Sentencia 2001-11650 de mayo 31 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 25000-23-26-000-2001-11650-01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Dora Cecilia Ruíz Jiménez y otros

Demandado: Nación—Ministerio de Defensa—Policía Nacional

Expediente: 27.329

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., 31 de mayo de 2013.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

6. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en un proceso que, por su cuantía(3) determinada al momento de la interposición de la demanda, tiene vocación de doble instancia. Se aplican en este punto las reglas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998.

2. Validez de los medios de prueba.

7. Además de las pruebas aportadas al plenario con el escrito de la demanda, la parte actora solicitó el traslado de los procesos disciplinario y penal adelantados con ocasión de la muerte del señor Germán Orjuela Ballesteros (fls. 26 y 28, cdn. 2). Respecto al proceso penal, dicha prueba fue ordenada mediante auto del 15 de agosto de 2001 (fls. 61 y 62, cdn. 2) y solicitada a la Fiscalía 28 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Adscrito a la Unidad de Reacción Inmediata de Ciudad Bolívar (fl. 68, cdn. 2) quien remitió copia auténtica del proceso que culminó con resolución inhibitoria (Oficio 1474.JS-CB del 29 de agosto de 2001, fls. 21-100, cdn. pruebas), acompañado por el acervo probatorio correspondiente.

8. Ahora bien, respecto al traslado del proceso disciplinario, este también fue ordenado mediante el auto del 15 de agosto de 2001 (fls. 28 y 29, cdn. 2) y solicitado al Departamento de Policía de Tránsito de Santafé de Bogotá (fl. 66, cdn. 2), quien remitió (Oficio 801752 de febrero 4 de 2002, fl. 162) original de los extractos de hoja de vida de los agentes Cáceres Quintero Carlos William (fls. 181-184, cdn. pruebas) y Rodríguez Sánchez Francisco (fls. 185-190, cdn. pruebas) en donde consta que se efectuó apertura y cierre de dicha investigación para el primero de ellos resultando absuelto en decisión del 7 de febrero del 2000 (fl. 181, cdn. pruebas).

9. En cuanto al traslado de pruebas, esta Sección ha expresado(4), que aquellas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra la cual se aducen o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquella, no podrán valorarse en el proceso contencioso administrativo. También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(5). En el presente asunto, como quiera que las pruebas trasladadas del proceso penal no fueron objetadas por la entidad demandada, teniendo la oportunidad legal para controvertirlas, y las mismas obran en copia auténtica, serán valoradas para la resolución del recurso de apelación.

10. Ahora bien, en lo atinente a la validez de los testimonios la regla general es que, por virtud del principio de inmediación, estos tienen que practicarse en presencia de los jueces que deben resolver los litigios(6) y, en observancia del derecho a la defensa, las partes deben haber tenido la posibilidad contradecir las pruebas que se aduzcan en su contra.

11. Con relación a ello, el Código de Procedimiento Civil establece, por un lado, que los testimonios practicados por fuera del proceso son apreciables cuando hayan sido recaudados en forma anticipada, en aquellos eventos en los que los declarantes padecieran una grave enfermedad que, previsiblemente y hacia futuro, les impidiese verter su declaración. Esta posibilidad está contemplada en el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil(7). De otro lado, el ordenamiento procesal civil consagra la posibilidad de que se rindan testimonios con fines judiciales ante alcaldes o notarios, pero solo en los casos en que la ley lo autorice, según lo dispone el artículo 299(8) del C.P.C.

12. En ambos casos, para que el testimonio extraprocesal pueda ser apreciable por el juez, se requiere del cumplimiento de los requisitos de la ratificación, según están consagrados en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, que dispone, además, que también podrán ratificarse los testimonios que hayan sido rendidos en otro proceso judicial, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior. El texto de la norma es el siguiente:

ART. 229.—Modificado. D. E. 2282/89, art. 1º, núm. 106. Ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso. Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior.

13. Como se observa, para que se pueda apreciar un testimonio que ha sido rendido por fuera el proceso es imperioso, en primer lugar, que se trate de aquellos eventos a los que se refieren los numerales 1 y 2 del artículo 229 del C de P. C. y, en segundo orden, debe cumplirse con el trámite de ratificación que estipula la misma norma, trámite del cual se podrá prescindir únicamente cuando el juez considere que es innecesario y las partes concuerden en ello, voluntad que estas deberán manifestar verbalmente en audiencia, o mediante escrito autenticado.

14. De conformidad a lo anteriormente reseñado, dado que en el presente caso los testimonios recepcionados en el marco del proceso penal a los agentes de tránsito Cáceres y Rodríguez no fueron ratificados, no podrán ser valorados en esta instancia.

3. Los hechos probados.

15. Con base en las pruebas recaudadas en el proceso contencioso administrativo, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

15.1. El día 20 de octubre de 1999 el señor Germán Orjuela Ballesteros, conducía el bus ejecutivo de transporte público de placas SFI-340 en la carrera 10ª con 1ª de Mayo, conocida como “vía al Llano” recogiendo y dejando pasajeros (infracción 066 —obstruir el tránsito—), por lo cual un agente de tránsito le ordenó orillar el vehículo y mostrarle los documentos del conductor y del vehículo(9). En el comparendo, en la sección “observaciones” se estableció: “obstruir el tránsito, recoger pasajeros en intersección y llevar puertas habiertas (sic)” (comparendo 5149447 del 20 de octubre de 1999, en original, fl. 37, cdn. pruebas).

15.2. Una vez interpuesto el comparendo arriba citado, el agente Francisco Rodríguez se cercioró de que el conductor no portaba la licencia de tránsito, por lo cual le advirtió que la ausencia de este documento daba lugar a otra infracción —infracción 046— con la consecuente inmovilización del vehículo. A continuación procedió a hacer descender a los pasajeros. Posteriormente el agente Rodríguez llamó a una unidad para que hiciera el respectivo procedimiento de inmovilización llegando al lugar el subintendente Cáceres(10).

15.3. El señor Germán Orjuela Ballesteros permaneció al volante del vehículo para realizar su traslado al patio 16 mientras el agente Cáceres lo escoltaba en una moto. De repente se detuvo el bus y acto seguido se incendió, sin que el conductor pudiera salir del mismo(11).

15.4. El señor Germán Orjuela Ballesteros murió hacia las 15:55 p.m. (sic) con quemaduras de III grado (sic) en el 100% de su cuerpo —calcinado— y en forma fulminante (informe de identificación indiciaria del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 21 de octubre de 1999, fl. 53, cdn. pruebas). La conflagración agotó el combustible del automotor, cuyos tanques se encontraban en la parte delantera a la altura de la registradora, los elementos de aluminio como pasamanos y registradora llegaron al punto de fundición, el incendio no fue propiciado por un elemento explosivo u ataque terrorista (acta original de inspección del cadáver 7959-2954 de 20 de octubre de 1999 por el CTI, Fiscalía 326, a las 7:00 p.m., fls. 45-47, cdn. pruebas).

15.5. Dado el grado de incineración del vehículo no se pudo establecer sus condiciones de funcionamiento (informe experticio de la Secretaría de Tránsito y Transporte de fecha 22 de octubre de 1999, fl. 57, cdn. pruebas).

15.6. El bus de placas SFI-340 era de propiedad de los señores Arquimio Sierra Castillo y Pedro González (licencia de tránsito 91-00263342, fl. 59, cdn. pruebas) vinculado a la Empresa Vecinal de Transportes de Suba(12). El señor Pedro González celebró un contrato de sociedad de hecho el 24 de mayo de 1999 con el señor Germán Orjuela Ballesteros para la explotación económica del automotor “de acuerdo al número de pasajeros movilizados diariamente y el conductor no percibía por parte de la empresa ningún emolumento de tipo laboral” (copia autenticada del contrato de sociedad de hecho, fls. 177 y 178, cdn. pruebas; oficio de la Empresa Vecinal de Transportes de Suba S.A. dirigido al comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, junio 5 de 2003, fl. 176, cdn. pruebas).

15.7. El bus ejecutivo en mención había sido sometido a revisión técnico mecánica el 17 de septiembre de 1999 con una valoración del estado general del vehículo como “bien” (copia autenticada del acta de revisión del parque automotor, mantenimiento preventivo, fl. 110, cdn. pruebas).

15.8. A raíz de la muerte del Señor Germán Orjuela Ballesteros se inició oficiosamente una investigación penal que determinó que la misma fue “accidental”, en virtud del “riesgo profesional”, “fortuito y de aparición brusca e instantánea”, que culminó con la decisión del ente investigador de “abstenerse de abrir investigación dentro de la presente actuación” (copia autentica de la resolución interlocutoria de la Fiscal 326 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de 21 de noviembre de 1999, fls. 83-88, cdn. pruebas).

15.9. Los agentes Carlos William Cáceres Quintero y Francisco Rodríguez Sánchez fueron sometidos a investigación disciplinaria por lo acaecido el 20 de octubre de 1999, culminando ambas investigaciones en absolución el 7 de febrero de 2000 (extractos originales hojas de vida del Departamento de Policía Metropolitana de Bogotá, fls. 181-190, cdn. pruebas).

15.10. Germán Orjuela Ballesteros era compañero permanente de la señora Dora Cecilia Ruíz desde hacía 14 años(13) y padre de los menores Angélica, Teodomiro, Germán Danilo, Carlos Fernando y Dora Cecilia Jiménez (originales de los registros civiles de nacimiento de la señora y cada uno de los menores, fls. 3-8, cdn. pruebas).

3. Problema jurídico.

16. Procede la Sala a determinar si en el caso bajo análisis se configuró una falla del servicio por la muerte del señor Germán Orjuela a raíz del incendio que se ocasionó en el bus de servicio público que conducía, mientras este era escoltado por la Policía Nacional en el trayecto a los patios para su inmovilización; o si por el contrario, la administración actuó conforme a derecho y se produjo una causal que exime su responsabilidad.

4. Análisis de la Sala.

17. La Sala tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora, es decir, está debidamente acreditada la muerte del conductor del automotor Germán Orjuela Ballesteros el 20 de octubre de 1999, alrededor de las 15:55 p.m. (sic), en la vía al Llano mientras conducía el vehículo que estalló en llamas.

18. Se tiene, igualmente, que la muerte de una persona produce dolor a sus parientes cercanos, pues las reglas de experiencia indican que el daño sufrido en un evento tal, causa dolor y angustia a quienes conforman su núcleo familiar(14).

19. Así mismo, considera la Sala que al presente caso le es aplicable el régimen de falla probada del servicio, toda vez que el daño se produjo sobre el automotor mientras este era conducido por la propia víctima, cuando la Policía de Tránsito lo escoltaba, pero sin que le fuese aplicable un régimen especial de sujeción que de lugar a un régimen objetivo de responsabilidad, por cuanto el generador del daño, el automotor, era de propiedad y estaba siendo manipulado por particulares.

20. El apelante considera que la responsabilidad de la administración deviene del hecho de que el vehículo había sido previamente detenido por la Policía de Tránsito y que como consecuencia de la infracción, todo aquello que le pasase al vehículo en proceso de inmovilización es responsabilidad del Estado. En este sentido el apelante señala que independientemente de que el vehículo se encontrase en buen o mal estado, o que hubiese sido indebidamente manipulado por la propia víctima momentos previos a la conflagración, según la hipótesis que avaló el a quo, la responsabilidad del Estado se cristaliza por la situación de retención.

21. En primer lugar corresponde a la Sala entrar a determinar si los agentes de tránsito actuaron conforme a derecho o si su conducta se ubica en el ámbito de la falta de racionalidad, proporcionalidad o no adecuación de la medida para la consecución del fin. Es decir, si el procedimiento seguido por los agentes de tránsito consistente en: i) percatarse de una infracción; ii) ordenar al infractor parquear su vehículo; iii) imponerle un comparendo, iv) hacer descender a los pasajeros; v) verificar el porte de los documentos que permiten la circulación de vehículos de transporte público; y por último, vi) autorizar su traslado a los patios por el propio conductor, vulneró la legislación de tránsito que regula el procedimiento a seguir en estos eventos e impuso a la víctima una carga no soportable que le condujo inexorablemente a su muerte.

22. Para el momento de los hechos la legislación vigente en materia de tránsito era el Decreto 1344 de 1970 “Código Nacional de Tránsito Terrestre”, modificado por la Ley 33 de 1986, en cuyo articulado se establecía:

ART. 162.—Los vehículos de servicio público deben transitar siempre con todas sus puertas cerradas.

ART. 201.—Modificado mediante la Ley 33 de 1986, así: “Quien conduzca un vehículo sin portar licencia de tránsito o fotocopia autenticada de la misma incurrirá en multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos y el vehículo será inmovilizado hasta cuando se presente la licencia de tránsito respectiva”.

ART. 213.—Modificado mediante la Ley 33 de 1986, así: “El conductor que impida con su vehículo el paso de otro que se lo solicite en sitio permitido u obstaculice la vía en intersección, incurrirá en multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos por cada ocasión”.

ART. 230.—Modificado mediante la Ley 33 de 1986, así: “Los vehículos podrán inmovilizarse:

1. Cuando el vehículo no esté en condiciones mecánicas para funcionar adecuadamente, en especial cuando transite en deficientes condiciones de frenos, dirección o sin llevar luces o dispositivos ópticos o audibles o sin que estos funcionen. Modificado Decreto Nacional 2591 de 1990.

2. Cuando el conductor no presente la licencia de tránsito del vehículo o su fotocopia autenticada.

3. Cuando el conductor se encuentre conduciendo en estado de embriaguez o drogadicción.

4. Cuando se transporten materiales inflamables o corrosivos, explosivos o venenosos o combustibles, sin las medidas de seguridad adecuadas.

5. Cuando sea conducido el vehículo por personas con licencia de conducción de categoría inferior a la autorizada.

6. Cuando el conductor esté en imposibilidad física de conducir.

PAR.—La inmovilización a que se refiere el presente artículo no da derecho a las autoridades de tránsito a despojar al propietario o tenedor de la posesión del automotor.

23. De la legislación anterior se concluye que el agente de tránsito tenía el deber de imponer el comparendo dado que el automotor transitaba con las puertas abiertas (art. 162) y adicionalmente inmovilizar el vehículo de servicio público por cuanto el conductor no portaba la licencia de tránsito (art. 230.2). En este sentido la conducta del agente Francisco Rodríguez Sánchez al ordenar la inmovilización del vehículo de servicio público se adecuó en forma proporcional y racional a la normatividad vigente y conforme al deber jurídico que se le imponía.

24. Ahora bien, para la parte actora la conducta inadecuada o generadora del daño se produjo cuando se le autorizó al conductor, por parte del agente, a continuar en el vehículo y encaminarlo hacia los patios.

25. En su declaración ante la Fiscal 326 Seccional, el agente Rodríguez Sánchez señaló:

Preguntado: Sírvase precisar al despacho cómo era la reacción del señor conductor del rodante que usted entregó a fin de que se inmovilizara al subintendente Cáceres. Contestó: Era normal, para un conductor a esa hora ya cansado, sí se veía su estado físico agotado y me manifestó que cómo él me podía colaborar a mí, para que yo no le inmovilizara el carro, que tenía ocho hijos, fue cuando le dije que la única colaboración es que él mismo llevara el vehículo para no tener que enganchárselo a una grúa y que la otra unidad seguía con el procedimiento, y que guardara eso que me estaba ofreciendo para la sacada del vehículo, ahí ya le entregué el caso a Cáceres, yo seguí mi ronda y llegué a la oficina, cuando me informaron del siniestro (fl. 36, cdn. pruebas).

26. Sobre si excedió o no sus competencias el agente en cuestión al permitirle al conductor mantenerse al volante con la intención de ahorrarle lo que costaría la grúa, encuentra esta Sala que tal posibilidad era viable por cuanto en la legislación en vigor el servicio de grúa no se encontraba reglamentado para aquellos casos en el que el propietario, poseedor o tenedor estaba presente y procedía la inmovilización del vehículo por la obstrucción de las vías públicas(15). En efecto, en la Resolución 50 de 1999 (febrero 9 de 1999), modificada por la Resolución 157 de 1999 de la Secretaría de Tránsito y Transporte, se reglamentó la inmovilización de vehículos de servicio público en el que se estableció:

ART. 1º—Modificado Resolución 157 de 1999 Secretaría de Tránsito y Transporte, así: Cuando se trate de inmovilización o retención de vehículos de servicio público cuya infracción este contemplada en el artículo 49 de la Ley 336 de 1996, el director (a) de la Unidad de Transporte Público procederá de conformidad con lo señalado en el parágrafo 3º del artículo 230 del Decreto 1344 de 1970.

ART. 2º—La inmovilización o retención en los casos a que se refiere esta resolución, consiste en suspender temporalmente el desplazamiento de un vehículo por las vías públicas. Para el efecto el vehículo será conducido a patios oficiales o parqueaderos autorizados (se subraya).

27. La Sala advierte, de la lectura anterior, que el artículo segundo de la Resolución 157 de 1999 consagró un protocolo especial que excluyó el uso imperativo de la grúa para la inmovilización de aquellos vehículos que fuesen conducidos a los patios oficiales o parqueaderos autorizados en tanto utilizó el vocablo abierto “será conducido”, lo que conlleva a que la asistencia de un remolque para transportar el vehículo objeto de inmovilización era un recurso posible pero no exigible ni para el conductor ni para el agente.

28. Este criterio se encuentra además respaldado por la evolución que se daría en la regulación de la materia en los años siguientes al trágico suceso. En efecto en el artículo 1º de la Resolución 1410 de diciembre 15 de 2000, “Por la cual se dictan disposiciones en materia de inmovilización o retención de vehículos de transporte público”, que reglamentó el artículo 49 de la Ley 336 de 1996(16), que trataba sobre el procedimiento de inmovilización o retención, se estipuló que la conducción del vehículo hacia los patios podrá darse “según sea el caso” ya sea por medio de la Secretaría de Transito o Transporte, o por el mismo propietario, poseedor o tenedor, bajo discrecionalidad de la autoridad de tránsito.

29. Así las cosas no comparte la Sala los argumentos de la parte demandante por cuanto: i) el procedimiento dispuesto por el agente de tránsito en la inmovilización del vehículo conducido por el señor Germán Orjuela Ballesteros fue adecuado y ajustado a las normas vigentes para regular la conducción de vehículos a los patios oficiales tras incurrir en una infracción que acarreaba dicha medida; ii) la posibilidad de mantenerse en el volante por parte del señor Germán Orjuela era viable bajo discrecionalidad del agente y ante la presencia del conductor; iii) la incineración del vehículo no guarda ningún vínculo o relación con el proceso de inmovilización del automotor, por cuanto el daño no fue generado, provocado o determinado por dicha medida; iv) el régimen de responsabilidad aplicable en este caso es el subjetivo.

30. En el anterior orden de ideas, es claro para la Sala que en el proceso no se demostró la comisión de una falla del servicio de la entidad demandada, de lo que se colige la negación de las súplicas de la demanda y la confirmación de la providencia proferida por el a quo pero por las razones expuestas en esta providencia.

6. Costas.

31. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes dentro del proceso, razón por la cual no se condenará en costas.

32. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia apelada, esto es la proferida el 25 de febrero de 2004 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda pero por los motivos previamente señalados.

SEGUNDO: Sin costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) En la demanda se estima la cuantía de la mayor pretensión, por concepto de perjuicios morales, en la suma de $54.000.000. Suma que supera la cuantía requerida por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo para que un proceso de reparación directa iniciado en el 2001 fuera de doble instancia, debía ser superior a veintiséis millones trescientos noventa mil pesos ($26.390.000).

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C. P. Myriam Guerrero de Escobar, sentencia de 14 de abril de 2010, Rad. 05001-23-31-000-1993-00588-01(17805), actor: Luz Mila Zapata De Carvajal y otros, demandado: Nación—Ministerio de Defensa—Policía Nacional.

(5) En la sustentación del recurso de apelación la parte demandada solicitó en el acápite de pruebas “téngase como tales los obrantes en el expediente en cuanto sean favorables a los intereses de mi defendida” (fl. 333, cdn. 5).

(6) Ha dicho la jurisprudencia en relación con el principio de inmediación: “1. Uno de los principios fundamentales del derecho probatorio, es el de la inmediación, en virtud del cual se persigue que el juzgador, por el contacto directo y personal al practicar las pruebas, pueda aprehenderlas y apreciarlas con mayores elementos de juicio y mejores garantías de acierto, razones estas por las cuales, solo de manera excepcional ha de acudirse a la práctica de las mismas mediante comisión a otros despachos judiciales”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto del 14 de febrero de 1996, M. P. Pedro Lafont Pianetta, expediente 5739.

(7) “ART. 298.—Modificado. D. 2282 de 1989, art. 1º, mod. 129. Con el fin de allegarlos a un proceso, podrá pedirse que se reciban testimonios anticipados únicamente a personas que estén gravemente enfermas, con citación de la parte contraria en la forma prevista en el artículo 318 y en los numerales 1, 2 y 3 del 320.//La solicitud deberá formularse ante el juez de la residencia del testigo, y el peticionario expresará bajo juramento, que se considerará prestado por la presentación del escrito, que el testigo se encuentra en la circunstancia mencionada, e informará el lugar donde puede citarse a la persona contra quien pretende hacer valer la prueba.//Cuando el peticionario manifieste también bajo juramento prestado de igual manera, que ignora dónde puede citarse a la presunta contraparte, se aplicará el artículo 318.//El juez rechazará de plano la recepción de testimonios extraproceso para fines judiciales, cuando la solicitud no cumpla los requisitos exigidos en los incisos anteriores.//Los testimonios que se reciban con violación de este artículo no podrán ser apreciados por el juez”.

(8) “ART. 299.—Modificado. D. 2282 de 1989, art. 1º, mod 130. Los testimonios para fines no judiciales, se rendirán exclusivamente ante notarios o alcaldes. Igualmente los que tengan fines judiciales y no se pida la citación de la parte contraria; en este caso, el peticionario afirmará bajo juramento, que se considera prestado con la presentación del escrito, que solo están destinados a servir de prueba sumaria en determinado asunto para el cual la ley autoriza esta clase de prueba, y solo tendrán valor para dicho fin”.

(9) Copia auténtica de la resolución interlocutoria del 21 de noviembre de 1999 de la Fiscal 326 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito, Unidad de Reacción Inmediata Sede Ciudad Bolívar (fls. 83-88, cdn. pruebas).

(10) Copia auténtica de la resolución interlocutoria del 21 de noviembre de 1999 de la Fiscal 326 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito (fls. 83-88, cdn. pruebas).

(11) Copia auténtica de la resolución interlocutoria del 21 de noviembre de 1999 de la Fiscal 326 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito (fls. 83-88, cdn. pruebas).

(12) Copia autenticada del Contrato de Vinculación entre la Empresa Vecinal de Transportes de Suba, S.A. y Arquiminio Sierra Castillo y Pedro González de 24 de abril de 1995 (fls. 105 y 106, cdn. pruebas).

(13) Declaraciones extrajuicio rendidas por Nelson Enrique Moreno Ramírez y Yormary Rojas Mateus (fl. 15, cdn. pruebas), ratificado este último bajo la gravedad de juramento el 9 de abril de 2003 en la primera instancia (fls. 76-77, cdn. 2). Respecto a la convivencia de la pareja se encuentra también el testimonio de Héctor Alfonso Pachón Villamil recepcionado el 17 de febrero de 2003 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 159 y 160, cdn. pruebas).

(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de marzo de 2010. Rad. 18569, C. P. Enrique Gil Botero.

(15) Sobre este aspecto cabe tener presente lo dispuesto en la Resolución 3144 de diciembre 28 de 2001 “Por la cual se reglamenta el procedimiento de inmovilización de vehículos que se encuentran estacionados en zonas prohibidas o abandonados en la vía pública o zonas de uso público”, la cual aunque es posterior a los hechos, enseña que el uso de la grúa se reglamentó básicamente para aquellos eventos en que el propietario, poseedor o tenedor no se encontraba presente y procedía la inmovilización. El texto es el siguiente: “ART. 1º—Inmovilización: Entiéndase por inmovilización lo establecido en el artículo 230 del Código Nacional de Tránsito, donde se define como la suspensión temporal del tránsito de un vehículo por las vías públicas o privadas abiertas al público.//ART. 2º—Procedimiento para la inmovilización: El procedimiento que seguirá la autoridad de tránsito, para efectos de la inmovilización, con base en lo establecido en el Código Nacional de Tránsito será el siguiente://a) Si un vehículo se encuentra estacionado en zona prohibida, o abandonado en la vía pública o zonas de uso público, tal y como establece el artículo 231 del Código Nacional de Tránsito, podrá ser retirado por la autoridad de tránsito —agente de Tránsito— quien procederá a dar la orden de retiro del vehículo con grúa o por cualquier medio idóneo, los cuales serán conducidos a patios oficiales o parqueaderos autorizados, cuyo costo correrá por cuenta del conductor o propietario del vehículo, además de la sanción pertinente.//b) Para efectos de la entrega del vehículo inmovilizado al propietario, poseedor o tenedor del mismo, se tendrá en cuenta lo siguiente://1.Si el propietario, poseedor o tenedor del vehículo se hace presente en el lugar y el momento en que se va a producir la inmovilización y lo retira antes de que la autoridad de tránsito competente, en este caso, Policía Metropolitana de Tránsito de Bogotá, D. C., ordene el enganche del vehículo por la grúa o que el mismo haya sido enganchado pero no se haya movido del sitio donde se generó la infracción, la autoridad de tránsito impondrá el comparendo respectivo por infracción a la norma de tránsito y no se procederá al traslado del vehículo a los patios.//2. Si el propietario, tenedor o poseedor del vehículo no se hace presente en el momento en que se va a producir la inmovilización, y el vehículo es enganchado y retirado del sitio por la grúa con el fin de ser conducido a los patios oficiales o parqueaderos autorizados, será la autoridad de tránsito correspondiente, en este caso, grupo de trámite de vehículos inmovilizados de la subsecretaría jurídica de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, la que verifica del cumplimiento de los requisitos establecidos para la entrega de los vehículos inmovilizados.//PAR.—Las autoridades de Tránsito que intervienen en este procedimiento son, la Policía Metropolitana de Tránsito de Bogotá, D. C., quien es la encargada del control operativo y vigilancia del tránsito en la ciudad, siendo competente para determinar la existencia de la causal de inmovilización específica, y dar la orden del traslado del vehículo a los patios, y el grupo de trámite de vehículos inmovilizados de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, D. C., cuyas funciones se encuentran establecidas en el artículo 4º literal h) de la Resolución 461 de agosto 10 de 2001, siendo el competente para comprobar que se ha superado la causal respectiva y dar la orden de la entrega del vehículo a través de la expedición de un acto administrativo, luego de la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para tal efecto”.

(16) “ART. 49.—La inmovilización o retención de los equipos procederá en los siguientes eventos://a) Cuando se compruebe que el equipo no cumple con las condiciones de homologación establecidas por la autoridad competente, caso en el cual se ordenará la cancelación de la matrícula o registro correspondiente.//b) Cuando se trate de equipos al servicio de empresas de transporte cuya habilitación y permiso de operación, licencia, registro o matrícula se les haya suspendido o cancelado, salvo las excepciones expresamente establecidas en las disposiciones respectivas.//c) Cuando se compruebe la inexistencia o alteración de los documentos que sustentan la operación del equipo y solo por el tiempo requerido para clarificar los hechos. //d) Por orden de autoridad judicial.//e) Cuando se compruebe que el equipo no reúne las condiciones técnico-mecánicas requeridas para su operación, o se compruebe que presta un servicio no autorizado. En este último caso, el vehículo será inmovilizado por un término hasta de tres meses y, si existiere reincidencia, adicionalmente se sancionará con multa de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos mensuales vigentes.//f) Cuando se compruebe que el equipo excede los límites permitidos sobre dimensiones, peso o carga.//g) Cuando se detecte que el equipo es utilizado para el transporte de mercancías presuntamente de contrabando, debiendo devolverse una vez que las mercancías se coloquen a disposición de la autoridad competente, a menos que exista orden judicial en contrario.//h) Cuando se detecte que el equipo es utilizado para el transporte irregular de narcóticos o de sus componentes, caso en el cual deberá ponerse a disposición de la autoridad judicial competente en forma inmediata, quien decidirá sobre su devolución.//i) En los demás casos establecidos expresamente por las disposiciones pertinentes.//PAR.—La inmovilización terminará una vez desaparezcan los motivos que dieron lugar a esta, o se resuelva la situación administrativa o judicial que la generó”.

Literales a), b) y c) subrogados por el artículo 324 del Decreto 1122 de 1999, publicado en el Diario Oficial Nº 43.622 del 29 de junio de 1999. Decreto declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-923-99 del 18 de noviembre de 1999, M. P. Álvaro Tafur Galvis.