Sentencia 2002-00079 de septiembre 16 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Expediente: 30.956

Rad.: 130012331000-2002-00079 01

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Ref.: apelación sentencia - reparación directa

Actor: Luis Fernando Valencia Loaiza

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Bogotá, D.C., dieciséis de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra de la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2004, por el Tribunal Administrativo de Bolívar, comoquiera que la demanda se presentó el 19 de enero de 2001 y la pretensión mayor se estimó en la suma de $ 170’908.400 por concepto de lucro cesante a favor de la víctima directa, la cual supera el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época, esto es $ 26’390.000(12).

Por otro lado, en cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que la misma se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que el daño por cuya indemnización se demandó, esto es la patología padecida por el soldado Luis Fernando Valencia Loaiza “lumbalgia osteoarticular y hernia discal”, fue determinada y, por ende, conocida por los demandantes a partir del 18 de octubre de 2000, día en que se celebró la junta médica laboral para evaluar las incapacidad médico legal del referido soldado(13), razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el 19 de enero de 2001, se impone concluir que la misma se interpuso oportunamente.

La Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por los hechos narrados en la demanda.

2.2. El material probatorio recaudado en el expediente.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron en el proceso los siguientes elementos de convicción:

— Copia auténtica del acta de junta médica laboral 111 elaborada el 18 de octubre de 2000, por la Dirección de Sanidad del Ejército, en la cual, respecto de la incapacidad médico laboral del soldado regular Luis Fernando Valencia Loaiza, se manifestó lo siguiente:

“Fecha de ingreso: 3 de octubre de 1998.

Antecedentes:

Datos resumen de historia clínica: del estudio de la historia clínica se concluye que ha sido visto en el servicio de neurocirugía. Al paciente le fue efectuado examen sicofísico general para la presente diligencia, la cual se verifica de acuerdo con el concepto y la intervención del especialista.

Se deja clara constancia que el paciente compareció personalmente a esta junta médica.

Análisis de la hoja de vida médica: intervenido quirúrgicamente en dos (2) oportunidades por hernia discal. Presenta lumbalgia osteoarticular. Secuela posquirúrgica, estado actual: bueno. Recomendaciones: tratamiento médico medicamentoso.

Antecedentes del informativo: no existe informe administrativo.

Concepto de los especialistas: concepto de neurocirugía: lumbalgia osteoarticular, secuela post quirúrgica, hernia discal.

Conclusiones:

Dx. Lumbalgia osteoarticular: secuela postquirúrgica. Hernia discal.

Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de la capacidad psicofísica para el servicio:

Le determinan incapacidad relativa y permanente. No apto para la actividad militar.

Evaluación de la disminución de la capacidad laboral:

Le produce una disminución de la capacidad laboral del dieciséis por ciento (16.0%).

Imputabilidad del servicio:

Entidad presentada en el servicio pero no por causa ni razón del mismo”(14) (negrillas y subrayas adicionales).

— Copia auténtica de la historia clínica del señor Luis Fernando Valencia Loaiza allegada por el Hospital Naval de Cartagena (fls. 38 a 46, cdno. 2), en la cual se encuentra el resumen de la misma; en dicho documento se consagró la siguiente información:

“Fecha: 14-02-00.

Paciente de 23 años que ingresa programado para disectomía lumbar L4-L5, por cuadro de hernia discal L4-L5 corregida hace 1 año, quien presenta de nuevo cuadro de lumbalgia y sensación de calambres en M izq. por lo que se le realizó TAC que reportó hernia lumbar, por lo que se programó para cirugía. Antecedentes: [ilegible] dentro de los parámetros normales. Es llevado el día 15-02-00 a hemilaminectomía (sic) L4 + disectomía L4-L5 izquierda, sin complicaciones, sangrado 200 cc. En postoperatorio paciente evoluciona satisfactoriamente por lo que se decide dar salida con control médico.

7 de julio 2000 fisiatría - no asistió”(15) (se ha destacado).

— Copia auténtica de la Resolución 481 de 27 de junio de 2001, mediante la cual el comando de la Armada Nacional del Ministerio de Defensa Nacional reconoció y ordenó pagar a favor del señor Luis Fernando Valencia Loaiza, la suma de $ 2’427.524 por concepto de indemnización por disminución de la capacidad laboral(16).

2.3. Conclusiones probatorias y caso concreto.

De conformidad con el exiguo material de convicción allegado al proceso se encuentra plenamente acreditado el hecho dañoso sufrido por los demandantes, en tanto la enfermedad “Lumbalgia osteoarticular y hernia discal”, padecida el señor Luis Fernando Valencia Loaiza, constituye una lesión que supone, por sí misma, una aminoración de distintos bienes jurídicos protegidos y amparados por el ordenamiento jurídico.

Ahora bien, establecida la existencia del daño antijurídico, aborda la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la administración pública demandada y, por lo tanto, si constituye deber jurídico a cargo de esta resarcir los perjuicios que del mismo se derivan y si la sentencia debe ser confirmada o revocada.

En cuanto al aludido hecho dañoso, si bien la parte actora sostuvo a lo largo del trámite de la presente acción que dicha enfermedad padecida por el soldado regular Luis Fernando Valencia Loaiza, se produjo mientras prestaba servicio militar obligatorio y como consecuencia de la excesiva carga física al cual fue sometido durante la instrucción militar, advierte la Sala que las dificultades para la imputación de ese hecho resultan evidentes.

En efecto, del exiguo material probatorio aportado al proceso solamente se puede establecer,

i) Que el señor Valencia Loaiza ingresó a prestar servicio militar obligatorio en calidad de soldado regular en el Batallón de Infantería de Marina de Cartagena en el mes de octubre de 1998;

ii) Que en el mes de febrero de 2000 fue atendido en el Hospital Naval de Cartagena por presentar hernia discal, en esa misma institución hospitalaria se le practicaron dos intervenciones quirúrgicas y evolucionó satisfactoriamente, razón por la cual se decidió darle salida con control médico posterior por fisiatría; no obstante, el paciente no compareció a la cita programada con dicho especialista; y

iii) Que el señor Valencia Loaiza siguió presentando lumbalgia, razón por la cual mediante junta médica laboral de fecha 18 de octubre de 2000 se le diagnosticó “Lumbalgia osteoarticular y hernia discal” y se estableció que dicha patología fue “presentada en el servicio pero no [se produjo] por causa ni razón del mismo”; en virtud de dicha calificación el actor recibió una indemnización equivalente al porcentaje de su disminución de la capacidad laboral.

Así las cosas, reitera y resalta la Sala que con fundamento en los medios probatorios con que cuenta el proceso y a los que ya se hizo referencia no es posible establecer que dicha enfermedad fue adquirida y/o producida durante el servicio militar obligatorio, ni mucho menos que la causa de dicha enfermedad hubiesen sido las presuntas extenuantes actividades físicas a las cuales habría sido sometido el aludido soldado Valencia Loaiza por parte de sus superiores.

De otra parte, resulta necesario precisar que si bien al señor Luis Fernando Valencia Loaiza se le practicó un examen médico para su incorporación al servicio militar obligatorio, lo cierto es que dicho examen solo determina la aptitud de un ciudadano para el desempeño del servicio militar, pero no está concebido para determinar patologías preexistentes a través de exámenes específicos. Así pues, correspondía a la parte actora acreditar que dicha enfermedad fue adquirida durante el servicio militar obligatorio y con ocasión del mismo, pues bien pudo suceder que dicha afección ya hubiese estado presente en el ahora demandante al momento de su ingreso al servicio militar.

En conclusión, no obra medio probatorio que permita inferir la relación de causalidad entre dicha afección a la salud del actor y conducta alguna —por acción u omisión—, atribuible a la entidad demandada que hubiese generado dicho daño.

Agréguese a lo anterior que la historia clínica relacionada anteriormente solo da cuenta del tratamiento neurológico médico y quirúrgico realizado al señor Valencia Loaiza, pero no de la génesis y/o causa directa de dicha patología.

Así pues, no obra prueba alguna en el expediente que permita establecer que la enfermedad padecida por el señor Luis Fernando Valencia Loaiza pueda ser atribuida al Ejército Nacional; por tal razón, tampoco existe criterio de causalidad y/o imputación que permita vincular la conducta o comportamiento de la entidad demandada para con los actos o hechos desencadenantes del daño, pues —bueno es insistir en ello—, no obran elementos de convicción que permitan dar cuenta de la causa u origen de dicha patología, los cuales resultan indispensables para iniciar un examen de causalidad tendiente a la declaratoria de responsabilidad solicitada en la demanda.

A lo anterior cabe agregar que desde que se empezaron a vislumbrar los síntomas de la enfermedad padecida por el soldado Valencia Loaiza, la entidad demandada le prestó la atención médico hospitalaria idónea y oportuna para tratar su cuadro clínico.

Así las cosas, en el caso concreto que ahora se examina, se torna, en consecuencia, estéril cualquier examen de los fundamentos o sistemas de responsabilidad, objetivos o tradicionales, porque se está en presencia de una falta absoluta de causalidad del hecho dañoso que pudiere ser imputable al Estado(17) y aquellos encuentran fundamento y razón de ser solo cuando el daño antijurídico le es imputable a la administración, cuestión que no se configuró en el evento sub examine y, por ello, se releva al juzgador de ese tipo de consideraciones(18).

A lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así pues, la parte demandante no cumplió con la carga(19) probatoria que le impone esta norma legal, toda vez que —se reitera—, no allegó al proceso prueba alguna que permita atribuir ese lamentable hecho al ente público demandado.

Por consiguiente, todas las razones hasta ahora expresadas servirán de apoyo para confirmar la sentencia apelada y, en consecuencia, denegar las súplicas de la demanda.

2.4. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 14 de diciembre de 2004, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(12) Decreto 597 de 1988.

(13) Folios 4 a 6, cdno. 2.

(14) Folios 4 a 6, cdno. 1.

(15) Folio 45, cdno. 1.

(16) Folio 62, cdno. 1.

(17) Respecto de la causalidad como elemento de responsabilidad del Estado, en casos similares al que hoy se analiza, esta sección del Consejo de Estado ha discurrido de la siguiente manera:

“Más allá de la compleja cuestión relacionada con la identificación de los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual del Estado a partir de la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991, incluso frente a supuestos que han dado lugar a comprensiones —al menos en apariencia— dispares en relación con dicho extremo, la Sala ha reconocido que con el propósito de dilucidar si procede, o no, declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en cualquier supuesto concreto, resulta menester llevar a cabo tanto un análisis fáctico del proceso causal que, desde el punto de vista ontológico o meramente naturalístico, hubiere conducido a la producción del daño, como un juicio valorativo en relación con la posibilidad de imputar o de atribuir jurídicamente la responsabilidad de resarcir el perjuicio causado a la entidad demandada; dicho en otros términos, la decisión judicial que haya de adoptarse en torno a la responsabilidad extracontractual del Estado en un caso concreto debe venir precedida de un examen empírico del proceso causal que condujo a la producción del daño, de un lado y, de otro, de un juicio, a la luz de los diversos títulos jurídicos de imputación aplicables, en torno a la imputabilidad jurídica de dicho daño a la entidad demandada.

En consecuencia, no debe desdeñarse la importancia de precisar con mayor rigor, en el plano jurídico del derecho de daños, el concepto filosófico de causa, toda vez que en esta parte del universo del derecho dicha noción “no se trata para nada de causa y efecto, en el sentido de las ciencias naturales, sino de si una determinada conducta debe ser reconocida como fundamento jurídico suficiente para la atribución de consecuencias jurídicas, o sea de la relación de fundamento a consecuencia”. Consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 11 de febrero del 2009. Expediente 17.145 y del 20 de mayo del mismo año, Expediente 17.405, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(18) En ese mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, Expediente 165.16 y del 4 de junio del 2008, Expediente 16.643. M.P. Enrique Gil Botero.

(19) Al respecto, conviene recordar de manera más detallada lo expuesto por el tratadista Devis Echandía respecto de dicho concepto: “Para saber con claridad qué debe entenderse por carga de la prueba, es indispensable distinguir los dos aspectos de la noción: 1) por una parte, es una regla para el juzgador o regla del juicio, porque le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet, esto es, una sentencia inhibitoria por falta de pruebas, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos; 2) por otro aspecto, es una regla de conducta para las partes, porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada una le interesa probar (a falta de prueba aducida oficiosamente o por la parte contraria; cfr., números 43 y 126, punto c), para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones”. Devis Echandía, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Editorial Temis. 2002, pág. 405. De lo anterior, este último autor afirma: “De las anteriores consideraciones, deducimos la siguiente definición: “carga de la prueba es una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables”. Ídem, pág. 406.