Sentencia 2002-00096 de noviembre 28 de 2012

 

Sentencia 2002-00096 de noviembre 28 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Rad.: 88001-23-31-000-2002-00096-01(25910)

Actor: Celso Alberto Gordon Guzmán y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro.

Ref.: Acción de reparación directa (apelación sentencia).

Bogotá, D.C., veintiocho de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

2.1.1. La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2003, por el Tribunal Administrativo de San Andrés providencia y Santa Catalina, comoquiera que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, independientemente de la cuantía del proceso, es decir, sea ésta igual o inferior a 500 SMLMV(15).

2.1.2. En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que el daño por cuya indemnización se demandó —según se indicó—, devino de la privación injusta de la libertad de la cual fueron objeto los señores Celso Alberto Gordon Guzmán y Ruperto May Britton dentro de un proceso penal adelantado en su contra.

Ahora bien, para determinar el momento en el cual ha de efectuarse el cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa para el caso concreto, la Sala tendrá como punto de referencia el día siguiente al de la fecha de ejecutoria de la providencia proferida el 20 de junio de 2000 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Andrés Islas, mediante la cual se decidió absolver a las citados personas de los cargos que le fueron formulados, esto es el 30 de junio de esos mismo mes y año(16), razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el 20 de junio de 2002, se impone concluir que la misma se interpuso dentro de los 2 años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

2.2. Régimen de responsabilidad extracontractual del Estado derivado de la afectación al derecho de la libertad personal.

Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, resulta necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado por razón de la privación injusta de la libertad a la cual fueron sometidos los señores Celso Alberto Gordon Guzmán y Ruperto May Britton desde el 24 de septiembre de 1999 al 30 de junio de 2000 —fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia absolutoria en su favor—, de manera tal que se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala deben ser analizados con base en la Ley 270 de 1996.

En este sentido, procede comenzar por hacerse alusión al artículo 65 de la Ley 270, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.

Respecto de la norma legal transcrita, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota con la declaración de la responsabilidad del Estado por detención injusta, cuando ésta sea ilegal o arbitraria. En reiterada jurisprudencia(17), se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad, es decir que después de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, se configura un evento de detención injusta. Lo anterior en virtud de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado prevista en el artículo 90 de la Constitución Política; en ese sentido, la Sala mediante sentencia del 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la Sentencia C-03[7] de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 —y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de Administración de Justicia—, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

“Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-03[7] de 1997, mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996”(18).

Ahora bien, la Sala en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(19). En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(20).

En una primera etapa la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad judicial de proferir sus resoluciones conforme a Derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso y sin que resultara relevante el estudio de la conducta del juez o magistrado a efecto de establecer si estuvo caracterizada por la culpa o el dolo(21). Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva se tenía como una carga que todas las personas tenían el deber de soportar(22).

Más adelante, en una segunda dirección, se indicó que la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención con el fin de obtener la indemnización de los correspondientes perjuicios —carga consistente en la necesidad de probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad— fue reducida solamente a aquellos casos diferentes de los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(23), pues en relación con los tres eventos señalados en esa norma legal se estimó que la ley había calificado de antemano que se estaba en presencia de una detención injusta(24), lo cual se equiparaba a un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no era necesario acreditar la existencia de una falla del servicio(25).

En una tercera línea, tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, la Sala añadió la precisión de acuerdo con la cual el fundamento del compromiso para la responsabilidad del Estado en estos tres supuestos no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo(26), reiterando que ello es así independientemente de la legalidad o ilegalidad del acto o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa(27).

Finalmente, y en un cuarto momento, la Sala amplió la posibilidad de que se pudiera declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente, por entenderse que en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio in dubio pro reo para absolver de responsabilidad penal a un individuo, se causa un daño antijurídico en perjuicio de éste, toda vez que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso al reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de aseguramiento(28)—.

Estas últimas tesis han estado fundadas en la primacía de los derechos fundamentales, en la consecuente obligación estatal de garantizar el amparo efectivo de los mismos y en la inviolabilidad de los derechos de los ciudadanos entre los cuales se cuenta, con sumo grado de importancia, el derecho a la libertad. En relación con estos aspectos, la Sala, en sentencia proferida el 4 de diciembre de 2006, precisó:

“Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado social y democrático de derecho la persona —junto con todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas ...

“Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política—, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general...

“De ahí que los derechos fundamentales se configurasen como límites al poder(29) y que, actualmente, se sostenga sin dubitación que el papel principal del Estado frente a los coasociados se contrae al reconocimiento de los derechos y libertades que les son inherentes y a ofrecer la protección requerida para su preservación y respeto(30). No en vano ya desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1798(31), en su artículo 2º, con toda rotundidad, se dejó consignado:

“ART. 2º—El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”...

Después de la vida, el derecho a la libertad constituye fundamento y presupuesto indispensable para que sea posible el ejercicio de los demás derechos y garantías de los que es titular el individuo. No es gratuito que, en el catálogo de derechos fundamentales contenido en el capítulo 1 del título II de la Constitución Política, inmediatamente después de consagrar el derecho a la vida —artículos 11 y 12— se plasme el derecho a la libertad. La garantía de la libertad es, a no dudarlo, el principal rasgo distintivo entre las formas de Estado absolutistas, totalitarias y el Estado de derecho.

“Todo lo expuesto impone, ineludiblemente, la máxima cautela antes de calificar cualquier limitación a la libertad, como una mera carga pública que los individuos deben soportar por el hecho de vivir en comunidad”.

Así las cosas, se tiene que el ordenamiento jurídico colombiano, orientado por la necesidad de garantizar, de manera real y efectiva, los derechos fundamentales de los ciudadanos, no puede escatimar esfuerzos, por tanto no se puede entender que los administrados estén obligados a soportar como una carga pública la privación de la libertad y que, en consecuencia, estén obligados a aceptar como un beneficio o una suerte que posteriormente la medida sea revocada. No, en los eventos en que ello ocurra y se configuren causales como las previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, o incluso cuando se absuelva al detenido por in dubio pro reo —sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima— el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues esa es una carga que ningún ciudadano está obligado a soportar por el sólo hecho de vivir en sociedad(32).

La Sala ha considerado necesario presentar estas reflexiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto y las normas que rigen la materia, las cuales serán tenidas en cuenta para valorar la prueba obrante en el proceso, con el fin de establecer si están demostrados en este caso, los elementos de la responsabilidad de la entidad demandada respecto de la privación injusta de la libertad de la cual fueron objeto los señores Celso Alberto Gordon Guzmán y Ruperto May Britton.

2.3. Los elementos de prueba allegados al proceso.

La Sala entrará a analizar las pruebas aportadas debidamente al proceso y, por ende, susceptibles de valoración.

Obran en el expediente copias auténticas de las decisiones judiciales adoptadas en el proceso penal adelantado en contra de los señores Celso Alberto Gordon Guzmán y Ruperto May Britton, las cuales fueron aportadas al proceso por el Juzgado Penal del Circuito de San Andrés Islas (cdnos. 2 y 3), entre las cuales, se encuentran las siguientes:

— Providencia del 24 de septiembre de 1999, mediante el cual la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de San Andrés Islas profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de los señores Celso Alberto Gordon Guzmán y Ruperto May Britton, por el delito de concusión. La anterior decisión se originó en los siguientes hechos y consideraciones:

“Podemos observar que la calidad de servidores públicos de los señores Gordon Guzmán y May Britton la encontramos establecida por sus aseveraciones al respecto en sus injuradas, y el nombramiento del Director de Tránsito Departamental mediante Decreto 1 de 1997 de la Gobernación del Departamento de San Andrés Islas y el acta de posesión respectiva.

Así también las funciones por ellos realizadas en sus cargos fueron detalladas en sus injuradas; cuando el señor Ruperto May Britton dice que en su calidad de servidor mecánico que cuando los carros van a revisión para obtener licencia de movilización, revisa las luces, frenos, limpia brisas, pito y dirección, que el automóvil se encuentre en perfecto estado de funcionamiento. A su vez el señor Celso Alberto Gordon Guzmán en su calidad del Director de Tránsito Departamental dice que su función es supervisar a los empleados de tránsito departamental, dice que su función es supervisar a los empleados de tránsito y transporte, firmar los documentos como matrícula de vehículos, traspasos, licencia de conducir y supervisar y revisar los documentos que le toque elaborar a los funcionarios.

Para la configuración del reato investigado, el tipo contempla la necesidad de sujeto activo cualificado, es decir que este debe ser servidor público, misma calidad que ostentan los encartados.

Sobre la posible existencia del hecho investigado tenemos que obran las declaraciones rendidas ante la Procuraduría Departamental, por el señor Ruperto May Britton, respaldando las aseveraciones hechas por la señora Adalgiza González de Marsiglia referentes a las exigencias de índole económico hechas por este funcionario en connivencia con el señor Celso Alberto Gordon Guzmán, para poder expedir, por parte del señor Ruperto May un certificado de revisión mecánica y a su vez por parte del señor Gordon Guzmán firmar la respectiva matrícula del vehículo.

La actitud tomada por González de Marsiglia en el sentido de entregar el dinero exigido por los funcionarios públicos deviene de las maniobras esgrimidas por estos en el sentido de constreñirla o inducirla a tal fin. (...). En el caso en examen la señora González de Marsiglia debió adherir a la voluntad de los señores Ruperto May Britton y Celso Alberto Gordon y entregar la suma de dinero para poder evitar males mayores, dado que el tiempo transcurría y los documentos respectivos no eran firmados por estos funcionarios y por ende el vehículo no le era entregado.

El despacho considera a los encartados inmersos en el delito de concusión, en calidad de coautores, dado que abusaron de sus funciones y exigieron utilidad económica para expedir, por parte del señor Ruperto May, la licencia de movilización y por parte del señor Celso Alberto Gordon la matrícula de vehículo, y al final obtuvieron dicha contraprestación económica. Lo anterior se desprende de las declaraciones del señor Ruperto May Britton en concordancia con la de la señora Adlagiza González cuando manifiestan que en todo momento el señor Celso Alberto y el mencionado estuvieron en contacto, a efectos de no expedir el certificado respectivo sin previa cancelación del dinero exigido; además nótese como en su declaración ante la Procuraduría Departamental el señor Ruperto May afirma que de los $ 200.000 m/cte. que recibió de la señora Adalgiza González ‘Yo recibí los $ 200.000, le comenté al director y le di $100.000.

No son de recibo las exculpaciones esgrimidas por el señor May Britton en el sentido de que él no declaró lo que aparece en la jurada rendida ante la Procuraduría Departamental, pese a que esa es su firma, dado que la misma fue recibida ante un funcionario público que le merece toda la credibilidad y confianza del despacho, y en aparte alguno aparece constancia del encartado en el sentido de no estar de acuerdo con lo allí consignado, además se puede notar su interés por eludir su responsabilidad al percatarse de la magnitud de sus faltas, pudiendo notar el despacho en su contra por lo menos un indicio de mala justificación.

Existen suficientes elementos de juicio en contra de los encartados para proferir en su contra medida de aseguramiento, la que de conformidad con lo establecido por el artículo 397 del Código de Procedimiento Penal será de detención preventiva, sin que sea dable causal de excarcelación alguna. Teniendo en cuenta la calidad de servidores públicos que ostentan los sindicados se oficiará a la gobernación del departamento a efectos que los suspenda en el ejercicio de sus cargos a efectos de hacer efectiva la medida de aseguramiento aquí impuesta(33)”.

— A través de providencia calendada el 11 de octubre de 1999 la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Andrés Islas decidió confirmar el anterior proveído(34).

— Mediante providencia de fecha 7 de enero de 2000 la referida Fiscalía Delegada profirió resolución de acusación contra los señores Celso Alberto Gordon Guzmán y Ruperto May Britton, por el delito de concusión(35).

— Una vez agotado el trámite del proceso penal, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Andrés Islas decidió absolver a los señores Celso Alberto Gordon Guzmán y Ruperto May Britton de los delitos respecto de los cuales fueron sindicados, al tiempo que dispuso concederles la libertad.

Los argumentos que tuvo en cuenta la instancia en comento para adoptar dicha decisión, fueron sustancialmente, los siguientes:

“En conclusión, es verosímil, posible que el ilícito investigado fuera cometido por los acusados, pero las pruebas de cargo resultaron sumamente contradictorias y las imprevisiones no pudieron ser salvadas mediante demostraciones objetivas que las disparan, a través de otros medios de prueba. La versión que supuestamente aclara las cosas no puede ser apreciada porque su práctica se produjo con violación del debido proceso, en virtud de que se hicieron imputaciones penales sin presencia de un defensor a quien debió escuchársele en versión libre y no en calidad de testigo, en virtud de las circunstancias concretas que en la investigación disciplinaria se presentaban. Aun dentro de ella y a pesar de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 200 de 1995 puede el imputado y no sólo el disciplinado designar apoderado desde la indagación preliminar y éste presentar pruebas y asistir al comprometido en versión libre, obviamente sin el apremio del juramento. A su vez, este estatuto consagró en su artículo 18 la prevalencia de los principios rectores en él contenidos, así como en la Constitución Política y las normas del Código penal y de Procedimiento Penal contra los cuales se están los de legalidad y debido proceso.

“(...).

Para el caso que nos ocupa constatadas las contradicciones de los testigos de cargo y las otras pruebas obrantes que no es del caso discriminar de nuevo, aun acogiendo la restricción adoptada por la Corte Suprema de la ilegal declaración de May, no surgen ‘hechos objetivos, demostraciones innegables e incontrovertibles’ o situaciones de hecho que se puedan deslindar de la prueba ilegalmente obtenida en contra de Ruperto May y Celso A. Gordon. Es decir, cualquier inducción o deducción partirá de la aludida testificación y en aplicación de la teoría de los frutos del árbol envenenado, deberá ser desechado como evidencia, declarando la absolución por duda de los procesados a falta de pruebas que por sí mismas o en conjunción con otras den certeza sobre la comisión del hecho punible, sus modalidades y la responsabilidad de aquellos en el ilícito investigado.

En mérito de lo discurrido, se absolverá a los acusados en la presente causa de los cargos formulados en la resolución de acusación en aplicación del principio in dubio pro reo(36)(negrillas y subrayas fuera del texto original).

2.4. Conclusiones probatorias y caso concreto.

En el caso sub examine, de las pruebas aportadas al proceso se puede establecer, básicamente,

i) Que el 24 de septiembre de 1999, los señores Celso Alberto Gordon Guzmán y Ruperto May Britton fueron objeto de una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, proferida por la Fiscalía Delegada ante los jueces penales del circuito de Andrés Islas, sindicados del delito de concusión y,

ii) Que a través de sentencia de fecha 20 de junio de 2000, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Andrés Islas decidió absolver a los señores Celso Alberto Gordon Guzmán y Ruperto May Britton del cargo que fue formulado en su contra, por cuanto no se probó la responsabilidad de los sindicados respecto del delito por el cual se lo investigó.

Así pues, las circunstancias descritas evidencian que los señores Celso Alberto Gordon Guzmán y Ruperto May Britton fueron objeto de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por haber sido sindicados del delito de concusión; sin embargo, el Juez Penal correspondiente, después de valorar detenidamente el material probatorio allegado al proceso penal, concluyó que no existían pruebas suficientes sobre la responsabilidad penal por la comisión del ilícito por los ahora demandantes o, lo que es lo mismo, que no se logró demostrar que éstos hubieran cometido el delito por el cual se los investigó y en cuya virtud se impuso una medida restrictiva de su libertad, pues en palabras del propio juez penal, tales personas debían ser absueltas “a falta de pruebas que por sí mismas o en conjunción con otras den certeza sobre la comisión del hecho punible, sus modalidades y la responsabilidad de aquellos en el ilícito investigado”.

Así las cosas, precisa la Sala que, contrario a lo que expresó dicho despacho judicial y el propio tribunal a quo, la referida absolución no devino de la aplicación del principio in dubio pro reo, comoquiera que de la lectura de la providencia que absolvió de responsabilidad penal a los sindicados, se evidencia que tal determinación devino de la sencilla pero potísima razón consistente en que no se logró probar y menos establecer la responsabilidad penal de los señores Celso Alberto Gordon Guzmán y Ruperto May Britton, sin que en dicha decisión aparezca la aplicación —desde el punto de vista material—, de tal postulado como pilar para concluir acerca de su absolución de los cargos por el cual se lo privó de su libertad(37).

Esta sola circunstancia constituye un evento determinante de privación injusta de la libertad, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fueron vinculados los ahora demandantes, siempre mantuvieron intacta la presunción constitucional de inocencia que los ampara y que el Estado, a través de la entidad ahora demandada, jamás le desvirtuó.

En consecuencia, no es posible considerar que los señores Celso Alberto Gordon Guzmán y Ruperto May Britton hubieren estado en la obligación de soportar las consecuencias de la medida cautelar restrictiva de su libertad, en los términos en que en ese entonces le impuso la justicia penal.

Resalta la Sala que la privación de la libertad de los hoy demandantes no se produjo entonces como consecuencia de un hecho que fuere atribuible a los sindicados, pues no se acreditó en este asunto causa alguna que permita establecer que la decisión se hubiere adoptado con fundamento en una actuación directa y exclusiva de aquellos.

Adicionalmente, para la Sala no pueden pasar desapercibidas las desafortunadas afirmaciones de las entidades demandadas realizadas a lo largo del trámite de la presente acción, en el sentido de que la absolución de los ahora demandantes “no significa que sean inocentes, puesto que se le absolvió por duda, no porque hubiere probado su inocencia ya que se le hace más daño a la sociedad condenando a un inocente que dejando libre a un delincuente”.

Sobre el particular, resulta necesario precisar que, tal y como lo ha manifestado la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado, resulta desde todo punto de vista desproporcionado e injusto pretender que se le pueda exigir a un particular que hubiere sido privado de su derecho a la libertad, que asuma de forma impasible y como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad, tal privación de su derecho a la libertad, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado; razonar de forma contraria significaría el desconocimiento de la garantía a los derechos de libertad consignada tanto en la Carta Política como en tratados internacionales de los cuales el Estado Colombiano hace parte.

Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas se impone concluir que no estaban los señores Celso Alberto Gordon Guzmán y Ruperto May Britton en la obligación de soportar el daño que el Estado les irrogó y que, por tanto, debe calificarse como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la Administración de resarcir a los demandantes.

Sobre el particular, debe decirse que en casos como este no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues una decisión de la Administración de Justicia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, determinó que los señores Celso Alberto Gordon Guzmán y Ruperto May Britton tuvieren que padecer de la limitación a su libertad durante ocho meses aproximadamente hasta que se los absolvió de la responsabilidad, por cuanto el hecho por el cual se los investigaba no existió.

En cambio, es a la entidad demandada a quien correspondía demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se había dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario(38).

Por consiguiente, la Sala revocará la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el 4 de septiembre de 2003 y, en consecuencia, se declarará la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación respecto de los hechos materia de este asunto, pues si bien cada una de las entidades demandadas (Fiscalía General de la Nación y Dirección Ejecutiva de Administración Judicial) ostentan la representación de la Nación en casos en los cuales se discute la responsabilidad del Estado por hechos imputables a la Administración de Justicia (inciso segundo del artículo 49 de la Ley 446 de 1998(39) y numeral 8 del artículo 99 de la Ley 270 de 1996(40)), lo cierto es que las decisiones que se discuten en el presente litigio y que, tal como quedó establecido, ocasionaron el daño por cuya indemnización se reclama, fueron proferidas por la Fiscalía General de la Nación, la condena será impuesta únicamente a dicha entidad.

2.5. Indemnización de perjuicios.

2.5.1. Perjuicios morales.

Tal y como se indicó en los antecedentes de esta sentencia, la parte actora solicitó que por concepto de perjuicios morales se condenara a la demandada al pago del equivalente en pesos a 1.000 salarios mínimos legales mensuales a favor de cada uno de los demandantes.

Ahora bien, en cuanto se refiere a la cuantía de la indemnización por tales perjuicios morales, debe recordarse que de acuerdo con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001(41), esta Sala abandonó el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral y ha considerado que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado de intensidad.

Así pues, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha manifestado que, en casos de privación injusta de la libertad, la simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos ha sufrido un daño antijurídico, como el que se juzga en el presente caso, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(42) y con base en las máximas de la experiencia, resulta suficiente para inferir que tanto el peticionario como los integrantes de su familia han padecido el perjuicio moral por cuya reparación se demanda.

Para el caso sub lite, entiende la Sala que la restricción de la libertad a la cual fueron sometidos los señores Celso Alberto Gordon Guzmán y Ruperto May Britton causa per se, una afección moral que debe ser indemnizada en su favor y en el de sus familiares, amén de que obran en original y en copia auténtica los respectivos registros civiles de nacimiento que acreditan la relación de parentesco entre los citados demandantes y quienes acuden al proceso en calidad de padres, hermanos, hijos y esposas, respectivamente(43).

Con fundamento en todo lo anterior y con base en el criterio jurisprudencial establecido por esta sección respecto del reconocimiento del monto de esta modalidad de perjuicios(44), la Sala impondrá por daño moral, las siguientes sumas de dinero a favor de los demandantes que a continuación se relacionan:

— Primer grupo demandante

Celso Alberto Gordon Guzmán (víctima directa)70 smlmv
Silva Bent Francis (cónyuge)70 smlmv
Kim Nicholl Gordon Bent (hija)70 smlmv
D’Seffi Stephanie Gordon Bent (hija)70 smlmv
Kizzie Jiannie Gordon Macariz (hija)70 smlmv
Briggettlee Gordon Macariz (hija)70 smlmv
Tony Daby Gordon Mitchell (hijo)70 smlmv
Sirelda Elizabeth Gordon Guerrero (hermana)40 smlmv
Edilia Griselda Gordon Guzmán (hermana)40 smlmv
Elva Stella Gordon Guzmán (hermana)40 smlmv

 

— Segundo grupo demandante

 

Ruperto May Britton (víctima directa)70 smlmv
Ferret May Forbes (padre) 70 smlmv
Ronald Samir May Zuñiga (hijo) 70 smlmv
Jenniffer May Zuñiga (hija) 70 smlmv
Joydeth May Beltrán (hija) 70 smlmv
Fredy May Toledo (hijo) 70 smlmv
Quincy George May Toledo (hijo) 70 smlmv
Shana Patricia May Toledo(hija) 70 smlmv

 

2.5.2. Perjuicios materiales.

— Daño emergente.

En cuanto a dicha modalidad de perjuicios materiales, se solicitó en la demanda que se condenara al pago de las sumas de $12’000.000 y $4’000.000 a favor de los señores Celso Alberto Gordon Guzmán y Ruperto May Britton, respectivamente, consistentes en “los gastos de su defensa en el proceso penal”.

Ahora bien, con el fin de acreditar los gastos asumidos por los sindicados por concepto de honorarios de abogado se aportó sendas certificaciones expedidas el día 19 de junio de 2002 por los abogados Marco E. Murillo Córdoba y Alejandro Osuna Gutiérrez sobre el costo de los mismos, causados con ocasión del proceso penal seguido contra las aludidas personas, en las cuales se hizo constar que por tal rubro se recibió las sumas de $ 12’000.000 por parte del señor Celso Alberto Gordon Guzmán y, $ 4’000.000 por el señor Ruperto May Britton, respectivamente(45).

Los anteriores documentos fueron aportados en original con la demanda por la parte actora y el Tribunal Administrativo de San Andrés Islas ordenó tenerlos como prueba mediante auto proferido el 22 de octubre de 2002 (fl. 95 cdno. 1), sin que los mismos hubieren sido tachados de falsos por las entidades demandadas, razón por la cual los documentos en mención resultan suficientes para acreditar el desembolso efectivo de tales sumas por dicho concepto, las cuales serán actualizadas a la fecha de esta sentencia, así:

 

S2002-00096CE.JPG
 

 

Total perjuicios materiales por daño emergente a favor del señor Celso Alberto Gordon Guzmán: Diecinueve millones ciento noventa y siete mil novecientos cuarenta pesos ($ 19’197.940).

 

RA = $ 4’000.000 = 1,599 = $ 6’396.000

 

Total perjuicios materiales por daño emergente a favor del señor Ruperto May Britton: Seis millones trescientos noventa y seis mil pesos ($ 6’396.000).

— Lucro cesante.

La parte demandante solicitó que se reconocieran perjuicios por lucro cesante a favor de los señores Celso Alberto Gordon Guzmán y Ruperto May Britton, respectivamente, los cuales devienen de los ingresos dejados de percibir durante el término que permanecieron privados de su libertad, esto es desde el 24 de septiembre de 1999 al 30 de junio de 2000.

Ahora bien, dicho reconocimiento se estima procedente en consideración a que obran certificaciones expedidas por el Secretario del Grupo de Desarrollo y Control de Talento Humano de la Gobernación del Departamento de San Andrés Islas, en la cual hizo constar que “el señor Celso Alberto Gordon Guzmán para el año 1999 se desempeñó como Director Departamental de Tránsito con una asignación básica mensual de $1’874.474”; asimismo certificó que “el señor Ruperto May Britton prestó sus servicios a la Secretaría de Gobierno como Supervisor Código 545, grado 14, con una asignación básica mensual de $ 870.471, para el año 1999”.

Así las cosas, se liquidará no sólo ese período en el que los referidos demandantes principales estuvieron privados de la libertad, sino también el lapso que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad, o acondicionarse en una actividad laboral.

En efecto, acerca del período a liquidar en eventos de privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido:

“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8.75 meses)(46)(47).

Por lo tanto, según los parámetros jurisprudenciales al período a indemnizar resulta necesario sumarle el tiempo en que, según los datos oficiales, una persona tarda en conseguir trabajo nuevamente; por consiguiente, se reconocerá como período a indemnizar 17,75 meses a cada uno de ellos.

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación de dicho perjuicio. Entonces:

— A favor de Celso Alberto Gordon Guzmán:

Ingresos de la víctima al momento de su detención: $ 1’874.474.

Período a indemnizar: 17.75 meses

Actualización de la base:

 

S2000-00096 C.JPG
 

 

RA = $ 2’998.836. Adicionalmente, el mismo será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 3’748.545).

 

S2002-00096 B.JPG
 

 

 

Total perjuicios materiales por lucro cesante: Sesenta y nueve millones trescientos diecinueve mil trescientos cuarenta y tres pesos ($ 69’319.343).

 

— A favor de Ruperto May Britton:

Ingresos de la víctima al momento de su detención: $ 870.471.

Período a indemnizar: 17.75 meses

Actualización de la base:

 

S2000-00096 C.JPG
 

 

RA = $1’392.604. Adicionalmente, el mismo será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 1’740.755).

 

S2002-00096 D.JPG
 

 

Total perjuicios materiales por lucro cesante: Treinta y dos millones ciento noventa mil cuarenta y un pesos ($ 32’190.041).

2.6. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el 4 de septiembre de 2003.

2. Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados a los demandantes, señalados en la parte motiva de esta providencia.

3. En consecuencia, CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación, a pagar las siguientes sumas de dinero:

3.1. A título de daño emergente para el señor Celso Alberto Gordon Guzmán la suma de diecinueve millones ciento noventa y siete mil novecientos cuarenta pesos ($ 19’197.940).

3.2. A título de daño emergente para el señor Ruperto May Britton la suma de seis millones trescientos noventa y seis mil pesos ($ 6’396.000).

3.3. Por lucro cesante para el señor Celso Alberto Gordon Guzmán, la suma de sesenta y nueve millones trescientos diecinueve mil trescientos cuarenta y tres pesos ($ 69’319.343).

3.4. Por lucro cesante para el señor Ruperto May Britton la suma Treinta y dos millones ciento noventa mil cuarenta y un pesos ($ 32’190.041).

3.5. Por daño moral, a favor de las siguientes personas y por los montos establecidos a continuación:

— Primer grupo demandante

Celso Alberto Gordon Guzmán (víctima directa)70 smlmv
Silva Bent Francis (cónyuge)70 smlmv
Kim Nicholl Gordon Bent (hija)70 smlmv
D’Seffi Stephanie Gordon Bent (hija)70 smlmv
Kizzie Jiannie Gordon Macariz (hija)70 smlmv
Briggettlee Gordon Macariz (hija)70 smlmv
Tony Daby Gordon Mitchell (hijo)70 smlmv
Sirelda Elizabeth Gordon Guerrero (hermana)40 smlmv
Edilia Griselda Gordon Guzmán (hermana)40 smlmv
Elva Stella Gordon Guzmán (hermana)40 smlmv

 

— Segundo grupo demandante

 

Ruperto May Britton (víctima directa)70 smlmv
Ferret May Forbes (padre) 70 smlmv
Ronald Samir May Zuñiga (hijo) 70 smlmv
Jenniffer May Zuñiga (hija) 70 smlmv
Joydeth May Beltran (hija) 70 smlmv
Fredy May Toledo (hijo) 70 smlmv
Quincy George May Toledo (hijo) 70 smlmv
Shana Patricia May Toledo(hija) 70 smlmv

 

 

4. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

5. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Sin condena en costas.

7. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(15) Al respecto consultar las precisiones que sobre el particular realizó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado a través de Auto del 9 de septiembre de 2008. exp. 110010326000200800009 00.

(16) En ese mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de septiembre de 2001, exp. 13.392, M.P. Alier Hernández Enríquez, entre muchas otras.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias proferidas el dos de mayo de 2007, exp. 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros y el 26 de marzo de 2008, exp. 16.902, actor: Jorge Gabriel Morales y otros, ambas con ponencia del consejero, doctor Mauricio Fajardo Gómez.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2001, exp. 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(19) El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente: “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.463.

(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 1994, exp. 9734.

(22) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 1994, exp. 8.666.

(23) Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

(24) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de noviembre de 1995, exp. 10.056.

(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 1996, exp. 10.229.

(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de abril de 2002, exp. 13.606.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, exp. 11.601.

(28) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del dos (2) de mayo de dos mil siete (2007); Radicación 20001-23-31-000-3423-01; exp. 15.463; Actor: Adiela Molina Torres y otros; Demandado: Nación - Rama Judicial.

(29) Sobre el punto, veáse De Asís Roig, Agustín, Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al poder, Debate, Madrid, 1992; Rodríguez-Toubes Muñiz, Joaquín, La razón de los derechos, Tecnos, Madrid, 1995.

(30) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Introducción, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, D.C., 2003, pág. 375.

(31) Se toma la cita de la trascripción que del texto de la Declaración efectúa Fioravanti, Maurizio, Los derechos fundamentales..., cit., pág. 139.

(32) En similares términos puede consultarse, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 8 de julio de 2009, exp. 17.517, 25 de febrero del 2009, exp. 25.508 y del 15 de abril del 2010, exp. 18.284, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(33) Folios 214 a 219 cdno. 2.

(34) Folios 267 a 271 cdno. 2.

(35) Folio 296 a 301 cdno. 2.

(36) Folio 427 a 446 cdno. 1.

(37) En similar sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 9 de mayo y 12 de julio de 2012, proferidas dentro de los expedientes 20.079 y 24.008, ambas con ponencia del consejero, Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

(38) Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, exp. 17.517 y del 15 de abril de 2010, exp. 18.284, entre otras.

(39) “En los procesos contencioso administrativos la Nación estará representada por el ministro, director de departamento administrativo, superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, fiscal general, procurador o contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho”.

(40) “(...) Son funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial:

“8. Representar a la Nación - Rama Judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá constituir apoderados judiciales”.

(41) Consultar sentencia del 6 de septiembre de 2001, exp. 13.232-15.646, M.P. Alier Hernández Enríquez.

(42) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

(43) Folios 35 a 42, 49 a 55 y 107 a 108 cdno. 1.

(44) Al respecto consultar, sentencias proferidas el 24 de agosto de 2012, exp. 26.027, 23 de junio de 2011, exp. 22.591 y 8 de junio de 2011, exp. 21.010, en las cuales se reconoció el mismo monto por perjuicios morales a favor de la víctima directa, hijos y cónyuge.

(45) Folios 43 y 56 cdno. 1.

(46) Cfr. Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, “Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003”, en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, pág. 22.

(47) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.