Sentencia T-265 de julio 5 de 2001 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 20019900 01/265T, jul. 5/2001

Registro: julio 3 de 2001

M.P. Dr. Guillermo Bueno Miranda

Aprobado según acta Nº 58 de julio 5 de 2001

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Nacional, el que fuera reglamentado por el Decreto 2591 de 1991 y en concordancia con lo previsto en la Ley 270 de 1996, artículo 112, numeral 4º, procede esta superioridad a resolver la impugnación formulada por el doctor Gabriel Moncada Quintero contra el fallo emitido el 21 de mayo de 2001 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante el cual se le concedió como mecanismo transitorio, la tutela constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, vulnerados por la Caja Nacional de Previsión Social, entidad a la que se le ordenó que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del mismo, en los términos del artículo 29.5 del Decreto 2591 de 1991 y hasta cuando la jurisdicción contenciosa administrativa decida definitivamente, proceda a reconocerle su pensión de jubilación, en una suma, que en su conjunto con la actualmente liquidada, no sea inferior al 75% del ingreso mensual promedio devengado durante el último año, incluyendo las doceavas partes por concepto de bonificación por servicios, primas de servicios, de navidad, de vacaciones y de otra asignación de que gozara.

Antecedentes

Mediante escrito del 4 de mayo de la presente anualidad el doctor Gabriel Moncada Quintero instauró acción de tutela como mecanismo transitorio contra la Caja Nacional de Previsión Social, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad la seguridad social, el derecho pensional en conexidad con la vida y la dignidad humana.

Expuso como fundamentos de su accionar los siguientes:

Por medio de la Resolución 20111 del 14 de septiembre de 2000, la subdirección general de prestaciones económicas de la Caja Nacional de Previsión Social, revocó la Resolución 08641 del 21 de abril de 1998 que le había negado su derecho a la pensión de jubilación, y como consecuencia se la reconoció y liquidó en cuantía de $ 3.374.503.37 mcte, conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la Sentencia C-168 del 29 de abril de 1995. Así pues, liquidó su pensión con el 75% promedio devengado desde el 1º de abril de 1994 hasta el 30 de diciembre de 1999 (fls. 1º al 12 del c. anexo).

Contra dicho acto administrativo interpuso recurso de apelación, por cuanto el monto de la pensión no correspondía al equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio, entendiéndose que tal asignación correspondía no solamente a la remuneración básica mensual, sino a todo lo devengado como retribución de sus servicios, “o sea el 75% del sueldo básico, gastos de representación, prima especial, bonificación por compensación, bonificación por servicios, prima de navidad, prima de servicios (mitad de año) y prima de vacaciones”, conforme lo prevé el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, el artículo 132 del Decreto 1660 de 1978, artículo 12 del Decreto 717 de 1978 modificado por el artículo 4º del Decreto 911 de esa misma anualidad, en concordancia con la jurisprudencia (fls. 13 al 32 del c. anexo).

El recurso fue resuelto mediante la Resolución 1893 del 18 de abril de 2001 que confirmó en su integridad la decisión impugnada, ignorando múltiples pronunciamientos de orden legal y jurisprudencial referidos a casos similares al suyo, y haciendo caso omiso al Decreto 2527 de 2000 que en su artículo 4º despeja toda duda sobre la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 —régimen de transición— (fls. 33 al 41).

Expuso que el error de Cajanal en la liquidación de su pensión de jubilación, radica sustancialmente en el desconocimiento del régimen especial del artículo 6º del Decreto 546 de 1971 y el artículo 132 del Decreto 1660 de 1978, además del desconocimiento de los principios invocados como conculcados, pues por su edad y el tiempo de servicio al Ministerio Público, a la Rama Judicial y al Estado en general, al momento de entrar a regir el nuevo sistema pensional, tiene derecho a que se le aplique en su integridad, el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que le es más favorable, y no, lo estatuido por el inciso 3º ibídem, observando que la accionada nunca puede aplicar una parte del inciso 2º y otra del 3º, porque ello no se ajusta a la ley, viola el principio de inescindibilidad de la norma, elude la aplicación del in dubio pro operario y el principio de favorabilidad laboral, conculca el debido proceso y va en contravía del propósito del legislador (L. 100/73, art. 11) que fue cumplir con el artículo 53 de la Constitución Política.

Aseveró que el daño que le irroga la Caja Nacional de Previsión Social con su arbitraria liquidación es evidente; la diferencia del monto de la pensión que reconoce es un 50% más o menos, la cual no alcanza al mínimo vital que requiere dadas sus condiciones personales, familiares y económicas, pues sus gastos ordinarios ascienden a más de los $ 5.000.000 mcte. mensuales, habida consideración que los únicos bienes que figuran a su haber, un apartamento y un vehículo, están financiados por Conavi y Coomeva respectivamente, como lo acreditaba a folios 292 y siguientes del cuaderno anexo, con los cuales demostraba que la pensión que le liquida la accionada, es insuficiente frente al concepto de mínimo vital a que tiene derecho.

Finalmente solicitó dar traslado de la tutela, no solamente a la parte accionada, sino también al departamento de Antioquia, al municipio de Medellín y al Instituto de los Seguros Sociales, por cuanto la liquidación que haga Cajanal necesariamente habrá de afectar a las mencionadas entidades en razón a las cuotas partes con que deben contribuir para la jubilación (fls. 1º al 22 de (sic)).

Actuación procesal

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, por auto del 7 de mayo de 2001 (fl. 27) avocó el conocimiento de la tutela impetrada, ordenó comunicar de su iniciación a la accionada Caja Nacional de Previsión Social y a los terceros interesados —diligencias que constan a folios 28 al 32—, y tener como elementos de juicio objeto de debate y análisis conjunto, la documentación allegada por el actor en el cuaderno de anexos.

La coordinadora del grupo de asuntos judiciales de la subdirección general de prestaciones económicas de la Caja Nacional de Previsión Social, sobre los hechos que originaron la tutela, hizo las siguientes precisiones:

El doctor Gabriel Moncada Sánchez laboró al servicio de la Procuraduría General de la Nación y la Rama Jurisdiccional, por espacio superior a veinte (20) años y adquirió el derecho a la pensión el 4 de julio de 1997, en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Luego de transcribir el contenido de los artículos 6º del Decreto 546 de 1971 y 36 de la Ley 100 de 1993, señaló que el accionante se encuentra amparado por el régimen de transición por lo que se debe respetar la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión consagrados en el Decreto 546 de 1971, “por lo que se tiene que pensionar con veinte (20) años de servicios, de los cuales por lo menos 10 sean prestados en la rama jurisdiccional y/o el Ministerio Público, 50 años de edad y el 75% como monto de la pensión”.

Agregó que en cuanto a las demás condiciones, como la actualización, reajustes, topes, forma de liquidación y factores salariales, debía ceñirse a lo preceptuado en la Ley 100, y en ese entendido se expidió la Resolución 20111 del 14 de septiembre de 2000 que le reconoció al interesado una pensión mensual vitalicia de vejez en cuantía de $ 3.374.503.37 mcte. efectiva a partir del 10 de enero de 2000, liquidando la prestación con lo devengado desde el 1º de abril de 1994 al 30 de diciembre de 1999, según lo establecido en el artículo 36 de la precitada ley y la Sentencia C-168 del 20 de abril de 1995.

Sostuvo que la posición de la entidad estaba ratificada en todo sentido por la Superintendencia Bancaria, que en oficio 6020 del 19 de enero de 1998 señaló: “... 2. Del régimen de transición de los funcionarios de la rama jurisdiccional y del Ministerio Público... Como se puede apreciar, la disposición transcrita (D. 546/71) contiene los siguientes elementos: a) la edad para acceder a la pensión de jubilación (50 o 55 años según se trate de una mujer o un hombre); b) el tiempo de servicio (20 años continuos o discontinuos, con la calificación específica señalada en la norma); c) el monto de la pensión (75%); y d) el ingreso que servía de base para liquidar la pensión (la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio como funcionario de la rama jurisdiccional o del Ministerio Público). De los citados elementos, como se ha venido exponiendo, únicamente los tres primeros constituyen beneficios del régimen de transición. En consecuencia, si el monto de la pensión de los funcionarios de la rama jurisdiccional y del Ministerio Público se mantiene en el setenta y cinco por ciento (75%), el ingreso base de liquidación se determinará en la forma indicada en la Ley 100 de 1993, artículo 36, inciso tercero, y no tomando “la asignación más elevada que hubiera devengado en el último año de servicio con las actividades citadas” como se menciona que lo ha venido haciendo esa Caja” (fls. 33/34).

La apoderada judicial del municipio de Medellín, en escrito del 25 de mayo, solicitó desvincular a ese ente del trámite de la tutela, teniendo en cuenta que según certificación expedida por la jefe del departamento de personal, el aquí accionante no tuvo vinculación alguna con ese municipio (fls. 60 al 63).

Pruebas

Revisando los actos administrativos expedidos por la Caja Nacional de Previsión Social los cuales originaron la tutela, se evidencia:

Por Resolución 8641 del 21 de abril de 1998 se negó la pensión de jubilación al doctor Gabriel Moncada Quintero, por no cumplir con el requisito de la edad exigido por el artículo 1º del Decreto 2709 de 1994 (50 años más de edad si es varón...).

La Resolución 20111 del 14 de septiembre de 2000 resolvió el recurso de reposición interpuesto, revocó la anterior resolución y reconoció la pensión en cuantía de $ 3.374.503.37 mcte. efectiva a partir del 1º de enero de 2000, condicionada al retiro definitivo del servicio oficial.

En uno de sus apartes se indicó que la liquidación se efectuaba con el 75% del promedio de lo devengado desde el 1º de abril de 1994 hasta el 30 de diciembre de 1999, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la sentencia 168 del 20 de abril de 1995, de la Honorable Corte Constitucional.

Como factores salariales para la liquidación se tomaron los siguientes: 1994 asignación básica (promedio mensual de 270 días); 1995 asignación básica (promedio mensual de 360 días); 1996 asignación básica y prima especial (promedio mensual de 360 días); 1997 asignación básica, primera especial, bonificación por servicios prestados, prima de nivelación (promedio mensual de 360 días); 1998 asignación básica, prima especial, bonificación por servicios (promedio mensual de 360 días); 1999 asignación básica, prima especial, bonificación por servicios prestados, bonificación por compensación ( promedio mensual de 360 días), lo que arrojó un subtotal de $ 4.499.337.83 mcte. x 75% = $ 3.374.503.37 mcte.

Se estableció como entidades concurrentes en el pago de la pensión reconocida a las siguientes: Fondo de Pensiones Públicas del nivel Nacional; Caja de Previsión Social de Medellín, Caja de Previsión Departamental de Antioquia y el Instituto de Seguros Sociales.

Se citaron como disposiciones aplicables: Ley 100 de 1993, artículo 36; Decreto 01 de 1984, Decreto 1158 de 1994 y Sentencia C-168 del 20 de abril de 1995, de la Honorable Corte Constitucional.

Inconforme con lo decidido, el doctor Gabriel Moncada Quintero interpuso recurso de apelación contra dicho proveído, fundando su inconformidad básicamente en el hecho que en la relación de tiempo servido era inexacta, por cuanto no se había incluido el tiempo laborado en el departamento de Antioquia, como que el tiempo laborado a las Empresas Públicas de Medellín, se le atribuyó al Instituto del Seguro Social, donde nunca había trabajado.

Mediante la Resolución 1893 del 18 de abril de 2001 se resolvió el recurso interpuesto confirmando en todas y cada una de sus partes la Resolución 20111 del 14 de septiembre de 2000, argumentando que la excepción a que hace relación el Decreto 546 de 1971, está referida en el sentido de que a los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional y del Ministerio Público, “para efectos de la liquidación de la pensión, se les toma como base la asignación mensual más elevada devengada durante el último año de servicio, toda vez que la norma no mencionó otros factores. No obstante y teniendo en cuenta que el señor Gabriel Moncada Quintero adquirió el status pensional el día 4 de julio de 1997, esta prestación ha de reconocerse y liquidarse de conformidad con lo establecido en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971”.

A renglón seguido y previa transcripción del contenido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se concretó que como el régimen de transición allí previsto no hizo ninguna excepción respecto de los factores base de liquidación de la pensión ni de la forma de liquidar la misma, se hacía necesario señalar que ambos aspectos se determinaban de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, y no, en lo dispuesto en las normas vigentes con anterioridad, pues los empleados públicos del orden nacional fueron incorporados al sistema general de pensión a partir del 1º de abril de 1994, por mandato expreso de los artículos 1º y 2º del Decreto 691 de 1994, y el período liquidable de la pensión del recurrente estaba comprendido entre el 1º de abril de 1994 y el 30 de diciembre de 1999.

“Como se aprecia claramente, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que regula el régimen de transición, establece el nuevo ingreso base para liquidar las pensiones de vejez, esto es, que los factores salariales para liquidar pensiones que consagran las legislaciones anteriores no se deben considerar y sólo se deben incluir en esta clase de liquidación, los factores que de manera taxativa e inequívoca han venido consagrando los decretos reglamentarios de la Ley 100 de 1993 en esta materia y actualmente es el 1158 de 1994, el cual dispone en su artículo 1º" norma conforme a la cual se efectuó la liquidación del actor, de donde se concluía que la resolución impugnada se encontraba ajustada a derecho.

De otra parte el accionante aportó sentencias de las altas cortes en materia de pensiones de jubilación, certificados médicos expedidos a su nombre, fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá que le ordenó resolver el derecho de petición a Cajanal, y memoriales a través de los cuales promovió los incidentes de desacato por el no cumplimiento del fallo; tiempo de servicio y actualización del mismo y factores salariales enviados a Cajanal; recibos varios de gastos y fotocopia del Decreto 2527 de 2000 (c. anexo).

Sentencia de primera instancia

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, en sentencia del 21 de mayo de 2001 (fls. 40 al 52) concedió como mecanismo transitorio, la tutela constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad solicitada por el doctor Gabriel Moncada Quintero, contra la Caja Nacional de Previsión Social.

En consecuencia ordenó a esa entidad que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo y hasta que la jurisdicción contenciosa administrativa decida definitivamente, proceda a reconocer la pensión de jubilación del accionante, en una suma que en su conjunto con la actualmente liquidada, no sea inferior al 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año de servicio a la rama judicial devengare, incluyendo las doceavas partes correspondientes a la bonificación por servicios, prima de servicios, de navidad y de vacaciones y de otra asignación de que gozare.

Se previno al actor para que en el término máximo de cuatro (4) meses contados desde la ejecutoria del acto administrativo por medio del cual Cajanal le concedió la pensión de vejez, inicie la acción contenciosa administrativa pertinente para impugnar la legalidad de la resolución de la autoridad demandada, so pena de que cesen los efectos del amparo constitucional concedido.

Igualmente se previno a la Caja Nacional de Previsión Social a través de sus representantes, y demás personas encargadas de resolver las solicitudes de pensiones, para que en un futuro se abstengan de incurrir en conductas como las que originaron la tutela, so pena de incursionar en las sanciones de que da cuenta el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991.

La Sala, luego de hacer un análisis de la situación fáctica planteada, y fundada en reiterados pronunciamientos jurisprudenciales en materia de aplicación del régimen de transición, en particular al régimen aplicable a las pensiones de jubilación para funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional y del Ministerio Público, regulado por el Decreto 546 de 1971, coligió que olvidó la Caja Nacional de Previsión Social que si el doctor Gabriel Moncada Quintero tenía a su favor el cumplimiento de los requisitos estipulados en el primer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, edad y tiempo de servicio, su comprobación le daba la posibilidad de acudir al régimen de transición, en el cual esos dos factores sumados a un tercero; el monto, debería ser regulado, sin ninguna excepción por el régimen anterior y no por la Ley 100 de 1993, como lo ha venido haciendo de manera irregular la accionada desconociendo de contera la jurisprudencia entendida como criterio auxiliar de la actividad judicial y que las altas cortes tienen como una de sus funciones el unificarla, no obstante el empeño de Cajanal en desconocerla.

En tal virtud se ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social, que procediera a reajustar la pensión de jubilación del actor, efectuando su liquidación conforme al artículo 6º del Decreto 546 de 1971, esto es, con el 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere percibido en el último año de servicios como funcionario de la rama jurisdiccional, incluyendo las doceavas partes correspondientes a la bonificación por servicios, primas de servicio, de navidad, de vacaciones y toda otra asignación de que gozare.

Impugnación al fallo

El doctor Gabriel Moncada Quintero impugnó el fallo en lo que le resultó desfavorable, para que esta superioridad adicione el numeral primero en el sentido de conceder con carácter transitorio el amparo constitucional al derecho a la seguridad social, al derecho pensional en conexidad con la vida y al principio de la dignidad humana.

Además, que se modifique el numeral segundo del aludido fallo, en el sentido de que la pensión mensual de jubilación reconocida tenga un monto equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiera devengado en la rama judicial en el último año de servicios comprobado en el correspondiente expediente administrativo con las certificaciones allegadas, entendiéndose por asignación mensual no sólo el salario mensual, sino todos aquellos factores que la integran, tales como la bonificación por servicios, prima de servicios, de navidad, de vacaciones y de toda asignación de que gozare, sin sujeción al tope pensional alguno.

Lo anterior, por cuanto lo decidido no resultaba congruente con lo pedido en el libelo introductorio de la tutela ni con lo expuesto en la parte motiva del fallo pues el ingreso mensual promedio cuando el retiro del servicio es anterior al mes de diciembre, hace que no se tome en cuenta la última asignación devengada, sino el promedio que es menor.

Precisó que el tope máximo para la pensión de que habla el parágrafo 3º del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 2º del Decreto 324 de 1994 no se aplica a quienes cobija el régimen especial del Decreto 546 de 1971, por disposición expresa del artículo 3º ibídem y porque dicho régimen no contemplaba tope, según lo enseñaron las jurisprudencias citadas en el libelo.

Solicitó expresamente se consigne que la liquidación que habrá de hacer Cajanal, debe cobijar hasta el tiempo en que aparece comprobado su servicio a la rama judicial, de conformidad con los correspondientes certificados aportados (fls. 64 al 66 del c.o).

Consideraciones de la Sala

En atención a que sobre el asunto materia de estudio ya se ha pronunciado esta corporación en precedentes oportunidades, como en los casos de la doctora Esperanza Gómez de Miranda y Joaquín Rueda Rincón, en los que se hizo un análisis pormenorizado de la situación planteada, en esta ocasión la Sala se remite a lo ya decidido con el ánimo de preservar la unidad y la igualdad a los administrados, amén de que la propia Corte Constitucional en auto de Sala Plena de febrero 27 de 2001, con ponencia del honorable magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, desarrolló la teoría interpares precisamente para evitar pronunciamientos encontrados que conlleven a un trato desigual o discriminatorio frente a asuntos de idénticas condiciones de hecho y de derecho.

Ante todo es necesario tener en cuenta que de conformidad con el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, en principio no procede la tutela cuando exista otro medio de defensa. Excepcionalmente prospera cuando se interpone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Si bien es cierto el actor puede acudir a la vía jurisdiccional, dicho mecanismo no resulta tan eficaz, ya que de un lado se tiene que la Caja Nacional de Previsión Social ya plasmó su concepto en las providencias matrices que decidieron sobre el reconocimiento de su pensión, y de otro, la jurisdicción competente para resolver el conflicto jurídico planteado, no está en capacidad instantánea o al menos inmediata de ofrecer una protección a los derechos fundamentales invocados, pues dada su estructura procesal los términos allí previstos son más amplios que los de tutela, a lo que se suma el hecho por cierto no desconocido para la comunidad de que un proceso ordinario está demorando aproximadamente entre tres y cuatro años.

Los anteriores argumentos nos llevan a que el caso en estudio se analice por vía de la excepcionalidad, dada las condiciones especialísimas en que se encuentra el actor, pues no podemos pasar por alto de que se trata de una persona de la tercera edad, que viene devengando mensualmente la suma de $ 7.396.327 y Cajanal le liquida su pensión en $ 3.374.500 suma que, dado su nivel de vida actual proporcionado por la categoría de magistrado y considerando los gastos esenciales para su mantenimiento personal y de su familia, dicha liquidación no cubre su mínimo vital; aspectos estos que valorados en su conjunto, nos llevan a concluir que se debe estudiar la protección solicitada a efecto de evitar un perjuicio irremediable, pues como es natural, al verse menguado abruptamente sus ingresos, el accionante se afecta en su dignidad, ocurriendo igual situación con cada uno de los miembros del núcleo familiar, al ver que no puede satisfacer sus necesidades mínimas en atención a que no obstante el Estado ser el primer llamado a velar por esa situación, curiosamente es él quien lo viola a través de los empleados de turno que lo representan.

Es importante destacar que por disposición del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la existencia de otro mecanismo judicial, debe ser valorada por el juzgador en concreto, para establecer si efectivamente éste es igual o superior al de la tutela, lo que hace que sea imperioso para esta jurisdicción, analizar la persona en particular, de tal manera que el estudio que se haga de ésta, se le pueda dar un trato especial, procurando hacer igual a este ciudadano, a los demás miembros de la colectividad, siendo ésta la razón por la cual se ha entendido no solamente a nivel de la academia, sino de la jurisprudencia nacional e internacional, que precisamente el derecho fundamental de la igualdad, tiene por esencia dar trato igual a los iguales, y desigual a los desiguales.

Pues bien, obsérvese cómo el aquí accionante está solicitando el derecho a una pensión de jubilación como miembro de la comunidad conocida como de “la tercera edad” quienes gozan precisamente de esa garantía tripartita para su protección, en la que de conformidad con el artículo 46 del mandato constitucional, deben concurrir el Estado, la sociedad y la familia siendo obligación del ente estatal, garantizar los servicios de la seguridad social.

Por ello, consideramos que el concepto de justicia de que da cuenta el preámbulo de la Constitución, apunta precisamente a que cada uno de los integrantes del Estado puede recibir la misma en vida, y no es justo que una persona que ha dedicado gran parte de su vida al servicio de una comunidad, sea ésta privada o pública, tenga que sortear los engorrosos términos y procedimientos para hacer efectivo, o al menos tener conocimiento de lo que verdaderamente le corresponde, por cada uno de sus derechos, como lo sería el de la pensión de jubilación; argumentos todos estos que valorados en conjunto nos sirven para dejar de lado el condicionamiento de la no procedencia de la tutela cuando existe otro mecanismo de defensa judicial; por ello la Sala entrará a estudiar el fondo de la acción propuesta, veamos:

En primer orden, la Sala quiere dejar en claro que la decisión que aquí se adopte, no busca, ni pretende invadir la órbita funcional de las jurisdicciones competentes, ya que finalmente, serán éstas, con autoridad constitucional y legal, y fundadas en el principio de la autonomía judicial, quienes pondrán punto final al debate originado en esta tutela.

Ello, por cuanto lo que está en juego no es propiamente la existencia o no del derecho a la pensión de jubilación, sino el monto de la misma, de tal suerte que el juez de tutela está inhabilitado para entrar a decidir sobre el fondo de esta pretensión, en los términos en que está solicitada.

Lo anterior, por cuanto el sujeto aquí accionante pertenece a la rama judicial, que como es sabido goza de un régimen excepcional de pensión que data desde el Decreto 546 de 1971, pasando por leyes como la Ley 33 de 1985, 100 de 1993, y cada uno de sus decretos reglamentarios que sobre el particular se han dictado, pudiéndose afirmar que frente a éstos, existen excepciones no solamente en cuanto a la pensión en sí considerada, sino frente a su liquidación, la edad, el límite máximo de la misma, y por qué no decirlo, frente a su reliquidación, aspectos estos que tampoco son motivo de estudio por esta Sala y por ello no nos detendremos frente a tales singularidades.

Pero lo anterior no obsta para que se proteja al accionante, el derecho a que se le respete el debido proceso, que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Nacional, se predica no solamente de las actuaciones judiciales, sino también de las administrativas.

Así las cosas, si nos detenemos en la lectura del artículo 53 de la Carta, nos damos cuenta que allí se consagraron unos principios mínimos fundamentales en favor de los servidores, los que deben ser acatados no solamente por los jueces, sino por todas las autoridades, entre las que se encuentran las administrativas: El principio a la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, garantía a la seguridad social, para por último expresar categóricamente que la ley no puede menoscabar los derechos de los trabajadores.

Se deduce entonces, que la Caja Nacional de Previsión Social, tanto en la resolución inicial como en las que resolvieron los recursos interpuestos, ha violado el debido proceso administrativo, al no aplicar el principio de favorabilidad de las normas laborales, y prácticamente al pretender por esta vía que el accionante renuncie al beneficio mínimo establecido en la ley, que regula que su pensión equivale al 75% de la asignación mensual más elevada por él devengada en el último año de servicios, como empleado de la rama jurisdiccional, incluyendo las doceavas partes correspondientes a la bonificación por servicios, primas de servicio, de navidad, de vacaciones, y toda otra asignación de que gozare, lo cual se traduce en un abierto desconocimiento del mandato constitucional del artículo 53 que establece la “primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales”, pues no es posible entender cómo el ente administrador de la pensión, se niega a reconocer el derecho en la cuantía que verdaderamente le corresponde, so pretexto de argumentos que nos conducen sin duda alguna, a afirmar que Cajanal, hasta el momento, con las resoluciones proferidas, ha violado abiertamente el derecho fundamental al debido proceso administrativo, al no tener en cuenta en sus decisiones la aplicación de principios de orden constitucional y legal de imperioso acatamiento.

Lo anterior, por cuanto este juez de tutela, no entiende cómo es posible que la accionada profiera unos actos administrativos, disfrazados en supuestos conceptos de razonabilidad, para poder apoyar su negativa de dar el monto verdadero de la pensión del accionante, pues en verdad no tiene presentación que por un lado, el ente estatal acepte que el pensionado tiene derecho a un régimen de excepción como lo es el Decreto 546 de 1971, porque según su propio dicho y lo demostrado en la actuación administrativa, el actor tenía la edad, el tiempo de servicio en forma general, el tiempo de servicio excepcional (10 años en la rama judicial), el derecho a un 75% de su pensión, pero no acepta su liquidación conforme lo ordena este régimen excepcional, para en forma caprichosa y arbitraria y desconociendo todo tipo de interpretación de orden constitucional y legal y alejado de los principios rectores laborales como el de la favorabilidad e inescindibilidad de la norma, niega la forma de liquidación pensional para los servidores de la rama judicial contemplada en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971.

Para sustentar lo anterior, es suficiente hacer una confrontación, por cierto simple, de la normatividad sobre la cual se edifica la negativa que originó esta acción de tutela:

“ART. 36.—Régimen de transición: “La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad sin son hombres, o quince (15) o más años de servicio cotizados, será la establecida en el régimen anterior al que se encuentran afiliados...”.

A su turno el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, que era el régimen de los funcionarios judiciales anterior a la Ley 100 de 1993 señala que los funcionarios y empleados a que se refiere este decreto, tendrán derecho al llegar a los 55 años de edad si son hombres y de 50 si son mujeres y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de ese decreto, de los cuales por los menos diez (10) hubieran sido exclusivamente a la rama jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubieren devengado en el último año de servicios en las actividades citadas.

Nótese entonces, cómo de la lectura desprevenida del artículo 6º del Decreto 546 de 1971, especialmente su parte final, se observa con meridiana claridad, que dicha norma sí reguló la forma de liquidar la pensión, cuando consagró que ésta equivalía al 75% de la asignación mensual más alta devengada en el último año de servicios, concluyéndose entonces, que cuando se desconoce la taxatividad de esa norma, para aplicar la Ley 100 de 1993, so pretexto de que el legislador no reguló este aspecto, se incurre en una vía de hecho por parte de la administración pública cuando alejada del contenido real de la ley afirmó como sustento de la providencia que resolvió el recurso de apelación, en sus páginas 6ª y 7ª lo siguiente: “... Como el régimen de transición atrás analizado no hace ninguna excepción respecto de los factores base de liquidación de la pensión ni de la forma de liquidar la misma, se hace necesario señalar que ambos aspectos se determinan de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios y no con lo dispuesto en las normas vigentes con anterioridad...” (negrillas fuera de texto).

La anterior afirmación es tan alejada de la realidad jurídica, que incluso consideramos que puede rayar en la comisión de un hecho delictual, por cuanto en verdad no existe base para indicar que el régimen excepcional no contempló los factores para la liquidación de la pensión, ya que se insiste, la legislación previó que la misma equivaldría al 75% del monto de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, luego es suficiente establecer qué entiende la ley por ello y qué ha dicho la jurisprudencia sobre el particular, afirmación que resulta aún más descabellada cuando se aleja del límite del tiempo de un (1) año, para pasar al de los últimos cinco (5) años.

Por las anteriores consideraciones, la Sala tutelará como mecanismo transitorio en favor del accionante, los derechos al debido proceso administrativo, de igualdad, seguridad social, derecho pensional en conexidad con la vida y la dignidad humana, y para el efecto se ordenará a la Caja Nacional de Previsión Social que acoja los principios aquí anotados y consagrados en el artículo 53 de la Constitución Nacional; y proceda a liquidar la pensión de jubilación del doctor Gabriel Moncada Quintero, según lo dispone el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, vale decir, en monto igual al 75% de la asignación mensual más elevada por él devengada en el último año de servicios como empleado de la rama jurisdiccional, incluyendo las doceavas partes correspondientes a la bonificación por servicios, primas de servicios, de vacaciones, de navidad, y toda asignación de la que gozare; pronunciamiento que deberá emitir dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, del cual enviará copia a esta jurisdicción.

Por otra parte, se reitera el llamado a las personas que representan a la entidad accionada y que tienen a su cargo la decisión de las solicitudes de pensiones, para que ajusten sus actividades a las nuevas pautas interpretativas que nos imponen el Estado Social de Derecho, en donde lo que prima es el individuo como base fundamental del Estado, de tal manera que se hace indispensable que exista un mayor compromiso por parte de quienes ejercemos cada una de las actividades estatales a efecto de lograr la eficacia de los derechos consagrados en la Carta Política.

Lo hasta aquí dicho, estriba en el hecho de que al actor le tocó recurrir en anterior oportunidad a la acción de tutela e inclusive a la proposición de dos incidentes de desacato al fallo de la misma para lograr que se decidiera sobre los recursos de ley interpuesto; y no obstante ello, nuevamente le tocó acudir a esta figura constitucional, para lograr que se le aplique el régimen excepcional, conductas estas que denotan desidia, inoperancia, arbitrariedad, abuso del poder, con lo cual se desnaturaliza la verdadera esencia de las instituciones estatales, lo cual es más grave si se tiene en cuenta que tales comportamientos provienen de aquellas encargadas de proteger a los ancianos.

En este orden de ideas, no se conduele que la Caja Nacional de Previsión Social, continúe con la práctica de tales conductas, cuando la jurisprudencia del máximo órgano constitucional, ha sido constante y uniforme al respecto, tal como se puede constatar en las sentencias unificadas 995 de 1999 y 1354 de 2000, de tal manera que no se puede predicar por parte del ente accionado desconocimiento sobre el particular y si por el contrario se vislumbra un deseo de no acatar las pautas establecidas por cada uno de los jueces de tutela, por ello se les sugiere muy respetuosamente acojan las directrices ya trazadas por la Corte Constitucional en sus sentencias, con el ánimo de evitar que los jueces que se vean avocados día a día a pronunciarse sobre situaciones y temas que ya han sido ampliamente ventilados, no solamente por las jurisdicciones ordinarias, sino también por la Corte Constitucional.

Ahora bien; como quiera que el asunto aquí tratado en anteriores oportunidades ya fue dilucidado en idéntica forma, tal y como se puede constatar en la sentencia de tutela de octubre 19 de 1999, proferida dentro del radicado 19990096T cuyo accionante fue Esperanza Gómez de Miranda y con el ánimo de evitar que la entidad accionada, representada en esta oportunidad por las doctoras Magdalena Sabogal de Urrego, jefe oficina jurídica (e) y Luz Ángela Silva Meñaca, subdirectora general de prestaciones económicas, o de quien haga las veces de éstas, se les previene para que en un futuro se abstengan de cometer este tipo de vulneraciones contra los derechos fundamentales de sus asociados, so pena de que su incumplimiento les acarree las sanciones de que da cuenta el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 21 de mayo de 2001 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante la cual se concedió como mecanismo transitorio, la tutela constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, extendiendo su protección los derechos a la seguridad social, derecho pensional en conexidad con la vida y la dignidad humana dentro de la acción de tutela incoada por el doctor Gabriel Moncada Quintero contra la Caja Nacional de Previsión Social, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, y como consecuencia de ello se dará cumplimiento dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo.

2. La presente acción de tutela se concede como mecanismo transitorio mientras el actor acude dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de ésta, ante la jurisdicción contenciosa administrativa, y sus efectos perdurarán hasta tanto el juez natural dicte providencia debidamente ejecutoriada. De no acudir el accionante cesarán sus efectos al vencimiento del término aquí otorgado.

3. PREVENIR a la Caja Nacional de Previsión Social, a través de sus representantes, y demás personas encargadas de resolver las solicitudes de pensiones, para que en un futuro se abstengan de la comisión de las conductas que originaron la presente acción de tutela, so pena de quedar incursas en las sanciones de ley, acorde con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

4. Una vez en firme la presente decisión, envíese copia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Guillermo Bueno Miranda, Presidente—Jorge Alonso Flechas Díaz—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco—Temístocles Ortega Narváez—Leonor Perdomo Perdomo.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial

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