Sentencia 2001-03672 de julio 24 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Rad.: 760012331000200103672-01 (30.556)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Héctor Emilio Rosero Urbano y otros

Demandado: Nación —rama judicial— y Fiscalía General de la Nación

Asunto: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veinticuatro de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 30 de noviembre de 2004, proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, Sede Cali.

Desde ya se advierte, en todo caso, que la demanda fue interpuesta en tiempo, pues para ello se contaba con un plazo de dos (2) años contados a partir de la ejecutoria de la resolución de 9 de mayo de 2000, mediante la cual se precluyó la investigación penal en favor del señor Héctor Emilio Rosero Urbano y comoquiera que la demanda se presentó el 22 de junio de 2001, es evidente que la acción de reparación directa se ejerció dentro del término legal previsto para tal efecto.

Para resolver el asunto en estudio, se desarrollará el siguiente orden conceptual: i) competencia, ii) el régimen de responsabilidad aplicable al asunto que se somete a decisión judicial, iii) el caso concreto, iv) liquidación de los perjuicios y v) condena en costas.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(1), sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

2. El régimen de responsabilidad aplicable al asunto que se somete a decisión judicial.

Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, es necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, por razón de la privación injusta de la libertad a la cual fue sometido el señor Héctor Emilio Rosero Urbano, desde el 27 de abril de 1999 hasta el 22 de junio de 1999, de manera tal que se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala ocurrieron en vigencia de la Ley 270 de 1996(2), que establece:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

“(...).

“ART. 68.—Privacion injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

Respecto de las normas transcritas, la Sala ha considerado en varias oportunidades que, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(3), se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política.

Al respecto, en sentencia de 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la Sentencia C-036 (sic) de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 —y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de administración de justicia—, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

“Tal es la interpretación a la que conducen no solo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-036 (sic) de 1997 (sic), mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— [responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal] ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la administración de justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996...”(4) (se resalta).

Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicadas a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una aplicación ultractiva del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iuranovitcuria, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión(5).

Ahora bien, la Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(6).

En torno a la privación injusta de la libertad varias han sido las líneas jurisprudencias de la Sección Tercera de esta corporación: una primera, que podría calificarse de restrictiva, parte del entendido de que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez, que causa perjuicios a sus coasociados(7). Posteriormente, se dice que la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención(8).

Una segunda línea entiende que, en los tres eventos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si este incurrió en dolo o culpa(9). Se consideró que, en tales eventos, la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad y que, en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se debe exigir al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no solo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención(10).

En el marco de esta segunda línea, el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos(11): el primero, previsto en su parte inicial, señalaba que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir una suerte de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o bien por ilegalidad de la detención; el segundo, en cambio, tipificaba los tres precitados supuestos —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, los cuales, una vez acreditados, dan lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad.

Una tercera tendencia jurisprudencial morigera el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, pues ello implica imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada; además, amplía, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del in dubio pro reo(12).

En la actualidad y para aquellos casos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la libertad de una persona bajo los supuestos previstos en dicha norma, la Sala ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia.

Igualmente, la Sala ha precisado que el daño también puede llegar a configurarse en aquellos eventos en los que la persona privada de la libertad es exonerada por razones distintas a las causales previstas por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. Así ocurrió, por ejemplo, en sentencia de 20 de febrero de 2008, donde se declaró la responsabilidad de la administración por la privación injusta de la libertad de una persona que fue exonerada en el proceso penal por haberse configurado una causal de justificación de estado de necesidad. Sobre el particular, la providencia aludida señaló:

“(...) Encuentra igualmente acreditado la Sala que dicha detención fue injusta, en consideración a que, como se explicó, al señor Higuita le fue precluida la investigación adelantada en su contra, mediante providencias del 11 de mayo y del 26 de diciembre de 1994. En efecto, (...) respecto de los delitos de omisión de informe y favorecimiento, se afirmó que el acusado actuó bajo una causal eximente de responsabilidad como es el estado de necesidad, que excluye la culpabilidad del acusado, lo que permite concluir que la privación fue injusta y que la víctima debe ser indemnizada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política”(13).

Debe precisarse, en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal o —en la opinión mayoritaria de la Sala— a la aplicación de la figura del indubioproreo, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; no obstante, si se presenta un evento diferente a estos, deberá analizarse si la medida que afectó la libertad fue impartida “injustamente” (C-037/96), caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla.

Lo anterior, sin perjuicio de que el daño haya sido causado por el obrar doloso o gravemente culposo de la propia víctima, o en el evento de que esta no haya interpuesto los recursos de ley, pues en esos casos el Estado quedará exonerado de responsabilidad.

La Sala ha estimado conveniente hacer las anteriores precisiones con miras a establecer si en el presente proceso está demostrada la responsabilidad de la entidad demandada por los hechos que se le imputan.

Es conveniente resaltar que, desde la propia preceptiva constitucional, es claro que la libertad personal, como valor superior y pilar de nuestro ordenamiento, es un auténtico derecho fundamental que solo admite limitación “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” (C.N., art. 28) y, como certeramente lo anota la doctrina:

“No basta, sin embargo, cualquier norma: es preciso que la norma jurídica que determina los supuestos en que procede la privación de libertad sea una ley. Esta exigencia tiene un fundamento evidente: desde el momento en que la libertad individual es asumida por la sociedad como un principio básico de la organización de su convivencia social, es solo la propia sociedad la que puede determinar los casos que dan lugar a la quiebra de ese principio básico, y esa expresión de la voluntad general de la sociedad tiene lugar a través de la ley. Constitucionalmente, esta exigencia se plasma en otra: la de que sean los representantes del pueblo, libremente elegidos, los que determinen las causas de privación de libertad.

“La determinación previa de las causas de privación de libertad tiene, además, otra razón material, la de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, esto es, que los ciudadanos sepan de antemano qué conductas pueden suponer la privación de un bien básico como la libertad. Se trata, con ello, de desterrar la arbitrariedad...”(14).

Por lo demás, aunque la detención preventiva emerge como un instrumento válido para el desarrollo del cometido estatal de perseguir los delitos, desde una perspectiva democrática no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho reconoce —sin discriminación alguna— la primacía de los derechos inalienables de la persona (C.N., art. 5º) y, por lo mismo, la Constitución, sin ambages, señala, dentro de los fines del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos el de la libertad, como ámbito de autodeterminación de los individuos (C.N., art. 2º), en el marco de aplicación del principio universal de presunción de inocencia (art. 29, eiusdem)(15).

Así mismo, sobre el derecho a la libertad, el artículo 28 de la Constitución Política de 1991 señala que:

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

“La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

“En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas, así:

— En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968, se expresa que “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta...”.

— En la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la Ley 16 de 1972, se dice que: “1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental, restringido en eventos precisos y bajo condiciones de orden constitucional o legal, tema respecto del cual la Corte Constitucional ha señalado:

“(...) esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no solo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona ‘se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable’ y que quien sea sindicado tiene derecho ‘a un debido proceso público’ sin dilaciones injustificadas”(16).

La presunción de inocencia también es de categoría constitucional, pues, según el inciso cuarto del artículo 29 de la Carta Política, “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable” y, por tanto, las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado(17).

Según el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ese orden de ideas, es menester señalar que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en libertad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, bien porque el hecho imputado no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible o —en la opinión de la mayoría de la Sala— porque se le favoreció con la aplicación del indubioproreo y si, además, prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda que tal daño se torna antijurídico y debe serle reparado por el Estado.

Se precisa, igualmente, que no puede tenerse como exoneración de responsabilidad, en estos casos, el argumento según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la Convención de Derechos Humanos y en la Constitución Política.

En ese contexto, se concluye que, cuando se produce la exoneración del sindicado, mediante sentencia absolutoria o su equivalente, por alguna de las causales previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Civil —sin que, en cualquier caso, opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima—, las cuales se aplican a pesar de la derogatoria de la norma, o —en la opinión mayoritaria de la Sala— por virtud del indubioproreo, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues, de hallarse inmerso en alguna de tales causales, ningún ciudadano está obligado a soportar dicha carga.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con el material probatorio válidamente aportado al proceso, si existe responsabilidad por los daños causados a los actores, con ocasión de la privación de la libertad del señor Héctor Emilio Rosero Urbano.

3. El caso concreto.

Con el fin de acreditar los hechos de la demanda, al proceso se allegaron en debida forma los siguientes elementos de prueba, los cuales son susceptibles de valoración.

1. Copia auténtica del informe GC-CTI 129 de 27 de abril de 1999, en el que el coordinador del grupo de capturas del CTI puso a disposición de la Fiscalía 59 Seccional de Cali al señor Héctor Emilio Rosero Urbano, quien fue capturado ese día, a las 2:15 de la tarde, en el barrio Miraflores de Pasto, Nariño (fl. 77, cdno. 3).

2. Copia auténtica de la planilla de retenidos de la Cárcel Judicial de Pasto, en la que se indica que el señor Héctor Emilio Rosero Urbano ingresó a ese centro penitenciario el 28 de abril de 1999, por orden de la Fiscalía 59 Seccional de Cali (fl. 76, cdno. 3).

3. Resolución de 30 de abril de 1999, mediante la cual la Fiscalía 59 Seccional de Cali, al resolver la situación jurídica del señor Héctor Emilio Rosero Urbano, profirió auto de detención en su contra, imputándole la calidad de autor del delito de hurto agravo y calificado (fls. 72 a 74, cdno. 3).

4. Providencia de 13 de mayo de 1999, en la que la Fiscalía Seccional 59 de la Unidad Primera de Patrimonio de Santiago de Cali negó la detención domiciliaria solicitada por el señor Héctor Emilio Rosero (fls. 143 a 147, cdno. 3).

5. Diligencia de reconocimiento en fila de personas, que se llevó a cabo el 18 de junio de 1999, en la que la señora Florencia Zapata Gómez señaló (se transcribe tal cual obra en el expediente, inclusive los errores):

“Preguntado: díganos si usted está en capacidad de reconocer a la persona capturada en la ciudad de San Juan de Pasto como uno de los presuntos autores que usted señala en su testimonio por los hechos investigados en esta instancia Fiscal?’ Contestó: ‘quiero aclarar que en ningún momento afirmé que esa persona fuera uno de los asaltantes, lo que yo dije y esta investigación la hice por mi cuenta en Pasto, junto con mi esposo, fue ir a la dirección que pude conseguir de ese señor que decía ser el dueño del carro, a lo lejos se me fue mostrado por una persona que me colaboró mucho en el caso para obtener mi vehículo y ahí fue donde a unos veinte (20) metros de él pude darme cuenta que era el que creo que fuera el que me apuntó y así lo dije en la declaración anterior. Soy yo la más interesada en que esto se aclare pero jamás juzgaría a una persona sin tener la certeza más correcta, eso es todo’... en la declaración del 24 de marzo cuando el doctor Veira me interrogó yo le contestaba una de sus preguntas le dije muy claramente lo mismo que digo hoy, creo que ese sujeto que vi en Pasto, el tal Héctor Emilio Rosero es la persona que me despojó de mis alhajas y de mi carro, para yo tratar de reconocer este sujeto, tengo que verlo parado, existe un error al tomarme la declaración del día 24 de marzo, un error de transcripción, falta la palabra creo’ (...) se hace formar a seis (6) personas en las cuales se incluye Héctor Emilio Rosero para que determinen si de las personas que se encuentran allí, cuál es la persona que le apuntó con el arma y tuvo relación directa , persona a persona con la persona que le hurtó el vehículo y sus pertenencias... Contestó: ‘Ahí no está la persona que me hurtó el vehículo, ni tampoco la persona que me dijeron que era Héctor Emilio Rosero’...” (fls. 230, 330 a 332, cdno. 3) (resalta la Sala).

6. Resolución de 21 de junio de 1999, mediante la cual la Fiscalía Seccional 59 de la Unidad Primera de Patrimonio de Santiago de Cali, por petición del apoderado judicial del sindicado, revocó la detención preventiva que le impuso al señor Héctor Emilio Rosero Urbano y ordenó su libertad inmediata (fls. 239 a 244, cdno. 3).

7. Resolución 104 de 9 de mayo de 2000, mediante la cual la Fiscalía Seccional 60 delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Santiago de Cali precluyó la investigación, a favor de Héctor Emilio Rosero Urbano por los delitos de hurto agravado y de receptación.

En esta providencia, el Fiscal manifestó (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“Dentro de la investigación se sostuvo al inicio que el procesado se encontraba incurso frente al delito de hurto calificado y agravado y fue así que se profirió medida de aseguramiento teniendo como base la declaración de la ofendida quien lo señalaba como uno de los presuntos responsables, realizada diligencia de reconocimiento siendo negativa porque no lo reconoció, se le revoca la medida detentiva y se deja en libertad.

“Ahora es importante analizar el comportamiento del procesado frente al supuesto delito de receptación en que pudo incurrir ya que en su poder fue recuperado el vehículo materia del hurto, se le indaga al respecto y se abstiene de dictar cualquier medida por este hecho argumentando que no hay elementos fehacientes o concretos indicios graves que comprometan su responsabilidad, pues nos encontramos en el informativo con una serie de documentos que aporto el sindicado que demuestran la negociación que realizó con una supuesta persona de nombre Patricia Andrade Montes, con un traspaso abierto, fotocopias de la tarjeta de propiedad a nombre de ella, fotocopia de la cédula de ciudadanía, demostrando a su vez la forma como adquirió el dinero para cancelar el rodante con documentos que anexo al proceso.

“Ante tales circunstancias le corresponde al despacho creer las exculpaciones del implicado, no hay forma de demostrar lo contrario, se trato de localizar a la vendedora con resultados negativos por lo tanto no existiendo elementos de juicio que demuestren plenamente la participación en el injusto, lo correcto es precluir también por receptación, tal como lo ordena el artículo 36 del Código de Procedimiento Penal...” (fls. 354 a 359, cdno. 3) (resalta la Sala).

8. Mediante oficios de 29 de agosto de 2003 y de 5 de noviembre del mismo año, la Unidad Primera de Patrimonio Económico y Fe Pública de la Fiscalía Seccional Cali informó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que el proceso 161956, que se adelantó en contra del señor Héctor Emilio Rosero Urbano, fue precluido el 9 de mayo de 2000 y, luego, fue remitido al archivo de la Dirección Seccional de Fiscalías (fls. 27 y 30, cdno. 3).

Así las cosas, de lo expuesto en la resolución de 9 de mayo de 2000 por la Fiscalía Seccional 60 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Santiago de Cali, se colige que el señor Héctor Emilio Rosero Urbano fue absuelto de los delitos imputados por la Fiscalía 59 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Santiago de Cali, por cuanto no fueron cometidos por este.

En efecto, en la providencia que precluyó la investigación se consideró: i) que no existió prueba alguna que demostrara la responsabilidad del señor Héctor Emilio Rosero Urbano en los delitos de hurto agravado y calificado y de receptación que se le endilgaron, ii) que la víctima de dichas conductas punibles, en la diligencia de reconocimiento en fila de personas, no lo identificó como autor o partícipe del hurto de sus pertenencias y iii) que si bien el automotor objeto del hurto fue encontrado en su poder, ello se debió a que lo adquirió de una señora Patricia Andrade Montes, lo cual acreditó en el en el transcurso del proceso penal.

Conforme a lo dicho, es claro que en este asunto se da una de las circunstancias en que, conforme al artículo 414 del anterior Código de Procedimiento Penal, quien ha sido privado injustamente de la libertad tiene derecho a ser indemnizado, pues la misma administración de justicia concluyó que el sindicado no cometió las conductas punibles que se le imputaron y que originaron la imposición de la medida de detención.

Por lo anterior y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas, se impone concluir que los actores no están en la obligación de soportar el daño que el Estado les irrogó y que este debe calificarse como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación para la administración de indemnizar o resarcir los perjuicios causados a los demandantes.

Al respecto, la Sala insiste en que, en casos como este, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues fue una decisión de la administración de justicia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, la que determinó que el señor Héctor Emilio Rosero Urbano estuviera privado de su libertad, hasta que se precluyó la investigación penal a su favor, al considerarse que no tuvo participación alguna en las conductas punibles que se le imputaban. En cambio, es a la parte accionada a quien le corresponde demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración, a saber: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima(18). En este caso, ninguna de estas eximentes fue acreditada en el plenario.

En consecuencia, se revocará la sentencia impugnada y se declarará la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad del señor Héctor Emilio Rosero Urbano.

Indemnización de perjuicios

Perjuicios morales

Por la privación injusta de la libertad del señor Héctor Emilio Rosero Urbano, además de este, concurrieron al proceso sus padres, Eduar Ernesto Rosero Urbano y Aura Urbano, y su hermana, Jenny Andrea Rosero Urbano, según se desprende de la demanda y de los poderes conferidos a su apoderado judicial (fls. 21 a 26, cdno. 2).

Pues bien, en relación con el parentesco de los demandantes con el señor Héctor Emilio Rosero Urbano, obran en el proceso las certificaciones expedidas por el Notario Segundo de Pasto, en las que se indica que en esa notaría se encuentran los registros civiles de nacimiento de Héctor Emilio Rosero Urbano y de Jenny Andrea Rosero Urbano y que estos son hijos de Eduar Ernesto Rosero Urbano y Aurora Urbano (fls. 28 y 29, cdno. 2).

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de detención domiciliaria o en establecimientos carcelarios, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la persona que fue privada injustamente de su libertad(19); así mismo, dicho dolor se presume respecto de sus seres queridos más cercanos, conforme a las reglas de la experiencia, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(20), siendo claro, según tales reglas, que el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el de sus hijos, uno de los cuales, en este caso, fue víctima directa del daño.

Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, se ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales. Se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(21).

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el señor Héctor Emilio Rosero Urbano estuvo privado injustamente de la libertad, durante 56 días(22) y que dicha detención le produjo a él y a sus familiares cercanos un profundo dolor y aflicción, el cual debe ser resarcido, se reconocerán, por concepto de perjuicios morales, treinta y cinco (35) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a favor de cada uno de los señores Héctor Emilio Rosero Urbano, Eduar Ernesto Rosero Urbano y Aurora Urbano, y dieciocho (18) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para Jenny Andrea Rosero Urbano.

Perjuicios materiales

Daño emergente

En consideración a que los actores no demostraron los gastos en que incurrieron como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Héctor Emilio Rosero Urbano, la Sala no les reconocerá indemnización alguna por dicho concepto.

Lucro cesante

Si bien se encuentra acreditado, con las declaraciones de los señores Mario Fernando Pantoja Villota y Oscar Ferney Escobar Eraso, que al momento de su detención el señor Héctor Emilio Rosero Urbano trabajaba en una editorial de libros y tenía una tienda de videos, en el proceso no existe prueba alguna que permita establecer, de manera exacta, las sumas que percibía por las actividades económicas que ejercía, de tal suerte que los perjuicios materiales se calcularán con el valor del salario mínimo legal mensual vigente al momento de su detención ($ 236.460)(23).

Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica multiplicada por la cifra que arroje dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el que fue privado de la libertad.

 

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Puesto que la suma así obtenida es inferior al valor del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta sentencia, se tendrá en cuenta este último, esto es, $ 589.500, pues resulta, en términos de equidad, más beneficioso para el afectado.

Adicionalmente, a la suma correspondiente al salario mínimo de $ 589.500 se le incrementará un 25%, por concepto de prestaciones sociales, lo cual determina un ingreso base de liquidación de $ 736.875.

Se precisa, además, que el lucro cesante se liquidará teniendo en cuenta el período consolidado, comprendido entre el tiempo durante el cual el actor estuvo privado de la libertad, esto es, 1.26 meses, más el lapso que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo o condicionarse a una actividad laboral (8.75 meses).

Acerca del período a liquidar en eventos de privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido:

“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tomar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8,75 meses)(24)(25).

Así las cosas, la indemnización por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, que debe reconocerse a favor del señor Héctor Emilio Rosero Urbano, se calculará así:

 

03672 ecu2.JPG
 

 

Donde Ra es el ingreso base de liquidación, i es una constante y n el número de meses a indemnizar. Aplicando la fórmula:

 

03672 ecu3.JPG
 

 

S= $ 7’539.965

5. Condena en costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 30 de noviembre de 2004, proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, Sede Cali; en su lugar, se dispone:

1. DECLÁRASE responsable a la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Héctor Emilio Rosero Urbano.

2. CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación a pagar, a las personas que a continuación se relacionan, las siguientes sumas de dinero, por concepto de perjuicios morales:

 

Héctor Emilio Rosero Urbano (víctima)35 smlv
Eduar Ernesto Rosero Urbano (padre)35 smlv
Aurora Urbano (madre)35 smlv
Jenny Andrea Rosero Urbano (hermana)18 smlv

 

3. CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor del señor Héctor Emilio Rosero Urbano, la suma de $ 7’539.965.

4. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

7. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, Expediente 2008 00009, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(2) La Ley 270 de 1996 entró en vigencia el 7 marzo de 1996.

(3) El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente: “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, Expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros.

(5) En este sentido, la Sección Tercera, Subsección C en Sentencia de 19 de octubre 2011, Expediente 19.151, precisó: “... no se avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iuranovitcuria, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma (...)”.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente: 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 15.463.

(7) Sección Tercera, sentencia de 1º de octubre de 1.992, Expediente 7058.

(8) Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 1994, Expediente 8666.

(9) Sección Tercera, sentencia de 15 de septiembre de 1994, Expediente 9391.

(10) Sección Tercera, sentencia de 17 de noviembre de 1995, Expediente 10056

(11) Rodríguez Villamizar, Germán. “Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad”. Memorias del décimo encuentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Consejo de Estado, Riohacha, junio de 2003, pág. 107.

(12) Sección Tercera, Sentencia de 18 de septiembre de 1997, Expediente 11.754. No obstante, el ponente de la presente sentencia advierte que no comparte la extensión de la responsabilidad del Estado a los casos en que se haya aplicado el principio del indubioproreo.

(13) Sentencia de 20 de febrero de 2008, Expediente 15.980.

(14) García Morillo, Joaquín. Los derechos de libertad (I) la libertad personal, en López Guerra, Luis et ál. Derecho Constitucional, volumen I, 6ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 258.

(15) El Tribunal Constitucional Español en la Sentencia STC 341 de 1993 (BOE 295, dic. 10) que resolvió unos recursos de inconstitucionalidad contra la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana, en sus fundamentos 4, 5 y 6 hizo uno de los más interesantes estudios sobre la libertad personal como derecho fundamental y su relación con la detención preventiva: “debe exigirse una proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se excluyan —aun previstas en la Ley— privaciones de libertad que, no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho y su limitación”. Igualmente, el mismo Tribunal, en sentencia de 29 de diciembre de 1997 (RTC 156, F.D. 4), indicó: “... por tratarse de una institución cuyo contenido material coincide con el de penas privativas de la libertad, pero que recae sobre ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia, su configuración y aplicación como medida cautelar ha de partir de la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, ha de perseguir un fin constitucionalmente legítimo que responda a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso que parten del imputado, y en su adopción y mantenimiento ha de ser concebida como una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcionada a la consecución de dichos fines” (STC 128/1995, fundamento jurídico 3, reiterada en la STC 62/1996).

(16) Sentencia C-397 de 1997, de 10 de julio de 1997.

(17) Al efecto puede consultarse la Sentencia C-774 de 25 de julio de 2001 de la Corte Constitucional.

(18) Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Expediente 17.517, reiterada en sentencia de abril 15 de 2011, Expediente 18.284 y recientemente en sentencia de 26 de mayo de 2011, Expediente 20.299, actor: Jesús David Arciniegas Caselles y otro, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(19) Entre otras, Sentencia de 14 de marzo de 2002, Expediente 12.076.

(20) Sentencia de 20 de febrero de 2.008, Expediente 15.980.

(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646, actor: Belén González y otros - William Alberto González y otra.

(22) Desde el 27 de abril de 1999, cuando fue capturado por el CTI de la Fiscalía, hasta el 21 de junio de 1999, fecha en la cual, la Fiscalía Seccional 59 de la Unidad Primera de Patrimonio de Santiago de Cali revocó la detención preventiva que le impuso al señor Héctor Emilio Rosero Urbano.

(23) Salario mínimo legal vigente para el año 1999.

(24) Cfr. Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, “Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano”, en serie Documentos Laborales y Ocupacionales 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA, Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22.

(25) Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de junio de 2001, Expediente 19.502, actor: Germán Arcos Gómez y otros. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.