Sentencia 2001-04366/41209 de agosto 3 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad. 19001-23-31-000-2001-04366-01(41209)

Consejera ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: R. R. S. y otros

Demandado: Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación y otros

Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

Bogotá, D.C., tres de agosto de dos mil diecisiete Extractos:

Extractos: «II. CONSIDERACIONES

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2) competencia de la Sala; 3) ejercicio oportuno de la acción; 4) hechos probados; 5) caso concreto; 5.1) la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación; 5.2) la responsabilidad de la Rama Judicial; 5.3) la concurrencia de responsabilidades con el afectado directo; 6) indemnización de perjuicios y 7) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada Conductora del presente proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate tiene relación con la privación injusta de la libertad del señor R. R. S., tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, asunto sobre el que ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, por lo que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. Competencia

La Sala es competente para conocer de este proceso, comoquiera que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia reside en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.

3. El ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En el presente caso, encuentra la Sala que la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al hecho que da origen a la alegada responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación -tal y como se expondrá más adelante-, dado que fue en virtud de la sentencia de tutela No. 006 proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Popayán, por medio del cual quedaron en evidencia los yerros en que incurrió la Fiscalía, investida de la facultad de instrucción en el proceso penal adelantado en contra del hoy actor.

Así las cosas, fue a partir de la referida providencia que se logró determinar el error judicial que sirve de fundamento para que se declare la responsabilidad de la entidad demandada, Fiscalía General de la Nación, bajo el título de imputación de falla del servicio.

Ahora bien, aunque no obra prueba de la ejecutoria de la decisión en mención, tal situación no es óbice para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda.

En efecto, la sentencia de tutela fue proferida el 24 de abril del 2000(18), de tal suerte que, sin perjuicio del término de ejecutoria de la providencia, la acción de reparación directa se ejerció dentro de la oportunidad legal prevista, por cuanto se presentó el 19 de diciembre del 2000(19).

4. Hechos probados

Previo análisis de responsabilidad, la Sala destaca los siguientes hechos:

4.1. El 3 de julio de 1998, ante la Fiscalía Segunda de la Unidad Reacción Inmediata de Popayán, el señor R. C. S. presentó una denuncia penal en contra del señor R. R. S., por el acceso carnal violento de su hija de 12 años de edad(20).

Con fundamento en lo anterior, la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Popayán profirió resolución de apertura de la instrucción en contra del señor R. S., por el delito de acceso carnal violento(21).

4.2. El 2 de marzo de 1999, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitió el dictamen ginecológico forense No. 001 -99, por medio del cual dio a conocer que la víctima de la conducta punible investigada se encontraba en estado de embarazo (se transcribe literal, incluso con errores)(22):

“Se palpa feto único con cefálica, con frecuencia cardiaca fetal de 130 por minuto, y una altura uterina de 33 cm; secreción láctea por pezones. Lo anterior nos indica un embarazo de aproximadamente 37 semanas de edad gestacional, equivalentes a ocho meses y 6 días”.  

4.3. El 5 de marzo de 1999, el Departamento de Policía del Cauca capturó al señor R. S.(23), en cumplimiento de la orden impartida por la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Popayán el 3 de marzo de 1999(24).

4.4. Mediante proveído calendado el 15 de marzo de 1999, la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Popayán definió la situación jurídica del demandante, en el sentido de imponerle medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, por la conducta punible de acceso carnal violento(25).

En efecto, el señor R. S. fue conducido a la Penitenciaria Nacional de San Isidro, de conformidad con la boleta de detención número 004 del 15 de marzo de 1999(26).

4.5. El 9 de abril de 1999, el señor R. R. S. amplió su indagatoria ante la Fiscalía 01-005 Delegada ante los Juzgado Penales del Circuito de Popayán, diligencia en la que manifestó lo siguiente (se transcribe literal, incluso con errores)(27):

PREGUNTADO: Exprese al despacho ¿en qué términos desea ampliar la diligencia de indagatoria? 

CONTESTÓ: Vengo acá para narrar los hechos como sucedieron, ya que en la primera indagatoria tenía miedo de manifestar lo ocurrido (…). [M]e encontré a la muchacha (…) y me dijo que la llevara hasta la tienda del reloj, posteriormente yo cuadré el colectivo y me bajé a marcar la tarjeta con el sello y pedí un Yogurt, volví de nuevo al colectivo y puse en marcha el vehículo con dirección hacía la variante, cuando había avanzado cien metros de donde iba, aclaro de donde vivía la muchacha (…), paré el carro, posteriormente me pasé a la segunda silla donde estaba (…), entonces me senté al lado de ella y le di un beso en la mejilla y tuvimos relaciones sexuales en el estribo del carro (…). [L]as cosas no se hicieron a la fuerza, todo fue a voluntad de nosotros dos, en ningún momento hubo amenazas de parte mía hacia ella, es toda mi intervención y lo que necesitaba ampliar” (se destaca).

Respecto de la posibilidad de valorar las indagatorias rendidas en procesos penales, cabe indicar que, en principio, según lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación, estas no tienen eficacia probatoria, toda vez que no cumplen con la formalidad del juramento, tal y como lo exige el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil.

No obstante lo anterior, la Sala Plena del Consejo de Estado en reiteradas oportunidades, ha dado valor probatorio a las indagatorias rendidas en procesos penales con el objetivo de alcanzar la verdad material. Así lo ha aplicado esta Corporación:

Valga aclarar que la Sala Plena de esta Corporación, ha dado valor a la indagatoria como medio probatorio en esta sede judicial, en la medida en que siendo esta una fuente de información de obligatoria recepción en los procesos penales, con individualidad propia en lo que tiene que ver con su práctica y contradicción, debe reconocérsele su mérito probatorio, como lo exigen los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a probar, los principios de prevalencia del derecho sustancial, de libertad de medios probatorios, de contradicción, de libre valoración racional de la prueba y la demás normatividad que rige en materia probatoria, para lo cual, además, no resulta ajena al deber de ser valorada en conjunto con los demás elementos de convicción y con arreglo a los criterios rectores de la sana crítica(28) (negrillas y subrayas fuera del texto original).

En igual sentido, la Sección Tercera de esta Corporación ha señalado:

Así las cosas, la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual pueden sustraerse no solo lo que al investigado le beneficia, sino eventualmente lo que le compromete jurídicamente, lo cual no contraría la protección del derecho a no autoincriminarse como lo ampara el artículo 33 constitucional, en la medida que no se obtenga una confesión forzada, por medios intimidatorios.

(…).

En estos casos, la valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal.

En el presente caso, se hace necesaria la valoración de la indagatoria para el análisis integral del caso, ya que la etapa instructiva de 1999 padece serios vicios de legalidad; adicionalmente, se cuenta con la sentencia penal y la resolución sancionatoria de la DIAN, los cuales son medios de convicción que apuntan en un mismo sentido, esto es, el conocimiento válido al momento de imponer la medida de aseguramiento(29) (se destaca).

En atención a los lineamientos jurisprudenciales, la Sala le dará valor probatorio a la indagatoria rendida por el señor R. S., máxime si se tiene en cuenta que ese medio de prueba coincide con los demás elementos de convicción.

4.6. El 30 de abril de 1999, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitió un dictamen psicológico, en el cual la menor manifestó que sostuvo relaciones sexuales consentidas con el señor R. R. S., así (se transcribe literal, incluso con errores)(30):

Manifiesta [la menor] que a los 12 años tuvo la decisión de tener relaciones sexuales con el novio porque lo quería, nunca recibió propuestas de convivencia conyugal, solo fue requerida para ser la novia de él, sus citas amorosas la realizaban en el colectivo que él manejaba, según ella se iban juntos por la variante a veces en la noche y otras veces de día, mantuvo aproximadamente seis relaciones sexuales consentidas con su novio, de quien declara estar muy enamorada.

“(…). 

Respecto a los hechos hace una afirmación clara y coherente de haber mantenido una relación afectiva y sexual consentida y voluntaria con el sindicado durante un año, relación de la que afirma resultó embarazada. Afirma haber mentido con respecto al hecho de haber sido atacada sexualmente por su compañero, por temor al castigo paterno, al verse sorprendida en el automotor en el que permanecía con el sindicado” (se destaca).

4.7. Más adelante, específicamente el 20 de mayo de 1999, la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Popayán modificó la calificación jurídica provisional por la de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, al considerar “que las relaciones sexuales sostenidas entre (…) y R. R. S., tal como este último afirmó en su ampliación de indagatoria, sucedieron de forma voluntaria, sin presión o ejerciéndose algún tipo de violencia (…)”.

Como consecuencia de lo anterior, se sustituyó la detención preventiva impuesta en contra del señor R. S., por detención domiciliaria, previa constitución de caución prendaria, como garantía de cumplimiento de las obligaciones(31).

4.8. El 21 de mayo de 1999, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informó las fechas asignadas para la realización de la prueba genética, así (se transcribe literal, incluso con errores)(32):

 

CodNombres y apellidos demandanteProcedenciaDocumento de identidadFecha del examenHora del Examen
539(…)Fiscalía Seccional 01-005 de PopayánMenor de edad2 de junio de 19999:00 AM

“El examen genético se efectuará en el laboratorio de genética de la facultad de medicina de la Universidad del Cauca (en seguida del hospital San José De Popayán) en la fecha y hora señaladas”.  

4.9. El señor R. R. S. solicitó acogerse a sentencia anticipada(33).

4.10. La Unidad de Genética Humana de la Universidad del Cauca, mediante oficio fechado el 22 de junio del 2000, informó lo siguiente: “(…) por razones técnicas no se puede emitir a la fecha un dictamen definitivo dentro del proceso 04609 propuesto por (…) en contra de R. R. S.”(34).

4.11. El 24 de junio de 1999, se celebró la audiencia de formulación de cargos, a través de la cual el señor R. R. S., con asistencia de un profesional del derecho, aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación. A continuación los apartes transcritos en el acta (con posibles errores)(35):

“A usted se le sindica de haber cometido el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, como pruebas de la materialidad del delito se tiene la denuncia presentada por el papá de la ofendida, señor R. C. S.; el dictamen del reconocimiento médico legal practicado a la menor (…) donde se dice que esta niña se encuentra en estado de embarazo: registro civil de nacimiento de la menor donde se certifica que nació el 20 de octubre de 1986, es decir que para la fecha que sucedieron los hechos, la niña contaba con 12 años y medio de edad. En cuanto a la responsabilidad, se tienen las diferentes exposiciones de la menor ofendida, que en un principio manifestó tanto a sus hermano como a la Fiscalía que usted no la había alcanzado a tocar, pero luego, en la segunda exposición ante la Fiscalía, ya cuando vio que se encontraba en embarazo, expuso que realmente usted la tomó a la fuerza y la violó, pero esta niña no apareció con la ropa rasgada ni signos de violación cuando su hermano llegó al lugar de los hechos, este señor J. R. C. es su declaración dice que no vio anormalidad alguna porque la niña se encontraba vestida. En injurada usted confiesa el hecho diciendo que sí sostuvo relaciones con la menor pero con voluntad de ambos, ya en el Instituto de Medicina Legal, Sección Psiquiatría, la menor (…) confiesa que sí sostuvo relaciones sexuales con usted con su consentimiento, pero por temor a las represalias de sus padres no dijo la verdad. Lo anterior sembró una gran duda y esto se resolvió a su favor cambiando la denominación de acceso carnal violento a acceso carnal abusivo con menor de catorce años, que se encuentra tipificado, definido y sancionado en el art. 303 del Código Penal que dice: ‘el que acceda carnalmente a persona menor de catorce años, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años’, denominación que aparece en el libro segundo, del Título XI, Capitulo III de la citada obra bajo la denominación genérica de Delitos contra la Libertad Sexual y la Dignidad Humana, más la circunstancia de agravación punitiva prevista en el art. 306, numeral 3º de la misma obra (…). Estos son los cargos que le formula la Fiscalía, ¿está de acuerdo con ellos? 

“A continuación se le concede el uso de la palabra al sindicado R. R. S., en uso de ella MANIESTA: Sí señora Fiscal, acepto los cargos que me acaban de formular, es todo(se destaca).

Resulta pertinente advertir que en la misma diligencia –audiencia de formulación de cargos– la apoderada del señor R. R. S. le indicó al juez de la causa que todavía no obraba en el proceso el resultado de la prueba genética y que, por tanto, no había plena certeza de la paternidad del hoy actor (se transcribe literal, incluso con errores):

“(…) señor juez tenga presente que hasta la fecha y por circunstancias ajenas a la Fiscalía y a la defensa, debido a problemas con los reactivos en la Facultad de Medicina – División de Genética de la misma, no se ha podido obtener el resultado del examen practicado para tener la certeza de la paternidad de mi defendido, lo que conlleva que el Juzgado del conocimiento tenga en cuenta esta circunstancia en el momento de proferir la sentencia o bien si es factible ante la certificación que obra en el proceso se resuelva esto a favor de mi prohijado (…)” (negrillas añadidas).

4.12. Mediante sentencia anticipada del 30 de agosto de 1999, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán condenó al señor R. R. S., como autor de la conducta punible de acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravada por la circunstancia de encontrarse la impúber en estado de embarazo, a la pena principal de 42 meses y 20 días de prisión, tras razonar de la manera que se transcribe a continuación(36):

“La aceptación que hace él tanto en su injurada como en la diligencia de cargos corroboran completamente lo aquí expresado, lo que quiere decir que entre (…) y R. sí hubo relaciones sexuales, prueba de ello es el embarazo de esta niña, quien a esta fecha ya es madre de un niño. Así (…) hubiera consentido en tener esta clase de relaciones, su voluntad o querer estaba viciado, pues dada la misma inmadurez psicológica en que se hallaba, no le permitía dar ese consentimiento de manera libre, espontánea y válida, ya que precisamente al ser menor de edad, no tenía plena capacidad de discernimiento para establecer si lo que en efecto ella estaba consintiendo era lo correcto y bueno para su salud mental y física”. 

En esta providencia, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán denegó el beneficio de condena de ejecución condicional, así como también revocó lo ateniente a la detención domiciliaria.

4.13. El 11 de septiembre de 1999, la parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia condenatoria, con fundamento en los siguientes razonamientos (se transcribe literal, incluso con errores)(37):

“En estas condiciones, estimo que la Honorable Juez de Instancia podía esperar el resultado del examen genético para en el momento de condenar a R. R. S. tener la certeza de sumar el agravante a la pena principal contenida en el artículo 303 del C.P. modificado por la Ley 365 de 1997. 

“La razón es lógica y jurídica, pues la pena señalada en el artículo 303 para este punible es de 4 a 10 años de prisión, cuando no hay antecedente se impone por el juez la pena mínima y con la sentencia anticipada se rebaja la tercera parte de la misma, Quedaría la pena en 2 años y 8 meses y ello le daría derecho a mi defendido a gozar del beneficio de la condena de ejecución condicional”.  

4.14. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, el 29 de noviembre de 1999, rechazó el referido recurso de apelación, de conformidad con los argumentos que a continuación se trascriben (incluso con errores)(38):

“En realidad, la prueba practicada en el Laboratorio de Genética Humana en la Universidad del Cauca, no es necesaria (es supletoria), porque el procesado aceptó haber accedido carnalmente a la menor de catorce años, y dejarla embarazada, pues estos fueron los cargos que le hizo la fiscalía, y la probanza en mención se da cuando existe controversia sobre la paternidad y no cuando esta se admite por parte del acusado, libre de todo apremio o presión. En síntesis, la abogada litigante quiere desnaturalizar el contenido del art. 37 del C. de P. Penal, pues se pide sentencia anticipada para renunciar al debate probatorio y a la vez quiere continuar con el mismo, lo cual es absurdo según lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en reiteradas decisiones (…). 

“No podría entonces el procesado retractarse de algo que fue voluntariamente aceptado, pues esa falta de seriedad no la puede tolerar la justicia, como lo indica la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia de junio 2 de 1999, con ponencia del Dr. C. A. G. A.” (se destaca).

4.15. El Jefe de la Unidad de Genética Humana de la Universidad del Cauca, mediante oficio calendado el 22 de noviembre de 1999, informó las razones del retraso en los resultados de la prueba de paternidad practicada al señor R. S., así (se transcribe literal, incluso con errores)(39):

“1. En razón a la necesidad de importar reactivos para la elaboración de las pruebas de paternidad ordenadas, el cronograma de trabajo del laboratorio de genética humana de la Universidad del Cauca, se vio afectado durante 90 días que duró el proceso de importación y nacionalización de los reactivos requeridos. 

“2. Las pruebas han sido a la fecha tomadas estando en proceso de análisis y evaluación. 

“3. El laboratorio de genética humana está en disposición de entregar los resultados a fecha 31 de diciembre del año en curso, fecha en la cual remitiremos el resultado al ICBF y la copia a su despacho”.  

4.16. El 9 de febrero del 2000, la Unidad de Genética Humana de la Universidad del Cauca aportó el análisis de paternidad practicado al señor R. S., prueba genética que arrojó el siguiente resultado (se transcribe literal, incluso con errores)(40):

ANÁLISIS DE PATERNIDAD 

“Señor R. R. S. 

“La probabilidad acumulada de paternidad (Wa) de 0% con M. C. (…). Paternidad es excluida”. 

4.17. A raíz de los resultados de la prueba genética, el hoy actor interpuso una acción de tutela. En efecto, mediante sentencia No. 006 fechada el 24 de abril del 2000, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Popayán tuteló el derecho al debido proceso del señor R. R. S. y ordenó la nulidad de la sentencia anticipada dictada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán, por los motivos que se transcriben a continuación (con posibles errores)(41):

“En este sentido, protegerá entonces el Juzgado el derecho fundamental al debido proceso del señor R. R. S., en aras de la obtención de una sentencia justa, que consulte la realidad que permitió conocer el resultado del examen antopoheredobiologico allegado al proceso una vez proferida la sentencia y con base en la prevalencia de los derechos fundamentales que imponen un sentido de equidad y solidaridad que mira a la real situación de las personas, adecuando a esta circunstancia el derecho”.  

4.18. Por medio de la providencia del 27 de abril del 2000, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán, en cumplimiento de la tutela, dictó nuevamente sentencia anticipada en contra del señor R. R. S., pero en esta oportunidad: i) redujo su pena a 32 meses de prisión, ii) le concedió el beneficio de condena de ejecución condicional y iii) lo condenó a pagar 200 gramos de oro como perjuicios morales a la menor víctima de la conducta punible.

Para adoptar la mencionada decisión, el Juez de la causa expuso, entre otras consideraciones, las que a continuación se trascriben de forma literal, inclusive con errores(42):

De la condena de ejecución condicional: 

“(…) Si bien es cierto que su conducta es reprochable desde todo punto de vista, ya que cabe advertir que esta acción delictuosa se cometió con una menor de edad de escasos apenas 12 años, la prueba genética allegada al investigativo posteriormente a la primera sentencia proferida por este Despacho que fue motivo de nulidad, demuestra que, al parecer, esta niña no solo mantenía relaciones sexuales con el hoy acusado, sino con una persona diferente a este, de quien se desconoce su identidad.  

“Significa lo anterior, que (…) a pesar de su corta edad, tuvo otras experiencias sexuales, pero ello no significa que no sea reprochable ni delictual la conducta observada por R. S., sabiendo que se trataba de una menor, de manera inescrupulosa, no dudó en mantener relaciones con aquella, lo que significa que su conducta debe ser sancionada penalmente como se ha hecho dentro de este proveído, pues tal como anotábamos con antelación, así esta menor hubiese consentido en tener relaciones con R. R. S., su consentimiento estaba viciado, pues dada su corta edad, no tenía la capacidad suficiente de discernimiento, de autodeterminación y su mismo desarrollo físico e inmaduro debió ser una barrera para el hoy incriminado en llevar a efecto sus apetencias sexuales (…). Prueba de ello es el mismo concepto psiquiátrico, en donde sin el mayor esfuerzo mental se capta por parte de la profesional de la medicina, la inmadurez que rodea a esta niña mujer.  

“(…).  

“Siendo lo anterior así y en este orden de ideas, es de estimación legal colegir que este incriminado tiene entonces derecho al subrogado de la condena de ejecución condicional y a su consecuente beneficio de excarcelación, al estimarse que las dos exigencias señaladas en el artículo 68 del C.P. le son favorables para su otorgamiento, e igualmente podría disfrutar del beneficio de excarcelación, previa caución la que se determina en la suma equivalente a dos salarios mínimos legales vigentes” (se destaca).

4.19. El señor R. R. S. recobró su libertad el 28 de abril del 2000, como consecuencia del beneficio de condena de ejecución condicional, de conformidad con la boleta de libertad No. 002(43), previa suscripción de diligencia de compromiso(44).

5. Caso concreto

Advierte la Sala que el primer elemento a analizar en todo proceso de responsabilidad extracontractual es el daño, pues este se constituye en la causa necesaria -más no suficiente- para declarar la responsabilidad del Estado(45).

En el caso bajo estudio, la parte actora, al formular las pretensiones de la demanda, delimitó el daño ocasionado al señor R. R. S. así (se transcribe literal, incluso con errores)(46):

“(…) [L]a detención injustificada por el agravante de la paternidad que sufrió el actor por más de cinco meses, pues ingresó a la Penitenciaria de S. I. el día 5 de marzo de 1999 permaneciendo privado de su libertad hasta el 27 de abril del año 2000, para un total de trece (13) meses veintidós (22) días, pero la aplicación del agravante cambió fundamentalmente el aspecto pertinente a la excarcelación del actor, pues con el agravante de que fue objeto no hubo acceso a los beneficios que otorga la normatividad penal (…), ejecución condicional a la que habría tenido derecho si no se hubiese cometido dicho error judicial, pues al llegar el resultado del ADN el actor no era el causante del embarazo de la ofendida” (se destaca).

Tal y como se precisó con anterioridad, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán condenó al señor R. R. S. a la pena principal de 42 meses y 20 días de prisión, como autor de la conducta punible de acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravada por hecho de encontrarse la impúber en estado de embarazo, circunstancia de agravación punitiva que no era procedente dado que, con posterioridad, la prueba genética practicada al señor R. S. excluyó su paternidad.

Así las cosas, el daño alegado por la parte actora devino de la aplicación errónea de la circunstancia de agravación punitiva establecida en el numeral 3º del artículo 306 del Decreto 2700 de 1991, lo cual, manifiesta el actor, generó un incremento en la condena que le impidió acceder al beneficio de condena de ejecución condicional y su consecuente excarcelación.

Ahora, los requisitos para que opere el beneficio de condena de ejecución condicional, de conformidad con el artículo 68 del Decreto Ley 100 de 1980, son: i) que la pena impuesta sea de arresto, ii) que no exceda de tres años de prisión (o 36 meses) y iii) que la naturaleza del hecho punible permita al juez suponer que el condenado no requiere de tratamiento penitenciario.

En efecto, el juez, antes de considerar la referida circunstancia de agravación punitiva, tasó la pena en contra del señor R. S. en 32 meses de prisión (condena que no excedía de tres años de prisión), luego, cumplía los requisitos para acceder al subrogado penal de condena de ejecución condicional(47).

Entonces, el señor R. R. S., como consecuencia de un incremento erróneo en su condena, fue conducido a un establecimiento penitenciario, donde permaneció privado físicamente de su libertad desde el 30 de agosto de 1999 hasta el 28 de abril del 2000, período en el cual, de conformidad con lo expuesto, pudo gozar del beneficio de condena de ejecución condicional, cuya consecuencia es la libertad.

Acreditada la existencia del daño, la Sala pasa a hacer el análisis de imputación con el fin de establecer si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la Administración Pública y, por ende, si esta tiene el deber jurídico de resarcir los perjuicios que del mismo se derivan, para así determinar si la sentencia de primera instancia debe ser confirmada o revocada.

De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, la Subsección concluye que en el presente asunto no existió una privación injusta de la libertad respecto del ahora demandante, pues en el curso ordinario del proceso penal se demostró que sí era responsable penalmente de la conducta punible de acceso carnal abusivo con menor de catorce años y, como consecuencia, debía responder penalmente y soportar la carga que se le impuso.

En este orden de ideas, el caso sub examine no puede ser estudiado a la luz del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, debido a que en la sentencia que analizó la responsabilidad penal del señor R. S. no se concluyó que el hecho no existió, que este no lo cometió, que la conducta no era constitutiva de hecho punible o que se debía aplicar el principio de in dubio pro reo a su favor, todo lo contrario, se determinó que era responsable como autor del delito a él endilgado.

No obstante lo anterior, se advierte que en el sub judice se encuentra acreditado un error judicial por parte de la Rama Judicial, tal como pasa a explicarse a continuación.

5.1. La responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación

El Código de Procedimiento Penal, vigente para la época de los hechos -Decreto No. 2700 de 1991-, establecía que era la Fiscalía General de la Nación la que debía “dirigir, realizar y coordinar la investigación en materia penal(48); de igual forma, dentro de las atribuciones que consagraba el estatuto procesal, se destaca la de “investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes(49).

De las normas referidas en precedencia se infiere que era deber de la Fiscalía adelantar la investigación previa en relación con la conducta punible por la que se denunció al señor R. R. S.

En primer lugar, la revisión del material probatorio obrante en el expediente permite establecer que la Fiscalía General cumplió -material y formalmente- todos los requisitos legales para adoptar la medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, en contra del señor R. S.. En efecto, el ente investigador, previa valoración de las circunstancias del caso concreto y los elementos probatorios obrantes en la investigación, resolvió la situación jurídica del actor, imponiéndole medida de aseguramiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 388 del Decreto 2700 de 1991, que consagró como requisito para su decreto la existencia de “por lo menos un indicio grave de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso”.

En dicha providencia interlocutoria se consignaron los elementos probatorios sobre la existencia del hecho y de la probable responsabilidad del señor R. R. S., como autor de la conducta punible de acceso carnal violento.

Así mismo, vale la pena destacar que una vez que el ente investigador conoció del dictamen No. 045-00- PSQ, proferido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses(50), -por medio del cual la menor reconoció que no fue atacada sexualmente por el señor R. S.- modificó la calificación jurídica de acceso carnal violento a la de acceso carnal abusivo con menor de catorce años y, como consecuencia, sustituyó la medida de aseguramiento de detención preventiva por la domiciliaria(51).

Siendo así, la Sala concluye que la Fiscalía General de la Nación no incurrió en una falla del servicio, por cuanto sus actuaciones se ajustaron a lo establecido en el Decreto 2700 de 1991. En otras palabras, para la Sala está demostrado dentro del expediente que la actuación del ente investigador fue ajustada a derecho en las distintas etapas procesales por las razones anteriormente expuestas, de ahí que no pueda calificarse como antijurídico el daño ocasionado por la Fiscalía General de la Nación.

5.2. La responsabilidad de la Rama Judicial

Respecto del contenido de las sentencias dictadas en los procesos penales, el artículo 180 del aludido Decreto 2700 de 1991 estableció lo siguiente:

“ARTICULO 180. Redacción de la sentencia. Toda sentencia contendrá: 

1. Un resumen de los hechos investigados. 

2. La identidad o individualización del procesado. 

3. Un resumen de la acusación y de los alegatos presentados por los sujetos procesales. 

4. El análisis de los alegatos y la valoración jurídica de las pruebas en que ha de fundarse la decisión. 

5. La calificación jurídica de los hechos y de la situación del procesado. 

6. Los fundamentos jurídicos relacionados con la indemnización de perjuicios. 

7. La condena a las penas principal y accesorias que correspondan, o la absolución. 

8. La condena en concreto al pago de perjuicios si a ello hubiere lugar. 

9. La suspensión condicional de la sentencia, si fuere procedente” (se destaca).

Ahora, la Sala encuentra que el señor R. R. S. –inicialmente– fue condenado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, establecido en el artículo 303 del Decreto Ley 100 de 1980(52), aumentado en una tercera parte por la circunstancia de agravación punitiva prevista en el numeral 3 del artículo 30 del referido estatuto penal(53).

Así las cosas, en la sentencia anticipada dictada el 30 de agosto de 1999 en contra del señor R. R. S., el juez, al tasar la pena, efectuó el siguiente análisis (se transcribe literal, incluso con errores):

DE LA PUNIBILIDAD: 

“Atendiendo a los criterios que para fijar la pena determinar los arts. 61 y 67 del C.P., dada la gravedad y modalidades del hecho, la naturaleza del delito, la personalidad del sindicado, podemos afirmar que este tiene derecho a que se parta del mínimo de la pena señalada por la disposición por él violada. El art. 303 señala una pena privativa de la libertad de cuatro (4) a diez (10) años. Implica lo anterior que partimos de cuatro (4) años de prisión. Pena que deberá aumentarse en una tercera parte por darse la circunstancia de agravación punitiva establecida en el art. 306 numeral 3º, por lo que esta sanción se incrementará en dieciséis (16) meses, lo que quiere decir que la pena a imponer es de cinco (5) años y cuatro (4) meses. Pero como se debe dar aplicabilidad al art. 37 del C.P.P., actualmente vigente, la pena antes tasada deberá rebajarse en una tercera parte, rebaja que representa veintiún (21) meses y diez (10) días, lo que significa, realizadas las respectivas operaciones aritméticas que la pena vendría a quedar de manera definitiva en 42 meses y 20 días de prisión (se destaca).

De lo citado en precedencia se desprende que en este caso el juez partió de la pena mínima que disponía el tipo penal de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, es decir, 4 años de prisión (48 meses), pena que dosificó en una tercera parte (32 meses), dado que el procesado R. S. aceptó su responsabilidad en los hechos y se acogió a sentencia anticipada. No obstante lo anterior, dicha condena fue aumentada a 42 meses, con fundamento en una circunstancia de agravación punitiva.

No obstante lo anterior, el Juez de conocimiento, al condenar al señor R. R. S. a 42 meses y 20 días de prisión, dio por sentado que él era el padre del hijo de la menor, sin que por su parte se realizara alguna actuación tendiente a constatar que efectivamente ello era así.

Lo anterior, fue advertido en el fallo de tutela No. 006 del 24 de abril del 2000, por medio del cual el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Popayán tuteló el derecho al debido proceso del señor R. R. S. y ordenó la nulidad de la sentencia anticipada dictada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán.

Ahora bien, en cuanto a la consecuencia que tuvo el incremento de la condena impuesta al señor R. S. resulta importante señalar lo que expuso el juez en la sentencia penal (se transcribe literal, incluso con errores):

“La pena como sobrepasa el quantum fijado por el art. 68 del C.P. para otorgar el subrogado de la condena de ejecución condicional, revela a este Despacho de estudiar los demás elementos exigidos por dicha normatividad, lo que quiere decir que R. R. S. no tiene derecho al subrogado y a su consecuente beneficio de excarcelación(se destaca).

En efecto, tal y como se evidencia del aparte transcrito, sí tuvo incidencia la aplicación del agravante, toda vez que producto de ello se aumentó la pena del actor –de 32 a 42 meses– y ello impidió que pudiera acceder al beneficio de condena de ejecución condicional. En otras palabras, se evidencia que de no haberse aplicado la circunstancia de agravación punitiva, la pena impuesta al señor R. S. hubiese sido desde el inicio de 32 meses, lo cual le hubiese permitido acceder a un beneficio sustitutivo de la pena de prisión.

Además, el juez de la causa no esperó el resultado de la prueba científica de paternidad, método de análisis genético por medio del cual se podía establecer si el hoy actor era o no el padre biológico, luego, en la sentencia condenatoria no había certeza de la real ocurrencia de la circunstancia de agravación punitiva, omisión que constituye violación al derecho del debido proceso del hoy actor.

En ese orden de ideas, en el presente caso no cabe duda de que la restricción que padeció el señor R. R. S. por su privación física –y no jurídica–se produjo con ocasión de error judicial de la Rama Judicial, dado que el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán no examinó las piezas procesales recaudadas con el fin de verificar y tener plena certeza de que el señor R. S. era el padre del hijo de la menor de 12 años de edad.

5.3. Concurrencia de causas con el afectado directo

Si bien, como ya se expuso, se encuentra acreditada la falla en el servicio por parte de la Rama Judicial, la Sala no puede pasar por alto las acciones desplegadas por el ahora demandante, dado que con ello se podrá determinar la incidencia de las mismas en su vinculación al proceso penal y en la condena privativa de la libertad que le fue impuesta.

Al respecto, se advierte que esta Jurisdicción no puede constituirse en una nueva instancia para debatir o cuestionar decisiones adoptadas por la Justicia Penal, por tanto, la Sala hará un análisis fáctico y jurídico, tendiente a verificar si el daño irrogado al actor es imputable de forma exclusiva a la Rama Judicial o si, por el contrario, con su participación, se puede establecer que existió una concurrencia de causas entre dicha entidad y el señor R. R. S.

En efecto, el comportamiento de la víctima puede concurrir a la producción del daño con el actuar del ente demandado, siendo ambos comportamientos determinantes, adecuados y eficientes en la producción del daño a título de concausalidad. Al respecto, la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación ha señalado lo siguiente:

“(…) Esta Sección ha reiterado que ‘para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima’. (…) en materia contencioso administrativa, para la determinación de la responsabilidad de la parte demandada, reviste especial importancia el análisis de facto y jurídico del comportamiento de la víctima en la producción de los hechos, con miras a establecer -de conformidad con el grado, importancia, eficacia, previsibilidad, irresistibilidad, entre otros aspectos de esa conducta - si hay lugar a la exoneración del ente acusado –hecho exclusivo de la víctima- o a la disminución del quantum de la indemnización en el evento en que se presente la concurrencia(54) (Se destaca).

Se determinará a continuación cuál fue el grado de participación de la víctima en la producción de su propio daño para efectos de apreciar la reducción en la indemnización.

Descendiendo al caso objeto de estudio, se advierte que el hoy demandante, pese a que sabía que la prueba genética no había sido aportada al proceso, se acogió a sentencia anticipada y, con ello, aceptó ser el padre de la menor, lo que de suyo comportó la aplicación del agravante punitivo dentro de la aceptación de cargos.

Lo anterior, en principio, podría considerarse que en realidad habría sido la conducta de la víctima –aceptación de paternidad–, la causa directa del daño, entendido este, se reitera, como la prolongación indebida de la libertad como consecuencia de la aplicación de un agravante punitivo que no permitió que al aquí demandante se le concediera el beneficio de libertad.

Sin embargo, para este caso la aceptación de paternidad y, por ende, el acogimiento a sentencia anticipada por parte del aquí actor no constituyó la causa eficiente del daño, toda vez que si bien es cierto que el señor R. R. S., con ejercicio de una defensa técnica, reconoció los cargos formulados por el ente acusador –“el acceso carnal abusivo con menor de catorce años (…), más la circunstancia de agravación punitiva prevista en el art. 306, numeral 3º” (se destaca)–, lo cierto es que lo hizo de manera parcial.

Ciertamente, dentro de la diligencia de formulación de cargos, su defensora precisó que la aceptación debía entenderse como parcial, pues todavía no obraba en el proceso el resultado de la prueba genética, luego, no había certeza de la paternidad del hoy actor y de la consecuente agravación punitiva.

De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la sentencia anticipada, entendida como una manifestación unilateral de responsabilidad, admite aceptaciones parciales(55):

“(…) tanto el allanamiento como la sentencia anticipada se surten ante funcionario judicial (juez de garantías en Ley 906, fiscal en Ley 600); (ii) en ambas actuaciones debe estar el imputado asistido de defensor, sin importar el momento en que se lleven a cabo, (iii) las dos se pueden ejecutar en una misma fase procesal, esto es, tanto en la investigación como en el juzgamiento; (iv) las dos exigen como presupuesto la vinculación del imputado a la actuación (formulación de la imputación o indagatoria, respectivamente); (v) una y otra se pueden solicitar desde el momento mismo de la vinculación; (vi) en las dos hay de por medio una manifestación unilateral, espontánea, de responsabilidad o de aceptación de cargos; (vii) las dos exigen admisión de cargos sin condicionamiento alguno; (viii) en ambas el funcionario judicial ante quien se aceptan (fiscal o juez de garantías) pierden competencia al suscribirse el acta correspondiente; (ix) las dos figuras comportan que el allanamiento o la aceptación sirven como acusación y de fundamento a la sentencia; (x) frente a las dos el fallo es condenatorio e implica una rebaja de pena; (xi) en ninguna de las dos es admisible la retractación; (xii) en las dos, el juez de conocimiento tiene como únicas opciones dictar sentencia o decretar la nulidad, dependiendo de si se afectaron o no garantías fundamentales; (xiii) ambas admiten las aceptaciones parciales (…)” (se destaca).

Así las cosas, a juicio de la Subsección, el proceder del actor no constituyó, para este caso, la causa determinante y eficiente del daño, razón por la cual no puede predicarse la configuración del hecho exclusivo de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad del Estado.

En efecto, el daño padecido por el señor R. S., se reitera, consiste en haber estado privado de la libertad en centro carcelario por más tiempo del que debía, por la aplicación de un agravante punitivo respecto del cual, en la audiencia de aceptación de los cargos, se hizo la precisión de que únicamente podía aplicarse cuando obrara en el proceso el resultado de la prueba genética.

Para aplicar la circunstancia de agravación punitiva en contra del actor, el juez de la causa debió consultar la información contenida en el dictamen de ADN, pues es la prueba que arroja un mayor grado probabilidad en relación con la paternidad.

Lo anterior cobra relevancia con lo dispuesto en la sentencia No. 006 fechada el 24 de abril del 2000, en virtud de la cual quedaron en evidencia los yerros en que incurrió la autoridad investida de la facultad de juzgamiento. En efecto, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Popayán ordenó la nulidad de la sentencia anticipada y tuteló el derecho al debido proceso del señor R. R. S., con fundamento en la necesidad de una “sentencia justa, que consultara la realidad que permitió conocer el resultado del examen antopoheredobiologico allegado al proceso una vez proferida la sentencia y con base en la prevalencia de los derechos fundamentales que imponen un sentido de equidad y solidaridad que mira a la real situación de las personas”.

Todo lo anterior desestima la exoneración de responsabilidad del ente demandado, por culpa exclusiva de la víctima, pero sí se estima que la aceptación del demandante de la comisión del delito con su respectivo agravante, así hubiere sido parcial, contribuyó con que su libertad hubiese sido restringida más tiempo del que debía.

En este orden de ideas, en criterio de la Sala, no puede predicarse que el daño causado le sea completamente atribuible al aquí actor, sin que con ello se desconozca su participación, la cual puede establecerse en términos porcentuales, en un 70%, dado que si bien fue quien se acogió a sentencia anticipada, en virtud de la cual se le condenó por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años –pero que no debía ser agravado–, no se puede desconocer que existió una irregularidad por parte de la Rama Judicial, al aumentar la pena impuesta en virtud de un hecho que aún no había sido probado en el proceso(56), de ahí que las sumas a reconocer a los demandantes serán reducidas en el mencionado porcentaje.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala revocará la sentencia apelada y declarará responsable a la Rama Judicial por las fallas que condujeron a la restricción física de la libertad del señor R. R. S., tomando en cuenta que también se presentó una concurrencia de causas debido a la conducta desplegada por el ahora demandante.

6. Indemnización de perjuicios

El señor R. R. S. estuvo privado de la libertad en la Penitenciaría Nacional de S. I. desde el 5 de marzo de 1999 hasta el 27 de abril del 2000.

Del acervo probatorio se establece que el procesado estuvo en el referido centro carcelario, como consecuencia de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, entre el 5 de marzo de 1999 y el 20 de mayo de la misma anualidad, fecha en la cual le otorgó el beneficio de detención domiciliaria.

También se acreditó que ingresó nuevamente a un centro carcelario el 30 de agosto de 1999, en virtud de la sentencia anticipada que condenó al actor por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, aumentado en una tercera parte por la circunstancia de agravación punitiva prevista en el numeral 3 del artículo 30 del Decreto Ley 100 de 1980.

Dicho lo anterior, ha de precisarse que la vulneración al actor ocurrió, únicamente, en el lapso comprendido entre el 30 de agosto de 1999 y el 24 de abril del 2000, período en el cual el señor R. R. S., en razón de una condena errada, no gozó del beneficio de condena de ejecución condicional, cuya consecuencia es la libertad.

6.1. Perjuicios morales

Se solicitó en la demanda, por concepto de perjuicios morales, el equivalente a mil (1.000) gramos oro a favor de cada uno de los demandantes.

Se precisa que como la indemnización de dicho perjuicio se tasó en gramos oro, la Sala, de conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, hará la conversión en salarios mínimos en las proporciones o equivalencias respectivas, es decir, si se solicitó: i) 1000 gramos oro se concederá 100 SMLMV; ii) 800 gramos oro se reconocerá 80 SMLMV; iii) 500 gramos oro se concederá 50 SMLMV y iv) 100 gramos oro se reconocerá 10 SMLMV(57).

Como ya lo precisó esta Sección en los fallos de unificación del 28 de agosto de 2014(58) sobre daños inmateriales, el perjuicio moral se define como “el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo”.

Ahora bien, frente a la acreditación de los perjuicios morales, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que únicamente basta con la prueba del parentesco o de la relación marital para inferir la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes más cercanos, según corresponda.

De conformidad con los documentos obrantes en el expediente, la Sala encuentra que el menor A. R. T.(59) acreditó su parentesco en el primer grado de consanguinidad con el señor R. R. S., víctima directa del daño, por lo que se infiere que se le causó una afectación moral.

Respecto de la calidad de compañera permanente del señor R. R. S. alegada por la señora K. T. B., se tiene que en el expediente, para probar tal situación, únicamente se allegó una declaración extrajudicial suscrita por el señor L. H. V. M., con la cual se pretendió demostrar su convivencia desde hace más de cuatro años. Sin embargo, el escrito allegado al proceso resulta insuficiente para acreditar la convivencia efectiva de la demandante con el señor R. S., lo cual imponía la presencia de elementos probatorios adicionales, luego, para la Subsección no se acreditó que fuera la compañera permanente de la víctima directa del daño, ni que podría ser considerada, al menos, como una tercera damnificada.

Respecto de los señores R. R. A. y F. M. S., la Subsección advierte que para acreditar su parentesco allegaron copia de la cédula de ciudadanía, luego, no obra medio probatorio alguno del cual sea posible acreditar su parentesco con el señor R. R. S.. Así las cosas, el documento allegado no resulta idóneo para probar que ellos sean los padres del afectado directo de la privación, dado que, de conformidad con la ley, lo que permite probar dicho parentesco es el registro civil de nacimiento.

En conclusión, los actores R. R. A. y F. M. S. no cuentan con legitimación en la causa por activa y, como consecuencia, no resultan beneficiarios de la indemnización que, por perjuicios morales, se reconocerá al señor R. R. S.

Respecto de la tasación de la indemnización de perjuicios morales, la Sala estima necesario precisar que esta se efectuará de acuerdo con las pautas trazadas por la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera, en relación con la privación injusta de la libertad(60), toda vez que si bien el presente caso es resuelto bajo la aplicación de una falla en el servicio por error judicial, lo cierto es que el perjuicio causado a la parte demandante devino de una condena errada, en virtud de la cual no gozó del beneficio de condena de ejecución condicional, motivo por el cual resulta procedente acoger los parámetros fijados por la referida unificación(61).

En línea con lo anterior, a los actores R. R. S. y A. R. T. se le reconocerá el equivalente a 70 S.M.L.M.V por este concepto, pero como ya se advirtió, la Sala reducirá la condena en un 70%, por tanto, el valor de la indemnización es la correspondiente a 21 S.M.L.M.V., así:

R. R. S. (Víctima directa del daño)21 S.M.L.M.V.
A. R. T. (Hijo)21 S.M.L.M.V.

6.2. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante

Por último, el señor R. S. solicitó el monto de $2’409.470 por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante “porque ganaba más de $172.105 mensuales, según constancia que se adjunta”.

Revisada la demanda en su integridad, encuentra la Sala que el señor R. R. S. se desempeñaba como conductor en la Cooperativa Integral de Transportes “Rápido Tambo”, circunstancia que se acreditó con una certificación en la que, además, figura que devengaba mensualmente la suma de $172.105.

En ese sentido, la Sala tomará como base de liquidación la suma de $172.105, valor que actualizado a la fecha de la presente providencia arroja la suma de $546.958, de acuerdo con los siguientes cálculos:

Ra = $172.105 Índice final – julio 2017 (137.80) = $ 423.198

Índice inicial – agosto 1999 (56.04)

No obstante lo anterior, se tomará como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal vigente ($737.717), por razones de equidad. Adicionalmente, al mismo se le agregará un 25% por concepto de prestaciones sociales, lo cual arroja la suma de $922.146.

En cuanto al período a reconocer por dicho concepto, este será el comprendido entre el 30 de agosto de 1999 y el 24 de abril del 2000, tal y como se expuso con anterioridad.

En estos términos, la Sala procederá a calcular el monto de la indemnización:

Período a indemnizar: 7.8 meses.

Se hace necesario aplicar la fórmula para el cálculo del lucro cesante consolidado.

S = Ra (1+ i)n - 1

I

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante consolidado para el señor R. R. S.: $922.146.

i= Interés puro o técnico: 0,004867.

n= Número de meses que comprende el período de la indemnización: 7.8 meses.

Reemplazando tenemos:

S = $922.146 (1+ 0,004867)32,13 - 1

0,004867

S = $7’312.889

No obstante lo anterior, se tiene que la parte actora en la demanda limitó el monto de la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor R. R. S. a la suma de $2’409.470, valor que actualizado arroja la suma de $5’356.969(62), pero como ya se advirtió, la Sala reducirá la condena en un 70%, por tanto, el valor de la indemnización es la correspondiente a $1’607.090.

7. Condena en costas

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el 24 de febrero de 2011. Como consecuencia, se dispone:

PRIMERO: DECLARAR que la Rama Judicial es responsable por los perjuicios que los demandantes sufrieron como consecuencia de la falla en el servicio atribuible a estas entidades.  

SEGUNDO: CONDENAR a la Nación - Rama Judicial a pagar indemnización, por concepto de perjuicios morales, las siguientes cifras: 

Para el señor R. R. S., lo correspondiente a veintiún (21) S.M.L.M.V. 

Para el señor A. R. T., lo correspondiente a veintiún (21) S.M.L.M.V. 

TERCERO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial a pagar indemnización a favor del señor R. R. S., por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de un MILLÓN SEISCIENTOS SIETE MIL NOVENTA PESOS ($1’607.090). 

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. 

QUINTO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo. 

SEXTO: Para el cumplimiento de esta sentencia, expEDIR copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando. 

SÉPTIMO: Sin condena en costas. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente a su Tribunal de origen».

Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente a su Tribunal de origen».

18 Folios 225 a 242 del cuaderno de pruebas

19 Folio 72 del cuaderno de primera instancia.

20 Folios 9 a 11 del cuaderno de pruebas.

21 Folios 31 y 32 del cuaderno de pruebas.

22 Folio 39 del cuaderno de pruebas.

23 Folio 36 del cuaderno de pruebas.

24 Folio 33 del cuaderno de pruebas.

25 Folios 50 a 54 del cuaderno de pruebas.

26 Folio 55 del cuaderno de pruebas.

27 Folios 82 a 85 del cuaderno de pruebas.

28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente: Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia de 12 de marzo de 2013, Radicado No.11001-03-15-000-2011-00125-00, sentencia de 5 de noviembre de 2014, Radicado No. 110010315000201200900-00/2012-00899 y 2012-00960, Consejera Ponente. Stella Conto Díaz del Castillo.

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de noviembre de 2015, expediente 36.170, Consejero Ponente: Dr. Danilo Rojas Betancourth, reiterada en sentencia del 13 de abril de 2016, expediente 40.111, proferida de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación.

30 Folios 103 a 106 del cuaderno de pruebas.

31 Folio 115 del cuaderno de pruebas.

32 Folio 123 del cuaderno de pruebas.

33 Folio 139 del cuaderno de pruebas.

34 Folio 141 del cuaderno de pruebas.

35 Folios 144 a 146 del cuaderno de pruebas.

36 Folios 151 a 161 del cuaderno de pruebas.

37 Folios 167 y 168 del cuaderno de pruebas.

38 Folios 180 a 192 del cuaderno de pruebas.

39 Folio 179 del cuaderno de pruebas.

40 Folio 218 del cuaderno de pruebas.

41 Folios 225 a 242 del cuaderno de pruebas

42 Folios 244 a 256 del cuaderno de pruebas.

43 Folio 241 del cuaderno de pruebas.

44 En la diligencia de compromiso, obrante a folio 267 del cuaderno de pruebas, se consignó lo siguiente (se transcribe literal, incluso con errores): “(…) compareció el señor R. R. S., con el fin de suscribir la diligencia de compromiso de que trata el artículo 69 del Código Penal, según se ha ordenado en el punto segundo de la sentencia que antecede fechada veintisiete (27) de abril del presente año. En tal virtud, la señora juez por ante su secretario, le impuso el contenido de la norma en cita y le advirtió que debe cumplir con las siguientes obligaciones:
1º Informar todo cambio de residencia y para el efecto señala la (…) de Popayán; 2º Ejercer oficio, ocupación o profesión lícitos; 3º Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas; 4º Pagar el valor de los perjuicios morales derivados del delito y que se han fijado en la suma de 200 gramos oro, señalándose un término de tres (3) meses para su pago, contados a partir de la ejecutoria de este fallo; 5º Someterse a la vigilancia de las autoridades y por tanto, presentarse cada dos (2) meses a partir de la fecha, por el término de dos (2) años y 6º Observar buena conducta (…)”.

45 Inclusive, en concepto de algunos doctrinantes, el daño es la razón de ser de la responsabilidad, circunstancia con la cual se asevera que “sin daño no hay nada”. HENAO, JUAN CARLOS. El Daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés. Ed. Universidad Externado de Colombia.

46

47 Esta afirmación encuentra asidero en que, con posterioridad y en cumplimiento del fallo de tutela, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán redujo la pena del actor a 32 meses de prisión y, como consecuencia, le concedió al actor el beneficio de condena de ejecución condicional.

48 Artículo 67 del Decreto No. 2700 de 1991.

49 Artículo 120 del Decreto No. 2700 de 1991.

50 Folios 103 a 106 del cuaderno de pruebas.

51 Folios 108 a 115 del cuaderno de pruebas.

52 ARTICULO 303. ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE CATORCE AÑOS. “El que acceda carnalmente a persona menor de catorce años, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años”.

53 ARTICULO 306. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA. “La pena para los delitos descritos en los capítulos anteriores, se aumentará de una tercera parte a la mitad en los casos siguientes:
1. Si se cometiere con el concurso de otro u otras personas.
2. Si el responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza.
3. Si la víctima quedare embarazada”.

54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. M.P. Olga Mélida Valle De la Hoz. Sentencia del veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015). Radicación número: 25000-23-26-000-2002-01492-01(29479).

55 Corte Constitucional, Sentencia T-941/06, 16 de noviembre de 2006, M.P: Álvaro Tafur Galvis.

56 Lo cual, como ya se precisó, le impidió al hoy actor acceder a un beneficio de sustitución de la pena de prisión, con lo que hubiese evitado la privación física de la libertad que tuvo que soportar.

57 Criterio acogido a partir de la sentencia del 6 de septiembre de 2001, Magistrado Ponente: Alier E. Hernández Henríquez, expediente 13.232-15.646, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado; reiterado en la sentencia del 11 de junio de 2014, Magistrado Ponente: Hernán Andrade Rincón (E), expediente: 27636, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y en la sentencia del 13 de abril de 2016, expediente 38.689, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

58 Expedientes 26.251, 32.988, 27.709, 31.172, 36.149, 28.804, 31.170 y 28.832.

59 Folio 52 del cuaderno de primera instancia.

60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto del 2014, exp. 36149, M.P. Hernán Andrade Rincón (E).

61 Según se estableció en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera de esta Corporación, se tiene que sin que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, conviene poner de presente que la Sala ha sugerido que en los casos en los cuales la privación de la libertad en centro carcelario sea superior a 18 meses, se reconozca la suma equivalente a 100 SMLMV; cuando esta privación supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMLMV; si superó los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMLMV; por su parte, si la reclusión fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses, hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMLMV; de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMLMV; asimismo, si la medida de aseguramiento supera un mes, pero resulta inferior a 3 meses, se sugiere el reconocimiento de 35 SMLMV; finalmente, si la detención no supera el mes, la indemnización se tasa en el equivalente a 15 SMLMV, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.

62 Ra = $2’409.470 Índice final – julio 2017 (137.80) = $5’356.969
Índice inicial – diciembre 2000 (61.98)