Sentencia 2001-04026/49498 de marzo 20 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 05001-23-31-000-2001-04026-02(49498)

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Elizabeth María Hurtado Ángel y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional e Isagén S.A. ESP

Referencia: Acción de reparación directa - sentencia

Bogotá, D.C., veinte de marzo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: Consideraciones

I. Competencia.

15. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón de los recursos de apelación interpuestos por los demandantes, en un proceso con vocación de segunda instancia, dado que la cuantía de la demanda, determinada por la sumatoria de la totalidad de las pretensiones acumuladas en cada una de las demandas, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

II. Validez de los medios de prueba

16. En relación con las pruebas obrantes en el presente asunto, cabe señalar lo siguiente:

16.1. Los recortes de prensa serán apreciados en consideración a que en la sentencia de 14 de julio de 2015 la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado amplió, en los siguientes términos, la regla fijada en la sentencia de 29 de mayo de 2012(2) acerca de su valor probatorio:

La regla general que se ha venido aplicando desde 2012 por esta corporación, señala que los reportajes, fotografías, entrevistas, crónicas, noticias que aparecen en los diversos medios de comunicación tiene valor probatorio si en conjunto con otros medios de prueba, permiten determinar o corroborar hechos alegados en el respectivo proceso.

Por sí solos, entonces, solo sirven para determinar que un hecho se registró, sin que puedan tenerse como prueba de lo que en ellos se dice reproducir(3).

(…).

Es decir, hasta la fecha se ha diferenciado entre la publicación en sí misma considerada y lo que en ella se divulga, para restarle valor probatorio a lo que en ella se registra sino está acompañada de otros medios probatorios.

(…).

La regla expuesta será reiterada por la Sala Plena Contenciosa en esta ocasión, pero a partir de esta decisión, aquella será complementada en estos dos eventos: i) cuando en dichos medios se reproducen hechos públicos y/o notorios y ii) cuando en ellos se reproducen declaraciones y/o manifestaciones de servidores públicos, Vgr. Congresistas, Presidente de la República, ministros, alcaldes, gobernadores, etc.,

Estas excepciones son las mismas que introdujo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia(4) y que en razón de su relevancia e importancia, serán acogidas por la Sala Plena de lo Contencioso a partir de esta decisión.

En efecto, según el criterio de ese órgano de justicia, cuando en dichos medios se recojan hechos públicos o notorios, declaraciones o manifestaciones públicas de funcionarios del Estado, estos deben ser valorados, razón por la que su inserción en el respectivo medio de comunicación es una prueba del hecho y no simplemente de su registro.

(…).

En el primer caso, es decir, frente a los hechos públicos y/o notorios, no requieren ser probados en los términos de los artículos 176 del Código de Procedimiento Civil y 167 del Código General del Proceso, razón por la que el registro noticioso servirá simplemente como una constatación gráfica de lo que es conocido por la comunidad.

(…).

El aporte de medios de prueba en donde el hecho notorio y/o público fue registrado, le permitirá al juez contar con mayores elementos de convicción, sin que ello implique que el hecho requería de prueba, pues, se repite, su apreciación o cognición por una generalidad, hace innecesaria su prueba.

En el caso de las declaraciones o manifestaciones de los servidores públicos divulgadas, reproducidas y/o transmitidas en los diferentes medios de comunicación, en razón de la investidura y de su posición en la sociedad, tendrán que ser desvirtuadas.

En otros términos, estos serán valorados conforme a las reglas previstas para las pruebas documentales. Por tanto, esas declaraciones o manifestaciones públicas, recogidas o registradas en diversos medios de comunicación darán fe de su contenido, sin perjuicio de su contradicción por parte de quien en su contra se aducen.

De esta manera, la Sala Plena Contenciosa adiciona y complementa la postura que, hasta la fecha de esta decisión, solo reconocía a los reportajes, entrevistas, crónicas registradas en los diferentes medio de comunicación valor probatorio si, en conjunto con otras pruebas, le permitían al funcionario judicial llegar a la convicción sobre la veracidad del hecho registrado en ellos(5).

16.2. Las declaraciones de parte rendidas ante el tribunal a-quo por las demandantes María Victoria Jaramillo, Elizabeth María Hurtado, Isabel Meluk Castro y Carolina Meluk Jaramillo (f. 646-653 c. 4), serán apreciadas por la Sala en aquello que resulta contrario a sus intereses, ya que, como se sabe, la finalidad de este medio de prueba es obtener la confesión.

16.3. Por último, los documentos que fueron trasladados de la investigación preliminar adelantada por la Fiscalía General de la Nación serán valorados debido a que fueron incorporados en primera instancia al expediente, surtiendo el principio de contradicción. En contraste, los testimonios que hacen parte de esa misma investigación no podrán ser apreciados debido a que en el proceso original no se practicaron con audiencia de las entidades aquí demandadas y a que ninguna de ellas aceptó que se tuvieran como pruebas en el proceso contencioso administrativo, prescindiendo del requisito de la ratificación.

III. Hechos probados

17. De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen probados los siguientes hechos relevantes:

17.1. En virtud del convenio de colaboración Nº 46/569 —cuya fecha es ilegible— el Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional se comprometió a “prestar una especial atención, según su criterio, a las labores destinadas a mantener las condiciones de protección y seguridad requeridas en las actividades, instalaciones e infraestructuras industriales, fijas y móviles” de las centrales San Carlos, Jaguas y Calderas de propiedad de Isagén S.A. ESP. Este convenio estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2000 y se firmó en atención a las siguientes consideraciones especiales (copia auténtica del convenio Nº 45/569 y de su anexo 1 —f. 471-476 c. 4—):

PRIMERA: Que es un hecho notorio la grave situación de orden público que actualmente afronta Colombia. SEGUNDA: Que dentro de la situación anteriormente expuesta, los grupos alzados en armas periódicamente vienen atentando contra la infraestructura eléctrica del país, lo que afecta la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana (…). CUARTA: Que para desarrollar su objeto empresarial a través de la puesta en marcha y ejecución de las operaciones relacionadas con el sector eléctrico, Isagen requiere especiales condiciones de protección y seguridad en atención a la importancia que estos proyectos tienen para la economía nacional, para el desarrollo social, las áreas en que habrán de desarrollarse los trabajos al tipo de actividad económica de que se trata, el costo y especialidad de los equipos que se utilizan para su ejecución (…). SEXTA: Que Isagén ha convenido con el Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional la cooperación mediante ayudas en dinero y en especie para facilitar la capacidad operativa del personal de las Fuerzas Militares destacado a esas labores, ayudas que es necesario mantener con el propósito de lograr mayor eficiencia del cumplimiento de la función de seguridad a su cargo. SÉPTIMO: Que la obtención de las condiciones de protección y seguridad antes mencionadas requiere medios extraordinarios de defensa (…).

17.2. El 31 de agosto de 1998 Isagén S.A. ESP y la empresa Miro Seguridad Ltda. suscribieron el contrato Nº 46/283 en virtud del cual esta última se obligó para con la primera a prestar los servicios de vigilancia permanente y protección requeridos para la seguridad del personal, las instalaciones, maquinarias, equipos y materiales de Isagén que se encontraban en las centrales hidroeléctricas de San Carlos, Jaguas y Calderas. El plazo inicial del contrato era de doce (12) meses contados a partir de la orden de iniciación, pero este se prorrogó en varias oportunidades mediante cláusulas adicionales, por lo que el contrato estuvo vigente hasta el 30 de septiembre de 2001 (copia auténtica del contrato Nº 46/283 y de las cláusulas adiciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 suscritas el 20 de enero de 1999, el 30 de agosto de 1999, el 20 de enero de 2000, el 11 de agosto de 2000, el 24 de enero de 2001 y el 28 de agosto de 2001, respectivamente —f. 480-490 c. 4—).

17.3. El 17 de agosto de 2000, aproximadamente a las 8:30 p.m., un grupo de hombres armados llegó hasta el campamento El Bosque, de la Central Hidroeléctrica Jaguas de propiedad de Isagén S.A. ESP. Luego de reunir a todos los trabajadores, lanzaron un discurso proselitista en contra del gobierno nacional y de la empresa, advirtiendo a los presentes que esa noche darían muerte a dos de ellos en represalia porque esta última colaboraba con los grupos paramilitares. A continuación preguntaron si había directivos de Isagén y quién estaba a cargo de las instalaciones. Como nadie habló, reiteraron las amenazas de muerte en contra del personal, lo cual motivó el ingeniero Armando Maluk Castro, quien ejercía el cargo de director de operaciones y mantenimiento de la Central, a identificarse como el responsable de la parte técnica. Dicho esto, uno de los sujetos armados le disparó en dos oportunidades, causándole la muerte (copia auténtica del documento titulado “Investigación de accidentes de trabajo enfoque causa-efecto”, elaborado por Isagén —f. 108 c. 3—; original de la nota de prensa titulada “El día en que todos lloraron a Meluk”, publicada en el periódico El Colombiano el 10 de septiembre de 2000 —f. 49 c. 3—; original de la nota de prensa titulada “Armando se sacrificó por nosotros”, publicada en el periódico El Espectador el 23 de septiembre de 2000 —f. 49 c. 3—; boletín de novedades Nº 002, elaborado por la división de talento humano de Isagén —f. 164 c. 3—; copia auténtica del certificado del registro civil de defunción —f. 9 c. 3—; original del acta del levantamiento del cadáver —f. 690 c. 4—).

1.4. (sic) Perpetrado el homicidio, los sujetos armados volvieron a indagar a los presentes por los directivos de Isagén pero como nadie respondió, anunciaron que elegirían al azar cuatro o cinco personas más para asesinarlas. En ese momento, un perro que pertenecía a la empresa de vigilancia, el cual se encontraba amarrado, comenzó a ladrar, ocasionando que uno de los atacantes se volviera hacía él y le disparara en repetidas oportunidades. Fue ahí cuando los intrusos decidieron marcharse no sin antes apoderarse de varios bienes de propiedad de Isagén, de destruir el casino de los trabajadores y de advertir a todos ellos que debían abandonar las instalaciones de la empresa en un plazo máximo de 24 horas (copia auténtica del documento titulado “Investigación de accidentes de trabajo enfoque causa-efecto”, elaborado por Isagén —f. 108 c. 3—; original de la nota de prensa titulada “El día en que todos lloraron a Meluk”, publicada en el periódico El Colombiano el 10 de septiembre de 2000 —f. 49 c. 3—; original de la nota de prensa titulada “Armando se sacrificó por nosotros”, publicada en el periódico El Espectador el 23 de septiembre de 2000 —f. 49 c. 3—).

17.5. En el año 1999 la administradora de riesgos profesionales Suratep implementó, por solicitud de Isagén S.A. ESP, un programa de prevención del riesgo público con el objeto de que los trabajadores de las centrales hidroeléctricas de San Carlos y Jaguas conocieran “el riesgo público como un hecho real que los puede afectar en cualquier momento y que de hecho los ha afectado, para que de esta forma y después de estudiar las características del fenómeno de violencia construyan las medidas preventivas que permitan que sean menos vulnerables a ser víctimas de riesgo público y sepan cómo actuar en caso de que se presente” (presentación del programa de atención preventiva del riesgo público —f. 168 c. 3—).

17.6. Este programa se desarrolló en seis sesiones de modalidad teórico práctica, cada una de las cuales se enfocó en el tratamiento de un tema distinto. Así, en la cuarta sesión, realizada los días 29 y 30 de junio y 1 y 2 de julio de 1999, se presentaron un conjunto de estrategias encaminadas a la prevención de situaciones de violencia, las cuales atendían al propósito de alcanzar los siguientes objetivos generales y específicos (informe de fecha 15 de julio de 1999, elaborado por Suratep —f. 207-215 c. 3—):

El objetivo general fue ofrecer un acercamiento vivencial a situaciones límites implícitas en los factores de riesgo público.

Como situación límite se entienden (sic) aquellas en los que nos vemos lanzados a una serie de condiciones donde nuestros mecanismos de adaptación y valores ya no sirven y cuando algunos de ellos incluso pueden poner en peligro la vida que se les había encomendado proteger. Entonces, nos encontramos, por así decirlo, despojados de todo nuestro sistema defensivo y arrojados al fondo del abismo, desde donde tenemos que labrarnos un nuevo sistema de actitudes, valores y formas de vivir, conforme a las exigencias de la nueva situación.

(…).

Objetivos específicos

• Conocer las posibles reacciones frente a situaciones límite como lo es el secuestro y la muerte.

• Dar elementos al grupo sobre algunas estrategias que se pueden tener en cuenta para prevenir los daños psicológicos y físicos ocasionados por un posible secuestro.

17.7. Finalmente, en la quinta sesión, realizada los días 27, 28, 29 y 30 de julio de 1999, se adelantaron un conjunto de actividades tendientes a la identificación de comportamientos y normas de conducta para prevenir y enfrentar los eventos de riesgo público tales como asaltos, atracos, atentado a personas o instalaciones, retenes, secuestros, hostigamientos y extorsión (informe de fecha 17 de agosto de 1999, elaborado por Suratep —f. 216-242 c. 3—).

17.8. El 23 de diciembre de 1999 la compañía de seguros Suramericana expidió a favor de Isagén S.A. ESP la póliza de responsabilidad civil Nº 37437, por valor de $ 19 000 000 000, en virtud de la cual la primera convino en “indemnizar al asegurado todas las sumas que el asegurado tenga que pagar por razón de su responsabilidad de pagar compensación o daños y/o a consecuencia de lesión personal o daños a la propiedad ocasionados por un evento relacionado con el negocio”. La póliza tenía una vigencia de doce meses, contados desde el 21 de diciembre de 1999 (copia auténtica de la póliza de seguros —f. 113- 53 c. 3—).

17.9. En el mes de mayo de 2000 el noveno frente de las FARC, adscrito al bloque José María Córdova, hizo circular un comunicado en el cual acusó al ejército de utilizar las centrales hidroeléctricas del oriente antioqueño como bases de operaciones para atacar a la población civil. Previamente, en el mes de marzo del mismo año, la misma guerrilla había declarado, por medio de otro comunicado, a Isagén y a las centrales hidroeléctricas donde se asentaba el ejército, como objetivos militares (copia de los comunicados —f. 94, 101 c. 7—):

Las FARC-EP desde hace varios años viene atacando selectivamente objetivos del sistema eléctrico, al comprobar que desde las bases militares ubicadas en las centrales se han planeado y ejecutado las masacres ocurridas en varios pueblos de oriente. Por esto realizamos las tomas a las centrales de Guatapé, Jaguas y a la base militar de Dosquebradas, como también la voladura de torres industriales de conducción eléctrica.

En repetidas ocasiones las FARC-EP ha planteado que la solución a la problemática del oriente debe resolver dos aspectos específicos:

— Impedir que las centrales hidroeléctricas continúen como centro de operaciones militares (…).

— Insistimos a ISA e Isagen que en lugar de grandes cantidades de dinero para el sostenimiento del ejército, invierta en la región en proyectos productivos, en cooperativas agrícolas, en obras como la pavimentación de la carretera Granada, San Carlos, en mejorar las vías de penetración, en hospitales y colegios veredales. Todos estos proyectos sociales deben desarrollarse con la participación de las organizaciones comunitarias y la fiscalización de las FARC-EP.

(…).

Mientras no se solucionen las exigencias planteadas por las FARC-EP no permitiremos la entrada de las empresas a reparar las líneas de conducción y seguiremos declarando objetivos militares las empresas ISA e Isagen y las centrales hidroeléctricas donde haya presencia del ejército.

17.10. Días antes del homicidio del señor Meluk, las FARC incursionaron en el municipio de San Rafael, donde incineraron cuarenta vehículos, dos puestos de servicios y asesinaron a tres personas (copia del oficio Nº 480 del 20 de septiembre de 2000, suscrito por el comandante de la estación de policía de San Rafael —f. 41 c. 7—; nota de prensa titulada “San Rafael, sitiado por las FARC”, publicada en el periódico El Colombiano el 17 de agosto de 2000 —f. 259 c. 3—).

17.11. El ingeniero Armando Meluk Castro era hermano de los señores Isabel, Martha Cecilia, Victoria Eugenia, Aydee Isabel, Emilio y Yolanda Meluk Castro. También tuvo tres hijos que responden a los nombres de Carolina Meluk Jaramillo, Samir Meluk Hurtado y Yamil Meluk Hurtado, los dos últimos concebidos con la señora Elizabeth Hurtado Ángel (copia auténtica de los respectivos registros de nacimiento —f. 8, 20, 21, 23-28 c. 3; f. 5 c. 2—).

17.12. El 25 de febrero de 1978 el ingeniero Armando Meluk Castro contrajo matrimonio con la señora María Victoria Jaramillo Arcila, quien es la madre de Carolina Meluk Jaramillo (copia auténtica de los registros civiles de nacimiento y de matrimonio —f. 4, 5 c. 2—). Sin embargo, mediante escritura pública Nº 2011 del 31 de octubre de 1986, los cónyuges obtuvieron la liquidación y disolución de la sociedad conyugal existente entre ellos (copia auténtica de la escritura pública —f. 13, 14 c. 3—) y, posteriormente, el 9 de junio de 1999, el Juzgado Tercero de Familia de Medellín decretó la cesación de los efectos civiles, por divorcio, del matrimonio católico que habían celebrado (copia auténtica de la sentencia —f. 15, 16 c. 3—).

17.13. Al momento de su fallecimiento, el señor Armando recibía un salario básico mensual de $ 3 311 500, que incluidas las prestaciones sociales ascendía a $ 4 752 706 (original de la certificación suscrita por el secretario general de Isagén S.A. E.S.P. —f. 571 c. 4—).

17.14. El 28 de agosto de 2000 la Fiscalía General de la Nación dio inicio a una investigación previa con el fin de lograr la identificación e individualización de los responsables del homicidio del señor Armando Meluk (copia de la decisión —f. 1 c. 7—). No obstante, el 27 de noviembre de 2002, la entidad ordenó su suspensión en consideración a que las actuaciones adelantadas hasta el momento con ese propósito no habían arrojado resultados positivos (copia de la decisión —f. 121-123 c. 7—).

IV. Problema jurídico

18. Corresponde a la sala determinar, en primer término, si se configura la excepción de falta de jurisdicción, propuesta por Isagén S.A. ESP. Luego, deberá establecer si la muerte del señor Armando Meluk Castro, ocurrida el 17 de agosto de 2000 en las instalaciones de la Central Hidroeléctrica Jaguas, es imputable o no a las entidades demandadas con fundamento, bien en un presunto incumplimiento de las obligaciones a su cargo, generado por no haber tomado, estado en condiciones de hacerlo, las previsiones necesarias para proteger la vida y la integridad personal de los trabajadores al servicio de la empresa; o en la ocurrencia de un daño especial, derivado del rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas.

V. La excepción de falta de jurisdicción

19. Isagén S.A. ESP argumentó a lo largo del proceso que la jurisdicción de lo contencioso administrativa no es la competente para juzgar su responsabilidad en este caso porque los trabajadores al servicio de Isagén —el señor Armando Meluk lo era— no son empleados públicos, por lo que los conflictos derivados del vínculo laboral existente entre ellos y la empresa deben resolverse a la luz de las normas contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, los contratos colectivos e individuales de trabajo y el reglamento interno de trabajo.

20. La Sala no comparte el anterior razonamiento debido a que la parte actora no planteó un conflicto de carácter laboral, originado en el presunto incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del contrato de trabajo suscrito entre Isagén y el señor Armando Meluk. El fundamento de la demanda es otro: la ocurrencia de un daño antijurídico, imputable tanto a Isagén como al Ejército Nacional con apoyo, bien en el régimen subjetivo de la falla del servicio, o en el régimen objetivo de daño especial.

21. En estas condiciones la competencia de esta jurisdicción para conocer del presente asunto se define con base en lo previsto en el artículo 82 del Código de lo Contencioso Administrativo: “La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado”.

22. Isagén S.A. ESP, entidad demandada en este proceso tuvo, desde su constitución hasta el 30 de marzo de 2016(6), el carácter de empresa de servicios públicos mixta, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, la cual fue el resultado de la escisión de la sociedad Interconexión Eléctrica S.A. —ISA—, operación autorizada a través del artículo 167 de la Ley 142 de 1994 y formalizada a través del Decreto 1521 de 1994, modificado por el Decreto 32 de 1995.

23. El que al momento de los hechos Isagén estuviera constituida como una empresa de servicios públicos mixta quiere decir que, en ese entonces, la participación estatal en la empresa era igual o superior al 50%, según las definiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley 142 de 1994: “Empresa de servicios públicos mixta. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen aportes iguales o superiores al 50%”.

24. Por virtud de esta circunstancia, Isagén era una entidad de naturaleza pública —según lo definió la Corte Constitucional en Sentencia C-736 de 2007 en relación con todas las empresas de servicios públicos mixtas(7)— y, en consecuencia, la competencia para conocer del presente asunto recae en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme al criterio adoptado por esta corporación, que ha señalado que con la reforma introducida por la Ley 1107 de 2006 al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, operó la sustitución de un criterio funcional por uno orgánico de la cláusula general de asignación de competencias a la jurisdicción en lo contencioso administrativo:

(…) el artículo 1º de la Ley 1107 de 27 de diciembre de 2006(8), por medio de la cual se modificó el artículo 82 del CCA, amplió la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa para dirimir las controversias y litigios originados en todo tipo de actividad adelantada por las entidades públicas y no solo las referidas a “controversias y litigios administrativos”, modificación que incluye a todas las entidades estatales, sin importar la función que cumplan, ni el régimen jurídico que les sea aplicable, ni el tipo de controversia de que se trate —contractual, nulidad y restablecimiento del derecho, responsabilidad extracontractual, etc.—, puesto que de un criterio eminentemente material u objetivo, que permitía distinguir las actividades de las entidades públicas entre aquellas que correspondían a una función administrativa y aquellas que no, pasó a un criterio predominantemente subjetivo u orgánico, en el cual lo importante es la naturaleza del órgano o sujeto que actúa y no la de su actividad(9).

25. Por lo anteriormente expuesto, la sala concluye que no se configura la excepción de falta de jurisdicción, propuesta por Isagén S.A. ESP, por lo que procederá a resolver de fondo sobre la responsabilidad de las entidades demandadas.

VI. El juicio de responsabilidad

26. La Sala encuentra acreditado el daño, el cual consiste en el fallecimiento del señor Armando Meluk Castro, ocurrido el 17 de agosto de 2000 en el campamento El Bosque de la Central Hidroeléctricas Jaguas de propiedad de Isagén S.A. ESP.

27. Así mismo, la demostración de las relaciones de parentesco existentes entre el occiso y los demandantes Isabel, Martha Cecilia, Victoria Eugenia, Aydee Isabel, Emilio, Yolanda, Carolina, Samir y Yamil Meluk permite inferir, conforme a las reglas de la experiencia, que todos ellos sintieron dolor, aflicción y congoja por la muerte de su hermano y padre.

28. La Sala también tiene por acreditado el daño moral sufrido por la señora Elizabeth Hurtado Ángel, quien sí bien no probó ser la esposa del occiso debido a que el documento que aportó con este fin, el cual fue expedido por una autoridad extranjera, no cumple con los requisitos legalmente exigidos para que se le confiera validez en el ámbito interno(10), sí demostró el interés que le asiste en este caso con fundamento en los testimonios rendidos por los señores Luis Guillermo Duque Londoño y Leonidas de Jesús Arcila, quienes manifestaron que la demandante convivía con el fallecido y que tanto ella como sus hijos resultaron afectados moral y materialmente con su deceso (f. 746-750 c. 4).

29. No ocurre lo mismo con la señora María Victoria Jaramillo, quien no demostró haber experimentado tristeza o pesar por la muerte del señor Armando Meluk. El hecho de que exista prueba de que la demandante estuvo casada con el occiso y que tuvo una hija con él (ver supra párr. 17.12), no permite presumir la existencia del perjuicio moral pues no es posible afirmar que las relaciones de afecto, solidaridad y apoyo mutuo que se construyen entre los miembros de una pareja normalmente sobreviven a la extinción del vínculo conyugal o marital, tal como ocurrió en este caso en el que los cónyuges estaban divorciados.

30. La parte actora sostiene que la muerte del ingeniero Armando Meluk es imputable al Ejército Nacional y a Isagén debido a que fue causado por la guerrilla de las FARC en un contexto caracterizado por la comisión de ataques sistemáticos contra la infraestructura energética del país. De este modo —sostienen— el daño es atribuible a título de falla del servicio, bien porque el mismo era previsible y las autoridades no hicieron nada para evitarlo, o de daño especial en tanto supuso el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas. La parte demandada, por su parte, controvierte la premisa anterior con el argumento de que la autoría del homicidio no está demostrada debido a que los sujetos que ingresaron al campamento El Bosque no dijeron a qué grupo armado pertenecían.

31. En el expediente, ciertamente, no existe una prueba directa de que la guerrilla fue la responsable del ataque cometido contra el señor Meluk debido a que las investigaciones penales que se iniciaron con el propósito de esclarecer la autoría del crimen no arrojaron ningún resultado positivo (ver supra párr. 17.14). No obstante, sí existen numerosos indicios de que este hecho es verdadero.

32. En efecto, se conoce que los sujetos que dispararon contra el ingeniero vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares y que arengaron en contra del gobierno nacional y de Isagén, acusando a la empresa y a sus colaboradores de ser auxiliadores de los paramilitares. Se sabe, además, que las FARC hacían presencia en la zona(11), que días antes del homicidio incursionaron en el municipio de San Rafael (Antioquia) para atacar bienes de la población civil, y que también habían declarado objetivo militar a las centrales hidroeléctricas donde el Ejército Nacional se asentaba de manera permanente (ver supra párr. 17.9 y 17.10).

33. Vistos en conjunto, todos estos hechos son claramente indicativos de que el homicidio del señor Armando Meluk fue cometido por la guerrilla de las FARC, al punto que las propias autoridades les atribuyeron el hecho, según se lee en el oficio Nº 480 del 20 de septiembre de 2000, enviado por el comandante de la estación de policía del municipio de San Rafael a la Fiscalía General de la Nación (f. 41 c. 7):

Informo a esas jefaturas que para la fecha de los hechos, integrantes del noveno frente de las FARC ingresaron a la central productora de energía, donde al frente de los demás trabajadores, asesinaron con un tiro de gracia al señor Armando Meluk Castro, luego dinamitaron el casino de los trabajadores e incineraron dos carros más. Mismo grupo al margen de la ley, días anteriores incursionaron (sic) en la cabecera urbana de esta localidad, donde incineraron un total de 40 vehículos, dos puestos de servicios y asesinaron a tres personas civiles.

34. En estas condiciones, el primer interrogante que la sala debe resolver es si el Ejército Nacional y/o Isagén fueron negligentes y descuidados porque, teniendo conocimiento del riesgo que existía en materia de seguridad para el personal que trabajaba en la Central Hidroeléctrica Jaguas, se abstuvieron de adoptar medidas efectivas para protegerlo del accionar delictivo de la guerrilla.

35. Las pruebas aportadas al proceso ofrecen una respuesta negativa al anterior cuestionamiento pues ellas son demostrativas de que ninguna de las entidades demandadas incurrió en alguna conducta que sea jurídicamente reprochable pues ambas adoptaron, en el ámbito de sus posibilidades, medidas concretas y oportunas para proteger la vida y la integridad de los trabajadores de la Central Hidroeléctrica Jaguas.

36. Isagén, por una parte, buscó reducir el riesgo de una incursión armada a sus instalaciones asegurando la presencia permanente de la fuerza pública y de personal adscrito a una empresa de vigilancia privada, quienes tenían a su cargo la misión de proteger el personal, la infraestructura, la maquinaria y los equipos que ese encontraban en su interior (ver supra párr. 17.1 y 17.2). Adicionalmente, en el año 1999, la empresa adelantó, por conducto de la ARL Suratep, un programa de prevención del riesgo público con el objeto de dotar a sus trabajadores de herramientas para conocer, prevenir y afrontar las amenazas existentes en materia de seguridad, tales como retenes, hurtos, hostigamientos, secuestros, asaltos, extorsiones y atentados contra personas e instalaciones. De esta manera, Isagén quiso reducir las vulnerabilidades generadas por la fuerte presencia guerrillera en la zona donde el personal cumplía su labor (ver supra párr. 17.5).

37. Por otra parte, el Ejército Nacional dispuso de un contingente de soldados, adscritos a la Cuarta Brigada, que se asentó en las instalaciones de la Central Hidroeléctrica Jaguas, y que, como lo señalaron los señores José Ángel Suárez Ruíz y Ramón Eladio Moreno en declaraciones rendidas ante el a-quo (f. 636-642 c. 4), prestaba vigilancia permanente en el lugar.

38. Ahora bien, el hecho de que estas medidas no hayan resultado efectivas para evitar que la guerrilla incursionara en la Central Hidroeléctrica Jaguas y acabara con la vida del ingeniero Meluk Castro, no compromete la responsabilidad de las entidades demandadas porque, como lo ha dicho antes esta Corporación, la obligación que emana del artículo 2º de la Constitución, la cual consiste en proteger la vida, la honra y los bienes de todas las personas que habitan el territorio nacional, es de medio y no de resultado, lo cual significa que su incumplimiento no depende de que se consume o no un determinado hecho violento, sino de que las autoridades pongan a disposición de la víctima los medios suficientes, adecuados y oportunos para prevenirlo y, en lo posible, evitarlo(12).

39. En este caso, la sala considera que los medios fueron adecuados, oportunos y suficientes, atendiendo a las circunstancias del momento, porque ninguna de las entidades demandadas podía prever que los guerrilleros incursionarían al campamento El Bosque con el objeto de dar muerte a uno de sus trabajadores dado que los ataques que habían cometido hasta entonces estaban dirigidos contra la infraestructura energética y no directamente contra el personal al servicio de la empresa. La afirmación contraria, hecha por la parte demandante, no fue demostrada.

40. Y aunque en el expediente obra copia de las decisiones adoptadas por la justicia ordinaria en el marco del proceso ordinario laboral promovido contra Isagén por los familiares de otro de sus trabajadores (f. 599-617 c. 3), quien también resultó muerto en las instalaciones de la empresa, lo cierto es que las circunstancias de tiempo y modo en las que ello ocurrió se desconocen, como quedó consignado en el fallo que puso fin al proceso, por lo que resulta imposible establecer si este hecho podía considerarse como antecedente del otro.

41. Por lo anterior se considera que era razonable que tanto el ejército como Isagén S.A. ESP opinaran que la presencia militar debía concentrarse en las oficinas, en la casa de máquinas y en la subestación, como afirma uno de los testigos que ocurrió(13), y no en el campamento El Bosque, pues para la protección de este lugar la empresa había contratado los servicios de una compañía de seguridad privada.

42. Además, a juicio de la sala, la extensión superficiaria de la Central Hidroeléctrica Jaguas, la cual era de aproximadamente 100 o 150 cuadras, según lo dicho por el testigo Ramón Eladio Moreno (f. 640 c. 4), hacía materialmente imposible que el ejército la custodiara en su totalidad y, por el contrario, exigía que priorizara aquellos puntos que se creía que presentaban una mayor vulnerabilidad, atendiendo al contexto histórico del momento.

43. Por lo expuesto, se concluye que las entidades demandadas no incurrieron en ninguna conducta jurídicamente reprochable, debido a que adoptaron las medidas necesarias para precaver una incursión guerrillera a las instalaciones de la Central Hidroeléctrica Jaguas, por lo que la muerte del ingeniero Meluk no les resulta imputable con fundamento en un régimen subjetivo de responsabilidad.

44. En cuanto al alegado daño especial como factor de atribución de responsabilidad, debe señalarse que este solo tiene aplicación —según lo precisó la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado— en los casos en los que el daño surge del ejercicio de una actividad legítima de la administración y no, cuando este proviene, como en el caso concreto, de la actuación de un agente no estatal(14):

(…) en el caso de los daños producidos por actos terroristas provenientes de terceros cuya responsabilidad del Estado ha sido declarada a la luz del título de imputación de daño especial, se requiere la intervención positiva, legítima y lícita de la entidad estatal; por consiguiente, a fin de que sea viable el resarcimiento solicitado, se debe establecer que el daño proviene de una acción positiva y lícita estatal(15); a contrario sensu, se excluiría de uno de los elementos estructurantes de la responsabilidad como lo es la imputabilidad.

Por otra parte, si bien es cierto que se necesita la presencia del elemento relación causal(16)144 entre la conducta estatal y el perjuicio reclamado, también lo es que la conducta legítima del Estado, cuyo objetivo es el interés general, debe ser la causante de un daño grave y especial, además, es indispensable la presencia del carácter anormal y especial del daño sufrido por la víctima en virtud del cual se podrá comprobar el rompimiento del principio de igualdad que rige la distribución de las cargas públicas entre los asociados. Así las cosas, aunque la causalidad preexiste a la configuración del daño, de todas maneras permite explicar las razones por las cuales se lo debe imputar al Estado, con lo que no puede estructurarse, en casos de actos de terrorismo, la imputación sin una relación causal válida, pues solo en virtud de esta se puede comprobar la gravedad y especialidad del daño y, por ende, justificar la imputación(17).

45. En los casos en que el daño proviene de la actuación de un agente no estatal el factor de atribución es el riesgo excepcional, cuando este ocurre como consecuencia del ejercicio de una actividad legítima y lícita de la administración que comporta un riesgo de naturaleza anormal o excesiva, esto es, un riesgo mayor al inherente o intrínseco de la actividad o que excede lo razonablemente asumido por el perjudicado. Así, aunque el daño haya sido causado por un tercero, se considerará imputable al Estado cuando el objeto del ataque sea un bien o un personaje representativo del Estado, “bajo la consideración que la presencia o ubicación de aquellos blancos en medio de la población civil los convierte en objetivos militares de los grupos armados al margen de la ley en el contexto del conflicto armado o en objetivos de ataque cuando se vive una situación de exacerbada violencia como lo son los estados de tensión o disturbios internos, lo cual pone a los administrados en una situación de riesgo potencial de sufrir daños colaterales por la misma situación desentrañada por la violencia”(18).

46. En el caso concreto, está probado que la muerte del ingeniero Armando Meluk Castro se produjo en un contexto de ataques sistemáticos cometidos por la guerrilla de las FARC contra la industria energética del país y, más específicamente, contra las centrales hidroeléctricas donde la fuerza pública hacía presencia de manera permanente. Lo anterior significa que el daño es, desde el punto de vista jurídico, la concreción de un riesgo excepcional, creado lícitamente por la administración para el cabal desempeño de sus funciones.

47. En efecto, la prueba testimonial y documental es clara en señalar que los guerrilleros ingresaron a la central con el objeto de materializar las amenazas que habían lanzado meses atrás contra la empresa Isagén S.A., a la que habían declarado objetivo militar por virtud de la relación de colaboración que mantenía con el Ejército Nacional, y que eligieron al señor Meluk para asesinarlo porque era el funcionario de mayor jerarquía presente en el lugar.

48. En este sentido, es claro que tanto Isagén como el Ejército Nacional crearon, con su actividad, un riesgo excepcional que, al concretarse, compromete su responsabilidad, pues la primera desarrollaba su actividad en un contexto geográfico y político, caracterizado por una fuerte presencia guerrillera en el municipio de San Rafael y por la realización de ataques sistemáticos dirigidos a sabotear la prestación del servicio de energía eléctrica por parte del Estado; en tanto que la segunda hacía presencia permanente en el mismo lugar donde la víctima trabajaba, circunstancia que en la dinámica de la confrontación armada la ponía en el riesgo cierto de sufrir afectaciones en su vida y su integridad personal.

49. En consecuencia, el daño le es imputable jurídicamente a Isagén S.A. ESP y al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, porque surge del ejercicio de una actividad que si bien es legítima —la prestación del servicio de energía eléctrica y la protección de la infraestructura energética—, debía cumplirse en condiciones de inseguridad para sus trabajadores y, especialmente, para quienes, como el señor Armando Meluk, ocupaban los cargos de mayor jerarquía al interior de la Central Hidroeléctrica Jaguas.

50. Por las razones anotadas, la sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, declarará, a título de riesgo excepcional, la responsabilidad de Isagén S.A. ESP y de la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional por la muerte del señor Armando Meluk Castro ocurrida el 17 de agosto de 2000 en el campamento El Bosque de la Central Hidroeléctrica Jaguas. Las entidades condenadas concurrirán en partes iguales al pago de las indemnizaciones que habrán de fijarse, sin perjuicio de que los actores puedan exigir la totalidad de este a cualquiera de ellas, a su elección, y de que una pueda repetir contra la otra por el monto que le corresponda.

VII. Perjuicios

51. Procede la sala a fijar el monto de los perjuicios de conformidad con las pretensiones de la demanda y las pruebas que obran dentro del proceso.

1) Perjuicios morales

52. En el caso concreto, los demandantes demostraron el perjuicio moral que padecieron como consecuencia de la muerte del señor Armando Meluk Castro, por lo cual la sala procederá a fijar el monto de las respectivas indemnizaciones, atendiendo al nivel de cercanía afectivo existente entre este y aquellos, conforme al criterio establecido por el pleno de la Sección Tercera, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014(19):

Reparación del daño moral en caso de muerte
 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Regla general en el caso de muerteRelación afectiva conyugal y paterno-filialRelación afectiva del 2º grado de consanguinidad o civil Relación afectiva del 3er grado de consanguinidad o civil Relación afectiva del 4º grado de consanguinidad o civilRelación afectiva no familiar (terceros damnificados)
Porcentaje 100%50%35%25%15%
Equivalencia en salarios mínimos10050352515

53. De conformidad con lo anterior, se reconocerá lo equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de los hijos y la compañera permanente del occiso —son ellos Carolina Meluk Jaramillo, Samir Meluk Hurtado, Yamil Meluk Hurtado y Elizabeth Hurtado Ángel—, en tanto que sus hermanos, los señores Isabel Meluk Castro, Martha Cecilia Meluk Castro, Victoria Eugenia Meluk Castro, Aydee Isabel Meluk Castro, Emilio Meluk Castro y Yolanda Meluk Castro, recibirán cada uno de ellos lo equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2) Perjuicios materiales

54. La parte demandada se opuso al reconocimiento de perjuicios materiales a los actores con el argumento de que no se generaron en tanto los familiares del señor Armando Meluk recibieron el pago del seguro de vida del cual era beneficiario, así como una pensión de sobrevivientes, al tiempo que la empresa continuó cumpliendo con el pago del auxilio educativo previsto en la convención colectiva de trabajo a favor de los hijos de sus trabajadores.

55. Si bien lo anterior es verdadero en tanto estos hechos fueron aceptados por las demandantes Carolina Meluk y Elizabeth Hurtado en sus respectivas declaraciones de parte (f. 647-652 c. 4), además de que se encuentran soportados en numerosos documentos aportados como prueba al proceso, se equivoca la parte pasiva cuando afirma que ello impide acceder al reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante pues cada una de estas prestaciones tiene un origen distinto, por lo cual son acumulables, como lo tiene establecido de tiempo atrás la jurisprudencia de esta Sección(20).

56. En línea con lo anterior, la sala procederá a calcular la indemnización que corresponde a la compañera permanente y a los hijos del señor Armando Meluk por este concepto, pues está demostrado que todos ellos dependían económicamente de él.

57. La liquidación del perjuicio se hará con base en los criterios establecidos por el pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de 22 de abril de 2015, que unificó la jurisprudencia relativa al acrecimiento de los perjuicios por el lucro cesante, a que tienen derecho quienes, “debido a la solidez del grupo y el deber ser del buen padre de familia, amén de que dejaron de percibir la ayuda económica de la persona por cuyo fallecimiento se demanda la responsabilidad patrimonial del Estado, habrían asistido a no ver menguado el apoyo sino robustecido, culminada la necesidad de cada uno de los integrantes del núcleo familiar”(21).

58. A esos efectos se fijarán las cuotas de participación de forma que, alcanzada la edad en que de ordinario se logra la independencia económica de los hijos no discapacitados o agotado el tiempo de la expectativa de vida, la participación dejada de percibir por cada uno se repartirá entre los restantes a los que, conforme con las reglas de la liquidación, aún les asiste el derecho a la porción y así sucesivamente. Se debe tener en cuenta, además, que a partir de la fecha en que todos los hijos alcanzan la autonomía económica, el trabajador habría aumentado las reservas para sus propias necesidades. Y, en esas circunstancias, la distribución será del 50% de los ingresos totales para cada consorte, cónyuge o compañero(a), siendo este porcentaje la proporción que se reconocerá al cónyuge supérstite, a partir de entonces.

59. Aplicando los criterios de liquidación del lucro cesante señalados en la jurisprudencia vigente, se procede con el acrecimiento, como sigue:

59.1. Se establece la renta mensual del fallecido, destinada a la ayuda económica del grupo familiar, a partir de los ingresos mensuales devengados por aquel al momento del deceso. Los salarios no integrales se incrementan en un 25%, por concepto de prestaciones sociales. Del ingreso mensual obtenido se deduce el 25% correspondiente a los gastos personales del trabajador. El valor así calculado se actualiza con el índice de precios al consumidor. El resultado final es la renta actualizada (Ra).

59.2. Se determina el tiempo máximo durante el cual se habría prolongado la ayuda económica al grupo familiar (Tmax). Al efecto se toma el menor valor, en meses, resultante de comparar el período correspondiente al miembro del grupo familiar que hubiere recibido la ayuda durante más largo tiempo, teniendo en cuenta la edad de 25 años, en la que se presume la independencia económica de los hijos no discapacitados y la expectativa de vida en los demás casos, con el período correspondiente a la expectativa de vida del fallecido. Asimismo, se halla el tiempo consolidado o transcurrido desde la ocurrencia de los hechos hasta la fecha la sentencia (Tcons), y el tiempo futuro (Tfut), que corresponde al período que falta para completar el tiempo máximo de la ayuda económica, esto es, (Tfut) = (Tmax)-(Tcons).

59.3. Con la renta actualizada (Ra) se calcula la renta destinada a la ayuda económica para el grupo familiar, dejada de percibir por el fallecido, durante el tiempo consolidado (Rc) y el tiempo futuro (Rf), aplicando las fórmulas acogidas por la jurisprudencia vigente.

59.4. Así, la renta destinada a la ayuda económica para el grupo familiar, dejada de percibir por el fallecido, durante el tiempo consolidado (Rc), se calcula aplicando la siguiente ecuación:

Rc = Ra x (1+i)n

i

Donde: i = al interés mensual legal (0,004867) y n = (Tcons).

59.5. Y la renta destinada a la ayuda económica para el grupo familiar, dejada de percibir por el fallecido durante el tiempo futuro (Rf), se calcula aplicando la siguiente ecuación:

Rf = Ra x ((1+i)n-1)

i(1+i)n

Donde: i = al interés mensual legal (0,004867) y n = (Tfut).

59.6. Luego, se distribuye entre los actores beneficiarios la renta dejada de percibir por el fallecido durante el tiempo consolidado (Rc) y el tiempo futuro (Rf), teniendo en cuenta (i) el período durante el que cada uno de ellos la habría percibido; (ii) que de existir cónyuge o compañero(a) supérstite e hijos, se asigna el 50% del lucro cesante para el primero, la otra mitad a los hijos por partes iguales y, siendo único beneficiario, al cónyuge o compañero(a) supérstite se le asigna el 50% de la renta dejada de percibir por el trabajador y (iii) que la porción dejada de percibir por uno de los beneficiarios acrecerá, por partes iguales, las de los demás.

59.7. Al efecto, se halla el valor de la renta a distribuir (Vd) como lucro cesante entre los beneficiarios, en cada uno de los períodos en los que debe hacerse el acrecimiento, dividiendo el valor de la renta dejada de percibir —(Rc) o (Rf)— por el tiempo consolidado o futuro —(Tcons) o (Tfut)—, según corresponda y multiplicando el resultado por el número de meses del período en el que se va a distribuir (Pd). En los cálculos se utilizarán cifras con dos decimales, salvo en el caso del interés legal señalado.

59.8. Así, por ejemplo, siendo beneficiarios de la ayuda económica el cónyuge supérstite o compañero(a) permanente y los hijos menores de 25 años, (i) se hace una primera asignación de la renta entre todos los beneficiarios, distribuyendo el valor correspondiente al número de meses que le faltan al primer hijo para cumplir los 25 años edad (Pd1), en las proporciones señaladas; (ii) en el segundo período (Pd2) se distribuye el valor de la renta correspondiente a los meses que le faltan al segundo hijo para alcanzar la independencia económica, asignando al cónyuge o compañero(a) permanente supérstite el 50% del valor a distribuir más la tercera parte de la porción que le habría correspondido al primer hijo que cumplió los 25 años edad, y a cada uno de los dos hijos restantes, la tercera parte del valor a distribuir más la tercera parte de la porción del acrecimiento; (iii) en el tercer período (Pd3) se distribuye el valor de la renta correspondiente a los meses que le faltan al tercer hijo para alcanzar la edad de 25 años, asignando al cónyuge o compañero(a) permanente supérstite el 50% del valor a distribuir más la mitad de la porción que le habría correspondido al segundo hijo que cumplió la edad de autonomía económica, y al hijo restante, la otra mitad del valor a distribuir más la mitad de la porción del acrecimiento y (iv) en el cuarto período (Pd4) se asigna al cónyuge o compañero(a) permanente supérstite el 50% de la renta pendiente por distribuir, comoquiera que la otra mitad corresponde al incremento en las reservas para las necesidades del trabajador.

60. En el caso concreto está probado que, al momento de su fallecimiento (17 de agosto de 2000), el señor Armando Meluk Castro tenía 49 años de edad(22), por lo que le quedarían 28,58 años (342,96 meses) de vida probable de conformidad con la Resolución 497 expedida por la Superintendencia Bancaria el 20 de mayo de 1997 para definir las tablas de mortalidad, con base en la experiencia 1980-1989(23). Por su parte, a su compañera, la señora Elizabeth Hurtado Ángel, nacida el 28 de diciembre de 1954, le quedarían probablemente 32,79 años (393,48 meses) más de vida, ya que a esa fecha tenía 46 años.

61. Asimismo, al tiempo en que en que se produjo su deceso, su hija Carolina Meluk Jaramillo, nacida el 31 de julio de 1979, estaría a 48,13 meses de cumplir 25 años; a Samir Meluk Hurtado, nacido el 29 de septiembre de 1987, le faltarían 147,53 meses para alcanzar la misma edad; y Yamil Meluk Hurtado, nacido el 16 de octubre de 1993, estaría a 221,13 meses de cumplir la edad de 25 años.

62. Siendo así, la compañera supérstite hubiera recibido la ayuda durante más largo tiempo, comoquiera que su expectativa de vida es mayor que el período faltante para que todos los hijos no discapacitados cumplan la edad de 25 años. Entonces, el tiempo máximo (Tmax) a liquidar será de 28,68 años, o sea, 342,96 meses de vida probable del señor Armando Meluk, pues como estadísticamente hubiera vivido menos que su compañera, a partir de entonces esta no recibirá apoyo de aquel, pues se presume que lo sobreviviría. De los 342,96 meses, ya se han consolidado (Tcons) 213,46 meses, contados desde el 17 agosto de 2000 hasta el 28 de febrero de 2018(24), quedando futuros (Tfut) otros 129,5 meses.

63. Para calcular la renta dejada de percibir por el fallecido se tendrá en cuenta el valor del salario que devengaba mensualmente ($ 4 752 706), incluidas las prestaciones sociales, y se deducirá de dicho valor el 25%, que corresponde al valor aproximado que la víctima habría destinado a su sostenimiento y manutención, quedando la base para la liquidación en la suma de $ 3 564 530, suma que será actualizada así:

Ra = Rh índicefinal(25)

índice inicial(26)

Ra = $ 3 564 530 índicefinal(140,71)= $ 8 203 550

índice inicial (61,14)

64. Con este valor se calcula la renta dejada de percibir por el fallecido durante el tiempo consolidado, así:

Rc = Ra x (1+i)n

i

Donde i = al interés mensual legal (0,004867) y n = Tcons. Desde la fecha en que se produjo el fallecimiento del señor Armando Meluk (17 de agosto de 2000) hasta el 28 de febrero de 2018 (correspondiente al último IPC publicado a la fecha de la sentencia), Tcons = 213,46 meses.

Rc = $ 8 203 550 x (1+0,004867)213,46

0,004867

Rc = $ 3 066 043 368

65. Se tiene, entonces, que durante el tiempo consolidado (213,46 meses) los parientes del fallecido dejaron de percibir una renta total de $ 3 066 043 368, destinada al apoyo que el compañero y padre habría brindado, si viviese, al grupo familiar.

66. Este valor se distribuye así: mientras que Carolina Meluk Jaramillo cumple los 25 años de edad, que corresponde a los 48,13 primeros meses del período consolidado, se asignará la mitad de la renta dejada de percibir por el fallecido en ese período entre la cónyuge y la otra mitad a los tres hijos.

Vd = (Rc/Tcons) x Pd1

Vd = $ 3066043368 x 48,13 m

213,46 m

Vd = $ 691 137 658

67. Así, el valor de la renta consolidada a distribuir en el primer período, de 48,13 meses, es de $ 691 137 658. De los cuales se asigna el 50% a la compañera, la señora Elizabeth Hurtado Ángel, esto es la suma de $ 345 658 828 y la otra mitad por partes iguales, o sea la suma de $ 115 189 610 a cada uno de los hijos, Carolina, Samir y Yamil Meluk.

68. En los siguientes 99,4 meses de lucro cesante consolidado (Pd2), mientras Samir Meluk Hurtado cumple los 25 años de edad, se asigna el valor de la renta consolidada a distribuir (Vd) en ese período. Esto es:

Vd = (Rc/Tcons) x Pd2

Vd = $ 3066043368 x 99,4 m

213,46 m

Vd = $ 1 427 736 862

69. Y la porción que le hubiere correspondido a la primera hija (la mitad del valor de Vd, o sea $ 713 868 432 dividido entre tres hijos), esto es $ 237 956 144 acrece por partes iguales, esto es en $ 79 318 715 las cuotas de los demás beneficiarios. Entonces, a la señora Elizabeth Hurtado le corresponde la suma de $ 793 187 146 y a cada uno de sus hijos Samir y Yamil Meluk, la suma de $ 317 274 858.

70. En los siguientes 65,93 meses de lucro cesante consolidado (Pd3), mientras Yamil Meluk Hurtado cumple los 25 años de edad, se asigna el valor de la renta consolidada a distribuir (Vd) en ese período. Esto es:

Vd = (Rc/Tcons) x Pd3

Vd = $ 3066043368 x 65,93 m

213,46 m

Vd = $ 946 988 847

71. Y la porción que le hubiere correspondido al segundo hijo (la mitad del valor de Vd, o sea $ 473 494 423.5 dividido entre dos hijos), esto es $ 236 747 211.75 acrece por partes iguales, esto es en $ 118 373 606 las cuotas de los demás beneficiarios. Entonces, a la señora Elizabeth Hurtado le corresponde la suma de $ 591 868 029 y al hijo menor Yamil Meluk, la suma de $ 355 120 818.

 Primeros 48,13mSiguientes 99,4 mÚltimos 65,93 mesesTotal lucro cesante consolidado
Elizabeth Hurtado Ángel$ 345 658 828$ 793 187 146$ 591 868 029$ 1 730 714 003
Carolina Meluk Jaramillo$ 115 189 610 $ 0$ 0$ 115 189 610
Samir Meluk Hurtado$ 115 189 610 $ 317 274 858$ 0$ 432 464 468
Yamil Meluk Hurtado$ 115 189 610 $ 317 274 858$ 355 120 818$ 787 585 286
Total renta distribuida$ 691 137 658$ 1 427 736 862$ 946 988 847$ 3 066 043 368

72. Ahora se calcula la renta dejada de percibir por los parientes del fallecido, si este viviese, durante el tiempo futuro, así:

Rf = Ra x ((1+i)n-1)

i(1+i)n

Donde: i = al interés mensual legal (0,004867) y n = (Tfut). Desde el 1º de marzo de 2018 hasta completar la expectativa de vida probable de la víctima, Tfut = 129,5 meses.

Rf = $ 8 203 550 x ((1+0,004867)129,5-1)

0,004867(1+0,004867)342,96

Rf = $ 786 712 870

73. Y se procede al cálculo del lucro cesante futuro con acrecimiento para cada uno de los actores beneficiarios, distribuyendo los valores de la renta calculada, en los períodos del acrecimiento, así:

73.1. En los primeros 7,63 meses de lucro cesante futuro (Pd1), mientras Yamil Meluk Hurtado alcanza los 25 años, se asigna el valor de la renta futura a distribuir en ese período, como sigue:

Vd = (Rf/Tfut) x Pd1

Vd = $ 786712870x 7,63 m

129,5 m

Vd = $ 46 352 272

73.2. Entonces, de esta suma a la señora Elizabeth Hurtado Ángel le corresponden $ 23 176 136 en tanto que su hijo Yamil Meluk le corresponde una suma igual, esto es, $ 23 176 136.

73.3. Los últimos 121,87 meses de lucro cesante futuro, es decir, el restante de la expectativa de vida probable de la víctima, se asigna el valor de la renta futura a distribuir (Vd) en ese período a favor de su compañera, así:

Vd = (Rf/Tfut) x Pd2

Vd = $ 786712870x 121,87 m

129,5 m

Vd = $ 740 360 598

73.4. Teniendo en cuenta que estos $ 740 360 598 corresponde al 75% de los ingresos que hubiera podido recibir el fallecido luego de que todos sus hijos alcanzaran 25 años, de esta base se le reconocerá a la compañera sobreviviente el 50% de los ingresos remanentes, esto es, la suma de $ 370 180 299 pues en esas circunstancias de independencia económica de los hijos, el trabajador habría aumentado las reservas para sus propias necesidades.

74. En síntesis, las sumas liquidadas por concepto de lucro cesante futuro son las siguientes:

 Primeros 7,63mÚltimos 121,87 mTotal lucro cesante futuro
Elizabeth Hurtado Ángel$ 23 176 136$ 370 180 299$ 393 356 435
Yamil Meluk Hurtado$ 23 176 1360$ 23 176 136
Incremento reservas para necesidades del fallecido$ 0$ 370 180 299$ 370 180 299
Total renta distribuida$ 46 352 272$ 740 360 598$ 786 712 870

75. Siendo esta la liquidación final de la indemnización por el lucro cesante que, en principio, corresponde a cada uno de los actores:

ActorLucro cesante consolidadoLucro cesante futuroTotal lucro cesante
Elizabeth Hurtado Ángel$ 1 730 714 003$ 393 356 435$ 2 124 070 438
Carolina Meluk Jaramillo$ 115 189 610$ 0$ 115 189 610
Samir Meluk Jaramillo$ 432 464 468$ 0$ 432 464 468
Yamil Meluk Jaramillo$ 787 585 286$ 23 176 136$ 810 761 422
Total $ 3 066 043 368$ 416 532 571$ 3 482 485 938

76. No obstante, al revisar el texto de las demandas, la sala encuentra que los demandantes limitaron el monto de sus respectivas pretensiones, por lo que el valor de la indemnización que corresponde a cada uno de ellos no podrá superar el monto de lo indicado en el libelo introductorio, debidamente actualizado(27), pues de lo contrario, se produciría un fallo ultra petitta que afectaría el principio de congruencia.

77. Se tiene así que la señora Elizabeth Hurtado Ángel pidió el reconocimiento de $ 474 834 553, que actualizados ascienden a $ 1 004 721 353. Por lo tanto, como esta suma es inferior a la obtenida por la sala ($ 2 124 070 438), será aquella y no esta la que se reconozca a la demandante.

78. Por su parte, la señora Carolina Meluk Jaramillo pidió el reconocimiento de $ 75 420 000, que actualizados ascienden a $ 153 335 475. Entonces, como esta suma supera la obtenida en la liquidación ($ 115 189 610), será esta última la que se reconozca a su favor.

79. En el caso del joven Samir Meluk Hurtado, la pretensión se fijó en $ 90 130 805, que actualizados ascienden a $ 190 711 362, es decir, menos de lo indicado por la sala ($ 432 464 468). Por ello, será ese primer valor el que se pagará al demandante como indemnización.

80. Finalmente, Yamil Meluk Hurtado solicitó el pago de $ 151 691 961, que actualizados llegan a $ 320 971 065, suma muy inferior a la obtenida como resultado de la liquidación ($ 810 761 422). De manera que el valor de la indemnización tendrá que limitarse a lo que pidió.

81. En relación con el daño emergente solicitado en la demanda formulada por la señora Elizabeth Hurtado Ángel y sus hijos Samir y Yamil Meluk Hurtado no procede su reconocimiento en tanto no se encuentra acreditado. De hecho, obra prueba documental de que los gastos funerarios causados con la muerte del señor Meluk Castro fueron asumidos por Isagén (f. 280 c. 3).

VIII. La responsabilidad de la llamada en garantía

82. En relación con la responsabilidad de la compañía aseguradora que fue llamada en garantía, obra dentro del expediente la copia auténtica de la póliza de seguro de responsabilidad civil Nº 37437 (f. 113 y ss c. 3), adquirida por y en beneficio de Isagén S.A. ESP, por un monto de hasta $ 19 000 000 000 y con vigencia desde el 21 de diciembre de 1999 hasta el 21 de diciembre de 2000, la cual estaba sujeta a las siguientes condiciones:

2. Sección I- responsabilidad general y de productos.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1. COBERTURA, los aseguradores convienen en indemnizar al asegurado todas las sumas que el asegurado tenga la obligación de pagar por razón de su responsabilidad de pagar compensación o daños y/o a consecuencia de lesión personal(28) o daños a la propiedad ocasionados por un evento relacionado con el negocio.

(…).

5. Coberturas adicionales.

La cobertura otorgada bajo los términos de la póliza se extiende para indemnizar al asegurado si el asegurado es legalmente obligado a pagar daños o compensación a consecuencia de lesión personal sufrida por cualquier empleado del asegurado que surja en el curso de su empleo al servicio del asegurado, pero únicamente si dicha lesión surge a consecuencia de un acto de terrorismo que esté excluido bajo los términos de la cláusula de exclusión de riesgos de guerra que forme parte del seguro de accidentes de trabajo para los trabajadores del asegurado.

(…).

Condiciones generales

La Compañía Suramericana de Seguros S.A. (que en lo sucesivo se denominará Los Aseguradores) en consideración a las declaraciones presentadas para esta póliza y con sujeción a todos los términos y estipulaciones de la misma, conviene en indemnizar al asegurado especificado en la carátula, la suma que estuviere legalmente obligado a indemnizar como consecuencia de su responsabilidad civil contractual y/o extracontractual derivada de perjuicios patrimoniales ocasionados por terceros durante la vigencia de la misma, en el desarrollo de las actividades como empresas generadoras y comercializadoras de energía eléctrica, específicamente amparadas bajo el presente seguro.

83. Se tiene así que la muerte del ingeniero Armando Meluk, en las condiciones en las que ocurrió, se encontraba amparada por la póliza de seguro, por lo que la sala condenará a la Compañía Suramericana de Seguros S.A., ahora denominada Seguros Generales Suramericana S.A., a pagar, hasta el límite del valor asegurado, el 100% del valor de las indemnizaciones reconocidas en esta sentencia a cargo de Isagén S.A. ESP y a favor de los demandantes Elizabeth Hurtado Ángel, Samir Meluk Hurtado y Yamil Meluk Hurtado.

84. Las indemnizaciones reconocidas a favor de Carolina Meluk Jaramillo no serán asumidas por la aseguradora debido a que en el proceso promovido por esta demandante, no hubo notificación del llamamiento en garantía formulado por Isagén, pese a que este sí se admitió por el tribunal.

85. Por último, cabe señalar que las indemnizaciones fijadas en esta sentencia deberán ser pagadas por Isagén S.A. ESP, en el porcentaje que le corresponda, quien repetirá contra la aseguradora, por los montos indicados, en los términos del artículo 78 del Código Contencioso Administrativo.

XIII. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia apelada, esto es, la proferida el 6 de diciembre de 2011 por la Sala de Descongestión, Subsección de Reparación Directa, Sala Quinta de Decisión, del Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así:

1. DECLARAR no probada la excepción de falta de jurisdicción propuesta por Isagén S.A. ESP.

2. DECLARAR a Isagén S.A. ESP y a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional administrativamente responsables de la muerte del señor Armando Meluk Castro, ocurrida el 17 de agosto de 2000 en el campamento El Bosque de la Central Hidroeléctrica Jaguas.

3. CONDENAR a Isagén S.A. ESP y a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional a pagar las siguientes indemnizaciones por concepto de perjuicios morales:

— A favor de Carolina Meluk Jaramillo, Samir Meluk Hurtado, Yamil Meluk Hurtado y Elizabeth Hurtado Ángel la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.

— A favor de Isabel Meluk Castro, Martha Cecilia Meluk Castro, Victoria Eugenia Meluk Castro, Aydee Isabel Meluk Castro, Emilio Meluk Castro y Yolanda Meluk Castro, lo equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.

4. CONDENAR a Isagén S.A. ESP y a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional a pagar por concepto de lucro cesante, las siguientes indemnizaciones:

— A favor de Elizabeth Hurtado Ángel la suma de mil cuatro millones setecientos veintiún mil trescientos cincuenta y tres pesos ($ 1 004 721 353).

— A favor de Carolina Meluk Jaramillo la suma de ciento quince millones ciento ochenta y nueve mil seiscientos diez pesos ($ 115 189 610).

— A favor de Samir Meluk Hurtado la suma de ciento noventa millones setecientos once mil trescientos sesenta y dos pesos ($ 190 711 362).

— A favor de Yamil Meluk Hurtado la suma de trescientos veinte millones novecientos setenta y un mil sesenta y cinco pesos ($ 320 971 065).

5. El pago de las condenas estará a cargo, en porcentajes iguales, de cada una de las entidades demandadas, sin perjuicio de que los demandantes puedan exigir la totalidad de este a cualquiera de ellas, a su elección, y de que una pueda repetir contra la otra por el monto que le corresponda.

6. CONDENAR la Compañía Suramericana de Seguros S.A., ahora denominada Seguros Generales Suramericana S.A., a reintegrar a Isagén S.A. ESP, hasta el límite del monto asegurado y en el porcentaje que a ella corresponda, el valor total de las indemnizaciones reconocidas en esta sentencia a favor de los demandantes Elizabeth Hurtado Ángel, Samir Meluk Hurtado y Yamil Meluk Hurtado.

6. (sic) DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

7. Sin condena en costas.

8. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

9. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 La cuantía de la demanda presentada por la señora Elizabeth Hurtado Ángel y otros asciende a la suma de $ 888 307 319, la cual resulta superior a la exigida por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, reformado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998 para las acciones de reparación directa iniciadas en el año 2001 ($ 143 000 000). Esta suma se obtiene de la sumatoria de la totalidad de las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010. Cabe advertir que por tratarse de procesos acumulados, basta con que el conocimiento de uno de ellos sea competencia de esta corporación para que el otro siga su misma suerte.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de mayo de 2012, exp. 110010315000201101378-00, C.P. Susana Buitrago Valencia.

3 [62] Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de junio 6 de 2007. Expediente AP-00029, Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez.

4 [67] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, supra nota 24, párr. 146; Caso Fairen Garbi y Solis Corrales, de 15 de marzo de 1989, párr. 145. Caso Anzualdo Castro vs. Perú, supra nota 44, párr. 25, Caso Garibaldi vs. Brasil, supra nota 32, párr. 70. Caso Radilla Pacheco vs. Estado Unidos Mexicanos. Igualmente, Caso Vélez Restrepo y Familiares vs. Colombia, caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia

5 [69] Es importante advertir que esta regla que el Consejo de Estado, Sala Plena Contenciosa, expuso en la providencia de 2012, es la misma que ha defendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 1988, en las decisiones reseñadas en otros apartes de esta providencia.

6 La asamblea general de accionistas de Isagén S.A. ESP, celebrada el día 30 de marzo de 2016 en la ciudad de Medellín, aprobó la reforma estatutaria consistente en modificar parcialmente el artículo segundo, relativo a la naturaleza jurídica de la empresa, el cual quedó así: “Isagen S.A. ESP, que también podrá utilizar la sigla Isagen, es una empresa de servicios públicos privada, constituida como sociedad anónima, de carácter comercial sometida al régimen jurídico establecido en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios”. Información publicada en la página web de la empresa: https://www.isagen.com.co/SitioWeb/delegate/documentos/inversionistas/informacion-relevante/2016/asamblea-general-dispuso-reformar-parcialmente-articulos-estatutos.pdf Página consultada el 26 de enero de 2018.

7 El criterio según el cual las empresas de servicios públicos mixtas son entidades públicas también ha sido defendido por el Consejo de Estado. Sobre el particular véase: Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 8 de junio de 2016, rad. 11001-03-06-000-2016-00068-00(2254), C.P. Germán Bula Escobar (E); Sección Primera, sentencia de 26 de mayo de 2011, C.P. Rafael E. Osteau de Lafont; Sección Tercera, sentencia de 1º de mayo de 2009, exp. 34846, C.P. Enrique Gil Botero.

8 [3] El artículo 1º de la citada ley dispuso: “El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, quedará así: “Artículo 82. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y los Juzgados Administrativos de conformidad con la Constitución y la ley. (…).”.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2009, exp. 15662, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, reiterada en la sentencia de 25 de mayo de 2011, exp. 23650, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

10 Para probar que estuvo casada con el señor Armando Meluk, la señora Elizabeth Hurtado aportó copia autenticada del acta del matrimonio civil celebrado ante el juez del distrito Pedro María Ureña, circunscripción judicial del estado Táchira, en Venezuela (f. 19 c. 3). No obstante, el documento fue aportado sin apostillar, lo cual impide conferirle validez conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 445 de 1998, mediante la cual se aprueba la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961.

11 De acuerdo con un informe elaborado por la Fiscalía General de la Nación, el área de influencia del noveno frente de las FARC incluía varios municipios del oriente antioqueño, entre ellos el de San Rafael (f. 112 c. 7).

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, exp. 1994-N8725, C.P. Daniel Suárez Hernández. En similar sentido, véase la sentencia de 18 de mayo de 2017, exp. 36386, C.P. Jaime Orlando Santofimio.

13 El señor Ramón Eladio Moreno fue interrogado, en diligencia practicada ante el a-quo, acerca del sitio de ubicación del ejército para la fecha en que ocurrieron los hechos, a lo cual el testigo respondió: “A mí no me consta que áreas tenía el ejército para vigilar, solo los vi ubicados junto a la casa de máquinas, subestación y oficinas, allí los veía ubicados” (f. 640 c. 4).

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de junio de 2017, exp. 18860, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

15 [143] Esta Sección ha dicho: “En este sentido, vale destacar que los daños causados durante una confrontación armada entre el Estado y un grupo subversivo, a las personas ajenas al conflicto que para su infortunio estuvieran cerca, no son imputables al Estado a título de daño especial, porque la aplicación de este régimen, conforme a la jurisprudencia de la sala, supone siempre la existencia de una relación de causalidad directa entre una acción legítima del Estado y el daño causado, lo cual descarta, por definición, todo daño en el que el autor material sea un tercero”: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de junio 9 de 2010, expedientes 17626 y 18536, ambas con ponencia de la magistrada Ruth Stella Correa Palacio y con salvamento de voto y aclaración del magistrado Enrique Gil Botero al considerar que el régimen de imputación aplicable a los casos corresponde a la teoría del daño especial, en atención al hecho de que el ataque de los grupos subversivos contra las instalaciones administrativas del municipio, que dio lugar al daño antijurídico, constituye una alteración en las cargas públicas, que la víctima no estaba obligada a soportar. Sin embargo, posteriormente, la Sala Plena de la Sección aplicó el título de daño especial en el reconocimiento indemnizatorio por daños producidos por una incursión guerrillera contra una estación de policía. Al respecto, precisó: “la responsabilidad del Estado en este caso se ha comprometido a título de daño especial, por entenderse que no hay conducta alguna que pueda reprochársele a entidad demandada, quien actuó dentro del marco de sus posibilidades, así como tampoco se puede reprochar la conducta de la actora, quien se presenta como habitante del pequeño poblado de Silvia, víctima indirecta de un ataque dirigido contra el Estado, cuyo radio de acción no se limitó a objetivos estrictamente militares, sino que comprendió también a la población civil y que, en tales circunstancias le causó un perjuicio en un bien inmueble de su propiedad, trayendo para ella un rompimiento de las cargas públicas que debe ser indemnizado. // Y es que si bien ha sido claro para la Sección Tercera que la teoría del daño especial exige un factor de atribución de responsabilidad al Estado, es decir, que el hecho causante del daño por el que se reclame pueda imputársele jurídicamente dentro del marco de una “actuación legítima”, esta “actuación” no debe reducirse a la simple verificación de una actividad en estricto sentido físico, sino que comprende también aquellos eventos en los que la imputación es principalmente de índole jurídica y tiene como fuente la obligación del Estado de brindar protección y cuidado a quienes resultan injustamente afectados”: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 19 de 2012, rad. 21515, M.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de agosto 23 de 2012, rad. 23219, M.P. Hernán Andrade Rincón.

16 [144] En el caso El Siglo S.A. vs. la Nación donde se aplicó por primera vez la teoría del daño especial en Colombia, fechado el 29 de julio de 1947, se registró salvamento de voto del magistrado Jorge Lamus Girón en el que se dijo: “Por ello es por lo que hubiera querido, ya que se llegó en este caso a decretar indemnizaciones, por perjuicios causados sin falta (…) que se estableciera de una vez, como condición (...) que haya relación de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio y el perjuicio del particular. Y esto no es de mi invención, sino que Duguit lo enseña y predica como condición esencial de la responsabilidad sin falta” (se subraya).

17 [145] Cfr. M´CAUSLAND, María Cecilia, op.cit., pág. 529.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de junio de 2017, exp. 18860, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

19 Radicación 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172), C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de abril de 2017, exp. 40121, C.P. Martha Nubia Velásquez Rico; de 11 de julio de 2013, exp. 28099, C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; y de 19 de agosto de 2004, exp. 15791, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; entre otras.

21 Expediente 19146, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

22 El señor Armando Meluk nació el 12 de septiembre de 1951 (f. 8 c. 3).

23 No se toma la resolución 1555 expedida por la Superintendencia Financiera del 30 de julio de 2010, porque esta se basa en las experiencias de 2005-2008.

24 Se toma este mes porque corresponde al del último IPC publicado a la fecha de la sentencia.

25 Corresponde al IPC del mes anterior a esta sentencia (febrero 2018).

26 Corresponde al IPC del mes en que se produjo la muerte del ingeniero Armando Meluk (agosto de 2000).

27 Para las respectivas actualizaciones se tomará como índice inicial la fecha de presentación de cada una de las demandas y como índice final el correspondiente al mes de febrero de 2018.

28 En los términos del contrato suscrito, lesión personal significa “lesión corporal, muerte, enfermedad, padecimiento, incapacidad, choque emocional, angustia emocional y lesión emocional”.