Sentencia 2001-04463 de diciembre 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 190012331000200104463 01 (27.738)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Actor: María Teresa Ruiz Saldarriaga y otros

Demandado: Instituto Nacional de Vías Invías y otro

Proceso: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., seis de diciembre de dos mil trece.

II. Consideraciones de la Sala

1.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia que accedió a las pretensiones, comoquiera que la cuantía de la demanda corresponde a la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(1), para que la segunda instancia en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa sea conocido por el Consejo de Estado.

1.2. Caducidad.

Se observa que la demanda se presentó dentro del término establecido en el artículo 136 del Decreto 01 de 1984, pues los hechos ocurrieron el 24 de julio de 1999 y la presentación data del 2 de febrero de 2001.

2. Problema jurídico.

De acuerdo con los hechos de la demanda y los argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde a la Sala, una vez establecido el daño, determinar si el mismo resulta imputable a la entidad pública convocada a la litis, para lo cual se habrá de resolver lo atinente o las causales de exoneración y las excepciones, formuladas por las demandadas.

3. Hechos probados.

Se tiene, entonces, de conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso, probados los siguientes hechos:

4.1. Los registros civiles allegados al proceso acreditan el interés en este asunto de los demandantes María Teresa Ruiz Saldarriaga, Ángela María y Marisol Arango Ruiz dada su condición de esposa e hijas del señor Luis Eduardo Arango Ospina, quien falleció el 24 de julio de 1999, a causa de un accidente en la vía que de Villa Rica (Cauca) conduce a la vía Panamericana o a la vía Cali (fls. 8 a 10 c. 1).

4.2. El 5 de diciembre de 1997, falleció el señor Luis Eduardo Arango Ospina a causa de un accidente de tránsito; de ello dan cuenta el certificado de defunción Nº 03633624 expedido el 26 de julio de 1999 por la Registraduría Municipal del Estado Civil de Santander de Quilichao (fl. 11 c. 1) y el informe de accidente de tránsito Nº 93-0123119 de 24 de julio de 1992(2), expedido por el agente Villegas González Justino, documento que permite establecer las condiciones de la vía y ubicación del vehículo luego de la colisión, en cuanto se pone de presente que el accidente ocurrió en zona rural, en la intersección (Y) que del municipio de Villa Rica por el carril derecho conduce a Cali y por el izquierdo a Popayán, con saldo de dos personas muertas; que el choque fue contra un objeto fijo, consistente en un muro, en tramo de vía recta, en plano, de doble sentido, dos calzadas, cuatro carriles asfaltados, en buen estado, seca, sin iluminación, señal de pare, demarcación línea central y de borde y el vehículo involucrado era un automotor marca Mazda de placas JUF-425, de servicio particular.

El croquis utiliza las siguientes convenciones:

“PR Poste de energía

2. Vehículo placas JUF-425

3. Dirección del vehículo

4. Puentes

Medidas (…)”.

Figura, también, gráfica en cuadrícula indicativo de las vías y la ubicación de los vehículos, así: A la derecha, en la intersección vista en sentido Villa Rica - muro se observa el vehículo de servicio particular que superando el espacio reseñado como triángulo termina en el muro con que según se indicó chocó el vehículo en el que se transportaba el señor Arango Ospina. En el sentido al lado derecho se señala vía Villa Rica - Cali y en el sentido contrario Villa Rica - Popayán.

De acuerdo con el croquis el vehículo en el que viajaba el señor Luis eduardo Arango Ospina transitaba de Villa Rica a Cali.

4.3. En el marco de la presente investigación, el a quo solicitó a la Fiscalía una inspección judicial al lugar de los hechos materia de investigación, realizada el 24 de abril de 2002, según informe técnico Nº 163 de la misma fecha(3), en el que se indicó:

“Una vez enterado del objeto de la misión me dirigí hasta el sitio conocido como la Y de Villa Rica crucero sobre la Panamericana vía que de Santander conduce a Cali, con el fin de dar cumplimiento a lo encomendado.

Ya en este lugar se procedió a localizar el sitio exacto o sea el kilómetro 93 más 900 metros verificando que antes del peaje de Villa Rica se encuentra pontico (sic) que marca el kilómetro 90, se partió de este para ubicar el lugar donde debía encontrarse la alcantarilla. Se buscó en toda esta zona, la cual al momento de la inspección ocular se encuentra en construcción o ampliación. Del peaje hasta la (Y) no se encontró ninguna alcantarilla.

El trayecto de la vía que de la (Y) de Villa Rica conduce a la zona urbana de Villa Rica se trata de una vía pavimentada, tramo recto, con señales reglamentarias como son demarcación de línea blanca a los lados y línea amarilla en el centro, con buena visibilidad en horas diurnas sin alumbrado eléctrico.

En el sector de crucero de la (Y) de Villa Rica se encontraron 2 alcantarillas, en buen estado. Para mayor información se tomó fotografía de cada alcantarilla, las cuales se relacionan a continuación.

ALBÚM FOTOGRAFIACA (sic) No. 123

FOTOGRAFÍA No. 123-01

DE CONJUNTO: La flecha señala la alcantarilla para recolección de aguas lluvias, localizada en la zona verde a lado izquierdo en sentido sur-norte o Santander - Villa Rica, en el crucero la (Y), alcantarilla de 1.70 de longitud, en buen estado.

FOTOGRAFÍA No. 123-02

DE CONJUNTO: La flecha señala la alcantarilla de 1.20 metros, en buen estado, localizada en el crucero que hay sobre la vía que de la (y) conduce a Villa Rica y la vía que de esta conduce a Caloto.

Es de anotar que todo este tramo de vía acaba de ser reparado y ampliado y en el momento se encuentra en la construcción de puente sobre la (Y)”.

Dicha inspección fue objetado por la parte actora, quien alegó que la misma no se realizó en el lugar en donde ocurrieron los hechos, motivo por el cual el a quo decretó una nueva inspección, lo que una vez atendido dio lugar al informe técnico Nº 104 de 30 de mayo de 2002, según misión de trabajo Nº 164, en los siguientes términos (fls. 169 a 174 c. 2):

“IMAGEN DlGITAL Nº 071-07: Se indica el sitio donde se llevó a cabo la diligencia, donde aparece un separador como indicador de una intersección con la vía Panamericana ruta que comunica las ciudades de Cali y Popayán. En sentido norte sur existe señalización área (sic) indicando a los usuarios el cruce hacia el municipio de Villa Rica.

IMAGEN DlGITAL Nº 071-08: Se ilustra la carretera que comunica la municipio de Villa Rica con la vía Panamericana, su pavimento muestra una demarcación muy superficial la cual divide la calzada con una raya blanca en dos carriles, aluciendo (sic) que en el lado izquierdo en el sentido Villa Rica -·Vía Panamericana donde se encuentra el separador se han realizado trabajos de ampliación de la vía.

IMAGEN DlGITAL Nº 071-09: Se muestra el pavimento en el tramo antes de llegar a la vía Panamericana a un lado del separador, en donde aparece un señalización de color blanco ilegible, la cual no puede ser observada por los conductores (señal PARE).

IMAGEN DlGITAL Nº 071-04: Se observa más detalladamente la construcción en concreto de la alcantarilla la cual se encuentra ubicada lado derecho de la vía Panamericana en sentido Cali -·Popayán.

IMAGEN DlGITAL Nº 071-05: Como complemento a la imagen anterior se expone el estancamiento del agua como consecuencia del taponamiento al otro lado de la alcantarilla.

IMAGEN DlGITAL Nº 071-06: Se ilustra la vía hacia la intersección con la carretera Panamericana desde el municipio de Villa Rica, además se puede visualizar el estado actual de la calzada, que carece de señalización preventiva, informativa y restrictiva aérea o terrestre; también carece de iluminación debido a que únicamente se encuentran colocados los postes sin tener las farolas para el servicio.

IMAGEN DlGITAL Nº 071-01: La panorámica muestra la vía Panamericana que de la ciudad se Cali comunica con la vía alterna y como primera entrada a la población de Villa Rica, sitio de la inspección.

IMAGEN DlGITAL Nº 071-02: Se ilustra como complemento a la anterior el estado actual de las vías en dirección hacia Popayán y Villa Rica según lo indican las flechas.

IMAGEN DlGITAL Nº 071-03: Se muestra la vía Panamericana en dirección hacia Popayán, con la flecha se indica el punto donde tiene existencia una construcción de una alcantarilla.

IMAGEN DlGITAL Nº 071-10: Se indica con una flecha, que sobre el pavimento a un lado del separador localizado en la intersección de la salida de Villa Rica y la vía Panamericana existe un remiendo en la capa asfáltica el cual abarca la mitad de la calzada y tiene forma de media luna lo que indica que ha existido una modificación.

Al informe se adjuntó un plano numerado 028 de 27 de junio de 2002, en el que se plasmó como separador lo que para la época de ocurrencia de los hechos -año 1999- era una alcantarilla.

4.4. El acta de entrega Nº 1 de 25 de mayo de 1999 (fls. 22 a 32 c. 2), acreditan la titularidad y consecuente conservación y mantenimiento de la vía, específicamente, del tramo en el que ocurrieron los hechos. El 29 de enero de 1999 el Invías suscribió con la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca, el contrato de concesión Nº 005 para la realización de estudios, diseños definitivos, obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento, la operación y mantenimiento, la prestación de servicios y el uso de los bienes de propiedad del Invías dados en concesión para la cabal ejecución del proyecto vial, por un término de 20 años.

4.5. Para efectos de supervisar y controlar el correcto cumplimiento del contrato, se pactó en la cláusula 61 del mismo que la vigilancia de la ejecución y el cumplimiento la ejercería el Invías a través de interventor que para el efecto contrataría (fl. 149 c. 2).

4.6. Sobre la existencia de un alcantarillado en el crucero de la vía Panamericana y el municipio de Villa Rica, obra dentro del expediente copia de la necropsia de la señora Laura Myriam Sarmiento Bastidas realizada el 8 de agosto de 1999, en la que se consignó en el aparte denominado descripción de la escena: “Sobre la vía Panamericana a la altura del cruce de la entrada a Villa Rica, a la margen derecha donde existe una alcantarilla (...)”.

4.7. Compareció a la presente investigación, en calidad de testigo, la señora Amando Castro Salazar, quien coincide con el informe de tránsito sobre la presencia de la alcantarilla en la vía.

Sostuvo al respecto:

“CONTESTÓ: Sí tuve conocimiento acerca de la causa de la muerte de este señor, eso fue el 24 de julio de 1999, desconozco la hora, eso fue un accidente por la vía Villa Rica, que cayeron a una alcantarilla, que está sobre la vía Panamericana, no me consta detalles del hecho, me di cuenta porque me lo comunicó la señora de él, ella me pidió que lo llevara al lugar del hecho yo personalmente la llevé, y allí constaté que había una alcantarilla o especie de puente sin protección y sin señales de peligro o señalización, el lugar era solitario y esa alcantarilla o puente era peligroso para cualquier vehículo que transitara por ahí, yo misma la vi por eso lo digo, no había ninguna señalización o señal de previsión o que señalara que ese lugar era peligroso transitar por ahí (...). PREGUNTADO: sabe la causa para haberse producido el accidente? CONTESTÓ: no señor Juez, se dice que porque se fueron a la alcantarilla. PREGUNTADO: sabe usted que originó que el vehículo se fuera a la alcantarilla, si era que iba muy rápido? CONTESTÓ: no señor Juez. PREGUNTADO: sabe si la causa del accidente fue porque hubo falla humana o en el vehículo o la falta de señalización? CONTESTÓ: Por lo que pude constatar supongo porque no había señalización (...)”.

4.8. De igual forma comparecieron las señoras Gloria Eugenia Quintero Hoyos y Libia Esperanza García Vásquez, conocidas de las demandantes, quienes coincidieron en manifestar que el señor Luis Eduardo Arango Ospina falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Villa Rica al colisionar con una alcantarilla sin señalización (fls. 206 a 209 c. 2).

5. Juicio de responsabilidad.

La Constitución Política de 1991 dispone en su artículo 90 que, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Se trata de una cláusula general tendiente a que el Estado responda por “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(4), que le resulta imputable.

La jurisprudencia de la Sala ha sido reiterativa en manifestar que la responsabilidad patrimonial del Estado, en los casos de construcción, mantenimiento, conservación o recuperación de vías, se determina a partir de la omisión en la adopción de medidas tendientes a evitar los daños que las obras puedan ocasionar, esto es, el daño resulta imputable a la administración si la entidad pública estaba en capacidad de prevenir su ocurrencia, haciendo uso de sus conocimientos sobre los peligros creados y mediante la planeación y ejecución de medidas eficaces para evitarlos(5).

Teniendo claro lo anterior y, revisado el material probatorio que obra en el expediente, la Sala encuentra acreditado el daño antijurídico causado a los demandantes, esto es, la muerte del señor Luis Eduardo Arango Ospina, en razón del accidente de tránsito acaecido el día 24 de julio de 1999.

Se conoce que la víctima se desplazaba como pasajero el día antes señalado en el vehículo de placas JUF-425, por la vía que conduce de la cabecera municipal de Villa Rica hacia la carretera Panamericana, exactamente en la avenida Panamericana crucero Villa Rica y que el señor Luis Eduardo Arango Ospina murió instantáneamente, luego de que el vehículo en el que se desplazaba colisionara en el crucero de Villa Rica.

Verificada la existencia del daño, la Sala deberá realizar el análisis de la imputación para determinar si aquél resulta endilgable, por acción u omisión, a la entidad demandada o si, por el contrario, se configura alguna causal de exoneración de responsabilidad.

4.2. De la obligación legal de señalización.

El Decreto 1344 de 1970, vigente para la época de los hechos de que trata el presente asunto, respecto de la conservación o mantenimiento de las carreteras e instalación de señales, precisa la obligación de seguir en todo las pautas del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

Por su parte el artículo 112 del citado decreto, se refiere a las señales preventivas, esto es a las que deberán colocarse con el “objeto de advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de éste”. De la misma manera el artículo 114 ibídem establece la obligación de observar las diversas señales, dentro de las cuales “Las marcas sobre el pavimento constituyen también señales de tránsito y sus indicaciones deben seguirse”.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte(6) encargado de formular y desarrollar políticas en materia de transporte e infraestructura vial, etc., consciente de los altos índices de accidentalidad existentes en el país expidió el Manual sobre Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras, adoptado como reglamento oficial mediante la Resolución 5246 de 1992. Se señaló en el documento que “Es función de las señales de tránsito indicar al usuario de las vías las precauciones que debe tener en cuenta, las limitaciones que gobiernan el tramo de circulación y las informaciones estrictamente necesarias, dadas las condiciones específicas de la vía”.

En lo que hace referencia a la demarcación de aproximación a obstáculos, el capítulo II del citado manual se detiene particularmente en las marcas de objetos dentro de la vía y adyacentes a ésta. Se trata entonces de demarcar todo aquello que se encuentre y que necesariamente puede generar un riesgo para su usuario motivo por el cual deberá demarcarse al momento de instalación del objeto.

Textualmente se indica:

“MARCAS DE OBJETOS:

Se demarcarán todos los objetos, tales como: estribos o pilas de puentes, islas de canalización de tránsito, bases de semáforos y señales elevadas, andenes en zonas de cargue y descargue, barreras en pasos a nivel, postes, barandas de puentes angostos, muros de contención y aletas o cabezales de alcantarillas que sobresalgan de la superficie del pavimento o de los taludes, árboles, rocas, etc. Que pueden constituir riesgo para el usuario de la vía (fig. 12).

Objetos dentro de la vía

Esta demarcación se podrá hacer directamente sobre el objeto o por medio de rectángulos verticales con las dimensiones apropiadas de acuerdo con el tamaño del objeto.

Se hará por medio de bandas negras y amarillas reflectivas alternadas, inclinadas 45° con la vertical y de ancho de 0.10 m”.

4.3. Caso particular.

Se conoce, porque el material probatorio allegado a la actuación así lo revela, que el 24 de julio de 1999, el Invías ejecutaba diseños definitivos y obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento unos tramos de la malla vial del Cauca y Valle del Cauca dentro del que se encontraba la vía Villa Rica. Vía esta por lo demás a su cargo. De ello dan cuenta el contrato de concesión suscrito con la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca y las actas de entrega de los tramos.

Sobre la presencia del objeto en la vía, se tiene el informe de accidente de tránsito que analizado en concordancia con la necropsia de la persona que colisionó días después contra la misma alcantarilla, las fotografías que se adjuntaron a la demanda, la inspección judicial de 30 de mayo de 2002 y el testimonio de la señora Amanda Castro Salazar que corrobora el contenido de las fotografías, lo encuentra la Sala demostrado, además, porque las pruebas son coincidentes en ratificar que el señor Luis Eduardo Arango Ospina sufrió un accidente de tránsito como consecuencia de la colisión del vehículo en la que se transportaba debido a la presencia de un obstáculo -alcantarillado- en la vía cuya obligación de conservación y mantenimiento recaía en el Invías.

En efecto, en el informe de accidente de tránsito se indicó:

“que el accidente ocurrió en la vía Villa Rica - Cali sitio Y occidente. Clase: choque, choque con: objeto fijo, objeto fijo: muro; zona: rural; diseño: intersección, iluminación: sin; señales: pare; demarcación: línea central, línea de borde (…).

Al respecto la señora Amanda Castro Salazar sostuvo:

“CONTESTÓ: Sí tuve conocimiento acerca de la causa de la muerte de este señor, eso fue el 24 de julio de 1999, desconozco la hora, eso fue un accidente por la vía Villa Rica, que cayeron a una alcantarilla, que está sobre la vía Panamericana, no me consta detalles del hecho, me di cuenta porque me lo comunicó la señora de él, ella me pidió que la llevara al lugar del hecho yo personalmente la llevé, y allí constaté que había una alcantarilla o especie de puente sin protección y sin señales de peligro o señalización, el lugar era solitario y esa alcantarilla o puente era peligrosa para cualquier vehículo que transitara por ahí, yo misma la vi por eso lo digo, no había ninguna señalización o señal de previsión o que señalara que ese lugar era peligroso transitar por ahí (...). PREGUNTADO: sabe la causa para haberse producido el accidente? CONTESTÓ: no señor Juez, se dice que porque se fueron a la alcantarilla. PREGUNTADO: sabe usted que originó que el vehículo se fuera a la alcantarilla, si era que iba muy rápido? CONTESTÓ: no señor Juez. PREGUNTADO: sabe si la causa del accidente fue porque hubo falla humana o en el vehículo o la falta de señalización? CONTESTÓ: Por lo que pude constatar supongo porque no había señalización (...)”.

Ese testimonio da cuenta de la presencia de la alcantarilla en la vía, tal como lo confirman las pruebas documentales –fotografías(7)- aportadas por los demandantes y la misión de trabajo a cargo de la Fiscalía General. Aunado a lo anterior, se encuentra demostrado que la vía carecía de iluminación lo que impedía a las víctimas alertar la presencia del obstáculo no señalizado.

Con las pruebas hasta aquí analizadas la Sala puede concluir:

i) Que para el 24 de julio de 1999 el Invías tenía la titularidad de la vía en la que se encontraba el obstáculo.

ii) Que el día antes señalado a las 02:00 a.m., en el sector crucero de Villa Rica, una alcantarilla construida en la intersección de la vía obstaculizaba el tráfico.

iii) Que el vehículo de placas JUF-425 en el que se desplazaba el señor Luis Eduardo Arango Ospina chocó contra dicho obstáculo.

iv) Que dos de los ocupantes del vehículo, entre ellos, el señor Luis Eduardo Arango Ospina fallecieron a causa del impacto de forma instantánea en el accidente.

Se conoce, además que no existía señalización. Esto porque el informe de accidente y la testigo así lo afirmaron y el Invías no demostró lo contrario; de donde no queda sino concluir que la carga de prevenir el alto riesgo de accidentes que comporta la presencia de objetos peligrosos en las vías públicas no se cumplió. Ello por cuanto el manual ordena que su presencia debe demarcarse con señales en el objeto mismo o aparte, cuya observancia no se probó dentro del presente proceso, pues del informe de accidente se lee que las únicas demarcaciones que existían eran las líneas de borde y la central y como señales se resaltó la de “Pare”.

Aunado a lo anterior, del informe de accidente quedó demostrado que se trataba de una vía que carecía de alumbrado público aspecto que sin duda incidió de manera directa en la causación del daño, si se tiene en cuenta que la alcantarilla es un objeto que no se espera encontrar en una intersección y el hecho de no estar señalizada ni iluminada expone a un riesgo a los usuarios de la vía que no tiene porque soportar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de la Resolución 043 de 1995 de la CREG, el alumbrado público es “El servicio público consistente en la iluminación de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del municipio, con el objeto de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como peatonales. También se incluirán los sistemas de semaforización y relojes electrónicos instalados por el municipio. Por vías públicas se entienden los senderos peatonales y públicos, calles y avenidas de tránsito vehicular”.

El artículo segundo ibídem establece que “Es competencia del municipio prestar el servicio de alumbrado público dentro del perímetro urbano y el área rural comprendidos en su jurisdicción”.

Queda claro entonces, con el material probatorio analizado, que la entidad demandada no cumplió su obligación legal de señalización ni de iluminación; pues la normatividad vigente es clara en exigir la demarcación de objetos en la vía, adicionales a aquellas relacionadas con la presencia.

Respecto del alumbrado público la Sala advierte que no resulta de recibo el argumento del Invías según el cual esto se encontraba o cargo del municipio, por cuanto se trataba de una vía del orden nacional cuya titularidad de conservación y mantenimiento la tiene en su totalidad dicha entidad, lo que presupone que le corresponderá disponer de todo lo necesario para garantizar el transporte seguro por la respectiva vía y ello sin duda incluye la iluminación.

Con lo visto resulta forzoso concluir la responsabilidad de la demandada por omisión, pues el Invías en calidad de encargado del mantenimiento de la vía y la iluminación de la misma tenía o su cargo la obligación de cumplir con ello, aún cuando hubiese entregado la vía para la elaboración de obras, etc.

Por último y en lo que hace referencia al traslado de la titularidad de conservación y mantenimiento a efectos de eximirse de responsabilidad, resulta conveniente advertir, como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Sección, que los hechos alegados en el presente caso sí le son imputables al Invías, pues la contratación para la ejecución de las obras no le exime de la obligación que le ha impuesto la ley de garantizar, en casos como el que ocupa la atención de la Sala, seguridad de los ciudadanos, verificando de manera oportuna y diligente que sus funcionarios o contratistas den cumplimiento a lo acordado, pues la vía no deja de pertenecerle por el hecho de tercerizar la ejecución de trabajos para el cumplimiento de su función. En efecto, en sentencia de 29 de febrero de 2012(8) se manifestó:

“Al respecto, ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Sala en relación con la posibilidad de imputar a las entidades estatales el daño causado por el hecho de sus contratistas, y es especialmente relevante la sentencia proferida el 9 de octubre de 1985 -por la cual se decidió el proceso radicado con el Nº 4556-, en la que se expresó:

“... las construcciones doctrinarias y jurisprudenciales que se elaboraron en torno a la figura de los trabajos públicos conservan aún su vigencia, sobre todo en lo que tocan con la entidad pública dueña de la obra y con su ejecución directa o a través de contratistas suyos.

Fueron unánimes tanto la doctrina extranjera como la nacional, así como la jurisprudencia, en sostener que el trabajo no dejaba de ser público por el hecho de que lo ejecutara un contratista particular a nombre de la entidad pública. En sentencia de 20 de marzo de 1956, esta corporación destacó entre los elementos tipificantes de esos trabajos públicos que estos fueron efectuados por cuenta del Estado, “ya directa o indirectamente” y que el trabajo tuviera una finalidad de interés público o social.

(…)

Cuando la administración contrata la ejecución de una obra pública es como si la ejecutara directamente. Es ella la dueña de obra;·su pago afecta siempre el patrimonio estatal y su realización obedece siempre a razones de servicio y de interés general. El hecho de que no la ejecute con personal vinculado a su servicio obedece, las más de las veces, a insuficiencia o incapacidad técnica de su propio personal o a falta de equipo adecuado. Por tal razón la administración, sin que por eso pierda la actividad el carácter de público, debe acudir a la colaboración de los particulares para el cumplimiento de ciertos cometidos de servicio. La colaboración en el caso de obra pública no vuelve privada esa actividad, como no le quita el carácter de público al trabajo así ejecutado. Esa colaboración por participación cuando es voluntaria, caso del contratante (sic) de la administración cuya actividad tienda a la prestación o ejecución de un servicio público, hace a este particular partícipe ocasional de la función pública, no en calidad de agente o funcionario sino como un órgano más de la gestión estatal. 

En otros términos: el contratista de una obra pública no se vuelve agente de la administración ni funcionario suyo; es ella misma la que actúa. Hay aquí una ficción de orden legal. Ni siquiera puede hablarse que (sic) la entidad contratante responda en forma indirecta por el hecho del contratista. No, la responsabilidad es simplemente directa, así como lo es la responsabilidad estatal por el hecho de un funcionario o empleado público. No puede olvidarse que no obstante que todo comportamiento o conducta estatal es obra de un servidor público, en principio, el Estado es el responsable de las consecuencias dañosas de ese comportamiento. Responsabilidad que en todos los casos es directa, no indirecta...

Es frecuente observar que en los contratos de obra pública se pacte que el contratista será el responsable de los daños a terceros; pero esto no quiere decir que la administración no responde frente o estos...

(…)

La cláusula así convenida obliga a las partes. Pero ella es (sic) “res inter alias acta” frente a los terceros. Por este motivo, la demandante al accionar contra la empresa lo hizo correctamente. Como también habría podido demandar sólo o Conciviles o a esta sociedad solidariamente con la empresa. La validez de la cláusula entre las partes es lo que le permitirá a la entidad pública, en el evento de que la condena se estime procedente, reclamar o Conciviles por el valor de lo reconocido”. (Se subraya).

Con lo anterior resulta claro que el argumento del Invías, a efectos de que se le exima de responsabilidad, no resulta de recibo para la Sala, por cuanto el hecho de contratar la ejecución de sus obligaciones no lo desvincula de su función y menos de las consecuencias derivadas del buen o mal cumplimiento de la misma.

Teniendo en cuenta lo anterior y, dado que no se demostró causal de exoneración que exima de responsabilidad a la entidad demandada, la Sala confirmará la sentencia impugnada.

5. Liquidación de perjuicios.

5.1. Perjuicios morales.

En la demanda se solicitó el pago de dos mil (2.000) gramos oro a favor de cada una de las demandantes, a título de perjuicio moral.

El a quo reconoció 100 SMMLV para cada una de ellas.

De acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 -Expediente 13.232-, la demostración del padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado debe ser indemnizado con una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la jurisprudencia para reconocer los perjuicios morales, está debidamente acreditado que el señor Luis Eduardo Arango Ospina era esposo de María Teresa Ruiz Saldarriaga y padre de Ángela María y Marisol Arango Ruiz (fls. 8 a 10 c. 1).

En este sentido, de conformidad con las reglas de la experiencia, se infiere que las antes nombradas por su cercanía con la víctima sufrieron congoja y aflicción por su muerte.

Conforme lo anterior, la Sala mantendrá la condena impuesta, conforme lo expuesto en precedencia.

Perjuicios materiales

5.2.2. Por lucro cesante.

Por concepto de daño material en la modalidad de lucro cesante, en la demanda se solicitó el reconocimiento a favor de la esposa del occiso y de las hijas, de los salarios dejados de percibir.

Obra dentro del expediente certificación expedida por el SENA Regional Valle del Cauca que da cuenta de que la víctima trabajaba en dicha entidad y devengaba un sueldo básico mensual que ascendía a la suma de $1.378.992,oo.

El tribunal actualizó dicha suma y al resultado le restó el 25% de lo que destinaba este para su manutención, sin sumar aquél 25% correspondiente al factor prestacional que no se incluyó en el monto certificado por el SENA.

$1378992 + $344.748 = $1723740 - 430.935% = $1.292.805

Ra = Rh x índice final

Índice inicial

Ra = $1.292.805 x 75.31

55.77

Ra = $1.745.761.9

No obstante lo anterior, en razón a que la renta actualizada arroja un valor superior a aquel utilizado por el a quo en la liquidación, esta en los demás se ajusta a derecho y el Invías es apelante único lo que impide hacer más gravosa su situación, la Sala se limitará a actualizar la condena.

Ra = Rh x Índice final

Índice inicial

 

Ra = $82.030.244 x 113.93

75.31

 

Ra = $124.096.477

 

Ra = Rh x índice final

Índice inicial

 

Ra = $201.084.139 X 113.93

75.31

 

Ra = $304.202.841

6. Costas.

En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

III. Resuelve:

MODIFICAR parcialmente la sentencia 18 de noviembre de 2003, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo·del Cauca en el sentido de actualizar las condenas por concepto de perjuicios materiales allí impuestos. Lo demás quedará como lo resolvió el a quo. Por tanto, la parte resolutiva de la sentencia quedará así:

1. DECLARAR que el Instituto Nacional de Vías Invías, es patrimonialmente responsable por los daños causados en el accidente de tránsito del 24 de julio de 1999, en el cual resultó muerto el señor Luis Eduardo Arango Ospina.

2. CONDENAR al Instituto nacional de Vías Invías, a pagar por concepto de perjuicios morales el equivalente en pesos a 100 S.M.M.L.V., a la fecha de ejecutoria de la presente providencia, para cada una de las señoras María Teresa Ruiz Saldarriaga, Ángela María Arango Ruiz y Marisol Arango Ruiz, en sus condiciones de esposa e hijos de la víctima señor Luis Eduardo Arango Ospina.

3. CONDENAR al Invías a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante consolidado, para María Teresa Ruiz Saldarriaga la suma de ciento veinticuatro millones noventa y seis mil cuatrocientos setenta y siete pesos ($124.096.477).

4. CONDENAR al Invías a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante futuro, para María Teresa Ruiz Saldarriaga la suma de trescientos cuatro millones doscientos dos mil ochocientos cuarenta y un pesos ($304.202.841).

5. NO CONDENAR por concepto de costas procesales.

6. De conformidad con lo dispuesto en los arts. 115 del C.P.C. y 37 del Decreto 359 de 1995, para el cumplimiento de esta sentencia EXPÍDANSE COPIAS con destino a la parte actora, que serán entregados al apoderado judicial que ha venido actuando.

7. Para la ejecución y cumplimiento de las condenas impuestas en la presente sentencia, se deberá observar lo dispuesto en los arts. 176 y 177 del C.C.A.

8. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) El 1º de febrero de 2001, fecha en que se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $26.390.000 -artículos 129 y 132 del C.C.A. subrogados por el Decreto 597 de 1988- y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada en la suma de $102.000.000 o favor de la señora María Teresa Ruiz Saldarriaga, por concepto de daño emergente.

(2) Folios 16 a 17 c. 1.

(3) Folios 163 a 165 c. 2.

(4) Sentencia de 2 de marzo de 2000, expediente 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(5) Sentencia de 28 de julio de 2011, proferida dentro del Expediente 20.112, Actor: Julia Esther Basto León y otros Vs. Nación - Ministerio de Transporte e lnvías, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(6) Hoy Ministerio de transporte.

(7) Dichas fotografías son valoradas en el proceso en virtud de que lo observado en las mismas se encuentra soportado en la prueba testimonial recepcionada en esta investigación pues lo observado en ellas resulta coincidente con lo declarado, especialmente, en lo que refiere a la presencia del obstáculo en la vía.

(8) Sentencia de 29 de febrero de 2012 proferida dentro del Expediente 21158, actor: María Dorila Ruiz y otros Vs. Municipio de Santiago de Cali y Empresas Públicas de Cali ­ EMCALI, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.