Sentencia 2002-00083 de mayo 6 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. 11001-3103-032-2002-00083-01

Magistrado Ponente:

Dr. William Namén Vargas

Bogotá, D.C., seis de mayo de dos mil nueve.

Discutida y aprobada en Sala diez de marzo de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El ad quem, según se compendió, al decidir el recurso de apelación contra la sentencia desestimatoria de las pretensiones formuladas, consideró oscura la demanda por contener una indebida acumulación de las pretensiones declarativas de simulación absoluta y nulidad absoluta, procediendo en garantía de la recta administración de justicia a interpretarla para concluir el pedimento de aquella, absteniéndose de declarar la simulación relativa, porque comportaría una violación al principio de congruencia.

La recurrente, de su parte, sostiene un yerro fáctico del sentenciador en su laborío hermenéutico al asumir que la simulación relativa no integraba el petitum sino exclusivamente la absoluta, cuando los hechos del libelo genitor y los de su reforma, son explícitos en cuanto a la transferencia real y veraz de los bienes, esto es, de la existencia de un acto dispositivo de su dominio y posesión mediante un “acto encubierto” o “fraudulento disimulado” plasmado en la escritura pública número 3593 de 20 de diciembre de 1977, cuya nulidad se impone, “extravió” que lo condujo a “desentenderse” de su declaración y de la requerida como pretensión autónoma en torno al plasmado en contenido en la escritura pública número 3360 de 7 de octubre de 1968, negando las súplicas.

2. Acerca de esta particular cuestión, tiene dicho la Corte que “cuando el lenguaje de la demanda, sin ser indescifrable por completo, no se ajusta a la claridad y precisión indispensables en tan delicada materia” (CLXXXVIII, 139), para “no sacrificar el derecho material en aras de un culto vano al formalismo procesal” (CCXXXIV, 234), “el juzgador está obligado a interpretarla en busca de su sentido genuino sin alterarlo ni sustituirlo, consultando la prevalencia del derecho sustancial, el acceso a la administración de justicia y la solución real de los conflictos”, realizando “un análisis serio, fundado y razonable de todos sus segmento(sic)”, “mediante su interpretación racional, lógica, sistemática e integral” (Cas. Civil, sent ago. 27/2008, [SC-084-2008], Exp. 11001-3103-022-1997-14171-01, énfasis de la Sala), “siempre en conjunto, porque la intención del actor está muchas veces contenida no solo en la parte petitoria, sino también en los fundamentos de hecho y de derecho” bastando “que ella aparezca claramente en el libelo, ya de una manera directa o expresa, ya por una interpretación lógica basada en todo el conjunto de la demanda” (XLIV, pág. 527; XIV, 488 y 833; LXI, 460; CXXXII, 241; CLXXVI, 182 y CCXXV, 2ª parte, 185).

En sentido análogo, la Sala ha destacado el yerro fáctico in iudicando denunciable en casación por la causal primera, en que incurre el fallador cuando al interpretar la demanda, “tergiversa de modo evidente su texto, o lo hace decir lo que no expresa o, también cuando cercena su real contenido” (Cas. Civil de ago. 22/1989), “a raíz de lo cual fija los hechos y peticiones de la misma que en su sentir estructuran la disputa judicial de que conoce, y como consecuencia de ese ejercicio cae en la equivocación consistente en considerar uno o varios hechos ajenos a la causa o en definir una petición que no le ha sido formulada” (Cas. Civil, sent. abr. 8/2003, Exp. 7844), en cuyo caso, su certeza, notoria evidencia e incidencia comporta el quiebre de la sentencia.

3. Puestas de esta manera las cosas, la Corte advierte que el Tribunal incurrió en los errores enrostrados por la censura, porque, no obstante su exacto raciocinio en torno de las pretensiones excluyentes de simulación absoluta y nulidad absoluta respecto de un mismo contrato, concluyó aquella, sin desentrañar, prima facie, en el contexto normativo la ratio simétrica y coherente de lo pretendido, ni tampoco su genuina inteligencia en el contenido sistemático de la demanda.

En efecto, para la jurisprudencia, la simulación “constituye un negocio jurídico, cuya estructura genética se conforma por un designio común, convergente y unitario proyectado en dos aspectos de una misma conducta compleja e integrada por la realidad y la apariencia de realidad, esto es, la creación de una situación exterior aparente explicada por la realidad reservada, única prevalente y cierta para las partes. [...] En consecuencia, si de simulación absoluta se trata, inter partes, la realidad impone la ausencia del acto dispositivo exterior inherente a la situación contractual aparente y la permanencia de la única situación jurídica al tenor de lo acordado, y, en caso de la simulación relativa, esa misma realidad precisa, entre las partes, la prevalencia del tipo negocial celebrado, el contenido acordado, la función autónoma que le es inherente, ora los sujetos; a este respecto, lo aparente no está llamado a generar efecto alguno entre las partes y, frente a terceros, in casu, dentro del marco de circunstancias concretas se definirán las diferentes hipótesis que pueden suscitarse entre estos conforme deriven derechos del titular real o del titular aparente en la cual, por principio se privilegia el interés de quien actuó de buena fe con base en la apariencia en preservación de esta, la regularidad y certidumbre del tráfico jurídico y de las relaciones jurídicas negociales (...)” (Cas. Civil, sentencia jul. 30/2008, [SC-077-2008], Exp. 41001-3103-004-1998-00363-01).

Más exactamente, la simulación absoluta, per se, de suyo y ante sí, envuelve la inexistencia del negocio jurídico aparente. Per differentiam, la simulación relativa, presupone la ineludible existencia de un acto dispositivo diferente al aparente, ya en cuanto hace al tipo negocial, bien en lo atañedero a su contenido, ora en lo concerniente a las partes.

Del mismo modo, en la simulación absoluta, las partes están definitivamente atadas por la ausencia del negocio inmerso en la apariencia de la realidad; en cambio, la simulación relativa, impone la celebración de un negocio distinto, verbi gratia, donación en vez de compraventa, y por lo mismo, las partes adquieren los derechos y obligaciones inherentes al tipo negocial resultante de la realidad, empero en ciertas hipótesis y bajo determinadas exigencias, el ordenamiento jurídico impone la tutela de los derechos e intereses de terceros de buena fe frente a las situaciones y relaciones contrahechas al margen del negocio inexistente (simulación absoluta) o diverso del pactado (simulación relativa). En idéntico sentido, por elementales reglas de experiencia, el juicio axiológico sobre la validez o invalidez de los actos dispositivos se emite respecto de los negocios existentes, excluyéndose en los inexistentes, aunque en un plano estrictamente teórico el negocio simulado en forma absoluta podrá estipularse por un incapaz absoluto, en circunstancias de dolo, error espontáneo o violencia o recaer sobre causa u objeto ilícito, hipótesis todas en las cuales la inexistencia excluye la invalidez pro(sic) que esta supone y parte de aquella, no pudiéndose predicar de un mismo acto dispositivo que es simultáneamente inexistente e inválido.

Con estos lineamientos, traducida la simulación absoluta en la inexistencia del acto envuelto en la apariencia de la realidad, la lógica corriente, excluye por incompatible, su nulidad absoluta, y por consiguiente, toda falencia, deficiencia, confusión o impropiedad del lenguaje empleado en una demanda, por ejemplo, cuando se incoan pretensiones de “simulación absoluta y consecuente nulidad absoluta” de un mismo acto, debe disiparse acudiendo al significado lógico racional de las locuciones en el ámbito normativo. Desde esta perspectiva, una contradicción, vaguedad u oscuridad en la cuestión litigiosa, como la reseñada, ha de resolverse según la disciplina jurídica y el entendimiento prístino de las figuras, con referencia a la simulación relativa, por cuanto solo el acto dispositivo existente es susceptible de nulidad absoluta, en tanto, en la simulación absoluta, por definición es inexistente y, por tanto, no es susceptible de invalidez.

Bajo estas premisas, en este asunto, aún cuando, el sentenciador claramente partió de la incompatibilidad entre la simulación absoluta y la nulidad absoluta contenida en la inadecuada formulación semántica y jurídica de la demanda, equivocó su interpretación coherente, iterase, porque aquella comporta la inexistencia del acto y esta presupone su existencia, yerro manifiesto e incidente en la sentencia, pues, se abstuvo de decidirla por un error de juicio en el alcance del libelo.

4. Al margen de las consideraciones expuestas, esto es, cuando la demanda no contiene proposiciones jurídicas contradictorias o incompatibles que deben y pueden disiparse acudiendo al sentido normativo, lógico y racional que les corresponde, el juzgador ha de tener especial rigor en la labor hermenéutica de la demanda.

A este propósito, en los juicios de simulación, particularmente, cuando el petitum enuncia la absoluta y se está en presencia de la relativa, menester una apreciación sistemática, cuidadosa e integral de la demanda, para no sacrificar el derecho sustancial con un excesivo formulismo sacramental, desgastando el aparato judicial y acentuando el conflicto.

Este deber se impone a todo juez en preservación de la imprescindible seriedad, legitimidad, eficacia y eficiencia de la administración de justicia, cuyo prístino designio se orienta a la salvaguarda del ordenamiento jurídico, derechos, garantías y libertades, la evitación y solución civilizada de los conflictos en procura del equilibrio y justicia humana en las relaciones sociales.

De cara al tema, no han sido pocos los pronunciamientos de esta corporación en el sentido de indicar que “al juzgador le corresponde, respetando claro está las garantías fundamentales, darle sentido pleno a las formas y no sacrificarlas por la forma misma, justificándolas en tanto ellas estén destinadas a lograr la protección de los derechos de las personas, obviamente que de un modo racional, lógico y científico, amén de ceñido a la ley, examinando el contenido integral de la demanda e identificando su razón y la naturaleza del derecho sustancial que en la misma se hace valer. [...] Esto, porque como lo tiene explicado la Corte, la ‘intención del actor muchas veces no está contenida en el capítulo de las súplicas, sino también en los presupuestos de hecho y de derecho por él referidos a lo largo de la pieza fundamental’(1). Basta, por lo tanto, que la intención del demandante aparezca clara en el libelo, ya de manera expresa, ora porque se deduzca de todo su texto mediante una interpretación razonable” (SC N. 145 de oct. 17/2006), tanto cuanto más si “‘no existe en nuestra legislación procedimental un sistema rígido y sacramental que obligue al demandante a señalar en determinada parte de la demanda o con fórmulas especiales su intención, sino que basta que aquella aparezca claramente del libelo, ya de manera directa o expresa, ya por una interpretación lógica basada en conjunto de la demanda’ (G.J. t. CXXXII, pág. 241), siempre teniendo en cuenta el sentenciador que como ‘el objeto de los procedimientos (CPC, art. 4º) es la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial, una deficiente o incorrecta expresión usada en el petitum [o en la causa petendi, valga añadir] no puede ser pretexto para sacrificar el derecho de la parte demandante menos aún si de los hechos y de los fundamentos de derecho surge con suficiente claridad cuáles son las verdaderas pretensiones [o hechos] que ella aduce...’ (G.J. t. CLII, pág. 135; t. CCXVI, pág. 78)” (SC Nº 028, feb. 27/2001).

Justamente, la Sala tiene sentada la pauta “que cuando al apreciar los fundamentos de hecho del libelo para soportar una pretensión de simulación absoluta no exista “manera de determinar cuando menos la presencia de un supuesto fáctico propio de la relativa, que permitiera darle a esta una connotación y perfiles concretos” como “factor diferenciador entre la primera especie del fenómeno”,... también, en esa hipótesis, “sería inane cualquier esfuerzo interpretativo de la demanda que llegare a intentarse, como quiera que el cuadro fáctico esgrimido apunt[e] de manera inequívoca y exclusiva a una simulación absoluta, sin permitir que de él se deduzca ningún hecho concerniente a una relativa, por lo que aflora que un ejercicio semejante de hermenéutica terminaría por conducir, ante tal claridad, a que el juzgador sustituyera al demandante en la definición de su intención, lo que sería impensable, en tanto que vulneraría gravemente el derecho de defensa”, particularmente, cuando “el cuadro fáctico sustentante de la retención” se enfoque únicamente a comprobar la ausencia de intención de perfeccionar un contrato, “sin que en modo alguno apuntara a demostrar que, bajo el amparo de esa fachada, hubiese un deseo genuino de vincularse contractualmente en otro sentido, como tampoco a mostrar la especie de negocio jurídico hacia el que habrían encauzado dicho propósito, ni mucho menos la finalidad que con ello perseguían, o el contenido y alcance que habrían querido imprimirle al eventual acuerdo subyacente” (Cas. Civil, sent. oct. 24/2006, Exp. 66682-31-03-001-2002-00058-01 [SC-155-2006]) (Cas. Civil, sent. jul. 30/2008, [SC-077-2008], Exp. 41001-3103-004-1998-00363-01).

En lo concerniente a la hermenéutica de la demanda, el sentenciador de segunda instancia, expresó: “Atendiendo tal carga interpretativa y partiendo de la base de que en los hechos de la demanda los peticionarios no fundaron la nulidad absoluta que deprecan con base en una de las causales previstas en el ordenamiento legal para el efecto, sino que atacan los actos mencionados tildándolos de actos fraudulentos disimulados porque ‘los perjudica y va contra la ley’ concluye la Sala que, en verdad, lo deprecado por los accionantes es la simulación absoluta del contrato por medio del cual Luis Emilio Ruiz Sierra dijo vender a Ruiz Hermanos Ltda., la participación que tenía en la sociedad Luis Emilio Ruiz Sierra y Familia Sociedad Ltda.” y en relación con los argumentos por los cuales dijo el demandante acusar el acto de ser “una venta simulada cubierta con el ropaje de una donación mediante la cual se defraudó a mis mandantes como legitimarios que son de su extinto padre” lo desestimó por considerarlo una pretensión diversa a la esbozada en la demanda base de la acción.

Sobre este específico punto, encuentra la Corte un desacierto fáctico significativo del laborío del ad quem, al concluir con el tenor literal, exegético y aislado de la demanda como única pretensión la simulación absoluta de la compraventa de 20 de diciembre de 1997, haciendo caso omiso de sus fundamentos fácticos y los de su reforma, por cuanto de su interpretación lógica, sistemática, íntegra y racional, surge con claridad, con evidencia manifiesta, como una verdad de a puño, el reproche de encubrir un acto con la transferencia realizada en vida por el causante del derecho de dominio, propiedad y posesión de todos sus bienes a sus hijos matrimoniales a través de la sociedad previamente constituida con estos para privar a sus hijos extramatrimoniales de sus derechos herenciales futuros.

En efecto, los hechos de la demanda, consignan: “Luis Emilio Ruiz Sierra le vendió o traspasó la totalidad de sus bienes a sus hijos legítimos a través de ‘Ruiz Hermanos Limitada’ sociedad (...) constituida (...) para tal fin” (hecho 6); “(...) se insolventó totalmente (...) entregó la totalidad de sus abundantes bienes (...) a sus hijos matrimoniales (...)” (hecho 9) “(...) con el fin de evadir las obligaciones (...) para con sus hijos extramatrimoniales (...)” (hecho 10) negándoles sus derechos herenciales.

De igual forma, en los fundamentos de la reforma, memórese, la invocación de los motivos definitorios de la simulación al “existir total divergencia entre la voluntad real y su manifestación (...)”; “se aprecia con claridad meridiana el propósito cumplido como es engañar a terceros en este caso concreto los herederos, ya que el objetivo del causante era prever la intervención sucesoral de los asignatarios forzosos, es decir que lo único que le interesaba era consumar el fraude para menoscabar la forzosa y legítima asignación sucesoral de sus propios hijos extramatrimoniales”; y “[l]o grave no es la simulación en sí misma sino el acto fraudulento disimulado el cual debe ser atacado mediante el ejercicio de la acción de nulidad, distinta de la acción de simulación acción esta que se debe encaminar exclusivamente a establecer la maquinación simulatoria [sin calificarla de absoluta o relativa] mientras que la nulidad se encargará de impugnar el acto encubierto por cuanto este acto no reúne los requisitos legales para su validez”(fl. 430, cdno. ppal.).

De lo anterior, fluye nítido el yerro del tribunal, por cuanto el contenido de la demanda denota la petición de declarar simulada la transferencia realizada por el señor Ruíz Sierra de todos sus bienes para desconocer los derechos de los hijos extramatrimoniales, encubriéndose un acto simulado, cuya realidad debe establecerse para declararlo nulo por ausencia de los requisitos de validez, esto es, clara estuvo en los fundamentos fácticos la celebración del contrato simulado escondiendo otro inválido. Y, en tal error, incurrió el sentenciador de segundo grado, ateniéndose a la calificación sacramental del precedente enunciado fáctico.

De este modo, la errónea interpretación del libelo y el temor a cometer incongruencia, condujo al ad quem a errar en su pronunciamiento, pues a pesar que los supuestos fácticos de la demanda y su reforma son indicativos de un acto verídico de transferencia de bienes con el cual se dice encubrir otro afectado de nulidad absoluta, se atuvo a la calificación literal aislada y, no obstante, hallar evidencias de la simulación aunque no absoluta, “puesto que, detrás de la venta simulada, cabe inferir la existencia de un negocio jurídico real, tendiente a traspasar (sic) los bienes del supuesto vendedor a sus herederos de filiación matrimonial, para, entre cosas, el día de su muerte dejar liquidado, por vía diferente a la legal el proceso de sucesión”, se abstuvo de declararla, emergiendo palmaria la trascendencia del error.

5. Corolario de lo indicado, es la prosperidad del cargo y el quiebre de la sentencia recurrida, para proferir en sede de instancia la que deba reemplazarla, previo a lo cual, con fundamento en los artículos 179, 180 y 375, inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, decretará prueba de oficio.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 29 de junio de 2007, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario instaurado por Orlando, Luis Alberto y Fabio Martín Ruiz Blanco contra Reinaldo, Efraín, Enrique, Carlos Augusto, Luis Ernesto y Jaime Gustavo Ruiz Cardozo; Juan Pablo Ruiz Hernández; Sociedad Ruiz Hermanos Ltda., su representante legal (Reinaldo Ruiz Cardozo) y socios (Reinaldo, Efraín, Enrique, Carlos Augusto, Luis Ernesto y Jaime Gustavo Ruiz Cardozo, Rosaura Gómez de Ruiz, Amparo Escobar de Ruiz, Natalia, María Mónica y Javier Armando Ruiz Escobar; Margarita María y Ana María Ruiz Gómez y, Juan Pablo, Viviana María y Mariana Ruiz Hernández); Agropecuaria Delta Ltda., representante legal (Reinaldo Ruiz Cardozo) y socios (Reinaldo, Efraín, Enrique, Carlos Augusto, Luis Ernesto y Jaime Gustavo Ruiz Cardozo y, Juan Pablo Ruiz Hernández); Incubadora de Oriente S.A. y su representante legal (Reinaldo Ruiz Cardozo) y los herederos indeterminados de Luis Emilio Ruiz Sierra.

Previamente a la sentencia sustitutiva, se decreta la práctica de un dictamen pericial por un perito, para que con el estudio de los libros y papeles de comercio de comercio de la sociedad denominada “Luis Emilio Ruiz Sierra y Familia Sociedad Limitada” hoy “Agropecuaria Delta Limitada”, determine con exactitud el valor de la totalidad de los bienes transferidos por Luís Emilio Ruíz Sierra a la sociedad Ruiz Hermanos Limitada, el de las cuotas sociales de que era titular y que transfirió mediante el contrato de compraventa contenido en la escritura pública 3593 de 20 de diciembre de 1977, otorgada ante la Notaría Primera de Bucaramanga, el valor presente de la cuantía resultante y, el de los frutos que dichos bienes y cuotas produjeron o hubiesen podido producir con mediana inteligencia y cuidado.

Sin costas por la prosperidad del recurso de casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase».

(1) Sentencia de 16 de febrero de 1995 (CCXXXIV, 234).

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