Sentencia 2002-00077/30264 de febrero 26 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 25000-23-26-000-2002-00077-01 (30.264)

Consejero ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Unión Temporal Maran y otros

Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá —ESP—

Proceso: acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Asunto: recurso de apelación

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «V. CONSIDERACIONES

1. El principio de selección objetiva se encontraba previsto expresamente en el derogado artículo 29 de la Ley 80 de 1993, actualmente consagrado en el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, disposiciones conforme a las cuales “la selección de contratistas será objetiva”, que “es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva”, que “ofrecimiento más favorable es aquel que, teniendo en cuenta los factores de escogencia, tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio y la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia o en el análisis previo a la suscripción del contrato, si se trata de contratación directa, resulta ser el más ventajoso para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos, sólo alguno de ellos, el más bajo precio o el plazo ofrecido” y que “el administrador efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los diferentes ofrecimientos recibidos, la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello”.

De esta forma, la objetividad en la elección de un contratista en cualquier proceso de selección que se trate, hace parte integral del principio de interés general, pues por medio de este lo que se busca es seleccionar la propuesta que sea más favorable para la satisfacción de los intereses colectivos, siendo improcedente tener en cuenta alguna consideración subjetiva.

Luego, si lo que se busca mediante el principio al que se alude es la escogencia de la propuesta más favorable para la satisfacción de las necesidades o finalidades estatales, es evidente que para que la administración así pueda determinarlo se encuentra en la potestad de fijar los factores de ponderación de las ofertas que estime necesarios para ello, siempre y cuando mediante estos también garantice el libre acceso al proceso de selección de todos aquellos sujetos interesados en contratar con ella en condiciones de igualdad y libre competencia.

Así las cosas, si bien la administración tiene un margen de discrecionalidad para fijar los factores de ponderación de las propuestas que estime necesarios para seleccionar aquella que sea más favorable para la satisfacción de sus intereses, en el ejercicio de dicha competencia debe tener en cuenta los principios que rigen la actividad contractual y la función administrativa, siendo improcedente entonces que por medio de éstos restrinja la libre concurrencia de los posibles interesados en condiciones de igualdad y libre competencia.

Y es que el principio de selección objetiva guarda una estrecha relación con el principio de libre concurrencia de los interesados, que implica la posibilidad de estos de acceder e intervenir en el proceso de selección y la imposibilidad para la Administración de establecer, sin justificación legal alguna, mecanismos o previsiones que conduzcan a la exclusión de potenciales oferentes(1).

Corolario de lo que hasta aquí se ha expresado es que si, por ejemplo, una entidad estatal da apertura a un proceso de selección para contratar la realización de unas obras fijando en los pliegos de condiciones reglas claras, objetivas y completas conforme a las cuales va a calificar la capacidad financiera de los proponentes en condiciones de igualdad y uno de los proponentes no da cumplimiento a los requisitos allí previstos, siendo éstos necesarios para la comparación de su oferta, es evidente que la administración se encuentra en la potestad de rechazarla.

2. Ya en anteriores oportunidades se había señalado que el pliego de condiciones se instituye en uno de los principales instrumentos que permiten la efectividad y desarrollo de los principios de planeación, transparencia, selección objetiva e igualdad, pues en éste se incorporan las reglas claras, completas y objetivas que van a regir no sólo el proceso de selección del contratista, sino que también determinan el contenido del futuro negocio jurídico que se va a celebrar(2).

“Así las cosas, el pliego de condiciones ostenta una doble naturaleza jurídica, pues de una parte y previamente a la adjudicación del contrato, se constituye en un acto administrativo de carácter general que rige el proceso de selección del contratista y sus reglas son de obligatorio cumplimiento para la administración y para los oferentes o posibles interesados que acudan a éste y, de otra parte, una vez celebrado el contrato se convierte en el marco jurídico o conjunto de reglas que determina el contenido y alcance del negocio jurídico a celebrarlo(3). 

De esta forma, el pliego de condiciones se erige como uno de los conjuntos normativos que rige las licitaciones públicas y por consiguiente las entidades estatales y los proponentes participantes quedan sometidos imperativamente a él, de forma tal que desconocimiento de sus preceptos implica la transgresión de una normatividad vinculante y por ende cualquier acto administrativo o actuación de los oferentes o contratistas o de la administración que lo viole queda maculado con el vicio de nulidad. 

En efecto, como desarrollo, entre otros, del principio de transparencia se impone que la escogencia de los contratistas esté precedida de un conjunto de reglas que rijan todo el proceso de selección y adjudicación, así como todo lo atinente al contrato que se proyecta celebrar, de tal suerte que queden definidos de antemano y de manera clara y objetiva todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos y financieros del negocio jurídico cuya celebración se persigue, conjunto de reglas este que se contiene precisamente en el pliego de condiciones y por consiguiente este se constituye en una regulación que cobija imperativamente a todo el iter contractual(4)(5) .

Pues bien, las consideraciones precedentes permiten concluir que los pliegos de condiciones cumplen una doble finalidad, pues de una parte establecen las condiciones o requisitos mínimos a los que deben sujetarse los proponentes para presentar sus ofertas, así como también las reglas claras y objetivas a las que debe sujetarse la administración para la calificación y evaluación de éstas y, de otra parte, prevén las condiciones y reglas generales que van a regir el futuro contrato a celebrar.

Con otras palabras, mediante los pliegos de condiciones la administración busca fijar las reglas claras completas y objetivas que van a regir las condiciones de presentación de las ofertas y el proceso de evaluación, calificación y selección de éstas, así como también las que regirán el desarrollo, ejecución y liquidación del futuro contrato a celebrar.

En este orden de ideas, es evidente que si las reglas fijadas por la administración en los pliegos de condiciones no vulneran ninguno de los principios que rigen la contratación estatal y son claras, es decir, no presentan grado alguno de ambigüedad o confusión, para que los proponentes u oferentes se vean favorecidos con la selección de sus propuestas deben dar estricto cumplimiento a estas, so pena de que al no cumplirlas la entidad se vea obligada a rechazarlas o eliminarlas.

Luego, si la administración realiza la evaluación y calificación de las propuestas con sujeción a los estrictos términos y reglas previstas en los pliegos de condiciones y como resultado de dicha actividad rechaza una de las propuestas presentadas por un oferente que no dio cumplimiento a los requisitos allí previstos, no puede entenderse que de ésta forma vulneró el principio de selección objetiva, pues su decisión no fue producto de consideraciones subjetivas sino que se fundó en el marco jurídico previamente establecido por ella.

3. Atendiendo a la doble naturaleza jurídica que ostenta el pliego de condiciones como ley que rige no sólo el procedimiento de selección de los contratistas sino el futuro contrato a celebrar y su carácter vinculante tanto para los oferentes y futuros contratistas como para la administración, se tiene que por regla general las reglas previstas en éste son inmodificables y no son susceptibles de interpretación.

Ahora bien, en algunas ocasiones se ha admitido la posibilidad de que las reglas previstas en el pliego de condiciones sean objeto de interpretación ante circunstancias dudosas o ambiguas, imprevistas o imprevisibles que surjan en desarrollo de la licitación o proceso de selección que se trate(6) o incluso cuando se advierta que por medio de estas se vulneran los principios de igualdad o selección objetiva de los proponentes, (sic) dicha posibilidad no resulta admisible en aquellos eventos en los cuales las reglas fijadas por la administración son claras y no admiten ningún grado de ambigüedad o confusión.

Así las cosas, si lo que ocurre en un determinado proceso de selección es que uno de los proponentes le ha dado una interpretación equivocada a una de las reglas de calificación de las propuestas previstas en el pliego de condiciones y con fundamento en esta presentó su propuesta, es evidente que en esa circunstancia no es admisible que la administración deba realizar un nuevo ejercicio interpretativo para favorecer sus intereses, pues se repite dicha hipótesis solo resulta admisible ante circunstancias en las que las reglas fijadas reporten algún grado de duda o ambigüedad para los oferentes o futuros contratantes.

Adicionalmente es de anotar que quién alega la declaratoria de nulidad del acto de adjudicación, para que pueda sacar avante sus pretensiones tiene a su cargo un doble compromiso procesal, pues de una parte debe probar la ilegalidad en la que hace consistir la nulidad del acto, esto es, la transgresión de normas de carácter imperativo y de otra parte, debe acreditar que su propuesta era la mejor y la más favorable para el cumplimiento de los intereses de la administración.

4. En el asunto que aquí se resuelve por la vía de la apelación se tiene que por medio de la Resolución 570 del 28 de junio de 2001 la demandada ordenó la apertura de la licitación pública CT-250-2001, con el objeto de contratar la construcción de redes de alcantarillado sanitario y pluvial en la localidad de Bosa, Sectores El porvenir y Santa Isabel de Bogotá, D.C., tal como lo señaló la accionante en su demanda.

A dicha licitación presentaron su propuesta 12 proponentes, entre ellos la unión temporal demandante (fl. 7, cdno. 1).

Mediante el numeral 1.19.2 del pliego de condiciones se señaló que la evaluación financiera de las propuestas se realizaría con base en los documentos de contenido financiero que fueran objeto de evaluación conforme a las exigencias y requisitos previstos en el capítulo 2 y que la omisión en la presentación de alguno de éstos o de las aclaraciones solicitadas por la entidad en la etapa de evaluación de las propuestas sería causal de rechazo de las mismas (fl. 12, cdno. 8 de pruebas - pliego de condiciones).

En el literal g) del numeral 1.21 se estableció como una de las causales de rechazo de las propuestas la no presentación de alguno de los documentos de contenido jurídico, financiero, técnico o económico que fuera objeto de evaluación o la no presentación de las aclaraciones solicitadas por la entidad, salvo que razonablemente se pudiera inferir o deducir de los demás documentos presentados, la información requerida para la comparación de las ofertas (fl. 15, cdno. 8 de pruebas - pliego de condiciones).

A través del numeral 2.3 del capítulo 2º relativo a los requisitos, documentos y criterios de evaluación se señaló que los documentos de contenido financiero objeto de evaluación serían, entre otros, el balance general y estado de resultados de los dos últimos años fiscales y del último trimestre anterior a la fecha de cierre de la convocatoria correspondientes a los años o periodos indicados en elanexo 1Datos de la Convocatoria”, las notas aclaratorias de éstos y la declaración de Renta del último año fiscal solicitado en elanexo 4 “condiciones especiales (fls. 19 y 20, cdno. 8 de pruebas - pliego de condiciones).

Por medio del numeral 2.4, se señaló que en para la presentación de sus estados financieros, los proponentes debían tener en cuenta, entre otras reglas que:

“(…). 

En caso de discrepancia entre la información contenida en la declaración de renta y la información relacionada en los estados financieros primará la contenida en la declaración de renta. 

(…)” (fl. 20, cdno. 8 de pruebas - pliego de condiciones).

A su vez por medio del numeral 2.5 de dicho documento se señaló que para la evaluación financiera de las propuestas los estados financieros de los años o periodos solicitados en el anexo 1 “Datos de la convocatoria” debían cumplir con los requisitos del numeral 2.4 y que una vez verificado su cumplimiento se realizaría el análisis financiero con base en los estados financieros del último año fiscal solicitado, determinándose entre otros, los siguientes indicadores:

(…). 

c) Cobertura de gastos financieros: 

La cobertura de gastos financieros deberá ser superior a uno (1). 

Cobertura de gastos financieros = utilidad neta antes de ingresos no operacionales e impuestos + ingresos de actividades complementarias permanentes/gastos financieros > 1. 

Se consideran ingresos por actividades complementarias permanentes aquellos ingresos extraordinarios que se presentan en el estado de resultado de los dos (2) periodos fiscales solicitados, certificados por el contador. 

(…). 

CUANDO EL PROPONENTE NO CUMPLA CON TODOS Y CADA UNO DE LOS PARÁMETROS FINANCIEROS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO, LA PROPUESTA SERÁ EVALUADA COMO NO CUMPLE FINANCIERAMENTE” (Resaltado propio) (fls. 21 y 22, cdno. 8 de pruebas - pliego de condiciones).

En el adendo 1 al pliego de condiciones se adicionó el numeral referido con un parágrafo en el que se señaló que en tratándose de consorcios y uniones temporales los indicadores financieros se calcularían con base en la sumatoria de las partidas de cada uno de sus integrantes (fl. 414, cdno. 9 de pruebas).

En el numeral 2.3 del anexo 1 “Datos de la convocatoria” se señaló que los documentos de contenido financiero a presentar correspondían el balance general y estado de resultados del primer año fiscal del año 2000, del segundo año fiscal de 1999, del último trimestre previo al cierre de la convocatoria, es decir, 30 de junio de 2001 y la declaración de renta del año 2000 (fl. 60, cdno. 8 de pruebas - pliego de condiciones).

En el formulario de preguntas y respuestas 2 del 2 de agosto de 2001 y previamente a la calificación de las propuestas la entidad demandada al dar respuesta a la pregunta 21 precisó que para calcular el indicador de cobertura de gastos financieros previsto en el numeral 2.5 del pliego de condiciones, a la utilidad neta debía adicionársele los ingresos de actividades complementarias permanentes y los impuestos y restársele los ingresos no operacionales (fl. 433, cdno. 9 de pruebas).

A través del Oficio 5300-2001-0516 del 21 de septiembre de 2001 la dirección de operación económica informó a la Señora Vilma Alcira Páez Velasco, en su calidad de directora de licitaciones y contratación de la demandada, que la unión temporal demandante no cumplía financieramente teniendo en cuenta los parámetros de cobertura de los gastos financieros para el año 2000 (fls. 233 y 234, cdno. 9 de pruebas).

En efecto, al evaluar la cobertura de gastos financieros de las sociedades integrantes de la Unión Temporal demandante teniendo como base los estados financieros a 31 de diciembre de los años 1999 y 2000, la sociedad Maran Ltda. Presentaba un 5,2%, la Sociedad Bradford y Rodríguez Ltda. Un —14,9%, la Sociedad ICM Ingenieros Ltda. 3,6% y Luis Alberto Arango Arredondo un 5,3%, para un total del 0,94 en cobertura de gastos financieros (fls. 245 y 246, cdno. 9 de pruebas).

El 10 de octubre de 2001 en desarrollo de la audiencia pública de respuesta a las observaciones y apertura de las propuestas económicas, y ante la observación presentada por la unión temporal demandante, la accionada señaló que al no existir discrepancias en la información contenida en la declaración de renta y los estados financieros, la evaluación y calificación de su capacidad económica se había efectuado conforme a los pliegos de condiciones, es decir, con base en los estados financieros, evaluación a partir de la cual se había logrado determinar que la accionante no cumplía financieramente (fls. 286 a 236, cdno. 9 de pruebas).

A través del dictamen pericial allegado al plenario el perito Jaime Alberto Mayorga Rodríguez elabora su experticia partiendo de la base de la existencia de discrepancias entre la información financiera de la declaración de renta y la de los estados financieros, concluyendo que al tomar la información contenida en la declaración de renta a la cual debía dársele prevalencia, la unión temporal accionante si cumplía con el requisito de cobertura financiera al obtener un 1,04%, es decir, un porcentaje superior al mínimo exigido en el pliego de condiciones (fls. 1 a 9 del dictamen pericial).

5. Pues bien, de las probanzas allegadas y que atrás se reseñaron se encuentra demostrado que mediante los numerales 2.3. y 2.5. del pliego de condiciones la administración fue clara al señalar que tanto la evaluación de la capacidad financiera de las ofertas como el cálculo de los indicadores financieros, entre ellos, la cobertura de gastos financieros se realizaría con base en la información contenida en los estados financieros, esto es, el balance general y estado de resultados del primer año fiscal del año 2000, del segundo año fiscal de 1999 y del último trimestre previo al cierre de la convocatoria, es decir, 30 de junio de 2001.

También fue clara al señalar por medio de los numerales 1.19.2, el literal g) del numeral 1.21 y el inciso final del 2.5 que la no presentación de los documentos financieros que fueran objeto de evaluación o el incumplimiento de alguno de los requisitos de los indicadores financieros daría lugar al rechazo de las propuestas presentadas.

Ahora, si bien por medio del numeral 2.4. del documento al que se alude se señaló que una de las instrucciones a tener en cuenta por los proponentes al realizar la evaluación financiera de sus ofertas era que ante discrepancias presentadas entre la información prevista en los estados financieros y la contenida en la declaración de renta, se daría prevalencia a ésta última, al revisar los documentos contentivos de la evaluación y calificación financiera efectuada no se encontró demostrado que se haya presentado la aludida discrepancia, razón por la cual lógico era de concluir que ésta debía ser efectuada con base en los estados financieros de los años 1999 y 2000, tal como efectivamente lo realizó la entidad demandada.

En efecto al revisar la evaluación financiera realizada por la demandada frente a la propuesta financiera presentada por la unión temporal demandante se encuentra que para calcular el indicador de cobertura financiera la entidad demandada dedujo de la utilidad neta de cada uno de sus integrantes los ingresos no operacionales y le adicionó los ingresos por actividades complementarias y los impuestos con fundamento en la información contable prevista en los estados financieros del año 2000 (fl. 246, cdno. 9 de pruebas), evaluación financiera a partir de la cual concluyó que la sociedad Maran Ltda. presentaba un 5,2% de cobertura financiera, que la Sociedad Bradford y Rodríguez Ltda. presentaba un - 14,9%, la Sociedad ICM Ingenieros Ltda. un 3,6% y Luis Alberto Arango Arredondo un 5,3%, para un total del 0,94 en cobertura de gastos financieros para toda la unión temporal (fls. 245 y 246, cdno. 9 de pruebas), resultado a partir del cual se evidencia que no se cumplió con el requisito previsto para dicho indicador en el pliego de condiciones, el cual exigía que para dicho indicador los proponentes debían tener un porcentaje superior a 1.

Adicionalmente, en la evaluación financiera la accionada dio cumplimiento a lo previsto en el parágrafo incorporado en el numeral 2.5 por el adendo 1 de la licitación pública conforme al cual en tratándose de consorcios y uniones temporales el cálculo de los indicadores financieros se realizaría con base en la sumatoria de las partidas de cada uno de sus integrantes, tal como efectivamente se realizó.

En este orden de ideas, para la Sala es claro que la administración en el pliego de condiciones fijó las reglas claras y completas con fundamento en las cuales realizaría la evaluación financiera de las propuestas y el cálculo de los indicadores financieros y que si bien también previó otra regla en caso de discrepancia entre la información contable contenida en los estados financieros y la de la declaración de renta, es evidente que ésta sólo era aplicable en caso de que se presentara efectivamente la discrepancia referida, pero como así no sucedió, no puede ahora venir la demandante a pretender que se aplique cuando la circunstancia que daba lugar a ello no se presentó.

Con otras palabras, no puede ahora la unión temporal accionante venir a pedir que en la calificación financiera se aplique de forma prevalente el numeral 2.4 sobre el numeral 2.5 del pliego de condiciones, pues aquel es claro al señalar que sólo ante discrepancias presentadas entre la información financiera de los estados financieros se hará prevalecer la información contenida en la declaración de renta, razón por la cual sí no se presentó discrepancia alguna no puede ahora la demandante venir a pretender que su propuesta sea calificada con base en la información financiera prevista en la declaración de renta, pues en principio y tal como lo realizó la demandada ésta debía calificarse con base en la información prevista en los estados financieros.

En conclusión, para la Sala es claro que en el presente asunto la demandada al efectuar la evaluación financiera de las propuestas presentadas en la licitación pública CT-250-2001 no vulneró el principio de selección objetiva ni desconoció la fuerza vinculante los pliegos de condiciones como equivocadamente lo afirma la demandante, pues sujetó su análisis, evaluación y calificación a las reglas y requisitos previstos en éste, actividad con fundamento en la cual adoptó su decisión.

Tampoco es cierto que haya realizado la evaluación y calificación financiera equivocadamente, pues para ello tuvo en cuenta los estados financieros, documentos que conforme a los pliegos de condiciones eran los que debían tenerse en cuenta para el efecto.

En estos términos, es evidente entonces que la oferta presentada por el consorcio demandante debía ser rechazada y que por consiguiente la Resolución de adjudicación 1071 del 31 de diciembre de 2001 no se encuentran viciada de nulidad porque la decisión de excluir o del proceso licitatorio a la unión temporal conformada por las sociedades Maran Ltda. – Bradford y Rodríguez Ltda., ICM Ingeniería y Luis Alberto Arredondo se ajustó a lo previsto en el pliego de condiciones.

Por otro tanto, se encuentra que la unión temporal demandante no logró acreditar la ilegalidad del acto de adjudicación alegada, así como tampoco demostró que su propuesta era la mejor y la más favorable para el cumplimiento de los intereses de la administración, una razón más para que las pretensiones por él elevadas estuvieran destinadas al fracaso.

Corolario de lo anterior es que no es nulo el acto de adjudicación y como así lo vio y lo decidió el a quo, la sentencia apelada será confirmada en este punto.

1. En lo relativo al dictamen pericial allegado, el tribunal atina al señalar que el sólo hecho de que el perito haya elaborado su experticia con base en la consideración equivocada de que efectivamente se presentaron discrepancias entre la información financiera contenida en los estados financieros y la prevista en la declaración de renta y que ante dicha circunstancia debía dársele prevalencia a esta última, cuando así no se presentó, ya genera en el juez dudas sobre su certeza y confiabilidad para demostrar los hechos que se pretenden acreditar.

En efecto, al elaborar la experticia el perito afirma que la unión temporal demandante sí dio cumplimiento al índice de cobertura financiera arrojando un resultado del 1,04% en dicho índice, pero para ello se limita a hacer referencia a algunas cifras sin explicar de forma detallada la operación que realizó para llegar al resultado obtenido.

Adicional a lo anterior, al dar respuesta a la pregunta 1 de la experticia hace referencia a los conceptos de utilidad neta y renta líquida gravable como si fuesen nociones diferentes y al dar respuesta a la pregunta 3 de la misma experticia los trata como sinónimos.

Por lo demás, la experticia se limita a afirmar que la propuesta presentada por la accionante cumplía con la totalidad de los requisitos exigidos por la entidad contratante, realizando un esfuerzo argumentativo un poco carente de la tecnicidad que debe caracterizar la experticia.

La Sala estima que las falencias presentadas por la experticia son suficientes para desestimar la prueba en comento, pues ésta no ofrece la certeza, convicción y seguridad suficientes a efectos de que el juez pueda tenerla en cuenta para adoptar su decisión.

Y como así lo vio y lo decidió el a quo, la sentencia apelada será confirmada también en este punto.

En conclusión la sentencia apelada, será confirmada en todas y cada una de sus partes.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia apelada.

2. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 24 de marzo de 2011, expediente 18.118.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 5 de junio de 2008, expediente 8031.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 26 de abril de 2006, expediente 16.041 (cita original del fallo en mención).

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 22 de mayo de 2013, expediente 25.592 (cita original del fallo en mención).

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 13 de febrero de 2015, expediente 30.161.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 29 de enero de 2004, expediente 13.416.