Sentencia 2002-00007/30878 de junio 11 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 88001233100020020000702 (30.878)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: José Félix Bello Anaya y otro

Demandados: Nación - Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía General de la Nación

Acción de reparación directa

Bogotá, once de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008(2), de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

2.2. Oportunidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(3), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En el presente asunto, la Fiscalía restituyó el automotor al señor José Félix Bello Anaya el 21 de junio de 2001 (fl. 2, cdno. 1) y la demanda fue instaurada por los actores el 19 de diciembre de ese mismo año; por ende, no hay duda de que ello ocurrió dentro del término de ley.

2.3. Caso concreto y análisis probatorio.

Según la demanda, los daños y perjuicios que sufrieron los actores se originaron a raíz de “la retención, inmovilización, la injustificada dilación en la devolución, el deterioro y la falta de productividad del vehículo de placas XZF 804 (...) de servicio público, de propiedad de José Félix Bello Anaya, por órdenes de funcionarios adscritos a los entes demandados, desde el 2 de mayo de 1997 hasta el 21 de junio de 2001” (fl. 9, cdno. 1).

El tribunal negó las pretensiones de la demanda, por estimar que los actores no aportaron las providencias a través de las cuales la Fiscalía General de la Nación ordenó la retención y restitución del vehículo y porque, además, no se demostró en el plenario la propiedad del automotor.

Los actores cuestionaron la decisión anterior, pues, a su juicio, sí estaban acreditados la propiedad del automotor y los hechos alegados en la demanda, de modo que las pretensiones debían prosperar.

Pues bien, a efectos de establecer la responsabilidad de las demandadas como consecuencia de las imputaciones formuladas en su contra, es indispensable constatar previamente, por una parte, si el señor José Félix Bello Anaya era el propietario del vehículo de servicio público de placas XZF-804, calidad con la cual concurrió al proceso y, por otra parte, si el señor Silfredo Semacarí Rodríguez era el conductor del mismo, pues, según los hechos de la demanda, las medidas que afectaron al automotor les impidió obtener su sustento diario.

Al respecto, se encuentra acreditado que, el 2 de mayo de 1997, el vehículo mencionado, en el que se movilizaban el señor Bello Anaya y tres pasajeros, fue inmovilizado por agentes de la Sijín, ya que en su interior se encontró marihuana. El automotor fue dejado a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes (fls. 222 y 223, cdno. 1). El inventario practicado al vehículo por la Policía Nacional el 3 de mayo de ese mismo año mostró que este se encontraba en buen estado (fl. 225, cdno. 1).

Mediante Resolución 0937 del 10 de junio de 1997, la Dirección Nacional de Estupefacientes destinó provisionalmente el automotor al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS (fls. 226 a 228, cdno. 1).

El 6 de octubre de 1999, la primera de las entidades mencionadas en el párrafo anterior solicitó al Instituto Departamental de Tránsito y Transporte de San Andrés Islas que cancelara cualquier registro o anotación que pesara sobre aquel automotor, con ocasión del proceso penal seguido contra el señor Bello Anaya, toda vez que la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de San Andrés Islas, mediante providencia del 22 de octubre de 1997, confirmada el 23 de abril de 1999, ordenó la entrega del automotor a dicho señor (fl. 232, cdno. 1).

Ese mismo 6 de octubre, la Dirección Nacional de Estupefacientes solicitó al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la restitución del automotor (fl. 233, cdno. 1); no obstante, este fue entregado al apoderado del señor Bello Anaya el 21 de junio de 2001 (fl. 2, cdno. 1).

Pues bien, a pesar de que las pruebas acabadas de referir indican que el vehículo de placas XZF-804 fue restituido por el DAS al citado apoderado, lo cierto es que el señor José Félix Bello Anaya no demostró que fuera su propietario, calidad con la cual concurrió al proceso.

Al respecto, vale la pena señalar que la sola circunstancia de que el vehículo hubiera sido entregado al apoderado del señor Bello Anaya no demuestra que este fuera su propietario, pues, tal como lo ha dicho la Sala en forma reiterada respecto de la propiedad de esta clase de bienes:

“(...) para que opere la tradición del correspondiente derecho real de dominio hace falta el cumplimiento de la formalidad o solemnidad de la inscripción del negocio jurídico en el respectivo registro, procedimiento este que se constituye, aún desde la normatividad expedida en 1970, en el modo a través del cual el título conduce a la transmisión de la propiedad...

(...)

“En la medida en que el anotado registro tiene naturaleza claramente constitutiva y no meramente declarativa, tanto en materia civil como en materia comercial, desde los años 1970 y 1971, respectivamente, la tradición de este tipo de bienes solo se entiende surtida con la entrega material del automóvil y con la inscripción del título correspondiente en el registro nacional automotor.

“Como corolario de lo anterior, la propiedad o la realización de cualquier negocio jurídico que afecte un derecho real respecto de un vehículo automotor, solamente puede probarse con la acreditación tanto del título (contrato) como del modo (tradición tabular) del cual se deriva la calidad de propietario, usufructuario, acreedor pignoraticio, etcétera; las normas que expresamente establecen una tarifa legal de prueba en esta materia —D. L. 1250/70, arts. 43 y 44— excluyen la posibilidad de que las anteriores circunstancias puedan acreditarse mediante la sola aportación de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción”(4).

En efecto, según tales normas:

“ART. 43.—Ninguno de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción o registro tendrá mérito probatorio, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro”.

“ART. 44.—Por regla general ningún título o instrumento sujeto a registro o inscripción surtirá efectos respecto de terceros, sino desde la fecha de aquel”.

En el mismo sentido, el artículo 47 de la Ley 769 de 2002 —Código Nacional de Tránsito Terrestre vigente— estableció como requisitos uniformes para hacer efectiva la tradición de los automóviles, tanto en materia civil como en el ámbito mercantil, la entrega material del automotor, por una parte y, por otra, la inscripción del negocio jurídico correspondiente en el registro nacional automotor.

La norma que se cita en el párrafo precedente dice:

“ART. 47.—Tradición del dominio. La tradición del dominio de los vehículos automotores requerirá, además de su entrega material, su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente, quien lo reportará en el registro nacional automotor en un término no superior a quince (15) días. La inscripción ante el organismo de tránsito deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la adquisición del vehículo (...)”.

Con fundamento en lo anterior, es claro que no le asiste razón alguna al recurrente en cuanto aseguró que, tratándose de bienes muebles, la prueba de la propiedad no tenía solemnidad alguna y, por tanto, esta podía demostrarse con cualquier medio probatorio, pues lo cierto es que, como se vio, en el caso de los vehículos automotores, la propiedad se acredita con la inscripción del título correspondiente en el registro nacional automotor.

Así, dado que el señor José Félix Bello Anaya no demostró la propiedad del vehículo de placas XZF-804, es obvio que no se encontraba legitimado para formular demanda contra las accionadas, como lo decidió el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Ahora bien, el recurrente también señaló que, según el ordenamiento penal, en caso de que se ordenara la devolución de un vehículo incautado, la entrega se haría a quien acreditara la propiedad o la posesión y que, además, a términos del artículo 762 del Código Civil, el poseedor era reputado dueño, mientras otro no justificara serlo; sobre el particular, debe insistirse en que el señor José Félix Bello Anaya concurrió a este proceso alegando la calidad de propietario del mencionado vehículo, no como poseedor del mismo, como se evidenció a lo largo de la demanda y, por ende, so pena de modificar la causa petendi y los hechos de aquella, no es posible que el juez emita pronunciamiento alguno en torno a situaciones fácticas que fueron incorporadas en el recurso de apelación y no fueron alegadas en la demanda(5).

En el ordenamiento jurídico procesal, la legitimación en la causa es entendida como la calidad que tiene una persona para formular u oponerse a las pretensiones de la demanda, por ser el sujeto de la relación jurídica sustancial. En el sub examine, el señor Bello Anaya compareció al proceso alegando la calidad de propietario del vehículo que resultó afectado por las medidas de las demandadas, condición que acá no demostró; en consecuencia, subyace una falta de interés del actor y, por consiguiente, las pretensiones no pueden tener vocación de prosperidad.

Sobre el tema de la falta de legitimación en la causa, resulta apropiado traer a colación lo que la Sala ha manifestado al respecto:

“La legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Cuando ella falte bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada”(6).

Ahora bien, en cuanto a los perjuicios que habría sufrido el señor Silfredo Semacarí Rodríguez, quien compareció al proceso alegando la calidad de conductor del automotor afectado, es menester señalar que no obra prueba alguna en el plenario que indique vínculo alguno del demandante con el referido vehículo, como tampoco la hay que demuestre que dicho señor resultó afectado con la implementación de las medidas a las que se ha hecho alusión a lo largo de este fallo; más aún, cuando el automotor fue inmovilizado por las autoridades, quien lo conducía era el señor José Félix Bello Anaya (fl. 224, cdno. 1).

Si bien en el expediente obra un dictamen pericial según el cual el señor Silfredo Semacarí Rodríguez sufrió perjuicios como consecuencia de la inmovilización del vehículo (fls. 320 a 323, cdno. 1), lo cierto es que dicho dictamen no cuenta con soporte probatorio alguno y, por tanto, las conclusiones que arrojó no son de recibo para la Sala.

Hechas las anteriores precisiones, se confirmará la sentencia apelada.

2.4. Condena en costas.

Toda vez que el artículo 55 de la ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 10 de marzo de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Expediente 2008-00009 (IJ). La Sala Plena de esta corporación se pronunció en el sentido de señalar que la cuantía no determina la competencia en asuntos de responsabilidad del Estado por hechos de la administración de justicia (error jurisdiccional, privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia), ya que, en aplicación de la normativa estatutaria —L. 270/96—, debe observarse un factor orgánico que confiere competencia, en primera instancia, a los tribunales administrativos y, en segunda instancia, a esta corporación.

(3) Ley 446 de 1998.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2009, Expediente 16.837; M.P. Mauricio Fajardo Gómez; al respecto, es del caso advertir que el ponente de la presente sentencia se aparta de la posición mayoritaria de la Sala, por cuanto considero que, para acreditar la propiedad, es suficiente con el modo, es decir, con la inscripción del título correspondiente en el registro nacional automotor, sin que fuera necesario allegar al proceso el título mismo, esto es, el contrato mediante el cual adquirió el vehículo, pues este último documento nada aporta al proceso, en la medida en que él dará cuenta de los términos y condiciones del negocio, pero nada agregará a la propiedad misma del bien.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 noviembre de 2006, Expediente 16.583.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de octubre de 1990, Expediente 6054.