Sentencia 2002-00003 de diciembre 4 de 2009

 

Sentencia 2002-00003 de diciembre 4 de 2009

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente C-2529731030012002-00003-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar

Bogotá, D.C., cuatro de diciembre de dos mil nueve.

Se decide el recurso de casación que interpuso Clara Inés Castro Vélez, respecto de la sentencia de 25 de abril de 2007, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia-Agraria, en el proceso ordinario de la recurrente contra personas indeterminadas, con la intervención de la Procuraduría Delegada para asuntos Ambientales y Agrarios, así como de Aurora Acosta viuda de Vásquez, Carlos Alberto Pinzón Pinzón y Rosana Pedraza Sánchez.

Antecedentes

1. La demandante, aduciendo la "prescripción ordinaria adquisitiva, derivada de la posesión regular, de buena fe y con justo título", solicitó que se declarara que adquirió por ese modo, "en proporción a su cuota", el dominio del lote rural que identifica, ubicado en el municipio de Guasca, denominado "Hoya de la Laguna", integrado por los predios "Hoya de la laguna y Piedra de Sal", "El Páramo", "El Rincón", "Paramolandia o Escocia" y "Santa Ana o Salitres".

2. Las pretensiones se fundamentaron en los hechos que en lo pertinente se compendian:

2.1. Jaime Castro Hernández y Helena Brandón de Castro, adquirieron entre 1958 y 1960, en común y proindiviso, los citados predios, y al fallecer aquel, sus derechos fueron adjudicados en el respectivo proceso de sucesión a su única hija, la demandante, lo mismo que a la viuda, madre de esta, Leonor Vélez de Castro, hoy de Chávez, quienes a su vez los vendieron a Enrique Pérez Vélez.

2.2. Luego de una división material efectuada por quienes finalmente resultaron copropietarios de dichos inmuebles, señores Enrique Pérez Vélez y Helena Brandón de Castro, según escritura pública 1314 de 23 de mayo de 1981 de la Notaría 18 de Bogotá, se adjudicó a aquel el lote uno, llamado "Hoya de la Laguna" de 1884 hectáreas, y a esta el lote dos de 740 hectáreas.

2.3. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, al inscribir el anterior documento en las distintas matrículas inmobiliarias, expresó que "no se abren folios por estar el dominio incompleto", pues los títulos se referían a "compra o venta de derechos y acciones" o "derechos en común y proindiviso sin indicar copropietarios".

2.4. Mediante escritura pública 5827 de 8 de septiembre de 1989 de la Notaría 4ª de Bogotá, Enrique Pérez Vélez vendió nuevamente a la ahora demandante el "derecho de propiedad y posesión y/o cualquier derecho o acción" sobre el predio que se le adjudicó en la mentada partición material, pero el título fue registrado únicamente en el folio del lote "Hoya de la Laguna o Piedra de Sal", cuando también ha debido inscribirse en el correspondiente a los demás inmuebles.

2.5. La demandante viene ejercitando la posesión material del lote controvertido a partir de la venta que le hizo Enrique Pérez Vélez, "posesión a la cual adiciona la de los anteriores propietarios", desde las personas que le vendieron a su padre los "derechos y acciones" hace "más de 40 años".

3. Tramitado el proceso, una vez se emplazó y designó curador ad-litem a quienes tuvieran interés en el proceso de "prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio", el Juzgado Civil del Circuito de Gachetá, en sentencia de 7 de noviembre de 2006, negó las pretensiones, porque al interpretar que la prescripción solicitada era la "ordinaria" y no la "extraordinaria", encontró que el requisito acerca del justo título no se cumplía, pues los aducidos se referían a "falsa tradición", y porque en todo caso, tampoco se había demostrado la posesión regular por tiempo no inferior a diez años, decisión que el superior confirmó en el fallo recurrido en casación, al resolver el recurso de apelación que interpuso la demandante.

La sentencia impugnada

1. Sentado que la prescripción adquisitiva de dominio invocada era la "ordinaria", el tribunal, en el estudio del requisito atinente al "justo título", entendiendo como tal el que es "apto para atribuir el dominio" o "transferir la propiedad", razón por la cual no podía confundirse con la "compraventa de posesión, de derechos y acciones, incluso con la misma promesa de compraventa", señaló que ello tenía vigencia cuando ajustado a los requisitos legales, incluyendo la tradición, el vendedor perdía el "título que le dio la calidad de propietario de la cosa vendida, porque le fue resuelto, anulado, rescindido, se le declaró simulado, fue revocado, etcétera, o cuando pese a que la venta de cosa ajena es válida, el bien no pasó a ser 'propio' del adquirente".

2. Aplicado lo anterior al caso, el sentenciador concluyó que la escritura pública de compraventa 5827 de 8 de septiembre de 1989 de la Notaría 4ª de Bogotá, no era justo título, de suyo suficiente para negar las pretensiones, porque en los folios de matrícula de los predios que integraban el lote pretendido, se observaba que todas las anotaciones correspondían a "falsa tradición", pues en su conjunto se referían a "venta de derechos y acciones vinculados a derechos sucesorales" y no a la "transferencia de dominio".

Agrega que en ese evento, el título a lo sumo serviría para "transmitir la posesión", pero no la propiedad. De ahí que no analizaba los demás argumentos del recurso, "como el ejercicio de actos posesorios sobre el inmueble pedido en pertenencia y la identificación del globo de terreno materia del litigio".

3. En cuanto a la petición subsidiaria de declarar el dominio por el modo de la prescripción extraordinaria, mediante la suma de posesiones, el tribunal no la encontró viable, porque en la demanda no se "formuló pretensión en tal sentido", y porque de hacerlo se violaría el principio de la congruencia y el derecho fundamental a un debido proceso, en cuanto se sorprendería a la parte demandada con hechos y pretensiones que no controvirtió.

La demanda de casación

Los dos cargos formulados al abrigo del artículo 368, numeral 1º del Código de Procedimiento Civil, replicados por la Procuraduría Delegada para asuntos Ambientales y Agrarios, así como por Carlos Alberto Pinzón Pinzón y Rosana Pedraza Sánchez, se estudiarán en el mismo orden.

Cargo primero

1. Denuncia la violación directa de los artículos 752, 756, 769, 778, 779, 780, 783, 1871, 2512, 2518, 2521, 2527, 2528 y 2529 del Código Civil, 2º y 7º del Decreto 1250 de 1970, y 407, numerales 1º y 5º del Código de Procedimiento Civil.

2. La recurrente sostiene que para el tribunal existe justo título cuando efectivamente se traspasa la propiedad al adquirente por el modo de la tradición, siendo que una cosa es la compraventa de derechos y acciones sobre un inmueble, entre ellos la posesión, acto que según los artículos del decreto citado, debe inscribirse en la oficina de instrumentos públicos, de ahí que la derogada Ley 40 de 1932, hablaba del "registro de la venta de la posesión sin antecedente", y otra, distinta, la promesa de compraventa, la cual no necesita registrarse, salvo como "título aparente" tratándose de inmuebles urbanos de estratos uno y dos, de conformidad con lo previsto en la Ley 1183 de 2008.

Agrega que el sentenciador, no obstante dejar probado que el título de la demandante, la escritura pública 5827 de 8 de septiembre de 1989 de la Notaría 4ª de Bogotá, aludía a la compraventa de la "propiedad y posesión y/o cualesquier derecho y acción" sobre el predio litigado, y que se encontraba registrado como "falsa tradición", reconoció que eventualmente servía para transmitir la posesión, pero no se dio cuenta que esa era precisamente la razón que fundamentaba el proceso.

Concluye la recurrente que el tribunal transgredió las normas citadas, de una parte, al desconocer que la posesión del bien la adquirió con justo título, posesión que si ha sido adquirida de buena fe, la habilitaba para convertirse en propietaria por el modo de la "prescripción ordinaria", y de otra, al pasar por alto que esa especie de usucapión podía ser declarada a petición del "poseedor no dueño en virtud de la tradición" para sanear títulos.

3. Solicita, en consecuencia, que se case la sentencia recurrida y se sustituya por la que corresponda.

Consideraciones

1. Lo primero que se advierte es que entre el tribunal y la recurrente no existe discrepancia en torno a que los títulos que se inscriben en el folio de matrícula inmobiliaria, concretamente en la columna reservada para la "falsa tradición", verbi gratia, enajenación de cosa ajena o la transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, como los del caso, en lo cual también hay total acuerdo, no son justos títulos del derecho de dominio, sino, en palabras de la recurrente, justos títulos de la posesión material, o al decir del sentenciador emplazado, sirven de medio para "transmitir la posesión", que no la propiedad.

2. Frente a lo anterior, si los contratos contenidos en las escrituras públicas a que se refiere la parte demandante no eran justos títulos traslaticios del derecho de dominio, de entrada se descarta la violación de alguna norma de derecho sustancial, porque el requisito que se echó de menos para dar al traste con la prescripción ordinaria, no se puede confundir con el de la posesión material, que es otro presupuesto de la pretensión, respecto de la cual, precisamente, se entroncan los puntos coincidentes de la recurrente y del tribunal a que se hizo referencia. De ahí que este último, al notar que no había justo título para hablar de posesión regular, se abstuvo de analizar, entre otros hechos, lo atinente al "ejercicio de actos posesorios".

Desde luego que una cosa es la tradición del derecho de dominio y otra, distinta, la transmisión de la simple posesión, porque tratándose de inmuebles, lo primero exige la inscripción del título traslaticio en el competente registro (C.C., art. 756), en tanto que esto último la entrega efectiva del bien (art. 740, ibídem), como recientemente hubo de precisarlo la Corte(1). Por esto, para hablar de posesión regular, el justo título al que se refiere la ley es el que tiene la virtualidad de transmitir la propiedad, que no la posesión material o las meras expectativas, en cuanto tales, únicamente confieren el ejercicio de un poder de hecho sobre la cosa o los eventuales derechos que le llegaren a corresponder a quien así habló como enajenante.

En la posesión regular, lo anterior significa que el justo título traslaticio de dominio es aquel mediante el cual quien ejerce señorío sobre la cosa, actualmente no es propietario de la misma, no por un defecto de su título, sino por alguna falla jurídica, bien porque se descubre que su causante, pese a toda la apariencia, no era dueño de lo que pretendía transmitir, dado que nadie puede recibir lo que no tenía su autor, como ocurre con la venta de cosa ajena; ya por alguna falencia de la tradición, inclusive sobreviniente, cuestión que tiene lugar cuando, por ejemplo, sin perjuicio de la buena fe del adquirente, se aniquilan los títulos y registros del derecho de dominio de los antecesores.

La Corte tiene explicado que

"... por justo título se entiende todo hecho o acto jurídico que, por su naturaleza y por su carácter de verdadero y válido, sería apto para atribuir en abstracto el dominio. Esto último, porque se toma en cuenta el título en sí, con prescindencia de circunstancias ajenas al mismo, que en concreto, podrían determinar que, a pesar de su calidad de justo, no obrase la adquisición del dominio. Si se trata, pues de un título traslaticio, puede decirse que este es justo cuando al unírsele el modo correspondiente, habría conferido al adquirente el derecho de propiedad, si el título hubiese emanado del verdadero propietario. Tal el caso de la venta de cosa ajena, diputada por el artículo 1871 como justo título que habilitaría para la prescripción ordinaria al comprador que de buena fe entró en la posesión de la cosa"(2).

Entonces, si el poseedor regular no se ha hecho al dominio por razones puramente jurídicas, esto descarta de plano que la compra de la posesión o de las acciones o derechos vinculados a un bien, sea justo título traslaticio, porque al decir de la Sala, únicamente tiene ese calificativo el que "hace creer razonadamente (...) que se está recibiendo la propiedad"(3). De ahí que como en otra ocasión se señaló, no es justo título el negocio que de antemano indica que el "objeto de transmisión no es la cosa misma sino cuestiones distintas, como lo son, para citar un ejemplo, las meras acciones y derechos sobre la cosa", tampoco la venta de la posesión, porque si el comprador recaba así la prescripción adquisitiva, no estaría alegando que "alguien quiso hacerlo dueño, sino que alguien quiso dejarlo poseer"(4).

3. Frente a lo dicho, en el caso no puede hablarse de justo título traslaticio del derecho de dominio, para hablar de la posesión regular, porque con independencia de que todas las anotaciones en los folios de matrícula inmobiliaria de los lotes que integran el fundo pretendido, se hayan efectuado en la columna correspondiente a la "falsa tradición", reservada, como se sabe, para la enajenación de cosa ajena o de derecho incompleto o sin antecedente propio, lo cierto es que, como lo concluyó el tribunal, todos los actos jurídicos se relacionan con simples "ventas de derechos y acciones vinculados a derechos sucesorales".

4. El cargo, en consecuencia, no se abre paso.

Cargo segundo

1. Acusa la violación de los artículos 2512, 2518, 2527, 2528, 2529, 2531 del Código Civil, este último modificado por el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, como consecuencia de la comisión de errores de hecho en la apreciación de la demanda, del auto admisorio de la misma y del edicto emplazatorio.

2. Afirman los recurrentes que lo anterior tuvo lugar cuando el tribunal consideró improcedente analizar la declaración de dominio a la luz de la prescripción extraordinaria, por no haberse propuesto, pero sin percibir que esa pretensión fue formulada en la demanda, como así fue admitida e impulsada.

En primer lugar, porque al decirse en la pretensión primera que la demandante había adquirido el inmueble por "prescripción adquisitiva", se entendía que comprendía tanto la "ordinaria" como la "extraordinaria". Lo mismo, al citarse en los fundamentos de derecho, el artículo 407, numeral 1º del Código de Procedimiento Civil, el cual alude a una y otra prescripción. Igualmente, cuando se invoca la sentencia de la Corte de 3 de julio de 1979, sobre saneamiento de títulos con base en la usucapión regular e irregular. Y lo más importante, en los hechos se habla de la posesión de la demandante y de sus antecesores por "más de 40 años", término que para entonces superaba el exigido para la "prescripción extraordinaria".

De otra parte, al no leerse el auto que impulsó el proceso, donde se dijo que se admitía la "demanda ordinaria de pertenencia agraria", lo cual no es lo mismo que decir "demanda ordinaria de prescripción ordinaria", como se interpretó.

Finalmente, cuando no se reparó que el edicto emplazatorio convocaba a las personas interesadas en el proceso de "prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio".

Según la recurrente, si el tribunal no incurre en los errores de hecho que han quedado identificados, habría encontrado que también se pidió la declaración de pertenencia con base en la prescripción extraordinaria. Luego, al encontrar infundada la prescripción ordinaria, no se habría abstenido de analizar las pruebas aportadas y pedidas, las cuales relaciona, para identificar el inmueble pretendido y para demostrar su posesión y la de sus antecesores.

3. Impetra, por lo tanto, que se case la sentencia del tribunal y se acceda a la pedida declaración de pertenencia.

Consideraciones

1. Cuando el tribunal señaló que era improcedente analizar la prescripción extraordinaria adquisitiva del dominio, dado que en la demanda no se había formulado pretensión en ese sentido, esto significaba que la "petición subsidiaria" a la que se refería no se encontraba contenida en ese acto procesal.

Conclusión que es evidentemente cierta, pues solo hasta el resumen de los alegatos presentados con ocasión de la audiencia prevista en el artículo 360 del Código de Procedimiento Civil, la demandante, expresamente, introdujo esa pretensión, al solicitar, en coherencia con la posición que había adoptado en el devenir del proceso, que principalmente se accediera a declarar la "prescripción ordinaria" con base en el "justo título" y la "buena fe" posesorias, o "en subsidio", la "prescripción extraordinaria".

Esto último, porque en sentir de la recurrente, aunado a la afirmada suma de posesiones, al pedirse en la demanda la "prescripción adquisitiva" del derecho de dominio, se estaba haciendo referencia a ambas especies de prescripción. Posición que igualmente evoca en casación y que, según ella, se corroboraba con la cita que hace en el libelo de una jurisprudencia de la Corte y del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, donde indistintamente se menciona una y otra prescripción.

2. En esa medida, el tribunal no pudo incurrir en error de hecho manifiesto al apreciar el libelo introductor del proceso, porque como concluyó en la sentencia impugnada, en ese acto procesal no se formuló ninguna pretensión relacionada con la prescripción extraordinaria adquisitiva del derecho de dominio, mucho menos en forma subsidiaria. Distinto es que la recurrente interprete que al lado de la prescripción ordinaria, esa súplica sí fue planteada, aunque no de manera expresa, según podía colegirse del texto mismo de la demanda.

Sin embargo, el alcance que ahora pretende dársele al escrito genitor, no brota de los pasajes que del mismo se citan, porque si bien en la pretensión primera se solicitó que se declarara que la demandante había ganado por "prescripción adquisitiva" el derecho de dominio, lo cierto es que ella misma, en el hecho noveno, fijó el norte de la antedicha súplica, al entroncarla con la "prescripción ordinaria adquisitiva, derivada de la posesión regular, de buena fe y con justo título". Y prueba de esto es que para demostrar el supuesto justo título, los demás hechos los dedicó a historiar la cadena de adquisiciones de la posesión o de derechos y acciones, como quedó elucidado al estudiarse el otro cargo, desde la época de su padre.

La expresión "prescripción adquisitiva", por lo tanto, sin ninguna calificación, resulta ambivalente, porque involucra ambas especies de usucapión. Lo mismo se predica de las normas y precedentes que mencionen la prescripción ordinaria o extraordinaria, puesto que puede ser una u otra. Así que como de todo ello no podía seguirse, inequívocamente, que además de la prescripción ordinaria, igualmente se solicitó la extraordinaria, el tribunal no pudo recortar los alcances de la demanda.

Es cierto que la recurrente afirmó una posesión superior a veinte años, sumando la de los antecesores, suficiente para adquirir, en la época, por el modo de la prescripción extraordinaria, el dominio de los bienes raíces. Esto, empero, resulta intrascendente para los fines que se propone, puesto que el tiempo lo ligó a la "posesión regular, de buena fe y con justo título", nada de lo cual interesa a la otra especie de usucapión, porque en palabras de la Corte, con ese propósito es indiferente la "existencia o ausencia de justo título o regularidad de la posesión, pues el artículo 2531, en su numeral 2º, establece una presunción de derecho de la buena fe del prescribiente 'sin embargo de la falta de un título adquisitivo de dominio'"(5).

Como en otra ocasión se dijo, la mención en la demanda de la "posesión veintenaria, mediante el fenómeno de la suma de posesiones", inclusive la cita de "preceptos legales tuteladores de la prescripción extraordinaria", son cuestiones que por sí solas son intrascendentes para estructurar un error de hecho. La suma de posesiones, porque "no es una facultad utilizable solamente para los efectos de ganar por prescripción extraordinaria, sino para los de la prescripción ordinaria", y las disposiciones legales, por ser un requisito neutro del libelo, en la medida en que su invocación, inclusive equivocada, no es vinculante, "pues solo al juez corresponde aplicar el derecho por medio de las disposiciones positivas que regulan el caso litigado"(6).

3. En consecuencia, como el tribunal no incurrió en el error de hecho manifiesto y trascendente que se le imputa, respecto de la inteligencia de la demanda, esto es suficiente para sostener la sentencia atacada, al margen de los otros yerros enrostrados, los cuales, en todo caso, por referirse a cuestiones de actividad, la admisión de la demanda y el edicto emplazatorio lo son, desbordan el ámbito propio del error de hecho de la causal primera de casación, predicable únicamente de la "apreciación de la demanda, de su contestación o de determinada prueba" (CPC, art. 368, num. 1º).

4. Así las cosas, el cargo, sin más, no es de recibo.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 25 de abril de 2007, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia-Agraria, en el proceso ordinario de Clara Inés Castro Vélez contra personas indeterminadas, con la intervención de la Procuraduría Delegada para asuntos Ambientales y Agrarios, así como de Aurora Acosta viuda de Vásquez, Carlos Alberto Pinzón Pinzón y Rosana Pedraza Sánchez.

Las costas del recurso corren a cargo de la demandante recurrente. Tásense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente.

Magistrados: William Namén Vargas¾Jaime Alberto Arrubla Paucar¾Ruth Marina Díaz Rueda¾Pedro Octavio Munar Cadena¾Arturo Solarte Rodríguez, con aclaración de voto¾César Julio Valencia Copete¾Edgardo Villamil Portilla.

Aclaración de voto

Aunque comparto la decisión adoptada por la Sala en el asunto de la referencia, en cuanto no procedía casar la sentencia emitida por la Sala Civil Familia Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca objeto de la censura, deseo precisar un tema mencionado en la parte motiva respecto del que disiento respetuosamente.

Está fuera de duda que, como se afirma en la sentencia, "para hablar de posesión regular, el justo título al que se refiere la ley es el que tiene la virtualidad de transmitir la propiedad". Sin embargo, no puedo compartir el desarrollo que se le da al concepto, cuando se le niega esa calidad de justo título a "las ventas de derechos y acciones" vinculados a un bien o a derechos sucesorales, aserto este que tiene como fundamento la consideración según la cual carece de la calidad de justo título aquel negocio jurídico en el que de antemano se indica "que el 'objeto de la transmisión no es la cosa misma sino cuestiones distintas, como lo son, para citar un ejemplo, las meras acciones y derechos sobre la cosa'".

El motivo de mi respetuoso desacuerdo se encuentra en que entiendo que el justo título es una noción eminentemente abstracta, de suerte que se debe examinar solo eso, el título, para de allí concluir si tiene o no la virtualidad o aptitud para transferir el derecho de dominio. Tradicionalmente, se ha citado al respecto el concepto de Alessandri y Somarriva, según el cual "por justo título se entiende todo hecho o acto jurídico que por su naturaleza y por su carácter de verdadero y válido es apto para atribuir en abstracto el dominio"(1). Se debe tomar, por tanto, el título ¾una fuente de las obligaciones¾ y examinar si por su naturaleza tiene, en abstracto, la aptitud para dar origen a obligaciones de dar.

El contrato de compraventa es, en ese sentido, un justo título sin importar cuál sea el objeto sobre el que recaiga. Es bien sabido que la venta de cosa ajena es un justo título. Así, si hay justo título en esa circunstancia ¾ausencia de derecho sobre la cosa¾, con mayor razón lo habrá cuando se diga transferir, como en el caso que analiza la Corte, "la propiedad y posesión y/o cualesquier derecho y acción". Y todo ello independientemente de que el respectivo instrumento sea inscrito en la columna de falsa tradición del folio de matrícula inmobiliaria, aspecto este ciertamente ajeno para la determinación de si existe o no justo título en un caso particular.

No obstante, la sola añadidura de ser el objeto del respectivo acto jurídico unos derechos o acciones vinculados a un bien, impiden, por regla general, que se adquiera posesión regular sobre la cosa, no ya por carecer de justo título el poseedor, que lo tiene, sino por cuanto de esa manera hace explícito que tiene la conciencia de que no ha adquirido el derecho real, sino algo diferente o de menor entidad, y esa caracterización del ánimo subjetivo del adquirente se repele desde el punto de vista conceptual con el requisito de la buena fe. Recuérdese al respecto que el artículo 768 del Código Civil establece que "la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio".

La mencionada circunstancia, impediría, en consecuencia, que en una situación como la analizada por la Corte se pueda configurar una posesión regular, pero, se repite, no porque no exista justo título, sino porque el poseedor no podrá ser considerado de buena fe.

Arturo Solarte Rodríguez 

(1) Cfr. Sentencia 023 de 16 de abril de 2008, expediente 00050.

(2) Sentencia de 26 de junio de 1964, CVII-372.

(3) Sentencia 118 de 4 de julio de 2002, expediente 7187.

(4) Cfr. Sentencia 083 de 5 de julio de 2007, expediente 00358.

(5) Sentencia 020 de 9 de junio de 1999 (CCLVIII-630).

(6) Vid. Sentencia 054 de 5 de agosto de 1996 (CCXLIII-191).

(1) Alessandri Rodríguez, Arturo y Somarriva Undurraga, Manuel. Curso de Derecho Civil. Tomo II. De los Bienes. Editorial Nascimento. Santiago (Chile). 1957. Página 451.