Sentencia 2002-00082 de mayo 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 190012331000200200082 01 (31.264)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Dioni Montoya Arias

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Proceso: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., veintinueve de mayo de dos mil catorce.

II. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales de la acción

1.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones, comoquiera que la cuantía de la demanda corresponde a la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(1), para que la segunda instancia en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa sea conocida por esta corporación.

1.2. Caducidad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del C.C.A., la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir “del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

En el presente caso la pretensión resarcitoria tiene que ver con la destrucción del inmueble de habitación propiedad de la demandante, en hechos ocurridos el 31 de enero de 2000, de donde la demanda debía presentarse hasta el día 1 de febrero de 2002 y, como lo fue el día 21 de enero de 2002, resulta evidente que el ejercicio de la acción se hizo dentro del término previsto por la ley (art. 136 de C.C.A.).

2. Análisis del caso

2.1. Daño

De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, está debidamente acreditado el daño alegado por la parte actora, en atención a los siguientes hechos probados:

(i) la señora Dioni Montoya Arias es propietaria de un inmueble ubicado en la calle del Oro del municipio de Suárez - Cauca (certificado de tradición y libertad de la matrícula inmobiliaria Nº 132-12972 –fl. 28, c. 1).

(ii) El 31 de enero de 2000, el municipio de Suárez fue objeto de un ataque perpetrado por miembros de las FARC, el cual iba dirigido contra la estación de la Policía Nacional ubicada en dicha municipalidad, tal como se lee de las declaraciones de las señoras Zoraida María Mesa Jaramillo y Marleny García Chara (fls. 96-97, c. pruebas) y del informe rendido por el sargento primero Camilo Bolaños Posada, comandante de la estación de policía del municipio de Suárez, sobre la ocurrencia de los hechos (fls. 19-21, c. pruebas). Se consignó en el mencionado informe:

(…) siendo aproximadamente las 18:20 horas momentos en que me disponía atender un caso de riña en compañía del SR. AG. CARDONA PIEDRAHITA LUIS, por solicitud de la ciudadanía en el parque principal a cuadra y media de la Estación de Policía, incursionó a la población por todos los lugares un grupo subversivo denominado FARC EP JACOBO ARENAS (según boletines que pegaron en las calles) aproximadamente entre 200 a 250 subversivos disparando ráfagas de fusil hacia la Estación de Policía obligándonos a refugiarnos inmediatamente en el estanco ubicado frente al parque, ya que portábamos armamento de corto alcance (revólver); no pudiendo prestar apoyo a los compañeros debido a la distancia que nos encontrábamos (…).

Posteriormente este grupo subversivo comenzó a lanzar contra la Estación de Policía y el Banco Agrario cilindros de gas destruyendo parcialmente las instalaciones (…).

(iii) También da cuenta de ello la certificación de la Alcaldía Municipal de Suárez en la que se hace referencia a los propietarios de las viviendas destruidas totalmente por la incursión guerrillera del 31 de enero de 2000 (fls. 42-43, c. pruebas).

(iv) La actora fue beneficiaria de las sumas de $520.000 y $7.814.177, en calidad de víctima de la violencia, reconocidas por la Red de Solidaridad Social y el INURBE, respectivamente, por los hechos ocurridos en el municipio de Suárez el 31 de enero de 2000 (copia de Resolución 0708 de la Red de Solidaridad Social –fl. 36, c. pruebas; respuesta a oficio Nº 4823 suscrito por la directora Regional Cauca del INURBE en que se informa que mediante Resolución 544 del 28 de septiembre de 2000 se le reconoció la suma antes mencionada –fl. 16, c. pruebas).

En ese orden, constata la Sala que el inmueble de habitación de la señora Dioni Montoya Arias, sufrió un daño material como consecuencia de la toma guerrillera ocurrida en Suárez, el 31 de enero de 2000.

2.2. Imputación.

De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto esta corporación ha precisado que, aunque el ordenamiento jurídico no prevé una definición de daño antijurídico, éste hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(2).

La Sección Tercera ha considerado que el Estado debe responder por los daños ocasionados a particulares por actos terroristas(3), precisando que dicha responsabilidad no es de carácter absoluto, en tanto que debe demostrarse que no se trató de un ataque indiscriminado contra la población, sino que el mismo iba dirigido, inequívocamente, en contra del poder institucional. Sostuvo:

(…) para que el hecho violento del tercero pueda ser imputable al Estado, se requiere que éste haya sido dirigido contra un establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o un personaje representativo de la cúpula estatal. Por lo tanto, se ha considerado que no le son imputables al Estado los daños causados por actos violentos cometidos por terceros cuando éstos son dirigidos indiscriminadamente contra la población, con el fin de sembrar pánico y desconcierto social, y no contra un objetivo estatal específico, bien o persona, claramente identificable como objetivo por los grupos al margen de la ley(4).

Así mismo, teniendo en cuenta la sola antijuridicidad del daño y apelando a los principios de equidad e igualdad como fundamento de la reparación, a cargo del Estado, de los perjuicios que se puedan ocasionar a los particulares en las situaciones antes descritas, esta Sala tuvo la oportunidad de pronunciarse recientemente(5):

De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, en zonas en las cuales se vea alterado en el orden público con frecuencia, las estaciones de policía pueden constituir, paradójicamente, un riesgo para la población aledaña. Lo anterior no significa que la materialización del riesgo sea fruto de una conducta contraria al orden jurídico, lo cual podría dar origen a una responsabilidad subjetiva del Estado, sino que en estos casos se estructura una responsabilidad objetiva, según la cual pese a tratarse de una conducta legítima estatal, sin embargo, causa un daño antijurídico a una persona que no tiene la obligación de soportado y, por ende, la sitúa en una condición que lesiona el principio de igualdad frente a las cargas públicas; concurren a fundamentar dicha responsabilidad los principios constitucionales de solidaridad y de equidad en favor de la víctima.

Y es que en esta materia, la propia Carta exige el privilegio de los principios de solidaridad y equidad frente a las víctimas del conflicto armado interno que históricamente ha vivido el país, de donde resulta el deber general del Estado de procurar, en la medida de lo posible, por su reparación, cuando sus derechos e intereses resultan afectados, porque el daño se hubiera podido evitar o repeler y, en todo caso, dado que las víctimas tenían que haber sido advertidas, protegidas y en general excluidas de la confrontación.

Finalmente, debe tenerse en cuenta, además, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que al respecto ha señalado que en situaciones de conflicto armado las obligaciones de adoptar medidas positivas de protección y prevención a la población civil, adquieren un carácter especial, por lo que su inobservancia eventualmente comprometería la responsabilidad internacional del Estado. En efecto, debido a que en estos casos las personas enfrentan un peligro real de sufrir amenazas o vulneraciones de sus derechos humanos, el Estado asume una posición especial de garante que obliga a ofrecer una protección efectiva a la población civil y a adoptar todas las medidas a su alcance para evitar o conjurar situaciones de peligro razonablemente previsibles(6).

En el presente caso, está demostrado que la destrucción del inmueble de propiedad de la demandante, a pesar de ser un daño causado en el desarrollo de ataques iniciados por terceros ajenos a la fuerza pública, resulta imputable a la entidad demandada, por cuanto no se conoció de medidas de protección dirigidas a salvaguardar la propiedad de la actora, en medio del conflicto, sin posibilidades de defensa, a las cuales el Estado estaba en la obligación de haberle brindado.

3. Valoración del daño.

El tribunal a quo, para liquidar el perjuicio padecido por la demandante, en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, tuvo en cuenta el dictamen pericial rendido dentro del trámite y la documental allegada, y se cuantificó así:

(i) Daño emergente

Debe empezar la Sala por señalar que la demandante ninguna probanza aportó al proceso ni solicitó en miras a ello que demostrara el monto de los honorarios que reclama a título de daño emergente, por lo que el Tribunal despachará negativamente dicho pedimento.

En cuanto hace referencia a la restante pretensión indemnizatoria que tiene que ver con los perjuicios derivados de la destrucción del inmueble en la modalidad de daño emergente y que valora en la suma de $65’479.680, debe señalar la Sala que el proceso obra experticio decretado a petición de la parte actora que determinó los daños del inmueble en la suma de $106’884.896, suma muy superior a la solicitada por la parte demandante y que constituye el límite por el que el Tribunal puede atender el reconocimiento indemnizatorio. Tratándose de una prueba pericial debidamente sustentada y explicada por los peritos actuantes en el proceso y que no recibió protesta ninguna de la parte demandada, permite a la Sala que sobre ella soporte esta providencia el monto indemnizatorio que se reconocerá a la actora pero reducido al tope de su pedimento es decir la suma de $65’479.680 pesos.

Tal suma fue actualizada por el a quo desde la fecha en que se rindió el dictamen hasta la de la sentencia de primera instancia, arrojando la suma de $92.650.417. No obstante, y sólo con fines pedagógicos, en la medida en que únicamente apeló la entidad demandada, vale poner de presente el desacuerdo de la Sala con lo considerado en dicha providencia, pues, es claro que en el acápite de pretensiones de la demanda, se precisó: “conforme a la siguiente liquidación o la que se demostrare en el proceso”. Ello implica que el monto de las indemnizaciones solicitadas en el libelo introductorio, no estaban limitadas como lo interpretó el a quo, por lo que al estar acreditado un monto superior por concepto de daño emergente, lo procedente tenía que ver con su reparación integral.

Explicado lo anterior, procede la Sala a la actualización de la condena por concepto de daño emergente reconocido en la sentencia del 29 de marzo de 2005, así:

Actualización de la renta:

Ra = RhIpc (f)
Ipc (i)

Ra=Renta actualizada a establecer
Rh=Renta histórica, $92.650.417
Ipc (f)=Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 116,24 que es el correspondiente a abril de 2014, a falta del índice del mes de mayo de 2014
Ipc (i)=Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 82,33 que es el que correspondió al mes de marzo de 2005, mes en el cual se profirió la sentencia recurrida.

Ra = $92.650.417116.24= $130.811.180,28
82,33

A la suma anterior, le será descontado el valor del subsidio familiar de vivienda asignado por el Inurbe a la actora, toda vez que el mismo tenía como destinación la construcción de vivienda. Así, se tiene que el monto del mencionado subsidio correspondía a $7.814.177, suma que deberá actualizarse, así:

Actualización de renta:

Ra = RhIpc (f)
Ipc (i)

Ra=Renta actualizada a establecer
Rh=Renta histórica, $7.814.177
Ipc (f)=Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 116,24 que es el correspondiente a abril de 2014, a falta del índice del mes de mayo de 2014
Ipc (i)=Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 61,41 que es el que correspondió al mes de septiembre de 2000, mes en el cual se reconoció el subsidio familiar a la actora, mediante Resolución 544.

Ra = $7.814.177116.24= $14.783.853,10
61,41

En consecuencia, se reconocerá la suma de $116.027.327, por concepto de daño emergente.

(ii) Lucro cesante

Se reconoció la suma de $4.660.466, por los arriendos dejados de percibir durante veintitrés (23) meses y veintiún (21) días, esto es, desde la ocurrencia de los hechos hasta la fecha de la sentencia. Para ello, tuvo en cuenta el contrato de arrendamiento allegado al proceso (fl. 29, c. 1), conforme al cual la señora Dioni Montoya Arias tenía arrendada parte de la primera planta del inmueble por el que se demanda a Blanca Liliana Montoya, y en el que se estableció el canon de arrendamiento en la suma de $150.000. Ahora bien, como la fecha del referido contrato correspondía a septiembre de 1996, se procedió a actualizar el valor del mismo para los años 2000, 2001 y 2002(7), con el propósito de liquidar cada uno de los periodos en que se dejó de percibir el ingreso.

Al respecto, se advierte que, conforme al criterio fijado por esta corporación(8) en asuntos en los que se ha solicitado indemnización por lucro cesante referente a los ingresos dejados de percibir por concepto de cánones de arrendamiento, con ocasión de la destrucción de inmuebles por ataques terroristas, la condena impuesta en ese sentido será modificada.

En efecto, se ha considerado el término de seis (6) meses, tiempo que se estima como prudencial para que los afectados con la destrucción de un inmueble logren arrendarlo nuevamente, máxime si se tiene acreditado que la señora Dioni Montoya Arias recibió un subsidio familiar para vivienda, equivalente a $7.814.177.

En atención a lo expuesto, se liquidará por lucro cesante sólo los primeros seis (6) meses siguientes al ataque guerrillero del 31 de enero de 2000, teniendo en cuenta para ello la suma de $150.000 equivalente al valor del canon de arrendamiento previsto originalmente en el contrato y que actualizado a la fecha de la presente providencia equivale a $471.243,24, previa la siguiente fórmula:

Actualización de la renta

Ra = RhIpc (f)
Ipc (i)

Ra=Renta actualizada a establecer
Rh=Renta histórica, $150.000
Ipc (f)=Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 116,24 que es el correspondiente a abril de 2014, a falta del índice del mes de mayo de 2014
Ipc (i)=Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 37,00 que es el que correspondió al mes de septiembre de 1996, mes en el cual se celebró el contrato.

Ra = $92.650.417116.24= $471.243,24
37,00

Clarificado lo anterior, la liquidación por lucro cesante consolidado se realizará con base en la siguiente fórmula:

S = Ra(1 + i)n -1
i

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $471.243,24

i = Interés puro o técnico: 0.004867

n = Número de meses que comprende el periodo indemnizable: 6 meses

S = $471.243,24(1 + 0.004867)6 -1
0.004867

S = $2.862.086,62

Sumados los valores reconocidos por daño emergente y lucro cesante, resulta la suma de ciento dieciocho millones ochocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos catorce pesos ($118.889.414).

Corolario de lo dicho, se tiene que la sentencia será modificada, en lo que tiene que ver con el monto de la condena, y será confirmada en todo lo demás.

4. Costas.

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento de este tipo en las actuaciones de los intervinientes dentro del proceso, razón por la cual no se impondrá condena al respecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

MODIFICAR la sentencia del 29 de marzo de 2005, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, la cual quedará así:

1. DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional de los perjuicios sufridos por la señora Dioni Montoya Arias, con ocasión de los hechos ocurridos el 31 de enero de 2000 en el municipio de Suárez.

2. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios materiales, a favor de la señora Dioni Montoya Arias la suma de ciento dieciocho millones ochocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos catorce pesos ($118.889.414).

3. Se niegan las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas.

5. Expedir por Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha actuado, como apoderado judicial.

6. COMUNÍQUESE, mediante oficio, a la demanda sobre la medida cautelar impuesta sobre la presente condena, a favor del señor Oscar Armando Chávez Martínez, así como al juzgado Sexto Civil Municipal de Popayán, para lo de su cargo.

7. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) El 21 de enero de 2002, fecha en que se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa sea conocido en segunda instancia por esta corporación era de $36.950.000 –artículos 129 y 132 del C.C.A. subrogados por el Decreto 597 de 1988- y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada en la suma de $65.479.680, a favor de la señora Dioni Montoya Arias, por concepto de daño emergente.

(2) Sentencia de 2 de marzo de 2000, exp. 11.945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 22 de junio de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación Nº 20150; del 20 de mayo de 2004, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, radicación Nº 14405; del 24 de abril de 1991, C.P. Policarpo Castillo Dávila, radicación Nº 6110.

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de junio de 2006, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación Nº 16630.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 6 de diciembre de 2013, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(6) Sentencias de 31 de enero de 2006, caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, párr. 123 a 141; y de 1º de julio de 2006, caso de las masacres de Ituango vs. Colombia, párr. 126 a 138.

(7) En consideración a que en la demanda se solicitó la reparación de este perjuicio desde la ocurrencia de los hechos hasta la fecha de presentación de su presentación.

(8) Por ejemplo, en sentencias de 25 de febrero de 1999, exp. 14.655 y de 12 de septiembre de 2002, exp. 13.395, C.P. Ricardo Hoyos Duque dijo la Sala que el término prudencial que tendría el afectado para recomponer la actividad económica que desarrollaba con el bien destruido sería de seis meses, con fundamento en el siguiente criterio: “En relación con el daño sufrido por la pérdida o deterioro de las cosas materiales, se considera que la víctima debe desarrollar una actividad tendente a limitar en el tiempo dicho perjuicio. Cuando no se conoce con certeza su duración, ese límite debe ser apreciado y determinado en cada caso concreto por el fallador, ya que “la lógica del juez colombiano en este aspecto es la de impedir que la víctima se quede impasible ante su daño. Se parte, pues, de un principio sano en el sentido de que no se avala la tragedia eterna y, por el contrario, se advierte a la víctima que su deber es reaccionar frente al hecho dañino y sobreponerse… Llegar, en efecto, a la posibilidad de que las consecuencias de la situación dañina se extiendan indefinidamente sería patrocinar la lógica de la desesperanza, de la tragedia eterna y de un aprovechamiento indebido” (JUAN CARLOS HENAO PÉREZ. El Daño. Santafé de Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998. Págs. 156-157). En este mismo sentido, sentencia de 11 de mayo de 2006, exp. 14.694. C.P. Ramiro Saavedra Becerra.