Sentencia 2001-03068/46005 de abril 6 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

San Antonio, Tolima, 6 abril de 2018

Exp.: 46005

Rad.: 05001 2331 000 2001 03068 01

Actor: Darío de Jesús Santamaría Lora y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional

Naturaleza: Reparación directa

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

8. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, en un proceso con vocación de segunda instancia, dado que la cuantía de la demanda, determinada por la sumatoria de la totalidad de las pretensiones acumuladas, supera la exigida por la norma para el efecto.

II. Validez de los medios de prueba

9. En relación con las pruebas obrantes en el presente asunto, cabe señalar lo siguiente:

9.1. Los documentos aportados en copia simple serán valorados de acuerdo con el criterio establecido por la Sala Plena de Sección Tercera que informa que cuando las reproducciones informales de documentos han obrado en el plenario a lo largo del proceso y han sido susceptibles de contradicción por las partes sin que éstas las tacharan de falsas, pueden ser valorados y son idóneos para determinar la convicción del juez frente a los hechos materia de litigio, pues de lo contrario se desconocerían el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, lo que a su vez iría en contra de las nuevas tendencias del derecho procesal(3).

9.2. Las pruebas que fueron practicadas dentro de los procesos penal y disciplinario seguido contra los militares implicados en los hechos de este caso serán apreciadas sin restricciones por la Sala. El hecho de que no se conozcan los resultados de estas investigaciones no es óbice para su valoración, como no lo es el que los testimonios recaudados en esas otras actuaciones no hayan sido ratificados en este proceso pues, contrario a lo dicho por la entidad demandada en su escrito de apelación, ellas sí se practicaron con su audiencia en tanto ella misma las recaudó ya que la investigación penal estuvo a cargo del Juzgado 24 de Instrucción Penal Militar, y la de carácter disciplinario recayó en la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

9.3. Pero, incluso en el evento de que la entidad no hubiera intervenido en la práctica y recaudo de estas pruebas, no existiría ningún impedimento para su valoración debido a que ambas partes solicitaron su traslado al proceso contencioso administrativo, y ya se ha señalado en repetidas oportunidades por la Sala, que es contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(4).

9.4. Con todo, vale señalar que los testimonios rendidos por quienes son parte demandante dentro de este proceso, como lo es el señor Darío de Jesús Santamaría, serán valorados únicamente en lo que sea susceptible de confesión y, por tanto, pueda beneficiar a la entidad demandada, conforme a las finalidades del interrogatorio de parte.

III. Hechos probados

10. De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen probados los siguientes hechos relevantes:

10.1. En la noche del 18 de febrero de 2001 los soldados profesionales Julio César Flórez, Yuber Freddy Jaramillo y Nelson Antonio Londoño, en compañía del señor Libadier de Jesús Gallego Marín, quien se desempeñaba como conductor civil del Ejército Nacional, salieron del Batallón de Ingenieros 4 Pedro Nel Ospina, a bordo del vehículo marca Toyota de placas OMH-011 de color verde, en dirección al municipio de Santa Bárbara, Antioquia, con el objeto de brindar seguridad al comandante del batallón, teniente coronel Pedro Antonio Segura Barón, quien viajaba abordo del vehículo marca Toyota Four Wheel Drive de placas BDZ-421 de color negro, en compañía del mayor Roberto Perdomo Mosquera y de tres integrantes más del Ejército Nacional (oficio 1442/BR4-BIOSP-CDO-746 suscrito por el comandante del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina —fl. 88 anexo 3—).

10.2. Como iban en cumplimiento de una misión oficial, tanto el coronel Segura Barón como el personal que integraba la escolta militar llevaban sus armas de dotación, consistentes en pistolas y fusiles 7.62 y 5.56 (oficio 1442/BR4-BIOSP-CDO-746 suscrito por el comandante del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina —fl. 88 anexo 3—; informe presentado por el teniente coronel Pedro Antonio Segura al comandante la Cuarta Brigada del Ejército Nacional —fls. 178-179 anexo 1—). No obstante, por razones de seguridad, ninguno de ellos vestía el uniforme militar, con excepción del mayor Perdomo, quien sí llevaba puesto el camuflado, además de que los vehículos en los que se transportaban carecían de emblemas o signos distintivos del Ejército Nacional (testimonio rendido por el señor León Darío Echavarría dentro del proceso penal —fls. 13-17 anexo 3—; declaraciones rendidas por los subintendentes de la Policía Nacional Arlex Marino Velasco y Wilson de Jesús Castañeda —fls. 9-11 anexo 1, fls. 119-122 anexo 4—; testimonio rendido por el soldado regular Ricardo Higuita Suárez —fls. 210-212 anexo 1—; testimonio del mayor Perdomo —fls. 103-106 anexo 3—).

10.3. En algún punto de la carretera, la cual era sinuosa y carecía de iluminación, los miembros de la escolta militar escucharon algunos disparos. Al seguir avanzando, observaron al vehículo escoltado —el cual les había cogido alguna ventaja— detenido en la mitad de la vía, al teniente coronel Segura Barón y a uno de los soldados que viajaban con él parados sobre la carretera sosteniendo sus armas de dotación, y a un tercer vehículo Mazda blanco que pasaba a gran velocidad por el costado de la vía, en una maniobra que los integrantes de la escolta interpretaron como un intento de atropellamiento (testimonios rendidos bajo la gravedad de juramento por los soldados Flórez, Londoño y Jaramillo dentro del proceso disciplinario —fls. 214-222 anexo 1—). El siguiente es el relato hecho por el conductor del vehículo de la escolta militar, señor Libadier de Jesús Gallego en el marco del proceso disciplinario (fls. 203-205 anexo 1):

El vehículo que conduzco es una Toyota verde la cual es empleada como escolta de mi coronel Segura, en el vehículo mío me acompañaban dos dragoneantes y un soldado. Cuando íbamos subiendo de Caldas rumbo al Alto de Minas la Toyota de mi coronel me llevaba una ventaja, escuché unos disparos, en ese momento nos reportaron [por radio] un vehículo sospechoso, cuando tuve visibilidad con la Toyota de mi coronel ésta ya se encontraba en dirección contraria, un poquito atravesada y algún personal desembarcado, en ese momento salió inesperadamente una camioneta Mazda blanca incorporándose a la vía, por lo cual al pasar al lado de mi coronel se tuvo que hacer a un lado para que no lo fuera a atropellar (…). Preguntado: Sírvase decir en el momento en que se produjeron los hechos a qué distancia conducía usted el vehículo del vehículo (sic) del comandante. Contestó: No llevaba visibilidad con el vehículo de mi coronel por lo que ese vehículo es más rápido, lo que sí pude darme cuenta es de los disparos que los escuché, más no pude ver de dónde provenían (…).Preguntado: En preguntas anteriores usted hace mención de haber recibido una comunicación a través de un radio de comunicaciones, sírvase informarnos qué órdenes, instrucciones o informaciones recibió y por parte de quién. Contestó: No recibí ninguna orden porque en el momento en que tuve visibilidad con el vehículo que casi atropella a mi coronel asumí que de pronto era un atentado contra mi coronel. Preguntado: Retomando la pregunta anterior, sírvase aclarar la información relacionada con la presencia de un vehículo sospechoso la cual aduce y hace referencia en respuesta a la pregunta de resumen del caso. Contestó: Mi coronel le dijo al soldado del radio que era una camioneta blanca sospechosa y después de tenerla visualmente y de ver que salía a incorporarse a la vía deduje que ese era el vehículo sospechoso (…).Preguntado: Sírvase decir si observó que el personal ubicado en tierra del primer vehículo reaccionó y disparó sus armas contra el vehículo en mención. Contestó: En ningún momento dispararon contra el vehículo sospechoso, más sin embargo sí habían bajado algunos de la camioneta de mi coronel con sus armas.

10.4. De inmediato, el conductor de la Toyota verde, señor Libadier de Jesús Gallego, inició la persecución de vehículo blanco, mientras que los soldados que viajaban con él hicieron, a través de las ventanas del carro en movimiento, disparos al aire con el propósito de conseguir que éste se detuviera. La persecución se extendió por ocho o diez minutos aproximadamente y llevó a los dos vehículos implicados en ella hasta el perímetro urbano del municipio de Caldas (Antioquia). Luego de que los soldados consiguieron impactar las llantas del vehículo “sospechoso”, éste hizo un giro de 180 grados y quedó de frente a la escolta militar, con las luces altas encendidas, lo cual provocó la reacción de los militares, quienes, asustados, respondieron disparando directamente contra el automotor y sus ocupantes (testimonios rendidos bajo la gravedad de juramento por los soldados Flórez, Londoño y Jaramillo dentro del proceso disciplinario —fls. 214-222 anexo 1—). Así continúa el relato hecho por el señor Libadier de Jesús Gallego en el marco del proceso disciplinario (fls. 203-205 anexo 1):

(…) en ese momento di vuelta al vehículo para iniciar en la persecución del vehículo sospechoso, el personal que me acompañaba le gritó a los acompañantes de la camioneta alto, a lo cual no hicieron caso, posteriormente los soldados hicieron disparos de advertencia al aire y tampoco hizo caso, la camioneta iba a bastante velocidad, más adelante al ver que la camioneta no se detenía el personal manifestó que iban a disparar a las llantas, más abajo en el cruce de Amagá y la variante de Caldas perdí visibilidad del vehículo para lo cual esperé unos segundos y después el personal me informó que el vehículo iba en dirección hacia el pueblo, en ese momento el soldado que llevaba el radio le pedí que informara a mi coronel el rumbo del vehículo, el soldado lo hizo pero la comunicación no sé si la habrán recibido, más adelante le dije a los soldados que tuvieran cuidado porque íbamos a entrar al casco urbano, la camioneta se pasó varios policías acostados y ya cuando la íbamos a alcanzar hizo un giro de ciento ochenta grados, quedando frente a nosotros con las luces altas puestas, en ese momento gritamos que nos iban a disparar (…). Preguntado: Sírvase decir en qué momento durante el desarrollo de la persecución se emplearon las armas y en qué dirección se disparó. Contestó: Las armas se vinieron a emplear después de gritar alto, inicialmente se disparó hacia el aire y después más abajo los soldados al ver que el carro no se detenía optaron por disparar a las llantas. Preguntado: Sírvase informar a este despacho desde qué sitio de su vehículo se disparaba y más o menos a qué velocidad se conducía el vehículo de escolta. Contestó: Los disparos se efectuaron de ambos lados de la camioneta por las ventanas, pero de acuerdo a la ubicación del vehículo sospechoso, los soldados sacaron parte del cuerpo, la velocidad aproximada era entre setenta kilómetros por hora ya que había mucha curva.

10.5. Abordo del vehículo Mazda blanco viajaban dos personas: el conductor, León Darío Echavarría, de 27 años de edad, quien sufrió múltiples heridas con arma de fuego en los miembros superiores, en el nervio cubital izquierdo, fractura de cúbito derecho y herida en el hemitórax derecho, y Milena Andrea Santamaría López, de 16 años de edad, quien ocupaba el puesto del copiloto y resultó muerta. En los hechos también salieron lesionadas la menor Leidy Yuliana Vásquez Cano y el señor Jhon Jairo Mejía Morales(5), que casualmente caminaban por el lugar (copia de registros civiles de nacimiento y de defunción —fls. 12, 13 cdno. 1—; copia del informe presentado por la inspectora segunda municipal del municipio de Caldas —fls. 17-18 anexo 4—; copia del informe presentado el 19 de febrero de 2001 por el comandante de la estación de policía de Caldas al comandante de la policía metropolitana —fls. 39-40 anexo 1—; testimonio de la señora Luz Dary Cano Sánchez —fls. 134-135 anexo 4—).

10.6. Indagado acerca de lo acontecido en la noche del 18 de febrero de 2001, el joven León Darío Echavarría siempre sostuvo que la persecución se inició después de que él, atemorizado por la presencia de un hombre armado en la vía, decidió aumentar la velocidad de desplazamiento y esquivar el vehículo en el que éste se transportaba. A continuación se transcribe lo dicho por el testigo el 27 de marzo de 2001 ante el juez 24 de instrucción penal militar (copia de la declaración —fls. 13-17 anexo 3—)(6):

Como le dije a la inspectora en la declaración inicial, yo primero iba para la finca de mi abuela (…), pero antes de llegar detuve la camioneta en la que me movilizaba modelo 90 de marca Mazda de color blanco con placas MLL-624 y detuve la camioneta para mostrarle a mi novia el pueblo desde un altico, mi novia de nombre Milena Andrea Santamaría López (…), me devolví, salimos a la principal o sea la carretera que lleva de Santa Bárbara a Medellín, pero salí en el sitio de la vereda El Reposo, entonces al momentico de llegar a la quebrada La Salada mermé la marcha para cambiar un casette del pasacintas (…), cuando al rato me percato que venía un carro detrás por la carretera, entonces aceleré para permitir que el vehículo me adelantara en una parte donde es más fácil hacerlo, dado que era muy angosta esa parte y hay mucha curva y una quebrada al lado, que es la quebrada La Salada, que dije anteriormente, cuando estábamos llegando al estadero El Remanso, el vehículo me adelanta, era una Toyota burbuja Lan Cruiser (sic), era de color oscuro, cuando veo que más adelante se detiene en la mitad de la vía y alguien de la parte de atrás se baja de civil con una pistola en la mano, yo me asusté y aceleré, pensé que era algún tipo molesto porque no lo había dejado adelantar antes, y ahí fue cuando sentí el primer disparo, y ahí fue donde más susto me dio y más aceleré, ahí empecé a escuchar como unas detonaciones más suaves y otras más fuertes (…), ya llegamos a las partidas y veo que el carro viene muy atrás y me confío de que va a seguir por la variante, entonces en el sector de Primavera iba más despacio, iba a una velocidad promedio de sesenta kilómetros por hora, y al llegar al cuadradero (sic) o terminal de buses de Caldas, veo que viene un carro con mucha velocidad, el mismo carro que nos estaba siguiendo, era la misma Burbuja, pero no estoy seguro del color, y ahí me volví a asustar y volví a acelerar e inmediatamente nos vieron nos empezaron a disparar de la Burbuja, pasé el primer policía acostado y bien, pasamos sin ningún problema, pasamos cerca de la casa de la novia mía y no me quise detener por miedo de que nos mataran en ese sitio y la gente que había ahí cerca, entonces al pasar el segundo policía, como iba tan rápido, a unos 120 o 130 kilómetros por hora, al caer el carro como que empieza a culebrear y para no chocarme con un muro, opto más bien por quebrarle la dirección y quedamos de frente hacia el carro que nos perseguía, a la Burbuja, en ese momento lo único que hice fue agacharme y protegerme la cabeza con los brazos, porque nos estaban haciendo un rafagazo, entonces ahí fue cuando me tocó ver los últimos momentos de la novia mía y yo me veía los brazos míos como partidos (…).

10.7. El tiroteo llamó la atención de algunos vecinos del sector, quienes después testificaron ante las autoridades competentes, señalando que tanto la camioneta Toyota verde como la camioneta Toyota negra, que arribó poco tiempo después al lugar con el teniente coronel Pedro Antonio Segura Barón abordo, estaban en perfecto estado y no presentaban ningún tipo de daño (testimonios rendidos por los señores Juan David Colorado, Sergio Iván Gallego, Luis Alberto Mejía y por el subintendente de la Policía Nacional Wilson de Jesús Castañeda —fls. 42-44, 119-122, 131-133 anexo 4—). Así mismo, llamó la atención de las autoridades de policía de la localidad, quienes inspeccionaron el vehículo Mazda blanco, sin encontrar armas o municiones en su interior (testimonio rendido por el subintendente de la Policía Nacional Wilson de Jesús Castañeda —fls. 119-122 anexo 4—).

10.8. El vehículo Mazda blanco en el que viajaban León Darío Echavarría y Milena Andrea Santamaría recibió en total veinticuatro (24) impactos de bala; también tenía pinchadas tres de las cuatro llantas y totalmente rotos los vidrios laterales y el vidrio panorámico delantero. En el informe elaborado por el Área de Balística y Explosivos de la Fiscalía General de la Nación, se concluyó que “ninguno de los orificios de disparo presentaba ingreso al vehículo por la parte trasera” y que todos fueron producidos por “proyectiles encamisados de alta velocidad como los disparados en armas de guerra tipo fusil” (copia del informe presentado el 19 de febrero de 2001 por el comandante de la estación de policía de Caldas al comandante de la policía metropolitana —fls. 39-40 anexo 1—; copia del dictamen de balística A.B. 401 —fls. 87-102 cdno. anexo 4—).

10.9. En la necropsia practicada al cadáver de la joven Milena Andrea Santamaría López se estableció que la víctima recibió una herida causada por proyectil de arma de fuego, cuyos orificios de entrada y de salida se ubicaron en la región anterosuperior del hombro izquierdo y en la región posterior del hemitórax a la altura del sexto espacio intercostal posterior, respectivamente. Adicionalmente, se encontraron ocho roces de proyectil de arma de fuego localizados así: tres a nivel del hipocondrio derecho con línea media axilar, tres más, ubicados doce centímetros por detrás de los anteriormente descritos, uno más ubicado en la región esternal con línea media intermamaria y el último en la región lumbar derecha. Con fundamento en los anteriores hallazgos se concluyó que (copia del informe de necropsia practicada por el Hospital San Vicente de Paúl —fls. 117-120 Cdno. 1):

(…) el deceso de quien en vida respondió al nombre de Milena Andrea Santamaría López fue consecuencia natural y directa de shock hipovolémico secundario a estallido de aorta torácica por herida penetrante a tórax por proyectil de arma de fuego. La herida señalada en el numeral 1 tuvo un efecto de naturaleza esencialmente mortal.

10.10. La joven Leidy Yuliana Vásquez Cano fue examinada físicamente el 26 de marzo de 2001 en el Hospital San Vicente de Paúl, donde se estableció que presentaba dos cicatrices de aspecto sano, de 1.5 centímetros de longitud cada una, ubicadas a nivel de la región glútea y lumbar derecha, palpándose además proyectil a nivel subcutáneo en región de fosa iliaca derecha. La incapacidad médico legal definitiva se fijó en veinte días, sin secuelas (copia del dictamen médico —fl. 129 cdno. 1—). Posteriormente, el 27 de mayo de 2002, la víctima fue sometida a una nueva valoración médica en la regional noroccidente-Medellín del Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se consignaron los siguientes hallazgos (original del dictamen médico forense —fls. 53-55 Cdno. 1—):

1) Presenta fragmentos metálicos compatibles con esquirlas o postas de proyectiles de arma de fuego en el glúteo y flanco derechos.

2) No están ubicados en la cercanía del riñón.

3) La única consecuencia que puede tener un paciente con dos cuerpos extraños metálicos en su cuerpo como los tiene la paciente y en las topografías descritas, es el dolor en fosa ocasional, en determinadas posiciones y no en forma permanente.

10.11. Antes de asumir la función de escoltas del comandante del Batallón Pedro Nel Ospina, los soldados profesionales Julio César Flórez, Nelson Antonio Londoño y Yuber Freddy Jaramillo recibieron una corta instrucción (declaraciones rendidas por los soldados Jaramillo y Londoño en el marco de la investigación disciplinaria —fls. 218-222 anexo 1—), que se impartió de manera teórica y que estuvo a cargo del cabo segundo Nelson García Sandoval, según él mismo lo relató ante el Juzgado 24 de Instrucción Penal Militar (copia de la declaración —fls. 108-111 anexo 3):

Preguntado: Diga al despacho qué instrucción recibieron los soldados para servir como escoltas, quién se las dio, por cuánto tiempo, dónde y si se les explicó todo lo referente al uso de armas de fuego. Contestó: Cuando yo recibí la escolta el soldado Londoño Santamaría Nelson Antonio ya pertenecía a la escolta del comando, por lo tanto no sé qué instrucción o qué capacitación le hubieran dado anteriormente, sin embargo, en base (sic) al conocimiento que yo adquirí en el curso que realicé en el DAS de Medellín que duró cinco (5) días, en base (sic) en eso les di la instrucción de los conocimientos que yo recibí durante el curso a los tres (3) soldados, lo cual hice en los ratos que me quedaban libres, porque mi función como escolta me mantiene ocupado permanentemente y no se puede programar nada, porque de un momento a otro nos llamaban y teníamos que salir con el comandante (…).

10.12. Por los anteriores hechos el Juzgado 24 de Instrucción Penal Militar abrió investigación el 23 de marzo de 2001 contra los soldados Julio César Flórez, Yuber Freddy Jaramillo y Nelson Londoño Santamaría, en el marco de la cual les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación, por los delitos de homicidio preterintencional, lesiones personales preterintencionales y lesiones personales culposas con fundamento en las siguientes consideraciones (copia de la decisión —fls. 23-35 anexo 3—):

Si analizamos la edad de los soldados escoltas, aquí investigados, vemos como éstos a pesar de ser mayores de edad, no son personas con la madurez requerida, para desempeñar cargos de tanta responsabilidad como el que les ha sido asignado, pues el mismo vigor de su juventud los puede llevar en un momento determinado a reaccionar primeramente y a pensar sobre su proceder tiempo después. Todos sabemos que en estos fogosos años de la juventud no se miden en oportunidad las consecuencias del actuar y equivocadamente podemos pensar que no hay problemas en nuestras reacciones, cuando en el fondo sí las hay y por tanto, debemos responder de nuestro actuar (sic) muy a pesar de que internamente creamos que con este se estaba cumpliendo un deber (…).

Extrañamente debemos pensar en fallas desde el punto de vista militar y esto se ve cuando un vehículo escolta que se encarga de la seguridad del comandante de una unidad militar no está en cabeza de un suboficial o un oficial con experiencia, sino que recae en meros soldados que han recibido una simple instrucción por tiempo ínfimo, los cuales bajo este adoctrinamiento siembran en su interior falsas atribuciones que se vienen a reflejar en insucesos como los aquí acontecidos.

También debemos tener en cuenta la misma reacción de la tropa, ya que es inexplicable cómo si el comandante de una unidad ha sido atacado y aparezca un vehículo en primer lugar se abandone al protegido, pudiendo ser víctima de un nuevo atentado, o sea, que se pierde la objetividad de su misión, y en segundo lugar se persiga a un vehículo con la creencia errónea de que está involucrado en el hecho, por la simple situación de que emprende veloz su huida, sin analizar si tan siquiera la grave situación de orden público que se vive en el país, y más en el departamento de Antioquia. No se analiza tampoco la hora de los hechos, esto es, que es de noche y que a esa hora es más fácil que cualquier persona sea víctima de [un] atentado en contra de su vida, honra, bienes. No se toma precaución ni se piensa que nadie se va a detener ante personas sin identificación alguna que portan armas de fuego, y que bien pudieran darles voces de alto y que si a esto se unen los disparos, pues lógicamente aumenta el pánico, por lo que en resumen ante esta clase de situaciones cualquier persona normalmente tiene que reaccionar como lo hizo el señor Echavarría Cardona, conductor del vehículo, quien en ningún momento pudo observar distintivos de militares, ni identificación de estos como tales, pues el personal uniformado carecía de ellos (…).

10.13. La joven Milena Andrea Santamaría López era hija de Darío de Jesús Santamaría Lora y Luz Stella López Castañeda, hermana de Jhon Fredy, Faber Hernando, Rubén Darío, Diana Carolina y Yamir Alejandro Santamaría López (certificados de los respectivos registros civiles de nacimiento —fls. 6-12 cdno. 1—). Al momento de su fallecimiento, Milena Andrea estudiaba en el colegio José Cosme Zuleta en el horario nocturno y ayudada a su mamá con las tareas del hogar (testimonios de los señores Guillermo Antonio Toro, María Azucena del Cielo López y León Darío Echavarría, rendidos ante el Tribunal a quo —fls. 59-62, 66-70 cdno. 1—).

10.14. Por su parte, la joven Leidy Yuliana Vásquez es hija de Luis Alfonso Vásquez Flórez y de Nora Lucía Cano Sánchez (certificado del registro civil de nacimiento —fl. 14 Cdno. 1—).

IV. Problema jurídico

11. Dado que la entidad demandada actúa en este caso como apelante única, corresponde a la Sala establecer, en primer término, el alcance de su competencia. Luego, deberá determinar si el daño aducido por los demandantes, consistente en la muerte de la joven Milena Andrea Santamaría López y la afectación del estado de salud de la niña Leidy Yuliana Vásquez Cano es imputable a la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. Para ello, tendrá que establecer si estos hechos se produjeron por un uso excesivo e irracional de la fuerza, tal como lo sostuvo el Tribunal a quo en la sentencia apelada, o si, por el contrario se configura el hecho de un tercero como causal eximente de responsabilidad, según lo expuesto por la entidad demandada en su recurso de apelación.

V. La competencia del ad quem frente al recurso de apelación 

12. En tanto la parte demandada fue la única en apelar la decisión, la Sala se limitará a resolver —con plena observancia del principio de la non reformatio in pejus— sobre los argumentos expuestos en su medio de impugnación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, que establece lo siguiente:

La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

13. En relación con el alcance de esta disposición, la Sala ha acogido dos posturas que, en principio, parecen opuestas o contradictorias entre sí, pero que realmente no lo son porque ambas se sustentan en el principio de congruencia, como se verá más adelante.

14. Conforme a la primera postura, la competencia del ad quem está limitada a los aspectos que expresamente señale el recurrente pues se entiende que de la premisa “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”, no se sigue “una autorización al juez de segundo grado para hacer el escrutinio y ad nutum determinar libremente ‘qué es lo desfavorable al recurrente’, pues a renglón seguido, la norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual ‘no podrá el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”(7).

15. La segunda postura plantea que la competencia del juez de segunda instancia comprende los temas implícitos en aquellos aspectos que el recurrente propone expresamente en su escrito de apelación, de manera que nada obsta para que el juez de segunda instancia corrija o modifique aquellos que, por su naturaleza, se encuentran comprendidos o son consustanciales a los asuntos mencionados. De ahí que la Sala haya asumido competencia para revisar las indemnizaciones ordenadas por el a quo por concepto de perjuicios materiales pese a que el recurso se interpuso por la entidad que resultó condenada en primera instancia con el objeto de que se revocara integralmente la decisión.

16. Esta segunda postura se adoptó en un caso en el que el recurso de apelación se interpuso exclusivamente por la entidad que fue encontrada administrativamente responsable en primera instancia y condenada al pago de los perjuicios causados. La condena, entonces, era un asunto consustancial a la declaratoria de responsabilidad y por lo tanto, difícilmente habría podido sostenerse que no estaba relacionada con el objeto del recurso de apelación. En cambio, la primera se adoptó en un evento distinto, pues el recurso de apelación se interpuso en solitario por la parte actora con el objeto de que se incrementara el monto de los perjuicios reconocidos a su favor, lo cual hacía completamente innecesario e improcedente hacer un análisis sobre la responsabilidad de la entidad, ya que eso en modo alguno se relacionaba con el objeto del recurso de apelación.

17. De manera que si la Sala inicialmente afirmó que “el recurso de apelación se encuentra limitado a los aspectos indicados por el recurrente” y que, por lo tanto, “los demás aspectos del fallo que no fueron cuestionados por el apelante único no pueden ser revisados por el juez ad quem”, lo hizo con el objeto de justificar, en ese caso y en otros iguales a él, su decisión de omitir pronunciarse sobre todas aquellas cuestiones que motivaron la declaratoria de responsabilidad, pues entendió que éstas ya habían quedado fijadas con la decisión que profirió el a quo; y no de impedir, en eventos distintos, al juez de segundo grado resolver sobre aspectos que son desfavorables al apelante y que, aunque no se mencionen expresamente, están íntimamente relacionados con el objeto de su apelación.

18. En ambos casos, la Sala buscó salvaguardar el principio de congruencia pues limitó la competencia del juez de segunda instancia a los aspectos que señale expresamente el recurrente o que se entiendan comprendidos dentro del marco del recurso, siempre que favorezcan al apelante único.

19. Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada.

20. En el caso concreto, la entidad demandada apeló la sentencia de primera instancia con el objeto de que se revisara la decisión de declararla administrativamente responsable por la muerte de Milena Andrea Santamaría López y por la afectación del estado de salud de Leidy Yuliana Vásquez Cano, y de condenarla a pagar indemnizaciones en cuantías que, en su criterio, no se compadecen con la intensidad de los perjuicios morales padecidos por algunos de los demandantes.

21. En consecuencia, la Sala, atendiendo al criterio expuesto y a la prohibición de la reformatio in pejus, revisará todos aquellos aspectos que son desfavorables a la entidad demandada y que son consecuencia directa de la declaratoria de su responsabilidad, lo cual incluye —en el evento de ser procedente— no solo la condena por perjuicios morales, sino también por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

VI. El juicio de responsabilidad

22. La Sala encuentra acreditado el daño, el cual consiste, de una parte, en la muerte de la joven Milena Andrea Santamaría López, y de otra, en las lesiones sufridas por la menor Leidy Yuliana Vásquez Cano, ocurridas ambas en la noche del 18 de febrero de 2001 en el municipio de Caldas, departamento de Antioquia, durante un tiroteo protagonizado por miembros activos del Ejército Nacional.

23. Así mismo, la demostración de las relaciones de parentesco existentes entre la lesionada y los señores Luis Alfonso Vásquez Flórez y Nora Lucía Cano Sánchez permite inferir, conforme a las reglas de la experiencia, que ellos sintieron dolor, aflicción y congoja por la afectación del estado de salud de su hija. Lo mismo puede decirse respecto de los demandantes Darío de Jesús Santamaría Lora, Luz Stella López Castañeda, Jhon Fredy, Faber Hernando, Rubén Darío, Yamir Alejandro y Diana Carolina Santamaría López, quienes demostraron ser los padres y hermanos de la joven fallecida.

24. La Sala también tiene por acreditado el daño moral sufrido por el señor Martín Emilio Santamaría quien, si bien no probó el parentesco que adujo en la demanda debido a que el documento que aportó no es conducente ni pertinente para el efecto(8), sí demostró el interés que le asiste en este caso con fundamento en los testimonios rendidos ante el Tribunal a quo por los señores Guillermo Antonio Toro Yepes y Camilo Arturo Castañeda Rendón, quienes dieron cuenta de los sentimientos de tristeza y pesar que el actor experimentó con el fallecimiento de Milena Andrea, razón por la cual se lo tendrá como tercero damnificado (fls. 59-60, 62-64 Cdno. 1).

25. Las pruebas aportadas al proceso permiten tener por probado que la persecución que terminó con la muerte de Milena Andrea Santamaría y la afectación del estado de salud de Leidy Yuliana Vásquez, se originó por la sucesión de un conjunto de eventos que, por una parte, hicieron creer a los miembros de la escolta militar que su protegido había sido atacado, y por la otra, crearon en el conductor del vehículo Mazda, León Darío Echavarría, la convicción de que él y Milena Andrea se encontraban en una situación de peligro de la que era necesario escapar.

25.1. Todos los ocupantes del vehículo Toyota verde —vehículo 2— fueron contestes en señalar que primero escucharon un conjunto de disparos y luego observaron al carro Toyota negro detenido en la vía —vehículo 1—, mientras su comandante, quien estaba armado, eludía el intento de atropellamiento de un tercer automotor, que circulaba a gran velocidad (ver supra párr. 10.3).

25.2. La Sala no duda que los disparos efectivamente ocurrieron. Lo que sí cuestiona es el origen y el objetivo de éstos, pues aunque los ocupantes del Toyota negro —vehículo 1— sostuvieron que fueron atacados durante el desplazamiento(9), lo cierto es que hubo numerosos testigos que declararon que cuando arribó al lugar donde finalizó la persecución del Mazda blanco, este vehículo estaba en perfecto estado y que no presentaba ningún daño (ver supra párr. 10.7). Además, es difícil creer que al saberse víctimas de un ataque, los militares hubieran optado por detenerse en la mitad de la carretera, en lugar de intentar escapar lo más rápido posible de esa supuesta situación de peligro.

25.3. Pero al margen de quién haya efectuado los disparos, lo cierto es que éstos sí ocurrieron y que fue este hecho, sumado a la maniobra adelantada por el Mazda blanco y a la postura asumida por los ocupantes del Toyota negro —vehículo 1—, lo que motivó al Toyota verde —vehículo 2— a iniciar la persecución.

25.4. El otro hecho que no admite cuestionamiento es que el conductor del vehículo Mazda emprendió la huida al sentirse amenazado por la presencia en la vía de un hombre armado, al que de ninguna manera podía vincular con el Ejército Nacional ya que éste vestía de civil y no portaba ningún emblema que lo identificara como autoridad militar (ver supra párr. 10.2).

25.5. Ahora bien, saber qué motivó a los ocupantes de la Toyota negra —vehículo 1— para detenerse en la mitad de la vía y al comandante del Batallón Pedro Nel Ospina para apearse del carro con su arma de dotación, no es posible con las pruebas aportadas al proceso. No obstante, lo que sí puede afirmarse es que este hecho no se produjo —como lo insinuó el señor León Darío Echavarría (ver supra párr. 10.6)— porque él no le permitió al conductor de la Toyota negra —vehículo 1— ejecutar una maniobra de adelantamiento en algún punto de la carretera, pues está demostrado que el Mazda blanco circulaba en un sentido opuesto al que llevaban los militares(10), lo que hacía materialmente imposible que éstos intentaran adelantarlo, a la vez que otorga sentido a lo dicho por el conductor del Toyota verde, en el sentido de que la persecución se inició cuando “dio la vuelta al vehículo” y lo puso en movimiento (ver supra párr. 10.4).

25.6. Esta falta de certeza sobre este punto en particular, no es óbice para resolver la presente controversia, pues para determinar si el daño resulta o no imputable a la administración no es imprescindible conocer las motivaciones de los ocupantes del Toyota negro —vehículo 1— para actuar de la forma en que lo hicieron, sino examinar objetivamente el comportamiento de la escolta militar y del conductor del Mazda blanco y su incidencia en la causación del daño.

26. En cuanto a la imputabilidad del daño a la administración, la Sala considera que aunque la muerte de Milena Andrea Santamaría y las lesiones de Leidy Yuliana Vásquez fueron causadas por miembros activos del Ejército Nacional con armas de dotación oficial y en ejercicio de sus funciones, el asunto no debe analizarse bajo un régimen objetivo de responsabilidad, sino desde la óptica de la falla del servicio, en tanto las numerosas pruebas documentales y testimoniales que fueron trasladadas de las investigaciones penal y disciplinaria, son demostrativas de que el daño se produjo porque la entidad demandada hizo un uso excesivo, desproporcionado e irracional de la fuerza, que se explica por una inadecuada preparación del personal a cargo de la escolta militar.

27. La directiva permanente 000138 de 1999 sobre organización y funcionamiento de las escoltas militares, expedida por el comandante del Ejército Nacional (fls. 122-124 anexo 3), establece que el personal de escolta militar “debe reunir excelentes capacidades personales, profesionales, lealtad, experiencia y entrenamiento que garantice la protección del personaje”.

28. Lo anterior supone que el personal seleccionado para cumplir con esta responsabilidad debe reunir un conjunto de calidades personales, pero también académicas, que fueron descritas por el señor Alfredo de Jesús Marín, jefe del área de protección del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, en declaración rendida ante el juez 24 de instrucción penal militar (fls. 196-199 anexo 3):

Para el efecto de los escoltas que cumplen la tarea como tal, en el DAS tienen de preparación un año en la Academia Superior de la Aquimindia en Suba (Cundinamarca), este tipo de preparación se obtiene con el lleno de unos requisitos para los cuales el agente de seguridad o escolta demuestra estar al ciento por ciento, mediante unos resultados médicos y unos estudios académicos, aparte del lleno de unos requisitos para ingresar a esta academia, como son: el estudio de confiabilidad, que comprende al aspirante y a su grupo familiar, buscando generalmente antecedentes que no se tengan de ninguna índole por la profesión que van a desempeñar y las mismas funciones como tal que deba cumplir, una vez terminado el curso en la academia se hace una práctica y ya el agente de seguridad o escolta sale a cumplir su trabajo. Preguntado: Según lo anterior, sírvase aclararnos qué condiciones académicas debe llenar el aspirante a escolta, cuánto dura el curso de entrenamiento en el DAS y si se enfatiza o existe alguna instrucción especial sobre el manejo de armas y en especial sobre situaciones en que se pueda hacer uso de las mismas. Contestó: Las condiciones académicas son como requisito indispensable ser bachiller y aprobar el curso como tal de escolta, que dura un año, dentro de este curso se ven materias en el área teórica que comprenden normas básicas del derecho penal para que el escolta conozca lo relacionado a su trabajo y se complementa con la práctica en las respectivas modalidades de cómo se va a desempeñar el escolta y cómo debe reaccionar de acuerdo a las circunstancias que se presenten, dejando muy en claro que toda reacción debe ser proporcional al ataque que se pueda presentar y teniendo en cuenta que el agente de seguridad o escolta debe estar en capacidad de sortear todo tipo de situaciones que en materia protectiva (sic) se le puedan presentar.

29. En el caso concreto, se tiene demostrado que el personal que integraba la escolta militar del comandante del Batallón Pedro Nel Ospina no reunía las condiciones exigidas para el correcto cumplimiento de esta labor pues dos de ellos no eran siquiera bachilleres(11) y, peor aún, ninguno había recibido la formación teórica y práctica requerida para desempeñarse apropiadamente, según lo reconocieron el cabo segundo Nelson García Sandoval, comandante de escolta del batallón (ver supra párr. 10.11), y el propio teniente coronel Pedro Antonio Segura en el marco del proceso penal militar (fl. 151 anexo 3):

Preguntado: A su sano juicio criterio considera usted que los soldados Florez Mestra Julio César, Jaramillo Cardona Yuber Fredy y Londoño Santamaría Nelson Antonio estaban suficientemente capacitados al momento de los hechos para desempeñarse como escoltas de comando. Contestó: Antes de los hechos que está investigando este Juzgado, vi la actitud positiva de estos muchachos, su reacción, su comportamiento ejemplar y su viveza en los diferentes desplazamientos, los cuales me hacían pensar que estaban entrenados. Después de los hechos vi que la reacción asumida por ellos tal vez podría denotar falta de entrenamiento o falta de medios para poder actuar en forma acertada y solo recurrir a las armas como última instancia (…).

30. Y es que es apenas obvio que una preparación improvisada y fragmentada, impartida sin ninguna continuidad y planeación por alguien que a su vez no está lo suficientemente capacitado en el oficio(12), y en la que además, se deja de lado el componente práctico, inhabilita por completo a quien la recibe para desarrollar profesionalmente la labor de escolta, como bien lo señaló el jefe del área de protección del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (fls. 196-199 anexo 3).

31. Esta inadecuada preparación del personal, que es plenamente imputable a la entidad demandada, es la causa adecuada y eficiente de la muerte de Milena Andrea Santamaría y de la afectación transitoria del estado de salud de Leidy Yuliana Vásquez porque, sin duda alguna, ocasionó que en los agentes estatales involucrados en la persecución del vehículo conducido por León Darío Echavarría dispararan en su contra, haciendo un uso innecesario, irracional y desproporcionado de la fuerza.

31.1. Los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por el octavo congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención y tratamiento del delincuente, disponen que:

(…).

4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.

5. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley:

a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga;

b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana;

c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas;

d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas.

(…).

9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.

31.2. Por su parte, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer Cumplir la Ley, adoptado por Asamblea General en su resolución 34/169 de 17 de diciembre de 1979, establece lo siguiente:

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.

Comentario:

a) En esta disposición se subraya que el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser excepcional; si bien implica que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden ser autorizados a usar la fuerza en la medida en que razonablemente sea necesario, según las circunstancias para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla, no podrá usarse la fuerza en la medida en que exceda estos límites.

b) El derecho nacional restringe ordinariamente el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de conformidad con un principio de proporcionalidad. Debe entenderse que esos principios nacionales de proporcionalidad han de ser respetados en la interpretación de esta disposición. En ningún caso debe interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr.

c) El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas. En todo caso en que se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las autoridades competentes.

32. Que el empleo de la fuerza en general, y de las armas de fuego, en particular, deba sujetarse a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, determina que su uso está reservado a aquellas situaciones que entrañen una amenaza seria contra la vida o la integridad física de alguna persona y en la medida estrictamente necesaria a la gravedad del riesgo o la amenaza que se pretende conjurar.

33. En este caso, el uso de las armas de fuego por parte del Ejército Nacional infringió el principio de necesidad pues en ningún momento la vida o la integridad personal de alguno de sus agentes estuvo en peligro. En efecto, ni Milena Andrea Santamaría ni su acompañante, León Darío Echavarría, se encontraban armados, tal como lo constataron los agentes de la Policía Nacional que inspeccionaron el vehículo en el que se movilizaban (ver supra párr. 10.7), y lo afirmaron los propios soldados involucrados en los hechos, que en el marco de la investigación disciplinaria reconocieron que en ningún momento recibieron respuesta armada de parte de los jóvenes mencionados.

34. Ahora, es cierto que por la forma como ocurrieron los hechos, los agentes involucrados en la persecución interpretaron la maniobra realizada por el señor Echavarría, consistente en pasar a gran velocidad muy cerca del punto exacto donde su superior se encontraba detenido (ver supra párr. 10.3), como un atentado contra la integridad del teniente coronel Pedro Antonio Segura. Sin embargo, a juicio de la Sala este hecho tampoco justifica el uso de las armas de fuego, si se tiene en mente que cuando empezó la persecución y el posterior tiroteo ya la supuesta amenaza había cesado por cuenta de la decisión del vehículo sospechoso de emprender la huida.

35. El principio de razonabilidad también resultó afectado pues es evidente que los agentes estatales no buscaron reducir al mínimo los daños ni proteger la vida y la integridad personal de terceras personas, pues en tal caso se habrían abstenido de accionar sus fusiles de dotación oficial, las cuales se caracterizan por tener un gran poder destructor, en medio de una persecución desde un vehículo en movimiento, en condiciones de baja visibilidad y al interior de una zona urbana en donde existía el riesgo cierto de que alguien resultara herido, como efectivamente ocurrió, dado el previsible aumento en la circulación de peatones y otros conductores.

36. Por último, los hechos y las pruebas del caso también revelan que el uso de las armas de fuego infringió el principio de proporcionalidad pues se demostró que el vehículo en el que se transportaban los jóvenes Milena Andrea y León Darío recibió veinticuatro (24) impactos de fusil, recibidos todos de frente (ver supra párr. 10.8), lo que denota que se empleó más fuerza de que la que era estrictamente necesaria para detenerlos.

37. Para la Sala es claro que los disparos que aparecen descritos en el informe de balística no impactaron el vehículo durante la persecución, sino que lo hicieron en el instante en que éste giró bruscamente y quedó de frente al carro de la escolta militar, cuando materialmente el conductor no estaba en condiciones de reanudar la marcha pues para ese momento las llantas ya estaban pinchadas. Si el objetivo era detener a los presuntos sospechosos, bastaba con que los militares descendieran del vehículo en que se transportaban y los rodearan, y no que procedieran a dispararles en veinticuatro oportunidades, sin darles siquiera la oportunidad de rendirse o entregarse voluntariamente a las autoridades.

38. La entidad demandada adujo en su defensa que no es responsable de ninguno de los daños presentados en la demanda porque la causa eficiente del daño fue el actuar imprudente e irracional del joven León Darío Echavarría, quien no atendió la orden de pare impartida por los militares y, en cambio, emprendió la huida, ofreciendo a éstos razones para creer que estaba involucrado en alguna conducta delictiva.

39. La Sala no comparte el anterior razonamiento porque el conductor del vehículo Mazda blanco no incurrió en ninguna conducta que justificara que la escolta militar lo persiguiera como si se tratara de un delincuente, y menos que le disparara a él y a su acompañante de la forma en que lo hizo.

40. Las pruebas aportadas al proceso son plenamente demostrativas de que lo que los militares interpretaron como un intento de atropellamiento, no fue tal cosa, sino el intento desesperado del conductor por escapar rápidamente de una situación que a su juicio era peligrosa. Para la Sala es claro que si el vehículo militar se detuvo en la mitad de la vía, como está probado que ocurrió (ver supra párr. 10.3), el señor Echavarría tenía que pasar muy cerca de donde se encontraba el personal militar desembarcado si quería huir del lugar, pues es razonable que no dispusiera de un espacio muy amplio para adelantar la maniobra.

41. Adicionalmente, aunque fuera cierto lo dicho por la entidad demandada en punto a que el joven León Darío Echavarría desatendió una orden de pare impartida por el personal militar(13), ello no podría eximirla de responsabilidad pues, dadas las circunstancias en que tal hecho ocurrió, no era exigible al conductor del vehículo particular que se detuviera en la vía. Se recuerda que los militares estaban vestidos de civil y que no portaban ninguna insignia que los identificara a ellos o a los vehículos en los que se transportaban como parte del Ejército Nacional (ver supra párr. 10.2), en completo desconocimiento de lo dispuesto en el anexo C de la directiva permanente 000138 de 1999 sobre organización y funcionamiento de las escoltas militares, que establece que “los miembros del Ejército Nacional que por cualquier razón les corresponde operar de civil deben portar en el brazo una cinta de 10 centímetros (brazalete), en color fluorescente con el letrero Escolta y Ejército Nacional” (fl. 134 anexo 3).

42. De ahí que, como bien lo expuso el Juzgado 24 de Instrucción Penal Militar (ver supra párr. 10.12), era perfectamente entendible que el señor León Darío Echavarría actuara de la forma en que lo hizo, pues era apenas razonable que se sintiera amenazado por la presencia en la vía de un desconocido que se encontraba armado y que, por tanto, tomara la decisión de emprender la huida, máxime si se tiene en cuenta que los hechos ocurrieron en una zona caracterizada por la presencia de grupos delincuenciales, como lo reconoció el propio teniente coronel Pedro Antonio Segura en declaración rendida dentro del proceso penal militar (fl. 83 cuaderno anexo 4).

43. Por último, debe señalarse que ni el conductor del Mazda blanco ni su acompañante se encontraban armados y que en ningún momento atentaron contra la vida o la integridad de los miembros de la patrulla militar, y que si bien al final de la persecución ejecutaron una maniobra que a los ojos de los militares pudo resultar amenazante (ver supra párr. 10.4), ello no exime de responsabilidad a la administración porque lo decisivo en la producción de daño no fue esto, sino la falta de preparación de la escolta militar, que no supo sortear apropiadamente y con cabeza fría este movimiento inesperado.

44. Por las razones expuestas la Sala confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró la responsabilidad administrativa de la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional por la muerte de la joven Milena Andrea Santamaría López y las lesiones causadas a la menor Leidy Yuliana Vásquez Cano.

VII. Perjuicios

45. Procede la Sala a fijar el monto de los perjuicios de conformidad con las pretensiones de la demanda, las pruebas que obran dentro del proceso y las razones de la apelación, no sin antes reiterar que, atendiendo al objeto del recurso, que no es otro que se revoque integralmente el fallo apelado y, consecuencialmente, cualquier decisión que sea contraria a los intereses de la entidad demandada, el juez de segunda instancia está facultado para modificar o corregir lo relativo a las condenas por perjuicios morales y materiales que fueron impuestas por el a quo.

1) Perjuicios morales

46. El Tribunal Administrativo de Antioquia reconoció la suma equivalente a 100 smlmv a favor de los padres de Milena Andrea Santamaría López y 70 smlmv a favor de cada uno de sus hermanos. Adicionalmente, fijó en 80 smlmv las indemnizaciones debidas a Leidy Yuliana Vásquez Cano, y a cada uno de sus padres.

47. La entidad demandada apeló este punto de la decisión, con el objeto de que se redujera el monto de la indemnización debida a los hermanos de la joven fallecida, conforme a las pautas establecidas por el Consejo de Estado, así como la que se reconoció a favor de la niña lesionada y de su familia con fundamento en que ella no sufrió una pérdida de capacidad laboral.

48. La Sala encuentra que el perjuicio moral generado por la muerte de la joven Milena Andrea Santamaría López se encuentra demostrado (ver supra párr. 13), por lo que accederá a repararlo, ajustando el monto de las respectivas indemnizaciones según el nivel del cercanía afectivo existente entre la víctima y los demandantes, siguiendo el criterio establecido por el pleno de la Sección Tercera, en Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014(14):

icon
ver tabla
Reparación del daño moral en caso de muerte
 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Regla general en el caso de muerteRelación afectiva conyugal y paterno - filialRelación afectiva del 2º grado de consangui-nidad o civil Relación afectiva del 3er grado de consan-guinidad o civil Relación afectiva del 4º grado de consan-guinidad o civil.Relación afectiva no familiar (terceros damnifica-dos)
Porcentaje 100%50%35%25%15%
Equivalen-cia en salarios mínimos10050352515

49. De esta manera, reconocerá lo equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de los padres de la occisa, los señores Darío de Jesús Santamaría Lora y Luz Stella López, en tanto que sus hermanos, los señores Jhon Fredy, Faber Hernando, Rubén Darío, Yamir Alejandro y Diana Carolina Santamaría López, recibirán cada uno de ellos lo equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

50. El señor Martín Emilio Santamaría, quien según ya se señaló no probó el parentesco que adujo en la demanda pero sí su condición de tercero damnificado (ver supra párr. 14), recibirá una indemnización equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si bien es cierto que, en principio, le correspondería una suma menor, acorde a la calidad que demostró, también lo es que existe prueba de que la muerte de Milena Andrea le produjo a este demandante una gran afectación(15), por lo que la Sala considera justo y equitativo reconocerle una indemnización mayor.

51. Por último, las señoras Carmen Emilia Lora y Rosario Castañeda no recibirán ninguna indemnización debido a que lo decidido en este sentido por el Tribunal a quo no fue objeto de apelación por la parte actora, además de que ninguna de ellas demostró la relación de parentesco que invocó en la demanda, derivada de la calidad de abuelas de Milena Andrea Santamaría.

52. En cuanto a las indemnizaciones que corresponden al núcleo familiar de Leidy Yuliana Vásquez Cano, debe señalarse que el monto reconocido por el a quo (80 smlmv), es el que generalmente reciben las víctimas de lesiones corporales que comportan una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 40% e inferior al 50%(16). En este caso, la víctima no sufrió una pérdida definitiva de capacidad laboral, por lo que se procederá a efectuar una reducción en el monto de la condena, teniendo en cuenta que está probado que Leidy Yuliana presenta una afectación de carácter estético y que ocasionalmente experimenta dolor en el lugar de la lesión (ver supra párr. 10.10).

53. Por esta razón, se reconocerá una indemnización equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que beneficiará a cada uno de sus padres, más no a la víctima directa ya que revisado el texto de la demanda, Leidy Yuliana no figura como demandante pues ésta no se interpuso a nombre suyo.

2. Perjuicios materiales

54. Con fundamento en la presunción de que los hijos habitan la casa paterna/materna hasta la edad de 25 años, contribuyendo al sostenimiento económico del hogar(17), el Tribunal Administrativo de Antioquia reconoció lucro cesante a favor de los padres de Milena Andrea Santamaría López.

55. Las presunciones han sido definidas doctrinariamente como “un juicio lógico del legislador o del juez (según sea legal o jurisprudencial), en virtud del cual se considera como cierto o probable un hecho (lo segundo cuando es presunción judicial o de hombre) con fundamento en las máximas generales de la experiencia que le indican cuál es el modo normal como se suceden las cosas y los hechos”(18).

56. La presunción traída por Tribunal, si bien es de creación jurisprudencial, encuentra fundamento normativo en el artículo 411 del Código Civil, que establece que los ascendientes son titulares del derecho a recibir alimentos. Sin embargo, a juicio de la Sala, ella debe ser revisada debido a que lógicamente no puede coexistir —por contradecirla abiertamente— con aquella según la cual los padres contribuyen al sostenimiento económico de sus hijos hasta que éstos alcanzan los 25 años de edad.

57. En efecto, si el hijo requiere de la ayuda económica de sus padres hasta que cumple los 25 años es porque no está en capacidad de procurarse a sí mismo ni a un tercero todo lo que necesita para subsistir, de manera que no se ve cómo puede afirmarse válidamente que los padres de un hijo que fallece experimentan un lucro cesante por cuenta de este hecho. Tal como están las cosas en la jurisprudencia, pareciera que la regla conveniente se activa ad libitum dependiendo de quién demande como víctima.

58. Además, tampoco existe una regla de la experiencia que dé sustento a esta presunción cuando se conoce que los jóvenes, en Colombia, enfrentan importantes barreras para el acceso y la permanencia en el mercado laboral(19), al punto que se han adoptado medidas de política pública para enfrentar esta problemática(20).

59. Un informe publicado en 2017 por el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario señaló que 53% de los jóvenes entre los 15 y los 24 años de edad en las 13 principales ciudades del país estudian, que el 36% trabaja, que el 4,2% combina las dos actividades, y que el resto dedica su tiempo a buscar trabajo, a realizar oficios en el hogar u otras tareas como cuidar o atender niños o asistir a eventos de capacitación en algún tema(21). El DANE, por su parte, reveló que durante el trimestre comprendido entre los meses de noviembre 2017 y enero 2018, la tasa de ocupación para el total de personas entre los 14 y los 28 años fue solo del 48,3%, mientras que el desempleo alcanzó un porcentaje del 16,8%. En las áreas metropolitanas, esas cifras ascendieron al 49,6% y al 18,5% para la tasa de ocupación y de desempleo, respectivamente(22).

60. Finalmente, debe tomarse en consideración que el fundamento de la obligación alimentaria contenida en la legislación civil es doble: por un lado, la necesidad de quien los reclama y, por el otro, la capacidad de quien los debe. Esto significa que legalmente no se deben alimentos a quien tiene los medios para procurarse su propia subsistencia y que no está obligado a ellos aquel que no cuenta con los recursos económicos para proporcionarlos(23).

61. Lo anterior significa que desde el punto normativo tampoco existen razones para presumir que los hijos entre los 18 y los 25 años contribuyen con el sostenimiento económico de sus padres, cuando la exigibilidad de esta obligación no surge por la simple relación de parentesco, sino que demanda la configuración de dos situaciones de hecho: por un lado que el peticionario carezca de bienes y, por tanto, requiera los alimentos que solicita y, por el otro, que la persona a quien se le piden los alimentos tenga los medios económicos para procurarlos.

62. Con fundamento en lo expuesto, la Sala unificará su jurisprudencia para señalar que, en ausencia de prueba que demuestre (i) que los hijos contribuyen económicamente con el sostenimiento del hogar paterno o materno, porque materialmente están en condiciones de hacerlo, es decir, porque ejercen una actividad productiva que les reporta algún ingreso, y (ii) que los padres son beneficiarios de la obligación alimentaria porque no tienen los medios para procurarse su propia subsistencia, bien porque están desempleados, enfermos o sufren de alguna discapacidad, no puede presumirse que la muerte de una persona menor de 25 años genera una pérdida de ingresos cierta a favor de sus padres.

63. Para la demostración de estos dos elementos son admisibles todos los medios de prueba; sin embargo, en lo que toca al primer elemento —la capacidad del deudor de la obligación alimentaria— el juez administrativo deberá valorar especialmente todos los hechos que sean indicativos de que el hijo sí ejercía alguna actividad productiva, como son el contexto familiar, cultural, de género y social en el que él y su familia subsistían, pues es bien sabido que en las zonas rurales todos los integrantes del núcleo familiar contribuyen de alguna manera con el sostenimiento económico del hogar. No obstante, en estos casos, para el cálculo del lucro cesante deberá presumirse que todos los hijos que están en edad de trabajar, contribuyen económicamente al mismo propósito, por lo que la indemnización que por concepto de lucro cesante se reconozca a favor de los padres del hijo que fallece debe disminuirse en proporción al número de hijos que integran el hogar(24).

64. En el caso concreto, está probado que, al momento de su fallecimiento, la joven Milena Andrea Santamaría, no ejercía ninguna actividad productiva pues era estudiante del colegio José Cosme Zuleta (ver supra párr. 10.13). Además, se conoce que su padre no se encontraba desempleado pues en la declaración que rindió ante el Juzgado 24 de Instrucción Penal Militar afirmó que trabajaba en un taller en Medellín (fls. 104-105 anexo 4), en tanto la madre no demostró ser titular del derecho a recibir alimentos, en los términos del artículo 411 del Código Civil, por encontrarse desempleada, enferma o sufrir de alguna discapacidad.

65. Por ello, se concluye que no procede el reconocimiento del lucro cesante solicitado por los padres de la joven Milena Andrea Santamaría Lora y, en consecuencia, se modificará la sentencia apelada en lo pertinente.

VII. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFICAR la Sentencia apelada, esto es, la proferida el 22 de mayo de 2012 por la Sala de Descongestión, Subsección de Reparación Directa, del Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así:

1. DECLARAR a la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional administrativamente responsable de la muerte de la joven Milena Andrea Santamaría López y de las lesiones causadas a la menor Leidy Yuliana Vásquez Cano en hechos ocurridos en la noche del 18 de febrero de 2001 en el municipio de Caldas, departamento de Antioquia.

2. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional a pagar las siguientes indemnizaciones por concepto de perjuicios morales:

—A favor de Darío de Jesús Santamaría Lora y Luz Stella López la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.

—A favor de Jhon Fredy Santamaría López, Faber Hernando Santamaría López, Rubén Darío Santamaría López, Yamir Alejandro Santamaría López, Diana Carolina Santamaría López y Martín Emilio Santamaría Correa lo equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.

—A favor de Luis Alfonso Vásquez Flórez y Nora Lucía Cano Sánchez la suma equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.

3. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas.

5. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme este proveído, devuélvase al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

3. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

4. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencias de 21 de febrero de 2002, Exp. 12.789, C.P. Alier Eduardo Hernández; 25 de enero de 2001, Exp. 12.831, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 3 de mayo de 2007, Exp. 25.020, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; 18 de octubre de 2007, Exp. 15.528, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

5. Revisado el sistema de gestión de la Rama Judicial no se encontró información acerca de demandas de reparación directa presentadas por los señores León Darío Echavarría y Jhon Jairo Mejía con fundamento en estos mismos hechos.

6. Similar declaración fue rendida el 19 de febrero de 2001 ante la inspectora municipal de policía de Caldas (fls. 58-60 anexo 4) y luego, el 31 de julio de 2002, ante el juez comisionado por el Tribunal Administrativo de Antioquia (fls. 66-70 cdno. 1).

7. Consejo de Estado, Sentencia de 9 de febrero de 2012, rad. 1997-06093-01(21060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

8. Para demostrar que era el abuelo de Milena Andrea Santamaría López, el señor Martín Emilio Santamaría debió aportar al proceso el registro civil de nacimiento de su supuesto hijo, el señor Darío de Jesús Santamaría. En lugar de ello, aportó su propia partida eclesiástica de nacimiento (fl. 5 Cdno. 1).

9. Véanse los testimonios del teniente coronel Pedro Antonio Segura, del mayor Roberto Perdomo Mosquera, los soldados Adrián de Jesús Velásquez y Ricardo Higuita Suárez y el conductor Luis Eduardo Ruíz Bedoya (fls. 188-191, 198-212 continuación anexo 4).

10. En las declaraciones que rindió, el señor León Darío Echavarría manifestó que viajaba por la carretera que conduce de Santa Bárbara a Medellín (ver supra párr. 10.6). Por su parte, los militares fueron contestes en señalar que salieron del municipio de Bello, sede del Batallón Pedro Nel Ospina, en dirección al municipio de Santa Bárbara (ver supra párr. 10.1). Revisada la herramienta Google Maps se observa que el municipio de Bello queda al norte de la ciudad de Medellín, mientras que el municipio de Santa Bárbara se localiza al sur de la capital del departamento. Por su parte, el municipio de Caldas, lugar donde concluyó la persecución, se localiza entre los municipios de Santa Bárbara y Medellín.

11. Las hojas de vida de los soldados Flórez, Jaramillo y Londoño están visibles a folios 4 a 11 del anexo 3.

12. Al ser preguntado acerca de si los soldados que integraban la escolta militar estaban los suficientemente capacitados para desempeñarse en esa labor, el cabo segundo Nelson García Sandoval, contestó: “Personalmente yo no me siento capacitado con la instrucción que recibí durante el curso, por lo tanto, los soldados a mi juicio no estaban lo suficientemente capacitados, lo que pasa es que no nos dieron más posibilidades de capacitación, dado lo complejo que es servir como escolta y yo puse todo mi empeño para transmitir a los soldados mis conocimientos, y anoto que todo se hizo sobre la marcha, pues a los soldados se les enseñaba cuando teníamos posibilidades de hacerlo, mientras se desempeñaban como escoltas” (fl. 110 anexo 3).

13. Aunque los integrantes de la escolta militar coincidieron en señalar que le gritaron en varias oportunidades que se detuviera, el señor León Darío Echavarría siempre sostuvo que en ningún momento escuchó las voces de alto, pues se desplazaba a gran velocidad.

14. Radicación 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172), C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

15. En declaración rendida ante el juez comisionado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el señor Guillermo Antonio Toro afirmó “Martín Emilio ya ni sale de la casa, por estar pensando en esa muchachita, a esa niña la querían mucho en esa familia” (fl. 60 cdno. 1).

16. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 31172, C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

17. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 27709, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

18. Hernando Devis Echandía, Compendio de derecho procesal. Pruebas judiciales. Tomo II, editorial ABC, Bogotá, 1998, p. 537, 538.

19. Sin embargo, este no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, como quedó en evidencia en el informe publicado por la OIT en 2015: “La creación de oportunidades de trabajo decente para jóvenes es uno de los grandes desafíos que deben enfrentar los países de América Latina y el Caribe. En 2015 hay alrededor de 108 millones de personas entre 15 y 24 años en esta región. De ellos, poco más de la mitad forman parte de la fuerza laboral.// Cuando los jóvenes trabajadores inician su vida productiva el primer obstáculo a superar es el de un desempleo elevado, con tasas que son de dos a cuatro veces superiores a las de los adultos en esta región. Con demasiada frecuencia salen en busca de un trabajo y vuelven a sus casas desilusionados sin conseguir nada. // Pero el panorama laboral de los jóvenes es aún más complejo. Cuando finalmente logran conseguir un empleo suele ser en la informalidad, con malas condiciones laborales, inestabilidad, bajos salarios, sin protección ni derechos. En la actualidad son informales seis de cada 10 nuevos trabajos disponibles para los jóvenes latinoamericanos y caribeños.// Al menos 27 millones de jóvenes que ya están insertos en el mercado laboral deben conformarse con estos empleos de mala calidad”. Organización Internacional de Trabajo, “Formalizando la informalidad juvenil”, 2015, disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_359270.pdf, página consultada el 5 de abril de 2018.

20. En 2016, el Congreso de la República expidió la Ley 1780, por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil.

21. Vanessa Ospina Cartagena, Andrés García-Suaza y otros, “Perfil juvenil urbano de la inactividad y el desempleo en Colombia”, Observatorio de Derecho Laboral de la Universidad del Rosario, marzo 2017, disponible en https://docs.wixstatic.com/ugd/c80f3a_aa28c62105494d98bd626affbf038613.pdf, página consultada el 5 de abril de 2018.

22. Departamento Nacional de Planeación, Gran Encuesta Integrada de Hogares, Mercado Laboral de la Juventud, marzo de 2018, disponible en https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/juventud/Bol_eje_juventud_nov17_ene18.pdf, página consultada el 5 de abril de 2018.

23. Corte Constitucional, Sentencia C-919 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.

24. Conforme al criterio empleado por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en varias providencias: Sentencias de 8 de junio de 2017, Exp. 50352; de 11 de junio de 2015, Exp. 33355; de 13 de noviembre de 2014, Exp. 30753; y de 5 de abril de 2013, Exp. 27281, todas con ponencia del suscrito magistrado ponente.