Sentencia 2002-00095 de mayo 31 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Proceso: 18001-23-31-000-2002-00095-01 (28188)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Naturaleza: Acción de reparación directa.

Actor: Luis Guillermo Mora Forero y otros.

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.

Bogotá, D.C., treinta y uno de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por los actores contra la sentencia de primera instancia, dado que la cuantía de las pretensiones alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(1), para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación.

1. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas aportadas al plenario, se tienen probados los siguientes hechos relevantes para resolver la controversia(2):

— El 16 de noviembre de 2001, a las 11:45 a.m., el Inspector de Policía de La Montañita-Caquetá realizó frente al parador “El pomar”, ubicado en la inspección Santuario, el levantamiento del cadáver de quien en vida se llamó Guillermo Mora Zúñiga (fls. 15-17, 19-21, 35-37, cdno. 2).

— El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Sur-Seccional Caquetá, en el protocolo de necropsia 323-01, estableció que la muerte del señor Mora Zúñiga fue causada por laceración severa de los atrios cardiacos con “proyectil de arma de fuego” (fls. 75-78, cdno. 2).

— El personero de La Montañita-Caquetá certificó que el 16 de noviembre de 2001, aproximadamente a las 9:00 A.M., se produjo el deceso del antes nombrado y del señor Luis Arnovi Méndez Rada y la afectación de un vehículo, por el accionar de grupos al margen de la ley.

El día 16 de noviembre de 2001, se hallaron los cadáveres de los señores Guillermo Mora Zúñiga y Luis Arnovi Méndez Rada, en la vía que conduce de la ciudad de Florencia al municipio La Montañita, en el sitio denominado Santuario, quienes al parecer fueron asesinados por grupos armados al margen de la ley. La causa de los decesos fue disparos con arma de fuego.

Fecha: 16 de noviembre de 2001

Dirección: Inspección Santuario, jurisdicción del municipio La Montañita-Caquetá

Hora: 9:00 A.M.

Nº de heridos: Ninguno

Nº de fallecidos: Dos

Nº edificios afectados: Ninguno

Valor de los daños: Incalculables

Nº Vehículos afectados: Uno (fl. 12, cdno. ppal.).

— El Secretario de Tránsito y Transporte de Florencia-Caquetá dio cuenta que el automotor afectado (i) se distinguía con las placas XYC 913; (ii) era de “servicio público urbano” y (iii) “afiliado a la empresa Cootransunidos Ltda., Nit. 828.000.200-0” (fl. 4, cdno. 3).

— El coronel Carlos Enrique Villarreal Quintero, Jefe de Estado Mayor de la Décimo Segunda Brigada del Ejército Nacional denunció ante la Fiscalía General de la Nación, el Comité Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo que (i) el 16 de noviembre de 2001, aproximadamente a las 9:00 A.M., fue asesinado el soldado profesional Luis Arnovi Méndez Rada, quien estaba de permiso, portaba ropa de civil y se desplazaba en un taxi; (ii) igual destino corrió el conductor del vehículo de servicio público, el señor Guillermo Mora Zúñiga; (iii) los decesos ocurrieron en el marco de un retén de sediciosos de la cuadrilla 15 de las FARC que duró dos días, quienes se aprovecharon de la indefensión de sus víctimas y (iv) los hechos descritos son violatorios del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra.

El día 16 de noviembre de 2001, a las 9:00 horas, aproximadamente, en el sitio llamado Santuario-Puente San Pedro, vía a La Montañita, cuando se desplazaba en un vehículo de servicio público, vestido en ropa de civil, fue detenido en forma arbitraria y, posteriormente, asesinado en completo estado de indefensión el soldado profesional Méndez Rada Luis Arnovi CM 93452589, natural de Ortega-Tolima, quien se encontraba de permiso y según testigos fue obligado a arrodillarse para fusilarlo; presenta 1 tiro abierto región parietal con estallido craneal. En el mismo hecho fue asesinado el señor Guillermo Mora Zúñiga c.c. 7.247.954 de Puerto Boyacá, de 37 años de edad, profesión taxista, que conducía el automotor donde se movilizaba el soldado; presenta 3 heridas, una en el torso nasal, otra en el pómulo izquierdo y la última en la región supremamaria. Las víctimas de este atroz atentado fueron interceptadas por terroristas de la cuadrilla 15 de las FARC y, a pesar de que se encontraban en estado indefensión, fueron asesinadas, lo que viola el Protocolo II adicional a los convenios de Ginebra, aplicable a nuestro conflicto armado interno, donde prohíbe atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas que no participen directamente en las hostilidades o que hayan dejado de participar en ellas, en particular el homicidio y la tortura.

De igual manera, estos terroristas de las ONT FARC bloquearon la vía durante dos días, dejándola supuestamente minada con carros ubicados en los costados de la carretera, causando terror y pánico en los habitantes y transeúntes, además, violando la libre circulación en el territorio nacional (fls. 12-13, 58-59, cdno. 2).

— El Jefe de Estado Mayor de la Décimo Segunda Brigada del Ejército Nacional también denunció, ante las mismas autoridades, los asesinatos de los señores Pedro Muñoz Gaitán y Jorge Eduardo Cuellar Vargas y la extorsión de que fue objeto la empresa “Agroganadera del Valle del Cauca S.A.”, hechos perpetrados por subversivos de la cuadrilla 15 de las FARC en los municipios vecinos de La Montañita y Milán, el 25 de octubre y 14 de noviembre de 2001 (fls. 60-63, cdno. 2).

— La Secretaria Privada de la Fiscalía General de la Nación le dio a conocer al director Seccional de Fiscalías de Florencia, las investigaciones adelantadas por el actuar violento de grupos al margen de la ley en el departamento de Caquetá, entre ellas, las iniciadas por las denuncias de la Décimo Segunda Brigada del Ejército Nacional.

Radicación 160441 de diciembre 26, suscrita por la doctora Olga Lucía Gaitán García, directora nacional de atención y trámite de quejas de la Defensoría del Pueblo, en la que informa que el señor Halifer Corrales Romero se presentó en esa oficina para informar que viene siendo objeto de amenazas, al parecer por parte de miembros al margen de la ley.

Radicación 160447 de diciembre 26, suscrita por la doctora Olga Lucía Gaitán García, directora nacional de atención y trámite de quejas de la Defensoría del Pueblo, quien da traslado de la comunicación del doctor Zamir Arriaga, Personero Municipal de Valparaíso-Caquetá, por medio de la cual informa sobre el accionar violento de grupos armados ilegales que operan en esa región.

Radicación 160452 de diciembre 26, suscrita por la doctora Olga Lucía Gaitán García, directora nacional de atención y trámite de quejas de la Defensoría del Pueblo, quien da traslado de copia de los oficios enviados por la Décimo Segunda Brigada del Ejército Nacional, en los que pone conocimiento una serie de irregularidades cometidas por grupos ilegales en el departamento del Caquetá.

Radicación 160449 de diciembre 26, suscrita por la doctora Olga Lucía Gaitán García, Directora Nacional de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo, quien da traslado de copia del oficio suscrito por el doctor Hugo Molina Jiménez, personero municipal de Solita-Caquetá (fls. 55-56, cdno. 2).

— La Policía Judicial-Seccional Caquetá estableció, al inicio de sus averiguaciones, que los señores Luis Arnovi Méndez Rada y Guillermo Mora Zúñiga, cuando se dirigían para el municipio La Montañita, en un taxi de placas XYC 913, fueron interceptados y, posteriormente, asesinados por subversivos al parecer de la cuadrilla 15 de las FARC, porque, el primero de los nombrados, era un soldado profesional y, el segundo, un presunto colaborador de las Fuerzas Militares.

Una vez leído el contenido de la misión de trabajo, se procedió a realizar las respectivas investigaciones, las cuales permitieron establecer que para la fecha de los hechos el señor Guillermo se dirigía al municipio La Montañita en compañía del señor Luis Arnovi Méndez Rada, quienes se movilizaban en el vehículo taxi de placas XYC 913, los cuales fueron interceptados cuando pasaban por el frente del paradero “El Pomar”, lugar donde se encontraron un retén ilegal de las FARC.

Ya en el lugar de los hechos, los hicieron bajar del vehículo y uno de los antes nombrados fue identificado como soldado profesional y, posteriormente, asesinado. Respecto del señor Guillermo, los subversivos lo señalaron como colaborador de las Fuerzas Militares y, de igual forma, atentaron contra su humanidad. Los responsables al parecer fueron la cuadrilla 15 de las FARC, al mando de José Ceballos Arroyave, alias el Mocho c.c. 4.711.284 de Miranda-Cauca (fls. 86-87, cdno. 2).

— El comandante de la Décimo Segunda Brigada del Ejército Nacional, al contestar un requerimiento del tribunal tendiente a establecer la actividad que desplegó esa unidad para la época en que ocurrieron los hechos, certificó que (i) en la vía que conduce de la ciudad de Florencia a los municipios de El Doncello y San Vicente del Caguán, realiza operaciones ofensivas de registro y control, en coordinación con la Policía Nacional y otros organismos de seguridad, para evitar alteraciones del orden público e (ii) imparte directrices a los uniformados de los diferentes batallones para evitar que éstos se desplacen por vía terrestre y asuman riesgos superiores a los que normalmente están expuestos.

(...) los comandos de los batallones adscritos a esta Brigada, realizan operaciones ofensivas de registro y control militar de área sobre la vía que de Florencia conduce a los municipios de Doncello y San Vicente del Caguán, en coordinación con la Policía Nacional y otros organismos del Estado, tendientes a evitar las alteraciones del orden público, por parte de los grupos armados al margen de la ley.

De igual forma, el comando de la Décimo Segunda Brigada imparte ordenes claras y precisas dirigidas a todos los integrantes de los diferentes batallones tendientes a evitar cualquier tipo de desplazamientos vía terrestre, bien sea con ropa civil o en cualquier otro tipo de vestido, en actividades del servicio o fuera del mismo, máxime cuando se trata de permisos, licencias o vacaciones, previniendo de esta forma que el personal asuma riesgos superiores a los que de por sí están expuestos por su condición de militares (fl. 6, cdno. 2 - resaltado fuera del texto).

— De los testimonios recepcionados por el a quo, se puede inferir que (i) el 16 de noviembre de 2001, en las horas de la mañana, el señor Guillermo Mora Zúñiga, taxista de profesión, fue detenido, junto con sus pasajeros, por subversivos que habían instalado un retén en la inspección “Santuario” del municipio La Montañita; (ii) los insurgentes al establecer, en las requisas que efectuaron, que uno de los ocupantes del vehículo de servicio público era soldado profesional, lo separaron del grupo y lo asesinaron; (iii) la misma suerte corrió el señor Mora Zúñiga por ser considerado un auxiliador de los militares; (iv) el automotor en el que se desplazaban las víctimas fue incinerado; (v) si bien es cierto que en el sitio donde se produjeron los hechos descritos, no se habían suscitado retenes ilegales con anterioridad, también lo es que los grupos al margen de la ley dominaban la zona, pues bastaba salir de la ciudad de Florencia para detectarlos y encontrarlos con facilidad; (vi) la presencia estatal se reducía al Batallón Liborio Mejía y a ciertos cascos urbanos; (vii) el taxi afectado podía trabajar por fuera de Florencia, por cuanto la empresa a la cual estaba afiliado —Cootransunidos Ltda.—, lo autorizaba y, para el efecto, emitía unas planillas que eran reconocidas y aceptadas por las autoridades de tránsito correspondientes y (viii) el esposo y padre de los demandantes, no tenía un ingreso fijo en cuanto este dependía de un porcentaje de lo que le arrojaba su actividad al día.

Yo ese día caí en el retén e inclusive yo iba en el taxi también, yo vi el retén y pensé que era el Ejército y no era la guerrilla, entonces nos requisaron y nos hicieron cuadrar a doscientos metros de donde estaba la hilera de carros (…) Guillermo traía más pasajeros y entre los pasajeros venía un soldado profesional de civil. Como ellos le quitaban la billetera a uno y la requisaban, descubrieron que el pasajero que iba era un soldado profesional, ahí fue cuando abrieron al pasajero y también al conductor, es decir, los separaron del grupo, supuestamente dijeron que era porque el conductor era auxiliador de los militares, porque cargaba militares, ahí fue donde se escuchó, yo estaba como a doscientos metros, tiros y se miró el humo cuando se estaba quemando el carro. Eso fue lo que yo me di cuenta, porque Guillermo era un compañero conocido, no se le conocía ningún problema, según ellos dijeron que lo mataban porque iba ese militar en el carro (…). Eso fue en el sitio “El Pomar” que queda en la vía Santuario-La Montañita. Sé que fue en el mes de noviembre del año pasado (…), la guerrilla nos hizo una reunión después de haberlos matado y dijeron que en ese carro se transportaba un militar y un auxiliador, yo vi cuando los abrieron del grupo. Ellos nos advirtieron que el que transportara a un militar era un objetivo para ellos y que en ese carro habían encontrado un militar (...) En el sitio donde hicieron el retén ese día, nunca lo habían hecho, era la primera vez, siempre lo hacían más adelante (…), lo más normal es que uno sale de Florencia y se encuentra la guerrilla (…). Si eran frecuentes los retenes, pero en el kilometro cinco después de La Montañita (fls. 7-9, cdno. 2 - declaración del señor Saúl Montes).

Ese mismo día yo llevaba una carrera para La Montañita, eso se llama expreso, yo iba como a eso de las diez de la mañana más o menos, cuando a la altura de Puerto Arango me detuvieron las motocicletas que estaban regresando, ahí fue cuando nosotros paramos para preguntar qué pasaba, porqué nos decían que no siguiéramos y nos dijeron que porque había un retén de la guerrilla y estaban quemando carros, nosotros estuvimos ahí un lapso de cuarenta y cinco minutos, una hora, no recuerdo exactamente cuánto, no seguimos porque la gente decía que en el puente había un carro atravesado y que estaba dinamitado y que de pronto explotaba. Al cabo del tiempo, ya venían unas motos y unos taxis, entonces nosotros emprendimos marcha hacia La Montañita junto con otros taxis que estaban ahí. Seguimos y pasando el río San Pedro llegamos donde estaba un carro incinerado, entonces había harta gente donde estaba quemado el carro y fui cuando yo me di cuenta que el carro que habían quemado era el carro de mi papá, la gente que estaba ahí decía que era el carro de placas 913 y que mataron al conductor junto con un soldado que iba en el carro, entonces empecé a averiguar con la gente que vive alrededor y me dijeron que habían bajado al conductor y todos los pasajeros y que se dieron cuenta que había un soldado ahí, entonces los retiraron hacia el potrero y fue cuando lo mataron y lo mismo hicieron con el conductor (…). El carro era urbano (…). Uno siempre porta unas planillas de viaje que se las da la empresa, dan cinco planillas para el mes, cada planilla tiene un costo de $ 7.000, me parece que es, con esa planilla uno puede viajar a cualquier municipio de aquí del departamento, incluso a cualquier ciudad, entonces uno con esa planilla, cuando le sale el viaje ocasional, la diligencia, la llena, entonces uno porta las planillas en el carro, las llena con los contratantes que lleva en el carro y puede salir de la ciudad. Esa planilla la exigen en el puesto de tránsito de El Paujil para poder uno seguir (…). No, no sé, no habían retenes, después de ese hecho si siguieron haciendo más retenes, más abajo, hacia los pueblos de más allá El Paujil, El Doncello, porque estamos hablando de Santuario (….). No, en la vía no había presencia del Ejército, solamente en el Batallón Liborio Mejía. No estoy bien seguro, pero creo que había Ejército en La Montañita (…). Un conductor de taxi gana diario, porque lo liquidan por un porcentaje del día, en este caso más o menos se puede estar ganando $ 600.000 o $ 700.000 mensuales, ese es más o menos el sueldo, pero es relativo porque a veces se gana menos en el día, a veces se gana más, pero en promedio eso es lo que se gana (…). Guillermo empezó a trabajar en ese carro, porque fui uno de los que lo recomendó para que trabajara, porque era una persona trabajadora y honrada (fls. 10-12, cdno. 2 - declaración del señor Ányelo Vásquez Huaca).

Él me estaba trabajando, me refiero a don Guillermo, en un carro de servicio público, tipo taxi, de placas 913, no recuerdo las letras, él hacía por ahí unos seis días que había empezado a trabajar conmigo y como ellos sacan unas planillas en la empresa de Cootransunidos para salir fuera de la ciudad por si de pronto le sale viaje y seguramente le salió viaje, no sé hasta donde sería y por allá en un retén de grupos al margen de la ley, guerrilla, no sé, mataron a un pasajero y al conductor. Yo estaba trabajando por acá y me dijo el hijo mío Ányelo Vásquez papi parece que le quemaron el carro, eso fue en noviembre del año pasado (…) Él me entregaba a mi diario 40 o 50, tenía un promedio de $ 500, $ 600, trabajaba a un porcentaje, ganaba el 30% de lo que hacía, él sacaba lo de él por derecha (…). Yo lo había mirado a él, también me lo había recomendado mi hijo, mi hijo Ányelo. Él era muy bueno, responsable, íbamos bien, en los pocos días que me ayudo le fue bien, él era taxista, él a varias personas les había manejado taxi, entre ellos se conocen y dicen: éste es bueno, éste es malo (…). Yo en el mismo día no fui, fui después a traer el cacharro ese —taxi—, no recuerdo exactamente cuándo, nos daba vaina ir y que nos cargaran, lo trajeron en una grúa. Encontré el carro completamente incinerado, el motor fundido, desbaratado (fls. 9-11, cdno. 3 - declaración del señor Efraín Vásquez Barrera).

— La muerte del señor Guillermo Mora Zúñiga, ocurrida el 16 de noviembre de 2001, se acredita con (i) el certificado del registro civil de su defunción (fl. 10, cdno. ppal. - documento aportado por los actores en copia auténtica); (ii) el acta de levantamiento del cadáver, diligenciada por el Inspector de Policía de La Montañita-Caquetá (fls. 15-17, 19-21, 35-37, cdno. 2) y (iii) la necropsia médico legal practicada al cuerpo por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Sur-Seccional Caquetá (fls. 75-78, cdno. 2).

— Los demandantes demostraron el vínculo de afinidad y consanguinidad que los unía al occiso, así: (i) la señora Naifer Amar Forero Lozano acreditó ser la esposa del señor Guillermo Mora Zúñiga con el acta de celebración de matrimonio civil suscrita ante el Juez Segundo Civil de Florencia - Caquetá (fls. 8-9, cdno. 2 - documento allegado en copia auténtica) y (ii) el señor Luis Guillermo Mora Forero y los menores Wilson Arbey, Yennifer Amar, Andru Javier y Miguel Ángel Mora Forero probaron, con sus registros civiles de nacimiento, ser hijos del señor Mora Zúñiga (fls. 3-7, cdno. ppal. - documentos allegados en copia auténtica).

2. Problema jurídico.

Procede la Sala a determinar si en el presente caso se estructura la responsabilidad administrativa de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, porque a pesar de que era un hecho notorio que grupos al margen de la ley dominaban ciertos municipios aledaños a la zona de distensión y corredores viales que conducían a esa área, como el de Florencia-San Vicente del Caguán, no hizo presencia en orden a proteger a la población civil; aunado a que no impartió directrices claras a sus miembros dirigidas a evitar situaciones que pusieran en riesgo a los particulares, para el efecto, desplazarse por vía terrestre, haciendo uso de los medios de transporte público, en sectores de perturbación grave del orden público.

3. Análisis de la Sala.

De conformidad con los hechos probados, la Sala tiene por demostrado el daño invocado por los actores. Es decir, está debidamente acreditada la muerte del señor Guillermo Mora Zúñiga, ocurrida el 16 de noviembre de 2001, dentro del marco de un retén ilegal.

Se conoce también que los demandantes Naifer Amar Forero Lozano, Luis Guillermo, Wilson Arbey, Yennifer Amar, Andru Javier y Miguel Ángel Mora Forero resultaron afectados, pues, las reglas de la experiencia permiten inferir el sentimiento de pena que produce la muerte de un cónyuge y padre.

Los actores señalan que el régimen de responsabilidad aplicable, en este caso, es la falla del servicio, porque a pesar de que era un hecho notorio la presencia de grupos al margen de la ley, en varios municipios aledaños a la zona de distensión y corredores viales que conducían a ella, la Nación - Ministerio de Defensa-Ejército Nacional no hizo nada para proteger a la población civil, como tampoco para que sus efectivos se desplazaran por vía terrestre, haciendo uso de los medios de transporte público que usan los particulares, sin ninguna precaución.

La zona de distensión, también denominada “neutral” o “área de despeje”, se creó mediante Resolución 85 de 14 de octubre de 1998, con el propósito de adelantar un proceso de diálogos y negociación con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército del Pueblo —FARC-EP—. Esta comprendió los municipios de La Macarena, Mesetas, La Uribe y Vista Hermosa en el departamento del Meta y San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá y fue concebida como un laboratorio para la paz y un espacio geográfico del territorio nacional que brindara seguridad a voceros y negociadores.

El Gobierno Nacional, mediante Resolución 32 de 20 de febrero de 2002, dio por terminada la zona de distensión. Durante los tres años y tres meses aproximados que duró el “área de despeje”, fue necesario congelar y reanudar los diálogos de paz por las acciones de los grupos insurgentes comprometidos con el proceso(3).

En efecto, las denuncias crecientes de retenes, allanamientos, pescas milagrosas, robos, extorsiones, secuestros y asesinatos por parte de los subversivos comprometidos con el proceso de paz, eran fuente de preocupación para el Gobierno Nacional y, en especial, para los municipios aledaños a la zona de distensión, por cuanto sobre ellos recaía toda esa escalada delictual(4).

En el departamento del Caquetá, mientras estuvo vigente la zona de distensión —años 1998 y 2002—, la presencia de las FARC se incrementó notablemente, hecho del que no se requiere prueba, dada su notoriedad, esta última demostrada con suficiencia en el plenario, al punto que bien puede afirmarse que la organización armada ejerció dominio sobre varios municipios colindantes al “área de despeje”, tales como: El Doncello, Puerto Rico, El Paujil y Cartagena del Chairá(5) y corredores viales que permitían acceder a ella, como el que unía a la mayoría de las localidades mencionadas y conducía a San Vicente del Caguán —Florencia - La Montañita - El Paujil - El Doncello - Puerto Rico - San Vicente del Caguán—.

Como lo prueban las denuncias formuladas por el Jefe de Estado Mayor de la Décimo Segunda Brigada del Ejército Nacional, las investigaciones que cursaban en la Fiscalía General de la Nación y los testimonios recepcionados, últimos que confirman la fuerte presencia de las FARC en el departamento del Caquetá y la continua actividad delictual que esa organización desplegaba en el corredor vial que de la ciudad de Florencia conduce al municipio de San Vicente del Caguán.

La prueba testimonial, en especial, evidencia la magnitud de esa situación, pues los declarantes fueron coincidentes al afirmar que (i) bastaba salir de la capital del departamento del Caquetá —Florencia— para encontrarse con los subversivos y su actuar delictivo; (ii) eran frecuentes los retenes ilegales y (iii) la presencia del Ejército Nacional estaba reducida al batallón Liborio Mejía y a algunos cascos urbanos.

Y aunque afirmaron los testigos que en el lugar donde se desencadenaron los hechos, esto es, en la carretera que de la inspección Santuario conduce al municipio de La Montañita, no se habían presentado retenes ilegales, también sostuvieron que se trataba de una práctica regular, unos kilómetros más adelante, en el mismo corredor vial —La Montañita - El Paujil - El Doncello - Puerto Rico - San Vicente del Caguán— y que luego pasó a consolidarse en el sector.

La entidad demandada al contestar un requerimiento del a quo tendiente a establecer la actividad que desplegó la Décimo Segunda Brigada del Ejército Nacional en el departamento del Caquetá y, en especial, en el corredor vial referenciado, para la época en que ocurrieron los hechos, omitió la respuesta, pues se limitó a manifestar que, actualmente, desarrolla operaciones coordinadas, con otros organismos de seguridad, para evitar alteraciones del orden público en la vía que de Florencia conduce a los municipios de El Doncello y San Vicente del Caguán e imparte instrucciones a sus uniformados para que éstos no se desplacen por vía terrestre y no se expongan a riesgos superiores.

En el plenario, todo indica que la actividad que ahora despliega la demandada, en el mes de noviembre de 2001 no se conocía, a pesar de la cercanía con la antigua zona de distensión y de la notoria presencia subversiva en algunos municipios aledaños al “área de despeje” y corredores viales que conducían a ella. Al punto que se permitió la instalación regular de retenes ilegales y la comisión de otros delitos, dada la ausencia de controles por parte de la fuerza pública. Aunado a lo expuesto, no se impartieron instrucciones para evitar poner en riesgo a la población civil, para el efecto, que el personal militar en servicio activo, licencia, permiso y vacación no se desplazara por vía terrestre, sin las debidas medidas de seguridad, ya que por la escalada de violencia se convirtieron en objetivos de guerra.

En este caso, la entidad demandada conocía la difícil situación de orden público del departamento del Caquetá y, en especial, del corredor vial que de la ciudad de Florencia conduce al municipio de San Vicente del Caguán, porque (i) esa carretera era neurálgica para los intereses de los grupos al margen de la ley que operaban en la zona de distensión o en los municipios aledaños; (ii) allí se perpetraron homicidios que tuvieron trascendencia nacional, como el del representante Diego Turbay Cote y el de las personas que integraban su comitiva(6) y (iii) denunció, ante la Fiscalía General de la Nación, el Comité Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo, asesinatos y extorsiones que ocurrieron en esa vía o en cercanías a ella.

Conocimiento previo de la situación de orden público, que obligaba a la demandada hacer efectiva presencia y a impedir que la práctica de los retenes ilegales se convirtiera en permanente, pero, como ello no ocurrió, se cercenaron y limitaron los derechos de los asociados, en cuanto se posibilitó la comisión sistemática de delitos —pescas milagrosas, robo, extorsiones, secuestros, asesinatos—.

En el sub judice se conoce que el deceso del señor Guillermo Mora Zúñiga se produjo en el marco de un retén ilegal instalado en la carretera que de la inspección Santuario conduce al municipio de La Montañita, la cual hace parte del corredor vial tantas veces mencionado; ese puesto de control subversivo, según la denuncia del Jefe de Estado Mayor de la Décimo Segunda Brigada del Ejército Nacional y el dicho de los testigos, se prolongó por dos días y luego se hizo, prácticamente, permanente en el sector, así como había ocurrido con los retenes instalados unos kilómetros más adelante, en dirección a las localidades de El Paujil y El Doncello.

Para la Sala es claro que la falta de presencia estatal facilitó la práctica delictiva permanente en el corredor vial que de Florencia conduce a San Vicente del Caguán —Florencia - La Montañita - El Paujil - El Doncello - Puerto Rico - San Vicente del Caguán— y, con ello, dio paso a que se cometieran una serie de arbitrariedades, como la ejecución de particulares indefensos.

El señor Guillermo Mora Zúñiga, taxista de profesión, fue detenido en el retén ilegal de la inspección Santuario y, posteriormente, asesinado, porque los subversivos que estaban a cargo de ese puesto de control lo tildaron de auxiliador de militares, al detectar que uno de sus pasajeros era un soldado profesional.

Lo descrito, a más de denotar el abandono estatal, pues no de otra manera se concibe la presencia de retenes ilegales por espacio de varios días, deja entrever que la demandada no impartió instrucciones a sus uniformados y controles, ya que uno de sus efectivos se desplazó por vía terrestre, utilizando un medio de transporte público y, además de asumir el riesgo, puso en peligro a los particulares, para el efecto, el cónyuge y padre de los demandantes.

Considera la Sala que, el señor Mora Zúñiga, además de estar expuesto a los abusos que cometían sistemáticamente los grupos insurgentes en sus retenes, por la falta de presencia y reacción estatal, perdió la vida, infringiendo dolor a sus seres queridos, porque la demandada omitió hacer la presencia a la que estaba obligada, aunado a que no tomó las previsiones para que el objetivo de los insurgentes alcanzara no sólo a sus efectivos, sino también a la población civil, al punto que el soldado voluntario Luis Arnovi Méndez Rada abordó un taxi, poniendo en peligro al conductor y a los demás pasajeros que lo ocupaban, riesgo que se concretó en el cónyuge y padre de los actores, por ser tildado auxiliador de las Fuerzas Militares.

La falta de control descrita no encuentra eximente en el hecho de que el soldado profesional que fue detectado y asesinado en el retén ilegal, junto con el señor Mora Zúñiga, estuviera de permiso y portara ropa de civil, pues esa situación administrativa no aminoraba el riesgo y, en esa medida, no desdibuja, en situaciones de orden público, la condición de blanco potencial de la subversión.

Como la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, con sus omisiones y errores, propició de forma eficiente el daño, así este hubiera sido perpetrado por terceros, se habrá de revocar la decisión denegatoria del a quo para, en su lugar, acceder a las pretensiones indemnizatorias.

4. Perjuicios.

— Perjuicios morales

Los demandantes piden 65 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno o lo que se estime en el proceso, por concepto de perjuicios morales.

Establecido el parentesco con el acta de matrimonio civil y los registros civiles aportados al plenario en copia auténtica y atendiendo la magnitud e intensidad del daño sufrido por los actores con la muerte del señor Guillermo Mora Zúñiga, por cuanto las reglas de la experiencia permiten presumir que el óbito de un pariente cercano causa un profundo dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, la Sala condenará a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar, en moneda nacional, de acuerdo con los lineamientos trazados a partir de la sentencia de 6 de septiembre de 2001(7), por concepto de perjuicios morales, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la esposa y cada uno de los hijos de la víctima, esto es, a Naifer Amar Forero Lozano, Luis Guillermo, Wilson Arbey, Yennifer Amar, Andru Javier y Miguel Ángel Mora Forero(8).

— Perjuicios materiales

• Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, los demandantes solicitan que se condene a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar a favor de la señora Naifer Amar Forero Lozano los gastos en que ésta incurrió para atender el entierro y traslado de su esposo.

La Sala denegará esta pretensión, por cuanto las erogaciones que se describen no tienen ningún soporte probatorio en el proceso.

• Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, los actores solicitan que se condene a la Nación-Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar a favor de la señora Naifer Amar Forero Lozano y de los menores Wilson Arbey, Yennifer Amar, Andru Javier y Miguel Ángel Mora Forero la suma de ciento ochenta millones de pesos ($ 180.000.000) o la que resulte acreditada en el proceso, teniendo en cuenta el ingreso del señor Guillermo Mora Zúñiga al momento del deceso, su edad y vida probable.

En el sub judice, no está acreditado el ingreso del señor Guillermo Mora Zúñiga y no hay forma de establecerlo, por cuanto este dependía de un porcentaje de lo que su actividad como taxista le arrojaba diario y no hay soportes de esas entradas o de la rentabilidad que tenía el dueño del vehículo de servicio público, razón por la cual, la liquidación del daño se realizará tomando como base el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2013 —$ 589.500—, en consideración, a que la actualización del salario mínimo legal mensual vigente para la fecha de los hechos(9) es inferior a este.

Al salario mínimo legal mensual vigente para el año 2013 —$ 589.500—, se le incrementará un 25% por concepto de prestaciones sociales de ley —$ 147.375—. Al monto obtenido se le restará un 25% —$ 184.218.75—, como quiera que se presume que la víctima lo destinaba para su propia manutención, quedando como salario base de liquidación la suma de $ 552.656.25.

El 50% de la suma anterior, esto es $ 276.328.12, será el valor con el cual se liquidará la indemnización debida y futura reclamada por la cónyuge supérstite, mientras que el otro 50% se dividirá entre cuatro, correspondiente al número de hijos menores de edad de la víctima, esto es, $ 69.082.03, monto con el cual se liquidará la indemnización debida y futura de cada uno de ellos.

A favor de la señora Naifer Amar Forero Lozano

— Indemnización debida

Comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos, 16 de noviembre de 2001, hasta la fecha de esta sentencia, para un total 138,5 meses (mayo 31/2013).

Aplicando la fórmula, se tiene lo siguiente:

s2002-0095.JPG
 

S= $ 54.206.452.87

— Indemnización futura

Comprende el período transcurrido desde el día siguiente de esta sentencia, hasta la vida probable del señor Guillermo Mora Zúñiga, por ser esta menor a la de su cónyuge Naifer Amar Forero Lozano. De conformidad con las tablas de supervivencia se estimó la vida probable del señor Mora Zúñiga en 39.9 años, para un total de 478.8 meses, teniendo en cuenta que él tenía 41 años de edad cuando murió. A los 478.8 meses deberá restársele 138.5 meses, los cuales ya fueron indemnizados, para un total de 340.3 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

s2002-0095a.JPG
 

S = $ 45.896.271.46

Sumados los valores de la indemnización debida y futura se obtiene un valor total de $ 100.102.724.33

A favor de Wilson Arbey Mora Forero

— Indemnización debida

Comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos, 16 de noviembre de 2001, hasta el 24 de agosto de 2009, fecha en la cual Wilson Arbey Mora Forero cumplió la edad de 25 años, si se tiene en cuenta que él nació el 24 de agosto de 1984, según el registro civil de nacimiento visible a folio 4 del cuaderno principal, para un total de 93.2 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene lo siguiente:

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S= $ 8.122.416.58

A favor de la menor Yennifer Amar Mora Forero

— Indemnización debida

Comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos, 16 de noviembre de 2001, hasta esta sentencia, para un total 138,5 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene lo siguiente:

 

s2002-0095c.JPG
 

S= $ 13.612.299.07

Indemnización futura

Comprende el período transcurrido desde el día siguiente de esta sentencia, hasta que Yennifer Amar Mora Forero cumpla la edad de 25 años, esto es, el 21 de junio de 2014, puesto que nació el 21 de junio de 1989, según el registro civil de nacimiento visible a folio 5 del cuaderno principal, para un total de 12.6 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

s2002-0095d.JPG
 

 

S = $ 842.295.65

Sumados los valores de la indemnización vencida y futura, por concepto de lucro cesante, se obtiene un valor total de $ 14.454.594.72

A favor del menor Andru Javier Mora Forero

— Indemnización debida

Comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos, 16 de noviembre de 2001, hasta esta sentencia, para un total 138,5 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene lo siguiente:

s2002-0095e.JPG
 

 

S= $ 13.612.299.07

— Indemnización futura

Comprende el período transcurrido desde el día siguiente de esta sentencia, hasta que Andru Javier Mora Forero cumpla la edad de 25 años, esto es, el 30 de agosto de 2016, puesto que nació el 30 de agosto de 1991, según el registro civil de nacimiento visible a folio 7 del cuaderno principal, para un total de 38.9 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

s2002-0095f.JPG
 

 

S = $ 2.442.830.33

Sumados los valores de la indemnización vencida y futura, por concepto de lucro cesante, se obtiene un valor total de $ 16.055.129.4

A favor del menor Miguel Ángel Mora Forero

— Indemnización debida

Comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos, 16 de noviembre de 2001, hasta esta sentencia, para un total 138,5 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene lo siguiente:

s2002-0095g.JPG
 

S= $ 13.612.299.07

Indemnización futura

Comprende el período transcurrido desde el día siguiente de esta sentencia, hasta que Miguel Ángel Mora Forero cumpla la edad de 25 años, esto es, el 16 de diciembre de 2022, puesto que nació el 16 de diciembre de 1997, según el registro civil de nacimiento visible a folio 6 del cuaderno principal, para un total de 114.5 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

s2002-0095h.JPG
 

 

S = $ 6.053.094.75

Sumados los valores de la indemnización vencida y futura, por concepto de lucro cesante, se obtiene un valor total de $ 19.665.393.82

5. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia, en el trámite del proceso, actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia de primera instancia, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 19 de febrero de 2004 y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR la responsabilidad patrimonial de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por el deceso del señor Guillermo Mora Zúñiga, ocurrido en el marco de las circunstancias relatadas en la parte motiva de esta providencia.

2. En consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar, como indemnización de perjuicios, las siguientes sumas de dinero:

A. Por concepto de perjuicios morales, las sumas equivalentes en pesos a: 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una de las personas que se referencian a continuación: Naifer Amar Forero Lozano, Luis Guillermo, Wilson Arbey, Yennifer Amar, Andru Javier y Miguel Ángel Mora Forero

B. Por concepto de indemnización de perjuicios materiales —lucro cesante consolidado y futuro— a favor de la señora Naifer Amar Forero Lozano, la suma de $ 100.102.724.33; a favor de los menores: Wilson Arbey Mora Forero, la suma de $ 8.122.416.58; Yennifer Amar Mora Forero, la suma de $ 14.454.594.72; Andru Javier Mora Forero, la suma de $ 16.055.129.4 y Miguel Ángel Mora Forero, la suma de $ 19.665.393.82.

3. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas.

5. Por secretaría, EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

6. Ejecutoriada la presente sentencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) La cuantía necesaria para que la doble instancia en un proceso iniciado en 2002 fuera conocida por esta corporación, debía superar la suma de $ 36.950.000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597 de 1988— y la mayor de las pretensiones fue estimada por los demandantes en $ 180.000.000, por concepto de perjuicios materiales-lucro cesante.

(2) La prueba documental que soporta los hechos probados fue aportada por los actores en copia auténtica o solicitada por éstos y allegada por la demandada y la Fiscalía General de la Nación.

(3) Origen y características del conflicto armado interno en Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. www.cidh.org/countryrep/colombia04sp/informe3.htm. “Durante la vigencia de la zona de distensión y del diálogo asistido por la comunidad internacional se verificó un recrudecimiento de los actos de violencia perpetrados por grupos al margen de la ley. Las FARC se vieron involucradas en atentados y secuestros que dejaron como saldo víctimas civiles. Tras un proceso de casi cuatro años de duración, finalmente el 21 de febrero 2002 se produjo la ruptura del diálogo con las FARC como consecuencia inmediata del secuestro de Jorge Eduardo Gechem Turbay, Presidente de la Comisión de Paz del Senado. Seguidamente el Presidente Pastrana suspendió la vigencia de la zona de distensión, dando por terminado el esfuerzo de negociación de su gobierno con el principal grupo armado disidente”.

(4) Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH. derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/zonadedistension.pdf. “A partir del momento en que se creó la ZD —zona de distensión— en el área correspondiente a los municipios de San Vicente del Caguán en Caquetá, Uribe, Mesetas, Vista Hermosa y La Macarena en el Meta, se comenzaron a producir denuncias de diversos hechos cometidos por miembros de la guerrilla violatorios de los derechos fundamentales de los habitantes de la región, consagrados en la Constitución Política y protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Retenciones, requisas, allanamientos, retenciones indebidas de personas, robo de ganado, extorsiones, negociación de secuestros y asesinato de personas, fueron denunciados permanentemente por la población. Esto sin mencionar las amenazas constantes a las autoridades públicas encargadas de ejercer justicia así como la planeación y ejecución de acciones dirigidas a atacar a las poblaciones colindantes.

El procedimiento de verificación del cumplimiento de normas mínimas de comportamiento por parte de las FARC, que se entendía planteado de manera clara desde un principio y que repartía la responsabilidad entre las partes para garantizar el desarrollo de la ZD, se convirtió en elemento de discordia permanente hasta llegar a bloquear toda posibilidad de avance de las negociaciones. Este tema tenía una importancia sustancial debido a que garantizaba la transparencia de la ZD. Sin embargo, se consideró al comienzo de las negociaciones como un simple procedimiento. Luego, ante las recurrentes denuncias la preocupación aumentó, ya que los municipios ubicados en los alrededores de la ZD experimentaron un ostensible deterioro del orden público, lo que fue visto como el aprovechamiento de la zona como plataforma para el lanzamiento de acciones armadas”.

(5) Diagnóstico departamental del Caquetá. www.verdadabierta.com/archivos-para-descargar/category/8-documentos-sobre-rearme?download=391%3Adiagnstico -departamental-del-caquet-2007. “A pesar de su trayectoria en el departamento, la presencia de las FARC en Caquetá se incrementó mientras estuvo vigente la “Zona de Distensión” (ZD), entre 1998 y 2002, en el marco de los diálogos de paz sostenidos entre el gobierno de Andrés Pastrana y esta agrupación, cuando fueron despejados cinco municipios, cuatro en el Meta y San Vicente del Caguán en el Caquetá. Alrededor de esta zona, los guerrilleros ejercieron dominio sobre otros municipios colindantes como El Doncello, Puerto Rico, El Paujil y Cartagena del Chairá”.

(6) Diario Caqueteño- www.ellider.com.co/2011/02/28/sin-indemnizacion-por-muerte-de-familia-turbay/. “El 29 de diciembre de 2000 a las 8:00 de la mañana, Diego Turbay Cote partió de Florencia rumbo a Puerto Rico para participar de la posesión del nuevo alcalde municipal José Lizardo Rojas. Lo acompañó una comitiva de diez personas que se movilizaron en dos vehículos, el representante se movilizó en una Toyota Land Cruiser de placas OJG 216.

Este automóvil fue obligado a detener la marcha a punta de disparos en el sector conocido como Puerto Pacheco, entre El Doncello y Puerto Rico, posteriormente el dirigente político descendió pidió que cesaran los disparos y se identificó. Los hombres armados obligaron a salir a todos los ocupantes del carro y los hicieron tender en el pavimento, formando una hilera y les dispararon, incluido a Diego Turbay Cote”.

(7) Expedientes acumulados 13232 y 15646.

(8) Advierte la Sala que en sentencia de 28 de septiembre de 2012, expediente 21451, actor: María Orfilia Arango y otros, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo, se fijaron montos similares por concepto de perjuicio moral.

(9) El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2001, esto es $ 286.000, actualizado corresponde a la fecha a $ 486.673.08 pesos.