Sentencia 2001-05187 de enero 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA - SUBSECCION A

Rad. 76001-23-31-000-2001-05187-01(34170)

Consejero ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Ganapez Ltda. Ganados y pescados Ltda.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional

Referencia: Reparación directa

Bogotá, veintiocho de enero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de marzo de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que la pretensión mayor fue establecida en $3.500.000.000, por perjuicios materiales.

Al respecto, es menester indicar que el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia fue interpuesto por la parte demandante el 27 de abril de 2007 (fl. 323, cdno. ppal.), esto es, en vigencia de la Ley 446 de 1998 y después de que entraron en funcionamiento los jueces administrativos(2). Dicha norma dispuso que los tribunales conocieran, en primera instancia, y el Consejo de Estado, en segunda instancia, de los procesos de reparación directa cuya cuantía excediera, al momento de presentación de la demanda, de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes(3), como ocurre en este caso.

2.2. Oportunidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos, la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa(4).

En relación con el término de caducidad que debe operar cuando se trata de la ocupación temporal de inmuebles, la Sección Tercera de esta corporación ha dejado claro que el término para accionar empieza a correr a partir del día siguiente que cesó la ocupación temporal, porque en ese momento se consolida el perjuicio(5).

En el presente asunto, la parte actora pretende el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por la demandada, con ocasión de la ocupación temporal de una franja de terreno de su propiedad(6), la cual cesó el 10 de marzo de 2001, cuando un grupo guerrillero incursionó en el predio y atacó a los miembros de la Fuerza Pública acantonados en ese lugar, hecho en el que murieron 16 miembros de la Fuerza Pública, 3 guerrilleros y 1 civil y se produjeron incalculables daños materiales a dicha franja; así, dado que la demanda fue instaurada el 9 de noviembre de 2001, no hay duda de que ello ocurrió dentro del término de ley.

Es indispensable señalar, en todo caso, que los señores Arnulfo Chala Collazos y Anabeiba Álvarez de Chala, antiguos propietarios del predio Tokio, enajenaron a Telecom, mediante escritura pública 1442 del 8 de mayo de 1973, una hectárea del inmueble, a fin de que instalara en ese lugar unas torres de comunicaciones, razón por la cual, con el propósito de vigilarlas, tropas de la Armada Nacional se acantonaron, desde esa época, en el terreno en el que fueron instaladas; sin embargo, con el paso del tiempo —según la demanda, desde 1995 y según los documentos que militan en el expediente, desde noviembre de 1997 (fls. 28 a 39, cdno. 1 A)—, la Armada Nacional empezó a ocupar paulatinamente parte del predio de Ganapez Ltda., hasta completar 7 hectáreas.

2.3. Caso concreto.

Está acreditado, según el certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio de Cali, que “Ganapez Ltda. Ganados y Pezcados Ltda.”, representada legalmente por Liliana Chala Vélez, fue constituida mediante escritura pública 8792 del 28 septiembre de 1993. Dicha sociedad tiene por objeto la ganadería, piscicultura y agricultura (fls. 15 a 17, cdno. 1 A).

Según el certificado de tradición visible a fls. 22 y 23 del cuaderno. 1 A, Ganapez Ltda., mediante escritura pública 9067 del 5 de octubre de 1993, de la Notaría 10 de Cali, adquirió el predio Tokio, ubicado en el corregimiento de El Queremal, jurisdicción del municipio de Dagua, departamento del Valle del Cauca, con una extensión de 549 hectáreas.

El 8 de noviembre de 1997, el señor Nelson Chala Álvarez dirigió una carta al comandante de la segunda brigada de Infantería de Marina, con sede en Buenaventura, en la que expuso:

“Desde hace aproximadamente 25 años mi padre vendió a Telecom, una plaza de tierra dentro de la Hacienda Tokio, ubicada en el sitio El Queremal departamento del Valle del Cauca, a efectos de instalar una torre de comunicaciones.

“A través de los años, y en razón a (sic) la situación de orden Público (sic), se debieron incrementar las medidas de seguridad para defender la torre repetidora y por ello se levantaron 4 garitas en los lugares convenientes (sic) se debió construir un campamento, a manera de cuartel para el alojamiento del personal de seguridad.

“Además de los hechos antes mencionados, la Armada ha construido en el predio de mi propiedad, tres helipuertos y han minado dos campos para efectos de seguridad.

“Las anteriores circunstancias, plenamente conocidas por ustedes, demuestran que la Armada está haciendo uso de mi propiedad y que porrazones de simple equidad se me debe reconocer un arrendamiento por los terrenos ocupados (…)” (fl. 28, cdno. 1 A).

El 6 de abril de 1998, el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico remitió al comandante de la Armada Nacional documentos relacionados con la ocupación de una franja de terreno del predio Tokio, en el que Telecom instaló torres de comunicaciones, a fin de explicarle que el señor Nelson Chala, a nombre de Ganapez Ltda., estaba reclamando, con escrituras públicas en mano, el dominio del citado inmueble; además, le informó:

“(…) que en la Fuerza Naval del Pacífico y en la 2 Brigada de I.M. no reposan documentos que acrediten título de propiedad a nombre del Ministerio de Defensa Nacional sobre estos predios, ni de arrendamiento u otra clase de contrato” (fl. 30, cdno. 1 A).

El 15 de abril de 1998, el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico informó al señor Chala que no era posible el retiro de la Fuerza Pública del predio Tokio y que, de ser necesario, acudiría al mecanismo de la expropiación, como lo establecía el artículo 58 de la Constitución Política (fl. 36, cdno. 1 A).

El 20 de abril de ese mismo año, el comandante de la Armada Nacional manifestó al comandante General de las Fuerzas Militares que:

“(…) Inicialmente se instaló el puesto en el predio adquirido por Telecom el cual comprende una (1) hectárea, pero por necesidades posteriores en la actualidad se ocupan aproximadamente ocho (8) hectáreas y 1.600 metros cuadrados, siendo entonces necesario definir por parte de la dirección de telemática la permanencia de las antenas repetidoras en el lugar actual (…)” (fl. 31, cdno. 1 A)(7).

Mediante comunicación del 23 de abril de 1998, el señor Chala manifestó al citado comandante de la Fuerza Naval del Pacífico que concedía a la Armada Nacional un plazo de 30 días, para que solucionara la situación relacionada con la ocupación del predio, pues, de no hacerlo, debía entregarlo inmediatamente; adicionalmente, afirmó que, debido a la ocupación del inmueble, la situación de la familia Chala había empeorado notablemente, ya que no podía disponer del mismo y, por ende, tampoco podía explotarlo económicamente; además, según dijo, su valor comercial se depreció considerablemente, teniendo en cuenta que, cuando las personas se enteraban de que la Fuerza Pública se encontraba acantonada allí, desistían de comprarlo o reducían seriamente el valor ofrecido (fls. 37 y 38, cdno. 1 A).

El 1º de mayo de ese mismo año, Ganapez Ltda. aseguró al Ministerio de Defensa que su intención no era vender el predio, teniendo en cuenta que pensaba crear en él una gran reserva forestal, aprovechando su salida al mar pacífico y que, por consiguiente, lo más viable era que, por el área ocupada, se pagara un canon de arrendamiento. Afirmó que, si la única solución era la venta, las 7 hectáreas ocupadas costaban $40.000.000 (fl. 35, cdno. 1 A).

El 11 de mayo siguiente, el comandante de la Armada Nacional informó al comandante General de las Fuerzas Militares que Ganapez Ltda., propietaria de la hacienda Tokio, solicitó que se definiera, a más tardar el 30 de mayo de ese mismo año (1998), la situación relacionada con la ocupación de su predio, pues, de lo contrario, debía entregarse inmediatamente, además de tener que pagarse una indemnización de perjuicios (fl. 33, cdno. 1 A). Ese mismo día, el primero de los citados servidores dijo al señor Chala que la decisión de pagar un canon de arrendamiento por el inmueble ocupado no correspondía a la Armada Nacional y que, por tanto, debía dirigirse al comando general de las Fuerzas Militares (fl. 34, cdno. 1 A).

El 10 de julio de 1998, el señor Chala solicitó nuevamente a la Armada Nacional la devolución de la franja de terreno ocupada (fl. 42, cdno. 1 A). El 10 de septiembre siguiente, el comandante de dicha Institución le dijo que estaban adelantando gestiones con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para avaluar el área ocupada y solucionar prontamente la situación (fl. 39, cdno. 1 A).

El 20 y el 24 de enero de 2000, el señor Chala solicitó al comandante de la Segunda Brigada de Infantería de Marina que ordenara al comandante del personal apostado en el predio Tokio que le permitiera desplazarse libremente por este, ya que necesitaba proveerse de pasto, para alimentar el ganado (fls. 40 y 45, cdno. 1 A).

El 24 de enero de 2000, el comandante de la Segunda Brigada de Infantería de Marina, con sede en Buenaventura, ofreció disculpas al señor Chala por la ocupación del predio Tokio y por los inconvenientes causados; asimismo, solicitó que le informara cuál era el precio estimado del terreno ocupado, a fin de gestionar en Bogotá su adquisición (fl. 41, cdno. 1 A).

Según las declaraciones de Reinaldo Flor Rojas y Edgar Hernán Méndez Peláez, rendidas el 17 de marzo y el 14 de abril de 2005 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, años atrás el padre de los propietarios del inmueble enajenó a Telecom una hectárea del predio, en la que fueron instaladas torres de comunicaciones, las cuales eran vigiladas por tropas de la Infantería de Marina y, con el paso del tiempo, la Armada Nacional incrementó el personal apostado en ese lugar, al punto que empezó a invadir paulatinamente el predio de propiedad de la familia Chala; además, construyó en él garitas, helipuertos y minó el acceso al lugar, generando enormes dificultades, pues se llegó al extremo de restringir el acceso de los propietarios a la finca y de impedir el ingreso de los trabajadores a la misma. Señalaron también que, en 2001, se produjo una incursión guerrillera en el predio Tokio, que dejó varios uniformados y algunos guerrilleros muertos, así como cuantiosos daños materiales, que produjeron una gran depreciación del inmueble, pues este fue destruido (fls. 1 a 9, cdno. 2).

Por su parte, los señores José Vicente y José Roque Sánchez Palacios, en declaraciones rendidas el 27 de abril de 2005 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Dagua, en cumplimiento del despacho comisorio BLLB-25 del 1 de febrero de ese mismo año, librado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (fl. 1, cdno. 2), manifestaron que trabajaron en la hacienda Tokio, de propiedad de Ganapez Ltda., en la que había ganado, caballos, marranos y estanques de peses. Aseguraron que un grupo de soldados se apostó en el lugar, con el propósito de vigilar unas torres de comunicaciones que Telecom instaló en un terreno de su propiedad y que, con el transcurso del tiempo, la Armada Nacional construyó un helipuerto en el predio de la familia Chala. Adicionalmente, el primero de los mencionados dijo que, cuando la guerrilla atacó el cerro Tokio, él ya no trabajaba allá, “pero se oía (sic) los enfrentamientos” (fls. 24 a 27, cdno. 2).

A fls. 121 a 128 del cdno. 1 A obran varios informes de prensa según los cuales, el 10 de marzo de 2001, las Farc incursionaron en el predio Tokio y atacaron a los miembros de la Armada Nacional que se encontraban vigilando unas torres de comunicaciones, hecho que dejó un saldo elevado de personas fallecidas e incalculables daños materiales. Tales informes pueden valorarse por la Sala, toda vez que están respaldados con otros medios de prueba que militan en el plenario, como los testimonios acabados de citar; además, la demandada jamás ha negado los hechos relacionados con la ocupación temporal de una franja de terreno del predio Tokio de propiedad de Ganapez Ltda. y con el ataque perpetrado por la guerrilla a este lugar el 10 de marzo de 2001.

En torno al valor probatorio de los informes de prensa, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia del 29 de mayo de 2012 (PI- 01378), precisó:

“Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto (sic) por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez.

“En la jurisprudencia de esta corporación existen precedentes que concuerdan con esta posición. Se ha estimado que las publicaciones periodísticas ‘(…) son indicadores sólo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia’, y que si bien ‘(…) son susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su inserción en medio representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen’(8).

“Lo anterior equivale a que cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos” (se resalta).

Pues bien, las pruebas valoradas indican que tropas de la Armada Nacional que se encontraban vigilando unas torres de comunicaciones instaladas por Telecom en un terreno que este compró en 1973 a la familia Chala, con el paso del tiempo se desplazaron paulatinamente hacia el predio de propiedad de Ganapez Ltda., al punto que, según el comandante de la Fuerza del Pacífico, la Armada Nacional terminó ocupando 7 hectáreas, aproximadamente.

Se estableció, asimismo, que a pesar de las distintas solicitudes que Ganapez Ltda. hizo a la Armada Nacional para que pagara un canon de arrendamiento, comprara o desalojara el área ocupada, nada de esto ocurrió; por el contrario, la demandada creó falsas expectativas a los actores, pues, como se vio, les hizo creer todo el tiempo que estaba adelantado las gestiones necesarias para adquirir la parte del terreno ocupado, pero lo cierto es que dicha negociación nunca se concretó.

De igual forma, se demostró que los miembros de la Armada Nacional obstaculizaron e impidieron permanentemente el ingreso a la hacienda Tokio de los socios y trabajadores de Ganapez Ltda., al punto que se llegó al extremo de que los primeros gestionaran permisos ante la Armada Nacional para ingresar y desplazarse libremente en su propio predio.

Se acreditó, también, que en marzo de 2001 un grupo de las Farc incursionó en el predio Tokio y atacó a los miembros de la Armada Nacional que se encontraban en el lugar vigilando las torres de comunicaciones instaladas por Telecom, hecho que dejó varias personas fallecidas y cuantiosos daños materiales.

En torno al ataque de la guerrilla, todo indica que su objetivo fueron los miembros de la Armada Nacional que se encontraban acantonados en el inmueble de propiedad de Ganapez Ltda., máxime teniendo en cuenta el número elevado de uniformados fallecidos.

Ahora bien, la inspección judicial practicada en el lugar de los hechos el 17 de mayo de 2005 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Dagua, en cumplimiento del despacho comisorio BLLB-25 del 1º de febrero de ese mismo año, librado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (fl. 28, cdno. 2) y el dictamen pericial rendido en el proceso el 14 de julio de 2005 evidenciaron que el predio Tokio se encontraba abandonado, los potreros y pastos enrastrojados, y las construcciones, establos y estanques derruidos; al respecto, el dictamen concluyó:

“Con la visita a la hacienda Tokio para practicar la diligencia de inspección judicial, se pudo constatar que existen construcciones militares pintadas a manera de camuflado por fuera del área comprada por Telecom, donde se encuentran las antenas de comunicación de esta empresa.

“Por fuera de área adquirida por Telecom, se pudo observar que existen bunquers (sic) para el alojamiento de los soldados y garitas para la vigilancia en un área bastante considerable. Es de anotar que estas instalaciones están derruidas (sic) pues fueron destruidas por el ataque guerrillero en gran parte” (fls. 56 y 57, cdno. 2).

Pues bien, en asuntos como este, en los que el origen o la causa del daño deviene como consecuencia de la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos, o por cualquier otra causa, la jurisprudencia de esta corporación ha sentado el criterio según el cual el régimen de responsabilidad aplicable es objetivo, lo que conlleva la declaratoria de responsabilidad cuando se acredite en el proceso que una parte o la totalidad de un inmueble fue ocupada temporal o permanentemente por la Administración o por particulares que actuaron autorizados por ella, pues tal situación denota un rompimiento en el equilibrio de las cargas públicas que no tienen porqué asumir los afectados(9).

En torno al deber de las autoridades públicas de respetar el derecho de propiedad privada sobre toda clase de bienes, la Corte Constitucional ha dicho:

“Las autoridades públicas tienen el deber constitucional de respetar el derecho de propiedad privada sobre toda clase de bienes y, por consiguiente, cuando requieran bienes inmuebles para cumplir los fines del Estado consagrados en el artículo 2º de la Constitución deben obrar con sujeción al principio de legalidad y garantizando el derecho al debido proceso contemplado en el artículo 29 ibídem, o sea, deben adquirir el derecho de propiedad sobre ellos en virtud de enajenación voluntaria o de expropiación si aquella no es posible, en las condiciones contempladas en la ley, y no pueden obtenerlos mediante su ocupación por la vía de los hechos.

“No obstante, cuando el Estado ha ocupado de hecho los inmuebles, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 90 de la Constitución debe responder patrimonialmente e indemnizar en forma plena y completa al titular del derecho de propiedad privada, por el daño antijurídico causado, es decir, por el daño que no tenía el deber de soportar.

“Por tanto, en cuanto el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 31 de la Ley 446 de 1998, y el artículo 136 del mismo código, modificado por el artículos 44 de dicha ley, contemplan la vía para obtener la reparación de los perjuicios causados con la ocupación permanente de los inmuebles, tales disposiciones no son contrarias al artículo 58 de la Constitución, ya que protegen el derecho de propiedad privada, en vez de vulnerarlo, al asegurar a su titular el reconocimiento y pago de la indemnización correspondiente.

“Debe observarse que dichas normas no autorizan al Estado para que ocupe de hecho los inmuebles, pretermitiendo los procedimientos legales para la adquisición del derecho de propiedad privada, sino que buscan remediar por el cauce jurídico la situación irregular generada con dicho proceder de las autoridades públicas.

“Así mismo, si en tales circunstancias la entidad pública es condenada a pagar la indemnización, es razonable que se ajuste a Derecho, así sea a posteriori, la adquisición del vulnerado derecho de propiedad privada por parte de aquella, pues como efecto del pago ulterior y cierto de la condena por parte del Estado no existe jurídicamente ninguna justificación para que el titular de dicho derecho continúe siéndolo. Si así fuera, se configuraría un enriquecimiento sin causa de este último a costa del Estado, pues (sic) aunque en virtud de la ocupación aquella adquirió la posesión del inmueble, la misma no tendría el poder jurídico de disposición del bien, a pesar de haberle sido impuesta la obligación de reparar todo el derecho”(10).

Así, pues, con fundamento en los criterios jurisprudenciales acabados de referir y en el material probatorio valorado en el plenario, la Sala revocará la sentencia del 30 de marzo de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, pues se encuentra acreditado en el plenario el daño sufrido por los actores como consecuencia de la ocupación temporal de una franja de terreno del predio Tokio por parte de la Armada Nacional y la destrucción sufrida con ocasión de dicha ocupación y del ataque guerrillero del 10 de marzo de 2001.

III. Indemnización de perjuicios

3.1. Perjuicios morales

Los socios de Ganapez Ltda. solicitaron, por dicho concepto, el equivalente a 1000 gramos de oro, para cada uno de ellos, con ocasión de los padecimientos que debieron soportar como consecuencia de los hechos que dieron lugar a la demanda (fl. 132, cdno. 1 A).

Al respecto, es indispensable señalar que, según el certificado de existencia y representación del 19 de abril de 2001, expedido por la Cámara de Comercio de Cali, los señores María Isabel y Liliana Chala Vélez y Nelson Chala Álvarez eran, para la época de los hechos, socios de Ganapez Ltda. (fls. 15 a 17, cdno. 1 A).

Cabe recordar que la Sala ha aceptado la posibilidad de reconocer el perjuicio moral causado por el daño o pérdida de las cosas materiales, siempre que el mismo haya sido acreditado plenamente, ya que este no se presume y, por tanto, exige plena prueba sobre su causación(11).

En el presente asunto, está demostrado, con las pruebas documental (fls. 40, 41 y 45, cdno. 1 A) y testimonial (fls. 1 a 9, cdno. 2) practicadas en el proceso que, si bien la Armada Nacional ocupó temporalmente una franja del predio Tokio y que obstaculizó, en unos casos e impidió, en otros, el acceso de los miembros de la familia Chala al predio de su propiedad, no se acreditaron los perjuicios morales reclamados, pues lo cierto es que no obra prueba alguna en el plenario que demuestre el dolor o el sufrimiento padecido por los socios de Ganapez Ltda. como consecuencia de los hechos acá narrados y, por tanto, la Sala los negará.

3.2. Perjuicios materiales.

3.2.1. Daño emergente.

Ganapez Ltda. Solicitó que se reconocieran, por dicho concepto, $3.500.000.000, correspondientes a la destrucción del predio Tokio como consecuencia de la ocupación temporal por parte de la Armada Nacional y de la incursión guerrillera del 10 de marzo de 2001, lo que afectó enormemente su valor comercial.

Según el dictamen pericial practicado en el proceso el 14 de julio de 2005, ese predio, antes de la ocupación y del ataque de la guerrilla, valía $3.294.000.000 (fl. 60, cdno. 2); sin embargo, la Sala no tendrá en cuenta dicho avalúo, en atención a que este se fundamentó en el dictamen del 28 de agosto de 2000, practicado por el Juzgado 12 Civil del Circuito de Cali, en el curso del proceso ejecutivo promovido por el señor Efraín Roa contra Ganapez Ltda., y el traslado de las copias que de tal avalúo fueron aportadas con la demanda por la parte actora (fls. 95 a 111, cdno. 1) no fue coadyuvado por la demandada (fl. 193, cdno. 1 A), quien tampoco intervino en la práctica de dicho dictamen y, por tanto, no tuvo la oportunidad de contradecirlo, de modo que tenerlo en cuenta afectaría su debido proceso y su derecho de defensa.

En efecto, en cuanto al traslado de pruebas, esta Sección ha expresado que aquéllas que no cumplan con los requisitos previstos por el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra la cual se aducen o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquélla no podrán ser valoradas en dicho proceso(12).

También ha dicho la Sala que, en eventos en que el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, aquéllas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión.

De no cumplirse ninguno de los mencionados requisitos, la posibilidad de apreciar tales pruebas dependerá de si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada una de estas, asunto ya precisado por la Sala en los siguientes términos(13):

“(…) las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquéllos en los que fueron practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la parte contra la cual se aducen. En efecto, para garantizar el derecho de contradicción, estas pruebas deben practicarse, en todo caso, dando oportunidad a las partes de estar presentes, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo que, obviamente, no podrá lograrse con el simple traslado posterior del acta o del informe respectivos. Por lo anterior, la inspección o el peritazgo deberán practicarse nuevamente en el nuevo proceso” (se resalta).

Además, el avalúo en mención comprendió la totalidad del predio Tokio, acerca de lo cual vale la pena recordar que, de las 549 hectáreas que lo integran, la Armada Nacional únicamente ocupó 7 (fl. 35, 43, cdno. 1 A).

Al respecto, si bien la inspección judicial y el dictamen practicados en el proceso (fls. 47 a 60, cdno. 2) establecieron que, debido a su abandono, todo el terreno se encontraba enrrastrojado, pues, según el perito, gente de la región le informó que los campesinos sentían temor de ir a trabajar a ese lugar, ante la posibilidad de ser confundidos con los guerrilleros y porque, además, el terreno estaba minado, lo cierto es que no existen en el plenario suficientes elementos de juicio que permitan a la Sala concluir que el estado de deterioro y el supuesto abandono del predio Tokio se deban, única y exclusivamente, a la ocupación temporal del mismo por parte de la Fuerza Pública.

En efecto, en primer lugar, es indispensable destacar que la inspección judicial y el dictamen pericial acabados de referir evidenciaron la presencia, en el predio Tokio, de una casa de habitación principal —la cual consta de 4 habitaciones, comedores principal y auxiliar, hall y cocina—, una casa de habitación “para el encargado de la finca” y un estanque, para aves, patos y gansos; además, se constató que “el predio posee servicios de agua de nacimiento y energía con sus respectivas instalaciones”, a lo cual se suma que las casas mencionadas se encuentran en buen estado y totalmente equipadas, como lo revelan las fotografías tomadas por el perito durante la diligencia de inspección judicial (fls. 74 a 76, cdno. 2)(14), lo cual descarta que dicho inmueble se encontrara totalmente abandonado (se resalta).

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la inspección judicial se practicó el 17 de mayo de 2005 (fls. 47 y 48, cdno. 2), esto es, 4 años y 2 meses después de que cesara la ocupación por parte de la Armada Nacional y, por consiguiente, no es posible concluir que el estado de deterioro que evidenció el terreno durante dicha diligencia obedeciera, única y exclusivamente —se insiste—, a la ocupación de la Fuerza Pública; además, no se demostró que, con posterioridad a la salida de las tropas del predio Tokio, este hubiera quedado minado, de suerte que carecen de sustento las afirmaciones según las cuales, por esa razón, los campesinos de la región habrían sentido temor de ir a trabajar a dicho lugar.

Tampoco obra prueba alguna que demuestre que el ataque de la guerrilla se hubiera producido a lo largo y ancho y hubiera afectado, por tanto, la totalidad de las 549 hectáreas del predio, como para sostener que dicha incursión fue la causante del deterioro que este evidenció durante la inspección judicial practicada en el proceso, máxime teniendo en cuenta que se demostró que la Fuerza Pública ocupó únicamente 7 hectáreas y, por consiguiente, si el inmueble sufrió daños materiales, estos debieron producirse en el lugar en el que estaban apostadas las tropas de la Armada Nacional, pues, según el dictamen pericial, las “instalaciones militares aparecen hoy en día derruidas porque fueron atacadas por la guerrilla en marzo del 2001” (se resalta); es decir, teniendo en cuenta que la Armada Nacional ocupó 7 hectáreas del predio Tokio y que, además, construyó en ellas garitas, trincheras y helipuertos (fl. 28, cdno. 1; fls. 1 a 9, cdno.2), los cuales, según acaba de verse, fueron destruidas como consecuencia de la incursión guerrillera del 10 de marzo de 2001, todo apunta a que los daños ocasionados por la ocupación temporal acá alegada se habrían causado únicamente en esas 7 hectáreas, pues no obra prueba que acredite que el predio se hubiera afectado en su totalidad o en una extensión mayor por cuenta de tal ocupación.

Así las cosas, la Sala condenará a la demandada a pagar a la actora el valor de esas 7 hectáreas, para lo cual tendrá en cuenta el dictamen pericial practicado en este proceso el 14 de julio de 2005, en cuanto estableció que, para el año 2001, cuando se produjo el ataque de la guerrilla y cesó la ocupación de la Armada Nacional, una hectárea del predio Tokio costaba $10.000.000 (fl. 58, cdno. 1 A).

Al respecto, es importante destacar que, mediante auto del 8 de agosto de 2005, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca corrió traslado del dictamen pericial a las partes (fl. 99, cdno. 2); sin embargo, nadie lo cuestionó, circunstancia que, sumada al hecho de que el perito era agrónomo de profesión y, por tanto, conocedor de su oficio y, además, para rendir la experticia se desplazó al lugar de los hechos, verificó personalmente el lugar y se entrevistó con los propietarios de otros predios vecinos, permite a la Sala tener en cuenta dicho avalúo, a efectos de indemnizar los perjuicios causados como consecuencia de la destrucción de esa franja de terreno.

Así las cosas, el valor de las 7 hectáreas afectadas como consecuencia de la ocupación temporal de una franja de terreno del predio Tokio y de la incursión guerrillera del 10 de marzo de 2001 sería de $70’000.000, suma que debe ser actualizada por cuanto se obtiene con el valor de la hectárea a 2001.

Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica ($70.000.000) multiplicada por la cifra que arroja dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el cual se produjo el desalojo del inmueble ocupado, esto es, marzo de 2001.

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2.2. Lucro cesante.

Ganapez Ltda. solicitó, por dicho concepto, $1.000.000.000, en atención a que el terreno ocupado perdió productividad, pues, como consecuencia de los hechos narrados a lo largo del proceso, se frustraron todos los proyectos de desarrollo que allí se adelantaban.

A pesar de que la inspección judicial y el dictamen pericial practicados en el proceso (fls. 47 a 60, cdno. 2) establecieron que en el predio Tokio existieron varios proyectos productivos, los cuales se frustraron con ocasión de los hechos que dieron lugar a esta demanda, no obra prueba alguna en el plenario que demuestre los ingresos que se habrían generado como consecuencia del desarrollo de aquéllos.

Cabe recordar que, según el certificado de existencia y representación de Ganapez Ltda., expedido por la Cámara de Comercio de Cali (fls. 15 a 17, cdno. 1 A), el objeto de dicha sociedad era la agricultura, la ganadería y la piscicultura y, por tanto, a términos del artículo 20 (numeral 16) del Código de Comercio(15), aquélla desarrollaba una actividad mercantil.

El artículo 19 ibídem dispone que todo comerciante está obligado a matricularse en el registro mercantil, a inscribir en este todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija dicha formalidad, a llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales, a conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y los demás documentos relacionados con sus negocios o actividades. Por su parte, el artículo 68 ibídem prevé que los libros y papeles de comercio constituyen plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, judicial o extrajudicialmente; sin embargo, al plenario no se allegaron libros de contabilidad u otros documentos que acreditaran el movimiento comercial de las actividades desarrolladas por Ganapez Ltda. y, por tanto, es obvio que aquélla no demostró los perjuicios que dijo sufrir por la frustración de los mencionados proyectos productivos.

Ahora bien, en el evento de la ocupación de inmuebles por trabajos públicos o por cualquier otra causa, si se solicita el pago indexado del daño emergente al momento de producirse la ocupación, la indemnización es compensatoria, de modo que el único lucro cesante susceptible de reconocerse es la rentabilidad del dinero; al respecto, en reciente jurisprudencia del 12 de noviembre de 2014 (Exp. 28.858), la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado señaló:

“que si bien el actor va a recibir el valor equivalente al valor comercial del terreno a la fecha de 28 de octubre de 1996 debidamente actualizado para la fecha de expedición de la presente sentencia, con el propósito de que se le repare integralmente el daño sufrido, tiene derecho, también a título de lucro cesante, a que se le reconozcan los intereses que pudo percibir sobre ese capital desde el 28 de octubre de 1996, fecha en la cual empezó el vertimiento de aguas negras sobre sus predios, hasta la fecha de la providencia que liquide el incidente de liquidación de perjuicios.

“Con este reconocimiento se reitera la jurisprudencia de la Sala en el sentido de que el interés puro legal se reconoce a título de lucro cesante, porque busca compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital y, en consecuencia, hace parte de la indemnización integral y es compatible con la indexación”(16).

Así, dado que Ganapez Ltda. solicitó el pago de lucro cesante, a título de indemnización de perjuicios materiales, hay lugar a que se le reconozca el pago del interés técnico que dejó de producir el valor histórico de la franja de terreno ocupada. El lucro cesante generado desde noviembre de 1997, época en la que la demandada habría ocupado la franja de terreno del predio Tokio (fl. 28, cdno. 1 A) hasta la fecha de esta sentencia, a una tasa del 6% anual, asciende a la suma de:

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Donde:

i = interés técnico

Valor histórico = $70.000.000

Número de meses = 206 (noviembre/1997 a enero /2015)

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I= $72.100.000

Sumados el valor del daño emergente más el del lucro cesante, se obtiene la suma de $199.790.288.70

3.3. Condena en costas.

Teniendo en cuenta que no se dan los supuestos previstos por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, ya que no se demostró que alguna de las partes hubiera actuado temerariamente, la Sala se abstendrá de imponer costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 30 de marzo de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demandada y, en su lugar:

a. DECLARÁSE la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional, por la ocupación temporal de parte del inmueble de propiedad de los demandantes.

b. CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional a pagar, a favor de Ganapez Ltda., por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, ciento veintisiete millones seiscientos noventa mil doscientos ochenta y ocho pesos con setenta centavos ($127.690.288,70) m/cte.

c. CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional a pagar, a favor de Ganapez Ltda., por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, setenta y dos millones cien mil pesos ($72.100.000) m/cte.

2. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

3. Dése cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del C. de P.C.

4. Una vez en firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo 3409 del 9 de mayo de 2006, “Por el cual se dictan medidas tendientes a poner en operación los Juzgados Administrativos”.

“Artículo Segundo. Entrada en operación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero del Acuerdo 3345 de 2006 y de las diligencias y gestiones de índole administrativo que deben adelantarse para un adecuado funcionamiento de los nuevos despachos, así como en desarrollo de lo establecido por el parágrafo del artículo 164 de la Ley 446, modificado por el artículo 1 de la Ley 954 de 2005, establecer como fecha de entrada en operación de los Juzgados Administrativos el día 1º de agosto del año 2006”.

(3) Para el año de presentación de la demanda (2001), el valor del salario mínimo era $286.000 y, por tanto, los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalían a $143.000.000.

(4) Ley 446 de 1998 (artículo 44).

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia de 25 de agosto de 2005, expediente 26.721.

(6) De las 549 hectáreas que conformaban el predio Tokio, la Armada Nacional ocupó 7, aproximadamente (fls. 31, 32, 35 y 43, cdno. 1 A).

(7) Es importante aclarar que, de las 8 hectáreas y 1.600 metros cuadrados a los que se refiere el comandante de la Armada Nacional, 1 hectárea pertenecía a Telecom, de suerte que serían 7 hectáreas y metros cuadrados los ocupados por la Armada Nacional; sin embargo, según los documentos que el señor Chala remitió a esta última, lo ocupado fueron 7 hectáreas (fls. 35 y 43, cdno. 1 A).

(8) “Sentencia del 6 de junio de 2007, expediente AP-00029, M. P. María Elena Giraldo Gómez. Sección Tercera”.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006 (15.351).

(10) Corte Constitucional, sentencia C-864 del 7 de septiembre de 2004; M.P. Jaime Araújo Rentería

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de febrero de 2007 (AG-0153101).

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de febrero de 2002, Expediente 12.789.

(13) Sentencia de 13 de abril de 2000, expediente 11.898

(14) Tales fotografías pueden valorarse por la Sala, toda vez que fueron tomadas por el perito durante la diligencia de inspección judicial practicada en el proceso (fls. 47 y 48, cdno. 2), siendo incorporadas al mismo con el dictamen pericial rendido el 14 de julio de 2005 (fls. 49 a 60, cdno. 2), cuyo traslado a las partes, quienes guardaron silencio al respecto, se surtió mediante auto del 8 de agosto de 2005 (fl. 99, cdno. 2).

(15) “Artículo 20.- Son mercantiles para todos los efectos legales: (…)

“16. Las empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las fuerzas o recursos de la naturaleza”.

(16) En sentencia del 22 de abril de 2009 (17.616), la Sección Tercera dijo: “Ha entendido la doctrina que si a un crédito reajustado en función de la depreciación sufrida entre la fecha en que se causó la obligación y el pago, se le suman intereses corrientes bancarios, se originaría un enriquecimiento sin causa, porque, esta clase de intereses incluye un ‘plus’ destinado a recomponer el capital. No se excluyen entre sí los rubros de devaluación e intereses puros puesto que tienen causas diferentes: los intereses buscan compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital (lucro cesante), en tanto que la compensación por depreciación monetaria se dirige a mantener indemne el patrimonio del acreedor que sufriría menoscabo si recibiese como reparación el monto del daño originado en signo monetario envilecido (daño emergente). Se habla de intereses puros porque los bancarios corrientes llevan en su seno una parte que busca compensar la incidencia del fenómeno inflacionario. Por eso no sería equitativo evaluar y cobrar esta clase de intereses. De allí que comparte la Sala que si se realizan reajustes del crédito, el interés debe ser un interés puro exclusivamente retributivo del precio del uso del capital que es lo que ha dejado de ganar el acreedor por la falta de inversión de sus fondos excluyendo el plus del interés que tiene otra función. Toda indemnización debe ser integral y completa, de modo que compense para su acreedor el daño que se le produce con el no pago oportuno de la obligación. Así, debe comprender no sólo el rendimiento que dejó de percibir, traducido ordinariamente en intereses, sino también la pérdida del valor adquisitivo de la moneda con la que pretende pagar. En este orden de ideas el equilibrio o la justeza de la indemnización debe mostrar esta o similar ecuación: indemnización debida igual a deuda en la fecha del perjuicio, más intereses hasta que el pago se efectúe, más devaluación”.