Sentencia 2002-00062/33447 de abril 29 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa 

Rad.: 76001-23-31-000-2002-00062-01 (33.447)

Actor: Asenal IPS Ltda.

Demandado: Caja Nacional de Previsión Social

Proceso: Acción contractual

Asunto: Recurso de apelación

Bogotá D.C., veintinueve de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «V. CONSIDERACIONES

1.La institución de la cosa juzgada se constituye en una expresión de la soberanía del Estado por medio de la cual se busca dotar las decisiones judiciales de las características de imperatividad, coercibilidad e inmutabilidad(8).

En efecto, la cosa juzgada predicable de una determinada providencia judicial no sólo permite que ésta sea de obligatorio cumplimiento frente a las partes de la relación jurídico procesal particular que se traba en el proceso, sino también que se pueda exigir su cumplimiento coercitivamente y que las decisiones contenidas en ésta no puedan ser modificadas o reformadas(9) posteriormente, para de ésta forma garantizar el principio de seguridad jurídica.

Con otras palabras “la institución de la cosa juzgada, predicable de una decisión judicial, supone la inmutabilidad de lo resuelto de manera que no es posible adelantar con posterioridad un nuevo litigio entre las mismas partes involucradas con sustento en los mismos hechos; como lo sostiene Devis Echandía “significa que una vez decidido con las formalidades legales un litigio, mediante sentencia que tenga esa calidad, a las partes les está vedado plantearlo posteriormente y a los jueces resolverlo de nuevo”(10)(11).

De esta forma, la institución a la que se alude tiene 3 efectos principales a saber: I) Impide que se vuelvan a presentar los mismos pedimentos ante la autoridad judicial; II) La providencia que resolvió sobre los referidos pedimentos adquiere un carácter de inmutabilidad, es decir, no puede ser modificada ni siquiera por el mismo juez que la profirió; III) Si se le ha impuesto a alguna de las partes de la relación jurídico procesal singular la obligación de satisfacer una determinada prestación y ésta se niega a cumplirla, se le puede exigir su cumplimiento coercitivamente.

Ahora, si bien el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil dispone que “La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes”, debe precisarse en éste punto que las sentencias no son las únicas que pueden tener éste atributo, sino también otro tipo de providencias tales como los autos aprobatorios de acuerdos conciliatorios o de una transacción, “habida consideración que en proveídos de tal estirpe el Juez aborda aspectos de fondo del litigio puesto a su consideración; razón por la cual se infiere que se trata de eventos excepcionales(12)(13).

Por otro tanto, para que la institución de cosa juzgada sea procedente como excepción en el curso de un determinado litigio, deben reunirse una serie de requisitos a saber:

  1. Que se adelante un nuevo proceso posteriormente a la ejecutoria de la providencia proferida, es decir, que después de finalizado el proceso respectivo la sentencia o del auto aprobatorio de la conciliación o de la transacción se encuentren debidamente ejecutoriados y contra estos no se haya instaurado recurso alguno.
  2. Que ese nuevo proceso tenga “identidad jurídica de partes”.
  3. Que el nuevo proceso verse sobre un mismo objeto, que tal como lo establece López Blanco en su obra “el objeto del proceso no sólo se encuentra en las pretensiones, lo cual equivale a aceptar que igualmente debe buscarse en los hechos en que aquellas se apoyan, sino también en lo decidido en la sentencia”(14).
  4. Que el nuevo proceso se haya originado por la misma causa que dio inicio al anterior, entendiéndose por causa del proceso la razón por la cual se demanda o los motivos que se tienen para pedir al órgano judicial que resuelva sus pedimentos mediante una providencia que hace tránsito a cosa juzgada(15).
 

2. En lo que tiene que ver con el incumplimiento contractual ésta Subsección ha señalado con precisión:

“Los contratos, amén de regular o extinguir una relación jurídica de contenido económico, también pueden crear relaciones obligacionales y como quiera que en las relaciones jurídicas de esta estirpe una de las partes (el deudor) debe desplegar una conducta (la prestación) en favor de la otra (el acreedor), se sigue que el comportamiento desplegado por el deudor en favor del acreedor solo puede ser tenido como satisfacción de la prestación (pago) en la medida en que se ajuste plenamente a lo convenido.

No otra cosa se deduce de lo preceptuado en los artículos 1626, 1627 y 1649 del Código Civil al disponer, respectivamente, que el “pago efectivo es la prestación de lo que se debe”, que “el pago se hará bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes” y que “el deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria, y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales”.

En consecuencia, se estará en presencia de un incumplimiento si la prestación no se satisface en la forma y en la oportunidad debida y si además esa insatisfacción es imputable al deudor.

Y es que si la insatisfacción no es atribuible al deudor, ha de hablarse de “no cumplimiento”(16) y esta situación, por regla general,(17) no da lugar a la responsabilidad civil.(18)

(…) El incumplimiento, entendido como la inejecución por parte del deudor de las prestaciones a su cargo por causas que le son imputables a él, puede dar lugar al deber de indemnizar perjuicios si es que esa inejecución le ha causado un daño al acreedor

En efecto, como toda responsabilidad civil persigue la reparación del daño y este puede consistir en una merma patrimonial, en ventajas que se dejan de percibir o en la congoja o pena que se sufre, es evidente que en sede de responsabilidad contractual un incumplimiento puede causar, o no, una lesión de ésta naturaleza y es por esto que no puede afirmarse que todo incumplimiento irremediablemente produce una merma patrimonial, impide la consecución de una ventaja o produce un daño moral, máxime si se tiene en cuenta que dos cosas diferentes son el daño y la prestación como objeto de la obligación”(19).

3. El principio del equilibrio económico del contrato previsto en el inciso 1º del artículo 27 de la Ley 80 de 1993, hace que en los contratos estatales se predique una conmutatividad especialísima que difiere de aquella predicable a los contratos celebrados por privados, pues impone a las partes contratantes mantengan las condiciones de igualdad o equivalencia de los derechos y obligaciones surgidas al momento de proponer o contratar, de forma tal que si esa igualdad se rompe por causas no imputables a la persona afectada, la parte culpable se deberá restablecerla(20)

A su vez el deber de restablecimiento de la ecuación económica o financiera del contrato se encuentra igualmente desarrollado en los numerales 3º y 8º del artículo 4º, en el numeral 1º del artículo 5º de la Ley 80 de 1993.

“Así el principio al que se hace alusión se erige como una institución por medio de la cual no sólo se busca proteger el interés individual de las partes contratantes manteniendo las condiciones pactadas al momento de proponer o contratar sino que también busca proteger el interés general estableciendo diversos mecanismos mediante los cuales se mantenga una estabilidad financiera del contrato que permita el debido cumplimiento del objeto contractual.

Ahora bien, el equilibrio económico del contrato puede verse alterado por diversas circunstancias tales como hechos o actos imputables a la Administración o al contratista como partes del contrato, que configuren un incumplimiento de sus obligaciones, de actos generales del Estado (hecho del príncipe) o de circunstancias imprevistas, posteriores a la celebración del contrato y no imputables a ninguna de las partes”(21).

Pues bien, una de las circunstancias que puede conducir a la alteración de la ecuación financiera del contrato es el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la administración con ocasión de la celebración de un determinado contrato, cuando vulnera el deber de planeación en su estructuración o cuando introduce modificaciones unilateralmente con notable vulneración a la ley, impone exigencias no contenidas en el contrato(22), entre otras, siempre y cuando el referido incumplimiento sea imputable a la administración y la parte afectada demuestre que ésta fue la causa determinante para alterar de forma grave y anormal las condiciones financieras del contrato.

No obstante lo anterior, debe precisarse en este punto que cualquiera que sea la causa que da lugar a una alteración de las condiciones financieras o económicas del contrato, para que sea procedente su restablecimiento es indispensable que la parte afectada demuestre el menoscabo, que éste es grave y que además no corresponde a un riesgo propio del ejercicio de la actividad contractual que deba ser asumido por alguno de los contratantes.

3.1. Pero para que sea procedente el restablecimiento de la ecuación económica o financiera que se ha visto desequilibrada, la parte afectada además de demostrar el menoscabo y que éste fue grave y anormal, debe haber realizado las reclamaciones respectivas de forma oportuna.

Al respecto, ésta Subsección ha señalado con precisión:

“Pero además de la prueba de tales hechos es preciso, para que prospere una pretensión de restablecimiento del equilibrio económico del contrato en virtud de cualquiera de las causas que pueden dar lugar a la alteración, que el factor de oportunidad no la haga improcedente.

En efecto, tanto el artículo 16 como el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 prevén que en los casos de alteración del equilibrio económico del contrato las partes pueden convenir lo necesario para restablecerlo, suscribiendo “los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar…”.

Luego, si las partes, habida cuenta del acaecimiento de circunstancias que pueden alterar o han alterado ese equilibrio económico, llegan a acuerdos tales como suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., al momento de suscribir tales acuerdos en razón de tales circunstancias es que deben presentar las solicitudes, reclamaciones o salvedades por incumplimiento del contrato, por su variación o por las circunstancias sobrevinientes, imprevistas y no imputables a ninguna de las partes.

Y es que el principio de la buena fe lo impone porque, como ya se dijo y ahora se reitera, la buena fe contractual, que es la objetiva, “consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia”(23) (se resalta).

En consecuencia, si las solicitudes, reclamaciones o salvedades fundadas en la alteración del equilibrio económico no se hacen al momento de suscribir las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., que por tal motivo se convinieren, cualquier solicitud, reclamación o pretensión ulterior es extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual”(24).

4. En lo que tiene que ver con las salvedades en el acta de liquidación bilateral, en reciente providencia ésta Subsección expresó lo que a continuación se transcribe por ser pertinente para este caso:

“El Consejo de Estado ha expresado que la liquidación de común acuerdo del contrato “es una actuación administrativa posterior a su terminación normal (culminación del plazo de ejecución) o anormal (verbigracia en los supuestos de terminación unilateral o caducidad), con el objeto de definir si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo de las partes, hacer un balance de cuentas para determinar quién le debe a quién y cuánto y proceder a las reclamaciones, ajustes y reconocimientos a que haya lugar, y dar así finiquito y paz y salvo a la relación negocial”(25), que es “… un corte de cuentas, es decir una etapa del negocio jurídico en que las partes hacen un balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado, y en virtud de ello el contratante y el contratista definen el estado en que queda el contrato, o mejor, la situación en que las partes están dispuestas a recibir y asumir el resultado de su ejecución”(26), que “corresponde al balance, finiquito o corte de cuentas que realizan y acogen de manera conjunta las partes del respectivo contrato, por tanto esta modalidad participa de una naturaleza eminentemente negocial o convencional”(27), que “es una operación administrativa que sobreviene a la finalización de un contrato, por cumplimiento del plazo anticipadamente, con el propósito de establecer, de modo definitivo, las obligaciones y derechos pecuniarios de las partes y su cuantía,”(28) y que “la misma consiste en una actuación tendiente a establecer el resultado final de la ejecución contractual, en cuanto al cumplimiento de las prestaciones a cargo del contratista, los pagos efectuados por la entidad contratante, los saldos pendientes, las mutuas reclamaciones entre las partes, las transacciones y conciliaciones logradas, etc, y de esta manera finiquitar la relación negocial”.(29)

Pues bien, nótese que esa finalidad de la liquidación del contrato consistente en finiquitar las cuentas, para utilizar la expresión que con frecuencia se emplea, resulta ya hoy una verdad averiguada y por lo tanto no da lugar a discusión alguna.

Sin embargo, en lo que sí parece no haber claridad o por lo menos coincidencia es en la naturaleza jurídica de ese acto bilateral pues se cataloga indistintamente como actuación administrativa, como una simple etapa del negocio jurídico, como operación administrativa o también como una modalidad de naturaleza negocial o convencional.

Se podría definir ese acto de liquidación bilateral como el acuerdo que celebran las partes de un contrato estatal para determinar los derechos y obligaciones que aún subsisten a favor y a cargo de cada una de las partes contratantes, todo con la finalidad de extinguir de manera definitiva todas las relaciones jurídicas que surgieron como consecuencia del contrato estatal precedentemente celebrado.

Siendo esta la descripción ontológica de ese acto, no se remite a dudas que la liquidación bilateral de un contrato estatal es un negocio jurídico de la estirpe de los contratos pues en ella se presentan los rasgos distintivos de esta especie negocial a saber: a) El acuerdo entre dos partes; y b) La finalidad, en este caso, de extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial o, lo que es lo mismo, de contenido económico.

En efecto, a las voces del artículo 864 del Código de Comercio “el contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial…”, de donde se desprende que los contratos no sólo pueden crear relaciones jurídicas sino que también pueden estar destinados a regularlas o a extinguirlas, cosa ésta última que es la que precisamente ocurre en los actos de liquidación bilateral de los contratos estatales.

Con otras palabras, al término de la vida de un contrato estatal puede presentarse otro contrato, como lo es el negocio jurídico de liquidación, si las partes que inicialmente contrataron se avienen luego a determinar los derechos y obligaciones que aún subsisten a favor y a cargo de cada una de ellas, con la finalidad de extinguir de manera definitiva todas esas relaciones jurídicas que surgieron como consecuencia del contrato estatal que precedentemente celebraron.

Y no se olvide que la discusión decimonónica sobre la diferencia entre contrato y convención (según la cual aquel creaba obligaciones y ésta las extinguía) quedó enterrada en el ordenamiento jurídico colombiano desde que se acogió la elaboración conceptual que elaboró Bello sobre el contrato el señalar que “contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer una cosa…”(30), dando a entender que contrato y convención son la misma cosa.

Luego, en síntesis, el acto de liquidación bilateral de un contrato es a su vez un contrato pues mediante él se persigue extinguir definitivamente las relaciones jurídicas de contenido económico que aún pudieran subsistir a la terminación de la relación contractual precedentemente celebrada.

[...] De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 871 del Código de Comercio(31) y el artículo 1603 del Código Civil(32) los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe, previsiones estas que implican la consagración legal del principio de la buena fe contractual.

La buena fe contractual no es otra que aquella que la doctrina ha calificado como objetiva(33) pues no consiste en un estado de creencia o convicción de actuar conforme a derecho (buena fe subjetiva) sino “en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia”.(34)

Estos comportamientos que de manera enunciativa se han señalado como propios de la buena fe objetiva o contractual, así como todos aquellos otros que puedan configurarla, deben desplegarse no sólo en la formación del contrato sino también durante su ejecución, y por su supuesto en la etapa posterior, pues esta buena fe es un principio integrador de todo contrato según lo indican de manera expresa los artículos 871 y 1603 ya citados.

Uno de tales comportamientos propios de la buena fe objetiva, que aquí conviene destacar, es el deber de información al co-contratante y que consiste en la obligación que tiene cada una de las partes de revelar a la otra todas aquellas circunstancias que sean relevantes para la formación, la ejecución o la extinción del contrato.

Así por ejemplo, si la liquidación bilateral de un contrato es un acuerdo que celebran las partes de un contrato estatal para determinar los derechos y obligaciones que aún subsisten a favor y a cargo de cada una de las partes contratantes, todo con la finalidad de extinguir de manera definitiva todas las relaciones jurídicas que surgieron como consecuencia del contrato estatal precedentemente celebrado, resulta evidente y obvio por ser conforme a la buena fe objetiva que cada una de ellas tiene la obligación de enterar a la otra, de manera clara y expresa, de todas aquellas circunstancias o razones, entre otras, que den lugar a su inconformidad con el finiquito total que se propone.

Con otras palabras, en la liquidación bilateral del contrato, quien esté inconforme con las cuentas que se presentan y el finiquito que se propone debe ineludiblemente expresar con qué y por qué no está de acuerdo y por consiguiente pedir o exigir el respectivo reconocimiento, de todo lo cual debe dar cuenta el acta respectiva pues ésta será finalmente la prueba de que expresó su inconformidad y que exigió el derecho que creía tener.

Si no hay acuerdo sobre la reclamación, el inconforme deberá dejar la correspondiente constancia pues salvando la expresión de su designio negocial denotará su desacuerdo y la anotación que en este sentido contenga el acta será la demostración de su inconformidad y de que ésta no fue atendida por la otra parte.

Dicho de otra manera toda reclamación en la liquidación bilateral de un contrato estatal supone no sólo que se consigne en el acta la correlativa salvedad sino también, y ante todo, la expresión clara y expresa de cuáles son los aspectos y puntos que motivan su inconformidad.

Así que una salvedad sin que se hayan expresado de manera clara los aspectos y puntos que motivan la reclamación, así como la expresión de aspectos y puntos que motivan una reclamación sin que finalmente haya salvedad alguna, equivale lisa y llanamente a conformidad.

Y la razón para que esto sea así no es otra que el principio de la buena fe objetiva, en su manifestación del deber de información, pues de lo contrario la parte reticente, contrariando la lealtad y la rectitud que debe imperar en los negocios jurídicos y en el tráfico jurídico en general, quedaría habilitada para sorprender a la otra con exigencias o reconocimientos que en su momento no fueron propuestos ni dados a conocer.

Por esto es que el precedente jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha venido insistiendo en que quién no hace salvedades claras y expresas en el acta de liquidación no puede luego concurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa a pretender el reconocimiento de derechos que al momento de la liquidación no reclamó ni salvó.

Así lo indicó al expresar:

“…cuando se liquida un contrato y las partes firman el acta de liquidación sin reparo alguno, estos en principio no pueden mañana impugnar el acta que tal acuerdo contiene, a menos que exista error u omisión debidamente comprobado. La liquidación suscrita sin reparos es un auténtico corte de cuentas entre los contratistas, en la cual se define quién debe, a quién y cuánto”.(35)

Posteriormente señaló:

“…en la etapa de liquidación de un contrato, las partes deben dejar sentado en acta sus pretensiones para que sean consideradas por la otra parte, es ese el momento del contrato, en el cual la parte adquiere legitimación para reclamar en vía judicial o extrajudicial, las pretensiones que la otra parte no acepte. Las divergencias que existan al momento de liquidar el contrato, que sean enunciadas en acta, y no aceptadas estructuran la base del petitum de una eventual demanda. Por el contrario la parte que no deje anotada en el acta de liquidación final, la existencia de alguna pretensión para que la otra la considere en esa vía, NUNCA PODRÁ pretenderlas judicialmente…”(36)

Y luego precisó:

“…para efectos de poder acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es requisito indispensable que las partes hayan dejado constancia expresa, en el acta de liquidación del contrato, de las inconformidades que pudieron resultar durante su ejecución, tal como esta Sala lo ha señalado en reiteradas ocasiones…Ahora bien, la constancia que el contratista inconforme consigna en el acta no puede ser de cualquier tipo; es necesario que reúna las siguientes características: que identifique adecuadamente los problemas surgidos con ocasión del contrato, es decir, que sea clara, concreta y específica; no obstante no tiene que expresar técnicamente toda una reflexión y justificación jurídico-económica, pero sí debe contener, así sea de modo elemental, la identificación del problema, es decir, los motivos concretos de inconformidad… Lo anterior significa que la constancia de inconformidad no se satisface con una formulación genérica, que no identifique la razón de ser de la salvedad del contratista; tal conducta impide la claridad necesaria en la conclusión de la relación negocial, bien porque las partes están de acuerdo en forma plena, o bien porque subsisten diferencias entre ellas”.(37)

Conjugando todo lo que hasta aquí se ha considerado resulta, en síntesis, que uno de los comportamientos que supone la buena fe objetiva o contractual es el deber de informar a la otra parte toda aquella circunstancia que resulte relevante para la formación, ejecución o extinción del contrato y que si se trata del acto bilateral de liquidación de una relación contractual, este deber se concreta, si existen inconformidades, en la manifestación de todas ellas indicando de manera clara y específica lo que pretende que se le reconozca, mencionando los motivos o razones que lo llevan a reclamar y haciendo las salvedades del caso si ellas no fueren atendidas o aceptadas.

Por consiguiente las salvedades que se exponen en expresiones genéricas, esto es que no dan cuenta de lo que se pretende ni de las razones o motivos que llevan a la reclamación, jamás legitiman al inconforme para concurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa a pretender lo que en la liquidación no reclamó ni salvó de manera clara, concreta y específica”.(38)

Así, se entiende que la verdadera naturaleza jurídica de la liquidación bilateral o de es la de ser un negocio jurídico, es decir, un contrato por virtud del cual las partes que previamente han celebrado otro contrato estatal manifiestan su voluntad de finiquitarlo definitivamente haciendo un balance de cuentas para determinar si existen derechos o prestaciones que deben reconocerse u obligaciones a cargo de alguna de ellas, para posteriormente proceder a reconocer aquellos o saldar estas.

De esta forma, sí mediante la liquidación bilateral lo que las partes buscan es extinguir todas las relaciones jurídicas que se originaron o que pudieran originarse con ocasión de la celebración del contrato, es evidente que éste es el momento oportuno para que estas pongan de presente las observaciones, reclamaciones o salvedades a las que haya lugar, so pena de que al no hacerlas no sea posible realizar reconocimientos ulteriormente.

Con otras palabras, si se entiende que la liquidación bilateral es un acuerdo que se suscribe entre las partes contratantes para extinguir todas las relaciones jurídicas que surgieron con ocasión del negocio jurídico que ahora se liquida, forzoso es concluir que es en ése momento en el que las partes deben manifestar su inconformidad frente a lo acordado realizando las observaciones, reclamos o salvedades a las que haya lugar, pues de lo contrario se entendería que se encuentran conformes con ello y no pretenden posteriormente iniciar una acción para solicitar que se les reconozcan unas sumas que no reclamaron en la oportunidad debida.

Luego, si lo que ocurre en un determinado caso es que las partes en el contrato suscriben un acta de liquidación bilateral pero ninguna de ellas formuló salvedad, objeción o reclamación alguna, debe entenderse que estuvieron conformes con lo allí acordado, razón por la cual ninguna de ellas puede ahora venir a discutir o reclamar en sede judicial lo que no discutieron ni reclamaron en su oportunidad.

5. En el presente asunto se encuentra que el tribunal de primera instancia profiere una sentencia en la que declara que se configuró la excepción de cosa juzgada, teniendo como fundamento de su decisión el acuerdo de conciliación prejudicial al que llegaron las partes contenido en el Acta 383 del 11 de octubre de 2001, posteriormente aprobado por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca mediante proveído.

En efecto, como fundamento de su decisión el tribunal argumentó que entre el acuerdo de conciliación contenido en el Acta 383 y los hechos y pretensiones que dieron lugar al presente litigio se configuraron los elementos que daban lugar a la cosa juzgada, esto es, el inicio de un proceso posterior a la ejecutoria del auto aprobatorio de la conciliación, la identidad jurídica de partes, objeto y causa, argumentación que fueron compartidos por el Ministerio Público en su concepto para solicitar que la sentencia impugnada fuera confirmada.

Procede entonces la Sala a analizar la configuración de la excepción de cosa juzgada en el presente asunto.

5.1. Revisado el expediente se tienen que con ocasión de la solicitud de conciliación prejudicial presentada por la Sociedad Asenals I.P.S. S.A., se llevó a cabo la diligencia respectiva el 11 de octubre de 2001 ante la Procuraduría Nº 19 Judicial para Asuntos Administrativos en el Departamento del Valle del Cauca.

En el Acta de conciliación Nº 383 del 11 de octubre de 2001 (fl. 352 a 354 del cdno. 1) las partes llegaron a un acuerdo en los siguientes términos:

“(…)

(…). La sociedad Asenals IPS S.A., firmó un contrato de prestación se(sic) salud con Cajanal IPS contrato Nº 028-98, cuyo valor mensual era de $129.000.000.00…El contrato tenía como fecha de vencimiento el 31 de agosto de 1.999 y fue prorrogado en cuatro ocasiones hasta diciembre 31 del mismo año- firmando adicionales. Como consecuencia se dejaron de cancelar facturas por la prestación de servicios por un valor de $355'598.388.00, valor que fue glosado por parte de Cajanal en $104.478.677.00 y aprobándose por un valor que se reclama conjuntamente con la apoderada de Cajanal EPS según poder que adjunta. Seguidamente se le concede el uso de la palabra a la apoderada de Cajanal, quién manifestó: En mi condición de apoderada de la Cja Nacional de Previsión Social “Cajanal” EPS en la diligencia de conciliación de la referencia, me permito manifestar que de conformidad con las pautas contenidas en el Acta 7 del 18 de abril de 2.001, expedida por el Comité de Defensa Judicial y de Conciliación de Cajanal, se autoriza a esta entidad conciliar con la sociedad Asenals IPS S.A. reconociendo la única suma de $244.789.383,00. Los cuales se pagaran de la siguiente manera: el 50% a los 90 días de la ejecutoria del auto que aprueba la conciliación y el 50% restante a los 120 días de la ejecutoria del auto que aprueba la conciliación(…)” (Resaltado por fuera del texto).

Por medio del auto del 30 de noviembre de 2001 (fls. 357 a 361 del cdno. 1) el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca aprobó el acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes en el acta referida previendo en la parte resolutiva:

“1. APROBAR LA ANTERIOR CONCILIACIÓN, en los términos propuestos por las partes, advirtiendo que LA SOCIEDAD ASENALS IPS. S.A., no podrá intentar Acción por ninguno de los conceptos conciliados en contra de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL – CAJANAL-.

2. Tanto el Acuerdo Conciliatorio, llevado a cabo entre las partes como ésta providencia que lo aprueba, tienen efectos de COSA JUZGADA Y PRESTAN MERITO EJECUTIVO” (subrayas por fuera del texto).

Por su parte, a través de las resoluciones 1330 del 6 de marzo de 2002 (fls. 366 y 367 del cdno. 1) y la 2242 del 11 de abril de 2002 (fls. 364 y 365 del cdno. 1), el Jefe de la Oficina Jurídica de la Caja Nacional de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dio cumplimiento al acuerdo conciliatorio prejudicial al que llegaron las partes el 11 de octubre de 2001, precisando en la parte considerativa:

“La SOCIEDAD ASENALS IPS. S.A. Presentó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, pretendiendo la Cancelación de $355.598.388,00, por concepto de prestación de servicios de salud durante el año de 1999 y los meses de enero y febrero de 2000, a usuarios y afiliados de CAJANAL – EPS, en la Seccional Valle” (fls. 367 y 365 de las Resoluciones respectivas) (Resaltado por fuera del texto).

Por último, es de precisar que el contrato Nº 028 que dio lugar al presente litigio se celebró el 29 de enero de 1998, que ante la suscripción de 4 contratos adicionales el plazo inicialmente acordado se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 1999 y que las pretensiones de la demanda se encuentran encaminadas a obtener una indemnización por los perjuicios ocasionados con el desequilibrio económico del contrato que afirma la demandante se produjo por los incumplimientos en que incurrió la contratante DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO!!!

5.1.1. Pues bien, de las probanzas allegadas y que atrás se reseñaron se tiene que en el presente asunto se configuró el primero de los elementos para que sea procedente la excepción de cosa juzgada, pues el auto aprobatorio de la conciliación de fecha 30 de noviembre de 2001, fue notificado por edicto que se fijó el 4 de diciembre de 2001(fl. 357 del cdno. 1) y quedo ejecutoriado el 7 de diciembre de 2001 tal como se señala en los considerandos de las resoluciones 1330 y 002242 de 2002 a través de las cuales se dio cumplimiento a la conciliación.

También se encuentra que la demanda que dio lugar al presente litigio se presentó el 14 de diciembre de 2001 (fl. 331 vto. del cdno. 1), es decir, posteriormente a la ejecutoria del auto aprobatorio de la conciliación prejudicial.

5.1.2. Igualmente se configuró una “identidad jurídica de partes”, pues la conciliación prejudicial fue celebrada entre Asenal I.P.S. Ltda., Sociedad constituida por la Escritura Pública Nº 4103 del 24 de octubre de 1997 de la Notaría Sexta de Cali, registrada en la Cámara de Comercio el 6 de noviembre de 1997 Nº 08108 del Libro IX (fls. 22 a 25 del cdno. 1); y Cajanal EPS, Empresa Industrial y Comercial del Estado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

A su vez, la demanda que dio lugar al presente litigió fue presentada por la Sociedad Asenal I.P.S. Ltda. en contra de Cajanal EPS con ocasión del contrato Nº 028 celebrado entre éstas en 1998.

5.1.3. Observa la Sala que tal como lo afirma la apelante en su recurso, en el presente asunto no se configuró el tercer elemento para la procedencia de la excepción de cosa juzgada, esto es, la identidad de objeto entre la conciliación prejudicial y el proceso judicial que ahora se adelanta ante ésta jurisdicción.

En efecto, la conciliación prejudicial que se llevó a cabo entre las partes el 11 de octubre de 2001 tuvo como objeto el reconocimiento de unos servicios de Salud que se prestaron a los afiliados y usuarios de Cajanal EPS durante el año 1999 y los meses de enero y febrero de 2000, tal como se desprende de la lectura de los considerandos de las resoluciones 1330 del 6 de marzo de 2002 y 2242 del 11 de abril de 2002 a través de las cuales se dio cumplimiento a la conciliación.

Observa igualmente la Sala que las prestaciones objeto de la conciliación prejudicial ya habían sido “glosadas”, es decir ya habían sido reconocidas y cuantificadas por la accionada Cajanal EPS, tal como se desprende de la lectura del Acta de Conciliación Nº 383.

Por su parte, la actora en su demanda pretende el reconocimiento y pago de los perjuicios que presuntamente se le ocasionaron por el desequilibrio económico del contrato Nº 028 de 1998 que se produjo por los supuestos incumplimientos en que incurrió la accionada, perjuicios o prestaciones que abarcan el período comprendido entre el 29 de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1999.

Así las cosas, la Sala encuentra probado que no existe una correspondencia correlativa entre el objeto de la conciliación prejudicial lograda entre las partes el 11 de octubre de 2001 que culminó con el auto aprobatorio del 30 de noviembre de 2001 y lo reconocido allí y las pretensiones de la demanda que dio lugar al presente litigió.

Con otras palabras, mediante el auto aprobatorio de la conciliación se pidió y se reconoció el pago de unos servicios de Salud que la actora prestó a los afiliados y usuarios de Cajanal EPS durante el año 1999 y los meses de enero y febrero de 2000 y ahora en su demanda pide el reconocimiento de unos perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la accionada entre el 29 de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1999 y que no han sido reconocidos ni cuantificados por esta.

En éste orden de ideas, lógico es de concluir que teniendo en cuenta que la cosa juzgada del auto aprobatorio de la conciliación sólo opera sobre los aspectos conciliados entre las partes, ésta únicamente opero sobre los servicios de salud prestados por la actora a los afiliados y usuarios de Cajanal EPS durante el año 1999 y los meses de enero y febrero de 2000.

5.1.4. En lo relativo al requisito de identidad de causa, se encuentra que en el asunto que ahora se resuelve tampoco se configuró, pues se repite la causa que motivó la audiencia de conciliación que culminó con el auto aprobatorio de la conciliación lograda entre las partes fue el reconocimiento y pago de los servicios de Salud prestados por la actora a los afiliados y usuarios de Cajanal EPS durante el año 1999 y los meses de enero y febrero de 2000.

Por su parte, las causa que motivo la demanda que se instauró 14 de diciembre de 2001, fueron los supuestos perjuicios ocasionados a la actora por el desequilibrio económico del contrato Nº 28 de 1998 que se generó por los incumplimientos en que incurrió el demandado.

Así las cosas, para la Sala es claro que contrario a lo que consideró el Tribunal de primera instancia, en el presente asunto no se configuró la excepción de cosa juzgada formulada por la parte demandada, pues no se presentó identidad de objeto ni de causa entre el auto aprobatorio de conciliación del 30 de noviembre de 2001 y la demanda del 14 de diciembre de 2001 que dio lugar al presente litigio.

Y como así no lo vio ni lo decidió ni el Tribunal de primera instancia ni el Ministerio público, la Sala revocará la sentencia apelada en éste punto y en su lugar declarara como no probada la excepción de cosa juzgada formulada por la demandada.

6. El 29 de enero de 1998 se suscribió entre la demandante y la demandada el contrato Nº 028, por virtud del cual aquella se obligó en favor de ésta a prestar los servicios de salud en los niveles I, II y III del POS, incluyendo los medicamentos por fuera de éste a las personas acreditadas e identificadas como afiliadas a Cajanal EPS en las Seccionales del Valle y Buenaventura con los recursos humanos, físicos y tecnológicos suficientes para mantener la oferta y demanda del servicio, así como también a realizar los estudios clínicos y paraclínicos necesarios para calificar la invalidez de los afiliados y de los solicitantes no afiliados, caso en el cual éstos últimos debían cancelar previamente a la contratista por los servicios prestados (fl. 2 del cdno. 1).

Mediante la Cláusula Novena las partes convinieron como valor total del contrato la suma equivalente a $129'600.000 (fl. 8 del cdno. 1).

En la Cláusula Décimo Primera se fijó como plazo de duración del contrato el término transcurrido desde la fecha de su perfeccionamiento hasta el 31 de agosto de 1999 y se empezaría a ejecutar desde 1 de octubre de 1997 (fl. 10 del cdno. 1).

Dicho plazo se extendió a través de la suscripción de los contratos adicionales Nº 1 del 31 de agosto de 1999 (hasta el 30 de septiembre de 1999) (fls. 302 y 303 del cdno. 1 de pruebas); el Nº 2 del 30 de septiembre de 1999 (hasta el 31 de octubre de 1999) (fls. 14 y 15 del cdno. 1); el Nº 3 del 29 de octubre de 1999 (hasta el 30 de noviembre de 1999), (fls. 17 y 18 del cdno. 1); y el Nº 4 del 30 de noviembre de 1999 (hasta el 31 de diciembre de 1999) que también lo adicionó en valor (fls. 20 y 21 del cdno. 1).

El 20 de octubre de 2000 se suscribió entre las partes un acta de liquidación bilateral del contrato Nº 028 de 1998 (fls. 343 a 347 del cdno. 1), en la que se hace constar la existencia de un saldo en favor de la contratista por valor de $652´642,00 y se conviene la posibilidad de que las partes soliciten su revisión o modificación en caso de presentarse elementos o factores no tenidos en cuenta o que generaran una alteración de los valores allí contenidos.

En esa acta de Liquidación la contratista no hizo cuestionamiento ni salvedad alguna relacionada con lo que ahora aquí demanda como un desequilibrio económico del contrato originado en los supuestos incumplimientos en los que incurrió la demandada.

6.1. Pues bien, tal como se precisó en líneas anteriores, una de las circunstancias que puede determinar la alteración del equilibrio económico del contrato es el incumplimiento contractual y por consiguiente, en este evento, se tratará de un hecho consistente en que una de las partes del contrato en su condición de deudora, no despliega la conducta pactada en favor de la otra que es su acreedora.

Con otras palabras, el incumplimiento consiste en la inejecución por parte del deudor de las prestaciones a su cargo por una causa que le es imputable a él.

En el presente asunto no se encuentra demostrado el incumplimiento que alega la ahora demandante, pero con independencia de que se considere como un incumplimiento o como una ruptura del equilibrio económico del contrato con ocasión del mismo, en razón de las pretensiones presentadas se impone el análisis del desequilibrio contractual en razón del incumplimiento de las obligaciones negociales adquiridas por las partes.

Así, la actora señala que la accionada incurrió en una serie de incumplimientos en la ejecución del contrato 28 de 1998 que fundamentalmente se concretan en la no remisión del número de usuarios acordados para la prestación del servicio de salud, la falta de organización para elaborar el listado y carnetización de éstos, no actualizar la información requerida para su prestación y no cancelarlos oportunamente, así como tampoco la suma pactada a título de anticipo.

Ahora, independientemente de que se haya generado un desequilibrio económico del contrato con ocasión del incumplimiento de las obligaciones negociales de la accionada Cajanal EPS, para la Sala es claro que para que sea procedente su restablecimiento, se encuentra en cabeza de quien lo pretende demostrar que la alteración económica del contrato es grave, que se sale de toda previsión y que no está comprendida dentro de los riesgos inherentes a la actividad del contrato que deban ser asumidos por el contratista.

Adicional a lo anterior debe cumplir con el requisito de oportunidad, es decir debe presentar las solicitudes, reclamaciones o salvedades por incumplimiento del contrato, por su variación o por las circunstancias sobrevinientes, imprevistas y no imputables a ninguna de las partes, dentro de las oportunidades que en el ejercicio de la actividad contractual ha tenido para reestablecer el equilibrio económico que se ha visto roto, esto es, al momento de suscribir acuerdos como suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc.

Y es que si las solicitudes, reclamaciones o salvedades fundadas en la alteración del equilibrio económico no se hacen al momento de suscribir las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., que por tal motivo se convinieren, cualquier solicitud, reclamación o pretensión ulterior es extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual.

“En este horizonte, cada parte del negocio se hace responsable de aquello a lo que se compromete, y así mismo, mientras nuevas circunstancias no alteren el acuerdo, se considera que contiene en sí su propio reequilibrio financiero”.(39)

Pues bien, esto es lo que acontece en el asunto que ahora se somete a decisión, pues de las probanzas allegadas, es evidente para la Sala que la demandante durante toda la ejecución del contrato procedió a convenir 4 contratos adicionales en los cuales únicamente se pactaron prorrogas en el plazo inicialmente convenido, sin que en ninguno de ellos consignara reclamaciones, salvedades o manifestaciones de quedar pendientes tales asuntos, razón por la cual se considera que al momento de la suscripción de los documentos que contiene cada uno de esos actos se restableció el equilibrio económico que pudiera estar alterado precedentemente, pues nada se dijo en contrario.

Siendo esto así, resulta evidentísimo que las pretensiones formuladas por la accionante estén destinadas al fracaso, pues la contratista no dio cumplimiento a la oportunidad como requisito para la procedencia del restablecimiento del equilibrio económico del contrato que se ha visto roto.

Adicionalmente, la actora no logró demostrar ni los incumplimientos en que presuntamente incurrió la demandada, ni que éstos fueran de tal magnitud o gravedad que hayan generado una alteración de la ecuación económica o financiera del contrato.

Y como si fuera poco, la actora no manifestó su inconformidad ni presentó objeción, reclamación o salvedad alguna en el acta de liquidación bilateral suscrita entre las partes el 20 de octubre de 2000 y aun previéndose en ella la posibilidad de solicitar su revisión o modificación la Sociedad Asenals I.P.S. S.A. nunca presentó alguna solicitud en ése sentido, razón por la cual carece ahora de legitimación para venir a pretender lo que no reclamó ni salvó al momento de liquidar el contrato.

En síntesis, la sentencia apelada deberá ser revocada, para en su lugar declarar como no probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la demandada y negar las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en éste proveído.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia apelada, la cual quedara así:

1. DECLARAR como no probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la accionada

2. NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en este proveído.

2. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Folios 325 a 331 del C. No. 1.

2 Folios 338 a 348 del C. No. 1.

3 Folios 302 y 303 del C. No. 1 de pruebas.

4 Folios 14 y 15 del C. No. 1.

5 Folios 17 y 18 del C. No. 1.

6 Folios 20 y 21 del C. No. 1.

7 Folios 352 a 354 del C. No. 2 de pruebas.

8 H. F. LÓPEZ BLANCO “Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano”, Tomo I, Parte general, Séptima Edición 2007, Editorial Dupre Editores Ltda. 1997, págs. 591 a 592.

9 Ibídem pág 191.

10 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Madrid, Editorial Aguilar, 1966, págs 545 (original del texto citado)

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Auto del 13 de enero de 2014, exp. 47.371.

12 Señala LÓPEZ BLANCO “Cabe advertir que aun cuando dichos autos ponen fin al proceso, algunos de ellos no impiden presentar nueva demanda sin que se pueda alegar la excepción de cosa juzgada, como en el caso de la declaratoria de excepciones previas, cuando se declara extinguido el proceso; en otros casos sí generan efectos de cosa juzgada, como acontece al decretar la finalización del juicio por pago de la obligación, cuando se admite el desistimiento o la transacción y éstos no están sometidos a ninguna condición, y al darse la conciliación en la separación de cuerpos, de bienes o en el divorcio.”. LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Décima edición, 2009. Bogotá, Editorial Dupré, p. 652. (Original del texto citado).

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Auto del 13 de enero de 2014, Exp. 47.371

14 LÓPEZ BLANCO, ob., cit., pág. 601.

15 Ibídem.

16 F. HINESTROSA. Tratado de las obligaciones. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, pág. 237.

17 Se exceptúa el caso, por ejemplo, en el que el deudor conviene en responder aún en el evento de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se desprende de los incisos finales de los artículos 1604 y 1616 del Código Civil.

18 Artículos 1604, inc. 2º, y 1616, inc. 2º, ibídem.

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 24 de julio de 2013, expediente 25131; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 26 de marzo de 2014, expediente 22831, Sentencia del 16 de octubre de 2014, expediente 24.809, entre otras.

20 Jaime Orlando Santofimio Gamboa, “El Concepto del contrato estatal. Complejidades para su estructuración unívoca, Coordinador, Título Libro: Temas Relevantes sobre los Contratos, Servicios y bienes públicos, Ed. Jurídica Venezolana, VI Congreso de Derecho Administrativo. Margarita 2014, Caracas 201, Págs. 301-440.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 28 de enero de 2015, expediente. 26.409.

22 Jaime Orlando Santofimio Gamboa, “El Concepto del contrato estatal. Complejidades para su estructuración unívoca, Coordinador, Título Libro: Temas Relevantes sobre los Contratos, Servicios y bienes públicos, Ed. Jurídica Venezolana, VI Congreso de Derecho Administrativo. Margarita 2014, Caracas 201, Págs. 301-440.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio de 2011, expediente 18836. (La cita es del texto citado).

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 16 de octubre de 2014, expediente 24.809

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de junio de 2008, expediente 16.293. (nota del texto citado).

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, expediente 17.322. (nota del texto citado).

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31 de marzo de 2011, expediente 16.246. (nota del texto citado).

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2011, expediente 14.823. (nota del texto citado).

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de febrero de 2012, expediente 16.371. (nota del texto citado).

30 Artículo 1495 del Código Civil colombiano. (nota del texto citado).

31 “Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural.” (nota del texto citado)

32 “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella.” (nota del texto citado).

33 Sobre la buena fe objetiva en el derecho colombiano Cfr.: M. L. NEME VILLARREAL. El principio de buena fe en materia contractual en el sistema jurídico colombiano. En Revista de Derecho Privado. No. 11, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2006, pág.. 79 a 125 y M. L. NEME VILLARREAL. Buena fe subjetiva y buena fe objetiva. En Revista de Derecho Privado. Nº 17, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2009, p. 45 a 76. (nota del texto citado).

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio de 2011, expediente 16.836. (nota del texto citado).

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de marzo de 1998, expediente 11.101. (nota del texto citado).

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 16 de febrero de 2001, expediente 11.689. (nota del texto citado).

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de julio de 2005, expediente 14.113. (nota del texto citado).

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de julio de 2012, expediente 22.221, Sentencia del 28 de enero de 2015, expediente. 30.971, Sentencia del 9 de abril de 2015, expediente: 31.274, entre otras.

39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 9 de mayo de 2012, expediente 22087.