Sentencia 2002-00040 de febrero 16 de 2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 23001-3103-003-2002-00040-01

Magistrado Ponente

Dr. Edgardo Villamil Portilla

Bogotá, D.C., dieciséis de febrero de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Dos segmentos ofrece esta acusación, uno primero es la reproducción del contenido del cargo segundo, y uno adicional contiene objeciones al valor probatorio del dictamen pericial rendido con el fin de disponer las restituciones mutuas y el pago de los perjuicios que la demandante dijo sufrir.

1. Como se observa, la primera parte del ataque —que es una reedición del cargo segundo—, se contrae a la apreciación del tribunal sobre el contenido objetivo de dos medios probatorios, las cláusulas tercera y cuarta de la escritura pública de compraventa y las piezas del proceso ejecutivo hipotecario en el cual se adjudicó al acreedor hipotecario el inmueble otrora vendido al demandado. Estos elementos de juicio, en opinión del censor, no alcanzan a acreditar la mora del comprador en el pago de la obligación hipotecaria, al tiempo que se trató de una prestación ajena a las partes, lejana a la reciprocidad que caracteriza el contrato de compraventa, pues dicho compromiso se pactó a favor de un tercero.

Al respecto, la Sala advierte que el casacionista partió de nuevo de una premisa equivocada en relación con la apreciación hecha por el tribunal respecto de la cláusula tercera del contrato de compraventa, pues el ad quem resolvió modificar el fallo de primera instancia justamente al hallar demostrado que, como se dijo en tal instrumento, el comprador pagó la totalidad del precio que allí se fijó en dinero efectivo, de manera que a la dicha cláusula se le dio un entendimiento que, a primera vista, no es desmesurado, ni refleja un error descomunal a la hora de apreciar su contenido.

Otra cosa, es que en la cláusula cuarta de la misma escritura de compraventa, figure la obligación que contrajo el comprador de pagar en lo sucesivo el crédito hipotecario otorgado a la vendedora, por cuya cuenta el inmueble se encontraba gravado con hipoteca a favor de la entidad bancaria Concasa, cláusula que el tribunal juzgó incumplida. En efecto, dicha conclusión dista de tildarse contraevidente, pues no podría darse eficacia probatoria a la cláusula tercera del instrumento público y restarla a la siguiente, con el feble argumento de que ello obedeció a un error de trascripción, como lo anotó el recurrente, y menos aún, podría arribar el ad quem a otra conclusión, si ninguna prueba se practicó en orden a destruir la veracidad de las afirmaciones contenidas en la mentada escritura pública.

Ahora bien, el argumento de que la obligación se pactó a favor de un tercero y es por ende ajena a la reciprocidad de las prestaciones que se derivan del contrato de compraventa, para dar curso a la resolución del contrato, ya fue definido desfavorablemente en el cargo anterior, de modo que no se hace necesario abordar de nuevo tal aspecto. En últimas, no se trataba de una estipulación para otro, sino de una diputación para el pago que fue desatendida por el demandado.

2. Acerca del error de derecho denunciado por el recurrente, respecto de la producción del dictamen pericial, es importante reproducir en qué consiste la acusación, para ver que ella resulta insuficiente. Dijo el casacionista:

“(...) el tribunal de manera equivocada contempló jurídicamente el dictamen pericial visible a folios 164 a 167 del cuaderno de primera instancia, al haber interpretado erradamente las normas que regulan su eficacia y evaluación, tales como los artículos 237 ordinal 6º y 241 del Código de Procedimiento Civil, que consagran que el dictamen debe ser claro, preciso y detallado, y el deber del juez de tener en cuenta la firmeza, precisión y calidad de los fundamentos del dictamen al apreciarlo, que lo condujo al error de haberlo apreciado muy a pesar de haber sido aducido sin la observancia de los requisitos necesarios para su producción, infringiendo el principio de legalidad (...) este ocurrió cuando el tribunal interpretó y aplicó incorrectamente las normas procesales citadas que regulan la valoración o alcance probatorio de este tipo de prueba, tales los artículos 237 ordinal 6º y 241 del Código de Procedimiento Civil, que consagran que el dictamen debe ser claro, preciso y detallado, y el deber del juez de tener en cuenta la firmeza, precisión y calidad de los fundamentos del dictamen, al apreciarlo (...) el tribunal vulneró el artículo 241 ibídem, en cuanto si bien encontró claridad él, fue precisamente porque ese experticio está constituido materialmente por una conclusión, y como tal, por lógica es demasiado clara en concluir sobre unos perjuicios, pero, la equivocación del tribunal consistió en no haber observado que al experticio le faltaba presentar los antecedentes y análisis histórico que expliquen de dónde provienen los supuestos perjuicios, indicándolos y detallándolos, hasta el punto que no tiene concordancia ni razonamiento alguno por qué de un inmueble que salió del patrimonio de la vendedora, siéndole pagado y recibido el dinero a satisfacción, según su dicho, y que le fue despojado solo al demandado, no a ella, se tenga que causar frutos civiles. El dictamen, no es formalmente un dictamen, sino un simple informe carente de precisión, lógica y claridad, por no cumplir con las exigencias del artículo 237 ordinal 6º, violado por interpretarse erróneamente”.

Como se aprecia, la acusación contra la prueba es apenas la enunciación de críticas genéricas, mas no se muestra cuál de los procedimientos, operaciones, exámenes, verificaciones o metodologías adoptadas en la pericia está abiertamente equivocada. Tampoco denuncia el recurrente que las bases elegidas para dictaminar son distintas a las que se señalaron al decretar el dictamen, pues ni siquiera menciona en la acusación cuál fue el encargo recibido por el perito.

Por lo demás la crítica al dictamen comprende el hecho de que “no tiene concordancia ni razonamiento alguno porqué de un inmueble que salió del patrimonio de la vendedora siéndole pagado y recibido el dinero a satisfacción, según su dicho, y que le fue despojado sólo al demandado, no a ella, se tenga que causar frutos civiles” (resaltado fuera de texto), lo cual implica echar de menos que el experto no podía abordar el juzgamiento de premisas de orden jurídico.

Y aún a pesar del yerro en la formulación del cargo, encuentra la Sala que, en últimas, la denuncia se contrae a que hubo error grave en el examen de los peritos, en tanto, en opinión del censor, el saldo insoluto de la obligación que se comprometió a pagar, no podía ser el referente para el cálculo de los perjuicios de la demandante.

No obstante, olvidó el recurrente que si el demandado aceptó pagar a un tercero el crédito que estaba a cargo de la demandante, y no lo hizo, ello implicó que esta última soportara el cobro judicial, lo cual denota que sufrió un menoscabo patrimonial que, en principio, no debió padecer. Además, el censor pasó por alto que faltó la tradición del inmueble para que éste ingresara a su patrimonio, en consecuencia, al permanecer en los activos de la vendedora, fue ella quien sufrió menoscabo por la adjudicación que de él se hizo en el proceso ejecutivo.

A su vez, las partes guardaron silencio sobre el estado de la deuda, pues nada se dijo en la escritura de compraventa sobre la existencia de cuotas vencidas y en mora. Por el contrario, los contratantes apenas pactaron en la cláusula cuarta del contrato de compraventa que el comprador continuaría solventando las cuotas del crédito, de manera que colegir de esa parquedad la falta de voluntad de aquél en torno al pago de las cuotas causadas hasta la fecha del acuerdo, sería una afirmación carente de apoyatura.

En contraste, si ninguna precisión o límite se fijó en el contrato respecto de las cuotas que comprendería el crédito que convino pagar el comprador, ningún desbarro podría endilgarse al tribunal por acoger la estimación de perjuicios efectuada por los peritos, consistente en el menoscabo patrimonial de la vendedora con referencia en el mentado crédito hipotecario, pues ha de memorarse que la demandante pidió la indemnización de perjuicios con sustento en el detrimento económico que padeció por el cobro judicial de la obligación, dado que el inmueble se adjudicó en el proceso ejecutivo y el saldo insoluto de la obligación continúa a su cargo, solo que ahora, sin garantía real y por una cantidad considerable.

En las condiciones anotadas, el ataque es insuficiente para derruir la sentencia de segunda instancia, pues como otrora sostuvo esta corporación, los reparos atribuibles al dictamen, en principio, “son los que, amén de protuberantes, en términos generales, se oponen a la verdad o a la naturaleza de las cosas, a tal punto que si no se hubieren cometido los resultados habrían sido diametralmente distintos... La Corte, reiterando doctrina anterior, en el punto tiene explicado que las características de los errores de ese linaje y que permiten diferenciarlos de otros defectos imputables al dictamen pericial, “es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciado equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven”” (Sent. Cas. Civ., jul. 6/2007, cfrm. Sent. Cas. Civ., dic. 15/2005, exp. 00005-01).

Como puede observarse, este último cargo también fracasa, pues no hay manera de concluir que se presentan yerros como los enunciados en la elaboración del dictamen atacado.

Así las cosas, el recurso será desestimado integralmente.

Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 4 de septiembre de 2007 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, que puso fin al proceso ordinario promovido por Cira del Socorro del Río Cardona e Hiram Centeno Roca contra Luis Arnobi Zúniga Pérez.

Costas a cargo del recurrente; liquídense por secretaría, incluyendo como agencias en derecho la suma de $6.000.000.

Notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».