Sentencia 2001-08391 de febrero 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Rad.: 410012331000200108391 01 (29831)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: Pablo Miller Valderrama Carvajal

Demandado: Municipio de Timaná y otra

Referencia: Reparación directa

Bogotá D.C., veintiséis de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 y el Acuerdo 55 de 2003 del Consejo de Estado, para decidir el recurso de apelación formulado por las partes, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 23 de septiembre de 2004, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, por razón de la cuantía(1).

Previamente a la decisión de fondo, es necesario efectuar algunas precisiones sobre la competencia de esta jurisdicción en tratándose de la responsabilidad extracontractual de las empresas de servicios públicos.

A pesar de que durante muchos años se discutió si estos casos deberían ser de conocimiento de la justicia ordinaria o de la contencioso administrativa dado el vacío existente en la Leyes 142 y 143 de 1994, esta corporación viene sosteniendo que corresponde a esta jurisdicción conocer de los procesos contra las empresas de servicios públicos salvo los eventos en que se trata de obtener el pago de facturas generadas por ellas, lo cual debe hacerse a través de un proceso ejecutivo ante los juzgados civiles.

En efecto, a partir de la Ley 1107 de 2006, se aclaró el problema de la jurisdicción competente, cuando una de las partes es una empresa de servicios públicos puesto que ella, en su artículo 1º establece que se aplica “(...) las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen, funciones propias de los distintos órganos del Estado, es decir se atiene al factor orgánico, no material o funcional, para definir la competencia a favor de esta jurisdicción.

Sobre el punto se ha dicho por esta Sala:

Ante este panorama controversial, el legislador adoptó una solución, clara y agresiva. Asignó, de manera fuerte e intensa, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la competencia para juzgar las controversias donde son parte las “entidades públicas”, sin importar la función que desempeñe cada una de ellas, pues se pasó de considerar el “criterio material o fucional”, como factor de distribución de competencias, al “criterio orgánico”, donde lo determinante es la pertenencia a la estructura del Estado.

Esta idea aplica para cualquier tipo de proceso, tratándose de empresas de SPD, entre los cuales se incluyen, a título de ejemplo, las controversias contractuales, las extracontractuales, las de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, no se incluyen las relacionadas con los ejecutivos de facturas del servicio, las cuales se continuarán tramitando ante la justicia ordinaria, en los términos previstos en el artículo 130 de la ley 142 de 1994.

Todo indica que esta misma filosofía la adoptó España, según dice Oriol Mir Puigpelat, pues “Como ya sabemos los dos primeros preceptos coinciden en exigir, para que nazca la responsabilidad administrativa, que la lesión derive del ʻfuncionamiento (...) de los servicios públicosʼ. La doctrina y la jurisprudencia dominantes vienen considerando, siguiendo a García de Enterría, que por ʻfuncionamiento de los servicios públicosʼ debe entenderse, a efectos de la responsabilidad de la administración, toda la actividad típicamente administrativa, y no ya solo el concreto sector, de tipo prestacional, denominado habitualmente ʻactividad de servicio públicoʼ. Se efectúa, pues, una interpretación subjetiva del término ʻservicios públicosʼ, puesto que es definido no en función de un concreto contenido material, sino de un sujeto determinado: la administración pública”(2).

A manera de síntesis, puede resumirse la nueva estructura de competencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con la entrada en vigencia de la ley 1107 de 2006, de la siguiente manera:

i) Debe conocer de las controversias y litigios precontractuales y contractuales en los que intervenga una entidad pública, sin imponer su naturaleza, ni el régimen jurídico aplicable al contrato, ni el objeto del mismo.

En consecuencia, en cuanto tiene que ver con las entidades y empresas prestadoras de SPD, quedaron derogados, parcialmente, los arts. 132.5 y 134B.5 del CCA. —reformados por la ley 446 de 1998—, los cuales disponían —se resalta lo derogado— que:

“ART. 40.—Competencia de los tribunales administra administrativo en primera instancia. El artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, quedará así: (...)

“ART. 132.—Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

5. De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes y de los contratos celebrados por entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su finalidad esté vinculada directamente a la prestación del servicio, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

“ART. 42.—Competencia de los jueces administrativos. Adiciónase el título código 14 del libro 3º. Contencioso Administrativo con un Capítulo III del siguiente tenor:

“ART. 134B. Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

5. De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes, y de los contratos celebrados por entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su finalidad esté vinculada directamente a la prestación del servicio, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

Dado que la nueva ley extiende la competencia a toda clase de entidades, sin consideración a la función que ejercen ni al objeto de los contratos, entonces la segunda parte del numeral 5º, resaltado en negrilla, quedó derogada por la nueva ley, porque no pueden subsistir, al menos en los aspectos a que se refiere la ley, criterios materiales y criterios orgánicos, sin excluirse.

ii) Debe conocer de las controversias y litigios de responsabilidad extracontractual, en los que sea parte una entidad pública, sin importar el tipo de órgano, ni la función que ejerza, basta con que se trate de una entidad pública, con la excepción del numeral siguiente.

iii) Las materias a que se refieren los numerales anteriores, las juzga esta jurisdicción, inclusive, tratándose de sociedades donde el Estado posea un capital superior al 50%. Si el capital público es igual o inferior a este porcentaje, la competencia corresponde a la jurisdicción ordinaria.

iv) En materia laboral, esta jurisdicción sigue conociendo de los asuntos que tenía asignados, excepto los previstos en la ley 712 de 2001, la cual continúa vigente, en los términos del parágrafo del art. 2º de la ley 1107 de 2006.

v) También debe conocer de les controversias y litigios de las personas privadas “(...) que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado” —art. 1º, ley 1107 de 2006—, incluidas las contrataciones de las empresas privadas de SPD, donde se pacten y/o ejerciten los poderes exorbitantes —art. 31 ley 142, modificado por la ley 689 de 2001—, y las materias a que se refiere el artículo 33 de la misma ley.

vi) Esta jurisdicción no conoce, sin embargo, de los procesos de ejecución que reúnan las características descritas, salvo los que están asignados por normas especiales —ejecutivos contractuales (ley 80, art. 75) y de sentencias dictadas por esta jurisdicción (CCA, art. 132.7)—, que prevalecen sobre las disposiciones generales.

Este tipo de procedimiento no es de conocimiento de esta jurisdicción, porque la ley 1107 dispone que; esta juzga “(...) las controversias y litigios (...)”de las entidades públicas y, técnicamente hablando, los procesos ejecutivos no constituyen controversia ni litigio, luego no hacen parte de esta jurisdicción(3). Se repite, excepto en los dos temas a que se refiere el párrafo anterior(4).

Por otra parte, pese a haberse adoptado diferentes criterios respecto de la naturaleza de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, tanto esta corporación, como la Corte Constitucional han indicado que las empresas mixtas de servicios públicos domiciliarias son descentralizadas y pertenecen a la rama ejecutiva del poder público sin importar el porcentaje de participación público en el capital de la sociedad.

En este caso, no solo puede afirmarse que la Electrificadora del Huila S.A. ESP, es una entidad estatal que pertenece a la rama ejecutiva del poder público, de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-736 de 2007, sino que además en el presente proceso fue demandado también el municipio de Timaná y en consecuencia, es esta la jurisdicción competente para asumir el conocimiento del presente asunto.

2.2. Responsabilidad extracontractual del Estado.

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, afinca sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado colombiano, contenidos en el artículo 1º superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el daño, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación(5).

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que “permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que este se hace responsable de su reparación, pero esta atribución solo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los funcionarios solo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público”(6).

Así mismo, en providencia de Sala Plena radicación 24392 de agosto 23 de 2012, se dijo:

“Esta Sala, en sentencia de 19 de abril pesado(7), unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación. Por ello se concluyó en la mencionada sentencia de la siguiente forma:

“En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”(8).

2.3. El caso concreto.

El señor Pablo Miller Valderrama Carvajal era propietario de un caballo de paso fino colombiano, de exposición y también utilizado como reproductor. Durante las fiestas y ferias celebradas en el Municipio de Timaná, el 7 de noviembre de 1993, cuando el señor Valderrama se dirigía a su casa cabalgando sobre su equino y sorpresivamente recibieron una descarga eléctrica al hacer contacto con un poste de alumbrado público y como consecuencia de esto el animal falleció.

2.4. Las pruebas obrantes en el proceso.

1. Copia autenticada de la constancia suscrita por el señor José Arturo Rojas Vargas, donde se registró que en el mes de junio de 1991 vendió al señor Pablo Miller Valderrama el caballo de paso fino colombiano de 5 años de edad, por valor de 2 millones de pesos; dicho documento fue ratificado en declaración rendida en el proceso (fls. 14, cdno. ppal., 22 y 120, cdno. pruebas).

2. Copia de la comunicación dirigida a la compañía La Previsora y suscrita por el gerente de Electrificadora del Huila S.A., donde se consignó:

“Con relación al oficio de la referencia, comedidamente me permito informarle que se verificó la propiedad de tubo conduit que se encuentra sinchado (sic) en un poste de alumbrado público de propiedad de Electrohuila S.A., ubicado en el casco urbano del Municipio de Timaná, el cual se encontraba energizado y causo (sic) presumiblemente la muerte de un semoviente equino de propiedad del señor Miller Valderrama Carvajal; dicho tubo es de propiedad del Municipio de Timaná, de acuerdo al informe del Jefe de la zona de Pitalito mediante Memorando de mayo 9 de 1994, el cual lo adjunto” (fls. 14 y 15, cdno. ppal.).

3. Copia autenticada de la constancia expedida por el médico veterinario Yesid Carvallo Romero, con registro ICA 6267, en la cual certifica que practicó la necropsia de un equino color saino, reproductor, de edad aproximada 7 años, de paso fino colombiano, en buen estado, de propiedad del señor Pablo Miller Valderrama Carvajal, con los siguientes resultados:

“Al examinar el, corazón, este se encontraba totalmente contraído, relacionándose con los Anamnésicos del animal, se concluyó que la muerte de este fue causada por una desfibrilación cardiaca ocasionada por un choque eléctrico que hizo que el corazón perdiera su ritmo de relajación y contracción produciéndose la muerte por Hipoxia cerebral” (fls.16, cdno. ppal. y 23, cdno. pruebas).

4. Copia del oficio suscrito por el funcionario de Electrohuila, ingeniero jefe de la zona, quien manifestó:

“Con respecto al oficio en referencia donde solicita aclaración sobre quién es el propietario de las instalaciones eléctricas (Tubo Conduit) que causaron la muerte al Semoviente del señor Pablo Miller Valderrama Carvajal en el Municipio de Timaná, me permito informarle que estas instalaciones corresponde (sic) a iluminación decorativa existente en este municipio, trabajo que fue financiado y realizado directamente por la administración municipal de Timaná. Estas obras no han sido ni entregadas ni recibidas por la empresa" (fl. 17, cdno. ppal.).

5. Copia de la comunicación suscrita por la gerente de la sucursal de Neiva de La previsora, donde manifestó:

“Haciendo un análisis de la documentación que soporta esta comunicación encontramos el informe técnico presentado por el instalador de Timaná en el cual manifiesta la causa del accidente y la atribuye a un tubo instalado por el municipio de Timaná el cual se “cinchó” al poste de concreto de las redes de energía instalado por la Electrificadora del Huila.

En este orden de ideas, y teniendo como base el mencionado informe, encontramos que la responsabilidad civil extracontractual no recaería sobre la Electrificadora del Huila S.A., sino sobre el municipio de Timaná, razón por la cual nos veríamos obligados a declinar el siniestro y objetar su pago”. (fls. 18 y 19, cdno. ppal.).

6. Comunicación calendada el 23 de mayo de 1994, suscrita por la gerente de la sucursal de Neiva de La previsora, dirigida al señor Valerrama Carvajal, en la cual le informa que la responsabilidad por la muerte del caballo no puede atribuirse a la Electrificadora porque el tubo que causó la descarga fue instalado por el municipio de Timaná como parte de la iluminación decorativa (fl. 20, cdno. ppal.).

7. Certificación expedida por el Juzgado Único Penal Municipal de Timaná, donde consta que se recibió denuncia penal contra la Electrificadora del Huila, por el delito de daño en bien ajeno, con ocasión de la muerte de un caballo de propiedad del aquí actor y copia autenticada de las diligencias adelantadas por el caso, hasta el archivo de las mismas, por atipicidad de la conducta (fls. 21 y 29 a 44, cdno. ppal.).

8. Comunicación suscrita por el presidente de Asocala, en la cual remite registro reportado 130.650 expedido por dicho organismo, correspondiente al ejemplar Sausalito, de propiedad del señor Pablo Miller Valderrama, fecha de nacimiento noviembre 15 de 1986, fecha del reporte agosto 26 de 1991. (fls. 4 a 6 y 20, cdno. pruebas).

9. Dictamen pericial donde se concluyó que la vida probable del animal es de 25 años y la vida probable como reproductor era de aproximadamente 20 años, su precio, teniendo en cuenta que fue comprado por dos millones en Junio de 1991, debidamente actualizado arroja un total de 10.380.000 y en cuanto a los ingresos por la capacidad reproductiva del animal, se estimó que cada “salto” tendría un valor estimado de $150.000 y serían en promedio 4 saltos por mes para un total de perjuicios materiales de $67.980.000 y $6.247.560, equivalentes a 500 gramos oro, por concepto de perjuicios morales.

El dictamen posteriormente fue aclarado y se anexó constancia de la secretaría de desarrollo agropecuario y minero de la Gobernación del Huila, en la que se certificó que la vida promedio de un caballo reproductor equino es de 18 a 23 años y su vida útil reproductiva era de 17 años y en cuanto a los servicios de monta directa, ella es de 12 servicios al mes; de igual forma se allegó certificación de la asociación huilense de criadores de caballos Ahcaballo, donde se registró que la vida promedio es de 20 a 25 años, su vida reproductiva era de 15 a 20 años y el promedio de servicios de monta es de 12 a 13 por mes, costando cada uno de ellos aproximadamente entre $100.000 y $150.000 (fls. 150 a 153 y 166 a 169, cdno. ppal.).

10. Declaración de los señores Humberto Murcia Ome, Flor Alba Barrera Narváez y Guillermo León Carballo Chaux rendidas dentro de las diligencias adelantadas por el Juzgado Penal Municipal de Timaná, quienes coincidieron en afirmar que no presenciaron Io ocurrido pero vieron el caballo en el suelo y escucharon decir que había sido por rozar el poste del alumbrado público. El señor Murcia Ome, manifestó además que como sabía del asunto verificó que el tubo por donde bajan las líneas estaba energizado (fls. 42 a 44, cdno. ppal.).

11. Declaraciones extrajuicio de los señores Isidro Vargas Carvajal, Anibal Barrera Rojas y Jorge Eliécer Fajardo Acosta, quienes manifestaron que conocieron el caballo de paso fino colombiano de aproximadamente siete años de edad que fue electrocutado el 7 de noviembre de 1993 y que el mismo tenía un valor comercial alrededor de cinco millones (fl. 24, cdno. pruebas).

Debe precisarse que en declaración rendida en el proceso los señores Isidro Vargas y Jorge Eliécer Fajardo Acosta manifestaron no reconocer las firmas obrantes en dicho documento y además no acordarse del contenido del mismo (fls. 121 a 122 vto.).

12. Copia de la comunicación suscrita por el presidente de la asociación huilense de criadores de caballo, en la que manifestó que era imposible hacer un avalúo del precio del equino porque su valor depende de sus andares, su fenotipo y figura, de manera que como solo se suministraron fotografías era imposible valorarlo. (fl. 31, cdno. pruebas).

13. Declaración del señor Jesús Antonio Vargas Valencia quien manifestó que conocía al señor Pablo Miller Valderrama como criador de caballos y como propietario del ejemplar llamado Sauzalito, de paso fino colombiano, que estaba bajo su cuidado y que era presentado en ferias y exposiciones además de dedicarlo también a reproducción. El testigo informó que tuvo conocimiento de la muerte del caballo pero no presenció los hechos (fls. 100 y 100 vto.).

14. Declaración del señor Humberto Murcia Ome quien ratificó lo manifestado en el testimonio rendido en el proceso penal y señaló que al día siguiente de los hechos vio el caballo muerto tirado al frente del tubo de energía que tenía una línea pelada a flor de tierra, donde empalma el tubo metálico con una curva del tubo PVC, pero no estaba presente cuando ocurrió el accidente. Sobre los cuidados prodigados al equino y las condiciones del mismo manifestó que no tenía conocimiento de ello al igual que de su producción como reproductor porque no era aficionado a los caballos.

En cuanto a la condición del poste de alumbrado manifestó:

“Preguntado: Díganos si fue el municipio de Timaná el que ejecutó las obras para la iluminación pública de la calle 9a, con calle 6a. Entre carreras 3a y 4a o Zanjón Colorado y en caso cierto quién realizó esos trabajos? Contestó: Si sé que fue el municipio de Timaná el que construyó porque en ese tiempo ya estaba yo laborando aquí como auxiliar electricista de la electrificadora del Huila y personalmente, en el momento de mirar que estaban ejecutando dichas obras averigüé con la electrificadora sobre la ejecución de dichos trabajos, la cual ella me informa que no estaba ni enterada de la ejecución de esas obras y averigüé en el municipio encontrando de que sí era verídico que por cuenta de la alcaldía estaban haciendo esos trabajos; no me recuerdo quién hizo esas obras”. (fls. 100 vto. a 102, cdno. pruebas).

15. Testimonio del sellar Guillermo León Carballo Chaux, quien también ratificó lo declarado en el proceso penal e insistió en que conoció el caballo y que este era de paso fino, de exposición y reproductor, pero también aclaró que no presenció los hechos. Al ser interrogado acerca del perjuicio sufrido por el señor Pablo Miller Valderrama manifestó:

“Claro, le afectó, porque precisamente ese era una de las entradas que él tenía para el sustento de la familia, compraba y vendía animales, él los arreglaba y él moralmente al principio le dio muy duro lo digo precisamente porque había perdido una parte de su capital de trabajo. No más” (fls. 105 a 106 vto.).

Respecto del acervo probatorio integrado por las pruebas aportadas directamente por las partes y por las ordenadas por el a quo, y, concretamente sobre las copias simples esta Subsección en reciente sentencia(9) dijo:

“En lo que se refiere a las copias simples anexadas tanto con la demanda como con la contestación, las mismas serán valoradas teniendo en cuenta que reposaron en el plenario desde el inicio del proceso sin que fueran tachadas de falsas en las etapas procesales pertinentes. Así pues, dado que han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes conforme a los principios de buena fe y lealtad procesal que rigen toda actuación judicial, se les dará valor probatorio(10).

En efecto, sobre la valoración de las copias simples ha dicho la Sala:

“La entidad demandada allegó en copia simple varios de los documentos que integraron el expediente administrativo de protección a favor del menor xxxxxx, medios de convicción que serán valorados en esta instancia por las siguientes razones: i) porque son documentos cuyos originales se encuentran en poder del ICBF —concretamente en sus archivos—, ii) fueron aportados por el propio instituto, razón adicional para reconocerles valor probatorio, y iii) en los términos de esta subsección, es procedente apreciar las copias simples siempre y cuando hayan obrado a lo largo del plenario, conforme al principio constitucional de buena fe, puesto que han estado sometidas al principio de contradicción, por las partes.

Sobre el particular, en reciente providencia se discurrió así:

“Lo primero que advierte la Sala es que el proceso penal fue aportado en copia simple por la parte actora desde la presentación de la demanda, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan. No obstante, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor probatorio a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, ha obrado en el proceso desde el mismo instante de presentación del libelo demandatorio y que, por consiguiente, ha surtido el principio de contradicción.

En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de los sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial.

En el caso sub examine, por ejemplo, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue acompañada con la demanda y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se entregó como anexo de la misma, circunstancia que no acaeció, tanto así que los motivos de inconformidad y que motivaron la apelación de la providencia de primera instancia por parte de las demandadas no se relacionan con el grado de validez de las pruebas que integran el plenario sino con aspectos sustanciales de fondo que tienen que ver con la imputación del daño y con la forma de establecer la eventual participación en la producción del mismo.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

El anterior paradigma fue recogido de manera reciente en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —que entra a regir el 2 de julio de 2012— en el artículo 215 determina que se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tienen el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas; entonces, si bien la mencionada disposición no se aplica al caso concreto, lo cierto es que con la anterior o la nueva regulación, no es posible que el juez desconozca el principio de buena fe y la regla de lealtad que se desprende del mismo, máxime si, se insiste, las partes no han cuestionado la veracidad y autenticidad de los documentos que fueron allegados al proceso”(11). Así las cosas, la Sala valorará con libertad probatoria la documentación aportada por el demandado”(12). (resaltado fuera de texto).

En el presente asunto, observa la Sala que los medios de prueba relacionados, fueron aportados con la demanda, decretados en el auto de pruebas de primera instancia y allegados al proceso directamente por las partes dentro del periodo probatorio, es decir, de manera oportuna y regular, razón por la cual, conforme al precedente de esta Subsección, serán valorados teniendo en cuenta los principios que informan la sana crítica, excepto la copia del acuerdo conciliatorio, que fue aportado por el demandante en la segunda instancia y por tanto no tuvo la parte demandada la oportunidad de controvertirla.

2.5. El daño antijurídico.

El daño es el primer elemento a establecer en un proceso de responsabilidad.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 superior al que antes se hizo referencia, el Estado debe responder por todo daño antijurídico que le sea imputable, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas, de manera que lo exigido en la norma no es solo la existencia de un daño, entendido este como un menoscabo, afectación o lesión de un bien, sino que además se requiere que este sea antijurídico, es decir, aquel que no se tiene la obligación de padecer y que es contrario a derecho, que vulnera el ordenamiento jurídico y con ello lesiona los bienes e intereses jurídicamente protegidos.

Sobre el daño ha dicho la Corte Constitucional en Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996:

“El daño antijurídico no tiene una definición constitucional expresa, por lo cual es un concepto constitucional parcialmente indeterminado, cuyos alcances pueden ser desarroIIados, dentro de ciertos límites, por el Legislador. Sin embargo una interpretación sistemática de la carta y de los antecedentes de la norma permiten determinar los elementos centrales de este concepto.

La doctrina española ha definido entonces el daño antijurídico no como aquel que es producto de una actividad ilícita del Estado sino como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.

Esta concepción de daño antijurídico ha sido admitida por la jurisprudencia del Consejo de Estado en nuestro país. Así, en múltiples oportunidades ese tribunal ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar”, por lo cual “se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo”. Por consiguiente, concluye esa corporación, “el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva(5).

Desde el punto de vista sistemático, la Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho (C.P. art. 1º), pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de les particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por el cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y este sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”...

Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto; que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual este se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo”.

Sobre la noción de daño antijurídico, esta Sección ha definido que:

“consistirá siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”(13). En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas”.

De esta manera, para que el daño antijurídico pueda ser indemnizado debe ser cierto y estar plenamente acreditado, carga procesal que le incumbe a la parte demandante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 del CPC.

En el sub judice, es evidente que se produjo un daño, consistente en la muerte del semoviente de propiedad del actor, hecho que se probó con el protocolo de necropsia, tal daño resulta antijurídico, puesto que se trata de un bien jurídicamente tutelado y nadie está obligado a soportar su afectación, ya que el ordenamiento jurídico no impone esta carga a ningún coasociado.

2.6. La Imputación.

Establecido como está el daño en el presente proceso, corresponde determinar si el mismo puede ser atribuido a las entidades demandadas.

Teniendo en cuenta el precedente de la Sala respecto de los títulos de imputación arriba citado, conviene precisar que la conducción de energía ha sido considerada por la doctrina y la jurisprudencia como una actividad peligrosa, razón por la cual, en este caso concreto, el título de imputación es objetivo por riesgo excepcional, donde el Estado compromete su responsabilidad cuando emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administrados o a sus patrimonios en situación de riesgo que excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar, En estos eventos la entidad se exime de responsabilidad alegando fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima.

No obstante lo anterior, cuando la prestación del servicio de energía eléctrica resulta inadecuada, la responsabilidad estatal puede atribuirse bajo el régimen de la falla probada del servicio.

En cuanto a la condena impuesta a Electrohuila, apelaron la decisión la empresa de energía y también la compañía aseguradora, aduciendo que al tratarse de una estructura que fue instalada por el municipio de Timaná sin autorización previa y sin supervisión de la compañía eléctrica, no puede ser responsable de lo ocurrido puesto que la actuación fue desplegada por otra entidad y ella debe asumir las consecuencias de su negligencia, a lo cual debe sumarse que las redes y la prestación del servicio de alumbrado público están a cargo del municipio,

Al respecto debe señalarse que el alumbrado público es un servicio no domiciliario cuyo objeto es proporcionar la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de libre circulación dentro del perímetro de un municipio o distrito; dicho servicio comprende el suministro de energía, la operación y mantenimiento de las redes requeridas para su prestación y su prestación está a cargo del municipio, pero este puede contratar con una empresa de energía su suministro, por así autorizarlo el régimen de servicios públicos.

En este caso, si bien la estructura sobre la cual se ubican las redes para prestar el servicio pertenece al municipio, el suministro de la misma estaba a cargo de la electrificadora del Huila y por tanto el mantenimiento también le correspondía hacerla a la empresa.

Por otra parte, al proceso se allegó un informe rendido por un funcionario vinculado a la electrificadora, donde se registró que la energización del poste se produjo porque se adosó un tubo, con el fin de instalar luces decorativas por las fiestas y ferias del municipio, pero según el testimonio rendido en el proceso por el señor Humberto Murcia Ome, lo ocurrido se debió a que la estructura tenía una línea pelada a flor de tierra, donde empalmaba el tubo metálico con una curva del tubo PVC, de forma que no se estableció con certeza quién fue el responsable de la falla que presentaba el poste de luz.

Ahora bien, la Electrificadora pretende exonerarse de responsabilidad diciendo que sobre el poste de luz alguien instaló otra estructura y que esa obra fue ejecutada por el municipio sin su autorización y tampoco contó con su visto bueno, pero olvida que no solo la prestación del servicio de energía le había sido encomendado por eI municipio, sino que al encargarse de esta función, el mantenimiento de las redes también estaba a su cargo.

De igual forma, aunque no pudo establecerse en qué consistió el mal funcionamiento de la red, o cuál fue la causa del mismo, lo cierto es que, de acuerdo con las pruebas, la muerte del caballo fue por electrocución al recibir una descarga eléctrica en momentos en que tuvo contacto con la estructura que se encontraba energizada, de manera que tanto el municipio como Electrohuila están llamados a responder.

El municipio en su impugnación alegó que hubo culpa exclusiva de la víctima, porque es de conocimiento público que en los días de ferias y fiestas las personas se embriagan, de modo que bien pudo ocurrir que el semoviente estuviera agotado por los excesos del día y al estar su jinete en estado de alicoramiento imprudentemente lo expuso al riesgo y eso dio lugar a su muerte. Al respecto, cabe señalar que dichas afirmaciones son meras especulaciones que carecen de soporte probatorio porque fuera de que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 10 p.m. en un día en que el municipio estaba en ferias, no hay ningún elemento que indique que el demandante actuó imprudentemente y con su conducta contribuyó a la concreción del daño, circunstancia que además debió ser probada por la entidad.

Así las cosas, considera la Sala que procede endilgar responsabilidad a las entidades demandadas, por la muerte del caballo de propiedad del señor Pablo Miller Valderrama y en consecuencia en este punto se confirmará la providencia de primera instancia, manteniendo lo relativo a los llamados en garantía puesto que ese aspecto no fue objeto de apelación.

2.7. Los perjuicios.

2.7.1. Perjuicios morales.

Uno de los motivos de impugnación de la parte demandante consiste en la negativa a reconocer los perjuicios morales solicitados, los cuales fueron negados por el fallador de primera instancia por considerar que no se probaron.

Los perjuicios morales, se han definido como el dolor, el sufrimiento, tristeza angustia y otras manifestaciones sufridas por aquellos que padecen un daño y en tratándose de la muerte de un ser querido, se le da aplicación a las presunciones derivadas de las relaciones familiares, pero en otros casos es necesario probar la afectación o aflicción sufrida por quien lo solicita y debe ser concedido acudiendo al arbitrium judicis, que debe tener en cuenta, las características mismas del daño, su gravedad y extensión, es decir, los elementos o circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante afectado.

Sobre el reconocimiento de los perjuicios morales ha dicho la Sala:

“Así las cosas, en esta oportunidad, la Sala reitera la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar, sin perjuicio de que, en ausencia de otro tipo de pruebas, pueda reconocerse con base en las presunciones derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan.

Ahora bien, no puede perderse de vista que de tiempo atrás la jurisprudencia de esta Sala —y de la Corte Suprema de Justicia también—, ha soportado la procedencia de reconocimiento de este tipo de perjuicios y su valoración no solamente con fundamento en la presunción de afecto y solidaridad que surge del mero parentesco, sino que, acudiendo al arbitrium judicis, ha utilizado como criterios o referentes objetivos para su cuantificación las características mismas del daño, su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada persona, vale decir, el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante afectado, para, por vía del análisis de conjunto, debidamente razonado, llegar a concretar un monto indemnizatorio determinado que de ninguna manera puede asumirse como algo gracioso, nacido de la mera liberalidad del juez, y bajo esa concepción han de entenderse los lineamientos que la jurisprudencia ha llegado a decantar que en ese punto —el del quantum— obra como referente(14).

Pues bien, debe señalarse que en este caso no operan las presunciones reconocidas por la jurisprudencia de la corporación y para probar el perjuicio moral solo obra en el proceso el testimonio rendido por el señor Guillermo León Carballo Chaux, quien específicamente se refirió a que la afectación sufrida por el demandante había sido por la pérdida patrimonial, lo cual a juicio de la Sala es insuficiente para dar por acreditado el perjuicio deprecado y por ello se negará su reconocimiento.

2.7.2. Perjuicios materiales.

El no haberse concedido los perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante, solicitados por la parte actora constituye el otro motivo de inconformidad con la providencia de primera instancia donde fueron negados por falta de prueba de la actividad que desarrollaba el equino como reproductor.

En cuanto tiene que ver con el reconocimiento de los perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante, con base en los ingresos acreditados en el dictamen pericial rendido y no con el salario mínimo, debe precisarse que el dictamen pericial constituye un elemento más de prueba que debe ser valorado por el funcionario judicial inicialmente de acuerdo con los criterios previstos en el artículo 241 del Código Procesal Civil, y luego en conjunto con los demás medios probatorios en orden a las reglas de la sana crítica.

Pues bien, el dictamen es un medio de convicción con el cual un experto aporta al proceso elementos técnicos, científicos o artísticos, con miras a contribuir a dilucidar la controversia.

La ley procesal determina que la pericia contenga una relación detallada de las operaciones practicadas y de sus resultados, explicando cuáles fueron los instrumentos, materiales y sustanciales empleados.

Exigencia lógica si se atiende a que con base en esa relación el funcionario judicial lleva a cabo la apreciación del dictamen, dado que las conclusiones tienen como soporte y garantía de credibilidad las labores adelantadas por el perito para llegar a esa opinión.

Además, deben contener las conclusiones formuladas por los expertos con arreglo a los principios de la ciencia, arte o técnica aplicada, respondiendo ordenadamente y en forma concreta y expresa todos los puntos sometidos a su consideración.

En síntesis, el dictamen debe contener dos partes, la descripción del proceso cognoscitivo, y las conclusiones.

El primero comporta la clase de dictamen, las preguntas por responder, el objeto, persona, cosa o fenómeno sometido al proceso de conocimiento, explicar de manera clara el procedimiento técnico, artístico o científico realizado, informando la metodología y medios utilizados, y describir los hallazgos o comprobaciones realizadas, dejando memoria o reproducción de ellos.

Las comprobaciones comparadas con el cuestionario extendido por el funcionario judicial y sus respuestas, arrojan las conclusiones del dictamen.

Presentado el dictamen, el funcionario judicial debe examinar la coherencia del proceso cognoscitivo y su congruencia con las conclusiones, y todo su conjunto con las preguntas contenidas en el cuestionario.

El dictamen debe ser claro y preciso, explicando los exámenes, experimentos e investigaciones realizadas y los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones, empero, en el rendido en el proceso, los peritos señalaron que tomaron como valor del semoviente, el declarado por él en el proceso, esto es, la suma de cinco millones de pesos y luego lo actualizaron pero en el proceso no existe soporte probatorio que permita inferir que ese era el valor del caballo al momento de su muerte, tal como lo señaló el presidente de la asociación huilense de criadores de caballos cuando hizo constar que no le era posible conceptuar el valor del mismo porque las características especiales del caballo, como el fenotipo, la finura de su paso y su estado en general debían apreciarse con el ejemplar vivo y no mediante las fotografías aportadas, de manera que las conclusiones allí plasmadas resultan carentes de soporte y por tanto subjetivas, lo que conduce a esta Sala a desestimarlo y en consecuencia se confirmará la decisión de primera instancia en cuanto liquidó los perjuicios materiales con base en el valor de la venta, previa depreciación, actualizando su valor a la fecha de esta sentencia.

2.8. Condena en costas.

Finalmente en lo relacionado con la condena en costas, vale la pena señalar que de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas, cuando no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe o algún tipo de conducta dilatoria o de falta de colaboración en la práctica de una prueba, de manera que el haber sido vencido en el proceso no implica automáticamente una condena en costas y por ello la decisión de primera instancia debe ser confirmada en este punto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia proferida por el por el (sic) Tribunal Administrativo del Huila, el 23 de septiembre de 2004, por medio de la cual accedió a las súplicas de la demanda.

2. En firme esta providencia envíese el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En la estimación razonada de la cuantía se afirmó que esta era de $22.000.000 y según las pretensiones se solicitaba $5.000.000 por daño emergente y por perjuicios morales, 500 gramos oro que equivalían a la fecha a $5.876.640, de manera que al lucro cesante correspondía la suma $11.123.360, siendo esta la mayor pretensión y para la fecha de presentación de la demanda la mayor cuantía era de $9.610.000.

(2) La responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria. Ed, Civitas, Madrid. 2000. Págs. 142 a 143.

(3) En este mismo sentido, dice Nelson R. Mora G. que “La acción ejecutiva se dirige contra el Estado por intermedio del juez, a fin de solicitar de este la tutela jurídica para obligar al deudor al pago o ejecución de una obligación contenida en un título ejecutivo, título que por su sola apariencia se presenta como indiscutible para el juez y contiene un derecho reconocido previamente, a favor del acreedor y a cargo del deudor; por ello, el órgano jurisdiccional del Estado puede actuar coercitivamente contra el deudor y sus bienes, imponiéndole la obligación de pagar, dar, hacer o no hacer”. (Procesos de ejecución. Ed. Temis. Bogotá. 1972, pág. 31)

Agrega que “El juicio ejecutivo, más que un juicio, es un procedimiento por el que se trata de llevar a efecto, mediante embargo”.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 8 de 2007, rad. 30903, C.P. Enrique Gil Botero.

(5) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042; C.P. Enrique Gil Botero.

(6) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 16 de septiembre de 1999; Exp.10922 C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(7) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 19 de abril de 2012. C.P. Hernán Andrade Rincón. Exp. 21515.

(8) Ídem.

(9) Sentencia de enero 30 de 2013, Radicación 26604, Actor Ana Dioneira Bustos Caballero y otros, demandados Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, M.P OIga Mélida Valle de De La Hoz.

(10) Reposan en folios: 8, 12, 13, 14, 16 a 30, 39 a 126, 128, 129, 131 a 144 del cuaderno de pruebas.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de marzo de 2011, Exp. 20171.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de mayo de 2011, Exp. 36912.

(13) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042; C.P. Enrique Gil Botero.

(14) Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 2012 rad. 24392. C.P. Hernán Andrade Rincón.