Sentencia 2001-02953 de marzo 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN C

Rad. 25000-23-26-000-2001-02953-01 (29.058)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Ejecutante: Instituto de Desarrollo Urbano —IDU—

Ejecutada: Aseguradora El Libertador SA —hoy Seguros Comerciales Bolívar SA—

Ref.: Ejecutivo contractual

Bogotá, D.C., veintiséis de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Previo al estudio correspondiente para decidir el recurso, advierte la Sala que se confirmará la decisión apelada, para lo cual se expondrán las razones que conducen a ello, siendo necesario analizar: i) la competencia de la corporación para conocer de este proceso en segunda instancia; ii) la nulidad propuesta por la demandante; iii) lo probado en el proceso; y iv) el caso concreto, al interior del cual se analizarán las siguientes excepciones que propuso el ejecutado: a) falta de título ejecutivo, b) falta de jurisdicción y c) pago como solución de la obligación.

1. Competencia del Consejo de Estado.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 75(1) de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, modificado por el Acuerdo 55 de 2003(2) del Consejo de Estado, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias proferidas por los tribunales administrativos en los procesos de ejecución derivados de los contratos estatales.

En el asunto que nos ocupa, la parte actora presentó —en primera instancia— demanda ejecutiva contra la aseguradora El Libertador, pretendiendo el pago de $ 37.502.800, más los intereses de mora. Adicionalmente, cuando se presentó la demanda —el 30 de noviembre de 2001 (fl. 2, cdno. 1)— para que un proceso ejecutivo fuera de doble instancia la cuantía debía exceder de $ 26.390.000, y en el caso bajo estudio la pretensión mayor ascendió a $ 37.502.800 —fl. 2, cdno. 1—, así que era impugnable.

2. Nulidad procesal propuesta por la ejecutante.

El IDU propuso la nulidad procesal, a partir del auto que admitió el recurso de apelación, porque a su juicio esta corporación carece de competencia para conocer del asunto, en segunda instancia, porque al admitir la impugnación no tuvo en cuenta el factor cuantía. La solicitud se planteó en los siguientes términos:

“En el caso objeto de apelación, el apoderado de la compañía de seguros comerciales Bolívar SA, demandada, equivocadamente interpuso el recuso de apelación contra la providencia proferida por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 8 de Julio de 2004 y le fue concedido no obstante que debido (sic) ser rechazado por el factor cuantía, si se tiene en cuenta que el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU por medio de apoderada judicial formuló demanda contra la aseguradora El Libertador SA, absorbida por Seguros Comerciales Bolivar SA, en cuantía de $ 37.502.800.

“De conformidad con lo establecido en el artículo 132 numeral 5º del Código Contencioso Administrativo, modificado por el 40 de la Ley 446 de 1998, el tribunal administrativo conoce en primera instancia de los asuntos referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

“En este orden e ideas, por factor cuantía el recurso de apelación incoado por el señor apoderado de la demandada ha debido ser rechazado toda vez que en el año 2001 el salario mínimo legal mensual era de $ 286.000 que multiplicado por 500 salarios mínimos legales mensuales del año 2001 en que se inició demanda ejecutiva equivale a $ 143.000.000 valor a partir del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca conoce en primera instancia, significándose así, que en este evento, conoce en única instancia dada su cuantía de $ 37.502.800, esto es, de 132 salarios mínimos legales mensuales. En consecuencia es improcedente el recurso de apelación porque el H. Consejo de Estado no tiene competencia para conocer del presente caso en razón de la cuantía.

Conclusión y solicitud

Dado que se está ante el desconocimiento de las normas procesales y de los requerimientos esenciales para que el recurso de apelación incoado sea viable y la decisión dentro del proceso administrativo fue correcta, respetuosamente solicito al H. Consejo de Estado declarar la nulidad de lo actuado a partir de la fecha en que fue concedido el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, con ponencia de la doctora Myriam Guerrero de Escobar y en su defecto continúe la ejecución contra la demandada.” —fl. 204, cdno. ppal.—.

La Sala no accederá a la solicitud, porque la ejecutante se equivoca al creer que la Ley 446 de 1998 aplica a este proceso, teniendo en cuenta que la demanda ejecutiva la presentó el IDU el 30 de noviembre de 2001, y el recurso de apelación contra la sentencia lo interpuso la compañía de seguros el 22 de julio de 2004. Ahora, las reglas de competencia que estableció la Ley 446 de 1998 fue (sic) diferida en el tiempo, porque el parágrafo del artículo 164 estableció que mientras entraban a funcionar los juzgados administrativos se continuarían aplicando las normas de competencia vigentes al momento de su sanción. No obstante, finalmente la Ley 446 no sujetó su vigencia a la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos, porque la Ley 954 de 2005 anticipó su aplicación cuando estableció que las cuantías de la Ley 446 regirían a partir del 28 de abril de 2005.

En estos términos, es evidente que antes del año 2005 los procesos ejecutivos derivados de contratos estatales correspondían a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, porque así lo dispuso el art. 75 de dicha ley(3); no obstante, en relación con la competencia por el factor cuantía no existía claridad, porque la Ley 80 no reguló este aspecto, y el Código de lo Contencioso Administrativo tampoco lo reglamentaba Frente (sic) a este vacío, por analogía iuris legis, esta jurisdicción aplicó las cuantías relativas a las controversias contractuales, previstas en el Decreto 597 de 1988; pero de ninguna manera aplicó el mismo procedimiento judicial —el proceso ordinario—, porque para cobrar esta clase de crédito la norma aplicable era el juicio ejecutivo, regulado en el Código de Procedimiento Civil la sección tercera se pronunció con claridad en el auto del 28 de septiembre de 2006 —Exp. 31.968—, que ahora se reitera:

“Antes de la entrada en vigencia de la Ley 954 de 2005, consideraba la Sala que por no existir norma que señalara la cuantía para que un proceso ejecutivo se le diera el trámite de doble instancia se debía acudir a la cuantía establecida para los procesos iniciados en ejercicio de la acción contractual, por cuanto no era posible acudir a la regulación que del tema consagra el Código de Procedimiento Civil habida cuenta que esa normatividad establece procesos ejecutivos de mínima, menor y mayor cuantía, cuyo conocimiento atribuye a los jueces municipales y a los jueces del circuito (art. 15 y 16 C.P.C.). En esta jurisdicción ante la inexistencia de jueces municipales mal pude concebirse el trámite de única instancia del proceso ejecutivo de mínima cuantía.”

En otros términos, antes de la Ley 954 de 2005, que hizo entrar en vigencia la Ley 446, con todas sus normas de competencia, para que un proceso ejecutivo contractual fuera de doble instancia la pretensión debía adecuarse a lo que establecía el Decreto 597 de 1988, es decir, para el 2001 —fecha en que se presentó la demanda del caso sub iudice— para que fuera impugnable la cuantía debía exceder de $ 26.390.000, y en el caso objeto de estudio la pretensión principal ascendió a $ 37.502.800, es decir, la sentencia era recurrible, y por tanto la causal de nulidad alegada no prospera.

3. Lo probado en el proceso.

Para orientar el alcance y sentido de la controversia, la Sala hará un recuento de lo que se encuentra probado en el proceso, que resulta relevante para decidir el caso sub iudice.

Según consta en la Resolución 1092 de 1999, el Instituto de Desarrollo Urbano celebró con la sociedad Board System Ltda. un contrato cuyo objeto consistió en “la adquisición por parte del IDU de un software aplicativo (fuentes y ejecutables) para procesos administrativos.” —fl. 12, cdno. 1—.

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista, Board System Ltda. suscribió con la sociedad aseguradora El Libertador, el 19 de septiembre de 1997, la póliza de cumplimiento 24.999, cuyo objeto consistió en: “garantizar las obligaciones del contrato 129/97 suscrito entre las partes, cuyo objeto es la adquisición por parte del Instituto de Desarrollo Urbano, de un software aplicativo para procesos administrativos, el cual comprende los sistemas financiero, recursos físicos y recursos humanos.” —fl. 18, cdno. ppal.—.

El valor asegurado, inicialmente, fue de $ 166.518.000. No obstante, la certificación del seguro de cumplimiento 9683, expedida por la compañía, evidencia que según el contrato adicional 1º, se ampliaron dos meses las coberturas —fl. 21, cdno. ppal.—.

Asimismo, mediante el anexo 600 —fl.19, cdno. ppal.—, que forma parte integral de la póliza, se aclaró que según contrato adicional 2º se prorrogarían las vigencias de las garantías en 20 días calendario, y se aumentaban los valores asegurados.

Finalmente, se encuentra probado, de acuerdo con el Certificado de seguro de cumplimiento oficial 9745, expedido el 26 de noviembre de 1998, que según la tercera prórroga del contrato se aumentó la vigencia de la póliza 30 días calendario y, además, en el anexo de aclaración a la certificación 9745 se señaló que el valor asegurado correspondía a $ 168.762.600.

c. El 23 de febrero de 1999, a través del memorando STSI-1200-111, el subdirector técnico de sistemas de información del IDU le informó al director técnico legal de la misma entidad, que la firma Board System Ltda. incumplió en la entrega de “algunos ajustes y arreglos para los diferentes módulos que conforman el sistema Kactus”, toda vez que de acuerdo con los términos de referencia, debía cumplir esa obligación en enero de la misma anualidad.

Posteriormente, la misma subdirección informó, en forma detallada, por petición del director técnico legal, sobre el incumplimiento del contratista. La inadvertencia en las obligaciones de la sociedad Board System Ltda. motivó al Instituto para expedir la Resolución 1092 de 1999, por medio de la cual se hizo efectiva la garantía única de cumplimiento, siniestrando la póliza 24.999, expedida por la aseguradora El Libertador, por un valor de $ 37.502.800.

La decisión se notificó personalmente i) al representante legal de Quality Software Ltda.; y por edicto ii) a la sociedad Board System y a la compañía aseguradora demandada —como consta a fls. 25 y 26 del cdno. 1—. Luego, Board System repuso la decisión, mediante escrito del 29 de octubre de 1999; no obstante, la impugnación se rechazó por inobservancia de los requisitos previstos en el artículo 52 del Código de lo Contencioso Administrativo.

También se demostró que estando en firme la Resolución 1092, la compañía de seguros solicitó la revocatoria directa, esgrimiendo los mismos argumentos que utilizó para excepcionar las pretensiones de la demanda. Sin embargo, esta solicitud fue desestimada por el IDU.

4. El caso concreto.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Tercera de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, las excepciones que puede proponer el ejecutado, en virtud del título ejecutivo que sirve de base para el cobro, son las previstas en el numeral 2º del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil(4), siempre que los hechos en que se basen para sustentarlas sean posteriores a la decisión adoptada. De acuerdo con lo señalado, el ejecutado puede excepcionar: pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción.

No obstante, la Sale (sic) ha admitido excepciones relacionadas con la validez del proceso —nulidades procesales— y también con la existencia o la eficacia del título ejecutivo; pero de ninguna manera es posible debatir la legalidad del título. En este sentido, es viable que el ejecutado se oponga a la ejecución —que como en el sub judice está compuesto por un acto administrativo y una póliza— con excepciones inherentes a los vicios del proceso y sobre todo con problemáticas asociadas a la eficacia del título, porque no se controvierte la legalidad del acto administrativo - título, ni se solicita su invalidez, pero sí se discute que cumpla los requisitos que exige el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil(5).

Esta norma establece que las obligaciones expresas —es decir, las que constan en un documento que contiene una manifestación libre de la voluntad—; claras —que no admiten equívocos en su contenido— y exigibles —aquellas que por vencimiento del plazo o cumplimiento de una condición aún pueden reclamarse— se demandan ejecutivamente. No obstante, cuando el acto administrativo que sirve de título ejecutivo adolece de alguno de estos requisitos, puede excepcionarse su ineficacia.

En el caso concreto, se concluye que en virtud del artículo 62 del Código Contencioso Administrativo(6), los actos de la administración quedan en firme: i) cuando contra ellos no proceda ningún recurso; ii) cuando los recursos interpuestos se hayan decidido; iii) cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos, y iv) cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos. Asimismo, salvo norma expresa en contrario su cumplimiento es exigible desde que el acto queda en firme, según lo establece el artículo 64 del mismo Decreto 01 de 1984, en los siguientes términos:

“Articulo 64. Carácter ejecutivo y ejecutorio de los actos administrativos. Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados.”

En el mismo sentido, los artículos 44 y siguientes de la misma norma imponen el deber de notificar las decisiones de interés particular que ponen término a una actuación administrativa(7). Ahora, el artículo 48 del Código de lo Contencioso Administrativo establece: “Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales.” Es decir, si falta la notificación del acto administrativo sus efectos —que se materializarán a partir de la firmeza del acto—no se producirán.

Entonces, el acto administrativo que impone una obligación y pone término a una actuación administrativa es ejecutable por la administración desde el momento en que queda en firme. Pero si por alguna circunstancia la decisión fue indebidamente notificada, el obligado puede excepcionar que, aunque válida, no produce efectos, es decir no es exigible. De esta manera, se puede alegar, en los procesos ejecutivos, problemas de eficacia del acto administrativo, relacionados únicamente con la ejecución de los mismos, pero sin que quepa discutir su validez o legalidad.

Con este enfoque la Sala estudiará las inconformidades manifestadas por el ejecutado en el proceso: falta de título ejecutivo, falta de jurisdicción y pago como solución de la obligación, porque se trata de aquellas excepciones que en virtud del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, y de la jurisprudencia del Consejo de Estado, se pueden alegar en este proceso.

4.1. Falta de título ejecutivo.

El recurrente alegó que el título ejecutivo no es exigible, porque el acto administrativo que declaró el siniestro no se le notificó a la contratista —Board System Ltda.—, y además se le notificó a una persona jurídica ajena a la relación contractual: Quality Software Ltda. La Sala advierte que mantendrá la decisión del a quo, es decir que declarará no probada la excepción, como pasa a exponerse:

Para negar la prosperidad de este medio de defensa basta señalar que la compañía de seguros El Libertador SA alega la ineficacia del acto administrativo —frente a él—, pero por falta de notificación personal a otras personas también destinatarias de la declaración del siniestro —concretamente el contratista Board Sistem—; no obstante, Seguros el Libertador no alega falta de notificación a él, porque admite que le notificaron la decisión —de hecho no lo cuestiona al oponerse a la demanda—, solo que mira de lado a los deudores solidarios como si la falta de notificación a ellos le permitiera extender ese problema ajeno para alegar la ineficacia de la decisión frente a él.

De ninguna manera las cosas son como las ve y propone el ejecutado. Frente a él y frente a cada uno de los afectados con la decisión se analiza independientemente el cumplimiento de los requisitos de eficacia del acto administrativo, así que si a alguno se lo notificaron le es exigible lo que ordena, pero si a otro no se lo notificaron entonces no es exigible para él, pero de ninguna manera para el primero.

En conclusión, la Sala destaca que lo importante y definitivo es que el IDU sí le notificó a la aseguradora la Resolución 1092 de 1999, y lo hizo por edicto —fls. 25 a 26—; y solo si no la hubieran notificado podría discutir la falta de eficacia del título ejecutivo. De esta manera, no puede pretextar la posible falta de eficacia del mismo acto en relación con otro obligado —por razón de algún defecto en la notificación—, para proponer que frente a él tampoco es exigible so pretexto de que el otro no conoció la decisión en la forma que lo exige la ley de procedimiento administrativo.

La anterior razón es suficiente para negar la prosperidad de la excepción propuesta. No obstante, si en gracia de discusión se estudiara de fondo, se encontraría que ni siquiera es cierto lo que afirma, porque la notificación al contratista Board Sistem también se realizó, prueba de ello es el “edicto” que obra a folio 25 del cuaderno principal, donde consta que se fijó el 11 de octubre de 1999 y se desfijó el 25 de octubre siguiente, satisfaciendo la exigencia del artículo 45 del Código de lo contencioso Administrativo, en los siguientes términos:

“Articulo 45. Notificación por edicto. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia.”

En otros términos, ni siquiera tiene sentido poner en duda la firmeza del acto administrativo que sirve de título ejecutivo, porque resulta que sí se notificó a todos los deudores, por ende la administración podía ejecutar la decisión.

Como si fuera poco, está demostrado que Board System Ltda. interpuso recurso de reposición contra la Resolución 1092 de 1999, y que el IDU lo rechazó de conformidad con la Resolución 1500 de 1999; esto demuestra que el contratista conoció el acto administrativo. En efecto el referido acto establece: “Que el 29 de octubre y a través de escrito radicado en el IDU bajo el número 68568, el apoderado de la firma Board System Ltda., interpuso recurso de reposición en contra de la resolución 1092/99, pero sin la observancia de los requisitos expuestos por el Código de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 52”. De esta manera se configuró el presupuesto establecido en el artículo 48 de Código de lo Contencioso Administrativo, que establece:

“Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales.” (resaltado fuera del texto normativo).

Lo anterior se advierte con (sic) en el comportamiento de la contratista, es decir, que dándose por enterada utilizó los recursos que procedían, otorgando al acto administrativo los efectos de que trata la norma transcrita.

4.2. Falta de jurisdicción.

El a quo negó la prosperidad de esta excepción porque la cláusula compromisoria del contrato de compraventa, que obligaba a las partes a dirimir sus controversias ante un tribunal de arbitramento, regía mientras el contrato se ejecutara, no después; y agregó que si en gracia de discusión la cláusula fuera aplicable, sería únicamente al contrato principal pero no al de seguro.

El apelante, en cambio, excepcionó la falta de jurisdicción, porque según el contrato de compra del software, las controversias que surjan del negocio, “… o en relación con el mismo, o con su incumplimiento, rescisión o invalidez… ” —fl. 100, cdno. ppal.— las resolvería un tribunal de arbitramento. En estos términos, el IDU carecía de competencia para declarar el siniestro, porque las diferencias debieron someterse a un tribunal de arbitramento; pero como no se hizo las decisiones administrativas y el proceso ejecutivo son nulos.

Para esta Sala, la excepción tampoco prosperará, porque nuevamente el apelante discute aspectos que hacen parte de la validez del acto administrativo que sirve de título ejecutivo, aunque solo en apariencia no lo hace, porque en lugar de plantear un problema de falta de jurisdicción para conocer del proceso ejecutivo, lo que discute es la “falta de jurisdicción” del IDU —imprecisión ya de por sí inaceptable— para declarar el siniestro, aduciendo que él y el contratista suscribieron la cláusula compromisoria, que exigía acudir a un tribunal de arbitramento para dirimir las controversias que surgieran entre las partes, pero en esta ocasión la entidad la resolvió por mano propia. En efecto, afirma:

“Nótese que al proceder el IDU en la forma en que lo hizo —expidiendo un acto administrativo— y al aceptarse la validez del mismo al ser este confirmado y rechazada la revocatoria directa, la única jurisdicción competente para declarar su validez o nulidad es la contencioso administrativa y, como lo dijo el Consejo, el proceso sería nulo puesto que dicha controversia, desde su origen, es del conocimiento de la justicia arbitral y no de la contencioso administrativa.

“Así las cosas, era entonces procedente proferir un acto como el demandado cuando las partes, anticipadamente, habían decidido que de presentarse tal situación, no acudirían a que se dictaran actos administrativos, sino que le pedirían a árbitros que resolvieran la diferencia?

“(...)

“En segundo lugar, la cláusula se refiere a toda controversia, diferencia o reclamación que surja del contrato o con relación al mismo, de donde se colige que una que una situación como a la que se contraen los actos demandados, era necesario ventilarla a través del tribunal de arbitramento quien, luego de pronunciarse y definirla —ora como lo afirma el IDU, ora como dice el contratista—, habilitaba a la entidad aquí demandada de salir airosa, ahí sí, a expedir una resolución para exigir la póliza.

“Así las cosas, el o los acto (s) administrativo (s) que sirven de base al título de recaudo ejecutivo, es o son nulo (s) en la medida que la entidad y el funcionario que lo (s) expidió (eron) carecía de competencia para adoptar tal decisión, precisamente, por haberlo pactado así, desde el momento de celebración de la convención, el mismo instituto de desarrollo urbano.” —fls. 102 y 103, cdno. 1—.

En conclusión, como la “falta de jurisdicción” que plantea la aseguradora no es la del juez del proceso ejecutivo, sino que en realidad se refiere a la “falta de competencia” del IDU para dictar el acto administrativo que declaró el siniestro, entonces por tratarse de una asunto de pura legalidad de la decisión no procede como excepción, porque no encaja en las que autoriza el art. 509 del Código de Procedimiento Civil.

4.3. Pago como solución de la obligación.

La ejecutada también propuso como defensa contra la sentencia que ordenó seguir adelante con el pago, que el IDU no debió siniestrar la garantía de cumplimiento porque el contratista cumplió sus prestaciones contractuales, es decir, “pagó sus obligaciones”.

La Sala mantendrá la decisión del tribunal, que también negó esta excepción, y la declarará infundada, por dos razones: i) porque en sede ejecutiva —se insiste— no es posible debatir la validez del acto administrativo que sirve de título ejecutivo; para eso existe una acción judicial ordinaria —un juicio de conocimiento—, donde se controvierten las decisiones de la administración, y ii) porque el pago que puede alegar el ejecutado en su favor es el mismo que exige el título, no otro, además de que debe ser posterior a la ocurrencia del siniestro, de acuerdo con el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil.

Sobre el primer aspecto, al formular la excepción el demandado se limitó a justificar el comportamiento del contratista durante la ejecución del negocio, aduciendo que cumplió sus obligaciones, que fue oportuno y diligente, y que por eso el IDU no debió declarar el siniestro.

Semejante argumentación para justificar esta excepción carece de seriedad por parte del ejecutado, porque la excepción de pago que se puede alegar en el proceso es la que libera al deudor de su obligación, en este caso a la compañía de seguros El Libertador del deber de pagar $ 37.502.800. Lo extravagante es que afirma que el contratista “pagó” debidamente sus obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato, así que no existe deuda; cuando la acreditación de este medio de defensa exige acreditar que se pagó el dinero que reclama la entidad en la Resolución 1092 de 1999.

En estos términos, a la Sala no le queda duda que la compañía de seguros, por demás de manera impertinente y antitécnica, lo que discute es la legalidad y veracidad del acto administrativo —una especie de falsa motivación, o de desviación de poder, o cualquier otro vicio—, como si el juez administrativo no detectara con obviedad semejante artilugio, porque en realidad los argumentos de la defensa cuestionan la legalidad del siniestro, no que efectivamente se haya cancelado el dinero que reclama el IDU en este proceso judicial.

Finalmente, y en segundo lugar, para ratificar la improsperidad de la excepción, el artículo 509 prescribe que el pago que se puede alegar debe ser con base en hechos posteriores a la decisión. No obstante lo anterior, el demandado se ocupa, inútilmente, de justificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, durante la ejecución del contrato, es decir respecto de hechos anteriores a la expedición del acto administrativo que declaró el siniestro. Ni siquiera por este otro requisito legal el medio de defensa tiene vocación de prosperar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFÍRMASE la sentencia proferida el 8 de julio de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó continuar con la ejecución, y declaró infundadas las excepciones de la demandada.

2. En atención a la conducta errática y dilatoria de la ejecutada, condénase en costas a favor del IDU.

Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase»

(1) “Artículo 75. Del juez competente. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa. (...).”

(2) “Artículo 13. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (...)

“Sección tercera (...)

“Los procesos de ejecución derivados de los contratos estatales, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. (...)”

(3) “Art. 75. Del juez competente. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa.

“Parágrafo 1º. Una vez practicadas las pruebas dentro del proceso, el juez citará a demandantes y demandados para que concurran personalmente o por medio de apoderado a audiencia de conciliación. Dicha audiencia se sujetará a las reglas previstas en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil y se procurará que se adelante por intermedio de personas diferentes de aquellas que intervinieron en la producción de los actos o en las situaciones que provocaron las discrepancias.

“Parágrafo 2º. En caso de condena en procesos originados en controversias contractuales, el juez, si encuentra la existencia de temeridad en la posición no conciliatoria de alguna de las partes, condenará a la misma o a los servidores públicos que intervinieron en las correspondientes conversaciones, a cancelar multas a favor del tesoro nacional de cinco (5) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales. “Parágrafo 3º. En los procesos derivados de controversias de naturaleza contractual se condenará en costas a cualquiera de las partes, siempre que se encuentre que se presentó la conducta del parágrafo anterior.”

(4) El art. 509 vigente cuando se presentó y se libró mandamiento de pago disponía:

“Art.509. En el proceso ejecutivo pueden proponerse las siguientes excepciones:

“1. Dentro de los diez días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo o a la del auto que resuelva sobre su reposición, confirmándolo o reformándolo, el demandado podrá proponer en escritos separados excepciones previas y de mérito, expresando los hechos en que se funden. A los escritos deberán acompañarse los documentos relacionados con aquéllas y en ellos se deben pedir las demás pruebas que se pretenda hacer valer.

“2. Cuando el título ejecutivo consista en una sentencia o un laudo de condena, o en otra providencia que conlleve ejecución, solo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia; la de nulidad en los casos que contemplan los numerales 7º y 9º del artículo 140, y de la pérdida de la cosa debida. Cuando la ejecución se adelante como lo dispone el inciso primero del artículo 335, no podrán proponerse excepciones previas.”

(5) El artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, establece: “Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él...”.

(6) El artículo 62 del Código Contencioso Administrativo prescribe: “Los actos administrativos quedarán en firme:

“1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso.

“2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.

“3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos.

“4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos.”

(7) El artículo 44 del Decreto 01 de 1984 señala: “Deber y forma de notificación personal. Las demás decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, o a su representante o apoderado.