Sentencia 20015 de octubre 22 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta Nº 126

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge E. Córdoba Poveda

Bogotá D. C., veintidós de octubre de dos mil dos.

Vistos

Resuelve la Corte la colisión negativa de competencias surgida entre el Juzgado 7º Penal del Circuito Especializado de Bogotá y el Juzgado 43 Penal del Circuito de esta misma ciudad, para el conocimiento de la causa adelantada contra Carlos Castaño Gil, Juan Pablo Ortiz Agudelo (a. Bochas) y Edilberto Antonio Sierra Ayala (a. Toño), acusados del delito de homicidio agravado.

Antecedentes

1. Los hechos que motivaron el presente proceso fueron sintetizados en la resolución de acusación, fechada el 12 de marzo de 2002, proferida por un fiscal especializado de Bogotá, en los siguientes términos:

"Da cuenta la actuación procesal que aproximadamente a las cinco y cuarenta y cinco de la mañana del día 13 de agosto de 1999 fue ultimado a tiros de revólver al periodista Jaime Hernando Garzón Forero cuando transitaba en una camioneta Jeep Cherokee por la carrera 42 con calle 23 E barrio Quinta Paredes de la ciudad de Bogotá, con destino a la emisora Radionet, en donde el aludido comunicador social laboraba.

Desde el mismo momento de la ocurrencia de los hechos se conformó un equipo interinstitucional dirigido por la Fiscalía General de la Nación, del que hicieron parte miembros del CTI, de la Policía Nacional y el DAS, que orientó sus esfuerzos a la plena identificación de los autores materiales y determinadores del crimen investigado. Dentro de este contexto se practicaron un cúmulo de pruebas testimoniales, técnicas, periciales, inspecciones judiciales, reconocimientos fotográficos y en fila de personas, se practicaron diligencias de allanamiento y registro, interceptaciones de comunicaciones y en general se adelantaron toda suerte de pesquisas.

En razón de toda la actividad investigativa a que se ha hecho referencia se elaboraron y trabajaron con los tres organismos de policía judicial que colaboran decididamente en el esclarecimiento del crimen bajo la dirección de la fiscalía, una serie de hipótesis sobre quiénes pudieron ser los autores del crimen del connotado periodista y cuáles las causas del execrable hecho, hasta que finalmente se consolidó la que permitió la vinculación de los hoy procesados Carlos Castaño Gil, Juan Pablo Ortiz Agudelo alias Bochas y Edilberto Antonio Sierra Ayala alias Toño, que como se verá más adelante se adelantaba desde los albores mismos de la investigación, esto es en el mes de agosto de 1999”.

En el capítulo siguiente, el fiscal hace énfasis en lo siguiente:

“Resultando preciso señalar que el homicidio del señor Jaime Hernando Garzón Forero, no tenía finalísticamente otro propósito que el de torpedear los acercamientos que este ciudadano, en asocio de otros ilustres colombianos, pretendían hacer entre el Gobierno Nacional y el grupo guerrillero del ELN, e impedir las gestiones humanitarias frente a la intermediación de los secuestros ejecutados principalmente con la organización armada de las FARC, ...”.

2. Luego de adelantada la instrucción y de quedar ejecutoriada la resolución de acusación, la que se contrajo a imputar la comisión del delito de homicidio de que trata el artículo 103 del Código Penal agravado por las circunstancias previstas en los numerales 7º, 8º y 10 del 104, ibídem, el Juzgado 7º Penal del Circuito Especializado de Bogotá dio inicio a la fase de juzgamiento, convocando a la realización de la correspondiente audiencia preparatoria, la que se llevó a cabo el pasado 17 de septiembre.

En desarrollo de la misma, el citado juez sostuvo que luego de estudiar el asunto, había llegado a la conclusión de que no había razón para afirmar que el homicidio de Jaime Garzón aconteció como consecuencia de su condición de periodista, sino por motivos diferentes, como fue la innegable animadversión que el conocido jefe de la autodefensas, Carlos Castaño Gil, le tenía por las labores de mediación en secuestros con los grupos guerrilleros, a tal punto que lo había declarado objetivo militar, haciéndole un seguimiento estricto, habiendo interceptado, incluso, ilegalmente sus comunicaciones.

Por ello, considera que la causal 10ª de que trata el artículo 104 no concurre en este caso.

Ahora bien, con relación a la causal 8ª, que se refiere al fin terrorista como circunstancia agravante, anota que no obstante las multitudinarias marchas que se realizaron el día de su sepelio y con posterioridad, para repudiar el crimen, ello no significa que se hubiera llevado a la comunidad a un estado de zozobra o terror. Además, no se utilizaron armas de destrucción masiva ni se atentó contra edificaciones con explosivos, gases o tóxicos, ni tampoco se realizó el atentado en lugares habitados.

Por el contrario, estima que la temprana hora de la mañana y el sitio “solitario” en que se desarrollaron los hechos y las armas cortas que se utilizaron, permiten inferir que en ningún momento la población o sector de ella estuvo en peligro de ser lesionada, ni se logró producir “pánico, terror, angustia o zozobra”.

Por lo tanto, y considerando que se trató de un acto de retaliación por las labores de intermediación de Garzón Forero ante los grupos insurgentes, no encuentra que concurra la circunstancia de agravación prevista en el mencionado numeral 8º.

En estas condiciones, sustrayéndose las causales de agravación que le dan competencia al juez especializado (8ª y 10ª del art. 104 del C.P.), estima que lo oportuno y pertinente, conforme a lo normado en el artículo 402 del Código de Procedimiento Penal, es remitir el expediente al juez competente, para que sea éste el que decrete la nulidad de lo actuado por error en la calificación jurídica, anticipándose a proponer colisión negativa de competencias.

3. El Juzgado 43 Penal del Circuito de Bogotá, al que correspondieron las diligencias, mediante decisión del 4 de octubre de 2002, señaló que sostener que la retaliación de Carlos Castaño contra el comunicador se debió a una afrenta personal con el jefe de las autodefensas, es desconocer la realidad del conflicto que se vive en el país.

Asevera que su condición de periodista fue la que le permitió a Jaime Garzón llegar a las altas esferas estatales y buscar acercamientos para el proceso de paz con el ELN y la liberación de secuestrados con las FARC.

Tales gestiones, a no dudarlo, dice el juez, afectaban, y de hecho constituían un atentado, a la organización contrainsurgente, por lo que advierte que concurre la circunstancia de agravación de que trata el numeral 10 del artículo 104 del C.P., pues era un periodista que, sin mediar tal condición, no se hubiera hecho a la enemistad de las autodefensas.

Tampoco acepta la tesis de que el homicidio no se cometió con fines terroristas, pues no obstante que no se ejecutó con arma de destrucción masiva, la víctima fue un personaje de la vida nacional, reconocido por la comunidad y vinculado al conflicto, con lo que se pretendió sembrar zozobra e inseguridad y, especialmente, mostrar “escarmiento en contra de aquel que se aprestara a contravenir las directrices de un grupo armado al margen de la ley”.

Por lo tanto, acepta el conflicto y remite las diligencias a esta corporación para que dirima el mismo.

La Corte considera

1. No obstante que la colisión negativa de competencias se suscitó entre el Juzgado 7º Penal del Circuito Especializado de Bogotá y el Juzgado 43 Penal del Circuito de esta misma ciudad, ambos pertenecientes al mismo Distrito Judicial, resulta claro que corresponde a esta colegiatura resolverlo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 18 transitorio del Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000)

2. En el caso que ocupa la atención de la Sala, la discrepancia de los funcionarios colisionantes se contrae a si concurren o no las circunstancias de agravación previstas en los numerales 8º y 10 del artículo 104 del Código Penal, pues de ello depende su competencia.

Estima el Juez 7º Penal del Circuito Especializado de Bogotá que no había razón para imputar las mentadas agravantes, si se tiene en cuenta que el motivo no fue llevar a la comunidad a un estado de zozobra o terror, que los hechos se desarrollaron en las horas de la mañana y en un lugar solitario, por lo que no se puso en peligro a las personas ni se atentó contra las edificaciones, y que no se utilizaron armas de destrucción masiva, sino cortas.

Así mismo, que la causa del homicidio no fue su condición de periodista, sino la animadversión de Carlos Castaño, por mediar en secuestros con grupos guerrilleros.

En consecuencia, que la competencia para conocer le corresponde al juez del circuito.

Por su parte, el Juez 43 Penal del Circuito de Bogotá advierte que fue la condición de periodista de Jaime Garzón lo que le permitió llegar a las altas esferas del gobierno y buscar acercamiento con el ELN e intermediar en la liberación de secuestrados con las FARC, lo que le generó la enemistad de las llamadas autodefensas. También que al ser la víctima un personaje de la vida nacional, se buscó sembrar zozobra e inseguridad y escarmentar a quien osara contravenir las directrices del grupo armado, por lo que estima que se tipifican los agravantes y que, por ende, el competente es el juez especializado.

3. Para la Sala no hay duda en que si bien para dar muerte al comunicador social no se emplearon elementos capaces de causar estragos, ni se creó un peligro común para la vida o la integridad física de otras personas, o los bienes mencionados en el artículo 343 del Código Penal, la actuación procesal revela que se está en presencia de un homicidio con fines terroristas.

Para llegar a esta conclusión es preciso distinguir entre éste y el terrorismo propiamente dicho, puesto que aunque estén íntimamente relacionados, son figuras autónomas, con sus propias especifidades, que no se pueden confundir, en forma tal que puede tipificarse el uno sin que se tipifique el otro, pudiendo también concurrir.

Para que se configure el terrorismo, conforme al artículo 343 del Código Penal, ha menester tres elementos, a saber:

1. Que se provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o un sector de ella.

2. Que ese estado se logre mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o los bienes a que se refiere la disposición.

3. Que el agente se sirva de medios capaces de causar estragos.

Como lo ha sostenido la Sala (1) , “El delito de terrorismo se configura por la conjunción de conductas, medios y resultados, de manera que no basta con la sola obtención de un resultado consistente en provocar o mantener en estado de zozobra o terror a la población o a una parte de ella, sino que es necesario que ello se logre a través de actos que amenacen “la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices”, y valiéndose de medios aptos para ocasionar estragos”.

(1) Ver, entre otras, auto colisión de competencia, 19/12/00, rad.17700. M.P. Dr. Nilson E. Pinilla Pinilla y Auto 29/03/01, rad. 1.7264, M.P. Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego.

En cambio, para que se tipifique el homicidio con fines terroristas basta que se cometa con la intención adicional de producir terror, esto es, provocar o mantener en estado de intranquilidad o pavor a la población o a un sector de ella, pero sin que sea necesario que ese propósito especial se cumpla, ni tampoco que la conducta homicida esté rodeada de los medios y modalidades que especifican el punible de terrorismo.

Es decir, que si se mata con el ánimo especial de provocar o mantener en estado de intenso miedo y desasosiego a la población o a una parte de ella, se tipifica el homicidio agravado, así no se logre atemorizar a los habitantes y así no se utilicen instrumentos que puedan causar daños considerables, ni se cree un peligro común para las personas o los bienes.

Es obvio que si el homicidio se comete con la finalidad de provocar o mantener un estado de terror en la población y, además, en la conducta contra la vida se utilizan artefactos capaces de producir daños de gran magnitud (explosivos, inflamables, asfixiantes, etc.), en forma tal que considerando las circunstancias tempora-espaciales y modales se crea un peligro común para las personas o los bienes, atentándose no sólo contra la vida sino contra la tranquilidad y seguridad públicas, se estará en presencia de un concurso de homicidio con fines terroristas y de terrorismo (arts. 104.8 y 343 del C. Penal).

Si para la tipificación del primero se exigiera, como lo pretende uno de los colisionantes, que su comisión estuviera acompañada de los medios ofensivos y actos amenazantes que individualizan el reato de terrorismo, se tendría que concluir que el punible contra la vida que es materia de análisis, no tiene autonomía, sino que siempre tiene que concurrir con el segundo, lo que, como es obvio y como emana de la redacción de la norma y de la naturaleza de los bienes jurídicos tutelados, no fue el propósito del legislador.

Desde luego, aunque el homicidio con fines terroristas no requiere para su configuración que la conducta esté rodeada de las modalidades y medios que especifican el terrorismo, de todos modos debe estar acompañada de circunstancias que revelen esa intención adicional, como por ejemplo, cuando se causa la muerte por ahorcamiento o con un arma de fuego de corto alcance a una persona o grupo de personas y sus cadáveres se exhiben públicamente con la leyenda de que eso les pasó por colaborar con tal grupo o con las autoridades.

En síntesis, se configurará el homicidio con fines terroristas, cuando el agente obra con ese ánimo especial “aunque a la postre no alcance a tipificarse concurrentemente el delito de terrorismo”, como lo ha dicho la Sala (2) .

(2) Auto 29/03/01, rad. 17.264. M.P. Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego.

4. En el caso en estudio, e independientemente de que el punto se continúe debatiendo en el juicio y de que se decida definitivamente en la sentencia, si consideramos que Jaime Garzón era un conocido personaje de la vida nacional y que valiéndose de esa condición había mediado y estaba mediando en la liberación de numerosas personas secuestradas por la guerrilla, lo que no era del agrado del grupo armado irregular antagónico al de los secuestradores, por estimar que esa conducta propiciaba y facilitaba el atentado contra la libertad individual, y que su muerte tuvo como propósito producir escarmiento, infundir temor y llevar el claro mensaje a los intermediarios y a los familiares de los secuestrados que tal procedimiento les era inaceptable, se concluirá que el homicidio tuvo un fin terrorista.

5. Establecido que se está en presencia de un homicidio con fines terroristas y, por lo tanto, que el competente para conocerlo es el Juez 7º (Penal del Circuito Especializado, al tenor del numeral 2º del artículo 5º transitorio del Código de Procedimiento Penal, no estima la Sala necesario entrar a analizar si concurre o no la circunstancia de agravación prevista en el numeral 10 del artículo 104 del Código Penal.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. DECLARAR que la competencia para conocer del presente proceso adelantado contra Carlos Castaño Gil, Juan Pablo Ortiz Agudelo (a. Bochas) y Edilberto Antonio Sierra Ayala (a. Toño) corresponde al Juzgado 7º Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Por lo tanto, remítasele el expediente.

2. Por secretaría de la Sala, infórmese lo decidido al Juzgado 43 Penal del Circuito de Bogotá.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase.

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