Sentencia 2001-0505 de junio 14 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: expediente 11001-23-24-00 2001-0505

Consejero Ponente:

Dr. Camilo Arciniegas Andrade

Nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: Casa Club Ltda.

Bogotá, D.C., catorce de junio de dos mil siete.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por Casa Club Ltda. contra la sentencia de 27 de febrero de 2003, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Primera, Subsección B) declaró la caducidad de la acción contra el Distrito Capital de Bogotá.

EXTRACTOS: «I. Antecedentes

1. La demanda.

Casa Club Ltda., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instituida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó el 20 de junio de 2001 la siguiente demanda, subsanada en escrito de 8 de agosto inmediato:

1.1. Pretensiones.

• Que es nula la Resolución 451 de 1999 (dic. 22) por la cual el departamento administrativo de planeación distrital (DAPD) legalizó el barrio San Martín de Porres.

• Que, en consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, se desafecte el inmueble de propiedad de Casa Club Ltda. y se le repare el daño causado con la construcción de vías e implementación de servicios públicos derivados de la legalización.

• Que se condene al Distrito Capital de Bogotá a pagar los perjuicios tasados por peritos.

IV. Consideraciones

El tenor literal de la resolución demandada es el siguiente (12) :

“RESOLUCIÓN 451

(Dic. 22/99)

Por la cual se legalizan unos desarrollos, asentamientos o barrios, localizados en el Distrito Capital, en la localidad 2 de Chapinero.

La directora del departamento administrativo de planeación distrital

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confieren los artículos 238, 386 y 400 del Acuerdo 6 de 1990 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo 1 de 1986 y Decreto 580 del 27 de agosto de 1999 del Alcalde Mayor, se ordenó la legalización de los desarrollos:

Nueva Granada, Pardo Rubio, San Martín de Forres y Villa Anita, entre otros.

Que adelantados los estudios y trámites previstos en el Acuerdo 6 de 1990 y en el Decreto 688 de 1996, se presentó proyecto de legalización a consideración de la comisión de mejoramiento urbano, la cual, en su sesión Nº 1 del 13 de agosto de 1999, encontró que era viable el reconocimiento oficial de algunos desarrollos y recomendó el reconocimiento parcial para otros, por encontrarse algunas áreas de los desarrollos en rondas de ríos y zonas de manejo y preservación de los mismos, zonas de reserva para vías del plan vial arterial y áreas de reserva necesarias para obras de infraestructura y en zonas de alta amenaza y riesgo, según estudios adelantados por la dirección de prevención y atención de emergencias de Santa Fe de Bogotá.

Que las Empresas de Servicios Públicos (CODENSA S.A. ESP, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP, Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá, Gas Natural, EPM Bogotá S.A. ESP y Telecom-Capitel) conceptuaron sobre la viabilidad de la prestación de los servicios, en los términos indicados en el cuadro “Diagnósticos de aspectos de Infraestructura” anexo.

Que la dirección de prevención y atención de emergencias de Santa Fe de Bogotá, mediante conceptos técnicos 3364, 3366, 3368 y 3369, definió la caracterización del riesgo y concluyó, que desde el punto de vista de riesgo por remoción en masa, son factibles de legalizar todos los barrios que se señalan en la presente resolución, ya que las zonas de alta amenaza son puntuales y se detallan en los planos de loteo del departamento administrativo de planeación distrital.

Que el Alcalde Local de Chapinero, las comunidades de los desarrollos de los cerros orientales de la localidad de Chapinero, representadas por los presidentes de las juntas de acción comunal, entre los que se señalan los desarrollos incluidos en la presente resolución, las autoridades de policía y la Junta Administradora Local de Chapinero, han adelantado conversaciones para realizar un “Pacto de Bordes”, con el objetivo de establecer un compromiso que conduzca a evitar la construcción clandestina de vivienda u otras obras en los cerros que circundan los barrios que los suscriben y a su vez generar un acuerdo duradero que garantice la condición ambiental de los cerros (como área no construible), y la permanencia de los desarrollos y el bienestar de los habitantes de los barrios de estrato 1 y 2, que los habitan desde hace décadas.

RESUELVE:

ART. 1º—Del reconocimiento oficial y aprobación de planos.

Legalizar oficialmente, incorporar al perímetro urbano (en los casos en que sea necesario) y aprobar los planos urbanísticos correspondientes a los desarrollos relacionados a continuación, los cuales serán incorporados en la cartografía oficial a escala 1:2000, dentro de los tres (3) primeros meses siguientes a la fecha en la cual quede en firme la presente resolución.

NúmeroDesarrollohasNº de lotesPlano Nº
1Nueva Granada1.558CH. 19/4-02
2Pardo Rubio8.02155CH. 19/4-01
3San Martín de Porres4.23118CH. 19/4-00
4Villa Anita0.8263CH.42/4-00

ART. 2º—Áreas del primer nivel de zonificación y zonas de amenaza de riesgo.

[...].

ART. 7º—De las licencias de urbanización y/o construcción.

De acuerdo con lo previsto en el inciso 2º del artículo 66 del Decreto Nacional 1052 del 16 de junio de 1998, la presente resolución hará las veces de licencia de construcción para todos y cada uno de los lotes de los desarrollos objeto de legalización, siempre y cuando dichos inmuebles no excedan el rango de los noventa (90) salarios mínimos legales mensuales. Igualmente se entienden legalizadas las construcciones existentes que se ajusten a las normas de construcción establecidas en esta resolución. Lo aquí previsto solo procede cuando el barrio, asentamiento o desarrollo y las respectivas construcciones se hayan terminado antes del 9 de agosto de 1996 (D. 1052/98, art. 66).

Toda obra de construcción, ampliación, modificación y demolición de edificaciones, así como de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión, que se adelante en los desarrollos objeto de la presente legalización, deberá estar amparada por la respectiva licencia y sujetarse a las normas previstas en esta resolución y demás normas vigentes sobre la materia y a los requisitos sobre las redes de servicios señaladas por las empresas de servicios públicos.

TÍTULO III

De la habilitación

CAPÍTULO 1

Diagnóstico

ART. 8º—Características.

El área de estudio presenta al oriente de la avenida circunvalar desarrollos originados en su mayoría en la década de los 70 de manera informal, encontrándose las siguientes características:

El sector cuenta con cinco desarrollos ubicados la mayoría por fuera del perímetro de servicios, con un área aproximada de 15.6 has y una población estimada de 2.200 Habitantes, aproximadamente; está comprendido entre el actual perímetro de servicios en los Cerros Orientales, la avenida circunvalar, la calle 45 y la calle 51.

[...].

ART. 12.—La expedición de la presente resolución no ampara ningún derecho sobre la tenencia de la tierra; sus efectos inciden únicamente en el derecho público, es decir, en relación con la legalidad urbana, mejoramiento de servicios públicos y comunales y normas correspondientes al ordenamiento físico del sector.

ART. 13.—Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición ante la directora del departamento administrativo de planeación distrital y apelación ante el Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá, los cuales se deberán interponer por escrito, en la diligencia de notificación personal o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente providencia.

[...].

Notifíquese, publíquese y cúmplase”.

El cargo por violación de los artículos 29 C.P. y 44 del Código Contencioso Administrativo

Para resolver el recurso de apelación en cuanto a la declaración de caducidad de la acción, la Sala reseñará las normas reguladoras de la notificación y publicación del acto administrativo por el cual se legaliza una urbanización y se regulariza el correspondiente asentamiento humano.

La Ley 9ª de 1989, en su artículo 48, contempló la legalización de urbanizaciones constituidas por viviendas de interés social, y le atribuyó como efectos su incorporación al perímetro urbano o de servicios y la regularización urbanística del asentamiento humano:

LEY 9ª DE 1989

ART. 48.—“Los concejos, el concejo intendencial y las juntas metropolitanas podrán delegar en los alcaldes e intendente de San Andrés y Providencia la legalización de las urbanizaciones constituidas por viviendas de interés social. La legalización implicará la incorporación al perímetro urbano o de servicios y la regularización urbanística del asentamiento humano.

PAR.—“Los asentamientos urbanos de vivienda de interés social, por fuera del perímetro urbano actual de los municipios, que existieran el 28 de julio de 1988, desarrollados por las organizaciones contempladas en el artículo 62, recibirán el mismo tratamiento que los incorporados al perímetro urbano y de servicios, serán regularizados urbanísticamente y podrán por consiguiente solicitar la prestación de servicios en los términos contemplados en el artículo 47 de la presente ley”.

La regularización urbanística habilita al asentamiento para recibir los servicios públicos.

El Acuerdo 6 de 1990 del Concejo de Bogotá, en su capítulo X “Legalización de desarrollos urbanos”, artículo 263, consideró la legalización como un procedimiento, esto es, como una actuación administrativa que culmina con el acto por el cual se reconoce el asentamiento humano, se aprueban los planos correspondientes y se expide su reglamentación:

ACUERDO 6 DE 1990

ART. 236.—Legalización. La legalización es el procedimiento mediante el cual se adoptan las medidas administrativas encaminadas a reconocer oficialmente la existencia de un asentamiento o edificio, a dar la aprobación a los planos correspondientes y a expedir la reglamentación respectiva.

La legalización implicará, cuando fuere el caso, la incorporación al perímetro urbano de los sectores del territorio distrital que comprendan las zonas, barrios, asentamientos, desarrollos o edificios legalizados y la regularización urbanística de los asentamientos humanos salvo cuando expresamente se excluyan los usos urbanos en el acto de legalización”.

Una vez ordenada por el concejo la legalización, el DAPD deberá iniciar y concluir la correspondiente actuación administrativa (13) . Sin embargo, el artículo 239, literal c) ibídem reconoce a los propietarios, poseedores, arrendatarios y tenedores de inmuebles a cualquier título, interés jurídico para solicitar que se inicie la actuación, y para coadyuvarla o impulsarla (14) .

En cuanto a citación, notificación y publicaciones en esta actuación administrativa, el artículo 242 del Acuerdo 6 de 1990 dispone:

“Cuando de la actuación iniciada para legalizar un barrio o desarrollo cuya legalización haya sido ordenada por acuerdos anteriores al presente, o por la Ley 9ª de 1989, o por decreto del Alcalde Mayor de Bogotá en ejercicio de la delegación que por medio del presente acuerdo se le hace, se desprenda que hay particulares que puedan resultar afectados en forma directa, se les comunicará la existencia de la actuación y el objeto de la misma.

Cuando de los registros que lleve la autoridad y de los documentos que obren en el expediente, resulte que hay terceros determinados que puedan estar directamente interesados en las resultas de la decisión, se les citará para que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos. La citación se hará por correo a la dirección que se conozca si no hay otro medio más eficaz.

Cuando de los registros que lleve la autoridad y de los documentos que obren en el expediente, resulte que terceros no determinados puedan estar directamente interesados o resultar afectados con la decisión, el texto o un extracto de la decisión se insertará en la Gaceta de Urbanismo y Construcción de Obra para el Distrito Especial de Bogotá, creada por disposición del artículo 15 del Acuerdo 1 de 1986.

En estas actuaciones se aplicará en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 14, 34 y 35 del Código Contencioso Administrativo, así como las demás disposiciones atinentes a la materia del título I del citado estatuto, en concordancia con el ordenamiento contenido en el Acuerdo 3 de 1987”.

Al tenor de esta norma, si hubiese particulares que pudieran resultar afectados, se les deberá comunicar la existencia de la actuación y su objeto; si existieren terceros directamente interesados en la actuación se les deberá citar para que se hagan parte y hagan valer sus derechos; y si hubiese terceros no determinados que puedan estar directamente interesados o resultar afectados con la decisión, el texto o un extracto de la decisión se publicará (insertará) en la Gaceta de Urbanismo y Construcción de Obra para el Distrito Especial de Bogotá. En todo caso, se aplicarán las normas del título I (libro primero) del Código Contencioso Administrativo.

Por consiguiente, Casa Club Ltda., como propietaria del lote, era un tercero directamente interesado que debía ser citado a la actuación y notificado del acto de legalización, en cumplimiento del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

Erró, entonces, el tribunal cuando computó el término de caducidad de la acción desde la publicación del acto en la Gaceta, pues, como se vio, esta publicación se dirige a terceros no determinados y no puede suplir la notificación personal a los interesados determinados.

En los antecedentes administrativos consta que el acto de legalización fue notificado personalmente el 29 de diciembre de 1999 a Marlene Chocontá Díaz (15) como presidenta de la junta de acción comunal del barrio San Martín de Porres. Desde luego que esta notificación mal podría suplir la que debía hacerse a la propietaria del lote.

Tampoco podría considerársela notificada por conducta concluyente por haber solicitado al DAPD en memorial del 8 de marzo de 2000 informarle sobre el estado del procedimiento de legalización, puesto que precisamente estaba manifestando ignorar el procedimiento y, a fortiori, la decisión.

Según el artículo 48 del Código Contencioso Administrativo, en las actuaciones administrativas la notificación por conducta concluyente solamente tiene lugar cuando el interesado, dándose por suficientemente enterado, convenga en la decisión o interponga en tiempo los recursos procedentes. Ninguno de tales eventos ocurrió en el presente caso. Así que, por no haberse permitido a la interesada notificarse —tal como se dispuso en la resolución— ni interponer los recursos, la decisión no podía producir efectos y menos el efecto de que comenzara a correr el término de caducidad.

Se impone, entonces, revocar la declaración de caducidad de la acción.

Sin embargo, según el artículo 48 del Código Contencioso Administrativo la falta de notificación o la notificación irregular no afecta la validez sino la eficacia del acto administrativo, que no producirá efecto alguno (16) .

El cargo por violación a los artículos 58 de la Constitución Política y 123 inciso 4º del Acuerdo 6 de 1990

La recurrente estima que la Resolución 451 de 1999 (17) , expedida por la directora del DAPD limitó su derecho de dominio sin que mediase declaración de utilidad pública que permitiera la expropiación judicial o administrativa con previa indemnización a cada propietario.

Asevera que la Resolución 451 de 1999, por la cual se culminó el trámite de legalización del barrio San Martín de Porres contravino el artículo 58 de la Constitución, por haberle expropiado de hecho su predio.

Con el fin de establecer si en realidad la resolución demandada tiene los alcances que el apelante le confiere, es necesario reseñar la normativa que rige la legalización de barrios, asentamientos o desarrollos en el Distrito Capital

El artículo 236 del Acuerdo 6 de 1990 define el proceso de legalización como “el procedimiento mediante el cual se adoptan las medidas administrativas encaminadas a reconocer oficialmente la existencia de un asentamiento o edificio, a dar la aprobación a los planos correspondientes y a expedir la reglamentación respectiva”.

Posteriormente, el artículo 1º del Decreto Distrital 688 de 1996 (nov. 6) “por el cual se reglamenta el proceso de legalización o reconocimiento oficial de desarrollos, asentamientos o barrios localizados al interior o exterior del área urbana del distrito capital”, precisó:

“La legalización implicará, cuando fuere el caso, la incorporación al perímetro urbano de los sectores que comprenden las zonas, barrios, asentamientos o desarrollos legalizados y la regularización urbanística de los asentamientos humanos salvo cuando expresamente se excluyan los usos urbanos en el acto de legalización.

Los actos administrativos mediante los cuales se reconozcan oficialmente desarrollos urbanos tendrán una normatividad (sic) especial, destinada a establecer las deficiencias del desarrollo reconocido, de acuerdo con las pautas previstas en el capítulo XII del título tercero del Acuerdo 6 de 1990”.

Según estas normas, la finalidad de la legalización de un barrio consiste fundamentalmente en su incorporación al perímetro urbano, y en la regularización urbanística del asentamiento, singularmente para facilitar a sus habitantes el acceso a los servicios públicos, cuya prestación es inherente a la finalidad social del Estado.

La legalización de un asentamiento de origen clandestino, contemplada por la ley, puede disponerse sin otro requisito que el señalado en el artículo 48 de la Ley 9ª de 1989, esto es, que esté formado por viviendas de interés social, conforme las define la ley.

La competencia para legalizar asentamientos urbanos radica en las administraciones municipales o distritales, como acto concerniente al ordenamiento del desarrollo de su territorio (C.P., art. 311).

En el Distrito Capital, es atribución del DAPD según lo dispuesto en el artículo 239 del Acuerdo 6 de 1990.

Ahora bien, el Distrito Capital ha expedido normas reglamentarias en la materia, comenzando por el Acuerdo 1 de 1986 (feb. 12), que dispuso la legalización e incorporación a los planes y programas oficiales de ciertos desarrollos urbanos, entre ellos el barrio San Martín de Porres de la localidad de Chapinero.

En ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 241 y 365 del Acuerdo 6 de 1990, el Alcalde Mayor expidió el Decreto 700 de 1991 “por el cual se reglamenta el procedimiento para tramitar la legalización urbanística, la prestación provisional de los servicios públicos, y el reconocimiento de existencia de inmuebles determinados” norma que se señalan requisitos y procedimientos.

Las disposiciones reseñadas son el marco jurídico de carácter general aplicable a los procesos de legalización de asentamientos o barrios de origen clandestino.

La actora acusa el acto de legalización como violatorio del artículo 123 del Acuerdo 6 de 1990 (18) , que obliga a la administración a compensar los perjuicios causados por las afectaciones que imponga a inmuebles urbanos.

El artículo 37 de la Ley 9ª de 1989 (19) define la afectación como toda restricción impuesta por una entidad pública que límite o impida la obtención de licencias de urbanización, parcelación, construcción o funcionamiento. Las afectaciones pueden imponerse por causa de una obra pública o por protección ambiental. Las que se fundamenten en la construcción de una obra pública podrán imponerse por 3 años prorrogables hasta 6. La administración celebrará con el propietario un contrato en que se pacte el valor y forma de pago de los perjuicios ocasionados durante el tiempo de la afectación.

El artículo 123 del Acuerdo 6 de 1990 concierne a las afectaciones impuestas a inmuebles aptos para ser urbanizados, parcelados o construidos. Tanto es así que condiciona el pago de la compensación a la ocurrencia real del perjuicio. Y es palmario que no existe perjuicio cuando el propietario se encuentra en imposibilidad física para urbanizar o construir. Por tanto, esta norma no es aplicable a la legalización de asentamientos urbanos.

Confirma este aserto el capítulo X del Acuerdo 6 de 1990, que contiene disposiciones especiales respecto de asentamientos legalizados. El artículo 246 define como “habilitación” la actuación adelantada por la administración para dotarlos de los espacios necesarios para uso público y estructura vial:

ART. 246.—Habilitación. La habilitación como instrumento de la transformación urbana es el conjunto de acciones adelantadas oficiosamente por la administración para dotar a las áreas urbanas consideradas de desarrollo incompleto y que han sidolegalizadas de los espacios requeridos para el uso público y equipamiento comunal, de una infraestructura vial y de servicios públicos apropiada y en general, de las obras que garanticen la aptitud de las estructuras.

Los actos administrativos mediante los cuales se legalicen desarrollos urbanos o se incorporen nuevas áreas urbanas como resultado del proceso de legalización tendrán un capítulo especial destinado a establecer las deficiencias del desarrollo legalizado, tanto en materia de servicios públicos, como en la proporción y calidad del espacio público, su infraestructura y equipamiento.

Con base en lo que se establezca conforme a lo dispuesto en el inciso anterior, se elaborará un plan de habilitación que incluirá las metas urbanísticas que se deben cumplir para adecuar la estructura urbana del asentamiento o desarrollo legalizado a los requerimientos de las normas de primer nivel de zonificación y se indicarán las acciones de habilitación aconsejables, así como su orden lógico y prioridad” (resaltado fuera del texto).

Los programas de habilitación en asentamientos legalizados son, entonces, materia distinta de la imposición de afectaciones y de la consiguiente compensación.

La legalización del desarrollo San Martín de Porres, que solo concierne a aspectos meramente urbanísticos, no viola en manera alguna el derecho de propiedad.

En efecto, según se refirió en la Resolución 451 de 1999, el desarrollo San Martín de Porres data desde los años 70 y en él se construyó un asentamiento humano. En tales condiciones, el requisito que fija la norma citada se encuentra más que acreditado, e hizo de la legalización un derecho de los miembros del asentamiento a que se les reconociera oficialmente como desarrollo urbanístico, sin necesidad de acreditar otro requisito que su conformación con viviendas de interés social, según la Ley 9ª de 1989.

Es claro entonces que la decisión de legalizar un asentamiento urbano no tiene ningún efecto jurídico sobre el derecho de propiedad, pues el respectivo acto no legaliza la tenencia de ningún predio ni limita o afecta los derechos de los propietarios. La Sala no desconoce la evidente realidad de que los derechos de uso y goce de los terrenos de los actuales dueños se encuentran limitados, pero esa limitación no es imputable a la administración distrital, pues como se indicó, el asentamiento objeto de legalización no fue promovido ni coadyuvado por ella.

Por las consideraciones expuestas, el argumento sobre violación de la propiedad privada no está llamado a prosperar.

Para la Sala es claro que el procedimiento y el acto de legalización, no causan ningún perjuicio a los propietarios, pues con legalización o sin ella, estos habían perdido de hecho sus derechos. Efectivamente, la posesión que ejerce la comunidad asentada en el desarrollo legalizado, data de comienzos de los años 70, luego la pérdida de los atributos del derecho de propiedad no fue consecuencia del acto administrativo de legalización como alega el actor, pues esta decisión solamente tiene incidencia en el ámbito urbanístico, y carece de trascendencia jurídica sobre la propiedad privada.

Así pues, el acto acusado no infligió lesión alguna al derecho de propiedad por actuación de la administración pues la incorporación del asentamiento a los límites de la ciudad no implica privación de las acciones posesorias o reivindicatorias de que disponían los propietarios de conformidad con las normas civiles vigentes, como tampoco de la posibilidad de que se adelantara la expropiación con miras a satisfacer las necesidades de vivienda de los habitantes del barrio.

De acuerdo con lo anterior, para esta Sala es claro que los cargos de la demanda no están llamados a prosperar, pues tal y como se expuso la resolución demandada no tiene los efectos que el apelante le atribuye.

En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE el fallo de 23 de febrero de 2003, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Primera, Subsección B), declaró la caducidad de la acción. En su lugar:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 14 de junio de 2007.

(12) Folios 49 a 58 cuaderno principal.

(13) “Acuerdo 6 de 1990, ART. 237.—Delegación en el Alcalde Mayor de Bogotá. Delégase en el Alcalde Mayor de Bogotá la potestad de ordenar la legalización de barrios, asentamientos y desarrollos en general, la cual será ordenada mediante decreto.

Una vez ordenada la legalización, el departamento administrativo de planeación distrital deberá iniciar y concluir el proceso de legalización con arreglo a lo previsto en el presente acuerdo”.

(14) ART. 239.—Iniciativa para el proceso de legalización. El proceso de legalización deberá iniciarse, continuarse y concluirse oficiosamente por el departamento administrativo de planeación distrital. Sin embargo, cualquier entidad u organismo público o cualquier persona o grupo de personas que acredite interés jurídico, podrá solicitar que se inicie la actuación y coadyuvaría e impulsarla, mediante escrito que se radicará en el departamento administrativo de planeación distrital y en el cual se indicará, como mínimo, el nombre de quien lo suscribe, el interés jurídico que le asiste, el nombre y la localización aproximada del desarrollo cuya legalización se solicita, la zona administrativa donde se encuentra y el nombre de los barrios, desarrollos o fincas vecinos o colindantes.

En el mismo escrito se podrán solicitar las pruebas que pueden servir a la finalidad buscada.

(...).

Se considera que tienen interés jurídico:

c) Los propietarios, poseedores, arrendatarios y tenedores de inmuebles a cualquier título, sus representantes o mandatarios;

d) Los titulares de derechos reales sobre inmuebles y de derechos derivados de promesas de venta o de documentos de los cuales se infiera obligación de transferir la propiedad, la tenencia o posesión y sus representantes o mandatarios.

(15) Folio 60 cuaderno principal.

(16) Expediente 5070, actor: Juan Gaviria y otro, sentencia de 9 de noviembre de 2000, Consejero Ponente: doctor Manuel Santiago Urueta Ayola. El fallo concedió las pretensiones de la demanda pues al proceso de legalización no se citó a los terceros interesados, y también se omitió la publicación del inicio del proceso. Adicionalmente, en la parte resolutiva del acto demandado se reconocieron derechos de propiedad de los poseedores sobre los predios de propiedad del actor.

(17) Si bien el actor demandó la totalidad de la resolución, se trascribirán únicamente los apartes que hacen relación al barrio San Martín de Porres, de que se trata esta controversia.

(18) La entidad en cuyo favor haya sido impuesta una afectación, celebrará los contratos de que trata el penúltimo inciso del artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, teniendo en cuenta que las compensaciones por causa de la afectación, estarán limitadas a la reparación justa, por el período comprendido entre el momento en que se inscriba la afectación y la fecha en que se adquiera la zona afectada, o se levante la afectación, o pierda efecto, siempre que se urbanice, parcele, o construya dentro del plazo de vigencia de la respectiva licencia o permiso.

En general, la compensación estará condicionada a la ocurrencia real del perjuicio originado en la afectación y estará limitado en su cuantía por el contrato mismo, conforme a avalúo que el departamento administrativo de catastro distrital realice para ese efecto.

El contrato de que trata el inciso anterior se denominará “Contrato de compensación por causa de afectaciones” y se regirá por las normas de contratación de los contratos de derecho privado de la administración.

Las entidades públicas del orden distrital procurarán que se adquieran oportunamente las áreas afectadas y para que se hagan oportunamente las previsiones presupuestales necesarias, tanto para el pago de precio de adquisición como para el pago del valor de las compensaciones por causa de afectaciones.

Cuando las afectaciones hubieren sido impuestas en favor del Distrito Especial de Bogotá, el departamento administrativo de planeación distrital se encargará de las funciones descritas en el inciso anterior, así como de la tramitación de los contratos de compensación de que trata este capítulo.

El Alcalde Mayor de Bogotá queda facultado para delegar en el director del departamento administrativo de planeación distrital a celebración de estos contratos, cualquiera que sea su cuantía.

(19) “ART. 37.—Toda afectación por causa de una obra pública tendrá una duración de tres (3) años renovables, hasta un máximo de seis (6) y deberá notificarse personalmente al propietario e inscribirse en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, so pena de inexistencia. La afectación quedará sin efecto, de pleno derecho, si el inmueble no fuere adquirido por la entidad pública que haya impuesto la afectación o en cuyo favor fue impuesta, durante su vigencia. El registrador deberá cancelar las inscripciones correspondientes, a solicitud de cualquier persona, previa constatación del hecho.

En el caso de las vías públicas, las afectaciones podrán tener una duración máxima de nueve (9) años.

La entidad que imponga la afectación o en cuyo favor fue impuesta celebrará un contrato con el propietario afectado en el cual se pactará el valor y la forma de pago de la compensación debida al mismo por los perjuicios sufridos durante el tiempo de la afectación. La estimación de los perjuicios será efectuada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la entidad que cumpla sus funciones, en los términos previstos en la presente ley.

Para los efectos de la presente ley, entiéndase por afectación toda restricción impuesta por una entidad pública que límite o impida la obtención de licencias de urbanización, de parcelación, de construcción, o de funcionamiento, por causa de una obra pública, o por protección ambiental”.

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