Sentencia 2002-0073 de mayo 3 de 2002

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente:

Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola

Radicación número: 50001-23-31-000-2002-0073- 01(2849)

Actor: Sandra Judith Montenegro Guerrero

Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura Del Meta.

Bogotá, D.C., tres de mayo del dos mil dos.

La Sala decide la impugnación formulada por la accionante contra la sentencia proferida el 12 de marzo del año en curso por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual se negó la tutela solicitada.

I. La pretensión y los hechos en que se funda

Sandra Judith Montenegro Guerrero, en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Puerto Lleras (Meta), presentó acción de tutela con el fin de que se le protejan los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la maternidad y al trabajo, vulnerados, en su concepto, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, por lo cual solicita que se ordene al mencionado Tribunal abstenerse de suplir el cargo que desempeña en provisionalidad hasta tanto se venza su licencia por maternidad.

Como medida provisional pidió que, con la admisión de la demanda, se ordenara al Tribunal demandado suspender los trámites de nombramiento y posesión de quien habrá de reemplazarla en el cargo que ocupa, petición a la que el tribunal a quo no accedió por no haber encontrado acreditado el perjuicio irremediable por ella alegado.

Los hechos fundamento de la acción son, en síntesis, los siguientes:

1. Se encuentra vinculada a la Rama Judicial desde el 11 de noviembre de 1992 y actualmente desempeña el cargo de Juez Promiscuo Municipal de Puerto Lleras (Meta), en provisionalidad.

2. El 8 de febrero del año en curso puso en conocimiento de las entidades demandadas su estado de embarazo de alto riesgo, a pesar de lo cual el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta remitió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el Acuerdo 009 con la lista de elegibles para el cargo que ejerce.

3. A pesar de que conversó con algunos Magistrados del Tribunal y les solicitó que tuvieran en cuenta su estado de embarazo, al igual que ocurrió en 1997 con la doctora Haideé Gámez Ruiz, quien para esa época se desempeñaba, en provisionalidad, como Juez Civil del Circuito de Granada y en razón de su estado de embarazo consiguió que el nombramiento en propiedad para ese despacho del doctor Darío Fernando Mejía González se postergara hasta el 5 de junio de 1997, observa con extrañeza que el 20 de febrero del presente año la Sala Plena del Tribunal designó al doctor Rafael Matos como Juez Promiscuo Municipal de Puerto Lleras (Meta), en propiedad.

4. Se siente discriminada por el hecho de que el Tribunal no haya suspendido el nombramiento del 20 de febrero pasado como lo hizo en el caso mencionado, a pesar de que se encuentra embarazada y merece especial protección del Estado por ese hecho, máxime cuando su situación económica es bastante difícil si se tiene en cuenta que el salario que devenga es su único ingreso y con él debe mantener a su hija de 2 años y al que está por nacer, amén de que su esposo no devenga mayores ingresos y de que mensualmente debe pagar $510.000 por concepto de una solución de vivienda.

II. La respuesta de las entidades demandadas

Al contestar la tutela, la Presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta manifestó que el 11 de febrero del presente año entró en vigencia la tercera versión del registro de elegibles para cargos de jueces de la República, el cual introdujo novedades en virtud de las solicitudes de cambio de sede recibidas durante el segundo período del 2001; que en su reunión del 12 de febrero siguiente dicha Sala resolvió enviar al Tribunal Superior de Villavicencio los listados correspondientes a los juzgados en los cuales existía vacancia definitiva y que no se habían podido proveer por falta de listas de elegibles, según Oficio PSA-911 de 29 de agosto del 2001, entre los cuales se encontraba el Promiscuo Municipal de Puerto Lleras (Meta), ocupado por la accionante, decisión en virtud de la cual el 13 de febrero siguiente se enviaron las respectivas listas por medio del Oficio 0090; que el envío de las listas obedece al cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 101, numeral cuarto, 132, 162 y 174 de la Ley 270 de 1996, así como a la solicitud formulada mediante el Oficio núm. 1964 del 23 de agosto del 2001 por el Presidente del mencionado Tribunal, toda vez que ahora sí existía el registro por ese entonces solicitado y que los integrantes de la Sala desconocían la situación laboral de la doctora Haideé Gámez Ruiz por cuanto se posesionaron, en carrera, en junio de 1998.

Por su parte, el Director Ejecutivo Seccional Villavicencio del Consejo Superior de la Judicatura y el Secretario de la Sala Civil-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio informaron que mediante la Resolución núm. 007 del 31 de marzo de 1997, emanada de la Sala Plena de ese tribunal, se concedió licencia remunerada por maternidad a la doctora Haideé Gámez Ruiz, quien se desempeñaba como Juez Civil del Circuito de Granada, a partir del 31 de marzo de 1997 y por el término de 84 días y que mediante el Acuerdo núm. 013 de esa misma fecha la aludida Sala Plena nombró en provisionalidad a la doctora Perla Judith Guarnizo en dicho cargo mientras se posesionaba el doctor Darío Fernando Mejía González, designado mediante la Resolución núm. 011 del 12 de marzo de 1997 como nuevo titular, quien tomó posesión del cargo el 23 de junio del mismo año.

A su vez, el Presidente del tribunal demandado solicitó que la tutela fuera denegada por improcedente por cuanto, a su juicio, no se dan los presupuestos que señala la Corte Constitucional en su sentencia T-040 del 2001 para que proceda el amparo como mecanismo de estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, amén de que dicha entidad no ha vulnerado los derechos de la accionante por su estado de embarazo, pues ese hecho no suspende los nombramientos que se hacen con base en un concurso que la misma presentó y no superó, es decir que el tribunal no le nombró reemplazo ni la discriminó por su estado de gravidez, sino que dio cumplimiento a una de las fases del concurso que se realizó con el fin de suplir las vacantes de las plazas de jueces y magistrados que se encontraban ocupadas en provisionalidad, en virtud de lo cual nombró al doctor Rafael Matos como Juez Promiscuo Municipal de Puerto Lleras (Meta), en propiedad, con base en la lista de elegibles que le envió el Consejo Superior de la Judicatura.

En cuanto a los hechos expuestos por la accionante, el mencionado funcionario manifestó que debe probarse que la misma informó al Tribunal su estado de embarazo, pues con los documentos que se allegaron al Oficio 0917 del 28 de febrero de este año no aparece anexado el recibido por parte de la Corporación, así como también debe acreditarse que a pesar de conocer la situación el Consejo Seccional le envió el Acuerdo núm. 009, contentivo de la lista de elegibles, lo cual puede establecerse con la confrontación entre la comunicación sobre el estado de gravidez de la accionante y la fecha del envío de ese Acuerdo que fue recibido en el Tribunal el 14 de febrero del año en curso; que no es cierto que en 1997 haya ocurrido un caso similar con la doctora Haideé Gámez Ruiz, pues en ese evento no se suspendió el nombramiento del nuevo titular, sino que el mismo se hizo en virtud de la consulta elevada ante el Consejo Superior de la Judicatura, según la cual el estado de embarazo de quien venía desempeñando el cargo de Juez Civil del Circuito de Granada (Meta), no impedía hacer el nombramiento en propiedad, lo cual se hizo mediante el Acuerdo núm. 011 del 12 de marzo de 1997 de la Sala Plena del Tribunal, por el cual se designó al doctor Darío Fernando Mejía González como titular de ese despacho judicial.

III. El fallo del Tribunal Administrativo del Meta

El Tribunal Administrativo del Meta adoptó la decisión de negar la tutela instaurada con base en las siguientes consideraciones:

De la revisión del expediente y de la documental allegada al mismo, se advierte que, contrario a lo afirmado por la accionante, la postergación del nombramiento en propiedad del funcionario que habría de ocupar la vacante de Juez Civil del Circuito de Granada (Meta) obedeció a razones totalmente diferentes a las aducidas por ella, tal como lo refiere en su respuesta el Presidente del Tribunal Superior de Villavicencio y quedó consignado en las Actas núms. 043 y 044 de 20 y 27 de noviembre de 1996, 046 de 4 de diciembre del mismo año y 012 de 5 de marzo de 1997, todas de la Sala Plena de esa Corporación.

El nombramiento en provisionalidad no defiere derechos ni consagra prerrogativas en cuanto a estabilidad laboral se refiere, a favor de quien lo detenta, pues quien ocupa un cargo en provisionalidad debe ser conciente de que su tránsito como servidor público va hasta cuando sea designado el titular del mismo en propiedad.

La actuación desplegada por las entidades demandadas se ajustó a los postulados de orden legal sin llegar a transgredir o vulnerar los derechos constitucionales de la accionante, pues de los Oficios PSA-911 de 29 de agosto del 2001 (fl. 35), dirigido por el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta al Presidente del Tribunal Superior de Villavicencio; UACJ de 6 de febrero del 2002 (fl. 34), dirigido por el Director de la Unidad Administrativa de la Carrera Judicial al Presidente de la mencionada Sala Administrativa y 0090 de 13 de febrero del 2002, enviado por el Presidente de la Sala Administrativa al Presidente del Tribunal Superior, se observa que en el trámite surtido para los nombramientos en propiedad de Darío Fernando Mejía González como Juez Civil del Circuito de Granada (Meta), cargo ocupado en ese entonces en provisionalidad por Haideé Agámez Ruiz, así como de Rafael Antonio Matos Rodelo como Juez Promiscuo Municipal de Puerto Lleras (Meta), se cumplieron plenamente las formalidades de ley, por lo cual no se vislumbra la alegada violación de derecho fundamental alguno de la accionante, amén de que la misma no demostró que su retiro del cargo haya sido por causa de su embarazo.

En este caso la tutela no procede como mecanismo supletivo de competencias en otras instancias judiciales, pues la afectada dispone de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para enervar la legalidad del acto acusado.

IV. La impugnación

Inconforme con la decisión que acaba de resumirse, la accionante la impugnó con el fin de que la misma sea revocada y, en su lugar, se conceda la tutela instaurada, con base en los siguientes argumentos:

El fallo del Tribunal se limitó a analizar la violación del derecho a la igualdad, guardó silencio respecto de los demás derechos invocados y se basó en una respuesta del Tribunal Superior de Villavicencio, el que, a su vez, se sustentó en un concepto emitido en el año de 1997 por el Director de la Unidad de Recursos Humanos del Consejo Superior de la Judicatura cuando la posición de esa entidad con respecto al asunto ha variado, de acuerdo con el concepto emitido el 19 de septiembre del 2000 por la Oficina de Asesoría Jurídica de su Sala Administrativa, según el cual, la mujer embarazada, dado el fuero de maternidad, tiene derecho a una estabilidad laboral forzada, de tal manera que no se le puede suplir, debiéndose postergar los nombramientos en propiedad, concepto que aporta en fotocopia junto con la del Oficio de 16 de enero de este año, procedente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, en el cual se observa la posición actual que se debe asumir frente a la circunstancia de que el cargo a proveer con la lista de elegibles se encuentre ocupado en provisionalidad por una mujer embarazada.

La fecha en que entregó el memorial mediante el cual informó al Tribunal Superior de Villavicencio su estado de embarazo fue el 8 de febrero del año en curso y no el día 28 del mismo mes y año como lo afirma el Presidente de esa Corporación, mientras que las listas de elegibles se recibieron el 14 de febrero, es decir, con posterioridad a la fecha en que informó su estado de gravidez.

V. Las consideraciones de la Sala

Pretende la accionante que se le protejan los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la maternidad y al trabajo, vulnerados, en su concepto, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, por lo cual solicitó que se ordenara al mencionado Tribunal abstenerse de suplir el cargo de Juez Promiscuo Municipal de Puerto Lleras (Meta) que desempeñaba en provisionalidad, hasta tanto se venciera su licencia por maternidad.

Como medida provisional pidió que, con la admisión de la demanda, se ordenara al Tribunal demandado suspender los trámites de nombramiento y posesión de quien habría de reemplazarla en el mencionado cargo, petición a la que el tribunal a quo no accedió por no haber encontrado acreditado el perjuicio irremediable por ella alegado.

En primer lugar, la Sala observa que la inconformidad de la impugnante se centra en el hecho de que el tribunal a quo se limitó a analizar la violación del derecho a la igualdad, sin hacer consideración alguna frente a los demás derechos por ella invocados, así como en la circunstancia de que el fallo impugnado se haya basado en la respuesta del Tribunal Superior de Villavicencio, sustentada, a su vez, en el concepto emitido en 1997 por el Director de la Unidad de Recursos Humanos del Consejo Superior de la Judicatura, según el cual es posible nombrar en propiedad para un cargo de la Rama Judicial a quien se encuentre en el primer lugar de la lista de elegibles, aunque quien lo desempeñe en provisionalidad se encuentre en estado de embarazo, posición que, señala la impugnante, ha variado, de acuerdo con el concepto emitido el 19 de septiembre del 2000 por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Sala Administrativa de dicha entidad, que sostiene que la mujer embarazada, dado el fuero de maternidad, tiene derecho a una estabilidad laboral forzada, de tal manera que no se le puede suplir en el cargo, debiéndose postergar los nombramientos en propiedad hasta tanto se venza la respectiva licencia de maternidad.

Al respecto, la Sala considera necesario hacer las siguientes precisiones:

La jurisprudencia de la Corte Constitucional, entre otras, en sentencias T-040 A, T-154, T-352, T-311 y T-367, todas del 2001, ha analizado el tema de la protección especial de las mujeres en estado de embarazo, en relación con el cual ha sostenido que las mujeres embarazadas o en período de lactancia se encuentran amparadas por el derecho a una estabilidad laboral reforzada, como consecuencia de la protección especial que la Constitución Política reconoció al trabajo, garantía especialmente aplicada a las mujeres que, por encontrarse en condiciones de debilidad manifiesta, pierden su empleo, “... pues una de las manifestaciones más claras de discriminación sexual ha sido, y sigue siendo, el despido injustificado de las mujeres que se encuentran en estado de gravidez, debido a los eventuales sobrecostos o incomodidades que tal fenómeno puede implicar para las empresas”(1), de lo cual se deduce que la mujer en estado de gravidez goza del derecho a no ser discriminada laboralmente.

En la indicada sentencia T-040 A, dijo la Corte en relación con el tema del fuero de maternidad de las servidoras públicas lo siguiente:

“La Corte ha estimado, de una parte, que es necesario extender los alcances de la protección al caso de las servidoras públicas, sin desconocer las reglas jurídicas especiales que las rigen, ya se trate de una relación contractual o legal y reglamentaria, y de otra parte, que carece de todo efecto el despido de una servidora pública en estado de gravidez, sin la correspondiente autorización previa del funcionario del trabajo competente, en el caso de las trabajadoras oficiales, o sin la correspondiente resolución motivada del jefe respectivo, en donde se verifique la justa causa para el despido, en el caso de las empleadas públicas. Esto tiene concordancia con la Recomendación No 95 de la O.I.T. de 1952, la cual aunque no tiene fuerza de ley, constituye una pauta de hermenéutica para precisar el alcance de este fenómeno(2). En resumen, la mujer embarazada tiene el derecho fundamental a no ser discriminada en el campo laboral por razón de su estado de gravidez, lo que apareja, necesariamente, el derecho fundamental a no ser despedida por causa del embarazo, es lo que se ha denominado ‘fuero de maternidad’(3).

“...

“La Corte Constitucional ha señalado como regla general la improcedencia de la acción de tutela para obtener el reintegro al cargo por ineficacia del despido de una mujer embarazada de un determinado cargo o empleo público o privado, como quiera que el mecanismo procesal adecuado es la demanda ante la jurisdicción ordinaria laboral, en caso de empleados privados o trabajadores oficiales y, la acción contenciosa ante la jurisdicción contencioso administrativa para las empleadas públicas, acciones susceptibles de reparar el daño que puede producir el despido injusto. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha establecido excepciones a la regla general antes planteada. En primer lugar, la Corte ha entendido que la desvinculación de la mujer embarazada de su empleo puede ser impugnada mediante la acción de tutela si se trata de proteger el mínimo vital de la futura madre o del recién nacido. En segundo lugar, procede la acción de tutela, en aquellos casos en los cuales la cuestión debatida sea puramente constitucional siempre que resulte flagrante la arbitraria transgresión de las normas que le otorgan a la mujer una especial protección y que se produzca un daño considerable(4).

“...

“Los elementos fácticos que deben quedar demostrados para que proceda el amparo transitorio del derecho a la estabilidad laboral reforzada en los casos de despido de mujer embarazada son los siguientes: (1) que el despido o la desvinculación se ocasione durante el embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto, es decir, durante el período amparado por el ‘fuero de maternidad’; (2) que la desvinculación ocurra sin los requisitos legales pertinentes para cada caso; (3) que el empleador conozca o debía conocer el estado de embarazo de la empleada o trabajadora; (4) que el despido amenace el mínimo vital de la actora o que la arbitrariedad resulte evidente y el daño que apareje sea devastador; (5) que el despido sea una consecuencia del embarazo, por ende que el despido no esté directamente relacionado con una causal objetiva y relevante que lo justifique(5)” (resaltado fuera de texto / Sentencia de 22 de enero del 2001, Magistrado Ponente doctor Fabio Morón Díaz).

Aplicados los anteriores criterios al presente caso se observa que, como acertadamente lo concluyó el tribunal a quo en el fallo impugnado, aunque la accionante se encontraba en estado de embarazo debidamente comunicado a las entidades demandadas para la fecha en que se produjo su retiro del servicio, está probado que el mismo no fue producto de una actuación arbitraria ni discriminatoria por parte de las demandadas y en desmedro de los derechos constitucionales a la igualdad, al trabajo, a la protección a la maternidad y al mínimo vital de la funcionaria judicial demandante, sino que, por el contrario, se debió a la culminación de un procedimiento administrativo tendiente a proveer los cargos vacantes de la Rama Judicial que estaban siendo desempeñados por funcionarios nombrados en provisionalidad, como la accionante, con aquellas personas que superaron satisfactoriamente el concurso de méritos que para el efecto realizó el Consejo Superior de la Judicatura.

En efecto, aparece debidamente acreditado en el expediente que la salida de la accionante de la Administración de Justicia se debió a una causa objetiva y relevante que la justificó, esto es, la de dar cumplimiento a las disposiciones legales y a los Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura que regulan el asunto relativo a la provisión de cargos dentro de la Rama Judicial por el sistema de selección mediante el concurso de méritos. 

Así las cosas, para la Sala es claro que en el sub lite se cumplieron los requisitos legales para el retiro del servicio de la impugnante, como quiera que se expidió un acto administrativo debidamente motivado como culminación del procedimiento administrativo a que se ha hecho alusión, actuación en la cual no se observan vicios, arbitrariedades o vías de hecho que hagan pensar que con ella se buscó desvincular a la impugnante por el hecho de encontrarse embarazada, o que sea constitutiva de un trato discriminatorio violatorio de su derecho a la igualdad, así como tampoco que conlleve la afectación del mínimo vital de la actora y, por ende, del que está por nacer, por lo cual, la Sala, en un todo de acuerdo con el Tribunal a quo, considera que el fallo atacado merece ser confirmado, toda vez que no se encuentra demostrada la vulneración de ninguno de los derechos fundamentales alegados por la accionante. 

No obstante lo anterior, la Sala hace notar a la impugnante que si considera que su retiro del servicio fue ilegal y, por ende, ineficaz, puede acudir a la vía contencioso administrativa, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A., dentro de la cual puede atacar la legalidad de los actos administrativos que, a su juicio, lesionan sus derechos y obtener una decisión de fondo en relación con su pretensiones, además de solicitar el reconocimiento de los eventuales perjuicios que se le irroguen y pedir la suspensión provisional de los efectos de los mismos actos, medida cautelar que aspiraba alcanzar a través de esta tutela.

En ese orden de ideas, al no haber prosperado las acusaciones contra el fallo de primera instancia, el mismo debe ser confirmado, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia impugnada.

Por secretaría, envíese copia de esta decisión al Tribunal de origen y, dentro del término de ley, envíese a la Corte Constitucional para que se surta la eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 3 de mayo del 2002.

Gabriel E. Mendoza martelo—Camilo Arciniegas Andrade—Olga Ines Navarrete Barrero—Manuel S. Urueta Ayola. 

1 Sentencia C-470 de 1997, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.

2 Sentencia C-470 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

3 Sentencia T-373 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

4 Sentencia T-373 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

5 Sentencia T-373 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y Sentencia T-426 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.