Sentencia 2001-03652 de junio 6 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Rad. 05001-23-31-000-2001-03652-01(0159-10)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Juan Bautista Giraldo Arbeláez

Demandado: Instituto Metropolitano de Valorización de Medellín — Inval

Bogotá D.C., seis de junio de dos mil doce.

Autoridades municipales —fallo—

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Cuestión previa

A fin de establecer el asunto materia de debate, la Sala estima necesario señalar que la demandante trae como argumento en el recurso de alzada el referido a la causal de nulidad de falsa motivación, que en su sentir se configura porque: “ocupaba un cargo de carrera administrativa y aún estaba pendiente de culminarse el proceso establecido para la inscripción en el escalafón”; al respecto, se advierte que en razón a que tal inconformidad resulta ser novedosa al interior del proceso, cualquier pronunciamiento, sería improcedente, como quiera, que ello implicaría un detrimento del derecho de defensa y de contradicción de la contraparte que se atiene a lo debatido ante el a quo.

Problema jurídico

El punto central del debate gira en establecer si al demandante le asiste o no, el fuero de estabilidad consagrado en el artículo 1º del Decreto 2611 de 1993, al haber sido declarado insubsistente, no obstante encontrarse en trámite su solicitud de inscripción extraordinaria en carrera administrativa.

Del fondo del asunto

A fin de decidir el objeto de la controversia, inicialmente se hará referencia a las normas que fundamentan la glosa, para luego, de conformidad con los efectos de la declaratoria de inexequibilidad de los artículos que permitían la inscripción automática en la carrera administrativa y lo probado en el proceso, establecer si en el presente caso al actor le asiste o no el fuero de estabilidad que reclama.

De los artículos 22 de la Ley 27 de 1992 y 1º del Decreto Reglamentario 2611 de 23 de diciembre de 1993.

En primer lugar, se tiene que el artículo 22 de la Ley 27 de 1992, estableció la posibilidad de acceder a la carrera administrativa, al consagrar que dentro del año siguiente a su entrada en vigencia, los empleados del nivel territorial que llegaren a desempeñar cargos de carrera, tenían la posibilidad de ser inscritos en ella, acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos para su ejercicio; y que en caso contrario, quedarían de libre nombramiento y remoción. Así mismo, señaló que si tales empleados continuaban al servicio de la entidad, podían solicitar la inscripción, en el momento en que cumplieran los requisitos del cargo, debiendo acreditarlos en debida forma.

Posteriormente, dicha normativa fue regulada a través del artículo 1º del Decreto Reglamentario 2611 de 23 de diciembre de 1993, que consagró una estabilidad relativa a favor de los empleados que hubieren solicitado o a quien se le hubiere certificado el cumplimiento de las condiciones y de los requisitos para ser inscritos automáticamente en el escalafón, en el sentido de que no podían ser removidos del servicio hasta tanto la Comisión Nacional del Servicio Civil o las seccionales, resolvieran sobre tal petición.

De los efectos de la declaratoria de inexequibilidad de las normas que permitían el acceso automático a la carrera administrativa.

Pues bien, en el caso en cuestión resulta preciso indicar que lo establecido en los artículos 5º y 6º de la Ley 61 de 1987 y 22 de la Ley 27 de 1992, que contemplaban dicha inscripción automática, acreditando las condiciones y requisitos exigidos, obviando con ello que el pilar básico de la carrera administrativa es el mérito y que este se debe demostrar previo el ingreso en el servicio público, encontró su fin con la declaratoria de inexequibilidad de las anteriores disposiciones, por parte de la Corte Constitucional en Sentencia C-030 de 30 de enero de 1997.

Reviste importancia este precedente de la Corte, porque en el mismo se consideró lo siguiente:

“Para el caso en estudio, a los empleados que accedieron a la carrera administrativa con fundamento en las normas que serán declaradas inexequibles, no pueden desconocérseles los derechos que en virtud de ellas adquirieron. Es decir, quienes en desarrollo de los artículos 5º y 6º de la Ley 61 de 1987 y 22 de la Ley 27 de 1992, lograron obtener su inscripción en carrera administrativa, mantendrán esa situación, a pesar de esta declaración de inexequibilidad. Si bien no se agotó un proceso de selección adecuado, estos empleados, que al entrar en vigencia las normas acusadas, una vez cumplidos los requisitos allí señalados, fueron inscritos en carrera, adquirieron unos derechos que no pueden ser desconocidos por este fallo. Derechos como el de permanecer en la carrera, a pesar de que su ingreso a ella no cumplió todos los requisitos para el efecto.

Pero aquellos funcionarios que aún continúan vinculados a la administración ocupando un cargo de carrera, sin hallarse inscritos como tales, no podrán solicitar su inscripción, pues para ello deberán someterse al correspondiente proceso de selección que cada entidad a nivel nacional o territorial adopte, a efecto de proveer cargos de esta naturaleza. En conclusión, a partir de la notificación de este fallo, se negará cualquier inscripción en carrera, que tenga como fundamento las normas que por medio de esta sentencia serán declaradas inexequibles” (destaca la Sala).

Se desprende entonces, según los lineamientos del fallo de la Corte Constitucional, y los efectos que allí señaló, que las inscripciones extraordinarias en la carrera administrativa, que se realizaron durante la vigencia de los preceptos legales que la consagraban, constituyen situaciones jurídicas consolidadas, a favor de aquellos servidores públicos cobijados por los supuestos de hecho de tales normas y por tanto, los actos administrativos en tal sentido proferidos, gozan de presunción de legalidad.

Pero, igualmente se infiere que a partir de la notificación de citado fallo de inexequibilidad, esto es, a partir del 14 de febrero de 1997, los servidores públicos que continúen laborando en las diferentes entidades, no podrán por manera alguna solicitar su inscripción automática en la carrera administrativa, pues para lograr tal objetivo tendrán que someterse a un proceso de selección.

De tal suerte, resulta que el artículo 1º del citado Decreto Reglamentario 2611 de 1993, que establecía un fuero de estabilidad, para aquellos empleados públicos que habían solicitado su inscripción extraordinaria en la carrera, quedó sin sustento jurídico ante la declaratoria de inexequibilidad de las normas que contemplaban tal posibilidad.

De lo probado en el proceso

La Sala hará referencia a las pruebas que de conformidad con lo expuesto en el recurso de alzada, resultan pertinentes. En tal sentido, se tiene que en el proceso reposan los siguientes documentos:

Resolución G.G. 195 de 20 de diciembre de 1991, por la cual el Inval, nombró al actor en el cargo de ingeniero interventor en la unidad ejecutora adscrita a la gerencia general con categoría 14A (fl. 358).

Resolución 214 de 28 de junio de 1993, a través, de la cual la entidad accionada, promovió al actor en el cargo de coordinador interventoría cat. 15A, en la unidad ejecutora adscrita a la gerencia general. (fl. 346).

Resolución de junta directiva número 455 de 29 de junio de 1993, “Por medio de la cual se adopta la carrera administrativa en el Instituto Metropolitano de Valorización de Medellín —Inval—” (fls. 62-63).

Solicitud de 9 de agosto de 1993, elevada por el actor ante el coordinador de personal del ente demandado, a fin de que le certificara sobre el cumplimiento de requisitos y funciones para la inscripción en la carrera administrativa (fl. 14).

Resolución de junta directiva número 465 de 27 de octubre de 1993, “Por medio de la cual se reglamenta en el Inval el régimen de la carrera administrativa, definido y regulado por la Ley 27 de 1992”; que en su artículo 3º, estableció entre otros, como cargo de libre nombramiento y remoción, el de coordinador de interventoría. (fl. 64-73).

Oficio de 15 de enero de 1996, por el cual la administración elevó consulta ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, en la cual le presenta entre otras inquietudes, si un empleado que a 29 de diciembre de 1992, se encontraba en un cargo de carrera administrativa y en el mes de julio de 1993, pasa voluntariamente a un cargo de nueva creación el cual es de libre nombramiento y remoción, ¿podrá solicitar la inscripción extraordinaria de conformidad con el Acuerdo 11 de 22 de diciembre de 1995, emanado de la Comisión Nacional del Servicio Civil? (fl. 7).

Oficio de 15 de noviembre de 1996, a través del cual la Comisión Nacional del Servicio Civil, responde a la entidad la consulta antes señalada, en el sentido de manifestarle que como el empleado a 29 de diciembre de 1992, se encontraba en un empleo de carrera y luego pasó a un cargo de libre nombramiento y remoción, no se da la condición que exige el Acuerdo 11 en su artículo 1º, razón por la que no procede su inscripción extraordinaria. (fl. 27).

Escrito de 18 de noviembre de 1996, por el cual el accionante le solicita a la Comisión Nacional del Servicio Civil, su inscripción en el escalafón de la carrera administrativa, para el cargo de coordinador de interventoría. (fls. 320-322).

Oficio de 30 de diciembre de 1996, a través de la cual la Comisión Nacional del Servicio Civil, le informa al actor que debe dirigir dicha petición ante el jefe de personal, para que este certifique sobre el cumplimiento de las condiciones y requisitos previstos para desempeñar el cargo y tramite su inscripción. (fl. 12).

Resolución 2017 de 1º de octubre de 1998, mediante la cual la Comisión Nacional del Servicio Civil, resolvió no inscribir al demandante en el escalafón de la carrera administrativa (fls. 16-18).

Resolución 2059 de 10 de junio de 1999, a través de la cual, la Comisión Nacional del Servicio Civil, confirmó la decisión antes mencionada y concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por el actor (fls. 20-26).

Resolución 33206 de 22 de junio de 2001, por la cual el ente accionado declara la insubsistencia del nombramiento hecho al actor en el cargo de director de interventoría y coordinación administrativa. Así como la comunicación de dicha decisión de 26 de junio de 2001 (fls. 3-4 y 2, respectivamente).

Del caso en cuestión

Realizado el estudio de las normas que fundamentan la glosa y de conformidad con el recuento del acervo probatorio obrante al interior del proceso, concluye la Sala que si bien para la fecha en que el actor fue declarado insubsistente (jun. 22/2001), aún no había sido resuelto el recurso de apelación que interpuso contra la Resolución 2017 de 1º de octubre de 1998, por la cual la Comisión Nacional del Servicio Civil, le negó su solicitud de inscripción automática en la carrera administrativa, lo cierto es, que no le es dable alegar el fuero de estabilidad que al efecto contemplaba el artículo 1º del Decreto 2611 de 23 de diciembre de 1993, habida cuenta, que con ocasión del pronunciamiento de la Corte Constitucional en Sentencia C-030 de 30 de enero de 1997, que declaró la inexequibilidad de los artículos 5º y 6º de la Ley 61 de 1987 y 22 de la Ley 27 de 1992, que permitían tal inscripción, el mismo quedó sin sustento jurídico que lo fundamente.

Además, se advierte que como el referido fallo constitucional solo respeto las situaciones jurídicas consolidadas a la fecha de su notificación, esto es, 14 de enero de 1997, momento para el cual el actor no había logrado su inscripción automática en la carrera administrativa, no puede pretender ahora que se le reconozca un derecho con fundamento en una norma que desde su nacimiento fue contraria a la Constitución.

De otro lado, se tiene que como para el momento en que el accionante fue declarado insubsistente, ocupaba un cargo de carrera en provisionalidad, podía ser retirado del servicio en cualquier momento sin necesidad de motivación alguna, de acuerdo con la facultad discrecional que para el efecto confiere la ley al nominador, la cual se presume ejercida en aras del buen servicio.

Finalmente, se indica que de conformidad con el artículo 1º del Código Contencioso Administrativo(1), la disposición contenida en el artículo 44 ibídem, no es aplicable al caso concreto, habida cuenta, que como ya quedó señalado el acto objeto de estudio fue expedido en ejercicio de la facultad discrecional(2).

Son las anteriores razones, suficientes para confirmar el fallo apelado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la sentencia apelada de 20 de enero de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso promovido por el señor Juan Bautista Giraldo Arbeláez contra el Instituto Metropolitano de Valorización de Medellín, Inval.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha».

(1) “Las normas de esta parte primera del código se aplicarán a los órganos, corporaciones y dependencias de las ramas del Poder Público en todos los órdenes, (...) Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción...”.

(2) Juan Ángel Palacio Hincapié, Derecho procesal administrativo, editorial Librería Jurídica, Sánchez R. Ltda., Segunda Edición 2000, pág. 48. El acto de potestad discrecional es aquel en cual la administración frente a un supuesto tiene la libertad para actuar, es decir, puede tomar la decisión o no tomarla atendiendo a su arbitrio, elige un comportamiento, que miradas las condiciones particulares del asunto que ha de resolver, considera que es la que más conviene al interés general, que es la que mueve su actuar.