Sentencia 2002-00047 de diciembre 14 de 2010

 

Sentencia 2002-00047 de diciembre 14 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref. C-7600131030152002-00047-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar

Bogotá, D.C., catorce de diciembre de dos mil diez.

Se decide el recurso de casación que interpuso la sociedad AIG Colombia Seguros Generales S.A., respecto de la sentencia de 15 de septiembre de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, en el proceso ordinario de Silvio Fernando López Ferro contra la recurrente.

Antecedentes

1. En el libelo genitor, presentado el 24 de enero de 2002, el demandante solicitó que se declarara que la demandada incumplió el contrato de seguros contenido en la póliza 50-7092, y que como consecuencia se condenara a pagar la suma que determina, menos el deducible pactado, con intereses moratorios.

2. Las pretensiones se fundamentaron, en lo esencial, en que durante la vigencia de la citada póliza, el edificio objeto de la misma, sufrió la pérdida total, a raíz del “terremoto del eje cafetero”, ocurrido el 25 de enero de 1999, al punto que el 16 de mayo de 2001, funcionarios de la división de control urbano de la ciudad de Pereira determinaron que amenazaba ruina y que por tal motivo debía demolerse, como así lo ordenó la Alcaldía Municipal, según resolución de 7 de junio siguiente; que la reclamación elevada fue rechazada por prescripción de la acción.

3. La convocada se opuso a las pretensiones y formuló la excepción extintiva en comento y la de reducción de la indemnización por perjuicios al asegurador, entre otras.

4. El Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali, en sentencia de 29 de septiembre de 2006, luego de considerar que los medios de defensa fracasaban, accedió a las pretensiones, decisión que fue protestada por la compañía aseguradora, en general, para recabar el éxito de las citadas excepciones.

La sentencia impugnada

1. El tribunal, ante todo, identificó que el problema jurídico a resolver se entroncaba con la prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro, particularmente si el término de dos años se computaba a partir de cuando ocurrió el “terremoto del eje cafetero”, como lo sostiene la apelante, o en la tesis del juzgado, desde el momento en que el asegurado conoció que el edificio presentaba graves daños estructurales.

2. Sentado que el hecho que daba base a la acción no era la ocurrencia del terremoto, sino el conocimiento cierto de los efectos que produjo, el sentenciador señaló que como esto último sucedió el 26 de febrero de 2001, cuando se realizó el mapeo del edificio, de ahí que la reclamación se presentó el 21 de marzo del mismo año, la excepción de prescripción no podía prosperar, porque a la fecha de presentación de la demanda, el término extintivo de dos años se encontraba en curso.

La fecha de ese conocimiento, dice, no podía fijarse para el 1º de marzo de 1999, cuando el demandante informó al asesor de seguros la existencia de los daños, toda vez que allí simplemente se indicó una apreciación general y no específica de los efectos destructores del fenómeno telúrico. Tanto es así que los técnicos que realizaron, el 26 febrero de 2001, el mapeo estructural, tuvieron que esperar hasta mayo, siguiente, para concluir que el edifico amenazaba ruina y que debía demolerse.

Además, el asegurado desconocía la visita que realizó el funcionario de la alcaldía, ingeniero Andrés Toro, el 21 de junio de 1999, y el concepto que presentó en la misma fecha sobre que el edificio era “ocupable sin restricción” y que recomendaba un estudio estructural, lo cual significa que ni siquiera la misma administración tenía certeza de los efectos causados por el terremoto.

3. En otro aparte, luego de indicar que la aseguradora fue informada de los posibles daños ocasionados por el fenómeno natural y que se estaba a la espera de los estudios técnicos para saber si había lugar a declarar el siniestro, el sentenciador concluyó que mal podía decirse que “hubo negligencia o demora de parte del tomador del seguro”, menos cuando el empleado del municipio había conceptuado que el edificio era habitable.

4. Así las cosas, el Tribunal, sin más, confirmó la sentencia apelada.

El recurso de casación

Los cuatro cargos formulados, replicados por el demandante, se estudiarán inversamente al orden propuesto, por ser el que lógicamente les corresponde, así el último denuncie un error de actividad con alcance parcial, aunque aunados los dos primeros, porque amén de enderezarse por la vía directa, ambos, para efectos de computar el término de prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro, se refieren al conocimiento real o presunto del hecho que las origina.

Cargo cuarto

1. Con base en el artículo 368, numeral 2º del Código de Procedimiento Civil, la recurrente acusa la sentencia impugnada de ser incongruente.

2. Lo anterior, porque como tema de decisión se planteó, con apoyo en los artículos 1074 y 1078 del Código de Comercio, la excepción de “reducción de la indemnización por perjuicios al asegurador”, dada la “negligencia del asegurado al no realizar oportunamente la reparación del inmueble”.

Esos hechos, se afirma, fueron demostrados debidamente con el testimonio del ingeniero Andrés Toro Henao, quien reconoció que la desidia del demandante en reparar el edificio, agravó los daños, a tal grado que debió demolerse, pero el tribunal guardó absoluto silencio.

3. Solicita, en consecuencia, que se case la sentencia impugnada y que se declare probado el citado medio de defensa.

Consideraciones

1. Como regla de actividad, el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, impone al juzgador, al proferir sentencia, la obligación de resolver las “excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”.

En ese caso, sin embargo, el error de procedimiento se estructura únicamente cuando se peca por defecto, bien porque al no comprender la decisión un pronunciamiento negativo implícito, según se establezca de la construcción lógica de la sentencia, resultaba necesaria una respuesta expresa.

2. Con el fin de elucidar si se incurrió en el error de procedimiento que se denuncia, memora la Corte que el a-quo, al considerar el medio de defensa en comento, señaló que no prosperaba, porque pese a que el terremoto del eje cafetero, era un hecho notorio, la aseguradora, quien inclusive fue informada de los posibles daños, “debió tomar las precauciones del caso”, “más aún si continuaba renovando la póliza del seguro”.

El recurso de apelación, es cierto, se enderezó a que se declarara fundada la excepción, al confundir el juzgado el aviso del siniestro con la “indolencia del asegurado al no realizar los estudios estructurales para la reparación del edificio, lo cual agravó el daño y produjo la demolición”.

El tribunal, con relación al punto señaló que al conocerse la ocurrencia del movimiento telúrico y los posibles daños causados, “se estaba a la espera del estudio técnico para saber si había o no lugar a declarar” el “siniestro”, de donde si las “partes no sabían la magnitud de los daños que causó el terremoto en la edificación, mal puede decirse que hubo negligencia o demora de parte del tomador del seguro”.

3. Frente a lo anterior, antes que un pronunciamiento negativo implícito, el tribunal, en forma expresa, en el mismo sentido resolvió la excepción, con independencia del lugar donde lo hizo, porque la fuerza vinculante de la sentencia no necesariamente se entronca con lo que, en el plano estrictamente formal, se identifica como parte dispositiva, sino en las razones de la decisión.

En ese orden, si el tribunal se pronunció, bien o mal, acerca del anotado medio de defensa, el error de procedimiento se descarta por completo. Distinto es que se haya equivocado en los motivos que esbozó para no darle cabida, en concreto, que no “hubo negligencia o demora” del demandante, caso en el cual, el error sería de juzgamiento, atacable por una vía distinta.

3. Así las cosas, sin más, el cargo está llamado al fracaso.

Cargo tercero

1. Formula la trasgresión indirecta de los artículos 1074, 1077, 1080 y 1081 del Código de Comercio.

2. Lo anterior, según la censura, al incurrir el tribunal en la comisión de los siguientes errores probatorios:

2.1. Restringió el alcance del documento de 1º de marzo de 1999, donde el demandante comunica al asesor de seguros que el 25 de febrero, anterior, observó los daños ocasionados; que sólo hasta esa fecha pudo evaluar los mismos; que ya había recibido la visita de la secretaría de obras y de los bomberos; y que contrató un ingeniero civil.

2.2. Cercenó el informe de 25 de enero de 1999 del comité local de emergencias, sobre que el edificio presentaba fisuras; que varios muros estaban dilatados de los pórticos; y que las columnas tenían problemas en el tramo de las escaleras.

2.3. Pasó por alto el testimonio del ingeniero Andrés Toro Henao, quien además de hacer el reporte de junio de 1999 y suscribir el informe de 26 de febrero de 2001, reconoció que el inmueble podía ser reparado, así el costo sobrepasara el de la demolición; que el estudio estructural, referido a la patología y al sistema de resistencia sísmica, debía asumirlo el propietario; que los daños eran detectables a simple vista; que era necesario desocupar el edificio; y que el transcurso del tiempo representó un proceso progresivo de deterioro.

2.4. No vio la confesión vertida en la demanda, donde la demandante afirma que a raíz del terremoto, el bien asegurado sufrió gravísimos daños que lo hicieron inhabitable.

2.5. Por último, omitió observar en el contrato de seguro que el riesgo asumido era el de terremoto, y por ende, que las pretensiones se fundamentaron en el movimiento telúrico.

3. Manifiesta la recurrente que del análisis conjunto de las anteriores pruebas puede inferirse, de una parte, que al contratar un ingeniero civil, el actor no sólo detectó los daños desde el momento del movimiento telúrico, sino que además de ser apreciables a “simple ojo”, sabía de la gravedad de los mismos; y de otra, que el mapeo estructural se realizó únicamente para cumplir normas de sismo resistencia.

4. Concluye la censura que si el tribunal no incurre en los yerros anteriormente denunciados, habría concluido que el “cómputo del término de prescripción se ha debido iniciar desde el momento mismo en que ocurrió el terremoto”, época en que el “asegurado tuvo conocimiento del siniestro”.

Consideraciones

1. Circunscrito el siniestro, según se afirmó en la demanda, a la “pérdida total del edificio”, a raíz del “terremoto del eje cafetero”, aquí lo que debe elucidarse, conforme a los medios que se denuncian mal apreciados, es si el demandante conoció ese hecho antes del 24 de enero de 2000, considerando que la demanda fue presentada dentro del bienio siguiente.

2. En casación, los errores en el campo de los hechos se estructuran, como suficientemente es conocido, cuando el sentenciador en forma manifiesta aprecia equivocadamente la demanda u omite, adiciona, cercena o tergiversa el contenido material de las pruebas, y no cuando se aparta de la posición subjetiva que, al margen de su materialidad, tenga la parte recurrente acerca de esos mismos elementos.

La Corte tiene dicho que, en ese ámbito, un yerro de ese linaje es de recibo cuando es “tan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros términos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso. No es por lo tanto, error de hecho aquel a cuya demostración sólo se llega mediante un esforzado razonamiento”(1), o el que surge de “ensayar un discurrir que se juzgue con mejor perfil dialéctico o con mayor rigor lógico”(2).

3. En el caso, lo dicho significa que el éxito de la acusación se supedita a que aparezca rutilante que el demandante hubiere conocido, dentro del límite señalado, como efecto del movimiento telúrico, no cualquier daño reparable del edificio objeto del contrato de seguro, sino la “pérdida total”, a raíz del estado de ruina en que quedó y su consiguiente demolición.

3.1. Es cierto que el riesgo amparado es el de terremoto, pero al tratarse de una póliza de daños, surge claro que estos no pueden divorciarse de aquel, porque si no los ocasiona, nada habría que indemnizar. El tribunal, por lo tanto, no pudo incurrir en el error de hecho que se le imputa, respecto de la valoración de dicho documento, dado que una cosa es el “acaecimiento” del fenómeno natural, y otra, distinta, el “conocimiento” de los daños que causó, de ahí que la ocurrencia material de aquel, por sí solo, es insustancial para efectos de computar el término de prescripción en cuestión.

Lo mismo se predica de la apreciación de la demanda, pues aparte de la diferencia entre suceder y conocer, no es cierto que las pretensiones se hayan fundamentado en el movimiento telúrico, pues al lado de él se afirmó el “siniestro consistente en la pérdida total del edificio”, precisamente por el estado de ruina en que quedó y la consiguiente orden administrativa de demolición.

3.2. No se desconoce que en el hecho quinto de la demanda el actor manifestó que a raíz del “terremoto del eje cafetero”, el bien asegurado “sufrió gravísimos daños” que lo “hicieron inhabitable”, pero aceptando en gracia de discusión que se refiere a su “pérdida total”, el yerro de facto en el punto denunciado es inexistente, porque allí no se indica la fecha en que, distinto al acaecimiento material del fenómeno, tales consecuencias efectivamente fueron conocidas.

En todo caso, la percepción de los daños graves del inmueble, al ser “inhabitable”, no podía referirla a la fecha del terremoto, tampoco a época anterior al informe de “junio de 1999”, mencionado en el cargo, el cual fue suscrito por el ingeniero Andrés Toro Henao, porque como lo anotó el sentenciador de segundo grado, en dicho documento, amén de describirse los daños que eran susceptibles de reparación y no de ruina, se indicó que el edificio era “ocupable sin restricción”.

3.3. El documento de 1º de marzo de 1999, emanado del demandante, ninguna alusión hace en torno a que el movimiento telúrico en referencia, había causado la “pérdida total del edificio”, debido, en general, a su destrucción, para de ahí concluir que, desde esa época, ese hecho era conocido de aquel.

La denunciada restricción de la prueba, entonces, no existe, porque si bien su contenido habla de daños observados, se entiende que eran los percibidos, al decir del tribunal, a “simple ojo”, es decir, en forma “general y no específica”. La evaluación de los estragos que en el mismo se indica, por lo tanto, no podían referirse a las fallas estructurales de la edificación, ni el hecho podía inferirse de las visitas de la “secretaría de obras y de los bomberos”, mucho menos del anuncio de contratar un ingeniero civil, por cuanto lo que menciona el instrumento es que la gravedad de los efectos nocivos del terremoto, se conocería cuando aquellas y este emitieran los conceptos respectivos.

De otra parte, en el cargo nada se dice del resultado de esos estudios técnicos. Y si fueron expedidos y conocidos por el demandante, en el sentido del estado de ruina en que quedó el inmueble, a raíz del fenómeno natural, no se sabe cuándo ocurrió una u otra cosa, ni se singularizan las pruebas que así lo indican.

3.4. El informe de 25 de enero de 1999 del comité local de emergencias, apreciado en su integridad, como se solicita, no pone de manifiesto el hecho que da base a la acción, porque en la hipótesis de ser oponible al demandante, la prueba no notifica, por las circunstancias que fueren, el colapso del edificio, sino, en coherencia con el cargo, los “solos daños”, o al decir del tribunal, los percibidos a “simple ojo”, como fisuras en vigas y columnas, muros dilatados de los pórticos, daños en fachadas y problemas de columnas en el tramo de la escalera.

3.5. Ahora, si el ingeniero citado, al rendir testimonio, manifiesta que no pudo establecer las fallas estructurales de que se habla, antes del 24 de enero de 2000, toda vez que se trata de fisuras detectables a “simple vista”, es apenas lógico que el demandante, hasta esa fecha, no podía enterarse de lo que no existía. Desde luego, el conocimiento del hecho no era dable dejarlo sentado por haber indicado el declarante que para la época del terremoto la desocupación del edificio se ameritaba, porque fuera de indicar en otra ocasión que era “ocupable sin restricción”, la recomendación la hizo como medida de “seguridad”, debido a las réplicas que de todo movimiento telúrico suelen presentarse, y no porque a simple vista amenazara ruina.

Distinto es que, para conocer el hecho que da base a la acción, el estudio estructural, cuya carga, como se afirma, correspondía al propietario, no se hubiere obtenido prontamente, al margen de sus consecuencias.

4. Así las cosas, como ninguno de los elementos analizados deja siquiera entrever que el demandante, a raíz del “terremoto del eje cafetero”, conoció el hecho que se entronca con la “pérdida total del edificio”, distinto, en todo caso, a los “solos daños” apreciables a “simple ojo”, después de dos años, contados hacia atrás a partir del 24 de enero de 2002, fecha de presentación de la demanda, el tribunal no se equivocó al declarar infundada la excepción de prescripción.

5. El cargo, por lo tanto, fracasa.

Cargo primero

1. Denuncia la violación directa de los artículos 1072, 1074, 1080 y 1081 del Código de Comercio.

2. En su desarrollo, la recurrente sostiene que al darse por establecido que el término extintivo en comento, corría desde cuando el demandante conoció a ciencia cierta los daños estructurales del edificio, y no a partir del movimiento telúrico que los causó, esto equivale a patrocinar la inseguridad jurídica, pues quedaría al libre albedrío del asegurado entrar a demostrar la ocurrencia del siniestro y su cuantía.

El riesgo asumido, agrega, fue el terremoto, luego al suceder este, se configuró el hecho que da base a la acción, al margen de sus consecuencias. Por lo tanto, al tenor de las normas citadas, la entidad de los daños, sean leves o graves, no era el elemento constitutivo del siniestro, y menos puede afirmarse que el asegurado sólo tiene conocimiento del mismo cuando determina la magnitud de sus efectos.

3. Concluye que si el tribunal hubiere entendido lo anterior, habría dado paso a la excepción de prescripción.

Cargo segundo

1. Acusa el quebrantamiento directo de los artículos 1053, 1072, 1080 y 1081 del Código de Comercio.

2. En la sustentación, la libelista afirma que al estar probado el siniestro, el terremoto, y su conocimiento por el actor, pues se trataba de un hecho notorio, todo lo cual fue reconocido por el ad quem, para computar el término de prescripción, no era dable incluir, cual se hizo, elementos extraños a los exigidos en la última norma citada, como la “magnitud de los daños” o la “determinación estructural del inmueble”.

3. Solicita, en consecuencia, que se case la sentencia recurrida y se declare la excepción de prescripción.

Consideraciones

1. Suficiente es sabido que cuando se denuncia violación de la ley sustancial por la vía directa, el recurrente debe aceptar en su integridad, a manera de exigencia ineluctable, las conclusiones que el campo material y jurídico de las pruebas quedaron fijadas en el fallo recurrido. En ese evento, tiene explicado la Corte, la actividad dialéctica del impugnador debe realizarla sin “separarse, un ápice siquiera, de la quaestio facti, cual y como fue apreciada por el sentenciador, so pena de resultar inidónea la acusación en caso de que ello ocurra”(3).

Por esto, superada con acierto la fase de valoración fáctica y probatoria del proceso, la trasgresión dicha ocurre en los casos en que el juzgador somete el litigio a un tratamiento legal impropio, bien al omitir aplicar la norma que lo gobierna, ora por hacer obrar, para su composición, una disposición que no lo regula, ya porque siendo la pertinente, le atribuye, con eficacia decisoria, una inteligencia que no le corresponde.

2. En ese orden, el ataque contenido en los cargos que se aúnan para su estudio, encausados, como se dijo, por la vía directa, supone que la recurrente coincide con el tribunal sobre que en el proceso se encuentra acreditado, de una parte, que el “terremoto del eje cafetero”, acaecido el 25 de enero de 1999, cuya notoriedad tampoco se pone en duda, ocasionó daños al edificio del demandante, y de otra, que su demolición y ruina únicamente vino a conocerse el 26 de febrero de 2001.

El quid del asunto, por lo tanto, se reduce a establecer cuál de esas circunstancias fácticas, debidamente demostradas, se subsume en la hipótesis del artículo 1081 del Código de Comercio, esto es, si para computar el término de prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro, el conocimiento real o presunto del siniestro, en la tesis de la censura, tenía que darse por superado, una vez ocurrido el hecho notorio del terremoto, “con los solos daños del edificio”, o al decir del sentenciador de segundo grado, al “conocer” el demandante a “ciencia cierta” la pérdida total del edificio.

Los primeros, comunicados por el propio demandante a la compañía de seguros el 1º de marzo de de 1999, en sentir del tribunal, al ser observados a “simple ojo”, pues se trataba únicamente de una “apreciación general y no específica” de los mismos. Y los otros, esto es, el estado de ruina y la consecuente orden de demolición de la construcción, conocidos por el asegurado a raíz de los estudios técnicos que fueron realizados.

3. Con ese propósito, pertinente resulta dejar bien claro que el fenómeno natural, por sí sólo, sin daños, pues no siempre los causa, carece de connotación indemnizatoria, razón por la cual, necesariamente, debe asociarse con los efectos nocivos que produjo. Esto, inclusive, es aceptado por la recurrente, dado que a partir de ocurrir el terremoto, distingue los “solos daños del edificio” de su “pérdida total”.

Así mismo, que al concentrar la decisión, respecto de la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro, a esto último, no cabe duda que el juzgador entendió que la demanda no se dirigió a reclamar los costos que conllevaba la reparación del inmueble, originados en los “solos daños”, sino a solicitar el valor del edificio, frente a su “pérdida total”.

Luego, como se trata de dos cuestiones distintas, esto excluye, en principio, igual trato, porque como se dijo al resolver el cargo tercero, una cosa es el fenómeno natural, como evento material, y otra, diferente, percibir sus alcances. Por esto, el conocimiento real o presunto del hecho que genera la acción, dependerá, en palabras de la Corte, “no del acaecimiento del mismo, desde una perspectiva ontológica y, por ende, material, sino del instante en que el interesado se informó de dicho acontecer o debió saber de su realización, vale decir desde que se volvió cognoscible, o por lo menos pudo volverse (enteramiento efectivo o presuntivo, respectivamente)”(4).

4. En esa línea, si el “siniestro”, consistente en la “pérdida total del edificio”, no podía conocerse por la simple ocurrencia material del movimiento telúrico, ni siquiera asociándolo con los “solos daños”, pues como quedó dicho, esto último es distinto de aquello, el tribunal no pudo incurrir en los errores iuris in judicando que se le imputan en ambos cargos, desde la perspectiva o del ángulo que se les mire.

De una parte, porque el “acaecimiento” del terremoto, entroncado con la “pérdida total del edificio”, como cuestiones materiales, a la postre, integrantes del hecho que da base a la acción, es decir, el siniestro en sí mismo considerado, no es el detonante del término de prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro, como se sostiene en la primera acusación, y de otra, porque relativo al segundo cargo, si para ese efecto, el hito lo constituye el “conocimiento” específico de ese hecho, el sentenciador no pudo adicionarle nada a la hipótesis normativa que se pone en entredicho.

5. Los cargos, por lo tanto, no se abren paso.

Decisión:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 15 de septiembre de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, en el proceso ordinario de Silvio Fernando López Ferro contra la sociedad AIG Colombia Seguros Generales S.A.

Las costas en casación corren a cargo de la recurrente. Tásense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente.

Magistrados: Ruth Marina Díaz Rueda—Jaime Alberto Arrubla Paucar— Pedro Octavio Munar Cadena—William Namén Vargas—Arturo Solarte Rodríguez—Edgardo Villamil Portilla.

(1) Sentencia 006 de 12 de febrero de 1998, expediente 4730, reiterando doctrina anterior.

(2) Sentencia 073 de 20 de abril de 2001, expediente 6014, citando casación civil de 22 de octubre de 1998.

(3) Sentencia de 10 de octubre de 2006, expediente 26099, reiterando CCXLIII-51.

(4) Sentencia 072 de 29 de junio de 2007, expediente 1998-04690.