguientes indemnizaciones:

A) Por concepto de perjuicios morales, 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo, para el señor Miguel Ángel Sánchez Sarmiento.

B) Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 300.364.114.78, a favor del señor Miguel Ángel Sánchez Sarmiento.

C) Por concepto de daño a la salud, la suma equivalente a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo, para el señor Miguel Ángel Sánchez Sarmiento.

3. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a adoptar las siguientes medidas de naturaleza no pecuniaria, a favor del señor Miguel Ángel Sánchez Sarmiento:

A) Dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia y si aún no lo ha hecho, iniciará investigaciones administrativas y disciplinarias para determinar las correspondientes responsabilidades por los hechos de este caso y aplicar las consecuencias que prevé la ley. Los resultados de estos procesos deberán ser públicamente divulgados por la entidad demandada, la cual deberá asegurarse de que el señor Miguel Ángel Sánchez Sarmiento tenga acceso a los mismos.

B) Dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia, brindará a través de sus instituciones de salud especializadas, además del tratamiento médico y psicológico necesario y requerido, una valoración periódica, complementaria y permanente de su estado de salud, tendiente a propender por su bienestar y rehabilitación.

C) Dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta sentencia, publicará en el Diario Oficial, en un diario de amplia circulación nacional y en un diario de circulación del departamento de Boyacá, lo sucedido y la decisión que se adopta. Adicionalmente, la demandada deberá colgar en su página web la presente providencia —al menos por un año—, de modo que resulte fácil su consulta.

4. Denegar las demandas (sic) pretenciones.

5. Sin condena en costas.

6. Disponer que por secretaría se EXPIDAN copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

7. Ejecutoriada la presente sentencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) El 26 de noviembre y 13 de diciembre de 2001, fechas en que se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa fuera conocido en segunda instancia por esta corporación era de $ 26.390.000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597 de 1988— y la mayor de las pretensiones fue estimada en la suma de $ 85.800.000, por concepto de perjuicios a la vida de relación (fl. 20, cdno. ppal.).

(3) La prueba documental que soporta los hechos probados fue allegada por los demandantes en copia auténtica o decretada y allegada por el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional - batallón de infantería 2 - Mariscal Antonio José de Sucre y el Hospital Militar Central.

(4) Caballo de frisa. Es un obstáculo portátil de madera o de metal en su armadura.

(5) Es preciso señalar que se valorarán unos testimonios que, si bien no fueron recepcionados en el curso del proceso, los ordenó y practicó la demandada en el trámite de una investigación preliminar disciplinaria. Prueba que fue trasladada a solicitud de la parte demandante.

(6) Sentencia de 2 de marzo de 2000, Expediente 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(7) Sobre las diferencias entre el soldado conscripto y el soldado voluntario, en la sentencia de 10 de agosto de 2005, Expediente 16205, C.P. María Elena Giraldo Gómez, se indicó: “[e]n primer término es preciso diferenciar la clase de vínculo que se crea para el Estado, frente al soldado conscripto y en relación con el soldado voluntario o profesional; en el primero de los mencionados (soldado conscripto) el vínculo surge del cumplimiento del deber constitucional de defensa de la independencia y las instituciones públicas y no detenta carácter laboral, en tanto que en el segundo vínculo (soldado profesional) surge de la relación legal y reglamentaria consolidada a través del acto de nombramiento y la posesión del servidor o de la relación contractual creada mediante la suscripción de un contrato laboral. || El deber constitucional que se enuncia en relación con los conscriptos está contenido en los artículos 216 a 227 capítulo VII del título VII, cánones que después de referirse a la conformación, finalidad y regulación de la Fuerza Pública como cuerpo no deliberante, prevé que todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia nacional y las instituciones patrias y defiere a la ley la determinación de las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas para la prestación del mismo”.

(8) Cfr. sentencia de 26 de octubre de 2011, Expediente 22700, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(9) Cfr. sentencia de sección de 14 de septiembre de 2011, Expediente 19031, C.P. Enrique Gil Botero y de 12 de abril de 2012, Expediente 22537, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(10) Sentencia de 9 de junio de 2010, Expediente 19849. C.P. Enrique Gil Botero.

(11) Supra 8.

(12) Tomado de http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=274425

(13) Sentencia de 8 de agosto de 2012, Expediente 24663, actor: Teresita del Niño Jesús Correa Castrillón y otros, M.P. Enrique Gil Botero.

(14) Resolución 1674 del 28 de abril de 2006, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

(15) Sentencia C-291 de 2007.

(16) En el marco del artículo 3º de la de la ley de víctimas (L. 1448/2011) se consideran víctimas del conflicto armado interno:

Las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño como consecuencia de infracciones al DIH o de violaciones graves y manifiestas al Derecho Internacional de DDHH ocurridas con ocasión del conflicto armado interno y por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985.

(17) Respecto de la indemnización “a forfait”, se puede consultar, entre otras, la sentencia de 25 de julio de 2002, Expediente 14001, C.P. Ricardo Hoyos; de 19 de agosto de 2004, Expediente 15791, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 10 de agosto de 2005, Expediente 16205, C.P. María Elena Giraldo; de 1º de marzo de 2006, Expediente 15997, C.P. Ruth Stella Correa y de 30 de marzo de 2006, Expediente 15441, C.P. Ramiro Saavedra.

(18) Sentencia de 28 de abril de 2010, Expediente 18111, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(19) De acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, cuando la pérdida de capacidad laboral supera el 50%, como en el presente caso, el porcentaje a indemnizar es el 100%, pues se entiende que una persona cuya discapacidad es mayor al 50% padece una invalidez total y definitiva (cfr. fundamento 7.3 de la sent. de sección de sep. 14/2011, Exp. 19031, C.P. Enrique Gil Botero).

(20) Cfr. Resolución 497 de 1997, proferida el 20 de mayo de 1997 por la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera.

(21) Ibídem.

(22) Sentencia de 20 de febrero de 2008, Expediente 16996, C.P. Enrique Gil Botero. En igual sentido, se puede consultar la sentencia de 21 de febrero de 2011, Expediente 20046, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(23) Ibídem.