Sentencia 4525 de junio 17 de 2002 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Rad.: 20014525 01/410-T, jun. 17/2002

Aprobado Acta Nº 49 de junio 17 de 2002

M.P. Guillermo Bueno Miranda

Negado el proyecto presentado por el honorable magistrado Jorge Alonso Flechas Díaz, procede esta corporación a decidir la impugnación interpuesta contra el fallo de tutela proferido el 18 de abril de 2002, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca declaró improcedente la petición de amparo elevada por la Sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio y la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

La solicitud de tutela

El 30 de noviembre de 2001 la Sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., a través de apoderado judicial, formuló acción de tutela contra la Superintendencia de Industria y Comercio y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, acceso a la administración de justicia y principio de la doble instancia.

Manifestó el accionante que en virtud de denuncia instaurada por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP-ETB, Orbitel S.A. y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom, la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de las funciones jurisdiccionales a ella conferidas, mediante Resolución 19 de 1999 abrió investigación contra Comcel S.A. por presuntos actos de competencia desleal.

La referida investigación culminó con la Resolución 4954 del 13 de marzo de 2000 mediante la cual se consideró a Comcel S.A. incursa en actos de competencia desleal, imponiéndole una sanción pecuniaria por $ 520.212.000 y se declaró a Orbitel S.A. y a la empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom afectadas con la conducta ilegal de la entidad denunciada, facultándolas para solicitar ante la misma superintendencia la liquidación de los perjuicios correspondientes.

Advierte el actor que en el artículo 5º de la mencionada decisión la superintendencia sólo señaló que contra la misma procedía el recurso de reposición, desconociendo con ello la procedencia del recurso de apelación establecido en el artículo 148 de la Ley 446 de 1998 en la forma como quedó modificado por el artículo 52 de la Ley 510 de 1999; pese a ello, Comcel formuló en su oportunidad los recursos de reposición, y en subsidio apelación.

Sin embargo, mediante Resolución 12835 del 13 de junio de 2000 la superintendencia, al resolver el recurso de reposición formulado, omitió pronunciarse sobre la apelación elevada, razón por la cual, a solicitud del recurrente, en Resolución 16400 del 25 de julio de 2000 se adicionó la referida decisión declarando improcedente el recurso de apelación formulado.

Ante tal negativa, Comcel inició el trámite del recurso de queja obteniendo, mediante Resolución 3743 del 2 de febrero de 2001, que el Superintendente de Industria y Comercio accediera a la expedición de copias que le había solicitado, dejando claro el ente administrativo que lo hacía en consideración al derecho de petición elevado.

El 20 de febrero de 2001, Comcel acudió a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá para que se resolviera de fondo sobre el recurso de queja elevado, pero en proveído del 25 de abril de 2001 la corporación accionada se declaró incompetente.

En tal virtud, a través de escrito del 30 de abril de 2001, se solicitó por Comcel la remisión del expediente al Consejo Superior de la Judicatura a fin de que dictaminara sobre el ente competente para resolver sobre la apelación prevista en el artículo 52 de la Ley 510 de 1998, petición que el tribunal accionado negó en proveído del 1º de junio de 2001.

Por lo antes expuesto, considera el accionante que se han vulnerado sus derechos fundamentales, en tanto no se ha dado curso al recurso de apelación que oportunamente formuló, ni se ha permitido que el Consejo Superior de la Judicatura determine quién es el competente para conocer del mismo.

Actuación procesal.

Avocado el conocimiento por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, por auto del 3 de diciembre de 2001 (fl. 32, c.o) se ordenó la notificación del accionante, su apoderado, de la Superintendencia de Industria y Comercio y de los magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

A través de auto del 5 de diciembre de 2001, se negó por el a quo la medida provisional solicitada por el accionante.

Posteriormente, mediante sentencia del 14 de diciembre de 2001, se declaró improcedente el amparo deprecado, decisión que fue impugnada y al llegar a esta segunda instancia, por auto del 14 de febrero de 2002 se declaró la nulidad de lo actuado y se ordenó la vinculación de los representantes legales de Orbitel S.A. y Telecom.

Fallo de primera instancia

Subsanada la irregularidad advertida, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Cundinamarca, mediante fallo del 18 de abril de 2002, declaró improcedente la tutela constitucional elevada, en los mismos términos de su decisión inicial nulitada por esta corporación.

Consideró la Sala de instancia que el accionante estaba acudiendo a la petición de amparo como mecanismo paralelo de las acciones ordinarias, esto es de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en donde además de atacarse la sanción pecuniaria impuesta a la aquí accionante se está cuestionando lo concerniente a la improcedencia del recurso de apelación interpuesto.

Así mismo, estimó el a quo que la acción de tutela ejercitada tampoco procedía como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, toda vez que la accionante contó con el mecanismo jurídico de la suspensión provisional del acto, y en este sentido ya se pronunció la jurisdicción contencioso administrativa concluyendo en la improcedencia del mismo, precisamente al no advertir vulneración manifiesta de ninguna norma, con lo cual según el fallador de instancia resultaba igualmente desvirtuado el posible perjuicio inminente de que da cuenta la actora.

Impugnación

El fallo así emitido fue oportunamente impugnado por el apoderado judicial de la entidad actora, quien después de recabar en los hechos expuestos en su escrito de tutela, señaló que el argumento sustento de la decisión de instancia perdió toda validez, pues si bien al momento de su emisión se hallaba en curso la acción de nulidad y restablecimiento del derecho referenciada por el seccional, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, mediante proveído del 7 de febrero de 2002, revocó su decisión de admisión y en consecuencia dispuso el rechazo de la misma, razón por la cual se comprueba que la entidad actora no dispone de mecanismo judicial diferente al de tutela para lograr el amparo de sus derechos fundamentales.

Aun así, insistió el impugnante en manifestar que la acción administrativa ejercitada tampoco era el mecanismo idóneo para la protección de los derechos constitucionales invocados por esta vía constitucional, en tanto lo aquí cuestionado es una decisión emitida por la Superintendencia en ejercicio de las funciones jurisdiccionales a ella atribuidas en la Ley 446 de 1998, que no actuaciones administrativas de la misma; además, la acción ejercitada no resultaba eficaz dada la alta congestión existente en la jurisdicción administrativa lo cual permitía prever que para cuando se resolviera la vulneración de derechos sería irremediable.

Precisó el petente de amparo que las providencias de la Superintendencia en asuntos de competencia desleal contienen decisiones de carácter tanto administrativo como jurisdiccional, y es respecto de estas últimas que se formula la presente petición de amparo, actos que por su naturaleza no son objeto de demanda o acción alguna ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Finalmente, afirmó el accionante que la procedencia de la acción de tutela para defender los derechos fundamentales vulnerados con motivo del inadecuado ejercicio de las facultades jurisdiccionales de las superintendencias, fue claramente determinado por la Corte Constitucional al pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 148 de la Ley 446 de 1998, en Sentencia C-384 de 2000.

Petición especial del impugnante

En el curso de la presente instancia el apoderado judicial de Comcel S.A., solicitó que se celebrara una audiencia pública con el objeto de exponer ante los magistrados de esta corporación las trascendentales implicaciones del fallo a emitirse.

Consideraciones

En virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, y en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, esta corporación es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra los fallos de tutela proferidos por las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura existentes en el país.

En cuanto a la audiencia pública solicitada por el impugnante, baste señalar que la misma es innecesaria dado que los documentos obrantes dentro del expediente resultan suficientes para emitir decisión de fondo.

Siendo así, procede esta corporación a revisar el fallo de tutela proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca objeto de impugnación.

1. Asunto materia del presente debate.

Cuestiona el accionante la negativa, tanto de la Superintendencia de Industria y Comercio como del Tribunal Superior de Bogotá, a tramitar el recurso de apelación por él formulado contra la Resolución 4954 del 13 de marzo de 2000, por medio de la cual la superintendencia declaró a la empresa que representa incursa en actos de competencia desleal y, en consecuencia, la sancionó pecuniariamente a pagar una multa de $ 520.212.0000 (sic), decisión que puso fin a la queja formulada por Telecom y Orbitel S.A.

Al respecto, cabe advertir en primer lugar que entre las varias medidas adoptadas para lograr la descongestión y eficiencia de la administración de justicia, la Ley 446 de 1998 confirió atribuciones especiales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de los asuntos relacionados con competencia desleal, cuando señaló:

“ART. 143.—La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá respecto de las conductas constitutivas de la competencia desleal las mismas atribuciones señaladas legalmente en relación con las disposiciones relativas a la promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas.

“ART. 144.—Facultades sobre competencia desleal. En las investigaciones por competencia desleal la Superintendencia de Industria y Comercio seguirá el procedimiento previsto para las infracciones al régimen de promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, y podrá adoptar las medidas cautelares contempladas en las disposiciones legales vigentes”.

Y fue precisamente en desarrollo de estas atribuciones especiales que se profirieron las decisiones materia de la presente petición de amparo, razón por la cual se estudiarán dentro de este marco.

2. Procedibilidad de la acción ejercitada.

Como en reiteradas ocasiones se ha sostenido por esta corporación (1) , el primer aspecto a dilucidar en estos casos es el de procedibilidad de la acción de tutela ejercitada, porque de no superarse tal juicio el juez constitucional no adquiere competencia para conocer de fondo sobre la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se depreca.

(1) Rad. 20019017, rad. 20012259 y 20019772.

Sin embargo, en el sub lite contrario a lo considerado por el fallador de instancia, no se avizora circunstancia alguna que lleve a la improcedencia de la acción de tutela ejercitada, pues respecto a las resoluciones de la Superintendencia atacadas por el accionante, sea del caso recordar que las mismas se emitieron por la citada entidad en desarrollo de las facultades que sobre competencia desleal recientemente le fueron conferidas por el legislador en los artículos 143 y 144 de la Ley 446 de 1998, actuación cuya naturaleza fue objeto de estudio in extenso por la Corte Constitucional en Sentencia C-649 del 20 de junio de 2001 cuando resolvió sobre la exequibilidad de las citadas normas, oportunidad en la cual el máximo tribunal en lo constitucional después de efectuar un estudio gramatical, histórico y hermenéutico de las disposiciones acusadas concluyó que al menos algunas de las atribuciones allí conferidas a la Superintendencia de Industria y Comercio tienen el carácter jurisdiccional; sobre el punto se indico:

“Sin embargo, no sólo la Ley 446 de 1998 es una ley de desjudicialización, sino que ella misma hace referencia, en sus artículos 147 y 148, a ciertas funciones jurisdiccionales que habrán de ser ejercidas por las superintendencias, entre ellas la de Industria y Comercio; ello, por dos razones:

”(i) el artículo 147 dispone que son competentes a prevención la Superintendencia y los jueces para conocer de los "asuntos de los que trata esta parte"; si existe competencia a prevención para conocer de los casos de competencia desleal, es claro que se tiene que tratar de la misma función, de índole jurisdiccional, que ejercen los jueces de la República en virtud de la Ley 256 de 1996. Por lo mismo, debe concluirse que al menos algunas de las funciones que otorga el artículo 143, demandado, son jurisdiccionales, y que en consecuencia, los actos dictados por la superintendencia en ejercicio de esta función, harán tránsito a cosa juzgada, tal y como lo dispone el inciso 3 del mismo artículo 147;

“(ii) el artículo 148, en su tercer inciso, establece que los actos dictados por las superintendencias en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales no tendrán acción o recurso alguno ante las autoridades judiciales, pero que la decisión por la cual se declaren incompetentes y el fallo definitivo, serán apelables ante las mismas. Asimismo, dispone en su parágrafo tercero, que una vez en firme la decisión de la Superintendencia y Comercio sobre las conductas que constituyen competencia desleal, el afectado tendrá quince días para solicitar la promoción de un trámite incidental de liquidación de perjuicios, a la manera de lo que ocurre con este tipo de trámites en el procedimiento jurisdiccional ordinario.

En consecuencia, es necesario partir de la base de que las funciones que otorga la Ley 446 de 1998 a la Superintendencia de Industria y Comercio son, al menos en parte, jurisdiccionales. Es pertinente determinar, entonces, cuáles de estas funciones revisten ese carácter.

...

Es procedente concluir entonces lo siguiente: la interpretación que mejor respeta el principio constitucional de igualdad, así como lo dispuesto en el artículo 116 superior, es aquella según la cual, en las normas se atribuyen funciones de tipo administrativo y de tipo jurisdiccional; y que estas últimas, serán forzosamente las mismas que desarrollan los jueces de la República en virtud de lo dispuesto en la Ley 256 de 1996".

Y en cuanto a las decisiones de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cundinamarca, esto es, proveídos del 25 de abril y 1º de junio de 2001 por medio de los cuales la citada corporación se declaró incompetente para conocer del recurso de apelación elevado por Comcel y se negó a generar conflicto de competencia como se pretendía por el entonces apelante, por su naturaleza y por la entidad de la cual emanaron son de claro rango jurisdiccional, razón por la cual se encuentran excluidas del control de legalidad asignado a la jurisdicción contencioso administrativa, que fue el sustento de la improcedencia declarada por el funcionario a quo.

Siendo así, pese a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho formulada por Comcel e independiente del rechazo que de la misma se produjo en el curso de la presente actuación tutelar, esto es, en virtud de auto del 7 de febrero de 2002 emanado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la acción de tutela aquí ejercitada es procedente en la medida que sólo ataca los actos jurisdiccionales emanados tanto de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cundinamarca, como de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues es claro que frente a éstos la entidad actora no dispone de otro medio judicial de defensa en tanto se agotaron en su oportunidad.

Adicional a lo anterior, ciertamente como se advirtió por el impugnante, la Corte Constitucional en Sentencia C-384 de 2000, al resolver sobre la constitucionalidad del inciso 3º del artículo 52 de la Ley 510 de 1999, señaló que la improcedencia que establece la norma respecto de todo tipo de acciones en relación con los actos que dicten las superintendencias en uso de sus facultades jurisdiccionales, no abarca en modo alguno la acción extraordinaria de tutela, pues las autoridades administrativas investidas de funciones jurisdiccionales al igual que los funcionarios de la rama judicial, pueden hallarse incursas en vía de hecho habilitadora de la jurisdicción constitucional en sede de tutela; al respecto se señaló:

“Como resulta evidente que las superintendencias, en ejercicio de las funciones jurisdiccionales que les competen, pueden, al igual que los funcionarios de la rama judicial, incurrir en vías de hecho como las definidas anteriormente, es claro que la acción de tutela vendría a ser el mecanismo de defensa judicial propio para defender los derechos fundamentales involucrados en el caso, máxime cuando por prescripción de la norma acusada, no existiría ningún otro mecanismo de defensa judicial, salvo el recurso de apelación en los casos que menciona la disposición”.

Ahora, como se trata precisamente de que se le ha negado a la actora el trámite de ese recurso de apelación que consagra la norma, superado el estudio de procedencia se entra al fondo del asunto puesto a consideración del juez constitucional.

3. Tutela contra providencias judiciales.

La doctrina constitucional, con base en la Sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992, tiene establecido que habiéndose declarado inexequible la acción de tutela indiscriminada contra providencias y actuaciones judiciales, no puede acudirse a ese instrumento para controvertirlas, salvo excepcionalmente cuando la actuación de la autoridad judicial carece de fundamento objetivo y sus decisiones son el producto de la arbitrariedad actuando en franca y absoluta desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico, incurriendo de esa manera en lo que se ha denominado “vías de hecho” (2) .

(2) Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992, T-518 de 1995 y T-961 del 2000.

3.1. Vía de hecho.

La Corte, en Sentencia T-567 de 1998, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, señaló las clases de defectos en la actuación que configuran una vía de hecho; así dijo:

“La Corte ha considerado que una providencia judicial constituye una vía de hecho cuando (1) presente un grave defecto sustantivo, es decir, cuando se encuentre basada en una norma claramente inaplicable al caso concreto; (2) presente un flagrante defecto fáctico, esto es, cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado; (3) presente un defecto orgánico protuberante, el cual se produce cuando el fallador carece por completo de competencia para resolver el asunto de que se trate; y, (4) presente un evidente defecto procedimental, es decir, cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones. En suma, una vía de hecho se produce cuando el juzgador, en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad, actúa en franca y absoluta desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico.

Con ponencia del mismo magistrado, en Sentencia T-055 de 1994, se indicó además:

“Tradicionalmente se ha señalado la existencia de los siguientes elementos para la configuración de una vía de hecho en la actuación estatal: 1) una operación material, o un acto, que superan el simple ámbito de la decisión, 2) un juicio sobre la actuación que desnaturaliza su carácter jurídico, lo cual implica una mayor gravedad que la que se deriva del simple juicio de ilegalidad y 3) una grave lesión o amenaza contra un derecho fundamental”.

3.2. Defecto sustantivo.

El defecto sustantivo o material, según jurisprudencia de la Corte Constitucional, puede producirse por diversas causas, así: por carecer la decisión de fundamento jurídico alguno, por la aplicación de una disposición absolutamente impertinente, por aplicación de una disposición abiertamente inconstitucional, por interpretación completamente errada de la disposición aplicable, o por incoherencia radical y absoluta entre los fundamentos jurídicos y la decisión.

En punto de la interpretación de las disposiciones legales se ha dicho:

“... la divergencia en la interpretación de las normas legales, en principio, no es materia constitucional que pueda ser objeto de la acción de tutela. Los recursos judiciales ordinarios dentro de cada jurisdicción, permiten la superación de las diferencias de interpretación de las normas y promueven la unificación de criterios entre los funcionarios judiciales con vistas a una aplicación uniforme de la ley. La tutela, por otra parte, no puede dar lugar a reabrir el litigio de asuntos ya decididos en el proceso...”.

Y, más recientemente, en Sentencia T-121 de 1999 (M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez), que prohíja la Sentencia T-567 de 1998 (M.P. Dr. Eduardo Cimientes Muñoz), al referirse concretamente a los presupuestos necesarios para que una cierta interpretación judicial configure vía de hecho, la Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional dijo:

“... En Sentencia T-567 de 1998 (M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz) esta corporación expresó que la acción de tutela sí es procedente cuando se configuran claros presupuestos que evidencien la presencia de defectos de orden sustantivo, fáctico, orgánico y procedimental...

“Es decir que, una vía de hecho se produce cuando el juzgador, en forma arbitraria, caprichosa y subjetiva, y con fundamento en su sola voluntad, actúa en franca y absoluta desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico.

“De manera que, cuando una actuación judicial contiene una decisión arbitraria, con evidente repercusión en el proceso, en perjuicio de los derechos fundamentales de una de las partes, pueden ser susceptibles de controversia en sede de tutela. Sin embargo, cuando la decisión está sustentada en un determinado criterio jurídico, que pueda ser admisible a la luz del ordenamiento, o de la interpretación de las normas aplicables, no podría ser discutido por la vía de la acción de tutela, toda vez que atentaría contra el principio de la autonomía judicial en virtud del cual, cuando el juez aplica una ley, debe fijar el alcance de la misma, es decir, debe darle un sentido frente al caso concreto —función interpretativa propia de la actividad judicial—, a menos que la disposición tenga un único y exclusivo entendimiento.

Según la jurisprudencia de la corporación, cuando la labor interpretativa realizada por el juez se encuentra debidamente sustentada y razonada, no es susceptible de ser cuestionada, ni menos aún de ser calificada como una vía de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea impugnada porque una de las partes no comparte la interpretación por él efectuada a través del mecanismo extraordinario y excepcional de la tutela, ésta será improcedente...”.

4. El caso concreto.

Como se indicó al inicio de las presentes consideraciones, en el asunto bajo examen la vía de hecho referida por la entidad accionante proviene de la negativa asumida por las autoridades accionadas a conceder el recurso de apelación por aquélla elevado contra la Resolución 4954 emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio, decisión que en sentir de la actora va en contravía de lo expresamente dispuesto por el legislador en el inciso 3º del artículo 52 de la Ley 510 de 1999, según el cual:

“Los actos que dicten las superintendencias en uso de las facultades jurisdiccionales no tendrán acción o recurso alguno ante las autoridades judiciales. Sin embargo, la decisión por la cual las entidades se declaren incompetentes y la del fallo definitivo. serán apelables ante las mismas”.

Revisado el presente asunto, se encuentra que en efecto la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resoluciones 12835 del 13 de junio de 2000 y 26031 del 9 de octubre de 2000, declaró improcedente el recurso de apelación elevado por Comcel S.A. contra la resolución mediante la cual se puso fin a la actuación que sobre competencia desleal se le adelantó a instancias de Telecom y Orbitel S.A., decisión que la superintendencia sustentó en tres radicales aspectos así:

— Que la expresión “ante las mismas autoridades” utilizada por el legislador en el 3º inciso del artículo 52 de la Ley 510 de 1999 alude a que el recurso de apelación en cita se surta ante las mismas superintendencias, razón por la cual como quiera que la resolución que pone fin a las actuaciones que por competencia desleal se conocen por esta autoridad administrativa son proferidas por el mismo superintendente, tal recurso es improcedente en virtud de lo dispuesto en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, según el cual no habrá apelación de las decisiones emitidas por dicha autoridad.

— Así mismo, consideró la superintendencia que el sentido teleológico de la ley fue la de descongestionar los despachos judiciales y lograr una mayor celeridad en los procesos, por tanto no resulta razonable que las actuaciones asignadas a las autoridades administrativas se debieran revisar por vía de apelación por las jurisdiccionales.

— Por otro lado, estimó que “en el precepto en mención no se le señala a dicho tribunal la competencia para resolver los recursos de apelación. No es procedente que por vía de interpretación analógica se asignen competencias que la ley no ha conferido expresamente”.

Corresponde entonces entrar a determinar si esta decisión, soportada en tal interpretación de que cuando la norma en cuestión se refiere a “las mismas” alude a las superintendencias, así como el sustento que se le da a la misma (CCA, art. 50), resultan compatibles con el debido proceso y son el resultado del legítimo ejercicio de su función interpretativa en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que en ese momento desempeña o si, por el contrario, tal decisión es completamente irrazonable y, por lo mismo, constitutiva de vía de hecho.

Pues bien, es preciso partir de la base de que el mencionado inciso 3º del artículo 52 de la Ley 510 de 1999 modificó el mismo inciso del artículo 148 de la Ley 446 de 1998, con el fin exclusivo de incluir en el mismo una salvedad a la regla general de que los actos de las superintendencias en uso de sus facultades jurisdiccionales no tendrán acción o recurso alguno ante las autoridades jurisdiccionales, que era la regla que, sin más, contenía el antiguo inciso tercero del artículo 148 de la Ley 446 de 1998.

E hizo consistir el legislador tal salvedad en que serán apelables la decisión por la cual las superintendencias se declaren incompetentes y la del fallo definitivo.

Es evidente entonces que la Ley 510 introdujo una excepción para que esas y sólo esas decisiones jurisdiccionales de las superintendencias tuvieran ese y sólo ese recurso (de apelación) ante las autoridades jurisdiccionales.

Seccionando para mayor claridad el contenido de la norma, es claro que:

La regla general es: no procede acción o recurso alguno ante las autoridades judiciales.

La excepción es: procede sólo el recurso de apelación cuando se trate de la declaración de incompetencia y el fallo definitivo.

Es obvio entonces que tal recurso es ante las “autoridades judiciales” y a ellas se refiere la norma cuando alude a “las mismas”, porque de lo contrario no sería una excepción a la regla y la adición de esa parte al inciso en cuestión resultaría sin sentido alguno; es decir, afirmar lo contrario constituye una interpretación ad absurdum.

En efecto, carecería de explicación razonable que el legislador haya introducido una modificación al artículo 148 de la Ley 446 de 1998, que consagraba la no procedencia de acción o recurso ante las autoridades judiciales contra los actos dictados por las superintendencias en uso de facultades jurisdiccionales, para que luego de tal modificación se “interprete” que de todas formas contra tales decisiones no procede recurso ante las autoridades judiciales. No tiene pues sentido que el legislador modifique una norma que consagra una regla general, con el exclusivo fin de introducir una excepción a la misma, y luego se “interprete” que no hay tal excepción.

Por si lo anterior fuera poco, que no lo es, nótese que es en virtud de lo dispuesto en los artículos 143 y 144 de la Ley 446 de 1998, que particularmente la Superintendencia de Industria y Comercio tiene facultades jurisdiccionales en materia de competencia desleal, y según tales normas esas facultades son las mismas atribuciones señaladas legalmente en relación con el régimen de promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, que están reguladas en el Decreto 2153 de 1992, según el cual es al superintendente a quien compete decidir lo que corresponda —artículo 4º de la norma en cita— y así se hizo en el caso materia de examen.

Luego mucho menos sentido tiene que se disponga la procedencia del recurso de apelación si de antemano se sabe que tal apelación, por la propia naturaleza de este recurso, no va a poder surtirse —es decir, que la norma va a quedar inane— porque la decisión siempre la profiere una autoridad que no tiene superior. Por ende si, como en efecto ocurre, lo que se pretende por el petente del amparo es que se dé curso a la apelación elevada contra una decisión del superintendente, vista así la situación, la determinación señalada como vulneradora de derechos se muestra abiertamente arbitraria.

Esa circunstancia incontrovertible y conocida, por supuesto, por el superintendente, elimina, excluye la viabilidad de la interpretación escogida por éste y pone en evidencia que al declarar improcedente el recurso actuó en franca y absoluta desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico.

No se remite a dudas entonces que la disposición en cuestión (L. 510/99, art. 52, inc. 3º) tiene un único y exclusivo entendimiento y es que cuando esa norma se refiere a “las mismas” alude a las “autoridades judiciales”, pues cualquier otra interpretación que se le otorgue carece de sentido y razonabilidad.

Siendo así, la decisión cuestionada por la entidad accionante se muestra abiertamente grosera y en franca oposición a la normatividad aplicable al caso concreto, y aún más carece de sustento legal y se basa en un criterio interpretativo insostenible asumido por la superintendencia, razón por la cual constituye vía de hecho.

En efecto, y en adición a lo anterior obsérvese cómo la Superintendencia armonizó su decisión con lo dispuesto en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo que es del siguiente tenor:

“... No habrá apelación de las decisiones de los ministros, jefes de departamento administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales que tengan personería jurídica”.

La escogencia, como sustento, de esta norma es completamente impertinente, pues la misma resulta claramente inaplicable ya que se refiere a “los recursos en la vía gubernativa” contra “actos que pongan fin a actuaciones administrativas”, siendo que, tal como quedó explicado atrás con suficiencia, se trata en este caso de actuaciones jurisdiccionales desempeñadas por el superintendente.

Esto comporta igualmente un grave defecto sustantivo que, por lo mismo, constituye en vía de hecho la resolución que con soporte en la misma declaró improcedente el recurso de apelación en cuestión.

De otra parte, si se recuerda que la Corte Constitucional (C-649, jun. 20/2001) reconoció el carácter jurisdiccional de las decisiones que en esta materia dicte la superintendencia, en razón a que como la competencia es a prevención entre ésta y el juez, entenderlo de otra manera implicaría vulneración al principio constitucional de igualdad, con mayor razón hay que concluir que el recurso de apelación procede ante las autoridades jurisdiccionales, pues no solamente está de igual forma aquí de por medio el principio de igualdad, sino el también constitucional de la doble instancia que no puede soslayarse pues el recurso que la genera esa doble instancia está en estos casos expresamente consagrado en la ley.

Respecto del tema del principio de la doble instancia y la negación del recurso de apelación vulneratoria del derecho fundamental al debido proceso, la línea jurisprudencial que ha mantenido la Corte Constitucional aparece reflejada en la Sentencia T-083 de 1998 (3) , en los siguientes términos:

(3) M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

“5. La Corte ha estimado que el principio de la doble instancia constituye “una piedra angular dentro del Estado de derecho” como quiera que garantiza, en forma plena y eficaz, el derecho fundamental de defensa /.../.

“Conforme a la doctrina general de esta corporación en torno al principio de la doble instancia, la procedencia del recurso de apelación contra una determinada providencia es un asunto que establece el legislador, en los estatutos procesales específicos, atendiendo a la naturaleza propia de cada proceso, el tipo de pronunciamiento judicial y la clase de error o perjuicio cuya corrección se persigue (4) . Sin embargo, una vez que el recurso de apelación ha sido consagrado en la legislación, como mecanismo de defensa frente a las decisiones contenidas en una determinada providencia, su negación injustificada o la abstención del funcionario judicial en su trámite constituyen una vulneración del derecho fundamental al debido proceso, susceptible de ser amparada a través de la acción de tutela” (5) .

(4) SC-153 de 1995 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); SC-054 de 1997 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).

(5) ST-158 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); ST-212 de 1995 (M.P. Fabio Morón Díaz); ST-523 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); ST-204 de 1997 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).

Las anteriores consideraciones ponen en evidencia la existencia de vías de hecho y son suficientes, en consecuencia, para revocar el fallo impugnado y, en su lugar, conceder el amparo solicitado, lo cual hace innecesario que esta corporación entre a analizar los demás razonamientos que tuvo la autoridad accionada para declarar improcedente la apelación, pues es absolutamente claro ya que dicho recurso sí procede ante las autoridades judiciales.

Por tal motivo, las decisiones que aseguren el amparo de los derechos de estirpe constitucional vulnerados Irán en el sentido de anular la resolución que declaró la improcedencia del recurso para que en el término de 48 horas el Superintendente de Industria y Comercio dicte una nueva resolución donde lo conceda ante las autoridades judiciales, en aplicación del artículo 52 de la Ley 510 de 1999.

De esta manera tampoco es necesario referirse a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, que negó el recurso de queja, pues la actuación habrá de rehacerse desde la resolución que conceda el recurso, es decir, desde una etapa anterior.

Es pertinente mencionar finalmente que a la luz de los derechos fundamentales ningún reproche cabe contra la decisión del tribunal de no enviar las diligencias a este Consejo Superior para que éste definiera la autoridad competente para conocer del recurso en cuestión, como se lo había solicitado el allí recurrente, porque ningún conflicto de competencia entre autoridades de distintas jurisdicciones se ha trabado en relación con ese proceso.

Por otra parte, el apoderado judicial de la entidad accionante, mediante escrito del 14 de junio de 2002, informó que según comunicado entregado por la Corte Constitucional a los medios de prensa, ésta había emitido un pronunciamiento referente al mismo punto materia de la presente petición de amparo.

En tal virtud, a fin de verificar la real existencia de la citada decisión judicial y su contenido, mediante Oficio SJ-CDP13675 del 14 de junio de 2002 y requerimiento del 17 de junio de 2002, se solicitó a la secretaría de la Corte Constitucional remitir con carácter urgente copia de la misma; sin embargo, lo informado por esta secretaría mediante oficio recepcionado el día de hoy a la 1:55 p.m., es la imposibilidad de allegar a la presente actuación la peticionada decisión judicial, en tanto la misma aún se encuentra en trámite.

Por tanto, desconociéndose formalmente la existencia, alcance y contenido de la citada sentencia de constitucionalidad, y ante la premura en virtud del vencimiento de los términos para proferir el fallo, no se puede aplazar la decisión que corresponde a esta solicitud de tutela debiendo en consecuencia, como se hace, fallar al tenor del estado de cosas constitucional vigente.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE

1. REVOCAR EL FALLO IMPUGNADO para CONCEDER EL AMPARO SOLICITADO por la Sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

2. Como consecuencia de lo anterior, se decreta la nulidad de la Resolución 6400 del 25 de julio de 2000 emitida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por la accionante contra la Resolución 4954 del 13 de marzo de 2000.

3. En su lugar, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, el Superintendente de Industria y Comercio emitirá nueva resolución concediendo el recurso de apelación ante la autoridad judicial que corresponda.

4. REMITIR las presentes diligencias a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Temístocles Ortega Narváez, Presidente—Jorge Alonso Flechas Díaz, Vicepresidente (salvó voto)—Guillermo Bueno Miranda—Eduardo Campo Soto (no asistió, con excusa)—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco—Leonor Perdomo Perdomo.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

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